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La jerarquía episcopal y el proyecto democratizador de Adolfo Suárez (julio de 1976-junio de 1977)

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Abstract

Utilizando el material documental del fondo Santa Sede del Archivo del MAE de España y el reconpilado en los Boletines de las Diócesis y Archisiócesis de España, en las revistas “Iglesia Viva” y Razón y Fe” y del folleto “Iglesia en Madrid” entre otros, se procura explicar la postura que la jerarquía episcopal española adoptó frente al programa democratizador de Adolfo Suárez durante julio de 1976 y junio de 1977. De manera especial, se consideran la elaboración y aprobación de la Ley para la Reforma Política y el proceso de legalización de los partidos políticos de la oposición franquista.
HAOL, Núm. 14 (Otoño, 2007), 69-79 ISSN 1696-2060
© Historia Actual Online 2007
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LA JERARQUÍA EPISCOPAL Y EL PROYECTO
DEMOCRATIZADOR DE ADOLFO SUÁREZ (JULIO DE
1976-JUNIO DE 1977)
Romina De Carli
Universidad de Trieste, Italy. E-mail: storica@teleline.es
Recibido: 30 Mayo 2007 / Revisado: 21 Junio 2006 / Aceptado: 26 Junio 2006 / Publicación Online: 15 Octubre 2007
Resumen: Utilizando el material documental
del fondo Santa Sede del Archivo del MAE de
España y el recopilado en los Boletines de las
Diócesis y Archidiócesis de España, en las
revistas “Iglesia Viva” y Razón y Fe” y del
folleto “Iglesia en Madrid” entre otros, se
procura explicar la postura que la jerarquía
episcopal española adoptó frente al programa
democratizador de Adolfo Suárez durante julio
de 1976 y junio de 1977. De manera especial, se
consideran la elaboración y aprobación de la
Ley para la Reforma Política y el proceso de
legalización de los partidos políticos de la
oposición franquista.
Palabras Clave: Jerarquía episcopal, Ley de
Reforma Política, elecciones general,
legalización de la oposición antifranquista.
______________________
INTRODUCCIÓN
costumbrados a reducir la interpretación
histórica a la mera y aséptica
reconstrución cronológica de los
acontecimientos o, cuando menos, a un conjunto
de opiniones elaboradas, más o menos
objetivamente, por quienes tienen el oficio de
dedicarse a seguir la evolución factual de la
realidad, solemos asignar demasiada
importancia a aquellos sucesos que nos permiten
pasar la hoja y seguir escribiendo en una página
nueva, como si se tratara de escribir realmente
una nueva página de la historia. Partidaria de la
idea de que en la historia no se dan soluciones
de continuidad capaces de romper
absolutamente con aquellas memorias del
pasado, creadas y transmitidas culturalmente de
una generación a otra, estimamos necesario
relativizar la importancia que, con vistas a la
reforma constitucional, se le ha asignado al
cambio de Gobierno de julio de 1976. Con eso,
no queremos negar lo decisivo que al respecto
resultó el relevo de Arias Navarro por Suárez en
la Presidencia del Gobierno, pero sí recordar que
aquella sustitución representó el objetivo
intermedio que la Corona se había propuesto
alcanzar desde el principio, para echar los
cimientos de un proyecto democrático lo
suficientemente fuerte y adecuado a sus
objetivos de política interna e internacional. De
hecho, al final de la primavera de 1976 los
aperturistas se habían dispuesto a alcanzar
pronto aquella meta, poniendo un primer dique a
la intervención de los militares en política a
través de la firma del Tratado con Estados
Unidos así como conformando las relaciones
entre Estado e Iglesia al espíritu conciliar a
través de la renuncia al privilegio de
presentación de obispos y del replanteamiento
de la revisión concordataria
1
. Es pues
profundizando en esta otra vertiente
fundamental de la política exterior española
como nos parece posible llegar a un mejor
entendimiento de las dinámicas que llevaron a la
Iglesia a transigir con la decisión del Gobierno
Suárez de proceder a una liberalización política
que implicara, entre otras cosas, también la
legalización del Partido Comunista.
1. LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROCESO DEMOCRATIZADOR: LA LEY
PARA LA REFORMA POLÍTICA
No cabe duda de que la actitud paternalista que
Arias Navarro había adoptado para encararse
con la transición político-institucional al
postfranquismo, no podía responder ni a las
expectativas internas de la base social ni a las
condiciones externas requeridas por las
democracias europeas. La ola creciente de
huelgas socio-laborales que culminaría en el
mes de marzo de 1976 con la crisis de Vitoria
A
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por un lado, así como la progresiva
reorganización de un frente de oposición a un
franquismo sin Franco por otro, habían ido
agotando las posibilidades de éxito de aquel
primer gobierno de la Monarquía, hasta tal
punto que el 1 de julio de 1976 el Rey se había
sentido lo suficientemente fuerte para pedir la
dimisión a su Primer Ministro y sustituirlo, el
día siguiente por el entonces Ministro Secretario
General del Movimiento, Adolfo Suárez
González. Señalado por Fernández-Miranda
como el candidato idóneo para responsabilizarse
de la Presidencia del Gobierno en aquella
especial y delicada coyuntura política, la opinión
pública había recibido con cierto escepiticismo
aquel nombramiento, «decepcionando a la
oposición democrática e inquietando a los
inmovilistas del franquismo».
Conforme a lo argumentado el 9 de junio
anterior al clausurar el debate parlamentario
sobre la Ley de Asociaciones Políticas, Suárez
era partidario de «terminar la obra» empezada
por el Estado franquista –que, desde su punto de
vista, se había mostrado capaz de proporcionar a
los españoles una paz, una justicia social y un
bienestar material y cultural antes no
alcanzados–, rectificando en el marco de la
legalidad «lo que el paso del tiempo y el relevo
de generaciones había dejado anticuado», para
así dar «cabida, y cabida ancha, a todos los
miembros de la comunidad». De hecho,
procurando llamar la atención sobre la «solidez»
que el Estado había adquirido durante la Jefatura
de Franco para desmitificar de esa forma el
miedo al pluralismo político, y considerando
además «superados los tiempos en que había
sido forzosa la restricción de algunos derechos»,
el entonces Secretario General del Movimiento
hacía ver en la socialización de la política el
mejor baluarte contra «las tentaciones
totalitarias de todo orden». No se trataba, desde
luego, de abrirle el paso a una peligrosa anarquía
política, sino más bien de «construir un
instrumento útil para la canalización de la
variedad», siendo precisamente en este punto
donde Suárez tomaba distancia del proyecto
democratizador de Fraga y, anclando la
ilegalidad de los partidos políticos más que en
razones histórico-políticas en la subversión
programática del orden constituido, sentaba las
condiciones inclusive para una posible
legalización del PCE.
Por lo que hace referencia a la Iglesia, es de
suponer que su principal preocupación al
respecto radicaba no tanto en el efectivo alcance
de la liberalización política como en las
repercusiones que ésta podía tener para su
presencia social y su acción pastoral. Estando la
Iglesia todavía vinculada al Estado por el
privilegio de prelación, la legalización del
pluralismo político podía implicar un recorte a la
libertad religiosa propia de la jerarquía
eclesiástica. Un motivo más que suficiente para
salir de aquella pausa de reflexión que había
llevado a la Conferencia Episcopal a callarse
durante las fases finales del franquismo,
autorizando su Comisión Permanente la
publicación del documento que la Comisión
Episcopado de Apostolado Social había
dedicado a la participación política de los
cristianos, al paro forzoso, a la conflictividad
laboral y a la organización sindical. Ante la
incertidumbre que todavía envolvía la actuación
del monarca en el ámbito de las relaciones entre
Estado e Iglesia, el episcopado parecía apostar
por el pleno reconocimiento del derecho a las
libertades políticas de los católicos,
considerando que
Sólo una participación colectiva en el control de
la gestión pública –con garantías legales y
seguridad eficaz contra reacciones o amenazas
de quienes no comparten las mismas posiciones
políticas– podía alejar los riesgos del
crecimiento ilimitado de un poder estatal que
amenazara, en el mundo de hoy, la libertad de la
sociedad y de los ciudadanos.
Coincidiendo, sin embargo, con lo que Adolfo
Suárez había declarado el 9 de junio anterior
acerca de la oportunidad de dirigir «el natural
forcejeo de bloques políticos» por «cauces
civilizados», aquellas Orientaciones cristianas
sobre participación política y social de 9 de
julio de 1976 cifraban «la originalidad más
interesante» de la etapa que se había abierto bajo
la batuta del nuevo premier en la posibilidad de
proponer a todos los españoles un «nuevo
talante de convivencia y generosidad».
Era por eso por lo que el episcopado
considerando el derecho de voto como una de
las formas de participación cívica en la gestión
de la vida pública, y teniendo el cristiano que
reflejar en su voto los valores de su propia fe y
del magisterio eclesiástico– había invitado a la
clase dirigente a esclarecer en sus programas
«tanto sus fórmulas de participación política,
económica y social cuanto sus posiciones en el
plano de la educación, de la información, de la
familia, de la religión y de los valores superiores
del hombre», instándola, una vez obtenido
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democráticamente el poder, a respetar los
derechos de las minorías para «cerrar el paso, o
al menos descalificar, las reacciones violentas de
cualquier grupo».
Encargado, pues, por el Rey de gestionar la
transición política y dispuesto a llevar a cabo
esta tarea antes del 30 de junio de 1977, el
nuevo Presidente del Gobierno empezaba su
mandato abriendo efectivamente las puertas de
la liberalización política, entrando en contacto
con los sectores de la oposición, y confiando a
Fernández-Miranda la elaboración de un
proyecto de reforma constitucional capaz de
hacer aceptable el pluralismo político y la
dialéctica democrática ante la resistencia
inmovilista y un régimen monárquico ante la
oposición rupturista. Conscientes de que «la
democracia […] no podía ser improvisada» y de
que «se podía alcanzar […] partiendo de la
realidad social existente y de la historia
asumida», Adolfo Suárez y Torcuato Fernández-
Miranda decidirían acotar sensatamente la Ley
de Reforma Política, aprobada el 10 de
septiembre de 1976 por el Consejo de Ministros,
al objetivo de «hacer viable el propósito de la
Corona de que el pueblo español fuese el dueño
de sus destinos» dejando, luego, a unas Cortes
elegidas democráticamente la tarea de proceder
a «la institucionalización de las peculiaridades
regionales […]; el sistema de relaciones entre el
Gobierno y las Cámaras legislativas; la […]
reforma sindical, o la creación y funcionamiento
de un órgano jurisdiccional sobre temas
constitucionales o electorales». Todos ellos
«importantes temas nacionales», según se leía en
el texto de aquel Proyecto, a los que el
Presidente del Gobierno añadiría oralmente el de
la política educativa enmarcándolo en la
definición de una futura «gran política de
objetivos nacionales comunes, que no podía ser
rechazada con fundamento por ningún grupo,
por ningún partido, por ninguna institución que
participara de la esencia de esa comunidad de
ideas e intereses» que, se aseguraba, era
España
2
.
La Conferencia Episcopal se pronunciaría sobre
aquella reforma política el 24 de septiembre de
1976. Reuniéndose su Comisión Permanente
desde el día 21 para estudiar también los
problemas de la enseñanza, de la valoración
moral de los espectáculos, del catecismo para
los preadolescentes, así como el informe del
Instituto Español de Misiones Extranjeras, había
sido durante las dos primeras jornadas de trabajo
cuando los obispos habían concentrado su
atención sobre las repercusiones eclesiales de
aquella especial coyuntura política, siendo
precisamente entonces cuando el Presidente de
la Conferencia Episcopal, acompañado por los
otros tres cardenales españoles, se ausentaba
para acudir a una entrevista con Adolfo Suárez.
Entrevista que, según refleja la minuta de la
reunión episcopal, habría tenido como objetivo
pasar revista «a los más importantes temas que
entonces solicitaban la atención del Gobierno y
del Episcopado, tanto por lo que se refería a sus
mutuas relaciones como a su específico servicio
a los españoles». Quizá se encontre aquí el
origen de aquel Comunicado final de la
Comisión Permanente que, además de
manifestar la satisfacción por la firma del
Acuerdo pórtico de julio, enfocaba la nueva
etapa de transición política pidiendo garantías
para una «absoluta igualdad de oportunidades
para todos los grupos participantes», e invitando
a todos los ciudadanos «a dar prueba de
madurez» con su participación pacífica y
responsable en el inminente referéndum sobre la
Ley de Reforma Política. Un apoyo que los
obispos habrían otorgado, tal vez, a condición de
que el Gobierno prosiguiese su obra
democratizadora, disipando aquellas «dudas y
desconfianzas que todavía subsistían» y
prestando «particular atención a los aspectos
económicos y sociales» relacionados con el
mundo laboral.
De hecho, muchos eran todavía los obstáculos
que Adolfo Suárez debía franquear para que su
proyecto de reforma saliera adelante y con el
mayor consenso posible. Además de marginar a
la oposición armada y convencer a una opinión
pública preocupada por las consecuencias de la
recesión económica, para conseguir su objetivo
el Presidente del Gobierno debía conquistar
también el beneplácito de las diversas
oposiciones políticas legalizables. Y si bien el
informe negativo emitido el 8 de octubre por el
Consejo del Reino no le impedía pasar a la fase
sucesiva presentando aquel proyecto al examen
de las Cortes, el Presidente del Gobierno no
podía prescindir sin embargo de tener en cuenta
también aquella discrepancia política, puesto
que la constitución de una Alianza Popular por
parte de unos notables franquistas había
agravado el clima político de frentes
contrapuestos llevando a las izquierdas a
reorganizarse en una Plataforma de Organismos
Democráticos y, consecuentemente, a presentar
al Gobierno otra serie de condiciones
(formación de un gobierno de concentración,
derogación de toda la legislación franquista y
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apertura formal de un proceso de constitución)
para su participación en el programa reformista.
Una lógica de frentes políticos que el Primer
Ministro lograría controlar, gracias también al
neutralismo ideológico que la jerarquía
episcopal se estaba esforzando en mantener,
para que el proceso de transición fuese el fruto
de un compromiso entre todas las fuerzas
políticas del país.
Al respecto no es ocioso recordar, en primer
lugar, que la Comisión Permanente terminaba su
comunicado final de 24 de septiembre, invitando
«a todos los ciudadanos, grupos políticos e
instituciones» a «crear entre todos el marco
político estable dentro del cual fuera posible el
libre juego de las diversas opciones y
tendencias». Una invitación que el cardenal
Enrique y Tarancón reiteraría seguidamente en
las cartas cristianas de 10 y 17 de octubre de
1976, desarrollando sendas reflexiones sobre la
esencia cristiana que el término pueblo tenía en
su acepción religiosa y eclesial, acomo sobre
la necesidad de enfrentarse a la coyuntura
sociopolítica del momento con una actitud audaz
pero «templada, claro está, por la prudencia». Y
en segundo lugar, que, necesitando forzar la
mano del Gobierno, las izquierdas convocarían
una huelga general para el 12 de noviembre para
reducir, tal vez, la situación privilegiada en la
que se encontraba Alianza Popular por contar ya
con procuradores en Cortes. Fracasando en este
intento de forzar la ruptura con la legalidad
franquista, a corto plazo la oposición de las
izquierdas acabaría por beneficiar tanto a Suárez
como a la Alianza de Fraga. Pues, si en el debate
parlamentario de 16 a 18 de noviembre sobre la
Ley de Reforma Política, el grupo franquista
había logrado mostrar su capacidad de incidir en
el proceso político en curso, por su parte el
Gobierno había alcanzado de aquella manera
dos importantes objetivos: poner su proyecto de
reforma en la recta final del referéndum, y
orientar a las formaciones de izquierda hacia un
reformismo sin rupturas
3
.
Viendo en la democratización política el cauce
que permitía una efectiva normalización en sus
relaciones con el Estado, la jerarquía episcopal
no dejaba de ser consciente del reto que todo
ello conllevaba para una redefinición no sólo de
su presencia y acción pastoral sino, también, de
su propia postura frente al hecho
específicamente político. Como había anticipado
ya el cardenal Vicente Enrique y Tarancón en la
homilía pronunciada a finales de junio de 1976
con motivo de la ordenación episcopal de
Antonio María Javierre, consideraba oportuno
que los obispos se adelantaran a los
acontecimientos de aquel nuevo período de la
historia de España, «creando un pensamiento,
una actitud y unas actuaciones renovadamente
cristianas en una sociedad que […] iba a ser
pluralista en lo social, en lo político y aún en lo
religioso». Una consigna que, en el discurso
inaugural de la XXV Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal, el prelado castellonense
volvería a recomendar a los seis nuevos obispos
que la Santa Sede había nombrado según el
procedimiento establecido en el Acuerdo de
1976, presentándola además como un legado
para los futuros presidentes de la corporación
episcopal. Una alusión significativa, si tenemos
en cuenta que era en 1978 cuando terminaría su
segundo mandato en el vértice de la Conferencia
Episcopal, y se cumpliría también el plazo de la
revisión concordataria. Sería quizá por eso por
lo que el Arzobispo de Madrid-Alcalá acababa
aquel discurso revisando alguno de los nudos
problemáticos de la coyuntura sociopolítica,
poniendo de manifiesto la conveniencia para la
jerarquía eclesiástica de mantenerse
ideológicamente neutral, señalando –si
procediera– las normas para enmarcar la
participación de algunos sacerdotes en el juego
político de los partidos; la oportunidad de
prestar mayor atención a los temas de la
enseñanza y del matrimonio, por la posibilidad
intrínseca de que se convirtieran en la bandera
de «algunos partidos políticos con carácter de
reacción contestataria ante la situación anterior»;
y, por último, la necesidad de asumir el riesgo
de que la fuerza social propia de la Iglesia fuera
fácilmente empleada como fuerza política, por el
hecho de dar la impresión de apoyar una
determinada opción de partido.
Algunas de estas preocupaciones estrictamente
políticas, que el cardenal Tarancón había
manifestado anteriormente en las dos cartas
cristianas que –publicadas en vísperas del debate
parlamentario sobre la Ley de Reforma Política
y de la XXV Asamblea Plenaria del episcopado,
respectivamente–, inauguraban la serie de once
reflexiones dedicadas a las ya citadas
Orientaciones cristianas sobre participación
política y social. Al tratar detenidamente el tema
de la participación, el Arzobispo de la capital
llamaba la atención sobre el límite que «cuarenta
años de “pasividad” política» habían impuesto al
ejercicio responsable del derecho cívico al voto
por parte de una generación que no «había
recibido la formación política necesaria»,
exhortando así a «las personas que tuvieran los
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resortes del poder o gozaran de mayor
influencia en la gran masa de los españoles»
para que auscultaran y encauzaran los deseos del
pueblo, y evitaran de esa manera los «traumas»
que se derivarían del triunfo de los que podían
impedir la convivencia pacífica, «imponiendo su
propia ideología, normalmente extremista, o
[…] aprovechándose del poder para su propio
medro».
En fin, unas preocupaciones que habrían
empujado luego al episcopado a incluir en el
comunicado final de su XXV Asamblea Plenaria
una referencia suficientemente detallada acerca
de la postura que gobernantes y ciudadanos
habían de tener ante el referéndum. Era así como
los obispos insistirían en la imparcialidad
política de la Iglesia y consideraban también
«exigencias morales básicas» para aquella
campaña electoral el derecho de todas las
opciones y actitudes a «expresarse, incluso a
través de los medios de comunicación social, en
medida equitativa y suficiente»; el deber del
Gobierno de garantizar la verdad y la libertad de
voto durante todas las fases de aquel
acontencimiento electoral; y, por último, la
obligación de los ciudadanos de «informarse
seriamente sobre el contenido y el alcance de la
consulta propuesta, así como de las
consecuencias inherentes a la abstención, al voto
positivo, negativo o en blanco».
En lo que se refiere a la Plataforma
Democrática, la aprobación parlamentaria de la
Ley para la Reforma Política la había obligado a
reajustar las condiciones de su adhesión al
proyecto democratizador del Gobierno, siendo
después de una reunión celebrada el 27 de
noviembre de 1976 cuando los dirigentes de
aquella abigarrada oposición presentaban la
legalización de todos los partidos, el
reconocimiento y tutela de todas las libertades
políticas, la disolución del Movimiento, la
amnistía para los delitos políticos, el acceso
equitativo a los medios de comunicación, la
negociación de las normas que debían regular
las convocatorias a las urnas, y –en fin– la
concesión de la autonomía administrativa para
todas las regiones, como términos para un
eventual compromiso histórico a favor de la
opción monárquica. Entendiendo que el éxito
del referéndum y de las elecciones para la
formación de las primeras Cortes bicamerales
dependería de la participación de aquella
opocisión, el Gobierno aprovechaba el cable que
se le había echado a través de estas otras
condiciones, para atraer hacia a los
sostenedores de la alternativa republicana,
empezando por conceder al PSOE el permiso de
celebrar en España su XXVII congreso, sabedor,
quizá, de que éste podía ser el camino para
suscitar cierta envidia en los dirigentes del PCE
e impulsarlo así a cuestionar los puntos
programáticos que podían impedir su
legalización y, por ende, su presencia en las
futuras Cortes constituyentes.
Procurando capitalizar a su favor las resistencias
a la normalización política de los grupos
extremistas con la promesa de que «el crimen y
los atentados contra la paz […] serían
perseguidos con todo rigor», tranquilizando al
mismo tiempo a la oposición “civilizada” acerca
de su propósito de seguir contemplándola «con
naturalidad y con deseo de que se convirtiera en
enriquecimiento de la vida colectiva», Adolfo
Suárez no sólo conseguía unos resultados s
que positivos en el referéndum de diciembre de
1976, sino que lograba también demostrar, ante
la opinión pública, que tenía el carisma
suficiente para realizar pacificamente la
transición, echando así los cimientos de la
victoria electoral de UCD y su renovación en el
cargo de Primer Ministro, en junio de 1977
4
.
Se podría entonces sostener razonablemente que
con su modo de actuar, la jerarquía episcopal
también habría contribuido tanto al buen éxito
del referéndum como al necesario acercamiento
entre el Gobierno y todas aquellos partidos que
se consideraban todavía en oposición al Estado,
haciendo circular la idea de que era preciso
responsabilizar al pueblo de la gestión
sociopolítica y, por eso, admitir en el juego
democrático todos aquellos programas que no
tuviesen como objetivo la conquista violenta del
poder, su ejercicio autoritario o la subversión del
orden constituido. Como bien sugiere la serie de
cartas sobre Los Cristianos y la política, que el
cardenal Tarancón publicaría en Iglesia en
Madrid desde el 14 de noviembre de 1976 hasta
el 23 de enero de 1977 para profundizar en los
argumentos del documento
Orientacionescristianas sobre participación
política y social de la Comisión Episcopal de
Apostolado Social, el sector centrista de la
jerarquía episcopal estaba dispuesto a estimular
una participación política de los católicos que,
sin comprometer institucionalmente a la Iglesia
y el cristianismo, se sirviera del cauce asociativo
de los partidos para «defender con más eficacia
los derechos de las personas» y, al mismo
tiempo, implantara «la auténtica justicia y el
respeto a la libertad». Consciente de que una
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«proliferación desmesurada de partidos
políticos» era perjudicial para el buen gobierno
del país así como para la misma unidad interna
de la Iglesia, el Arzobispo de Madrid-Alcalá
proponía entonces dos criterios de prudencia
uno político y otro eclesial– para regular y
encauzar convenientemente el derecho de
asociación. Y si desde un punto de vista
estrictamente político había considerado
oportuno contener la conflictividad dentro de los
límites connaturales de la convivencia social,
negando el derecho de asociación a aquellos
grupos que se proponían conquistar y ejercer el
poder sirviéndose de la violencia y del
terrorismo, desde otro, propiamente eclesial,
había estimado sin embargo extemporáneo y
contraproducente reunir a todos los católicos
bajo la enseña de un único partido confesional,
para limitar así los riesgos de una transición
política «desde un Estado confesional». Por eso
invitaba a sus fieles a abandonar la idea de un
único partido confesional; a decantarse más bien
por la creación de alianzas entre todos aquellos
partidos de inspiración cristiana y cuyo
prográma negara el ateismo, el materialismo, la
violencia, el terror y la intransigencia a ultranza,
para así conjugar mejor las fuerzas de cuantos
tenían una concepción cristiana de la vida. Una
distinción entre partido confesional y partidos de
inspiración cristiana que, por su
indeterminación, no había convencido
demasiado al redactor de El Ciervo, Joaquín
Gomis, quien la asociaba por eso a «aquella
“incertidumbre” que decían existía en el
Vaticano» y que, al parecer, consistía en
mantener «una actitud de expectación, de seguir
rutinariamente lo emprendido pero sin
plantearse nuevas metas».
Una vez ratificada la Ley para la Reforma
Política, Adolfo Suárez no había tardado pues en
ponerse en contacto con algunos de los
dirigentes de la antigua oposición al franquismo,
recibiendo el 11 de enero de 1977 una comisión
representativa de los partidos liberal,
democristiano, socialdemócrata, socialista,
comunista y, también, de los partidos
nacionalistas vasco, gallego y catalán. La
necesidad de reducir aún más los riesgos de una
intervención autoritaria había aconsejado al
Presidente del Gobierno proceder con cautela en
la legalización de todos aquellos partidos, y
sobre todo buscar una vía secundaria para la del
PCE. Vía secundaria que –a nuestro modo de
entender– llegó a requerir un entendimiento con
la misma Santa Sede y el episcopado español. Al
respecto, no deja de ser significativo el hecho de
que en las últimas tres cartas de la mencionada
serie sobre Los Cristianos y la política, el
cardenal Tarancón se desviara del documento de
la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
para tratar directa y críticamente tanto de la
incompatibilidad entre el cristianismo y
cualquier forma de totalitarismo como de las
consecuencias que, para la participación política
de los cristianos, se derivaban del principio
conciliar de la recíproca independencia y
autonomía entre Estado e Iglesia, para luego
abordar la conveniencia de una «inteligencia con
la Iglesia en asuntos que podían ser
conflictivos» y cumplir de esa forma con el
objetivo común de servir al hombre. Y era
precisamente al hilo de estas argumentaciones,
como el Arzobispo de Madrid-Alcalá invitaba
finalmente a sus fieles a aprender de «las
lecciones de la historia» y –evitando «plantear el
futuro con afanes exclusivistas y totalitarios»–
aprovechar «el talante de la nueva generación»
para ensayar «otro clima y otro género de
convivencia política y social»
5
.
Huelga recordar que, por aquel entonces, el
clima sociopolítico de la capital había ido
enrareciéndose, hasta desencadenar una serie de
atentados y represalias que, empezando el 23 de
enero, tuvo entre sus momentos álgidos la
matanza de abogados laboristas vinculados a
Comisiones Obreras y al Partido Comunista,
perpetrada la noche entre los días 24 y 25, y el
asesinato de cuatro miembros de las fuerzas de
seguridad el día 28. Como han destacado entre
otros Santos Juliá y Charles Powell, la calma y
el autocontrol demostrados, en aquellas
dramáticas circunstancias, por el Gobierno y los
representantes de las demás fuerzas políticas del
país había logrado impedir que lo ocurrido
durante la “semana negra de Madrid” estorbara
el curso de la reforma democrática. La Iglesia
española también había demostrado estar a la
altura de aquella situación, invitando a toda la
sociedad a trabajar juntamente para restablecer
rápidamente las «condiciones de vida que […]
habían hecho posible la paz, la convivencia y el
progreso» hasta aquel momento. Una apelación
que, lanzada por el Arzobispo de la capital, la
Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal recogería en su comunicado final del
siguiente 2 de febrero de 1977, desaprobando la
violencia, animando «a seguir adelante
serenamente por el camino de la convivencia
fraterna», exhortando a los políticos «a superar
todo rastro de pasadas contiendas» y, también,
condenando sinceramente y «con vigor» la
conducta agresiva de aquellos grupos que
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pretendían actuar en nombre de Cristo o del
cristianismo. Una apelación a una pacífica
convivencia política que, por tener en cuenta la
complexión mayoritariamente cristiana de la
sociedad española, no había dejado por eso de
establecer las condiciones en las que la jerarquía
episcopal estaba dispuesta a aceptar la apertura
del sistema político español a todos los partidos
de izquierdas.
Precisando que el deseo de la Iglesia de
permanecer independiente con respecto al poder
y a los diferentes partidos no significaba de
ninguna manera neutralidad frente al hecho
político en mismo, los obispos habían
estimado que formara parte de su obligación el
recordar y promover todo tipo de acción que
pudiera servir para
“defender los derechos humanos de todos los
ciudadanos; apoyar a los más pobres, débiles y
marginados; promover integralmente el
desarrollo de la persona humana; ser conciencia
crítica de la sociedad y de los propios partidos
políticos; formar la conciencia cristiana de los
creyentes sobre la política; trabajar por la causa
de la paz y de la justicia; y –no menos
importante que todo lo anterior– relativizar las
ideologías”
Un listado de acciones eclesiásticas para el
ámbito temporal que –teniendo como objetivo
hacer de la Iglesia «la comunidad fraterna en la
que los fieles de distintas ideologías pudiesen
ayudarse a mantener su identidad cristiana», el
«espacio de comunión» y el «signo de unidad
para el mundo»– permitía al episcopado
prescindir de mencionar explícitamente el
magisterio pontificio sobre el marxismo y su
materialismo ateo, entre los criterios que los
cristianos debían tener en cuenta para discernir,
en las futuras elecciones, la compatibilidad o no
de partidos y programas con los principios de la
fe por ellos profesada.
3. LA LEGALIZACIÓN DE LOS
PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN
FRANQUISTA Y LAS ELECCIONES
GENERALES DE 1977
Como es sabido, el proceso de legalización de
los partidos políticos empezó el 8 de febrero de
1977 con la modificación de las normas de
registro establecidas por la Ley de Asociaciones
del año anterior. Un proceso que el mismo
Partido Comunista aprovechaba, presentando su
solicitud de inscripción el siguiente día 11.
Punto de no retorno en la transición a la
democracia, es altamente probable que la visita
de los Reyes a la Santa Sede, el 10 de febrero de
1977, jugara un papel considerable, si no
determinante, en en la institucionalización del
comunismo. A comienzos de 1977 la revisión
concordataria, reanudada tras la firma del
Acuerdo pórtico de julio de 1976, se había
encallado otra vez en una serie de dificultades
que habían impedido seriamente su adelanto.
Precisamente por eso, la visita de los Reyes al
Santo Padre había acabado por revestir una
importancia extraordinaria sobre todo por las
consecuencias que, de cara a la opinión pública
del extranjero, podían derivarse de un
desbloqueo de la cuestión concordataria.
Cuidando la etiqueta diplomática de aquella
visita hasta los mínimos detalles, no cabe duda
que a su éxito habría contribuido también el
mismo Partido Comunista si –de acuerdo con los
despachos que Robles Piquer envió desde la
Embajada española ante el Quirinale las
gestiones de Santiago Carrillo ante Enrico
Berlinguer habían conseguido no sólo evitar que
los militantes italianos estorbaran con
manifestaciones callejeras la estancia romana de
los monarcas, sino también desbloquear la
ratificación italiana del convenio acerca de la
asistencia jurídica, penal y de extradición penal,
firmado en Madrid en 1973 (hecho, este último,
que permitía entre otras cosas al Gobierno
italiano solicitar la extradición de los
neofascistas implicados en los atentados de la
“semana negra” de Madrid). Gestiones, pues,
que Adolfo Suárez no había dejado de
compensar un poco más tarde, autorizando la
celebración de la cumbre eurocomunista con los
dirigentes francés e italiano en la misma capital
española.
Mientras tanto, temiendo la reacción negativa de
determinados lobbies a causa de una resolución
favorable al PCE, Suárez había considerado
oportuno remitir la decisión del caso al Tribunal
Supremo, el cual –apurando por el relevo de la
guardia en su vértice– había esperado hasta el
siguiente 1 de abril antes de declararse
incompetente en la materia y devolver así
aquella patata caliente al Gobierno.
Condición para la integración europea de
España, el 9 de abril de 1977 el Primer Ministro
daba finalmente el gran paso aceptando la
solicitud del PCE, pero no sin haber obtenido
antes el fundamental respaldo monárquico.
La jerarquía episcopal Romina De Carli
© Historia Actual Online 2007
76
De hecho y como era de esperar, los altos
mandos del Ejército no recibieron de buen grado
esta decisión gubernativa, tanto que las
dimisiones de Pita de Veiga y la mera
aceptación, por parte del Consejo Superior del
Ejército, del hecho consumado hicieron temer
por la posibilidad de convocar y celebrar en un
futuro inmediato las primeras elecciones
generales, las primeras que se iban a celebrar
democráticamente desde la Segunda República.
Intuyendo la fragilidad del momento político,
Santiago Carrillo procuraba por eso quitarle
hierro, convenciendo al Comité Central de su
partido para que reconociera inmediata y
publicamente el régimen monárquico así como
la bandera de España. Actitud que había
permitido al Presidente del Gobierno convocar
oficialmente aquellas elecciones para el próximo
15 de junio, y reforzar el frente democrático del
Estado prohibiendo mediante decreto-ley
cualquier actividad política y sindical a los
militares
6
.
A diferencia de los militares, la jerarquía
eclesiástica se había mostrado más
condescendente con la resolución del 9 de abril.
La labor diplomática de Casaroli en los países
de la Europa del Este y la proclamación
conciliar del derecho civil a la libertad religiosa
habían relativizado la condena vaticana al
marxismo, reduciéndola a una «postura de
rechazo» para impedir que en temporada de
elecciones el voto católico se alejara de las
opciones políticas de centro. Una actitud que,
ensayada en Italia a favor de la Democracia
Cristiana, la clase dirigente tuvo que considerar
viable también para la nueva España
democrática, cuando menos en su fase
constituyente, apoyándose en la orientación
política moderada que la Conferencia Episcopal
Española había ido adoptando de manera cada
vez más patente desde el verano de 1973. Un
desplazamiento que el Palacio de Santa Cruz
atribuía a «la progresiva radicalización de la
“base eclesiástica”» y a la «no menos progresiva
suavización producida por la edad en aquellos
Obispos» que, durante el último lustro del
franquismo, habían encabezado la oposición
eclesiástica a la dictadura; y que, en el fondo,
reflejaba aquella estabilidad político-religiosa de
“banda ancha” que la jerarquía episcopal había
logrado encontrar colegialmente en su seno. Un
desplazamiento que no dejaba de ser evidente,
por ejemplo, en la Nota sobre l’ús dels temples i
dependències eclesials que el cardenal Jubany i
Arnau había divulgado en su diócesis el 27 de
febrero de 1977, para responder adecuadamente
a las numerosas peticiones que todavía «els
militants, els partits polítics, els grups obrers o
els sindicats» presentaban al clero para celebrar
en las iglesias o en los locales parroquiales
«llurs reunions, conferències o mítings
populars». Teniendo en cuenta que la
instauración de la democracia desgravaba a la
Iglesia de la responsabilidad de ser el único
espacio de libertad en el que la oposición
política y sindical había encontrado cobijo
durante la dictadura, con aquella nota el
Arzobispo de Barcelona vinculaba los lugares
sagrados a la misión de la Iglesia, destacando
que estaban específicamente destinados a «les
reunions de la comunitat cristiana, per a
celebrar-hi el culte, per la reflexió, el silenci i la
pregària», y sugiriendo como criterio para
regular todos los otros casos el de distinguir
«entre un acte cívic –obert a totes les
tendències– i un acte netament polític, ainxí com
entre un problema laboral o humanitari i una
acció sindical d’un signe determinat». Un
desplazamiento, por fin, que –en la primavera de
1977– llevaría a los vértices de la jerarquía
eclesiástica a no tomar explícitamente partido
por la derecha o la izquierda, aceptando la plena
democratización política del país pero sin dejar
por eso de orientar indirectamente el voto
católico hacia aquel reformismo moderado de
Suárez y la UCD, capaz de garantizar cierto
equilibrio entre conservadores y progresistas
tanto como aquella continuidad política en el
Gobierno que pudiera (e incluso debiera)
redundar en beneficio de la cuestión
concordataria.
Reconociendo en el centrismo la vía que podía
llevar a que la sociedad española llegara a
superar su tradicional y desfavorable
maniqueísmo político, el cardenal Vicente
Enrique y Tarancón no había dejado de seguir
atentamente la fase propedéutica de la
convocatoria electoral publicando dos series de
cartas cristianas Un futuro de todos y para
todos y ¿El poder, instrumento de
evangelización?con el fin de prevenir a todos
los españoles contra el poder taumatúrgico de la
idea democrática e invitar, por eso, a los
«dirigentes y propagandistas» a que olvidaran
momentaneamente el pasado y aprovecharan
aquella coyuntura empeñándose conjunta y
solidariamente en la realización de una «España
de todos y para todos». Era con miras a este
objetivo que en la carta de 27 de marzo de 1977
el Arzobispo de Madrid-Alcalá trazaba
claramente la posición “política” de la Iglesia
para el futuro inmediato: mantenerse al margen
Romina De Carli La jerarquía episcopal
© Historia Actual Online 2007
77
de la lucha política para la conquista del poder
siempre que los partidos en liza renunciaran a
defender «posturas políticas concretas por
razones religiosas» y a introducir «cuestiones
religiosas en las contiendas políticas». Un aviso
que el prelado remataba recordando
intencionadamente la entrevista entre Pablo VI y
Juan Carlos I del 10 de febrero anterior.
Consciente de que cualquier tipo de intervención
eclesiástica podía interpretarse según los
esquemas del pasado, el Arzobispo de la capital
empezaría a tomar sus precauciones contra las
consecuencias de un –más que probable– desvío
del voto católico hacia las izquierdas a raíz de
legalizarse el Partido Comunista, declarando que
la Iglesia volvería a ser beligerante «para
defender los derechos de la persona humana […]
e incluso para implantar el reconocimiento pleno
de esos derechos» si aquellas ideologías que
tuviesen una visión del hombre y de la vida
fundada en «filosofías distintas y hasta
contrarias a lo que la Iglesia consideraba como
un míminum indispensable» para la protección
de aquellos mismos derechos, aprovecharan el
poder del Estado para imponer su propia
Weltanschauung
7
.
Una línea –aquella del cardenal Presidente– que
la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal haría suya en el comunicado final de
22 de abril de 1977, divulgado para presentar
algunos criterios orientadores para el voto
católico en las elecciones del 15 de junio. Como
había destacado Manuel de Unciti, aquel
comunicado parecía avalar las críticas de los que
estaban achacando a la Iglesia cierta orientación
antimarxista, porque «aun sin citar por su
nombre a partidos de izquierda del momento,
dejaba entender bien a cuáles se refería» cuando
sostenía que un cristiano debía negar su apoyo a
cuantos se proponían, con sus programas,
impedir el desarrollo de los derechos y las
libertades fundamentales del hombre,
propugnando también la estatificación de la
enseñanza. Más «pacata» y genérica, por el
contrario, le había parecido la enumeración de
los contenidos programáticos que –como, por
ejemplo, la «estabilidad del matrimonio, el
derecho a la vida aun antes de nacer, el pleno
respeto de la conciencia religiosa de toda
persona tanto en lo que se refería al culto debido
a Dios como a la educación de los hijos»–
sugerían un voto favorable.
La Comisión Permanente no se había limitado
sin embargo sólo a publicar aquel comunicado
sino que, bajo la «presión de la corriente
conservadora» –según opinaba Joaquín Gomis
en El Ciervose lo había entregado también al
Secretario General del episcopado para que lo
revisara y lo fundamentara mejor en los textos
de la doctrina y el magisterio católicos. Sería así
como se redactase aquel tríptico difundido el 7
de mayo de 1977, en el cual el listado de valores
que los cristianos debían considerar para su
discernimiento electoral estaba
significativamente precedida de una explícita
referencia en contra de la ideología marxista,
tomada de la encíclica Octogesima adveniens de
Pablo VI. Y para prevenir la resonancia que
podía tener aquella interpretación en los sectores
más progresistas del catolicismo español, el
cardenal Enrique y Tarancón había decidido
escribir, a lo largo de todo el mes de mayo de
1977, otra serie de cartas cristianas (titulada El
sí y el no), para apostillar el sentido de aquel “no
al comunismo” y corregir la natural reacción
histórico-política que había llevado a muchos
católicos a identificar la oposición al régimen de
la Iglesia con la oposición política de los
partidos de izquierda, recordando las
obligaciones implícitas en el compromiso
asumido por los laicos con el bautismo. Como
explicaba el Arzobispo de Madrid-Alcalá, el
hecho de que la Iglesia hubiese aceptado la
legalización del PCE no debía inducir a los
católicos a pensar que la Iglesia había
reconocido la verdad de su programa. Al
contrario, aquella aceptación respondía a una
lógica estrictamente pastoral por considerar que
la Iglesia podía educar a los que tenían «dura la
cerviz», a partir de la verdad de Dios que, en
pequeñas dosis, estaba presente también en
religiones falsas o en ideologías contrarias a la
religión.
Ante la posibilidad de una intervención militar
que, interrumpiendo el proceso democratizador
en curso, implicara una perdida de libertad
también para la misma Iglesia católica, cabe
reconocer que el apoyo ofrecido a la opción
centrista de UCD en vísperas de las elecciones
generales de 1977 a través del “repliegue” hacia
posiciones conservadoras surt un efecto
positivo, porque contribuyó a garantizar aquella
moderación que era necesaria, tanto para llegar
al compromiso político entre los diferentes
partidos como para elaborar una Constitución
capaz de acercar las dos Españas.
Como es sabido, el 15 de junio de 1977 las urnas
brindaron una mayoría casi absoluta al partido
de Adolfo Suárez (47% de los escaños).
Renovado por eso en el cargo de Presidente del
La jerarquía episcopal Romina De Carli
© Historia Actual Online 2007
78
Gobierno, pudo seguir la realización de su
proyecto democratizador, pero habiendo de
tener debidamente en cuenta la configuración de
un Congreso donde el 34% de los escaños
pertencía al PSOE, el 6% al PCE-PSUC, el 5% a
AP y el 2% a la coalición socialista de Tierno
Galván. Y si por un lado podía resultar casi
descontado que UCD hubiese de mostrarse más
flexible hacia las propuestas del partido de
Felipe González; por otro cabe destacar que,
precisamente por la forma con que se llevó a
cabo la legalización del PCE, UCD contó con el
partido de Santiago Carrillo para suavizar las
facetas más radicales del programa socialista,
aquéllas que podían suscitar temores en los
sectores más conservadores de la sociedad.
Considerándolo tal vez un objetivo intermedio
en su proceso de adaptación a un régimen
democrático, la jerarquía eclesiástica daba un
respiro de alivio ante la victoria de UCD,
empezando a considerar también «cómo la
Iglesia habría de hacerse presente en aquella
nueva realidad social –personal e
institucionalmente– y cómo habría de actuar
para que su acción pastoral fuera eficaz».
Para el cardenal Tarancón, los obispos no debían
abdicar de las coordenadas que habían definido
la conducta del episcopado hasta aquel
momento, y que habían otorgado a la Iglesia
«suma libertad» frente al hecho político, así
como «más clara autoridad para exigir la plena
libertad en la proclamación del Mensaje».
Coordenadas que había sido: «la independencia
de los políticos; el reconocimiento del valor
temporal […]; la renuncia al poder […]; el
compromiso por la justicia […]; el
reconocimiento de la libertad religiosa en el
ordenamiento civil».
Era a través de ellos y con una «visión de
futuro» como el Presidente del episcopado, en el
discurso inaugural de la XXVI Asamblea
Plenaria, aconsejaba concentrar la acción
pastoral en el ámbito de la enseñanza –central
para la evangelización de una sociedad
democrática y «cada día más secularizada»–,
sugiriendo reflexionar específicamente sobre la
redefinición de la identidad cristiana, la
reconstrucción de la unidad eclesial a nivel
jerárquico, la promoción y fortalecimiento del
asociacionismo eclesial de los seglares, la
reorganización de la presencia social de los
militantes y, por último, la formación de un
criterio «a ser posible, uniforme» sobre aquellos
problemas concordatarios susceptibles de
alterarse con la puesta en marcha del debate
constitucional. Es decir: la confesionalidad del
Estado, la enseñanza, el matrimonio y la
economía de la Iglesia
8
.
NOTAS
1
Vid. AMAE-E, fondo Santa Sede, legs. R-19.454 y
R-19.627 y Viñas, Á., En las garras del águila: los
pactos con Estados Unidos, de Francisco Franco a
Felipe González. Barcelona, Crítica, 2003, 424-441.
2
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política. Discurso pronunciado por el Ministro
Secretario General del Movimiento en las Cortes
Españolas el 9 de junio de 1976. Madrid, Ediciones
del Movimiento, 1976, 10, 11, 19 y 20; Suárez
González A., Mensaje del Presidente del Gobierno
Adolfo Suárez González al pueblo español a través
de radiotelevisión, el día 10 de septiembre de 1976.
Madrid, Ediciones del Movimiento, 1976, 10, 15, 21
y 22; Comisión Episcopal de Apostolado Social,
“Orientaciones cristianas sobre participación política
y social (9 de julio de 1976)”, en J. Iribarren (ed.),
Documentos de la Conferencia Episcopal Española,
1965-1983. Madrid, BAC, 1984, 385, 386 y 388;
Martín Descalzo J. L., Razón y Fe, 940 (mayo de
1976), 449-460; Bourdé G. et al., Les écoles
historiques. Paris, Seuil, 1997; Hernández A., Adolfo
Suárez. Fue posible la concordia. Madrid, Espasa
Calpe, 1996, 19); Le Goff J., Histoire et mémoire.
Paris, Gallimard, 1988 y Tusell J.; García Queipo de
Llano G., Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias
Navarro entre el franquismo y la transición (1973-
1976). Barcelona, Crítica, 2003, 290-328.
3
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Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española, “Comunicado final: satisfacción y
esperanza por el acuerdo Iglesia-Estado. Próximo
referéndum (24 de septiembre de 1976)”, en J.
Iribarren ( ed.), Documentos de la…, op.cit., 399-
400; Enrique y Tarancón, V., Iglesia en Madrid, 51
(10 de octubre de 1976) y 52 (7 de octubre de 1976).
4
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Episcopal Española, “Comunicado final: tareas
episcopales. Proximidad del referéndum (27 de
noviembre de 1976)”, en J. Ibarren (ed.),
Documentos de la…, op. cit., (1984), 401-402;
Boletín Oficial del Arzobispado de Madrid-Alcalá,
19 (15 de noviembre de 1976), 950, nn. 20-21
(diciembre de 1976), 1.022 y 13 (julio de 1976), 565;
Enrique y Tarancón V., Iglesia en Madrid, 56 (14 de
noviembre de 1976) y 57 (21 de noviembre de 1976);
Guerra Campos J., Boletín Oficial del Obispado de
Cuenca, 11 (noviembre-diciembre de 1976), 368-
374; Suárez González A., Mensaje del Presidente del
Gobierno Adolfo Suárez al pueblo español,
transmitido por la televisión española y por radio
nacional en la noche del 14 de diciembre, en víspera
del referéndum nacional para la reforma política.
Madrid, Ediciones del Movimiento, 1976, 15;
Journal de Genéve, 29 de noviembre de 1976; Verdú
V.-Gonzalo L., Cuadernos para el Diálogo, 189 (11
Romina De Carli La jerarquía episcopal
© Historia Actual Online 2007
79
de diciembre de 1976), 35-44; Hernández A., Fue
posible…, op. cit., 46-62; Mateos A., “Una transición
dentro de la transición. Auge, unidad y “conversión”
de los socialistas”, en J. Tusell: Á. Soto Carmona
(eds.), Historia de la transición, 1975-1986. Madrid,
Alianza Universal, 1996, 216-235 y Powell Ch.,
España en democracia, 1975-2000. Las claves de la
profunda transformación de España. Barcelona,
Plaza&Janes, 2001, 145-175.
5
Vid. Enrique y Tarancón V., Iglesia en Madrid, 58
(28 de noviembre de 1976), 59 (5 de diciembre de
1976), 60 (12 de diciembre de 1976), 61 (19 de
diciembre de 1976), 62 (27 de diciembre de 1976),
63 (2 de enero de 1977), 64 (9 de enero de 1977), 65
(16 de enero de 1977), 66 (23 de enero de 1977) y
Gomis, J., El Ciervo, 299 (enero de 1977), 14.
6
Vid. AMAE-E, fondo Santa Sede, leg. R-19.625;
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española, “Nota sobre la participación política (2 de
febrero de 1977)”, en J. Iribarren (ed.), Documentos
de la…, op. cit., 405; Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española, “Comunicado final:
condenación de la violencia (2 de febrero de 1977)”,
en J. Iribarren (ed.), Documentos de la…, op. cit.,
406; Boletín Oficial del Arzobispado de Madrid-
Alcalá, 3 (1 de febrero de 1977), 128; Hernández A.,
Fue posible…, op. cit., 63-74; Juliá, S., Un siglo de
España. Política y Sociedad. Madrid, Marcial Pons,
1999, 222-231 y Powell, Ch., España en
democracia…, op. cit., 175-192.
7
Vid. AMAE-E, fondo Santa Sede, legs. R-19.625 y
R-19.907; Boletín Oficial del Arzobispado de
Barcelona, marzo de 1977, 121-122; de Unciti M.,
Iglesia Viva, 67-68 (enero-abril de 1977), 177-184;
Enrique y Tarancón V., Iglesia en Madrid, 72 (6 de
marzo de 1977), 73 (13 de marzo de 1977), 75 (27 de
marzo de 1977), 77 (10 de abril de 1977), 78 (17 de
abril de 1977), 79 (24 de abril de 1977); Gomis, L.,
El Ciervo, 303 (marzo de 1977), 3 y 303 (marzo de
1977), 6.
8
Vid. Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española, “Comunicado final: ante las
próximas elecciones (22 de abril de 1977)”, en J.
Iribarren (ed.), Documentos de la…, op. cit., 407);
Secretaría General del Episcopado, “El cristiano ante
las elecciones (7 de mayo de 1977)”, en J. Iribarren
(ed.), Documentos de la…, op. cit., 421-425 y 425-
435; Boletín Oficial del Arzobispado de Madrid-
Alcalá, 12 (15 de junio de 1977), 614, 615, 616 y
618; Enrique y Tarancón, V., Iglesia en Madrid, 81
(8 de mayo de 1977), 82 (15 de mayo de 1977), 83
(22 de mayo de 1977), 84 (29 de mayo de 1977); de
Unciti, M., Iglesia Viva, 67-68 (enero-abril de 1977),
183, 69 (mayo-junio de 1977), 303-310; Gomis, J., El
Ciervo, 306-307 (abril-mayo de 1977), 7, 306-307
(abril-mayo de 1977), 15; 308 (mayo de 1977), 7;
Arbeloa, V. M., El Ciervo, 308 (mayo de 1977), 17;
Borrat, H., El Ciervo, 309-310 (junio de 1977), 25-
26; Gomis, J., El Ciervo, 311-312 (julio de 1977), 6;
La Civiltà Cattolica, 3.050 (16 de julio de 1977),
185-194; Suárez Gonzáles A., Mensaje del
Presidente del Gobierno Adolfo Suárez González al
pueblo español (transmitido por TVE y RNE en la
noche del 3 de mayo de 1977. Madrid, Ediciones
Umbral, 1977 y Powell Ch., España en
democracia…, op. cit., 192-198.
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pueblo español a través de radiotelevisión, el día 10 de septiembre de 1976. Madrid, Ediciones del Movimiento Orientaciones cristianas sobre participación política y social (9 de julio de 1976)
  • G Bourdé
Secretario General del Movimiento en las Cortes Españolas el 9 de junio de 1976. Madrid, Ediciones del Movimiento, 1976, 10, 11, 19 y 20; Suárez González A., Mensaje del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez González al pueblo español a través de radiotelevisión, el día 10 de septiembre de 1976. Madrid, Ediciones del Movimiento, 1976, 10, 15, 21 y 22; Comisión Episcopal de Apostolado Social, " Orientaciones cristianas sobre participación política y social (9 de julio de 1976) ", en J. Iribarren (ed.), Documentos de la Conferencia Episcopal Española, 1965-1983. Madrid, BAC, 1984, 385, 386 y 388; Martín Descalzo J. L., Razón y Fe, 940 (mayo de 1976), 449-460; Bourdé G. et al., Les écoles historiques. Paris, Seuil, 1997; Hernández A., Adolfo Suárez. Fue posible la concordia. Madrid, Espasa Calpe, 1996, 19);
R-19.738; Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española Comunicado final: satisfacción y esperanza por el acuerdo Iglesia-Estado. Próximo referéndum (24 de septiembre de 1976)
  • Vid
  • Santa Amae-E
  • Sede
3 Vid. AMAE-E, fondo Santa Sede, leg. R-19.738; Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, " Comunicado final: satisfacción y esperanza por el acuerdo Iglesia-Estado. Próximo referéndum (24 de septiembre de 1976) ", en J. Iribarren ( ed.), Documentos de la…, op.cit., 399- 400; Enrique y Tarancón, V., Iglesia en Madrid, 51 (10 de octubre de 1976) y 52 (7 de octubre de 1976).
Comunicado final: tareas episcopales Proximidad del referéndum (27 de noviembre de 1976)
4 Vid. Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, " Comunicado final: tareas episcopales. Proximidad del referéndum (27 de noviembre de 1976) ", en J. Ibarren (ed.), Documentos de la…, op. cit., (1984), 401-402;
Mensaje del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez al pueblo español, transmitido por la televisión española y por radio nacional en la noche del 14 de diciembre, en víspera del referéndum nacional para la reforma política
  • Guerra Campos
Guerra Campos J., Boletín Oficial del Obispado de Cuenca, 11 (noviembre-diciembre de 1976), 368- 374; Suárez González A., Mensaje del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez al pueblo español, transmitido por la televisión española y por radio nacional en la noche del 14 de diciembre, en víspera del referéndum nacional para la reforma política. Madrid, Ediciones del Movimiento, 1976, 15; Journal de Genéve, 29 de noviembre de 1976; Verdú V.-Gonzalo L., Cuadernos para el Diálogo, 189 (11
Nota sobre la participación política (2 de febrero de 1977) Documentos de la…, op. cit., 405; Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal EspañolaComunicado final: condenación de la violencia (2 de febrero de 1977)
  • Comisión Permanente De La Conferencia Episcopal
  • Española
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, "Nota sobre la participación política (2 de febrero de 1977)", en J. Iribarren (ed.), Documentos de la…, op. cit., 405; Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, "Comunicado final: condenación de la violencia (2 de febrero de 1977)", en J. Iribarren (ed.), Documentos de la…, op. cit., 406; Boletín Oficial del Arzobispado de Madrid
R-19.625 y R-19.907; Boletín Oficial del Arzobispado de Barcelona
  • Vid
  • Santa Amae-E
  • Sede
Vid. AMAE-E, fondo Santa Sede, legs. R-19.625 y R-19.907; Boletín Oficial del Arzobispado de Barcelona, marzo de 1977, 121-122; de Unciti M., Iglesia Viva, 67-68 (enero-abril de 1977), 177-184;
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal EspañolaComunicado final: ante las próximas elecciones (22 de abril de 1977)
  • J Vid En
Vid. Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, "Comunicado final: ante las próximas elecciones (22 de abril de 1977)", en J.
Documentos de la…, op. cit
  • Iribarren
Iribarren ( ed.), Documentos de la…, op.cit., 399
El cristiano ante las elecciones (7 de mayo de 1977)
  • Secretaría General
  • Del Episcopado
Secretaría General del Episcopado, "El cristiano ante las elecciones (7 de mayo de 1977)", en J. Iribarren (ed.), Documentos de la…, op. cit., 421-425 y 425
Mensaje del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez González al pueblo español (transmitido por TVE y RNE en la noche del 3 de mayo de 1977
  • La Civiltà
La Civiltà Cattolica, 3.050 (16 de julio de 1977), 185-194; Suárez Gonzáles A., Mensaje del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez González al pueblo español (transmitido por TVE y RNE en la noche del 3 de mayo de 1977. Madrid, Ediciones Umbral, 1977 y Powell Ch., España en democracia…, op. cit., 192-198.