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Abstract

En el presente siglo estamos asistiendo a una serie de transformaciones del espaciopúblico que afectan al eje central del constitucionalismo, es decir, a la ciudadanía. Laglobalización, el incremento de los procesos migratorios, las nuevas tecnologías, estánprovocando una serie de cambios en el entendimiento de los espacios y los tiempos dela democracia, al tiempo que están erosionando algunos de los paradigmas del Estadoconstitucional. Estas transformaciones están provocando un aumento de la complejidadde nuestras sociedad y, por lo tanto, de los potenciales conflictos. Al tiempo quese someten a debate principios esenciales como el de igualdad o el del pluralismo.Partiendo de la conexión entre “orden político” y “paz social”, fundamentados ambosen la dignidad y los derechos fundamentales, en el trabajo analizamos tres aspectos queinciden en la complejidad de nuestras sociedades: la relación entre los espacios públicosy los privados, la creciente diversidad del espacio público y la participación como derechofundamental mediante el cual dotamos de contenido democrático a dicho espacio.Todo ello con un análisis que tiene presente la transversalidad de la igualdad de géneroy desde el convencimiento de que muchos de los retos que planteamos sólo puedenresponderse adecuadamente desde una concepción republicana de la democracia en laque el ámbito local es el ámbito más adecuado para el fomento de las virtudes cívicasy el diálogo intercultural.
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Salazar Benítez, Octavio
Espacio público y paz social
Revista de Paz y Conflictos, núm. 3, 2010, pp. 23-43
Universidad de Granada
Granada, España
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Revista de Paz y Conflictos
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Universidad de Granada
España
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23© Instituto de la paz y los conflictos 2010
issn: 1988-7221
número 3 año 2010
Espacio público y paz social
Public space and social peace
Octavio Salazar Benítez
Resumen
En el presente siglo estamos asistiendo a una serie de transformaciones del espacio
público que afectan al eje central del constitucionalismo, es decir, a la ciudadanía. La
globalización, el incremento de los procesos migratorios, las nuevas tecnologías, están
provocando una serie de cambios en el entendimiento de los espacios y los tiempos de
la democracia, al tiempo que están erosionando algunos de los paradigmas del Estado
constitucional. Estas transformaciones están provocando un aumento de la compleji-
dad de nuestras sociedad y, por lo tanto, de los potenciales conictos. Al tiempo que
se someten a debate principios esenciales como el de igualdad o el del pluralismo.
Partiendo de la conexión entre “orden político” y paz social”, fundamentados ambos
en la dignidad y los derechos fundamentales, en el trabajo analizamos tres aspectos que
inciden en la complejidad de nuestras sociedades: la relación entre los espacios públicos
y los privados, la creciente diversidad del espacio público y la participación como dere-
cho fundamental mediante el cual dotamos de contenido democrático a dicho espacio.
Todo ello con un análisis que tiene presente la transversalidad de la igualdad de género
y desde el convencimiento de que muchos de los retos que planteamos sólo pueden
responderse adecuadamente desde una concepción republicana de la democracia en la
que el ámbito local es el ámbito más adecuado para el fomento de las virtudes cívicas
y el diálogo intercultural.
Palabras clave: Ciudadanía, Paz social, Público, Privado, Participación, Igualdad, Diver-
sidad, Republicanismo, Educación, Local.
Recepción: 08/05/2009
Aceptación: 16/06/2009
Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, Universidad de Córdoba
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Abstract
In the present century we are present at a series of transformations of the public space
that they aect to the backbone of the constitutionalism, that is to say, to the citizenship.
e globalization, the increase of the migratory processes, the new technologies, are
provoking a series of changes in the understanding of the spaces and the times of the
democracy, at the time that they are eroding some of the paradigms of the constitutional
State. ese transformations are provoking an increase of the complexity of our society
and, therefore, of the potential conicts. At the time that essential beginning(principles)
surrenders to debate as that of equality or that of the pluralism. Departing from the
connection between political order “ and social peace “, based both in the dignity
and the fundamental rights, in the work we analyze three aspects that aect in the
complexity of our societies: the relation between the public spaces and the private ones,
the increasing diversity of the public space and the participation like fundamental right
by means of which we provide with democratic content to the above mentioned space.
All this with one analysis that has is presented by the mainstreaming of the equality of
genre and from the conviction of which many of the challenges that we raise only can
be answered adequately from a republican conception of the democracy in which the
local area is the better space for the promotion of the civic virtues and the intercultural
dialogue.
Keywords: Citizenship, social Peace, Public, Prived, Participation, Equality, Diversity,
Republicanism, Education, Local.
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1. El espacio público como espacio de la ciudadanía
El concepto de ciudadanía constituye el eje del sistema constitucional. Ciudadanía
entendida como el conjunto de derechos y libertades que conguran un determinado
estatuto del individuo y que, al mismo tiempo, actúan como límites del poder. Garantía
de los derechos y control del poder son, pues, las dos caras de un sistema constitucional.
El Derecho es el instrumento que, legitimado democráticamente, sirve para ordenar
la convivencia, para garantizar nuestros derechos y para evitar que el poder actúe de
manera arbitraria. El imperio de la ley es el que garantiza en denitiva nuestra auto-
nomía individual. Para conseguir ese objetivo todos, ciudadanos y poderes blicos,
debemos actuar sometidos al ordenamiento jurídico (art. 9.1 Constitución española;
en adelante, CE).
Los fundamentos éticos, y también jurídico- políticos, de ese pacto son los derechos
fundamentales. Los derechos actúan como fundamento y límite del poder, como inspi-
radores de sus decisiones y, lo que es más importante, como elementos de nuestro esta-
tuto jurídico, el cual se traduce en una serie de ámbitos personales protegidos y en una
serie de prestaciones y servicios que el Estado está obligado a garantizarnos. Entre esos
derechos juega un papel esencial el de participación política. Es realmente ciudadano
el que puede participar políticamente, el que puede incidir, directamente o mediante
sus representantes, en la conguración de las normas que regularán sus libertades. De
ahí que el derecho de sufragio represente la esencia de la ciudadanía y, por tanto, de un
sistema democrático. El principio un hombre – o una mujer -, un voto supone además
la xima consagración del principio de igualdad en las democracias: todos somos
radicalmente iguales al ejercer el derecho de sufragio
1
. Ahora bien, en el modelo del
Estado Nación, que es el que todavía hoy sigue vigente, la ciudadanía se identica con
la nacionalidad y, por tanto, los extranjeros carecen de ese derecho fundamental
2
. No
son por tanto ciudadanos. De la misma manera que durante siglos las mujeres tampoco
lo fueron y como antes sólo lo habían sido los varones propietarios.
El espacio público se construye pues sobre el respeto a la dignidad y a los derechos que
de ella derivan. Lo deja muy claro el art. 10.1CE, el cual sirve de pórtico a la declara-
ción de derechos contenida en el Título I CE: La dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y
a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. El orden
político, es decir, las estructuras jurídico-políticas, y la paz social, o lo que es lo mismo, la
convivencia pacíca, se articulan sobre cuatros ejes interconectados: dignidad, derechos,
libre desarrollo de la personalidad, respeto a la ley y a los derechos de los demás. Esos
cuatro ejes han de servirnos para articular el espacio público y para gestionar, y hacer
productivos, los conictos inevitables en un sistema pluralista. Por ello cobran un espe-
cial relieve en un momento como el actual en el que estamos asistiendo a un evidente
aumento de la complejidad de nuestras sociedades. Ellos han de ser los instrumentos
mediante los que reconstruyamos un espacio público en el que progresivamente se ha ido
desmoronando el mito de la homogeneidad y en el que el estatuto de ciudadanía tiene
que convivir con identidades diversas. Todo ello mientras que paralelamente se erosio-
nan los paradigmas clásicos del constitucionalismo - Estado Nación, soberanía, unidad
del ordenamiento jurídico, principio de legalidad y las nuevas realidades imponen
una profundización necesaria en el entendimiento de la igualdad como garantía de las
diferencias que nos individualizan como seres humanos (Salazar, 2007ª, 48-50).
1 En el momento de la
votación y únicamente en el
momento de la votación cada
individuo deja de ser indivi-
duo para ser exclusivamente
ciudadano. El momento de la
votación es el único en la vida
de un ser humano en el que
un individuo es exactamente
igual que otro, en el que se
suprime la diferencia y en
el que se impone de forma
absoluta el principio de
igualdad” (Pérez Royo, 2005:
287-282)
2 El art. 23 CE reconoce como
titulares del derecho a parti-
cipar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de
representantes, a los ciuda-
danos. A su vez, el art. 13 CE
dispone que “solamente los
españoles serán titulares de
los derechos reconocidos en
el art. 23, salvo lo que, aten-
diendo a criterios de reciproci-
dad, pueda establecerse por
tratado o ley para el derecho
de sufragio activo y pasivo en
las elecciones municipales”.
Sobre la conexión ciudada-
nía-nacionalidad véase Aláez
(2006).
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El concepto de “paz social” adquiere en este contexto una especial signicación ya que
nos sitúa frente a la complejidad e incertidumbre del espacio público y, muy especial-
mente, frente a los conictos que pueden generarse en unos contextos sociales en los que
se ha multiplicado la diversidad. Unos contextos en los que han de tenerse presente los
efectos socio-económicos del proceso de globalización y que se traducen en un aumento
de las desigualdades y de la exclusión, tanto en el ámbito internacional como el interior
de los Estados. Estas realidades plantean nuevos retos al espacio público que es en el
que suelen tener lugar los encuentros y los desencuentros, la exclusión pero también
la solidaridad. Desde esta dimensión, el concepto de “paz social” enlaza con el de “paz
positiva
3
, en la medida en que con ella nos referimos a las condiciones de bienestar,
justicia, solidaridad, concordia y equilibrio que deben alcanzarse en una sociedad para
erradicar de ella la violencia
4
.
Partiendo de estas realidades, complejas pero enriquecedoras, me propongo analizar tres
ejes que inciden en la construcción de la ciudadanía y que en la actualidad plantean
una serie de retos jurídicos y políticos. En primer lugar, me referiré a la relación entre
los espacios privados y el blico, la cual constituye un eje transversal que atraviesa
nuestro modelo de convivencia. En segundo lugar, analizaré la creciente diversidad del
espacio público y los debates que ello plantea desde el punto de vista de la garantía de
los derechos. Finalmente, insistiré en la participación en cuanto derecho fundamental
del ciudadano y en cuanto energía sin la que el espacio público carece de vida.
2. Espacio público versus espacio privado.
El pacto social que ha estado en la base de los modelos constitucionales se ha apoyado
en una división tajante entre dos espacios, el público y el privado, los reservados res-
pectivamente a Emilio y a Sofía, siguiendo los prototipos de Rousseau. El primero ha
sido entendido como el espacio de la ciudadanía, de las leyes, de los derechos, mientras
que el segundo era concebido como el de los intereses privados, el de las costum-
bres, el de las “libertades negativasque el Estado debe reconocer y proteger pero sin
inmiscuirse en ellas. Como ha denunciado la teoría política feminista, el pacto social
ha ido precedido de un contrato sexual” que determinaba esa división de espacios y
una posición subordinada de la mujer que quedaba sometida a la autoridad del “pater
familias(Pateman, 1995). La familia era por tanto un reducto en el que no penetraban
los valores del espacio público. Era un ámbito sometido a la autoridad del padre que,
incluso, podía usar la fuerza física para restaurar el orden.
De esta manera, el espacio público tradicionalmente ha sido el espacio de los hombres
y de los valores asociados a la masculinidad: competitividad, fuerza, búsqueda del éxito
profesional, individualismo, violencia. Unos valores que además se ajustaban a la per-
fección a la ética propia del mercado y del capitalismo. Frente al blico, el privado
ha sido el espacio históricamente reservado a las mujeres y a los valores del cuidado,
la ternura, la sensibilidad o la solidaridad. En él se ha mantenido y desarrollado a lo
largo de los siglos la lógica de la “sostenibilidad de la vida” (Magallón, 2006). A su vez
la masculinidad se ha construido sobre la negación de lo femenino y, por tanto, de los
valores que tradicionalmente se han desarrollado en los espacios privados. La división
de roles y funciones entre el hombre proveedor y la mujer reproductora ha determinado
incluso una división de tiempos y una determinada conguración de los espacios en las
ciudades de la que aún somos deudores.
3 “En la tradición de la
Investigación para la Paz fue
Johan Galtung quien, en los
años 60 del siglo pasado,
propuso la noción de paz
positiva como complemento
a la paz negativa, entendida
como alternativa a la violencia
directa. Introdujo la noción
de violencia estructural signifi-
cando que mientras existan
injusticias e insatisfacción
de las necesidades humana
básicas por parte de algunos
seres humanos, no existe la
paz aunque no nos matemos
directamente. Así la tarea
positiva del trabajador por
la paz es la construcción de
la justicia y el desarrollo para
que todos los seres humanos
puedan satisfacer sus nece-
sidades básicas”. (Martínez,
2004: 918). En este sentido,
el concepto de “paz social”
entronca con los contenidos
que enumeró la Declaración y
Programa de Acción sobre una
Cultura de Paz (A/RES/53/243,
6 de octubre de 1999).
4 La conexión paz social-
dignidad-justicia social está
perfectamente establecida
en el nuevo Estatuto de
Autonomía de Andalucía (LO
2/2007, de 19 de marzo). Una
conexión presente desde el
mismo Preámbulo en el que
reiteradamente se alude a la
“interculturalidad” y en el que
se fija como objetivo conse-
guir un Estatuto para el siglo
XXI, un instrumento jurídico
que impulse el bienestar, la
igualdad y la justicia social,
dentro del marco cohesión y
solidaridad que establece la
Constitución. Esta finalidad
se concreta en los objetivos
básicos de la Comunidad
Autónoma (art. 10), en los
derechos y deberes conteni-
dos en el capítulo II del Título
I y, muy especialmente, en
los principios rectores de las
políticas públicas del art. 37.
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La separación entre los espacios públicos y privados, y todas las consecuencias que lleva
aparejadas, constituye todavía hoy el principal obstáculo para la consecución de una
igualdad real de hombres y mujeres. Como bien apuntó Virginia Woolf en sus Tres
guineas (1938), los espacios públicos y privados están interconectados, de manera que
las tiranías y servidumbres de uno son también del otro. Entender esta interconexión,
y de acuerdo con ella superar la división blico/masculino versus privado/femenino
es una de las grandes revoluciones pendientes en los sistemas democráticos (Rubio y
Herrera, 2006). Esta revoluciónha de conllevar a su vez una reconguración de las
funciones y roles entendidos de hombres y de mujeres y, por tanto, una revisión de los
modelos de construcción de la masculinidad y la feminidad.
Esta concepción binaria de los espacios, basada a su vez en una concepción jerárquica
que implica la superioridad de lo masculino sobre lo femenino, genera una tupida red
de vasos capilares que penetran por nuestra vida cotidiana y que contribuyen a mantener
la desigualdad histórica de mujeres y hombres. Sobre todo desde el momento en el que
las mujeres intentan acceder al ámbito de lo público pero aún conservan sus responsa-
bilidades tradicionales en lo privado. Podríamos poner muchos ejemplos que inciden en
el mantenimiento de esa situación y que aún en la actualidad continúan manteniendo
las diferencias entre mujeres y hombres. De entrada, el propio diseño urbanístico de
nuestras ciudades sigue respondiendo a una división tajante entre lo blico y lo privado
y, sobre todo, al entendimiento de los espacios públicos como propios del varón. Basta
con repasar donde se ubican determinados servicios, como está organizado el transporte
público o como y donde se sitúan las plazas, los mercados o los parques, para constatar
que la ciudad se ha entendido como un espacio en el que aún están perfectamente
delimitadas las funciones de hombres y mujeres. Ese diseño tradicional de las ciudades
genera muchos problemas en la actualidad sobre todo para las mujeres que han accedi-
do al espacio público pero que conservan aún en su mayoría la responsabilidad de las
labores domésticas y de cuidados del entorno familiar. Las mujeres son las principales
sufridoras por ejemplo de los barrios residenciales multiplicados en las afueras de las
ciudades y en los que faltan determinados servicios y por tanto obligan a desplazarse
al centro con la consiguiente carga para las que siguen siendo responsables del cuidado
de los hijos, de las personas mayores o del sostenimiento de las labores domésticas.
Algo que se agrava si analizamos como se organizan los tiempos” en nuestras ciudades
– horarios de las Administraciones, de servicios públicos, de colegios – y constatamos
como siguen ajustándose al modelo tradicional en el que las mujeres dedicaban todo
su tiempo a su función de reproductoras y cuidadoras. Habría que empezar, pues, por
revisar el planeamiento urbanístico de nuestras ciudades y de la organización de los
tiempos en unas ciudades en las que todos y todas, mujeres y hombres, deberíamos
asumir la responsabilidad de conciliar la vida privada con la profesional.
Ades, los hombres seguimos socialindonos de acuerdo con los valores propios
de la masculinidad tradicional que siguen prorrogándose no sólo en las familias sino
también en los medios de comunicación de masas. Lo masculino se sigue identican-
do con lo público, con el éxito, con el prestigio profesional, con lo que realmente vale
en nuestra sociedad (Guasch, 2006). La publicidad, por ejemplo, sigue reejando ese
modelo patriarcal, al tiempo que los valores que tradicionalmente se han asociado a las
mujeres siguen siendo en buena medida invisibles o, en su caso, reciben una conside-
ración negativa. El hombre sigue siendo la medida de lo universal y el prototipo de las
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actitudes y metas que se alcanzan en el espacio público. Por el contrario, lo femenino
sigue perdiendo en esa concepción jerárquica de la realidad, en la que por ejemplo la
maternidad aún carece del reconocimiento social que merecería.
Los niños y las niñas se siguen educando en el ámbito familiar de acuerdo con los esque-
mas propios del patriarcado. A pesar de los cambios producidos en las últimas décadas,
muy especialmente la incorporación de la mujer al mundo laboral, no se han producido
una transformación signicativa de los patrones en los que nuestros hijos e hijas son
socializados. En buena parte de los hogares el varón sigue teniendo la autoridad y sigue
desempeñando, quizás s matizado y erosionado, el papel que en su día desempeñaron
su padre y sus abuelos. Y en buena medida los niños se siguen educando para que sean
Emilios y las niñas para que se conviertan en Sofías. Es decir, las estructuras sociales y
culturales del patriarcado siguen todavía vigentes. Ésta es la explicación de la pervivencia
e incluso aumento de los casos de violencia sobre las mujeres, sin duda una reacción
extrema del varón que se resiste a asumir la igualdad real de sus compañeras y al que le
cuesta trabajo sustituir el contrato basado en su autoridad por un pacto en condicio-
nes de igualdad con ellas. Por ello el legislador acertó al denir la violencia de género
como “la que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y
las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte
de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a
ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia(art. 1 LO 1/2004, de 28
de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género). Además la
evolución experimentada en los últimos años con respecto al tratamiento jurídico de esta
violencia pone de maniesto la necesidad de romper la división tajante entre lo público
y lo privado, en la medida que los poderes públicos han de dejado de permanecer ajenos
a una situación que, como se produce en el contexto de la familia, tradicionalmente se
han entendido que era una cuestión estrictamente privada. El gran cambio empieza a
producirse cuando se entiende que en ese contexto te ponen en peligro derechos fun-
damentales de las mujeres y que por tanto es necesaria la intervención de los poderes
públicos. Algo que deja muy claro la LO 1/2004 al armar en su exposición de motivos
que “la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado”.
Junto a esa dimensión transversal de la división entre lo público y lo privado, en las
sociedades actuales se están produciendo otras erosiones de las fronteras tradicionales
entre esos dos espacios que acaban incidiendo en la garantías de los derechos de la
ciudadaa. De entrada, y gracias sobre todo a los medios de comunicacn y muy
especialmente la televisión, lo privado y lo íntimo se está convirtiendo en público. En
muchas ocasiones por una interferencia indebida de los medios - y por lo tanto sancio-
nable de acuerdo con el ordenamiento jurídico – y en otras con el consentimiento del
titular del derecho al honor y a la intimidad. En este sentido no debemos olvidar que
la teoría de los derechos es siempre una teoría de los límites. El problema está en que
en la mayor parte de las ocasiones esos límites son escurridizos, variables, maleables.
En este caso estamos ante un conicto entre derechos fundamentales de difícil resolu-
ción. Un conicto entre los derechos que tienen que ver con el entorno más privado
del individuo - derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen (art. 18 CE) – y
otras libertades que son esenciales en una sociedad democrática, tales como la libertad
de expresión y de comunicación (art. 20 CE). El art. 20.1 CE deja muy claro que estas
libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en
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los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a
la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”. Por
su parte, la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, dispone que el titular de sus derechos puede
disponer libremente de esos espacios de privacidad, de forma que no se apreciará la
existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresa-
mente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto
su consentimiento expreso” (art. 2.2) Por lo tanto, y tal y como vemos con frecuencia
en los medios de comunicación, los ciudadanos que así lo deseen pueden convertir en
público su ámbito más privado siempre que lo hagan por voluntad propia. El problema
está en que en los últimos años estamos asistiendo a un cambio en la valoración de lo
que tradicionalmente se han entendido como esfera íntima de cada sujeto, de manera
que en ocasiones se confunden las fronteras y se diluyen los espacios de protección.
Hay que tener en cuenta que el art. 2.1 de la LO 1/1982 dispone que la protección del
honor, de la intimidad y de la propia será delimitada no sólo por las leyes sino también
por los usos sociales, atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada
persona reservado para misma o su familia”. En la actualidad corremos el riesgo de
entender que los usos sociales están llevando a una erosión de las murallas, hasta hace
poco tiempo infranqueables, que protegían nuestra intimidad. A ello está contribu-
yendo de manera determinante el uso de Internet. En la red se diluyen completamente
la separación entre lo que es privado y lo que compartimos con los demás. Portales
como Facebook o la misma proliferación de los blogs nos sitúan ante un nuevo espacio,
radicalmente “democratizado”, en cuanto al acceso igualitario de todos, y en el que lo
privado de manera inmediata se convierte en público. Por lo tanto, la red no sólo nos
permite dar el salto espacial de la interconexión de todo el planeta sino también otro
más complejo de nuestra vida privada a un espacio compartido por a veces miles de
internautas que a veces sólo se conocen por el nick que utilizan en la red
5
.
La vida privada se vende, se negocia con ella, convierte en personajes públicos a los
que antes eran anónimos, se instala en nuestras salas de estar a través de la televisión.
Hemos pasado de la reivindicación del derecho a que nos dejen en paz al uso y mercadeo
con nuestra privacidad en una sociedad en la que ser famosose ha convertido en una
aspiración que cotiza más que el rito o la capacidad. De esta forma las fronteras
entre lo público y lo privado se diluyen con el objetivo de conseguir un status que no
tiene que ver con el reconocimiento público sino más bien con la presencia pública,
con la exposicn permanente de la vida privada a los focos, con unos reality shows
que pretenden sustituir a la realidad y en los que vale cualquier pretexto – una carrera
musical, la construcción de una casa, una formación artística – con tal de que sean las
emociones y los sentimientos los que monopolicen la pantalla. Ello conecta con otra
transformación evidente en nuestras sociedades: el peso de lo emocional, incluso de lo
dramático, en la conformación de nuestras comunidades. Nos sentimos parte de una
colectividad en buena medida gracias a las descargas emotivas que generan los aconte-
cimientos que nos llegan a través de los medios de comunicación. Vivimos, pues, en
un espacio emocional”, en el que los medios provocan en la sociedad una alerta sen-
timental permanente que es la que nos acaba aglutinando
6
. De esta manera se crea un
espacio público dramatizado, dominado por las imágenes, sin tiempo para la reexión,
construido sobre descargas emocionales temporales y efímeras.
5 La red origina otros proble-
mas como el exceso de infor-
mación que, paradójicamente,
provoca en muchos casos
ausencia de información. La
“horizontalidad” que genera
la red supone ausencia de
criterios jerárquicos, lo cual
supone un grave riesgo para
el conocimiento.
6 “Pensemos concretamente
en el efecto emocional de las
tragedias, que no son más
dramáticas que las de otras
épocas, pero que nos golpean
ahora con una inaudita
capacidad de conmover. Hay
algo común en la respuesta
que provocan las catástrofes
ecológicas, el terrorismo, las
guerras o el pánico bursátil:
una electricidad sentimental
que configura comunidades
de indignación, tan poderosas
como efímeras” (Innerarity,
2006: 40).
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En la actualidad estamos asistiendo a un doble proceso que transcurre en paralelo (Inne-
rarity, 2006: 34). Por una parte, se esproduciendo una privatización de lo público,
lo cual se traduce a su vez en dos efectos. El primero es la ya comentada presencia de
lo privado en el espacio público. El segundo es la personalización de la política, en el
sentido de que se priman las personas sobre las ideas y los personajes sobre los pro-
yectos ideológicos. Algo que se evidencia claramente en cualquier proceso electoral y
cuyo ejemplo más evidente, imitado por todas las democracias, es el norteamericano.
En ellos se trata de convencer al elector a través de la personalidad del candidato, de
su trayectoria (de la que se destacan especialmente los datos concernientes a su vida
privada, a su familia, a sus orígenes), de su capacidad de conectar emocionalmente
con la ciudadanía
7
.
Por otra parte, asistimos a una politización de lo privado en la medida en que se con-
vierten en problemas públicos asuntos tradicionalmente vinculados a la vida privada.
Piénsese en todo lo relacionado con la orientación sexual, con las identidades o con
las creencias religiosas
8
. Lo personal, como defendía el feminismo, ha acabado por
convertirse en político y se ha situado en primera línea de las agendas políticas. Ello
genera no sólo nuevas demandas para los ordenamientos jurídicos sino que también
genera conictos de difícil resolución en la medida en que se ponen en juego claves
sentimentales y emocionales del individuo. Esta cuestión nos lleva a un segundo reto
para el espacio público: la gestión de su creciente diversidad.
3. El espacio público como el espacio de la “extrañeza
El modelo liberal, sobre el que hemos construido el edicio jurídico y político de la
modernidad, se construyó sobre una serie de cciones. Una de ellas fue la de la homo-
geneidad. Se pretendió crear un espacio público lo más homogéneo posible, en el que
se diluyeran los conictos que, en todo caso, quedaban relegados al ámbito privado.
Éste era el lugar de las identidades, de las diferencias, de las tradiciones. La diversidad
quedaba pues oculta en los espacios privados o, en todo caso, domesticada. Por ello no
es casual que en la actualidad sean las mujeres las que se vean en mayor afectadas por el
peso de determinadas tradiciones que dicultan su libre desarrollo de la personalidad.
Ellas han sido históricamente las guardianas de esas tradiciones que se mantenían
y prorrogaban en el ámbito doméstico. Por el contrario, los hombres, que siempre se
han desarrollado en el espacio blico, no han tenido por qué mantenerse “elesa
las tradiciones
9
. Por el contrario, ellos han tenido que asumir los valores públicos para
cumplir adecuadamente su papel de proveedores, para ser prestigiosos profesionales y
para mantener el orden del que siempre han sido guardianes.
El edicio jurídico del liberalismo se articuló sobre dos principios básicos: el principio
de legalidad y de igualdad formal ante la ley. El individuo era un sujeto abstracto, al que
se le aplicaba la ley general y común para todos. No se tenían en cuenta las singularida-
des de cada individuo. Frente al Antiguo Régimen, el gran triunfo de las revoluciones
burguesas fue la consecución de unas normas que se aplicaban a todos por igual, sin
distinciones estamentales ni privilegios. Y aunque el titular de los derechos, al que se
le aplicaba el ordenamiento, era un sujeto asexuado, abstracto, realmente respondía a
los caracteres del varón heterosexual y propietario, es decir, del “buen padre de fami-
lia sobre el construye la sociedad de acuerdo con una serie de conexiones binarias y
jerárquicas: masculino/femenino, blico/privado, razón/sentimientos, heterosexual/
homosexual.
7 Encontramos muchos
ejemplos de este tratamiento
emocional en la campaña de
las elecciones presidenciales
norteamericanas de 2008.
Por ejemplo en EL PAIS del
sábado 25 de octubre de
2008 se podía leer el siguiente
titular: Obama viaja a Hawai
para visitar a su abuela
enferma. En este sentido, y
como bien analizaba en las
páginas del mismo periódico
Antonio Núñez, “los partidos
y candidatos estadouniden-
ses están recuperando una
prehistoria herramienta de
comunicación: el relato. El
relato presenta múltiples
ventajas como herramienta
de comunicación política en
esta sociedad saturada de
mensajes. Un relato capta
nuestra atención porque es
lúdico, sensorial y emocional.
Un relato viaja bien entre los
distintos tipos de tecnolo-
gías y medios, al adaptarse
fácilmente a sus diferentes
posibilidades de comunica-
ción. Es una unidad cargada
de sentido en sí misma, es
mnemotécnico a la hora de
volverse a contar y, sobre
todo, favorece la propagación
del debate”. “Obama, McCain y
los dueños del fuego, El País,
17-10-2008.
8 Hasta el propio legislador ha
incorporado esas reclama-
ciones. Por ejemplo, el nuevo
Estatuto andaluz (LO 2/2007)
reconoce como derecho la
“identidad de género (art. 35).
9 Como bien explica Ana
Rubio (Rubio y Herrera, 2006:
35), las mujeres fueron exclui-
das del pacto y abandonadas
en la Naturaleza.
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La concepción formal de la igualdad se completa tras la segunda mitad del siglo XX
cuando al Estado se le añade el adjetivo de “social” y los poderes públicos inciden en la
realidad para corregir las desigualdades. Es entonces cuando se incorpora al constitu-
cionalismo el principio de igualdad material que supone una revisión de determinados
paradigmas del liberalismo: el Estado no puede permanecer ajeno a las situaciones en
que se encuentran los ciudadanos y las ciudadanas, éstos no son individuos abstractos
sino que son sujetos en un determinado contexto y con una posición social que en
muchos casos es de histórica discriminación, las leyes generales y abstractas no pueden
responder a las necesidades de un escenario en el que no todos los actores leen el guión
de la misma manera. Como ordena el art. 9.2 CE, los poderes públicos tiene que remo-
ver los obstáculosque impiden que la igualdad de los individuos y de los grupos en que
se integran sea real y efectiva. El derecho debe aplicarse pues de manera desigual a los
que estén en distintas posiciones e incluso es legítimo actuar de manera preferente sobre
un determinado grupo o conjunto de individuos siempre que haya una justicación
objetiva y razonable (acciones positivas). De esta manera, y tal y como reiteradamente
ha mantenido nuestro Tribunal Constitucional, el principio de no discriminación” ha
de interpretarse de manera conjunta con el de igualdad material. Es decir, cuando el art.
14 CE dispone que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
no podemos perder de vista que el art. 9.2 CE obliga a adoptar medidas a favor de los
ciudadanos y las ciudadanas que, por alguna circunstancia, tienen dicultades para gozar
en condiciones de igualdad de los derechos y libertades. Es esta interpretación conjunta
la que legitima una aplicación diversa del ordenamiento e incluso un trato “privilegia-
dopara grupos de ciudadanos/as que arrastran una histórica discriminación
10
. El caso
más evidente es el de las mujeres ya que es transversal a todos los demás. Así lo puso
de maniesto el legislador español en la reciente Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: “Las mujeres y los hombres son iguales
en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer
efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su
circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente,
en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo
de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática,
más justa y más solidaria” (art. 1.1)
En el presente siglo, y como consecuencia de los procesos globalizadores, las sociedades
democráticos deben asumir dos retos esenciales desde el punto de vista de la igualdad.
El primero de ellos tiene que ver con los efectos que la globalización está provocando
en las condiciones de bienestar y calidad de vida de los individuos. Es evidente que
estamos asistiendo a un incremento de la desigualdad, de la exclusión y de las distancias
entre quienes tienen más que cubiertas sus necesidades vitales y los que tienen cada día
más dicultades para sobrevivir. Una tensión que cobra un especial vigor en los actuales
momentos de crisis económica. La prolongada crisis del Estado Social, la omnipotencia
del mercado, la primacía de la lógica de la economía sobre la política, no sólo está pro-
vocando una serie de “víctimas” sino que también está erosionando muchas conquistas
sociales que creíamos que constituían derechos humanos y que por tanto debían ser
garantizadas a cualquier hombre o mujer por el simple hecho de serlo. Es necesario
recuperar el papel prioritario de las políticas sociales, de las medidas correctoras de las
10 Lo deja muy claro el art.
10.1 de la LO 2/2007 del
Estatuto de Autonomía para
Andalucía: “La Comunidad
Autónoma de Andalucía
promoverá las condiciones
para que la libertad y la igual-
dad del individuo y de los
grupos en que se integra sean
reales y efectivas; removerá
los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud y
fomentará la calidad de la
democracia facilitando la
participación de todos los
andaluces en la vida política,
económica, cultural y social. A
tales efectos, adoptará todas
las medidas de acción positiva
que resulten necesarias”.
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desigualdades, de los límites al mercado y a los dictados de un capitalismo salvaje que
están subrayando las diferencias entre los vencedores” y vencidos(Fariñas, 2006).
A su vez es necesario desarrollar políticas económicas más sostenibles, más respetuosas
con la Naturaleza y más atentas al desarrollo de los pueblos que históricamente han sido
la “despensa” y la “mano de obrade los países que manejan el Derecho Internacional
en función de sus intereses. En este sentido deberíamos prestar más atenciones a las
propuestas del denominado ecofeminismopor lo que suponen de revisión de una
racionalidad pública basada en la explotación y en la lógica masculina de la dominación
y la violencia (Agra, 1998; Holland, 1996; Shiva, 1997).
El segundo reto tiene que ver con la creciente heterogeneidad del espacio público, la
cual puede ser fuente de conictividad pero también de enriquecimiento
11
. El sujeto
abstracto ha dejado de existir, el nosotros” se ve sacudido en sus fronteras por los
otros”, las identidades reivindican reconocimiento público y ello genera en muchas
ocasiones conictos y tensiones. El miedo a la diferencia, el individualismo egoísta,
el temor a tener que compartir bienes escasos, los prejuicios e ignorancias sobre otras
culturas, provoca en muchas ocasiones reacciones violentas y conduce a una peligrosa
erosión de los vínculos sociales. Algo mucho más evidente en épocas de crisis econó-
mica, en las que es más fácil que se refuerce el discurso de la seguridad” y se consolide
una diferenciación jerárquica entre “nosotros” y los “otros”. De hecho, en los últimos
años, muchos países han reformado sus leyes de acuerdo con esta visión del inmigrante y
han llegado incluso a sacricar libertades clásicaslas garantías procesales, por ejemplo
– en nombre de la seguridad de un mundo que se cierra sobre sí mismo, que pretende
elevar murallas para que nadie perturbe su dorado bienestar.
La diversidad del espacio público plantea una serie de exigencias a la teoría de los dere-
chos humanos y, muy especialmente, al entendimiento de la igualdad. Es necesario,
ahora más que nunca, profundizar en la vertiente material de la misma y entenderla
como un principio democrático que garantiza nuestra individualidad. Es decir, es nece-
sario entenderla como “igualdad de reconocimientopara desde ella garantizar nuestro
derecho a desarrollarnos de manera autónoma, libre y de acuerdo con las coordenadas
identitarias que elijamos
12
. Ello genera a su vez la necesidad de articular mecanismos
que permitan el diálogo entre esas identidades diversas y la resolución pacíca de los
posibles conictos que puedan producirse en unos escenarios de creciente pluralismo.
El espacio público debe, pues, articularse sobre el encuentro, el diálogo y la concordia.
Para ello será necesario poner en marcha las siguientes estrategias:
- Es necesario desarrollar técnicas de traducción intercultural, que nos permitan el
acercamiento a otras identidades y que nos ayuden a llevar a cabo también un análisis
crítico de nuestra propia identidad (Herrera, 2005a). En ello ha de jugar un papel
fundamental la educación. La educación “para la ciudadanía” ha de ser una educación
para la convivencia en un espacio cada vez más plural y diverso. Deberemos construir
la ciudadanía no tanto sobre la nacionalidad sino sobre los valores que permitan con-
ciliar lo común y lo diferente. Esa ética mínima que ha de permitir el desarrollo de
las éticas de máximos” mediante las que cada individuo elija desarrollar libremente
su personalidad y construir su plan de vida. De ahí que la educación deba tener dos
objetivos fundamentales: educar en los valores comunes y propiciar el conocimiento,
y la crítica, de los valores diferenciales. No hay que olvidar que el 27.2 CE deja muy
11 Estamos asistiendo a “una
crisis de la maquinaria del
Estado Nación inventada para
separar inequívocamente a
los <<de dentro>> de los
<<de fuera>>” (Bauman,
2007: 162)
12 “Este planteamiento supera
el tradicional esquema defen-
dido por las teorías políticas
liberales basado en la autono-
mía y libertad individual; y las
teorías políticas igualitarias – o
socialdemócratas – centradas
en la necesidad de distribuir
riqueza para equilibrar el
desfase social. Ambas se cen-
tran en la idea de propiedad
para elaborar su teoría de la
justicia, la primera pegada a
la libertad individual – sin inje-
rencia estatal – y la segunda
cercana a la idea de igualdad
distributiva. Sin embargo,
ambas se olvidan de la
igualdad de reconocimiento
y del poder de las instancias
socializadoras para colocar y
etiquetar a la ciudadanía de
primer y segundo nivel… (Gil,
2007: 29-30).
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claro que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales” (Lema, 2007).
- Como he señalado con anterioridad, la teoría de los derechos es siempre una teoría
de los límites. Por ello es necesario plantearnos también dónde situamos los límites de
un pluralismo cultural, sin los cuales difícilmente mantendremos una “paz social”. La
respuesta, que necesariamente ha de ser compleja y vacilante, la encontramos de nuevo
en el art. 10.1 CE. El límite infranqueable para las identidades está marcado por “la
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo
de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás
13
. No sepues cons-
titucionalmente admisible una identidad, o un elemento de una identidad cultural, que
ponga en peligro la dignidad o que atente contra el libre desarrollo de la personalidad.
De esta manera, por ejemplo, no deberíamos considerar amparadas por el pluralismo
las manifestaciones culturales que impiden el libre desarrollo de las mujeres
14
.
En este sentido debemos entender el concepto de orden públicoque el art. 16 CE
utiliza como límite de las libertades ideológica y religiosa. El orden público” está cons-
tituido básicamente por los valores democráticos que permiten el pleno desarrollo de la
personalidad del individuo
15
. Así habría que entender a su vez los límites que establece
el art. 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa cuando dispone
que “el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene
como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades
públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud
y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la
Ley en el ámbito de una sociedad democrática
16
.
- La creciente diversidad de nuestras sociedades, en las que, como he señalado, ya no
tiene sentido seguir hablando de un individuo abstracto sometido a la igualdad formal
de la ley, no podemos partir de una visión “imperialistay de una óptica exclusivamente
occidental sobre los derechos y la dignidad. También la universalidad debe construirse
desde el diálogo y también nuestra propia concepción de los derechos debe someterse
a crítica. Hemos de entender los derechos humanos como procesos de lucha por la
dignidad(Herrera, 2005b) y por tanto como conceptos abiertos, que se van haciendo,
que vamos moldeando y que están sujetos a reconstrucciones. La universalidad debe ser
por lo tanto un proceso y no tanto un punto de partida a partir del cual llevamos a cabo
ese ejercicio un tanto nico que es el de la tolerancia. Los sujetos distintos y plurales han
de participar en un proceso deliberativo que permita lajación de unos valores comunes
sin los que no será posible la convivencia. Unos valores que, en gran medida, coinciden
con los alcanzados, al menos formalmente, en los contextos democráticos occidentales,
pero a los que habrá que sumar concepciones de la dignidad que pueden aportar otros
matices o que incluso pueden mejorar la denición de los derechos que desde el o
1948 hemos considerado como piezas clave del “consenso democrático”.
- Los criterios comentados son los que deben servirnos para situarnos a las creencias
religiosas en el lugar que verdaderamente les corresponde, el ámbito privado, y para
regular su presencia en el espacio público. El ámbito público democrático debe ser un
espacio laico, apoyado en una serie de valores compartidos por todos y que, a su vez,
permitan las creencias que cada individuo decida tener o no tener. Esas creencias no
13 Lo deja muy claro el art.
1 de la Convención sobre la
protección y promoción de la
diversidad de las expresiones
culturales de 2005: “sólo se
podrá proteger y promover la
diversidad cultural si se garan-
tizan los derechos humanos y
las libertades fundamentales
como la libertad de expresión,
información y comunicación,
así como la posibilidad de
que las personas escojan sus
expresiones culturales”.
14 En los últimos años el
legislador ha prestado una
atención específica a este
límite. Así por ejemplo al art.
13 de la Ley balear 12/2006,
de 20 de septiembre, para la
mujer, prohíbe en los centros
docentes sostenidos con
fondos públicos o privados
“las desigualdades entre el
alumnado sustentadas en
creencias, ideologías, tradi-
ciones o prácticas consuetu-
dinarias transmisoras, directa
o indirectamente, de una
distribución estereotipada
de papeles entre los sexos o
de una imagen de domina-
ción de un sexo sobre otro
en cualquier ámbito de la
vida (art. 13). Además la ley
obliga a las Administraciones
públicas baleares a garantizar
el respeto a los derechos
fundamentales de las mujeres
por encima de cualquier
condición cultural, religiosa
o sexual, para impedir que se
lleven a cabo prácticas que
atenten contra la integridad
de niñas y mujeres” (art.
49.4). En un sentido similar
se pronuncia el art. 21. 8 de la
Ley de Castilla y León 1/2003, de
3 de marzo, para la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres.
15 Esos valores han de identi-
ficarse con los propios de “una
moral democrática no confe-
sional, integrada por criterios
éticos plenamente aceptados
y valores cívicos asumibles”
(Barrero, 2007: 208-209).
16 También habría que
recordar como límite de estas
libertades lo que dispone el
art. 6 LO 7/80: “Las Iglesias,
Confesiones y Comunidades
religiosas inscritas tendrán
plena autonomía y podrán
establecer sus propias normas
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deben incidir en las decisiones políticas, más allá de cómo pueden hacerlo las reivindi-
caciones de cualquier grupo o colectivo ciudadano. Pero la ley no tiene por qué reejar
los criterios morales de una determinada religión. La ley debe ser el paraguas ético
que permita la convivencia de diferentes cosmovisiones. Además, las ceremonias o actos
promovidos por los poderes públicos deben ser estrictamente civiles y no tener ninguna
connotación religiosa, debiendo desaparecer de ellas toda la simbología propia de una
determinada confesión. De la misma manera, la educación pública no ha de obedecer
a los criterios morales de unas creencias singulares, y ni siquiera debe ser el espacio
idóneo para la difusión de sus credos. Al contrario, la escuela pública debe ser el lugar
de formación y sensibilización en la ética compartida por todos y, en todo caso, deberá
prestar atención a las religiones en cuanto factores culturales e históricos
17
.
4. El espacio público como un espacio de participación.
Los sistemas democráticos han acabado consolidándose como democracias representa-
tivas en las que no los canales de la representación política están prácticamente mono-
polizados por los partidos políticos. Unos partidos normalmente poco democráticos en
su funcionamiento interno y que suelen actuar como grandes maquinarias que, al estilo
de las empresas que buscan clientes o consumidores, buscan apoyos electorales con la
complicidad de los medios de comunicación y bajo un progresivo debilitamiento de
los discursos narrativos que tradicionalmente sirvieron para ubicarnos ideológicamente
(Salazar, 2005).
En unos sistemas constitucionales en los que los mecanismos de participación directa de
la ciudadanía han quedado reducidos a una presencia prácticamente testimonial y en los
que la tríada partidos-grupos de interés- medios de comunicación controlan todos los
circuitos políticos, los ciudadanos hemos llevado a su extremo la que Constant denomi-
nó “libertad de los modernos”. Nos hemos ido despreocupando de manera progresiva
de los asuntos públicos y nos hemos centrado en nuestros intereses personales tan ínti-
mamente conectados con los verbos propios del capitalismo: tener, consumir, competir.
Ello a su vez ha ido forjando unas tendencias cada vez más individualistas de manera
que podíamos decir que el ciudadano ha sido sustituido por el consumidor. Incluso
nuestros representantes y los partidos nos tratan como tales. Nos ofrecen un producto,
nos seducen y nos incitan a comprarlo o a rechazarlo. Con la ayuda impagable de los
medios de comunicación, de la publicidad y de las técnicas de marketing.
Y ello se traduce no lo en el aumento imparable de los índices de abstencn en
los procesos electorales o en el descenso del número de aliados en los partidos, sino
también en la propia vida de las ciudades. En ellas han ido desapareciendo los luga-
res de encuentro, de conversación, de política en denitiva. La plaza pública ha sido
sustituida por el centro comercial en el que actuamos no como ciudadanos sino como
consumidores y en el que predomina por tanto el individualismo, la incomunicación,
el desencuentro, el egoísmo. Algo que también podamos constatar en nuestras calles
cuando vemos a una mayoría de personas hablando con su móvil u oyendo su Ipod.
Cada vez tenemos menos fórmulas de sociabilidad. En este contexto, los vínculos socia-
les se debilitan y la comunicación, base de la participación, es sustituida por monólogos
y en todo caso por diálogos que se establecen entre el vendedor y el comprador. Los
escenarios están presididos ahora por la inmediatez, por la espectacularidad, por los
factores emocionales, por los discursos sensibles. Se busca ante todo que el individuo se
de organización, régimen
interno y régimen de su
personal. En dichas normas,
así como en las que regulen
las instituciones creadas por
aquéllas para la realización de
sus fine, podrán incluir cláu-
sulas de salvaguardia de su
identidad religiosa y carácter
propio, así como del debido
respeto a sus creencias, sin
perjuicio del respeto de los
derechos y libertades reco-
nocidos por la Constitución, y
en especial de los de libertad,
igualdad y no discriminación”.
17 Lo cual no quiere decir
que las religiones no deban
cumplir un importante papel
en la definición de los “valores
comunes”. Todas las confesio-
nes deberían hacer un esfuer-
zo por dialogar y encontrar
puntos de encuentro, los
cuales tendrán que ver con
su mirada compasiva sobre el
ser humano y habrán de estar
íntimamente conectados con
valores como la fraternidad o
la solidaridad. Como requisito
previo, todas las confesiones
deberían hacer un esfuerzo
por democratizar sus estruc-
turas y por fomentas sus
lecturas no fundamentalistas,
las cuales, obviamente, cierran
cualquier posibilidad de diálo-
go (Tamayo y Fariñas, 2007).
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emocione, sienta necesidades, participe de una masa que decide por él. Todo eso antes
de que reexione, contraste, analice y piense por sí mismo.
La plaza pública es ahora Zara, El Corte Inglés o cualquier otra gran supercie comer-
cial, en la que ni siquiera miramos a los demás, sino que sólo miramos los productos
que nos incitan a consumir. De nuestro entendimiento del ocio ha ido desapareciendo
además la tertulia, la conversación, el contraste de nuestras ideas con las de los demás.
Cada vez tenemos menos oportunidades de construir nuestro pensamiento a partir
de nuestra relación con el otro. Cada vez pasamos más a horas a solas, delante de la
televisión o del ordenador, o de nuestra maquinita de juegos, o escuchando música en
nuestro mp3. Al mismo tiempo que crecen y mejoran las condiciones materiales de
nuestro bienestar, no deja de crecer la soledad, la inseguridad, la incertidumbre. Las
relaciones humanas cada vez son más frágiles, temporales, interesadas, líquidas (Bauman,
2005). En esta paradoja se pone de maniesto las exigencias contradictorias que recla-
mamos a la ciudad. Por una parte pretendemos que sea un lugar de anonimato, donde
sea posible la diversidad, pero al mismo tiempo esas condiciones generan aislamiento,
soledad, indiferencia. Ésta es la gran paradoja en la que está encerrado el ciudadano del
siglo XXI, la cual no sólo provoca importantes carencias en el funcionamiento de las
democracias sino que también genera malestar en un individuo que cada día que pasa
está más solo. Ahora bien, en una soledad doradaen la que no faltan, para muchos,
bienes materiales que le ofrecen un simulacro de felicidad.
El espacioblico, colonizado pues por el consumidor y del que ha desertado el ciu-
dadano, sufre a su vez un triple proceso de fragmentación:
1º) De una parte, ese espacio se ha convertido en el escenario de reclamaciones priva-
das. Colectivos, asociaciones, foros, movimientos sociales, muchos de ellos de carácter
temporal, reivindican intereses parciales a los que los poderes públicos tratan de hallar
respuesta. De esta manera, la sociedad acaba convertida en un conjunto de minorías” y
el gobierno en ununa organización no gubernamental que se encarga de atender direc-
tamente sus demandas” (Innerarity, 2006: 52). De nuevo la lógica del mercado parece
imponerse: la política es colonizada por la ley de la oferta y la demanda, de manera que
el escenario público acaba convertido en una selva en la que lo sobreviven los más
fuertes. Ello provoca dos consecuencias negativas para la salud de nuestras democracias.
De un parte, se pierde la perspectiva de los intereses comunes, de una visión global
sobre las necesidades y problemas de la sociedad. De hecho, las propias ofertas de los
partidos políticos han perdido su carácter de programas coherentes, ideológicos, y se
han convertido en una suma de respuestas parciales a reivindicaciones concretas. Este
panorama genera a su vez el desarrollo de políticas clientelares: los poderes públicos,
los partidos, tratan de responder a las expectativas de determinados colectivos a cambio
del apoyo de estos en sus contiendas electorales. Todo ello provoca que en la práctica
las instituciones propias de las democracias hayan perdido buena parte del papel que
tradicionalmente desempeñaron. Es el caso por ejemplo de los Parlamentos, que han
dejado de ser el espacio de la confrontación de posiciones políticas, del debate y de la
búsqueda de la denición de los intereses colectivos. Ahora las negociaciones se hacen
fuera de las Cámaras legislativas y al margen de los procedimientos que el Estado de
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Derecho instauró como garantía de transparencia y pluralismo. Ni siquiera los grandes
debates tienen lugar en ellas. Los debates se plantean en los medios y los intereses se
negocian en los despachos. Mientras tanto, la audiencia mira pero no escucha, sufre
pero no participa.
2ª) En las ciudades hemos fragmentado los espacios y los tiempos en función del papel
que en cada momento desempeñamos
18
. No es el mismo espacio en el que trabajamos
que en el que vivimos, en el que acudimos a determinados servicios públicos o en el
que consumimos. Todo ello diculta la percepción de los intereses comunes y nuestra
interrelacn como ciudadanos. En cada uno de esos espacios, y en los tiempos en
los que los ocupamos o transitamos por ellos, respondemos a un determinado papel.
Esta fragmentación es muy evidente en relación al ocio en las ciudades, el cual ha sido
expulsado del centro y se ha concentrado en grandes espacios que incitan al consumo
permanente y en el que la intercomunicación se diluye ante la presión de los rótulos
iluminados, de la música de fondo o de las ofertas que tratan de seducirnos (Innerarity,
2006: 116)
3º) Las ciudades se fragmentan en función de las categorías de ciudadanos que habitan
en una determinada zona o barrio
19
. Es lo que Daniel Innerarity denomina etnicación
de los espacios”. Cada grupo ocupa un territorio diferenciado, lo cual diculta la inte-
gración y la conformación de los intereses comunes. Esta fragmentación reeja nuevas
formas de desigualdad social y contribuye a que las ciudades se conviertan en mosaicos
en los que es muy complicado establecer redes y espacios de encuentro. Esta etnicación
se está haciendo más evidente con el crecimiento de la población inmigrante en nuestras
ciudades, la cual está siendo ubicada en barrios o zonas marginales, con una importante
conictividad social que se ve acrecentada con la llegada de estos colectivos
20
.
Paralelamente, las clases medias y altas se repliegan en urbanizaciones en las afueras
de la ciudad, en grandes islas amuralladas y en muchos casos protegidas “del exterior”
mediante vigilancia privada. Estos barrios residenciales representan el triunfo de la
lógica del mercado sobre la de la política. Son la máxima expresión de un bienestar indi-
vidualista, vinculado a la propiedad y carente de referentes comunitarios. En la mayoría
de esas urbanizaciones, sólo una piscina, que suele situarse en el centro, rodeada de los
bloques o de las casas que la circundan, constituye un lugar de encuentro, en todo caso
temporal y poco propicio para la creación de lazos comunes. La piscina comunitaria
aparece más como el símbolo de un determinado estatus pequeño-burgués que como
pretexto para la comunicación. Ese lugar con aparece además como un espacio
de rdida de intimidad y de privacidad. Nuestras vidas, nuestras salidas y entradas,
nuestros acompañantes, quedan a la vista de esa plaza circundada por bloques a través
de cuyas ventanas todos miran.
Esos barrios suelen carecer de los servicios esenciales, de lugares de encuentro, más allá
del centro comercial más próximo. Es decir, no suele haber en ellos plazas ni mercados
ni lugares que propicien la vida colectiva. En esos contextos es muy complicado que los
niños y las niñas forjen una memoria ligada a un lugar en el que empezaron a hacerse
hombres y mujeres. Sus vidas además estarán tremendamente fragmentadas: irán a un
colegio que no es en su barrio, pasarán sus horas de ocio en un centro comercial,
muchos de ellos tendrán una segunda vivienda en la que pasarán sus vacaciones. A
diferencia de lo que ocurría en las antiguas ciudades, y todavía hoy en los pueblos, en
18 “Cuando uno vive en un
sitio, trabaja en otro y compra
en otro distinto, ya no existe
el ciudadano como habitante
de un espacio público en el
que se discutían y decidían los
conflictos entre la vida, la eco-
nomía y la cultura (Innerarity,
2006: 116).
19 En la ciudad de Córdoba
hay un ejemplo “flagrante”
de esta fragmentación. Me
refiero a LA CIUDAD DE
LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS
creado como una especie de
“parque temático” para el ocio
infantil. Un lugar que no está
en el centro, al que hay que
ir, y que dispone de zonas
verdes y de atracciones para
que los niños jueguen. Es
decir, también en este caso
se delimita y se concentra en
un espacio urbano el tiempo
libre de los niños, en lugar
de, por ejemplo, recuperar las
plazas o los parques urbanos
como lugares para el juego y
el encuentro.
20 Esta etnificación” se
proyecta en diversas con-
secuencias que dificultan la
integración de los inmigrantes
y la búsqueda de espacios
interculturales. Un ejemplo
muy evidente podemos
encontrarlos en los problemas
que en los últimos años está
experimentando en muchas
ciudades la escolarización de
la población inmigrante y en
su rechazo en muchos centros
docentes privados concerta-
dos. Ello está provocando una
progresiva concentración de
estos niños y niñas en centros
públicos de barrios con pro-
blemas de marginación social
mientras que los centros de
otras zonas “privilegiadas”
tratan de “amurallarse frene a
la llegada masiva de hijos de
inmigrantes a sus aulas.
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estas estructuras urbanas es muy complicado generar un sentimiento de pertenencia a
una comunidad y, por lo tanto, es muy difícil generar hombres y mujeres preocupados
por lo colectivo. Difícilmente un niño que viva en la comodidad de su urbanización
amurallada podrá entender las enormes diferencias que lo separan del que, procedente
de otro país, ha ido a vivir a un barrio marginal o se ha instalado en un centro de la
ciudad cada vez más abandonado. Porque otra consecuencia de todo lo anterior, es que
el centro de las ciudades, salvo en aquellas que pueda tener una muy evidente dimen-
sión turística, acaba degradándose, perdiendo el pulso vital que tuvo en otras épocas
e incluso acaba convertido en escenario idóneo para colectivos marginados.
21
Por lo
tanto, el mismo diseño urbanístico de nuestras ciudades pone dicultades a la creación
de espacios interculturales y a la creación de un espacio público en el que se encuentren
los intereses particulares y se tramiten para llegar a un consenso sobre el bien común.
Por el contrario, cada espacio defendesu parcela de libertad y poder frente a los demás
espacios que se concebirán como enemigos.
Esos nuevos espacios de las ciudades ofrecen, además, mayores dicultades para el desa-
rrollo personal y profesional de las mujeres. En la medida en que éstas siguen siendo,
en un porcentaje todavía muy elevado, las responsables de las labores domésticas y de
cuidado, son las que más sufren las carencias de unos espacios urbanos en los que faltan
servicios básicos, en los que es necesario utilizar siempre el coche o el transporte público
que no siempre responde a las expectativas de la ciudadanía - y que siguen respon-
diendo a la lógica de un contrato en el que el hombre se desarrollaba en lo público y la
mujer no se movía de los espacios privados. En unos momentos en los que las mujeres
se han ido incorporado a lo público pero continúan siendo en gran medida responsables
del ámbito privado, la actual estructura de nuestras ciudades diculta sobremanera la
conciliación de la vida personal y familiar. Y no sólo los espacios, también los tiempos,
que siguen respondiendo a la lógica patriarcal, actúan en contra de las posibilidades
de “libre desarrollo de la personalidad” de las mujeres. De ahí la urgencia de que la
perspectiva de género estuviera presente en el diseño urbanístico y en la programación
de los tiempos de nuestras ciudades.
5. Conclusiones: En busca de una ciudadanía republicana
Las reexiones esbozadas en los folios precedentes inciden en los perles que la ciuda-
danía ha ido adquiriendo en un siglo que nos está mostrando, con más evidencia que
nunca, las insuciencias de un modelo democrático que se sigue apoyando en una serie
de paradigmas que poco tienen que ver con la realidad social, política y cultural del
presente. Creo que buena parte de las respuestas a los retos planteados podrían hallarse
en la profundización en una concepción republicana de la democracia que nos llevaría
a asumir los siguientes tres principios como guía de la acción política (Pettit, 1999):
el entendimiento de la libertad como “no dominación”; la centralidad de la educación
cívica, de la educación en una ética formada por los valores compartidos por todos y
que implica no sólo derechos sino también obligaciones ciudadanas y, nalmente, la
asunción de la democracia como un proceso deliberativo en el que articulemos procesos
que nos permitan conciliar la igualdad con las diferencias para así llegar a un entendi-
miento más justo del “bien común”.
La suma de estos principios nos llevaría a una conguración diversa del espacio público,
de manera que fuera posible conciliar los intereses comunes con la protección de la
21 Un ejemplo que demues-
tra de manera evidente esa
pérdida del centro es cómo
los lugares de ocio se han ido
trasladando progresivamente
también hacia las afueras. Los
grandes centros comerciales
tienden a concentrar muchos
de los espacios que antes le
daban vida a las ciudades:
restaurantes, discotecas, cines.
Pero también las oficinas,
muchos comercios, incluso
las Administraciones públicas
tienden a ubicarse en
espacios alejados del centro y
en zonas donde el individuo
identifica con precisión el
papel que debe desempeñar
cuando transita por ellas. Por
ejemplo en muchas ciudades
andaluzas se ha proyectado
la creación de las denomina-
das ciudades de la Justicia”
como espacios en los que
se concentrarían todos los
edificios relacionados con la
Administración de Justicia.
Vemos como en este caso
incluso con la misma deno-
minación que se utiliza alude
a la creación de “una ciudad
dentro de la ciudad”. Esa sería
la tendencia más evidente
en las modernas ciudades: la
creación de espacios super-
puestos, únicamente unidos
por las vías de comunicación,
que acaban convirtiéndolas
en una sucesión de “parques
temáticos” en los que el
ciudadano adopta el papel de
cliente o consumidor.
38
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diversidad. Para ello sería fundamental recuperar la idea del espacio público como un
espacio de participación, como el ámbito de la ciudadanía y no como un lugar some-
tido a las reglas del mercado
22
. Habría que recuperar pues el papel perdido de la plaza
pública, del ágora, donde se lleve a cabo el encuentro entre nosotrosy los otros” ,
y donde a través de mecanismos deliberativos articulemos la convivencia y la gestión
de los asuntos comunes
23
. Ello debe llevar progresivamente no sólo a una revisión de
las instituciones y procedimientos democráticos sino, de manera más genérica, a una
nueva forma de entender el gobierno y la política: “La política debe transitar desde la
jerarqa a la heterarquía, de la autoridad directa a la conexión comunicativa, de la
posición central a la composición policéntrica, de la heteronomía a la autonomía, del
control unilateral a la implicación policontextual” (Innerarity, 2006: 217-218).
Estas transformaciones encuentran en el ámbito local un espacio privilegiado para su rea-
lización más inmediata. Las ciudades, ese lugar donde habitan todas las paradojas, donde
conviven las exclusiones y las diferencias, constituyen el espacio en el que tendríamos
que ir tejiendo redes que sostuvieran la paz de unas sociedades cada vez más complejas.
Habría que recuperar el pulso vital de las ciudades, su capacidad de conguración de la
ciudadanía, sus espacios de encuentro y reexión. Tal y como arma el preámbulo de
la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos humanos en la ciudad, ésta “es hoy el
espacio de todos los encuentros y, por lo tanto, de todas las posibilidades. Asimismo es
el terreno de todas las contradicciones y de todos los peligros: en el espacio urbano de
fronteras inciertas aparecen todas las discriminaciones ancladas en el paro, la pobreza,
el desprecio de las diferencias culturales, mientras que, al mismo tiempo, se esbozan y
se multiplican prácticas cívicas y sociales de solidaridad”
24
.
Es en las ciudades donde hemos de empezar a dar respuestas locales a problemas globales
y donde podemos ir ensayando modelos alternativos de democracia y, por tanto, de
ciudadanía. Es el contexto en el que los no nacionales deben empezar a participar, en
donde hemos de recuperar la plaza pública como lugar de encuentro, en el que hemos
de poner límites a la ley del más fuerte que es la que impera en un sistema capitalista.
De hecho en los últimos años es en ese ámbito local donde se están dando respuestas
más inmediatas a cuestiones como la inmigración, el desarrollo sostenible o a la pres-
tación de determinados servicios que la crisis del modelo de bienestar ha provocado
que el Estado se desentienda progresivamente de ellos. Por otra parte, ese espacio local
es el que mejor nos puede convertir en sujetos republicanos, implicados en los asuntos
públicos, participativos. Esa idea de proximidad, presente en el mismo término que el
legislador utilizar para referirse a los habitantes de una ciudad, vecinos y vecinos, hace
que sea mucho más fácil construir una comunidad
25
. Es por tanto el ámbito donde
aprovechando la magníca oportunidad que nos ofrecen los fenómenos migratorios
podemos crear espacios interculturales en los que vayamos forjando la ciudadanía sobre
el criterio de la residencia la vecindad - y sobre los valores de una ética mínima y laica
que haga posible la convivencia de múltiples identidades.
De a la necesidad de investigar y poner en práctica una nueva “gobernanza local”
caracterizada por la interacción permanente entre poderes públicos y agentes sociales,
por la coordinacn con otros niveles institucionales y por la creación de redes que
permitan detectar y responder de manera más ecaz a las inquietudes de la ciudadanía.
En este sentido, y tal y como señala el preámbulo de la Carta europea de salvaguarda de
los derechos humanos en la ciudad, frente a la crisis que azota la democracia delegada en
22 En este sentido, debe-
ríamos recuperar la teoría
de Rawls (2002) en la que
es central el concepto de
ciudadanía, la cual implica
a su vez la existencia de una
identidad cívica compartida.
Teoría de la justicia como
equidad. Una reformulación.
Paidós. Barcelona, 2002. Sobre
el proyecto filosófico de Rawls
véase el capítulo 6, titulado
“El reto rawlsiano en clave
republicana, en De Francisco
(2007)
23 “La fuerza política de la
deliberación se acredita
precisamente en su capa-
cidad de institucionalizar el
descubrimiento colectivo
de los intereses (Innerartiy,
2006: 66).
24 En 1998, coincidiendo
con el 50 aniversario de la
Declaración Universal de
Derechos del Hombre, se
celebró en Barcelona la
Primera Conferencia Europea
“Ciudades por los Derechos
Humanos”, cuyo objetivo era
reflexionar sobre el papel
de los poderes locales en la
defensa y protección de los
derechos fundamentales. A
partir de ese momento una
serie de expertos comenzaron
a trabajar en un texto que se
presentó en la Segunda Con-
ferencia, celebrada en Saint
Dennis en el año 2000, y que
se denominó “Carta Europea
de Salvaguarda de los Dere-
chos Humanos en la ciudad”.
El texto se puede consultar en
www.bcn.es/ciutatsdretshu-
mans/esp/bienv1.htm
25 Comunidad en el sentido
dado por Hill (1980), es decir,
como forma de interacción
social: integrada por los vín-
culos comunes de vecindad,
parentesco y amistad que
forman unas pautas reales
de comportamiento y que
la gente considera como
factores importantes de su
vida de todos los días” (Hill,
1980: 336).
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el ámbito de los Estados nacionales y frente a la inquietud que suscitan las democracias
europeas, la ciudad surge como el recurso de un nuevo espacio político y social. Aquí
es donde se abren las condiciones para una democracia de proximidad. Se presenta la
ocasión para que todos los ciudadanos y ciudadanas participen en la ciudadanía: una
ciudadanía de la ciudad”.
Esa nueva gobernanza no será posible si no proyectamos en la construcción de la ciudad
y de las relaciones entre sus vecinos y vecinas una dimensión de género que permita
superar muchas de las disfunciones que todavía hoy sigue provocando desigualdades
entre mujeres y hombres. Esa perspectiva de género ha estar presente, para empezar, en
el diseño urbanístico de nuestras ciudades. Algo que ya el legislador ha establecido como
un mandato en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres: “Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad,
en las políticas urbanas, en la denición y ejecución del planeamiento urbanístico, la
perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos
que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia” (art. 31.3).
Este mandato ha sido reiterado por el legislador andaluz en el art. 50 de la Ley 12/2007,
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de Género en Andalucía: “1. Los
poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en el diseño de las
políticas y los planes en materia de vivienda, desarrollando programas y actuaciones
especícas para distintos grupos sociales y modelos de familia. 2. Asimismo, los pode-
res públicos de Andalucía, en coordinación y colaboración con las entidades locales
en el territorio andaluz, tendrán en cuenta la perspectiva de género en el diseño de las
ciudades, en las políticas urbanas, y en la denición y ejecución de los planeamientos
urbanísticos.3. Asimismo, facilitarán el acceso a las viviendas protegidas de las mujeres
víctimas de violencia de género y de aquellas que se encuentren en situación de riesgo
de exclusión social, en función de las condiciones especialmente gravosas que pudieran
concurrir.
De manera paralela será necesario planicar los tiempos de nuestras ciudades de forma
que permita una mejor conciliación de la vida profesional y personal. En este sentido,
el legislador ha hecho un llamamiento a las corporaciones locales para que establezcan
Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad (art. 22 LO 3/2007). La
nalidad de estos planes, siguiendo la denición que de los mismos ofrece el art. 47.1
de Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres en Galicia, ha de ser
coordinar “los horarios de la ciudad con las exigencias personales, familiares y laborales
de la ciudadanía”. A tales efectos se consideran horarios de la ciudad los de apertura
y cierre de ocinas públicas, comercios y servicios públicos o privados con atención
al público, incluyendo actividades culturales, bibliotecas, espectáculos y transportes
26
.
Junto a esta planicación, sería necesario poner en práctica experiencias que sirvieran
para una mejor gestión del tiempo en nuestras ciudades y que permitieran coordinar
de manera racional, y sobre todo menos injusta para las mujeres, las necesidades del
ámbito doméstico con las exigencias del espacio público. Es la nalidad con la que en
algunas ciudades han comenzado a funcionar por ejemplo los denominados “bancos
municipales de tiempo
27
.
El legislador andaluz se ha referido a esta cuestión al tratar el derecho y deber de la
corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito público y privado”. Así, el art.
26 La ley gallega 2/2007
prevé además una Mesa de
Concertación del Plan de
Programación del Tiempo
de la Ciudad, en la que
tendrán representación las
Administraciones públicas, las
asociaciones de mujeres y las
asociaciones de consumi-
dores/as y usuarios/as con
implantación dentro del
ámbito territorial del Plan, los
sindicatos y las organizaciones
empresariales representativas
a nivel autonómico, las aso-
ciaciones con implantación
dentro del ámbito territorial
del plan, las asociaciones de
profesionales de la agricultura,
el artesanado o el comercio
con implantación en dicho
ámbito, las asociaciones de
padres y madres de alumnado
de los centros educativos
del municipio o municipios
implicados y las asociaciones
vecinales del municipio o
municipio implicados (art. 48).
27 En nuestro país, los bancos
municipales de tiempo han
sido contemplados por vez
primera por un legislador
en Galicia. En concreto, la
Ley 2/2007, de 28 de marzo,
del trabajo en igualdad de
las mujeres en Galicia les
dedica un capítulo, el IV
del título I, y señala que su
objetivo será facilitar “a las
personas empadronadas en
el correspondiente municipio
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36 de la Ley 12/07 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía dispone que
“las mujeres y los hombres en Andalucía tienen el derecho y el deber de compartir
adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y
la atención de las personas en situación de dependencia, posibilitando la conciliación
de la vida laboral, personal y familiar y la conguración de su tiempo, para alcanzar la
efectiva igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.” De manera más especíca,
el art. 37 de la misma ley establece que “para facilitar la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal a través de un reparto equilibrado del tiempo de hombres y mujeres,
la Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con las Entidades Locales,
promoverá la elaboración de planes de diseño y organización de los espacios que faciliten
la funcionalidad de la ciudad, propicien la proximidad de las dotaciones y servicios y
minimicen los desplazamientos y tiempos de acceso”. Con tal objetivo, “se promoverá
la coordinación entre los horarios laborales y el de los centros educativos” (art. 372) y
se impulsará la creación de infraestructuras y servicios para facilitar el cumplimiento
de las responsabilidades familiares y el cuidado y atención de menores y de personas en
situación de dependencia” (art. 37.3).
La ciudad nos ofrece el espacio más adecuado para desarrollar un modelo de democracia
más participativa, en el que las instituciones representativas no serían suprimidas pero sí
complementadas con mecanismos que facilitasen una intervención directa de los vecinos
y de las vecinas. Es necesario avanzar, pues, en un modelo de gobierno local que repro-
duce los esquemas de otras instancias territoriales que no aprovecha las condiciones de
cercanía y de tamaño más reducido que permitirían unos procedimientos diversos para
la toma de decisiones. El ámbito local sería el idóneo para ir construyendo además un
modelo de ciudadanía no vinculado a la nacionalidad, y basado en la residencia estable,
así como unas estructuras de toma de decisiones que reejen de manera mucho más
el la diversidad presente en nuestras ciudades. Ello obligaría de entrada a reformar el
régimen jurídico del derecho de sufragio en nuestro sistema constitucional para que
fuera posible que los no nacionales pudieran participar políticamente. De momento,
el art. 13 CE limita a los ciudadanos españoles el ejercicio de ese derecho, salvo “lo
que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”. La extensión de este
derecho es una realidad para los ciudadanos de la Unión Europea desde 1992, fecha
en la que la rma del Tratado de Maastricht obligó a ampliar el círculo cerrado de la
ciudadanía española, al menos en las elecciones municipales. El reto en la actualidad
se halla en extender el derecho a los extranjeros residentes (Salazar y Espinosa, 2005;
Santolaya y Revenga, 2007).
Junto a dicha reforma, cabría llevar a cabo otras muchas de menor complejidad jurídico-
constitucional. Así habría que articular unas mayores posibilidades de participación de
los vecinos y de las vecinas en las diferentes fases de las políticas municipales, es decir,
desde su elaboración hasta el control de su ejecución. Además de estimular y reforzar
el tejido asociativo, habría que concretar su participación en la denición de programas
y proyectos, en la ejecución de obras y servicios y en la gestión de servicios municipales
(Salazar, 2007b). Esta participación sería fundamental en materia urbanística, de manera
que en los planes de ordenación de la ciudad habrían de tenerse en cuenta los intereses
y necesidades de todos los colectivos ciudadanos, teniendo muy presente como hemos
señalado la perspectiva de género. Además esta nueva gestión del urbanismo debería
la conciliación de su vida
personal, familiar y laboral
mediante la realización de
labores domésticas concretas,
en especial aquellas que exi-
jan desplazamientos, como la
realización de la compra diaria
o de gestiones de índole
administrativa, y de labores de
cuidado o de mera compañía
de menores de edad y de
personas dependientes” (art.
43.1). Esta ley contempla
también las denominadas
“redes comunitarias de apoyo
a la conciliación, consistentes
en bases de datos en las que,
de manera voluntaria, se
inscribirán las personas que,
en el término municipal u
otro término vecino, tengan
una disponibilidad para
realizar alguna de las labores
comunitarias (art. 43.2). Con
anterioridad a esta previsión
legal la experiencia de los
bancos de tiempo, que tiene
su origen en EEUU con la
Tienda del Tiempo de Cincin-
nati, de Josiah Warren, y que
en Europa fueron puestos en
marcha por vez primera en
Parma (Italia) en 1992 por el
sindicato de pensionistas, se
había desarrollado de manera
aislada en algunas ciuda-
des, como por ejemplo en
Barcelona.
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tener presentes dos objetivos irrenunciables: la recuperación del centro de las ciudades,
no sólo como motor de progreso socio-económico sino también como espacio privi-
legiado para la creación de redes interculturales y para forjar una identidad cívica, y la
lucha contra la etnicación de los espacios urbanos.
Al margen de la consecución de ese derecho, es necesario propiciar la participación de
los no-nacionales en los diferentes órganos que se prevén a nivel municipal, tales como
las Juntas Municipales o Consejos de Distrito, los Consejos Sectoriales o los Consejos
Sociales
28
. Sería también fundamental estimular la participación de los padres y de las
madres de ese colectivo en los Consejos Escolares, dado el papel tan esencial que ha de
jugar el sistema educativo en la integración y en la consolidación de una convivencia
intercultural pacíca.
El propio legislador le encomienda a las corporaciones locales un papel fundamental en
la estímulo del asociacionismo. En concreto, el art. 72 de la Ley 7/1985, de abril, regula-
dora de la Bases de Régimen Local dispone que “Las Corporaciones locales favorecen el
desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de
los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus
posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la
realización de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de la Corporación
en los términos del número 2 del art. 69”. En este sentido, la estrategia debe ser doble.
Por una parte, es necesario estimular el asociacionismo de los diferentes colectivos de
no-nacionales, pero al mismo tiempo hay que evitar el riesgo de que se incida en la ya
denunciada fragmentaciónde intereses y demandas con las consiguientes dicultades
de integración que ello puede conllevar. Las políticas de promoción del asociacionismo
y de la participación deben ir encaminadas a lograr que todos y todas, nacionales y no
nacionales, se sientan partícipes de una misma identidad cívica y corresponsables de la
comunidad que forman
29
.
Todas estas reformas deberán estar presididas por una revisión en profundidad de la divi-
sión que tradicionalmente hemos mantenido entre lo público y lo privado. De manera
transversal a todas las políticas blicas, será necesario tener presente la correlación
entre esos dos espacios, lo cual ha de traducirse en una serie de medidas especícas que
permitan superar los obstáculos que todavía impiden la igualdad plena de mujeres y
hombres
30
. En concreto, estimo necesarias cuatro estrategias complementarias: 1ª) El uso
de acciones positivas para seguir fomentando la presencia de las mujeres en el ámbito
público; 2ª) El fomento de una mayor presencia y responsabilidad de los hombres en
el ámbito privado31; 3º) La revisión de las modelos tradicionales de construcción de la
feminidad y sobre todo de la masculinidad, deudores de una concepción binaria y jerár-
quica no sólo de los espacios sino también de las cualidades morales o de las funciones a
desempeñar por los hombres y por las mujeres; 4º) La incorporación al espacio público,
dominado hasta ahora por los valores propios de la masculinidad, de valores y actitudes
tradicionalmente vinculados a los espacios privados y por tanto a las mujeres.
La suma de todas estas propuestas, algunas sin duda complejas y otras necesitadas tan
sólo de la dosis adecuada de voluntad política, redundarán en una mayor calidad de
nuestras democracias y, sobre todo, en la conformación de un espacio público en el
que logremos hacer productivos los conictos que genera la diversidad al tiempo que
reducimos la incertidumbre y los miedos que nos aíslan. Sólo de esta manera podremos
28 En este sentido debemos
recordar que la LO 4/2000, de
11 de enero, de derechos y
libertades de los extranjeros y
su integración social, preveía
en el art. 6.2 que “los extranje-
ros residentes, empadronados
en un municipio, que no
puedan participar en las elec-
ciones locales, podrán elegir
de forma democrática entre
ellos a sus propios represen-
tantes, con la finalidad de
tomar parte en los debates y
decisiones municipales que
les conciernen, conforme se
determine en la legislación de
régimen local”. Este artículo
fue lamentablemente deroga-
do por la LO 8/2000.
29 En relación a la participa-
ción política de los no-nacio-
nales, hay que tener presente
que la reciente sentencia
del Tribunal Constitucional
236/2007, de 7 de noviembre,
consideró inconstituciona-
les las restricciones que la
Ley Orgánica 8/2000 había
operado sobre determinados
derechos que la ley limitaba
a los extranjeros residentes.
El TC ha entendido que dere-
chos como el de asociación,
reunión o sindicación deben
reconocerse a cualquier
persona, cualquiera que sea la
situación en que se encuen-
tre. En el mismo sentido se
pronunció la STC de 19 de
diciembre de 2007 en relación
al derecho de huelga.
30 En este sentido el legisla-
dor ha insistido mucho en los
últimos años el fomento de
la denominada correspon-
sabilidad” en lo doméstico
y en el cuidado de los hijos.
Sin embargo, creo que los
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poner las bases para una paz social dinámica, conictiva, inestable, enriquecedora. La
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insuficientes e incluso provo-
can una reafirmación del rol
tradicional de las mujeres. Por
ejemplo, no avanzamos nada
si ampliamos el permiso de
maternidad y nos limitamos a
reconocer como opcional el
de paternidad. Sólo cuando
el permiso de paternidad
sea obligatorio estaremos
impulsando en serio que los
hombres asuman papeles
que tradicionalmente no han
desempeñado. En el mismo
sentido habría que entender
las labores de cuidado de las
personas dependientes, con
las cuales se corre el riesgo de
que sigan siendo sostenidas
mayoritariamente por muje-
res, las de la propia familia o
bien las mujeres inmigrantes
que son las que mayoritaria-
mente están ejerciendo estas
labores en nuestras ciudades.
De esta manera, estaremos
resolviendo puntualmente
una situación pero no estare-
mos cambiando los patrones
socio-culturales.
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... It has also been pointed out that "the diversity of the needs of women", although, -as we know, but it is worth remembering-, "they are not a homogeneous group" [Sánchez de Madariaga, (2004), p. 19]. Thus, the organisation of urban spaces reflects and reinforces the social and cultural stereotypes that assign to women private spaces -understood above all as domestic-and to men public spaces (Salazar Benítez, 2010). In diffuse or horizontal cities, in which dwellings are developed in peripheral or rural zones, the division between public and private spheres is intensified, reducing the possibilities of enjoying "sources of satisfaction" not linked to the home or the family [Saegert, (1980), p. 100], which means fewer possibilities of participating in the public sphere and, therefore, of exercising a more participatory citizenship. ...
Article
Se presenta la experiencia del proyecto Alerta Verde, una investigación-acción participativa encaminada a afrontar la violencia comunitaria hacia el alumnado universitario en el sureste de México. El proyecto es gestionado por 15 estudiantes voluntarios, con el objetivo de generar el cuidado de la integridad personal del alumnado universitario mediante cuatro acciones que se orientan a propiciar conductas prosociales de cuidado mutuo y solidario que son: determinar sitios inseguros y sitios seguros, medidas básicas para su protección y seguridad, atención en caso de ser víctima del delito e instaurar un pase de lista virtual para monitorear su trayecto de casa a la universidad y viceversa. Al implementar este proyecto 300 alumnos aceptan participar en él. Los resultados evidencian la necesidad de involucrar activamente a la universidad e indican que la vía idónea para hacerlo es a través de los medios y tecnologías de comunicación. Se concluye que se consigue tener participación de la población al solidarizarse para cuidar la integridad personal; se requiere que las acciones sean continuas, preventivas y no como recurso emergente de hechos violentos. Es fundamental apoyar a los estudiantes universitarios que con sus propios recursos y energía han apuntado a una necesidad imperante: el derecho a resguardar su integridad personal en su paso por la universidad.
Chapter
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Abstract: El presente trabajo explora la relación entre la desigualdad por razón de sexo y el espacio público. Los estudios de género han prestado particular atención a la separación entre las esferas pública y privada, que ha servido para naturalizar las funciones de hombres y mujeres, justificando con ello la exclusión de las mujeres del ámbito público y la subordinación del ámbito privado doméstico. Pero la esfera privada puede ser entendida también como autonomía persona para el ejercicio de derechos fundamentales. A partir de esta lectura, se reivindica la incorporación de la perspectiva de género a la construcción del espacio público por excelencia –la ciudad-, como motor de la igualdad en el disfrute de los derechos. Por último, se reflexiona sobre los desencuentros provocados por el ejercicio de diversos derechos en el espacio público o semi público y su impacto sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Palabras clave: igualdad por razón de sexo; espacio público; derecho de las mujeres a la ciudad; derecho de admisión; publicidad sexista.
Article
The objective of this research was to demonstrate that sites of rural accommodation in Brazil can mean spaces for consensus. The Hospedaria Montanha Beija-Flor Dourado (Golden Hummingbird Mountain Lodge) in the rural area of Morretes, a municipality in the eastern portion of the state of Paraná, Brazil, became the object of the research which was based on phenomenological, qualitative, exploratory and descriptive study values. The research used primary and secondary data sources. Primary data, and its analysis, consisted of reading the sites in loco using photographic and architectural survey to read the space and consultation of websites, folders, brochures, and videos about the lodge, which were described in the light of assembly theory based upon the concept of abduction of Peircean semiotics. Results presented the denotation of consensus in rural accommodation environments about meaning spaces for civic initiatives, solutions to social demands, and collaborative arrangements in the Brazilian rural area.
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Studies of collaborative arrangements are usually based on socioeconomic interpretations, with little research exploring the socio-spatial perspective. The assumption is that space (as an epistemic category) can promote collaborative arrangements. Thus, the objective of the research was to describe the spaces of rural accommodation establishments as a sign of collaboration, which is understood as a socio-spatial entity. For this purpose, Pouso dos Paula (Nova Friburgo, RJ, Brazil) was the object of the study. This study was qualitative, exploratory, and descriptive in nature with a phenomenological approach. Primary data was collected from websites, leaflets, and videos about the object of study and in situ (photographic and architectural survey and reading of space). Secondary data was collected from the literature. The data collected were analyzed in the light of the theory of montage, based on the idea of abduction of Peircean semiotics. The results showed collaboration in spaces of the rural accommodation studied, which generally signifies and reveals spatial conditions for carrying out civic initiatives, meets social demands, and for gives rise to collaborative arrangements in rural areas which, together, can lead to political empowerment in rural Brazil, which are understood as a factor of social sustainability. The originality of the study lies in the recognition of the role of space of rural accommodation in promoting social sustainability.
Los diferentes rostros de la violencia de género. Madrid. Dykinson
  • Gil Castro
• Gil Castro, Juana (2007) Los diferentes rostros de la violencia de género. Madrid. Dykinson.
La participación política de los extranjeros como requisito de una ciudadanía inclusiva
  • Octavio Y Salazar Benítez
  • Miguel Espinosa
• Salazar Benítez, Octavio y Espinosa, Miguel (2005) "La participación política de los extranjeros como requisito de una ciudadanía inclusiva", Personalidad y capacidad jurídica. Tomo II. Universidad de Córdoba.
Las cuotas electorales femeninas: Una exigencia del principio de igualdad sustancial
  • Autor De Las Monografías
Autor de las monografías: El candidato en el actual sistema de democracia representativa (1997), Las cuotas electorales femeninas: Una exigencia del principio de igualdad sustancial (2001), "El Estatuto de Autonomía de Andalucía: una aproximación al conjunto institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía (2001), La ciudadanía perpleja: claves y dilemas del sistema electoral español (2006), Las horas. El tiempo de las mujeres (2006), El sistema de gobierno municipal (2007). Octavio@uco.es