January 1992
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Las políticas de mínimos garantizados tienen como objetivo principal establecer un último nivel de seguridad para las personas que carecen de ingresos o que, disponiendo de recursos procedentes de alguna actividad laboral, de la gestión de su patrimonio y/o de prestaciones y derechos sociales, no consiguen alcanzar el nivel mínimo de ingresos fijado por la Administración. Su finalidad básica consiste en establecer un sistema complementario de protección que beneficie a aquellos sectores de la población en los que se produce una desconexión con los procesos habituales de acceso a unos recursos suficientes. El objeto del presente informe fue realizar una evaluación del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza (PILP) de la Comunidad Autónoma del País Vasco que aportara información al debate parlamentario de una nueva normativa. Para ello se utilizaron como fuente de información los estudios realizados sobre aspectos específicos del PILP, fuentes estadísticas de la Administración Pública y entrevistas a los técnicos implicados en la gestión del PILP. La evaluación del PILP apoya la idea de que los modelos de ingresos mínimos garantizados sólo tienen cierto éxito en alcanzar sus objetivos en la medida en que facilitan medidas integrales que abordan los problemas de la lucha contra la pobreza de mantenimiento y contra la de acumulación. Otra clave que se desprende del informe es la necesidad de no desincentivar el acceso de los potenciales beneficiarios a las ayudas con medidas administrativas restrictivas y excesos en el control de los recursos del beneficiario potencial.