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Manual de derechos, obligaciones y responsabilidades en la prevención de riesgos laborales
Abstract
La normativa de prevención de los riesgos laborales en España: su fundamento y principios -- La política de la prevención de los riesgos laborales como función de las administraciones públicas -- El deber general de prevención del empresario y obligaciones específicas derivadas del mismo -- Obligaciones del empresario relacionadas con las condiciones de trabajo establecidas en la LPRL -- Otras obligaciones específicas del empresario relacionadas con las condiciones de trabajo -- Obligaciones del empresario cuyo contenido está referido a los trabajadores -- Obligaciones de organizar el sistema de prevención en la empresa -- El deber de prevención en los supuestos de concurrencia de varios empresarios -- Obligaciones de sujetos distintos al empresario -- Derechos y obligaciones de los trabajadores -- El control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. La inspección de trabajo y seguridad social -- Responsabilidades por los incumplimientos a la normativa de prevención de riesgos laborales
En la actualidad, en el Ecuador se ha implementado el Decreto Ejecutivo 813, en su artículo 8, el cual hace mención a la figura supuestamente jurídica de las “renuncias obligatorias”. Esta figura jurídica es una forma totalmente arbitraria e inconstitucional como forma oficial para despedir ilegalmente a los servidores públicos. Por lo tanto, el objetivo de la investigación se enfoca en analizar la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 813 y cómo afecta a los derechos laborales de la servidora o servidor público. La metodología que se utilizó en la investigación ha sido cuali - cuantitativa, con enfoque descriptivo. El universo y la muestra estuvieron conformadas por 138 profesionales en libre ejercicio del Derecho en el cantón Cuenca, a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta a través del cuestionario como instrumento de recolección de datos. De los resultados de la investigación de campo, se confirmó que la mayoría de los profesionales encuestados, se encuentran de acuerdo en que la disposición del Decreto Ejecutivo 813 en su artículo 8, es inconstitucional y contraria al derecho del trabajo que dispone la Constitución, lo cual les genera inseguridad jurídica en las y los servidores públicos ante la exigencia de una renuncia en forma obligatoria, que afecta a su estabilidad laboral pero también a sus ingresos económicos.
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