Los conflictos de intereses en la investigación científica pueden causar serias desviaciones éticas. Se presentan cuando el diseño de la investigación, la obtención o presentación de resultados se vinculan a compensaciones para los autores en relación con el grado de éxito del proyecto. Son cada vez más frecuentes como consecuencia de la creciente cooperación entre la investigación pública y el sector productivo y de la insuficiencia de recursos para investigación de origen público. La sociedad confía en que la Universidad estatal ejerce sus funciones de docencia, investigación y extensión con juicio independiente, sobre la base de principios y criterios que pueden no ser coincidentes con los intereses y la lógica del mercado. Los conflictos de intereses deben explicitarse en forma previa y se requiere de instancias públicas de regulación que resguarden la integridad ética de la institución y de sus miembros. Mejorar la calidad de la cooperación científico-técnica entre el ámbito universitario y el sector productivo depende de asumir el compromiso de delimitar intereses, necesidades y obligaciones de ambas partes. Para reconocer los conflictos de intereses, la comunidad científica necesita códigos éticos de regulación y desarrollar sus actividades en un marco de irrestricto respeto por los intereses de la comunidad.