El cáncer del narcotráfico y la militarización de la seguridad pública

Abstract

Pretender una reflexión políticamente correcta sobre los acontecimientos violentos que se viven en nuestra sociedad quizás no sea posible, pero sí podemos hacer un análisis sociológico de la incorrecta política de seguridad que se vive en México; sólo de esta manera podremos resistir y denunciar las masacres, decapitaciones y todos los horrores que conocemos, así como todo aquello que no se difunde.

Full text

Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=32513865007
Redalyc
Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Cisneros, José Luis
El cáncer del narcotráfico y la militarización de la seguridad pública
El Cotidiano, núm. 161, mayo-junio, 2010, pp. 47-54
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco
México
¿Cómo citar? Número completo Más información del artículo Página de la revista
El Cotidiano
ISSN (Versión impresa): 0186-1840
info@elcotidianoenlinea.com.mx
Universidad Autónoma Metropolitana -
Azcapotzalco
México
www.redalyc.org
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

El Cotidiano 161 47
José Luis Cisneros*
A manera de presentación
oy el problema del narcotrá-
co se ha convertido en un asunto
relevante, y quizás de mayor atención
que el de la pobreza, la marginación
o la economía; sobre todo porque se
ha transformado en un tema central y
cotidiano para la opinión pública. De
suerte tal que el asunto de las drogas
hoy se presenta con más o menos
matices, dependiendo desde dónde se
lo mire. Por ejemplo, desde mi punto
de vista, actualmente existen dos
perspectivas, por decirlo así: una, que
es la ocial, es aquella que ha logrado
la implementación de medidas legales y
Pretender una reexión políticamente correcta sobre los acontecimientos
violentos que se viven en nuestra sociedad quizás no sea posible, pero sí pode-
mos hacer un análisis sociológico de la incorrecta política de seguridad que se
vive en México; sólo de esta manera podremos resistir y denunciar las masacres,
decapitaciones y todos los horrores que conocemos, así como todo aquello que
no se difunde.
prácticas para el control de las drogas
en México, cuya visión se encuentra
centrada no sólo en la erradicación
de la producción y el tráco, sino en
el consumo y en la persecución de
los principales líderes de los carteles
que operan en nuestro país. Es una
mirada apoyada frente al presupuesto
de que estamos ante un mal perverso
que afecta a la sociedad, un cáncer
maligno que hay que erradicar; frente
a una plaga minoritaria de delincuentes
que tenemos que combatir por mo-
tivos sociales, políticos, estratégicos
y morales. Por ello estamos ante la
necesidad imperiosa de sostener una
guerra total contra este agelo, con
una actitud fuerte y de mano dura
que decididamente nos libre de esta
amenaza letal. Bajo esta consideración,
como se puede advertir, subyace la
identicación de considerar al narco-
tráco como un problema real.
* Profesor-Investigador. uam, Unidad Xo-
chimilco, adscrito al Departamento de Re-
lacione s Sociales, integrante del área de
investigación: Educación, Cultura y Procesos
Sociales. <cijl0637@correo.xoc.uam.mx>.
El cáncer del narcotráco
y la militarización de la
seguridad pública
H
La otra perspectiva es la de la
ciudadanía, que se ha visto profunda-
mente impactada, tanto por la ola de
violencia como por el resultado del
reacomodo y la disputa de las plazas,
así como por la ola de inseguridad y las
constantes violaciones a las garantías
individuales y los derechos humanos
por parte del Ejército y la Policía,
como resultado de la lucha implemen-
tada para la contención y persecución
del crimen organizado1.
mayo-junio, 2010
La guerra es la forma que tiene el ser humano para demostrar su imperfección
Flavio Vegecio Renato
1 El crimen organizado tiene que ser enten-
dido como un grupo estructurado por tres o
más sujetos, que actúan en forma concertada
para cometer un delito, de suerte tal que se ha
convertido en una industria sumamente reditua-
ble y exitosa, cuya estructura se encuentra bien
ordenada y motivada por el interés económico.
Se trata de una empresa sin contenido ideológico
que involucra a los sujetos mediante una profun-
da interacción social mediada por una base jerár-
quica con al menos tres niveles o rangos, todo
con el propósito de asegurar ganancias y poder

Seguridad pública
48
Sin embargo, la implementación de las estrategias
puestas en práctica en este sexenio, ha sido severamente
cuestionada desde el arribo al poder de Felipe Calderón en
el 2006. Primero porque, a pesar del incremento en el gasto
para seguridad pública, la inseguridad no ha disminuido, y
que conste que no sólo es un asunto de percepción, y aun
cuando en México la tasa de homicidios es más baja que en
otros países2. Segundo, porque no obstante los espectacu-
lares operativos en los que se han detenido a varios capos
importantes, las estructuras de las cuatro organizaciones
del crimen organizado siguen intactas: el cartel de Juárez,
el cartel de Sinaloa, los Zetas y la familia michoacana. En
consecuencia, el problema de la violencia que hoy vivimos
no es el déjà vu de un pasado imaginario, sino el recuento
de una frustración vigente clausurada por la ausencia de
justicia social, económica y jurídica.
Como se puede advertir, el tema de la seguridad y el
narcotráco, si bien no es un tema nuevo, sí ha provocado
confusión, temor e inseguridad en gran parte de los mexica-
nos, como resultado de la notable expansión de una violencia
acelerada que pareciera no tener diques de contención en
la justicia. Las ejecuciones en gran parte de las ciudades de
nuestro país, el incremento en secuestros, desapariciones,
levantones y la aparición de grupos armados al servicio de
empresarios que pretenden hacer justicia por su propia
mano, nos muestran un sistema político profundamente
cuestionado, cuyas estructuras se han fracturado no sólo
por las crisis económicas o políticas que recurrentemente
hemos vivido, sino que a ello tendríamos que añadir la po-
larización política en torno a la utilización de los métodos y
estrategias de aplicación de la justicia3. Dichos métodos son
totalmente violentos y han producido constantes violaciones
a los derechos humanos y el repudio de una gran cantidad de
académicos, periodistas, defensores de los derechos humanos
y políticos contrarios al actual gobierno federal. Máxime si
aceptamos que es un gobierno dirigido por un abogado,
sabedor de la importancia que adquieren los derechos y las
garantías individuales para un pueblo que, paradójicamente, es
el que más violaciones humanas ha tolerado con la puesta en
escena del Ejército mexicano y la Marina Armada de México
en las calles de nuestras ciudades.
En este sentido, pretender una reexión políticamente
correcta sobre los acontecimientos violentos que se viven
en nuestra sociedad quizás no sea posible, pero sí pode-
mos hacer un análisis sociológico de la incorrecta política
de seguridad que se vive en México; sólo de esta manera
podremos resistir y denunciar las masacres, decapitaciones y
todos los horrores que conocemos, así como todo aquello
que no se difunde. Para lograr nuestro propósito partimos
de las siguientes interrogantes:
• ¿Hacia dónde va nuestra sociedad con la práctica de
una violencia exacerbada?
• ¿Será cierto, como arman muchos analistas, que ver-
daderamente estamos jodidos?
• ¿Cómo debemos leer la política de intervención del
gobierno en materia de seguridad?
• ¿Hasta dónde es descabellado pensar que el Estado ha
utilizado a las fuerzas armadas como un brazo ejecutor de
limpieza social, instrumentando un escenario de tensiones,
ejecuciones y confrontaciones violentas, con el propósito
de sostener una condición de temor en la sociedad civil?
Desde esta perspectiva, lo que en estas líneas propongo
es una reexión que va más allá de la crítica a los recientes
acontecimientos de la militarización de nuestras calles, que
fue conducida por la idea de una guerra que libramos contra
un cáncer social, el cual en buena medida ha sido auspiciado
por el Estado, y que sugiere las condiciones bajo las cuales
los esfuerzos realizados por un Estado policial en esta lucha
estarían encausados a contribuir signicativamente en la
construcción de un “Estado de Derecho, genuinamente de-
mocrático, que asegure los derechos políticos, las libertades
civiles y los mecanismo de accountability que preserven la
igualdad política y jurídica de todos los ciudadanos, y je
límites a los abusos del poder estatal y privado”4. Para ello
4 O´Donnell, Guillermo (Enero, 2005). “Democracia y Estado de
Derecho”. Nexos, 325. México, p. 19.
mediante actividades ilegales, así su base de ganancia está en la competencia
y en la búsqueda de monopolios con una base territorial. Aquí las jerarquías
dependen de relaciones de parentesco, amistad o calicación técnica; pero
dicha posición no depende de los individuos, sino del sistema como tal; uno
de los métodos de trabajo para el logro de sus nes es la manutención del
orden en la agrupación mediante la violencia. Por tal razón la pertenencia
al grupo está restringida y exige reglas explícitas que, al ser violentadas, se
sancionan incluso con la muerte <http://www.fbi.gov/>.
2 Datos difundidos por la página del Brooking Institute, <http://www.
brookings.edu> (que fueron tomados del informe de la onu, <http://www.
un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=13442&criteria1=Latina&
criteria2=armas>) establecen una lista de países según la tasa de homicidios
por cada cien mil habitantes, y señalan que México tiene un promedio de
11.5 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que muestra sin duda un
bajo porcentaje. Sin embargo, tenemos que cuestionar los criterios con
los que se reportan estos datos a las Naciones Unidas, luego de que no
importa el número de homicidios; cual fuere el número nalmente son
muertes que tenemos que cuestionar.
3 Recuerden las reformas penales y particularmente la ley de extinción
de dominio, y la utilización del uso del arraigo como medida preventiva, los
cuales han sido cuestionados por la violación de los derechos humanos.

El Cotidiano 161 49
lo que haré es jar un recuento histórico que nos facilite
situar el problema desde una perspectiva histórica. Poste-
riormente haré un repaso, tanto de los datos estadísticos
disponibles, como de la información difundida en los medios
masivos de comunicación, no sin dejar de imprimirles una
intencionalidad sociológica para confrontar el problema del
Estado policial y la inseguridad pública.
Los antecedentes
Tenemos que admitir que sobre los efectos nocivos que traen
consigo las drogas ilegales, existe un consenso en torno al
tema, el cual es visto como un fenómeno social complejo y
multifacético de carácter internacional, que ha sido enfren-
tado desde diversas perspectivas y con una amplia gama
de instrumentos jurídicos y estrategias de acción. También
tenemos que reconocer que hoy nos encontramos mucho
peor que en la década de los setenta, y varios indicadores
lo conrman. Por ejemplo, la proliferación de las drogas ha
tenido una expansión notable, sus mercados se han ampliado,
la variedad de narcóticos y el número de consumidores se
han incrementado, la calidad y el potencial de las drogas ha
aumentado; la abundancia, el fácil acceso, los bajos costos y los
niveles de violencia relacionados con el negocio de las drogas
también se han incrementado, y junto con ello la capacidad
de nuestro sistema legal se ha deteriorado. Por lo tanto
pareciera ser que hoy México transita por el mismo camino
que hace unas décadas. Hablamos de un Ejecutivo preocu-
pado por los grandes cárteles, los decomisos y las capturas
mediáticas. Es, pues, un Estado que publicita la efectividad de
su Ejército en las carreteras, pero que deja al libre albedrío
lo que ocurre en las populosas colonias marginales.
Un ejemplo es la problemática en Monterrey, donde
las ejecuciones y extorsiones en masa son la base de la
criminalidad local, alimentada sin pausa por las ganancias
del narcomenudeo. Hablamos de aquellos puntos de venta
controlados por los Zetas, que reclutan jóvenes desemplea-
dos a los cuales les ofrecen el monopolio de una zona para
trabajar a destajo… “aquí consigues de todo, piedra5, coca,
mota, de todo, y pocas veces la policía te detiene. Todos
sabemos que en la colonia hay varios puntos ciegos donde
tú puedes estar tranquilo. Puedo asegurarte que sólo te
atrapan si tu propia gente les baja el dedo…”6
Por otro lado, los procesos de erradicación de cultivos
han fracasado y han mostrado resultados pobres. De he-
cho, el gasto destinado para combatir al narcotráco y la
inseguridad se ha aumentado y, paradójicamente, la riqueza
de los narcotracantes se ha incrementado. El caso notable
es la calicación estimada por la revista estadounidense
Forbes, la que ubica en la posición 701 a Joaquín Guzmán
Loera, el Chapo Guzmán7, líder del cártel de Sinaloa, con una
fortuna calculada en mil millones de dólares; nos referimos
a un maoso líder que comanda una ridícula minoría, como
los calicó el presidente Calderón8.
Sin embargo, podemos decir que no es la primera oca-
sión en que el Ejército participa en tareas policíacas, pues
en 1976 por primera vez, con la llegada de López Portillo,
el Ejército asume labores de orden policial. En este año su
participación es de manera abierta en tareas de lucha contra
el narcotráco, particularmente con la creación del grupo
Fuerza de Tarea Cóndor9. En este mismo año también es
creada la temible Brigada Blanca que, entre otras funciones,
tenía las tareas de inteligencia para luchar y perseguir el
robo de bancos y el narcotráco10.
Dicha intervención de las fuerzas armadas en buena
medida ha obedecido a dos respuestas: la primera al re-
conocimiento de la ausencia de un modelo policial, y la
segunda tiene su origen en la tesis que sostiene la idea de
que el Ejército debe vincularse a tareas de seguridad na-
cional en coadyuvancia con las instituciones de seguridad
5 La piedra es una sustancia sólida de tinte amarillento que se quiebra
en pequeños pedazos para ser fumada en pipas de vidrio, latas de aluminio
o goteros de cristal. Su efecto es inmediato: entre cuatro y ocho segundos
tarda en llegar al cerebro creando una sensación de emoción y euforia que
poco a poco desaparece, para dar lugar a una severa angustia y depresión, lo
cual hace convertir al consumidor en una presa fácil de la droga. La piedra es
la base del sobrante de la producción de clorhidrato de cocaína y se produce
mezclando querosén, cal, acetona y otros componentes químicos que luego
se cocinan a elevadas temperaturas. (Garza, Xóchitl [Julio 20, 2009]. “Los
olvidados de la guerra ocial”. Milenio Semanal, 613. México, p. 10).
6 Ibid., p. 11.
7 Léase Proceso, “El imperio del Chapo”, núm. 1689, del 15 de marzo
del 2009.
8 Justamente por juicios como éstos es que el Presidente ha sido
constantemente cuestionado en la conducción de esta guerra de la que
todos sabemos abremos de perder. Sin embargo, Calderón insiste en que
quienes le criticamos por las constantes violaciones a la ley y hacemos
notar los errores de esta supuesta guerra, promovemos falsos argumentos
y estamos a favor de esta ridícula minoría de delincuentes, como él la
calicó, o de plano trabajamos para ellos al hablar mal de México.
9 El Operativo Cóndor se desarrolló durante diez años, de 1977 a
1987, en la región conocida como Triángulo Dorado, donde se unen los
estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.
10 La Brigada Blanca se creó el 7 de junio de 1976, por una Comisión de
Seguridad integrada por los jefes de cinco corporaciones policiacas, además
de la policia militar. El responsable de esa comisión y jefe operativo de la
Brigada fue el subdirector de la dfs, Miguel Nasar Haro, y su coordinador
el comandante del Segundo Batallón de la Policía Militar, Francisco Quiroz
Hermosillo.(Riviera, Dora [marzo 8, 2004]. “‘El gobierno es injusto’: Nassar
a Milenio”. Milenio Semanal, 338. México, p. 12).

Seguridad pública
50
pública11; sin embargo, las recurrentes crisis económicas,
la turbulencia política, las crisis de seguridad pública y la
corrupción galopante, se sumaron a la idea de reforzar la
efectividad coercitiva de los órganos encargados de com-
batir el delito.
En los años noventa se inicia una política de limpieza y
depuración de los cuerpos policíacos, y la incorporación de
las fuerzas armadas a la lucha contra el crimen organizado, lo
cual obedeció a la presión de EU para homologar los sistemas
de seguridad; pero no es sino hasta el año de 1994 cuando
se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública (snsp) y,
junto con ello, un modelo de prevención y combate a la
delincuencia. Posteriormente se publicó la Ley General que
establece las Bases de Coordinación del snsp, la cual denió
a la seguridad pública como una función a cargo del Estado
que “tiene como nes salvaguardar la integridad y derechos
de las personas, así como preservar las libertades, el orden
y la paz pública”12.
Bajo esta coordinación del snsp, se incorporan el Ejér-
cito y la Marina a la lucha contra el crimen organizado, para
realizar tareas que eran consideradas como únicas de la
Policía. Sin embargo lejos de superar los viejos vicios de las
instituciones policíacas existentes, esta reforma, por un lado,
abre paso a una mayor impunidad, y por el otro, lleva a una
confrontación entre los diferentes cuerpos policíacos con
las fuerzas armadas, como resultado de vicios conceptuales
y operativos. Por ejemplo, una de las discusiones centrales
fue el entendido de Seguridad Nacional, el cual era asumido
desde Miguel de la Madrid y con Carlos Salinas de Gortari,
como seguridad gubernamental, mientras que la reforma la
veía como seguridad pública, de suerte tal que se impuso una
versión de la seguridad nacional en tanto función coercitiva,
la cual se confundía con la seguridad de la nación y con la
seguridad del interior.
El periodo de Carlos Salinas de Gortari es de suma im-
portancia debido a que es cuando por primera vez aparece
en el Plan Nacional de Desarrollo (pnd), un apartado de
Seguridad Nacional, lo que presupone la concentración
de la política de seguridad, la cual fue depositada en manos de
Córdoba Montoya13, subordinando bajo su mando al secre-
tario de Gobernación, al procurador general de la República
y al secretario de la Defensa Nacional y la Marina. Desde
luego, esta medida dio como resultado confrontaciones con
Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, no sólo por la
concentración de la política de seguridad, sino también por
el retiro del control del servicio de inteligencia, al crear el
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (cisen).
El resultado de esta crisis de la seguridad pública fue una
corrupción generalizada de los mandos medios y altos de
las corporaciones policíacas, así como una mayor impunidad,
y un incremento en la ola de secuestros, asaltos y cuerpos
policíacos penetrados por el narcotráco, pues se decía
que alrededor de 65% de los agentes de la pgr estaban
controlados por alguna de las estructuras del narcotrá-
co. El caso más emblemático fue el de Javier Coello Trejo,
quien apoyo abiertamente al cártel de Tamaulipas, el cual
posteriormente fue rebautizado como el cártel del Golfo;
así como el caso de Morales Lechuga, quien fue acusado
por el entonces gobernador de Baja California de haber
pactado con los Arellano Félix.
En la turbulencia de estos acontecimientos, Diego Va-
ladés acusó a José Córdoba Montoya y a otros miembros
del primer círculo de conanza de Salinas de Gortari, como
era el caso de Emilio Gamboa Patrón, de ser protectores
de narcotracantes. Mientras que el entonces procurador
general de la República, Jorge Carpizo, pretendió una limpia
que dejó a medias a raíz del asesinato del cardenal Posadas
Ocampo y el estallido del conicto en Chiapas.
Como se puede advertir, la pretendida reforma en
materia de seguridad continuó siendo una asignatura
pendiente durante los siguientes sexenios de los gobier-
nos panistas, los que desde el año 2000, con Vicente Fox,
se propusieron una nueva reforma penal cuyo principal
tema es la transparencia de la información delictiva, entre
otros14. Posteriormente, en el actual sexenio de Felipe
Calderón, en marzo de 2008 se aprobó la reforma cons-
titucional del sistema mexicano de seguridad y justicia; en
ella se destacan las reformas a los artículos del 16 al 22,
73,115 y 123 constitucional.
En estos artículos se subraya la creación de un nuevo
tipo de juez denominado Juez de Control, el cual de manera
inmediata resuelve las solicitudes del mp en materia de me-
didas cautelares o precautorias; de igual manera aparece la
11 La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana establece que
en cumplimiento de sus misiones generales, contribuyen para garantizar la
seguridad interior con las autoridades civiles responsables, en la atención
de las grandes tareas nacionales para enfrentar con oportunidad y eciencia
al narcotráco y el crimen organizado.
12 Arellano Trejo, Efrén (2006). Seis prioridades y consenso para fortalecer
la seguridad pública. México: Socioscopi. cesop, p. 57.
13 Recordemos que después Córdoba Montoya es sustituido de la
Coordinación de Seguridad Pública por Arsenio Farell Cubillas.
14 Léase para una comprensión detallada de las iniciativas de reforma
en materia de seguridad pública propuestas en el sexenio de Vicente Fox,
el trabajo de Efrén Arellano Trejo, titulado Seis prioridades y consenso para
fortalecer la seguridad pública, del cesop, México.

El Cotidiano 161 51
gura del Juez Ejecutor, el cual será el único que podrá im-
poner o modicar la penas carcelarias. También se promulga
una nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
así como la gura de extinción de domino o conscación
a favor del Estado, y la gura del arraigo, la cual es la más
debatida por sus consecuencias en materia de violación de
derechos humanos; se trata de una gura del castigo antes
de ser enjuiciado, por decirlo de alguna manera.
La declaratoria de guerra
En diciembre del 2006, el presidente Felipe Calderón decla-
ra la guerra al narcotráco en todo el territorio nacional,
bajo un enfoque estrictamente punitivo. Dicha declaratoria
tenía como argumentos: el aumento de la violencia, la pe-
netración del narco en las esferas más importantes de la
vida política nacional, el incremento del tráco de armas,
y el aumento signicativo del consumo y la demanda de
drogas en México. Pero la respuesta por parte de múlti-
ples sectores no tardó en ser considera como una salida
legitimadora y un acto de política mediática, después de un
arribo presidencial profundamente cuestionado.
La guerra a la que hacía referencia Calderón debería-
mos entenderla primero en un sentido literal, a través de
sinónimos como lucha, combate, batalla o enfrentamiento;
sin embargo, habitualmente lo referimos para entender
un conicto armado entre dos bandos o naciones. No
obstante, fuese cual fuese el sentido tenemos que admitir
que no es otra cosa que asesinatos organizados por parte
de un actor político. Cuando un Estado declara la guerra
quiere decir que clausura el camino de la ritualización
política, porque la política no es otra cosa que una guerra
ritualizada, nada más que sin muertos. Entonces cuando
se utilizan instrumentos que causan la muerte a otros,
hablamos de ejecuciones legitimadas tanto por las institu-
ciones como por la sociedad. Así el fenómeno de la guerra
utilizado por Calderón para confrontar el problema de las
drogas en México, es entonces un poco como declarar la
guerra a un tornado o a los árboles, a los cuales podrían
probablemente talarlos todos y que, en principio, sería
muy fácil; pero a los tornados lo veo un tanto más difícil.
Algo así es comparable con el fenómeno del narcotráco.
Declararle la guerra a un fenómeno es una formulación
política de una intencionalidad cuyas consecuencias pueden
ser desastrosas.
En este sentido, los argumentos expuestos para la
declaratoria de guerra fueron cayendo uno a uno por su
propio peso. Por ejemplo, la supuesta violencia a la que
hacía referencia el Presidente venía declinando desde
inicios de los años noventa. De hecho, en agosto del 2009,
Calderón y el procurador general de la República, Medina
Mora, declararon que los homicidios dolosos en México
habían descendido a 10.7 por cada cien mil habitantes; sin
embargo, el icesi dio a conocer un estudio en el que señaló
que la media nacional de homicidios dolosos por cada cien
mil habitantes, bajó de 17 en 1997, a 10 en 2007, para luego
aumentar después de dos años de guerra a 12 en 2008.
En relación con la penetración del narco en las esferas
de la vida política, tampoco fueron creíbles los datos, pues
la complicidad del narco con las autoridades municipales,
estatales y federales no nació ayer. La evidencia indica que
esta presencia fue mayor hace 12 ó 15 años, con pruebas de
que en los últimos diez años el gobierno le estaba cerrando
el espacio a esa penetración15.
15 Como parte de una estrategia y estímulo al reconocimiento de
la labor realizada por los integrantes del Ejército, en 2008 se otorgó un
incremento de 500 pesos; en 2009 el incremento al salario base fue de 35%,
y pasó de un ingreso mensual de 3,897 a 6, 900, es decir, un incremento
neto de 1,363 para el soldado de rango más bajo y de 2,415 a la tropa
de mayor nivel. Sin embargo, aun con estos incrementos el salario sigue
siendo paupérrimo y las deserciones continúan en aumento.
Estado
Militares ligados al crimen organizado por entidad,
de 2007 a 2008
Chihuahua
Tabasco
Morelos
Baja California Sur
Veracruz
Sonora
Tamaulipas
Chiapas
Colima
Durango
DF
Zacatecas
16
14
6
4
4
2
2
2
1
1
1
1
Detenciones
Fuente: Reporte especial, Milenio Diario.
En 2009, según un reporte de la Unidad de Enlace
de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que 35 de
los desertores pertenecientes al Grupo Aeromóvil de las
Fuerzas Especiales, se incorporaron al grupo de los Zetas;
mientras que de 2003 a 2009, tres mil 972 militares deser-
taron, mil 63 con rango de ocial y dos mil 864 elementos
de tropa.

Seguridad pública
52
En lo que se reere al tráco de armas procedentes
de EU, tenemos que subrayar que no es la causa única de
violencia, pues como lo señalan las propias autoridades norte-
americanas, la mayoría de los países de América Latina tienen
índices muy superiores de violencia con armas que provienen
de diversas regiones, pues en México históricamente se han
introducido armas de EU. En promedio se estima, según
congresistas norteamericanos, que a nuestro país ingresan
diariamente en promedio dos mil 700 armas de manera ilegal;
en consecuencia, las razones de la violencia hay que buscarlas
no sólo en el tráco de armas. Finalmente en lo referente
al consumo y crecimiento de la población adicta, según la
V Encuesta Nacional sobre Adicciones, realizada en 2008,
mostró que el consumo de drogas ilegales en la población
mexicana rural de entre 12 y 65 años, creció apenas un 0.7%
entre el 2002 y el 2008, al pasar de 5 a 5.7% en seis años. Los
adictos representan sólo el 0.4% de la población, es decir, no
más de 450 mil ciudadanos en un población de 110 millones
de habitantes; hablamos de un porcentaje mucho menor con
relación a Estados Unidos o países de Europa16.
Finalmente, como se puede advertir, las justicaciones
en las que se sostiene esta guerra y su consabido efecto
de la militarización de nuestras calles, no sólo son una
cruzada de buenas intenciones, sino de malas estrategias,
cuyos daños colaterales han sido mayores de lo esperado,
como lo aseveró el senador Ricardo Monreal, al referirse
críticamente a lo armado por Calderón cuando utilizó el
termino de metástasis social17, para referirse al cáncer de la
drogadicción y la violencia que hoy vivimos. Sin embargo, en
términos realistas, lo que hemos vivido en los últimos años
es más de lo mismo, pues asistimos a la exacerbación de
un síndrome compulsivo que nos muestra una y otra vez el
fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad, sin
que podamos entender con claridad cuáles son las causas
de este fracaso y, sobre todo, por qué nuestros funcionarios
públicos no quieren reconocer los errores propios y las
actitudes fallidas, sino que, por el contrario, siempre quieren
justicar la inconsistencia de sus argumentos.
Sin embargo el dilema de estas acciones por parte del
Estado está en que uno como académico o analista puede
observa a la luz de los datos, los cuales de cara al espejo de la
realidad nos muestran un espectáculo, una comedia tejida por
enredos y equivocaciones que a la larga termina por conver-
tirse en una tragedia de inconmensurables proporciones.
Los justicantes de la guerra
La actual estrategia contra el narcotráco, aun en el caso
de que fuera perfectamente acertada, sin duda ha adolecido
en su práctica de credibilidad, como consecuencia de una
serie de contradicciones que le subyacen, al grado que ha
generado en muchos sectores de la sociedad niveles de
perplejidad por las medidas represivas que se han adop-
tado. Éstas han provocado mayores niveles de violencia, lo
cual está muy lejos de lograr un control y reducción de la
participación disruptiva de la actividad económica del nar-
cotráco, que ha fortalecido en vez de debilitar el círculo
vicioso de la violencia/riqueza ilícita. De ahí que las iniciativas
emprendidas para erradicar el problema del narcotráco
en México se sostengan en cuatro argumentos, cuyos resul-
tados son sustantivamente opuestos y, literalmente, como
los calicó el Presidente, una verdadera “metástasis social”.
Por ejemplo, el primero se reere a la recuperación de los
territorios ocupados por el crimen organizado; sin embargo,
los dominios del crimen organizado se han incrementado
desde el 2006. Hoy existen regiones consignadas por las
ejecuciones y decapitaciones por los conictos del control
del territorio para la venta de droga. El caso palpable lo
hemos visto en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla,
Aguascalientes, Colima y Zacatecas, donde no sólo se
controlan como espacios de distribución de droga, sino
también del comercio informal, el secuestro, los taxis piratas,
la prostitución y la venta de protección.
En el segundo, cuyo objetivo es desmantelar las redes
de protección del narcotráco, lamentablemente hoy las
redes de protección después de seis capos detenidos siguen
intactas y el fracaso de esta guerra se explica porque la
corrupción está en los tres órdenes de gobierno. Además
las acciones han estado montadas de manera espectacu-
lar; como son las detenciones mostradas por los medio
televisivos.
16 Valenzuela Aguilar, Rubén (noviembre 23, 2009). “Las premisas falsas
de la guerra contra el narco”. Milenio Semanal, 631. México, pp. 35-37.
17 Metástasis, vocablo griego que signica “cambio de lugar”.
Capos
Narcotracantes detenidos y mostrados con gran
despliegue mediático
Santiago Meza (El Pozolero)
Vicente Zambada (El Vicentillo)
Vicente Carrillo (El Ingeniero)
Rafael Cedeño (El Cede)
Arnoldo Rueda (La Minsa)
Arturo Beltrán (El Barbas)
Enero 24
Marzo 19
Abril 2
Abril 19
Julio 12
Diciembre 16 (ejecutado)
Detención
Fuente: Elaboración propia, 2010.

El Cotidiano 161 53
Dos muestras más de esta espectacularidad política
fueron las detenciones de alcaldes michoacanos, los cuales,
más de la mitad, ya fueron dejados en libertad, por falta
de pruebas, y porque el objetivo fue, como muchos así lo
sostienen, un golpe electorero. Por otro lado, las últimas
acciones espectaculares fueron el operativo “Cuerno III”
y la detención del “Teo”.
En el tercero, el cual se dirigía a la disminución de la
violencia y la inseguridad que se vive en el país, hoy tenemos
más ejecuciones y desapariciones en las calles que en el
2005. Hablamos, pues, de una metástasis de la violencia. Por
ejemplo, de 2006 a 2009, en orden de prevalencia tenemos
que en Chihuahua se registraron dos mil 112 ejecutados;
en Baja California, 987; Tamaulipas, 382; Sonora, 328; Nuevo
León, 244; y Coahuila, 103.
Un ejemplo más, según datos del sistema institucional
de información Estadística de la pgr: en el mes de enero
de este año, en México ocurrieron diez mil 345 delitos de
orden federal, de los cuales 27.3% obedecen a la posesión
de drogas; 12.5% al tráco de armas, y 10.8% a delitos
patrimoniales. Las entidades que encabezan estos ilícitos
son DF, Baja California, Jalisco, Guanajuato y el Estado de
México.
18 Es importante hacer notar que esta capacitación no ha llegado
a los 400 de los dos mil 439 municipios existentes en el territorio
nacional, pues dichos municipios carecen de policías para resguardar a
la población, y 50% de estas corporaciones cuentan con menos de 30
elementos, mientras que su salario en promedio oscila entre los tres
mil y cinco mil pesos mensuales.
2007
Ejecuciones registradas por año
2,773 5,661
2008
Fuente: Registro del Diario Milenio.
2009
8,281
Fuente: Diario Milenio.
Fuente: Diario Milenio.
Como se puede apreciar, en la administración de Vicen-
te Fox el número de ejecutados fue de 13 mil, mientras que
en lo que ha transcurrido de la administración de Felipe
Calderón se han sumado 17 mil 789 ejecutados.
Otro dato relevante es que en este sexenio la dea,
Europol, la Policía Montada Canadiense, así como Israel,
España y Colombia, han capacitado a 415 mil 500 agentes
federales y a 40 subcomandantes del Ejército, todo con
recursos provenientes del Plan Mérida, mediante el cual se
destinarán 528 millones de dólares para la lucha en contra
de la delincuencia organizada18.

Seguridad pública
54
El cuarto argumento se dirige a la reducción de las
adicciones entre la población de jóvenes; sin embargo,
hoy la droga a diferencia de hace cinco años es más
barata y se consigue con más facilidad en las calles, al
grado que hoy el valor del mercado de las drogas en
México pasó de 432 millones en 2007, a 811 millones
de dólares en 2009.
en la que no importan los resultados, sino la percepción
por encima de todo. Con ello, construyó un imaginario de
la idea de una guerra y de un enemigo común: el narco-
tráco, y frente a éste, como se dice, tenemos que cerrar
las, más allá de que con toda y esta guerra la droga sigue
en las calles.
A manera de corolario
El devenir de un proceso social marcado por el deterioro
de nuestra estructura social como resultado de la corrup-
ción y de una clase política voraz que ha permanecido
desde los albores del viejo priísmo, de la devastación de
nuestra economía y la nula participación de un Estado de
asistencia social, sin duda son factores que determinan los
contornos de la acelerada violencia en nuestra sociedad,
una violencia que desde mi punto de vista no debemos
buscar sólo en el incremento de las acciones del narco-
tráco. Por el contrario, sus raíces las debemos buscar en
el desvanecimiento de las garantías sociales, en la falta de
empleo, en la ausencia de oportunidades para miles de jóve-
nes que tienen clausurado un futuro; en nuestra corrupta
clase política, en la voracidad de la clase empresarial, en
la ausencia de instituciones sociales que no son capaces
de ofrecer esperanza en las nuevas generaciones. Ahí es
donde está la raíz de la violencia. En consecuencia, no es
sólo un problema de percepción, como se arma; no es sólo
una cuestión de buenos y malos; no es sólo un cáncer; no
es sólo causa de un grupo de maleantes: es un asunto de
intencionalidad política.
Finalmente quiero concluir con las armaciones dichas
por Colin Powell en una conferencia de prensa en relación
con la lucha del crimen organizado en México:
• La lucha contra el narcotráco requiere de un buen
trabajo de inteligencia.
• La primera prioridad para cualquier tipo de campaña
militar o de lucha antidrogas, requiere tener claridad de
a quién se está buscando.
• Se debe tener una radiografía de quiénes son, cómo
son, cómo operan, cómo mueven su dinero, cómo
están reclutando y a quiénes, y no sólo luchar en las
calles.
• No podemos vencer a los carteles teniendo armas más
poderosas; la educación y el trabajo son las mejores
alternativas para combatir la criminalidad.
En consecuencia, lo que se puede advertir según los
datos registrados, es que en México se genera un mercado
de consumo cuya ganancia asciende a los 65 mil millones
de dólares. De hecho, en 2009 el precio de ganancia por
cada kilogramo de cocaína colombiana colocada en EU,
era de 95 mil 202 dólares, es decir, de 95.2 millones por
tonelada; si a ello agregamos que el 90% de la cocaína que
llega a EU pasa por nuestro país, las ganancias por el nar-
cotráco se estiman entonces en 99.2 millones de dólares
por tonelada, lo que equivale al 40% del pib. Sin embargo,
de esa ganancia sólo en nuestro país se lavan entre 25 y
30 mil millones de dólares anuales, como resultado de la
venta de drogas ilícitas. Por tanto, ante la contundencia
de los datos uno se pregunta si: ¿estos datos no son una
prueba del fracaso de la guerra contra el narcotráco en
México? ¿Los datos pueden leerse como una muestra de
la fallida estrategia impuesta por el gobierno federal? ¿Los
datos nos permiten armar que es posible hablar entonces
de un Estado fallido?
Como se puede apreciar, la lógica del gobierno federal
con relación al narcotráco ha sido y es incapaz de ofrecer
resultados, tanto en materia de seguridad como en materia
económica, pues el gobierno instrumentó una estrategia
Fuente: Diario Milenio.