Las cooperativas rurales y su rol articulador en la nueva ruralidad del postconflicto en Colombia: un balance desde la reintegración socioeconómica de los desmovilizados

Abstract

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto en Colombia supera el mero desarme de la guerrilla, requiriendo la reincorporación socioeconómica de los excombatientes para una reintegración completa. Las cooperativas agropecuarias, con su naturaleza participativa, solidaria y equitativa, se erigen como una alternativa viable y duradera para este proceso. El presente artículo tiene como objetivo estudiar el rol que pueden desempeñar las cooperativas rurales en el marco de la reinserción socioeconómica, en consonancia con su naturaleza participativa, solidaria y equitativa. Basado en un enfoque metodológico de análisis documental de información especializada, se explora el papel de las cooperativas rurales en la reinserción socioeconómica de los excombatientes. Adicionalmente, se analiza el rol del Estado en la «nueva ruralidad» del postconflicto. Como resultados, se plantean consideraciones sobre la oportunidad que pueden representar las cooperativas rurales en pro de la reducción de la pobreza, la reconstrucción del tejido social y el mejoramiento de sus condiciones de vida. Además, se presentan dos casos de éxito de asociaciones conformadas por excombatientes de las FARC que han contribuido a la reconstrucción del tejido social y a una reintegración socioeconómica efectiva. Recibido: 21 octubre 2024 Aceptado: 18 febrero 2025

Full text

Boletín de la Asociación Internacional deDerecho
Cooperativo
International Association of Cooperative LawJournal
No.66/2025
DOI: https://doi.org/10.18543/baidc662025
ARTICLES / ARTÍCULOS
Las cooperativas rurales y su rol articulador enlanueva ruralidad
del postconflicto en Colombia: unbalance desde la reintegración
socioeconómica delosdesmovilizados
The role of rural cooperatives in shaping the new rural reality of post-conflict
Colombia: a perspective from the socioeconomic reintegration of former
combatants
Iván Vargas-Chaves
doi: https://doi.org/10.18543/baidc.3175
Recibido: 21.10.2024 • Aceptado: 18.02.2025 • Fecha de publicación en línea: marzo de 2025
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Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo
ISSN: 1134-993X • ISSN-e: 2386-4893, No. 66/2025, Bilbao
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Las cooperativas rurales y su rol articulador
enlanueva ruralidad del postconflicto en Colombia:
unbalance desde la reintegración socioeconómica
delosdesmovilizados
(The role of rural cooperatives in shaping the new rural
reality of post-conflict Colombia: a perspective from the
socioeconomic reintegration of former combatants)
Iván Vargas-Chaves1
Universidad Militar Nueva Granada (Colombia)
doi: https://doi.org/10.18543/baidc.3175 Recibido: 21.10.2024
Aceptado: 18.02.2025
Fecha de publicación en línea: marzo de 2025
Sumario: Introducción. I. El Estado colombiano y la ‘nueva rura-
lidad’ en el postconflicto. II. Hacia una reinserción socioeconómica de
los desmovilizados. III. Las cooperativas rurales: una oportunidad para
los desmovilizados. IV. COMPAC y ECOMUN como iniciativas de rein-
serción socioeconómica. V. Conclusiones. VI. Referencias bibliográficas.
Summary: Introduction. I. The Colombian State and the 'new ru-
rality' in the post-conflict. II. Towards the socioeconomic reintegration
of demobilized individuals. III. Rural cooperatives: an opportunity for
demobilized individuals. IV. COMPAC and ECOMUN as initiatives for
socioeconomic reintegration. V. Conclusions. VI. References.
Resumen: El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto en Colombia
supera el mero desarme de la guerrilla, requiriendo la reincorporación socioe-
conómica de los excombatientes para una reintegración completa. Las coope-
rativas agropecuarias, con su naturaleza participativa, solidaria y equitativa, se
erigen como una alternativa viable y duradera para este proceso. El presente
artículo tiene como objetivo estudiar el rol que pueden desempeñar las coope-
rativas rurales en el marco de la reinserción socioeconómica, en consonancia
con su naturaleza participativa, solidaria y equitativa. Basado en un enfoque
metodológico de análisis documental de información especializada, se explora
el papel de las cooperativas rurales en la reinserción socioeconómica de los ex-
combatientes. Adicionalmente, se analiza el rol del Estado en la «nueva rurali-
1 Doctor en Derecho. Profesor de la Universidad Militar Nueva Granada
(Bogotá, Colombia). Contacto: ivan.vargas@unimilitar.edu.co; ivargas@outlook.com
ORCID:0000-0001-6597-2335

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dad» del postconflicto. Como resultados, se plantean consideraciones sobre la
oportunidad que pueden representar las cooperativas rurales en pro de la re-
ducción de la pobreza, la reconstrucción del tejido social y el mejoramiento de
sus condiciones de vida. Además, se presentan dos casos de éxito de asocia-
ciones conformadas por excombatientes de las FARC que han contribuido a la
reconstrucción del tejido social y a una reintegración socioeconómica efectiva.
Palabras clave: reintegración socioeconómica; cooperativas rurales; pos-
conflicto en Colombia; construcción de paz; Colombia.
Abstract: The Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Sta-
ble and Lasting Peace goes beyond the mere disarmament of the guerrillas,
requiring the socioeconomic reintegration of former combatants for a com-
plete reintegration. Agricultural cooperatives, with their participatory, solidar-
ity-based, and equitable nature, stand out as a viable and durable alternative
for this process. This paper aims to study the role that rural cooperatives can
play in the framework of socioeconomic reintegration, in line with their par-
ticipatory, solidarity-based, and equitable nature. Based on a methodological
approach of documentary analysis of specialized information, the role of ru-
ral cooperatives in the socioeconomic reintegration of former combatants is
explored. Additionally, the role of the State in the “new rurality” of the post-
conflict is analyzed. As a result, considerations are raised about the oppor-
tunity that rural cooperatives can represent for the reduction of poverty, the
reconstruction of the social fabric, and the improvement of their living condi-
tions. In addition, two success stories of associations formed by FARC ex-com-
batants who have contributed to the reconstruction of the social fabric and an
effective socioeconomic reintegration are presented.
Keywords: socioeconomic reintegration; rural cooperatives; post-conflict
in Colombia; peacebuilding; Colombia.

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Introducción
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, suscrito en no-
viembre de 2016 por el gobierno colombiano y las FARC-EP, trasciende
el mero desarme de la guerrilla. La reintegración de los excombatientes
a la vida civil no se completa únicamente con su desmovilización, sino
que requiere imperativamente de su reincorporación socioeconómica
(Sierra y González 2021; Díaz Galán 2021; Massé y Le Billon 2018;
Zambrano Palma y Ojeda Pérez 2022).
En este sentido, toda iniciativa que propenda por la generación de
alternativas económicas lícitas para los excombatientes les brindará la
oportunidad de mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo de
sus comunidades. Es ahí donde las cooperativas agropecuarias emer-
gen como una opción viable y duradera para la reintegración social y
económica de los excombatientes.
El presente documento, que es producto resultado del investiga-
ción (INV-DER-4041) del autor como profesor de la Universidad Militar
Nueva Granada, tiene por objetivo estudiar el rol que pueden desem-
peñar las cooperativas rurales en el marco de la reinserción socioeco-
nómica, y como parte de su naturaleza participativa, solidaria y equi-
tativa.
Con el fin de cumplir con este objetivo, el estudio efectuado se vale
de un enfoque metodológico de análisis documental de información
especializada, incluyendo libros, capítulos de libros, informes, estudios
y artículos publicados en revistas indexadas en bases de datos en SJR y
JCR. Esta metodología tiene la ventaja de permitir adentrarse en un en-
tramado complejo de temas y extraer insights como insumo de trabajo.
En el contexto del presente estudio, este enfoque metodológico se
convierte en un pilar fundamental para cumplir con el objetivo de estu-
diar el cooperativismo, el postconflicto y los estudio de paz.
Con base en la relevancia, confiabilidad y actualidad de la informa-
ción, se seleccionaron un total de setenta y ocho fuentes bibliográficas,
adecuadas para el estudio, luego de utilizar unos criterios estrictos de
búsqueda a través de palabras clave en español e inglés dentro de las
citadas bases de datos, tales como ‘cooperativas AND rurales’, ‘econo-
mía AND social AND postconflicto’, ‘acuerdo AND paz AND Farc’, ‘rein-
serción AND social AND económica’, entre otras.
Como resultado, se presentan unas reflexiones y consideraciones
sobre la economía solidaria, y particularmente las cooperativas rurales,
como estrategia de abordaje del postconflicto y la reinserción socioe-
conómica de los desmovilizados. Así, en un primer apartado se deta-
lla el rol y el deber ser del Estado colombiano con la ‘nueva ruralidad’

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en el postconflicto. A continuación se aborda el concepto de reinser-
ción socioeconómica de los desmovilizados. El tercer apartado estudia
las cooperativas rurales como una oportunidad para los desmoviliza-
dos, y, por último, se relacionan como casos de éxito las iniciativas de
COMPAC y ECOMUN en la reinserción socioeconómica de desmovili-
zados.
El estudio concluye con una visión desde el cooperativismo rural,
donde se propugna por una distribución justa de los beneficios y la
participación de los reinsertados y las víctimas civiles en calidad de aso-
ciados, en la gestión de empresas solidarias con el fin de contribuir a la
reducción de la pobreza, la reconstrucción del tejido social y el mejora-
miento de sus condiciones socioeconómicas.
I. El Estado colombiano y la ‘nueva ruralidad’ en el postconflicto
Colombia ha sido escenario de un prolongado conflicto armado
que, por décadas, ha afectado a diversas poblaciones y territorios. En
algunas regiones geográficamente marcadas por la violencia, el Estado
colombiano ha evidenciado una notable debilidad —en ocasiones in-
cluso una ausencia total— en el cumplimiento de su deber constitucio-
nal de proteger la vida de todos sus habitantes (Theidon y Betancourt
2006; Giraldo Gómez 2010). Asimismo, ha fallado en la creación de es-
cenarios adecuados que propicien condiciones acordes a las demandas
particulares de cada región (Rettberg 2003; Fisas 2010; Nussio 2013)
Esta falta de escenarios propicios en los territorios se ha reflejado,
principalmente, en la problemática agraria y la exclusión de sectores ru-
rales. Estas condiciones adversas contribuyeron al surgimiento de gru-
pos armados, los cuales, se han conformado principalmente por acto-
res sociales de orígenes campesinos, quienes buscaban reivindicaciones
como el derecho a la propiedad de la tierra, reformas agrarias y protec-
ción al sector agropecuario (Calderón Rojas 2016).
En este escenario, la implementación de alternativas efectivas diri-
gidas a la reinserción de los desmovilizados de estos grupos subversi-
vos ha requerido de políticas públicas diferenciadas (Sierra y González
2021). Estas políticas han tenido distintos ejes de acción, al ser un pro-
blema complejo que ha debido abordarse de forma interdisciplinar e
integral, por ejemplo, en materia agraria, se han buscado mecanismos
como la reforma agraria, la redistribución de tierras o un acceso a cré-
dito en condiciones especiales para la compra de tierras; ello con el fin
de garantizar un acceso equitativo a este recurso fundamental para la
producción agropecuaria (Díaz Galán 2021).

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Desde esta misma óptica, la labor de las instituciones ha buscado
promover el uso eficiente de la tierra cultivable, mediante la imple-
mentación de prácticas agrícolas sostenibles, inversión en investiga-
ción y desarrollo para un manejo adecuado de recursos hídricos y
conservación de la biodiversidad. De esta manera, se busca optimizar
la productividad del suelo y el recurso hídrico sin degradar el medio
ambiente.
Otros aspectos clave se enmarcan en el fortalecimiento de los siste-
mas de registro y titulación de tierras, inversión en infraestructura vial,
educativa, de salud y de comunicaciones en las zonas rurales, o amplia-
ción de la cobertura de servicios públicos esenciales como agua pota-
ble, saneamiento básico, energía eléctrica y acceso a internet.
De acuerdo con autores como Ríos (2017) o Giraldo Gómez
(2010), al fortalecer la institucionalidad y la presencia en las comuni-
dades más vulnerables e impactadas durante el conflicto armado, se
mejoran los indicadores de la economía local, el desarrollo humano y
las condiciones de vida de la población. Todo lo anterior, por supuesto
va de la mano de una inversión constante en infraestructura produc-
tiva como vías de acceso, sistemas de riego y centros de acopio, lo-
grando reducir costos de producción y transporte, así como mejorar la
competitividad.
Con la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia, por sus siglas FARC, el 26 de septiembre de
2016 finalizaba un conflicto armado que acumulaba seis décadas con
este grupo subversivo, dando paso a un escenario de postconflicto (Sie-
rra y González 2021). Este nuevo panorama, si bien ha representado
una disminución de combates, secuestros u homicidios, no ha impli-
cado la terminación del conflicto armado, pues las disidencias de esta
guerrilla y otros grupos subversivos como el Ejército de Liberación Na-
cional han ocupado parcialmente territorios donde ejercen aún una in-
fluencia (Massé y Le Billon 2018).
Volviendo al escenario de la ruralidad, en el marco del Acuerdo de
Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC, estas últimas pro-
pusieron la creación de «Territorios Campesinos» como parte de su vi-
sión para un «nuevo campo colombiano». Estos territorios, de propiedad
colectiva y administrados por las propias comunidades, se conformarían
a partir de las Zonas de Reserva Campesina existentes y de las Zonas de
producción campesina de alimentos propuestas por las FARC-EP, que
en total sumaban más de 14 millones de hectáreas (Zambrano Palma y
Ojeda Pérez 2022; Grajales 2021a).
Esta propuesta aún no se ha materializado, pues, por una parte,
en el Acuerdo de Paz no especificó el procedimiento —así como tam-

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poco se ha hecho de forma posterior— para facilitar a los excomba-
tientes de las FARC la creación de estos territorios, o si podrán acceder
a los ya existentes. En igual sentido, aún se ha legislado en función de
crear las condiciones para un manejo de estos territorios basado en el
autogobierno, la autogestión y la autodeterminación, ni acerca de las
condiciones para que se destinen recursos destinados específicamente
a este fin.
Al final, pese a no contarse con un escenario legislativo propicio
para el cumplimiento de los compromisos por parte del Estado colom-
biano en esta nueva ruralidad, sí queda claro que tendrá una labor muy
importante para lograr una reinserción de los desmovilizados, en con-
diciones sociales y económicas aptas. Para ello, deberá trabajar en fo-
mentar su inclusión productiva mediante estrategias como el acceso
a crédito, asistencia técnica, capacitación en emprendimiento y de-
sarrollo de cadenas de valor, con el fin de generar oportunidades de
negocio y aumentar sus ingresos a fin de evitar que retornen a las filas
de grupos subversivos emergentes.
II. Hacia una reinserción socioeconómica de los desmovilizados
La concentración de la tierra en manos de una minoría ha sido una
constante histórica en Colombia. Esta situación ha generado exclusión
social, pobreza y aversión por parte de la población rural hacia el apa-
rato estatal y las instituciones (Grajales 2020). Por este motivo, ha sido
prioritaria la diversificación económica en las zonas rurales, promo-
viendo actividades agropecuarias y no agropecuarias como turismo, ar-
tesanías y servicios, para crear nuevas fuentes de empleo y mejorar el
nivel de vida de la población víctima del conflicto armado y los desmo-
vilizados (Valenzuela y Caicedo 2018).
En efecto, los sectores rurales más afectados por el conflicto ar-
mado en las últimas décadas han tenido un acceso limitado a servi-
cios básicos y a modelos productivos. En este último caso, esto los
llevó a dedicarse a los cultivos de uso ilícito o a formar parte de las
mismas estructuras de las FARC como únicas alternativas de vida.
Esto ha dificultado su desarrollo económico y social, empujándolos
hacia la marginalidad y la violencia (Berman-Arévalo y Ojeda 2020;
Schmitz 2019).
Al promover la agroindustria, el desarrollo de modelos sosteni-
bles y la comercialización directa de productos agrícolas, se logra un
avance importante hacia una reinserción socioeconómica de los des-
movilizados y las víctimas del conflicto armado en estos territorios

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(Aparicio 2020; Villarreal Escallón 2021; Mosquera-Camacho y Mars-
ton 2021).
En este punto, debe insistirse en que el Estado colombiano tiene un
papel fundamental que jugar para lograr este objetivo, además de brindar
garantías de seguridad para la vida e integridad física de estos grupos de
interés y ser el eje articulador de un proceso de reconciliación social que
permita sanar las heridas del conflicto y reconstruir el tejido social.
Sin embargo, como se ha reseñado hasta este punto, en la práctica
los excombatientes no cuentan plenamente con un acceso a oportuni-
dades económicas para reintegrarse a la vida civil. Esto, pese a haberse
pactado en el Acuerdo de Paz, que aún requiere la implementación de
programas de formación y capacitación laboral, así como el acceso a
crédito y financiamiento, entre otras estrategias que garanticen una re-
inserción socioeconómica (McKay 2018).
En efecto, la reinserción socioeconómica se configura como un
componente esencial dentro de todo proceso de reintegración de des-
movilizados, el cual se inicia con el desarme, seguido de la desmoviliza-
ción y culmina con la reintegración en sus diversas dimensiones: social,
política y económica. Esta última, se refiere a la generación de opor-
tunidades para que los excombatientes accedan al mercado laboral u
obtengan ingresos sostenibles; elementos que, a su vez, incidan direc-
tamente en su permanencia en la legalidad y en la prevención de la
reincidencia en la criminalidad.
Con todo, este enfoque de reintegración no solo busca proveer a
los desmovilizados de medios de subsistencia, sino también contribuir
a su reconstrucción personal y sentido de identidad. Diversos estudios y
autores coinciden en señalar que la capacidad de generar ingresos y la
construcción de un proyecto de vida alternativo a la violencia son fac-
tores cruciales para el éxito de la reintegración (García-Trujillo 2020;
Grajales 2021b; Navarrete-Cruz etal. 2020; Villarreal Escallón 2021).
Para culminar eficazmente un proceso de esta naturaleza, se de-
ben por supuesto considerar un número amplio de variables. Gutié-
rrez Sanín (2019), Schmitz (2019) y Howland (2022) describen, desde
el grado de escolaridad o las habilidades educativas, agrícolas, técnicas
o artesanales de los excombatientes, a efectos de determinar sus opor-
tunidades laborales y la generación de ingresos sostenibles. También
se conciben como variables las responsabilidades familiares y las cargas
dependientes, que pueden influir en las necesidades económicas y las
estrategias de reintegración.
Otras variables pueden incluir la disponibilidad de tierra y vivienda
en condiciones dignas, especialmente en zonas rurales; o la existen-
cia de redes de apoyo de trabajo social y psicológico, o el desarrollo de

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campañas inclusivas que rompan las brechas de discriminación asocia-
das a la condición de los excombatientes. Esta discriminación se da, por
ejemplo, con el acceso a servicios financieros y bancarización (Albarra-
cín etal. 2023).
Es, en este punto, donde es importante ver a los otros actores que
tienen la posibilidad de aportar a un mejoramiento de las condiciones
de vida de los desmovilizados en el ámbito rural. Dentro de estos acto-
res, se destacan por ejemplo las empresas y el rol que desde la respon-
sabilidad social pueden desempeñar como articuladoras en procesos de
reinserción socioeconómica.
Y es que más allá de un deber de cumplimiento legal, las empre-
sas, como actores sociales con gran influencia, tienen la responsabili-
dad ética de contribuir al bienestar de las comunidades donde operan
y proteger el medio ambiente. Su responsabilidad, siguiendo a Gon-
zález-Mendoza etal. (2019) o a Sierra (2021) implica asumir un deber
ético que trasciende las obligaciones legales, actuando con integridad y
transparencia en todas las operaciones, evitando prácticas corruptas, y
promoviendo la ética en la toma de decisiones.
Al margen de sus obligaciones constitucionales y legales, el Estado,
por su parte, también debe asumir una responsabilidad social que se
puede materializar en un enfoque integral que aporte a la reinserción
socioeconómica de los desmovilizados; particularmente como impul-
sar de modelos asociativos basados en el cooperativismo, propugnando
por la creación y formalización de cooperativas rurales de producto-
res desmovilizados, para que puedan acceder a mejores condiciones de
compra de insumos, venta de productos, o tengan un acceso a crédi-
tos. Esto se analizará en líneas posteriores.
III. Las cooperativas rurales: una oportunidad para los
desmovilizados
La evolución del marco normativo del cooperativismo en Colom-
bia ha sido un proceso gradual y continuo, marcado por la promul-
gación de diversas leyes y decretos que han contribuido a fortalecer
y modernizar el sector. Desde la Ley134 de 1931 hasta la Ley79 de
1988, se ha recorrido un camino importante para consolidar el coo-
perativismo como una alternativa viable para el desarrollo económico
y social del país.
En 1931, Colombia dio un paso fundamental hacia el recono-
cimiento y fomento del cooperativismo con la promulgación de la
Ley134 de 1931, que es considerada como la primera norma coope-

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rativa del país. Esta Leysentó las bases para el desarrollo del sector, es-
tableciendo principios fundamentales como la libre asociación, la auto-
nomía y la ayuda mutua. Al año siguiente, el Decreto Ley874 de 1932
complementó la Ley 134, adoptando medidas específicas para el fo-
mento del cooperativismo.
En 1945, el Decreto 1339 se encargó de reglamentar la Ley134,
proporcionando mayor claridad y precisión a las normas que regían
el sector cooperativo. Este decreto contribuyó además a la consolida-
ción del marco legal y facilitó la implementación de las disposiciones
establecidas en la ley. Acto seguido, un hito significativo se alcanzó en
1963 con la promulgación del Decreto-Ley1598, que se constituyó en
el nuevo marco legal del cooperativismo colombiano.
En 1968, el Decreto 2059 se encargó de reglamentar el Decreto
Ley1598 de 1963, proporcionando detalles y lineamientos para la apli-
cación de las normas establecidas en el decreto ley. Por lo demás, este
decreto contribuiría a la modernización del marco legal y a la mejora
de la eficiencia en la gestión del sector cooperativo, hasta que, final-
mente, en 1988, la Ley 79 actualizó el régimen legal del cooperati-
vismo, para adaptarlo a las nuevas realidades económicas y sociales.
Esta ley, considerada como la segunda LeyGeneral de Cooperativas en
Colombia, dio un nuevo impulso al desarrollo del sector y sentó las ba-
ses para su crecimiento en el sigloxxi.
En los últimos años, las cooperativas en Colombia han experimen-
tado un crecimiento significativo, consolidándose como un sector eco-
nómico y social de gran relevancia (Pardo-Martínez y Huertas de Mora
2014). Este auge se debe a diversos factores, entre los que destacan un
mayor reconocimiento y apoyo institucional, por ejemplo, el Estado co-
lombiano ha implementado políticas públicas para el fomento del coo-
perativismo, incluyendo la creación de entidades de apoyo y la asigna-
ción de recursos para su desarrollo (Ramírez-Díaz, etal. 2016).
También, las cooperativas han ampliado su campo de acción, in-
cursionando en nuevos sectores económicos como la producción
agroindustrial, el turismo comunitario y la prestación de servicios fi-
nancieros. Todo ello ha repercutido en un aumento en la participa-
ción de la población en la creación y gestión de cooperativas, lo que
refleja un mayor interés y confianza en este modelo asociativo (Pérez
Zea 2022).
En un contexto de postconflicto, la inclusión socioeconómica de los
desmovilizados y las víctimas civiles del conflicto se convierte en un pi-
lar para la construcción de paz. El cooperativismo, al ofrecer oportu-
nidades de trabajo digno y autogestión, contribuye a la reintegración
social y económica de estas poblaciones, aportando en la misión de

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prevenir la reincidencia en el conflicto y sentando las bases para un fu-
turo más próspero y equitativo.
Y es que el sector solidario, en su esencia, está inextricablemente li-
gado al concepto de «construcción permanente de paz». Su compro-
miso con la inclusión, la cooperación y la solidaridad lo convierte en un
actor fundamental en el proceso de sanación social y la consolidación
de una paz duradera. Por lo anterior, autores como Martínez (2017),
Nilsson, y Jonsson (2023) afirman que la construcción de paz tras-
ciende la mera resolución del conflicto armado, abarcando la recompo-
sición del tejido social y el desarrollo integral de las comunidades. Es en
este espectro, donde las cooperativas juegan un papel protagónico, im-
pulsando iniciativas que promueven el desarrollo sostenible.
Al hablar puntualmente del caso de las cooperativas rurales o cam-
pesinas, las perspectivas de este modelo asociativo en el escenario del
posconflicto rural, puede llegar a ser particularmente positivas. Su en-
foque en el desarrollo local, la promoción de prácticas solidarias y la
inclusión grupos sociales vulnerables lo convierten en un motor fun-
damental para el crecimiento económico del campo, la mejora de la ca-
lidad de vida de las comunidades rurales y la construcción de una paz
duradera en las zonas afectadas por el conflicto (Ramírez Diaz et al.
2016; Stilma 2023; Chavez-Miguel etal. 2022).
De acuerdo con Lora Ochoa etal. (2017) en varios países de Amé-
rica Latina se han implementado modelos propios de economía so-
lidaria, no solo en el ámbito económico básico de la sociedad, sino
también en la distribución equitativa de la tierra y el agua. Esto ha sig-
nificado la incursión de la economía solidaria en el sector agrario como
pilar fundamental para un Estado más justo.
Pese a ello, autores como Serna Gómez y Rodríguez Barrero
(2016), Coque (2002) o Ramírez Diaz etal. (2016) son enfáticos en que
el progreso o el retroceso del cooperativismo en las zonas rurales de
América Latina se debe a la existencia de diversas corrientes, lo que re-
sulta en un desarrollo desigual que varía según los diferentes contextos
sociales y las estrategias de promoción empleadas.
Así, mientras las cooperativas rurales en Argentina no solo repre-
sentan un modelo económico, sino que están profundamente arrai-
gadas en la historia y la identidad nacional, En contraste en el caso de
Bolivia el sistema cooperativo ha sido fundamental para combatir la po-
breza y se ha convertido en un mecanismo para promover el trabajo
decente (Lora Ochoa etal. 2017).
Este es el caso de los excombatientes de la Guerra del Chaco en
Bolivia, quienes promovieron el concepto de «asociación idealista» de
producción y comercialización individual, que sirvió de base para el mo-

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vimiento cooperativo. De esta manera, se conformaron las primeras
cooperativas agrícolas y ganaderas en áreas cercanas a las zonas petro-
leras, ya que los excombatientes fueron beneficiarios de tierras, maqui-
naria, equipos y semillas (Moller 1987).
A su vez, las cooperativas agropecuarias son una alternativa viable
y sostenible. Su estructura permite la participación de los desmoviliza-
dos brindándoles acceso a recursos, capacitación, mercados y servicios,
lo que se traduce en beneficios socioeconómicos para todos sus miem-
bros. De esta manera, las cooperativas rurales pueden facilitar el acceso
a mercados nacionales e internacionales, logrando obtener mejores
precios por sus productos, o una reducción de costos de producción,
ya que la unión de productores en cooperativas rurales permite la com-
pra conjunta de insumos, reduciendo costos de producción y aumen-
tando la rentabilidad (Pérez Daruiz y Briones Peñalver 2014).
Si a lo anterior se suma la organización y la capacidad de gestión
de las cooperativas, se puede impactar en un mejor y más ágil acceso
de sus miembros a créditos, microcréditos o financiamiento. También,
pueden ser plataformas de capacitación y asistencia técnica agroali-
mentaria, mejorando las habilidades productivas y generando capa-
cidades para que los desmovilizados asociados puedan darle un valor
agregado para sus productos.
Por último, pero no por ello menos importante, las cooperativas ru-
rales pueden fomentan la participación de los productores en la toma
de decisiones, en conjunto con la propia comunidad civil, fortaleciendo
su organización social y estrechando los lazos y la reconstrucción de un
tejido social fracturado por el conflicto armado de larga data.
Si se analiza el caso puntual de las cooperativas rurales en el
postconflicto, luego de firmarse el Acuerdo de Paz entre el Estado co-
lombiano y las FARC-EP, puede verse el potencial en la contribución a
la reintegración social y productiva de los excombatientes. En este sen-
tido, diversos actores han insistido en que las cooperativas rurales pue-
den servir como espacios de diálogo, encuentro y construcción de con-
fianza entre excombatientes de este grupo armado, y las víctimas y
comunidades; facilitando el proceso de reconciliación (Serna Gómez y
Rodríguez Barrero 2016).
En suma, las cooperativas agropecuarias se proyectan como un
actor relevante no solo para fortalecer el sector agropecuario colom-
biano, garantizar la seguridad alimentaria, sino para contribuir a la
construcción de una paz duradera en el país. Su modelo de organiza-
ción inclusivo y participativo, junto con los beneficios socioeconómicos
que ofrece, las convierten en una opción viable y prometedora para la
Colombia del posconflicto.

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IV. COMPAC y ECOMUN como iniciativas de reinserción
socioeconómica
En el contexto del posconflicto en Colombia, la economía solida-
ria se puede presentar como una oportunidad para la reconstrucción
del tejido social y un impulso económico en las regiones afectadas por
la violencia, así como para la reintegración socioeconómica de los ex-
combatientes (Sanjinés y Barenstein 2021). Los principios del coopera-
tivismo, basados en la solidaridad, la equidad y la justicia lo convierten
en un modelo de desarrollo alternativo que puede contribuir al de-
sarrollo económico local, impulsando la producción y el consumo de
bienes y servicios a nivel local, fortaleciendo las economías comunita-
rias y generando empleo (Pardo-Martínez y Huertas de Mora 2014).
De acuerdo con Doria Orozco (2017) la creación de cooperativas
y otras formas de economía solidaria puede ofrecer oportunidades de
trabajo digno y reintegración social a excombatientes, previniendo la
reincidencia en el conflicto y promoviendo la reconciliación. Además,
desde el cooperativismo se propugna por una distribución justa de los
beneficios y la participación de los reinsertados y las víctimas civiles del
conflicto armado, en calidad de asociados, en la gestión de empresas
solidarias contribuyen a la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Estos ideales requieren sin duda alguna del fortalecimiento institu-
cional, y del apoyo del Estado y la cooperación internacional para forti-
ficar las instituciones del sector solidario, brindando asistencia técnica,
capacitación y financiamiento, así como para promover la educación y
la sensibilización sobre los principios y valores de la economía solidaria
en la población en general, especialmente en las comunidades afecta-
das por el conflicto.
La economía solidaria como estrategia de abordaje del postcon-
flicto y la reinserción socioeconómica de los desmovilizados, debe arti-
cularse con otros sectores de la economía, aunque especialmente con
el sector público, para potenciar su impacto y generar sinergias, tal
como ocurrió con la Cooperativa Multiactiva Paz Común COMPAC, en
el Departamento del Norte de Santander en Colombia, una asociación
cooperativa agrícola que representa su sueño de reintegración impul-
sada desde las instituciones gubernamentales.
Tal como lo reseña la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz
de la Alcaldía de San José de Cúcuta, motivados por un profundo com-
promiso, un grupo de hombres y mujeres excombatientes decidieron
asociarse en torno a este modelo, sembrando café, papa, tomate y
otras frutas y verduras, para construir la que es considerada la primera
cooperativa de excombatientes en esta región del norte de Colombia.

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Figura1
Nota de prensa ‘Nueve excombatientes se la juegan con la Compac’
Fuente: La Opinión (2021-11-08)
Con el apoyo de la propia Alcaldía Mayor, la Universidad Francisco
de Paula Santander, y la Agencia para la Reincorporación y la Norma-
lización desde finales de la década del 2010 se han venido generando
espacios de construcción de conocimiento colaborativo, capacitacio-
nes en economía básica solidaria y programas de formación en produc-
ción agrícola. Hoy, este es un ejemplo inspirador de resiliencia que han
demostrado que la economía solidaria puede ser un factor clave en la
reconstrucción social y económica, la generación de empleo y la cons-
trucción de paz (Alcaldía de San José de Cúcuta 2021).
En el caso de los excombatientes de las FARC, debe destacarse el
caso de la Federación de Economías Sociales del Común, por sus siglas
ECOMUN, una iniciativa que ha buscado impulsar desde la economía
social y solidaria, una forma de asociación en red, que busca la reincor-
poración socioeconómica de los excombatientes.
En palabras de sus gestores, esta cooperativa se basa en los principios
de la economía social y solidaria, promoviendo un modelo económico al-
ternativo que busca el bienestar común por encima del lucro individual.
Esto se traduce en la creación de proyectos productivos y comerciales
que, además de generar ingresos para los excombatientes, también apor-
tan al desarrollo social, económico y ambiental de las regiones.
Los logros alcanzados por esta cooperativa rural de excombatientes
de las FARC contrastan con el incumplimiento del gobierno de entregar

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la ayuda pactada en el marco del Acuerdo de Paz, tal como lo mani-
fiestan sus asociados, quienes han buscado alianzas con la comunidad
internacional y, especialmente, con las comunidades locales para im-
pulsar sus proyectos (Sorzano-Rodríguez y Botero-Urquijo 2022).
Gracias a esta colaboración, se han desarrollado líneas productivas
en los ámbitos de la ganadería y la caficultura, la piscicultura, la produc-
ción agropecuaria a pequeña y mediana escala, la ganadería, en sectores
como el textil mediante emprendimientos de confecciones y calzado in-
dustrial (Cooperativa Economías Sociales del Común 2023-6-10).
Gracias a la cooperación internacional y al financiamiento de orga-
nismos como la Unión Europea, ECOMUN ha establecido un espacio
de trabajo colaborativo e inclusivo que va más allá de los excombatien-
tes e involucra a emprendimientos de economía solidaria. Su objetivo
es generar un impacto positivo en los territorios y comunidades que
han resistido el conflicto durante más de 53 años. La transformación
de materias primas y la creación de proyectos productivos conjuntos
son pilares fundamentales de esta iniciativa. De este modo, los excom-
batientes contribuyen al cumplimiento de la obligación de reparación y
reconstrucción del tejido social establecida en el Acuerdo de Paz.
Figura2
ECOMUN en la feria AGROEXPO 2023
Fuente: Reporteros Asociados (2023-07-17)
Otras alianzas que se han logrado establecer desde ECOMUN im-
pactan en otras organizaciones del sector cooperativo en Colombia,
por ejemplo, en la Cooperativa Multiactiva de Emprendedores del

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Campo Colombiano, con quienes han construido una relación y lazos
de cohesión a favor de todos sus asociados. También, se debe destacar
su rol como promotor de la constitución de la Federación de Organiza-
ciones Sociales y Solidarias de Suroccidente colombiano, por sus siglas
FEDECOMUN, creada 2002 (Cooperativa Economías Sociales del Co-
mún 2024-03-22).
En suma, la economía solidaria se presenta como una alternativa
viable y prometedora para la construcción de paz en Colombia. Desde
los casos de éxito que representan la Cooperativa Multiactiva Paz Co-
mún y la Federación Cooperativa Economías Sociales del Común, inspi-
rado en principios de solidaridad, justicia social e igualdad, le convier-
ten en un modelo de desarrollo alternativo que puede contribuir a una
efectiva reinserción socioeconómica de los excombatientes.
V. Conclusiones
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, firmado en no-
viembre de 2016 por el gobierno colombiano y las FARC-EP, va más
allá del simple desarme de la guerrilla. Sin duda, para alcanzar el ob-
jetivo una paz duradera y estable, se requiere un proceso integral de
reincorporación de los excombatientes a la vida civil. Este complejo
proceso presenta desafíos que abarcan no solo el ámbito social y polí-
tico, sino también el económico.
Para sanar las cicatrices del conflicto armado y el abandono estatal
en regiones marcadas por la pobreza, el desempleo y la falta de acceso
a servicios básicos, es crucial revitalizar la economía rural y robustecer
las instituciones democráticas locales. Esto se traduce en la creación de
oportunidades laborales y de desarrollo para los excombatientes y sus
familias, junto con el fomento de la participación ciudadana en los pro-
cesos de toma de decisiones.
Es allí donde emerge el cooperativismo, que se posiciona como un
agente crucial, presentando un modelo alternativo de desarrollo social
y económico cimentado en la inclusión, la solidaridad y el empodera-
miento comunitario. Su visión como modelo asociativo basado en la eco-
nomía social, en el fomento del desarrollo local y en la cohesión social lo
convierte en un aliado clave para la reconstrucción del tejido social.
Ahora bien, en el contexto del posconflicto rural, las cooperativas
rurales o campesinas ofrecen perspectivas particularmente promete-
doras. Su énfasis en el desarrollo local, la promoción de prácticas soli-
darias y la inclusión de grupos sociales vulnerables las convierte en un
motor fundamental para el crecimiento económico del campo, el me-

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joramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales y la cons-
trucción de una paz duradera en las zonas afectadas por el conflicto.
La reintegración de los excombatientes de las FARC en Colombia
ha encontrado un impulso prometedor en la economía social y solida-
ria. Ejemplo de ello es la Federación de Economías Sociales del Común
ECOMUN, una iniciativa que promueve la reincorporación socioeco-
nómica a través de redes asociativas y principios de solidaridad. Igual-
mente, la Cooperativa Multiactiva Paz Común COMPAC en el Norte de
Santander representa otro esfuerzo de reintegración socioeconómica
de excombatientes.
En conjunto, estas experiencias demuestran que la economía solidaria
emerge como una alternativa viable y prometedora para la construcción
de paz en Colombia. Inspirada en principios de solidaridad, justicia social
e igualdad, el cooperativismo puede ofrecer un modelo de desarrollo al-
ternativo que puede contribuir a una efectiva reinserción socioeconómica.
Para consolidar este modelo asociativo, es necesario el compromiso
del Estado en aras de implementar estrategias que fortalezcan las insti-
tuciones del sector solidario, promuevan la educación y la sensibilización
sobre sus valores, articulen las cooperativas rurales con una política de re-
inserción plena. Estas experiencias exitosas demuestran que la economía
solidaria puede ser un factor clave en la reconstrucción del tejido social.
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Boletín de la Asociación Internacional
de Derecho Cooperativo
International Association
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Deusto
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