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Causalidad y responsabilidad
... Si a ello sumamos que la previsibilidad se subsume en el juicio de la infracción normativa, cabe legítimamente preguntarse, ¿qué sentido y qué espacio queda a la culpa? 31 Ello ha Salvador Coderch, Pablo (2000). "Causalidad y responsabilidad", Indret, Nº 1 pp. ...
... En España, en la imputación objetiva se suele utilizar, entre otros, el test de la adecuación 45 : la conducta del demandado es una causa adecuada del daño padecido por la víctima si, ex ante, la causación del daño era previsible -no muy improbable-por parte del demandado. En este sentido, el Tribunal viene a decir que el resultado era previsible, cuestión cuanto menos controvertida. ...
... Así lo ha puesto de relieve P. Salvador Coderch en diversas aportaciones (P. Salvador Coderch y J.A. Ruiz García, 1999 y 2002; y P. Salvador Coderch, 2000) y es un planteamiento que no resulta ajeno a la jurisprudencia de la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo [STS de 1993]. Con este enfoque, la asunción del riesgo desempeña una función similar al criterio del riesgo general para la vida, modalizado, claro está, por las concretas condiciones en que se desarrolla cada deporte. ...
Cualquier deportista sabe que la práctica de un deporte entraña la posibilidad de sufrir daños. Mas este conocimiento no debe ser entendido en el sentido de que se excluya cualquier acción de responsabilidad por los daños sufridos en el transcurso de una actividad deportiva. En el trabajo se presenta cómo los Tribunales han utilizado, debido a la falta de normativa específica sobre la materia, el criterio de la asunción de riesgo para resolver las pretensiones de aquellas personas que han sufrido daños mientras practicaban algún deporte. Y se llega a la conclusión de que dicho criterio sigue siendo útil, pero requiere algunas precisiones sobre, p.e., las informaciones necesarias para poder asumir un riesgo de forma jurídicamente relevante, la delimitación de los riesgos que se asumen y los efectos que tal asunción causa en el ejercicio de la acción de responsabilidad, singularmente cuando ha intervenido culpa de la víctima en la producción del daño. Asimismo, se quiere llamar la atención sobre la dificultad con la que topan los Tribunales para dictar líneas claras de resolución, que se debe a la gran cantidad de elementos jurídicamente relevantes presentes en cada caso.
... La sentencia indemniza a los que podrían ser declarados responsables en un pleito de responsabilidad civil extracontractual e, incluso, en un pleito penal (responsabilidad civil derivada del delito). Teniendo en cuenta los hechos acaecidos, que la causalidad no es un buen criterio para la atribución de responsabilidad en muchos casos y que es preferible acudir a criterios de imputación objetiva del daño (Pablo SALVADOR (2002)), parece muy probable que los tribunales responsabilizaran a las empresas de los daños sufridos por los trabajadores. Así, si recurrimos a los criterios de imputación objetiva, llegaremos a la conclusión de que el daño es imputable plenamente a los empresarios del sector textil de Alicante (al menos a algunos de ellos: a aquéllos que tomaron la decisión de utilizar el tinte en aerógrafos y a otros en aplicación de criterios de responsabilidad por hecho ajeno). ...
Cause-and-effect relationships are essential for understanding the world, structuring and managing complex thoughts, and acquiring new knowledge. Yet, the concept of causality remains undefined and unbounded, leaving several key questions open: What role do causal linguistic structures play in cognitive development? How do they influence speakers’ attentional capacities? And what connections exist between cognitive and linguistic abilities? This multidisciplinary review provides answers that converge in a new model of psycholinguistic causality, which not only considers a single perspective but integrates them all. In this way, the study of causality can be seen as a comprehensive framework, one that allows any language, population, culture, or field of knowledge to explore this fundamental relationship in human life. The aim of this monograph is twofold. First, it offers a comprehensive, multidisciplinary theoretical review of what has been established about causality, drawing from linguistic, psychological, philosophical, and social perspectives. Second, it presents a psycholinguistic study protocol for causality that seeks to understand this cognitive tool as a multifaceted whole, yet one that can be analysed through distinct stages that must be considered together. This model is specifically applied to causality in Spanish, a language that has so far received limited attention regarding this cognitive domain.
In this work we intend to highlight some questionings regarding the application of the theory of the equivalence of the conditions as well as the theory of adequate causation in the resolution of complex causal issues. Said complex issues involve factual characteristics that do not allow determining harmful effects for later qualifying them as damages (at least from a sensible sense of justice). Regarding the first theory, it is stated that since there are damages whose origin can only be attributed to omissions, the causal approach of mental suppression loses relevance; The same thing happens in contexts of alternative or hypothetical causation, in which it is essential to resort to statutory criteria to respond to these complex issues. Regarding the latter theory, it is argued that it reveals complexities, mainly its connection with foreseeability, which can be seen both in the context of the an debeatur and of quantum respondentur, which are part of the stages of any liability judgment. This occurs when determining the scope of those who are deemed liable. In this latter case the distinction between adequate causation and negligence is not really appreciated; the same occurs in the determination of damages; if this latter theory were followed, the principle of comprehensive damage provided for by our legal system would be violated, at least for non-contractual liability, in accordance with the provisions of article 2329 of the Civil Code (CC).
Hay daños causados por un grupo determinados de personas, en que se puede establecer que la acción dañosa se produce por alguno de los miembros del grupo y que cualquiera de ellos, dado su comportamiento lo hubiera podido causar, aunque resulte imposible la identificación del culpable o responsable. En el marco de manifestaciones violentas, se han producido actos delictivos, donde muchas veces no es posible identificar al o los causantes del daño, pero sí al grupo o conjunto de sujetos, dentro del cual se encuentran el o los autores que cometieron la acción dañosa. Esta situación plantea el problema si la víctima podrá ser resarcida y de qué forma. El presente trabajo aborda el problema del daño causado por un autor desconocido que pertenece a un grupo determinado; pero para un supuesto específico y, en general, descuidado por la doctrina: los daños causados en manifestaciones o protestas.
Uno de los mayores desafíos es contar con normas jurídicas que, adaptándose a los nuevos tiempos, resulten eficientes y ofrezcan seguridad jurídica. El desequilibrio entre el mundo dogmático y abstracto de las teorías del derecho con el mundo de las decisiones y de lo practicado pone en evidencia algunas ineficiencias en algunos aspectos de la responsabilidad civil en el ámbito del derecho de daños. Entendiendo el derecho como un sistema de regulación de la conducta humana racional, y la responsabilidad civil como un mecanismo para distribuir cargas y beneficios entre los miembros de la sociedad, se facilitaría la creación de un «nuevo» derecho de daños que, superando los enfoques tradicionales dogmáticos y abstractos, ayudase a minimizar las ineficiencias, problemas y patologías del «actual» derecho de daños, asignando costes y atribuyendo responsabilidades de manera más eficiente.
This paper, focused on medical liability, is intended to analyze how causation by omissions works. We affirm that the fault, in terms of creating a not allowed risk, is identified with the normative approach. Notwithstanding the foregoing, said intellectual projection of guilt and, consequently, of causation by omissions context, is possible to be answered through other approaches. In this sense, it is proposed to address the objective imputation criterion called increased risk (also known as lawful alternative conduct). It is considered that the aforementioned concept is useful in contexts in which the guilty omission cannot be considered as the cause of the damage, since if the behavior under question had not been omitted, the tort would have taken place anyway. Hence, the creation of impermissible risks can be taken as a presumption of causation in law susceptible to defensible contradictory reasoning.
El objetivo de esta investigación es configurar el estatuto jurídico aplicable en Chile en el caso de que haya más de un causante de un mismo daño. Así, hemos tenido presentes principalmente la ley, la doctrina y la jurisprudencia chilenas, sin perjuicio de servirnos del derecho comparado como referencia. Concluimos que existe una estrecha interrelación entre los artículos 1511 y 2317 del código civil chileno, lo que impide interpretar de manera extensiva la solidaridad a otros supuestos de concurrencia causal que no se enmarquen en el artículo 2317 del código civil, por lo que proponemos algunos criterios para su delimitación.
En este trabajo se evalúa la coherencia interna de la teoría de la imputación objetiva, desarrollada por los penalistas alemanes Claus Roxin y Günther Jakobs, como teoría de la causalidad y de la imputación en responsabilidad civil. La investigación se enmarca en el paradigma positivista, en su vertiente lógica o analítica, por lo que se realizará un análisis conceptual del objeto de investigación. Este análisis permitirá demostrar que la teoría de la imputación objetiva no es coherente y carece de sistematicidad como teoría de la causalidad y de la imputación en materia de responsabilidad civil.
A lo largo del libro se hará un recorrido desde la historia, constitucionalización y funciones de la responsabilidad, hasta las tendencias más contemporáneas como la necesidad de una unicidad entre responsabilidad contractual y extracontractual, o si es plausible la objetivación de la responsabilidad civil. Pues es conveniente apuntar que esta institución del Derecho no es estática ni inmutable, más bien son constantes las nuevas perspectivas y horizontes que se avecinan, dado que la realidad social es cambiante y el Derecho precisa adaptarse y responder a las necesidades de la misma. Recuerden que ya decía JOSSERAND que “la verdad de ayer no es más la de hoy, la que, a su turno, deberá ceder su lugar a la de mañana”.
La distribución de la responsabilidad entre numerosos coautores de un daño parece no haber sido resuelta satisfactoriamente en el llamado “Derecho Continental”. Los criterios legales puestos a disposición de los juristas son, en general, insuficientes; algunas legislaciones, no obstante, proponen más herramientas que otras. Siguiendo la legislación más completa se exponen en orden los criterios más convenientes a seguir. Sin embargo, llegados a casos de causalidad compleja, difusa, una referencia legislativa a “otras circunstancias del caso” deja a los juristas sin criterios concretos, y se inclinan por una distribución igualitaria. Para cubrir la ausencia de criterios legales expresos se proponen, en este trabajo, criterios del Análisis Económico del Derecho, que también cumplen su papel en el análisis de los criterios legales mismos. Como criterios especialmente relevantes se analiza la fórmula de Hand y Market Share Liability.
In this paper I intend to reflect on the inability of functionalist dogmatic currents to contain the ius puniendi of the State. I will also point out what are the reasons of the penal system itself that have led to give the legislator a carte blanche, which has led to an unbridled punitiveness, and what fundamentals are proposed to build a more rational criminal response. By reviewing the current situation of criminal dogmatics, the questions of the method and the object of study of this branch of knowledge, we come to the conclusion of an improper relativism of a knowledge that is intended to be scientific. The rational proposal against this relativism is a criminal policy based on human rights.
The First Chamber of the Supreme Court of Spain held that determination of causation is a necessity for the attribution of responsibility. However, the causal relationship between an action and the damage has always been complex. In its search for the best solution, the Chamber has over the years experienced a pendular movement from one position to another. It could be said that this Chamber has finally taken a sui generis position by adopting some criteria of the theory of adequate causation and the theory of objetive imputation. This paper presents such a situation and provides some lights to understand it.
This article considers a category of legal clause typical of English and American law, namely the exoneration clause. Both Spanish and French contracts increasingly replicate the layout and structure of equivalent clauses in English-language documents. This, doubtless, is a byproduct of English to Spanish translation and may have been a result of the growing impact of computer tools and especially the Internet. Our aim is to demonstrate, according to a functionalist approach, that the translation strategy and techniques used should factor in not only legal and linguistic criteria but also pragmatic parameters such as communicative and cultural elements.
There is still controversy regarding what criterion to use to evaluate causality. The law & economics literature proposes the use of probabilistic causality as a superior criterion, suggesting the elimination of binary causality criteria. This led to explanations that violate our intuitions, fail to explain judicial decision-making, and are considered unjust. This paper proposes that neither binary nor probabilistic causality can provide a satisfactory answer for all scenarios. Probabilistic causality works well for general causal claims (types of claims centrally involved in rulemaking) while binary criteria perform better for single causal claims (types of claims commonly addressed by courts).
Le présent article traite d’une clause spécifique au droit anglo-saxon, celle de l’exonération de responsabilité. Probablement en raison de l’influence croissante de l’usage de l’informatique et, en particulier, d’Internet, le format et la structure des clauses rédigées en français ou espagnol imitent de plus en plus souvent le modèle anglo-saxon. Ce phénomène est, sans aucun doute, le fruit de la traduction. L’article vise à montrer, dans une perspective fonctionnaliste, que la méthode de traduction suivie et les techniques appliquées doivent tenir compte non seulement de critères juridiques ou linguistiques, mais aussi d’autres paramètres pragmatiques comme les facteurs de communication et les facteurs culturels.
This article analyses the dichotomy between questions of law and questions of fact regarding causation and makes a proposal to understand this dichotomy starting from the distinction between different types of speech act performed in legal proceedings.
International companies (or transnational corporations) may be a serious threat to the main comparative and competitive advantage in the most of American countries: their natural resources. In this context, the notion of environmental damage and the notion of civil damage -both legal categories inherited from the classical theory of torts - take nuances in front of an international legal relationship. From the European experience, we propose a conceptual study, about the nature and characteristics of the international damage: civil and environmental. Backed by the extensive jurisprudence of the European Court of Justice, we intend to differentiate between international civil damage and international environmental damage. This work also explores the concept of "Transnational harm" as a kind of "international damage". Finaly, the terms "hecho generador" (place where the damage occurred), and "resultado dañoso" (place where the damage shows consequences), unknown -or at least not used in the American legal tradition- will help us to build relationships, identify gaps and discuss the state of issues on the European continent.
La aplicación de las directivas teóricas construidas en torno de la relación de causalidad suele ser una de las principales fuentes de incertidumbre y dificultad en el derecho de daños. Categorías y argumentos de autoridad que se reiteran de modo escasamente crítico, modas y prejuicios intelectuales, contribuyen a no pocos desencuentros terminológicos y conceptuales en esta materia.
Este trabajo analiza las razones fundamentales de esos desencuentros e intenta contribuir a la tarea de adoptar las mejores decisiones posibles en esta área. El re-examen de las categorías conceptuales usuales constituye el punto de partida. En ese marco, procura distinguir qué hay de descubrimiento y qué, de decisión (legislativa y judicial) a la hora de tener por verificados vínculos causales con relevancia jurídica. En el primer campo, estudia los instrumentos más adecuados para revelar, en el ámbito del proceso judicial, las relaciones fácticas relevantes. En el segundo, procura hacer explícitas las consecuencias sociales que pueden seguirse de adoptar una u otra decisión jurídica en cada uno de los puntos críticos de ese procedimiento.
The main goal of this paper is to provide decision elements to ascertain, according to Spanish law, how many of the frames that are comprised in a fictional film can be freely used in commercial advertising and promotions. In particular, our analysis focuses on those movie frames showing behaviors that violate traffic safety rules, as for instance the failure to use adequate helmets by motorcycle drivers and passengers (art. 118.1.I Traffic General Regulations), and its relation with article 52 of the Spanish Road Traffic Act, which bans advertising related to motor vehicles that may incite or induce behaviors against traffic regulations.
We uphold that article 52 LsTr is not applicable to the advertising of fictional works in cases in which either from a cause-in-fact point of view or from a proximate causation standpoint it cannot be reasonably inferred that the commercial speech’s content may have incited illegal motor vehicle driving conducts.
In deciding whether the state-of-the-art defense applies to a products liability claim, courts must preliminarily assess whether the expert witnesses chosen by each party or appointed by the court itself have presented good scientific evidence or not.Are there general or specific (meta)scientific standards to reasonably ground this assessment? In other terms, what does good science mean in the field of products liability and torts?The inherited wisdom was enshrined in Frye v. United States, 293 F. 1013.C.Cir. 1923, a case decided in 1923, which resorted to the so-called general acceptance rule. Fifteen years ago, a fruitful discussion was launched by the U.S. Supreme Court in Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579 (1993) and it still goes on. The reasons and answers offered along this discussion are rich and worth reading: publications in peer reviewed periodicals, tough testing of empirical hypotheses, admitting risky or even daring hypotheses but requiring them to be empirically tested, and rejecting non falsifiable theses seem to be, at least so far, workable but not binding guidelines for this task. Nevertheless, the demarcation boundaries between good science and junk science are still muddled because what they actually entail is an unended quest, as Karl Popper famously wrote.
The duty-of-care requirement cannot be used anymore as the touchstone to differentiate negligence from strict liability because
it can be found in many forms of the latter. Duty of care is smuggled into strict liability hidden under the scope of liability
requirement (traditionally called “proximate causation”). As far as the scope of liability requirement is common to negligence
and to many forms of strict liability, there is a fairly large common ground to both liability rules, and consequently the
marginal Hand formula is applied to both rules. Indeed, under a negligence rule, the marginal Hand formula is applied twice:
first to assess whether or not the defendant did breach his or her duty of care, and, second, to delimit whether or not the
defendant’s behavior was a proximate cause of the harm suffered by the victim. However, under a strict liability rule, the
Hand formula is applied only once when the proximate causation question is raised. Traditional law and economics analysis
has almost always taken the normative question raised by the causation requirement as given, which is a potential major problem
due to the importance of scope of liability or proximate causation in legal practice. Defining the scope of liability, that
is to say, the boundaries of the pool of potential defendants, is the basic legal policy decision for each and every liability
rule. In the normative model presented in this paper, the government first chooses efficient scope of liability, and given
the scope of liability, the government then decides the liability rule and damages that guarantee efficient precaution. In
the article, most known scope of liability rationales developed by both common law and civil law systems are discussed in
order to show the substantial common ground between negligence and strict liability.
La Ley alemana de prevención y reparación de daños medioambientales de 10 de mayo de 2007 (Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden vom 10. Mai 2007, BGBl. I 19, S. 666, Umweltschadensgesetz) (USchadG) incorporó al derecho interno la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143/56, de 30 de abril). En España, el Proyecto de Ley 121/000130, sobre responsabilidad medioambiental (BOCG Serie A:130-1, de 23 de marzo de 2007) que ha de transponerla está en fase de tramitación parlamentaria. En las próximas páginas se presentan, comentan y contrastan la Directiva comunitaria, la ley alemana y el proyecto de ley español.
Antes de decidir si un productor puede exonerarse de responder por riesgos de desarrollo en un caso de daños causados por un defecto de producto, jueces y tribunales deben examinar la bondad científica de las pruebas aportadas en el pleito por los expertos nombrados a instancia de parte o por el propio tribunal. ¿Hay estándares (meta)científicos generales o específicos para realizar este examen? O en otras palabras, ¿qué significa buena ciencia en el ámbito de la responsabilidad de producto y el derecho de daños? La respuesta tradicional, desde Frye v. United States, 293 F. 1013.C.Cir. 1923, era remitir a la opinión generalmente aceptada en la comunidad científica. Hace quince años, el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, en Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579 (1993), avivó la discusión, que continúa. El lector interesado hará bien en leer las razones y respuestas ofrecidas en el debate sobre la buena ciencia: publicar en revistas sujetas a control por pares, contrastar las hipótesis empíricas, admitir hipótesis arriesgadas o incluso osadas siempre que puedan verificarse empíricamente, y rechazar tesis no falsables son, al menos por el momento, buenas guías orientativas. Con todo, las fronteras que demarcan la buena ciencia de la pseudociencia o ciencia basura son difusas, acaso inalcanzables, pues son objeto, como escribió Karl Popper, de una búsqueda sin término.
El presente trabajo intenta dar solución al problema de la indeterminación del causante directo del daño dentro de un grupo de personas, es decir, supuestos conocidos como de causalidad alternativa. Para ello parte de la realidad normativa, de las Leyes especiales y de los preceptos del Código civil donde no es necesario probar la autoría del hecho para el resarcimiento del daño. Luego se adentra en los criterios jurisprudenciales seguidos en los casos más significativos de causalidad incierta. Y, por último, aporta unos criterios generales para la resolución de los casos difíciles, tomando como base la distinción entre causalidad fáctica e imputación objetiva, los criterios de distribución de la carga probatoria recogidos en la LEC y sobre todo la actuación de los partícipes en la causación del daño. Y todo ello acompañado de una abundante jurisprudencia.
La STS, 1ª, 21.4.2005 (Ar. 4133), con ponencia del magistrado Clemente Auger Liñán, revisa la cuantía indemnizatoria fijada en instancia en un caso de responsabilidad extracontractual por las lesiones y secuelas sufridas por un menor de siete años de edad como consecuencia de la explosión de los restos de un espectáculo pirotécnico. Con motivo de la sentencia, en las próximas páginas se comentarán los supuestos en que el Tribunal Supremo admite excepcionalmente la revisión casacional del quantum y se pondrá de manifiesto la ausencia de criterios uniformes de cálculo tanto en la legislación como en la jurisprudencia.
En este trabajo se analiza si el fallecimiento de una persona afectada por una cardiopatía grave, a causa de un infarto producido mientras intentaba separar a su perro de otro que había entrado en su finca, es imputable en todo o en parte al propietario del perro intruso.
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 6 de noviembre de 2002 (Ar. 9636), ponente Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, resuelve un caso de muerte de trabajador de una constructora al ser arrastrado por la máquina transportadora de lodos que manipulaba. La Sala 1ª del Tribunal Supremo enjuicia el incumplimiento de la obligación genérica de protección eficaz del trabajador. ¿Concurrió culpa exclusiva de la víctima? ¿Era el medio de trabajo completamente adecuado?
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