Content uploaded by Carlos Eduardo Argueta
Author content
All content in this area was uploaded by Carlos Eduardo Argueta on Dec 02, 2024
Content may be subject to copyright.
25
Brechas de género
en los sistemas de pensiones
Retos y oportunidades para los casos
de El Salvador, Guatemala, México y Uruguay,
2006-2022
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta
y Rubenia Castro Santos
Introducción
A lo largo del ciclo de vida, mujeres y hombres recorren trayectos
diferenciados que inciden en sus niveles de acceso y cobertura a
los sistemas de pensiones. Estas diferencias se manifiestan en bre-
chas de género, que suelen acrecentarse o reducirse en cada país
según el grado de ariculación de sus sistemas de seguridad social.
En este contexto, es necesario generar evidencia que contribuya
a la configuración de esquemas previsionales más equitaivos en
América Laina y el Caribe, de tal forma que puedan ampliarse sus
niveles de cobertura entre la población adulta mayor y que aien-
dan las brechas de género que afectan a las mujeres.
En este senido, este capítulo iene como objeivo analizar los
desafíos, retos y oportunidades para construir sistemas previsio-
nales incluyentes, que garanicen la equidad en el acceso a pen-
siones a las mujeres, desde una perspeciva de seguridad social y
26
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
de visibilización de desigualdades de roles, normas y sesgos de gé-
nero que subyacen a la problemáica en los países de El Salvador,
Guatemala, México y Uruguay, en el período 2006-2022.
Este capítulo se estructura en seis apartados. En un primer
momento se exponen las premisas teóricas del estudio, que abor-
dan un replanteamiento de los principios de la seguridad social,
una visión de la problemáica previsional desde la gerontología
feminista y los vínculos entre sostenibilidad fiscal y sistemas de
pensiones. En el segundo apartado se contextualiza de forma com-
paraiva la situación previsional de los cuatro países analizados;
mientras que en el tercero se desarrolla una aproximación a las
brechas de género en los sistemas de pensiones de los países abor-
dados. En el cuarto apartado se idenifican buenas prácicas y me-
didas implementadas en estos países para promover la equidad de
género en materia de seguridad social, así como las posturas de
diferentes organizaciones de la sociedad civil; mientras que en el
quinto se exponen lineamientos de propuesta de ampliación del
pilar no contribuivo en el sistema de pensiones salvadoreño, así
como una discusión en torno a posibles vías para su implementa-
ción. Las relexiones finales se exponen en el úlimo apartado.
Premisas teóricas
Un replanteamiento de los principios de la seguridad social
La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2009) define se-
guridad social como “el conjunto de insituciones, medidas, dere-
chos y obligaciones cuya meta primordial es otorgar –o dirigirse a
otorgar–, con arreglo a reglas específicas, seguridad del ingreso y
asistencia médica a los individuos que integran la sociedad” (p.9).
Los sistemas de pensiones forman parte de las esferas de la segu-
ridad social y deben apuntar a brindar prestaciones monetarias y
no monetarias que aseguren la calidad de vida de las personas y
27
Brechas de género en los sistemas de pensiones
colecividades durante la etapa de la vejez. Bajo esta premisa, han
exisido disintos esfuerzos por idenificar principios fundamen-
tales de la seguridad social y que son extensibles a los sistemas de
pensiones.1
Mesa-Lago (2004) analiza los convenios de la OIT y plantea una
serie de principios convencionales de la seguridad social, con én-
fasis en los sistemas de pensiones. Los principios son: (1) univer-
salidad en la cobertura; (2) igualdad, equidad o uniformidad en el
trato; (3) solidaridad y redistribución del ingreso; (4) comprensivi-
dad y suficiencia de las prestaciones en América Laina; (5) unidad,
responsabilidad del Estado, eficiencia y paricipación social en la
administración; y (6) sostenibilidad financiera. Al respecto, el au-
tor resalta que estos principios son una síntesis basada en las nor-
mas de la OIT y que su orden no indica ninguna prioridad de uno
sobre otro, más bien existe complementariedad entre ellos.
Recientemente, la OIT (2018) también expuso una serie de prin-
cipios referentes al diseño y reforma de los sistemas de pensiones:
(1) universalidad; (2) solidaridad social y financiación coleciva; (3)
suficiencia y previsibilidad de las prestaciones; (4) responsabilidad
general del Estado; (5) no discriminación e igualdad de género; (6)
sostenibilidad financiera, fiscal y económica; (7) gesión y admi-
nistración financiera sólida y transparente; y (8) paricipación de
interlocutores sociales.
Estos principios son una guía para el diseño e implementación
de políicas en torno a los sistemas de seguridad social. A pesar de
estos esfuerzos de plantear principios que guían esta premisa, la
definición y alcances de estos ha estado vinculada con el paradig-
ma económico vigente. Al respecto, la Conferencia Interamericana
1 El Convenio 102 sobre la seguridad social (denominado norma mínima), promovido
por la OIT desde 1952, establece la existencia de nueve esferas de la seguridad social
que los Estados deben asegurar: prestaciones para niños, niñas y familias, prestacio-
nes de maternidad, de desempleo, de riesgos laborales y enfermedades profesionales,
de enfermedad, prestaciones para adultos mayores (mediante pensiones por vejez
y longevidad), personas con discapacidad y sobrevivientes, así como la asistencia
médica.
28
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
de Seguridad Social (CISS, 2022) sosiene que los paradigmas do-
minantes promovidos por muchos organismos internacionales
cuentan con vacíos que deben ser señalados.
En primer lugar, si bien existen algunos elementos favorables
que son reconocidos por estas posturas convencionales, como la
universalización y atención a personas en situación de pobreza,
en la prácica los esquemas de seguridad social en muchos países
de América Laina y el Caribe (ALC) priorizan la situación laboral
de las personas como condición de acceso y cobertura. Este fun-
cionamiento promueve un sesgo laborista, en donde las personas
que se dedican al trabajo no remunerado (en su mayoría mujeres)
o que, por diversas razones, no pueden insertarse en el mercado
formal de trabajo suelen quedar excluidas del sistema y depender
en la etapa de la vejez de su núcleo familiar, coninuar trabajando
en condiciones desfavorables o depender otro ipo de ingresos no
previsionales.
Por otro lado, el análisis convencional de los principios de la
seguridad social suele diluir la responsabilidad del sector empre-
sarial en el financiamiento de los pilares de seguridad social. Los
esquemas de seguridad social que promuevan la reducción de la
desigualdad deberían basarse en financiamiento progresivo –y no
solo del financiamiento vía aportes o contribuciones–, donde par-
te de las prestaciones deben ser financiadas mediante impuestos
progresivos aportados por el sector empresarial y los agentes con
mayores ingresos y riqueza.
Es así como en la primera década del siglo XXI se ha desarro-
llado un cuesionamiento sobre los alcances de la seguridad social
como un derecho humano y sus implicaciones, que demanda un
replanteamiento de la comprensión y funcionamiento de los siste-
mas de seguridad social (CISS, 2022). La CISS propone un replan-
teamiento para definir la seguridad social de la siguiente manera:
Es un derecho humano que iene como objeivo contribuir al
bienestar personal y social, y que comprende un conjunto de
29
Brechas de género en los sistemas de pensiones
transferencias y servicios de carácter solidario y público, cuya res-
ponsabilidad fundamental recae en el Estado, y que busca proteger
a los individuos y las colecividades ante riesgos sociales, que re-
ducen la vulnerabilidad social y promueven la recuperación ante
las consecuencias de un riesgo social materializado, dignificando
así las disintas etapas de la vida y promoviendo la inclusión y el
reconocimiento de la diversidad social (2022, p.74).
De la definición anterior deben destacarse algunos elementos
que explicitan la importancia de la seguridad social y la forma en
cómo se operacionaliza en la prácica en los disintos países. Estos
elementos permiten ampliar los alcances de los principios de la se-
guridad social que serán desarrollados y uilizados para efectos de
este estudio.
En primer lugar, la seguridad social es un derecho humano. La
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) esipula en
su artículo 22:
Toda persona, como miembro de la sociedad, iene derecho a la
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la saisfacción de los derechos económi-
cos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad.
Su concepción como derecho humano implica que su atención
debe abarcar a todas las personas, sin establecer sesgos, cobertu-
ras parciales o exclusión de grupos de personas, por ejemplo, la
condición laboral no debería ser determinante para contar con co-
bertura en seguridad social. Como todo derecho, implica su inter-
dependencia e indivisibilidad, es decir que no se puede separar el
disfrute de disintos ipos de derechos. Al ser un derecho humano,
es inherente a cada individuo, por lo que los vacíos de cobertura en
materia de seguridad social se convierten en privaciones de dere-
chos. De acá se desprende un primer principio de seguridad social:
universalidad, en donde la seguridad social es concebida como un
30
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
derecho humano irrenunciable y donde la meta es alcanzar la co-
bertura de toda la población en el esquema de seguridad social de
cada país. Cualquier mecanismo de focalización debe ser solo una
estrategia temporal que no desvíe la atención a la universalidad.
En segundo lugar, la protección de individuos y colecividades
ante riesgos sociales implica el reconocimiento de condiciones di-
ferenciadas entre hombres y mujeres que ocurren a lo largo del ci-
clo de vida y que suelen imponer barreras a las segundas a la hora
de gozar efecivamente con este derecho humano. De este punto
se desprende un segundo principio de seguridad social: equidad
de género, que consiste en la garantía de la seguridad social como
derecho humano para el acceso a protección integral tanto para
hombres y mujeres, lo que requiere el reconocimiento y erradica-
ción paulaina de las brechas de género mediante políicas e inter-
venciones afirmaivas.
En tercer lugar, al ser un derecho humano, el cumplimiento de
esta garantía demanda el protagonismo del Estado como ente rec-
tor de los sistemas que se configuren en cada país para proteger a
su población. Contrario a lo promovido por las reformas neolibera-
les de los años ochenta, la seguridad social implica el rol protagó-
nico del Estado para diseñar esquemas, políicas e intervenciones
que, lejos de tener el lucro como elemento ariculador, promuevan
la universalidad y la equidad entre disintos grupos poblacionales,
indisintamente de sus condiciones económicas o sociales.
Del punto anterior se rescata un tercer principio de la seguri-
dad social: rol protagónico del Estado, en donde la seguridad so-
cial es un beneficio público no solo en su alcance, sino también en
su organización y gesión. El Estado debe ser la enidad líder para
organizar, gesionar y regular el funcionamiento de los sistemas
de seguridad social, mediante el diseño de políicas e intervencio-
nes que contribuyan al acceso universal, erradicación de brechas
y una interrelación entre regímenes contribuivos y no contribui-
vos. Lo anterior también exige reformas fiscales progresivas, de tal
manera que parte de los pilares no contribuivos de los esquemas
31
Brechas de género en los sistemas de pensiones
previsionales puedan ser financiados con recursos de impuestos
directos, para contribuir a la redistribución del ingreso.
Gerontología feminista y la economía del cuidado
La gerontología feminista se enfoca en explorar la generación cul-
tural de conceptos y valores que moldean la experiencia del enve-
jecimiento en las mujeres. Además, retoma las normas culturales
que restringen su capacidad de vivir una vejez autónoma, examina
las inluencias y las circunstancias relacionadas con las diferen-
cias de género en su calidad de vida y proporciona información
sobre cómo estas afectan la vida de las mujeres de edad avanzada
(Farré, 2008).
Subyacente a la noción de vejez existe una percepción negaiva,
que implica connotaciones como enfermedad, pérdida de atracivo
físico y capacidades mentales, dependencia, soledad y dificultades
económicas. Para las mujeres mayores, los términos empleados
para describirlas ienden a ser aún más desfavorables, por lo que
el envejecimiento de las mujeres se encuentra extremadamente
esigmaizado por las normas sociales y culturales. No obstante,
para modificar estas percepciones que sosienen las desigualdades
de género es relevante posicionar nuevas interpretaciones del en-
vejecimiento femenino desde las experiencias de las mujeres ma-
yores, la concepción propia de su rol en la sociedad a lo largo de
su ciclo de vida y cómo puede modificarse para las generaciones
femeninas venideras (Farré, 2008).
El peso de las creencias sociales y culturales que le impone a
las mujeres la responsabilidad y el deber de criar y cuidar las con-
vierte en el sistema de apoyo y sostenibilidad de las personas de su
entorno. Esta labor de cuidado se traduce en un significaivo costo
de oportunidades en términos de iempo, ingresos, desarrollo de
capacidades personales y a nivel profesional e intelectual. A esto se
añade el costo social depositado sobre ellas, pues el trabajo domés-
ico y de cuidados conlleva la función vital de la reproducción de
32
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
la fuerza de trabajo y, por ende, del sistema económico capitalista.
A su vez, se ha concebido como trabajo no pago (invisibilizado) que
libera de la prestación de los servicios y bienes vinculados de cui-
dados al sector privado, al Estado y a la sociedad en general (Her-
nández, 2020).
Parte del origen de la débil posición económica y baja autono-
mía de las mujeres adultas mayores se encuentra en la entrega gra-
tuita, normalizada y perpetua de trabajo domésico y de cuidados
en el hogar, que incluso persiste en la vejez misma. La pérdida de
ingresos que las mujeres experimentan se traduce en el costo de
oportunidad vinculado a su trabajo no remunerado y contribuye a
la reproducción de las desigualdades en el mercado laboral (Agulló
y Silveria, 2001).
Así, el trabajo no remunerado que las mujeres realizan en el ho-
gar posibilita al resto de la familia paricipar en empleos remune-
rados. El diseño de vida forjado en la adolescencia y consolidado a
través del matrimonio, sustentado en normas sociales diferencia-
das por género, se convierte en uno de los mayores obstáculos para
mejorar la calidad de vida de las mujeres en la vejez. En el caso de
aquellas mujeres que invierten sus recursos iniciales en la familia
y en el matrimonio, se añade la afectación de aumentar el patri-
monio de sus parejas y disminuir el suyo propio, lo que impacta
negaivamente su salud y la situación económica (Castells, 1998).
Es usual que las mujeres se concentren poblacionalmente en
ocupaciones y acividades económicas peor remuneradas, traba-
jen a iempo parcial, con intermitencia de entradas y salidas del
mercado laboral para dar prioridad a las acividades de cuidado y
considerar su contribución económica a la familia como un com-
plemento, de manera que su salario contribuye a evitar la pobreza
familiar, pero no la individual (Ovrebo y Minkler, 1993).
En este contexto, es importante destacar que, cuando el mer-
cado es el principal mecanismo de asignación de recursos, la
concentración se agudiza y los niveles de desigualdad social y
económica aumentan, por lo que, al adjudicar al sector privado la
33
Brechas de género en los sistemas de pensiones
responsabilidad del manejo de los sistemas de pensiones, se condi-
ciona un derecho fundamental de la seguridad social al nivel de sa-
larios, al iempo dedicado al trabajo remunerado, a la rentabilidad
de las inversiones y a un entorno luctuante de mercado. Se conso-
lida entonces, un sistema de pensiones que actúa en detrimento de
la población más vulnerable y se enardece con las mujeres adultas
mayores específicamente.
Aunado a esto, existen privaciones que enfrentan las mujeres
al envejecer, generadas por los estereoipos sociales que las res-
tringen y las invisibilizan, así como las percepciones y creencias
que ellas mismas manienen acerca de la vejez. En este senido,
la experiencia del envejecimiento en las mujeres está inluenciada
tanto por su contribución desigual en el ámbito del cuidado como
por las nociones negaivas arraigadas en la sociedad y su propia
percepción de la edad avanzada, que conlleva la preocupación de
envejecer siendo parte de un grupo de la población vulnerable, con
alta fragilidad económica y la carencia de apoyo social (Sontag,
1972).
Pero, ¿qué otras realidades y nociones existen desde la viven-
cia de las mujeres mayores? Ellas cuentan con recursos específicos
que pueden reducir su vulnerabilidad y las convierten en personas
producivas y acivas, desafiando las expectaivas tradicionales.
Las mujeres adultas mayores pueden crear sólidas redes de amis-
tad, vecindad y comunidad que brindan apoyo y solidaridad, otor-
gando significado a su proyecto de vida y, a su vez, sosienen los
métodos de crianza y cuidados de sus comunidades (Coria, Freixas
Farré y Covas, 2005).
La modificación de los roles, creencias y normas sociales de gé-
nero requiere la visibilización de nuevas conceptualizaciones de
la vejez, de su aporte a la sociedad y de sostenibilidad de la vida
de las nuevas generaciones; asimismo, es urgente emprender la ta-
rea de que el Estado y la sociedad resignifique la vivencia del enve-
jecimiento, especialmente de las mujeres, y amplifique el espectro
34
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
de la seguridad social desde una mirada de empoderamiento y au-
tonomía de la población adulta mayor.2
En un entorno de alta inestabilidad y escaso crecimiento económi-
co –no solo a nivel nacional sino también regional y mundial–, la
preocupación sobre la sostenibilidad del financiamiento de las po-
líicas públicas más que el de su adecuada provisión gana el deba-
te. Según la CEPAL (2023), en El Salvador, la carga tributaria para
2021 cerró con 23,3% del PIB, levemente superior al promedio de
América Laina, la cual se situó en 21,7% del PIB. No obstante, El
Salvador registró altos niveles de endeudamiento correspondien-
te a 76,2% del PIB, un crecimiento del porcentaje de hogares en
situación de pobreza pasando de un 24,6% en 2021 a un 26,6%
en 2022. Asimismo, el país ha registrado bajas tasas de crecimiento
del PIB en los úlimos diez años. creciendo en promedio a una tasa
de 2,3%, y alcanzando en 2022 un 2,6%, la tasa más baja de la re-
gión centroamericana.3
En este contexto, cuando se hace referencia a sostenibilidad
fiscal, necesariamente deben considerarse al menos cuatro com-
ponentes importantes de las finanzas públicas: en primer lugar,
los ingresos públicos, en especial atendiendo al desarrollo de una
políica tributaria como instrumento para alcanzar un financia-
miento sostenible de la gesión pública; en segundo lugar, los gas-
tos públicos, en el senido de avanzar en eficiencia, calidad y senda
de crecimiento de estos gastos; en tercer lugar, la insitucionalidad
2 Se eniende para este estudio a la mujer mayor desde su diversidad y a parir de
las experiencias y vivencias sociales, culturales, económicas y políicas que las dis-
inguen. A su vez, desde la mirada interseccional de las desigualdades, en las que se
incluyen las de clase, raciales, étnicas, territoriales, entre otras. Por ende, las mujeres
mayores son un grupo heterogéneo que experimentan el envejecimiento desde diver-
sas aristas de (des)integración social (Osorio-Parraguez et al., 2022).
3 El promedio en Centroamérica se situó en un crecimiento de 5% para el mismo año
(CEPAL, 2023).
35
Brechas de género en los sistemas de pensiones
fiscal, con miras a consolidar la responsabilidad y la transparen-
cia fiscal y el fortalecimiento de la administración presupuesta-
ria, tributaria y de la deuda pública; y como úlimo componente,
la economía políica de la políica fiscal, el encuentro del sistema
políico con la políica fiscal y la implementación de pactos fiscales
(Arenas de Mesa, 2016).
En este contexto, uno de los elementos que merecen especial
atención es el de estudiar y analizar la potencial relación que exis-
te entre el diseño de las políicas públicas y la políica fiscal. La
políica fiscal cruza transversalmente el ciclo de cualquier políica
pública desde la etapa de diseño hasta la de implementación y eva-
luación, lo cual imprime una visión de mediano y largo plazo en el
proceso de políicas públicas.
Esta visión fiscal de mediano plazo que atraviesa a todas las
políicas públicas condiciona las estrategias del presupuesto na-
cional en cualquier economía y también el gasto público para di-
versos programas financiados por el Estado. Aquí el debate sobre
las prioridades y el encuentro entre la economía políica y la polí-
ica fiscal toma relevancia en el senido que se pone sobre la mesa
que la asignación de los recursos públicos es una cuesión de dis-
tribución del poder, donde los diferentes grupos de individuos en
una sociedad tratan de imponer sus intereses. La forma en que se
imponen en buena medida está definida por las fuerzas económi-
cas y políicas; según Arenas de Mesa (2016), “un instrumento que
facilita el abordaje de esta problemáica es el Pacto Fiscal” (p.48).
No obstante, el tema de la sostenibilidad fiscal también se vin-
cula a las posibles soluciones de problemas estructurales como la
eliminación de desigualdades, la equidad, la eliminación de las
brechas de género, la sostenibilidad ambiental, entre otros. Los de-
bates en torno al reparto equitaivo de los recursos económicos y
sociales en una sociedad organizada ienen a la base la teoría de la
jusicia distribuiva planteada inicialmente por Rawls (1971) y de-
sarrollada posteriormente por diversos autores que han abordado
36
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
temas relacionados a la jusicia social y la eliminación de desigual-
dades. Según Sanabria Sánchez (2020),
pensar la forma en que deben asignarse los bienes disponibles
para saisfacer las necesidades de las personas que integran un
grupo social, hace plausible que se tengan en cuenta criterios de
igualdad y equidad. Entendiendo, además, que la redistribución
aplica no sólo frente a bienes y derechos sino también respecto a
capacidades y oportunidades (p.2).
Hablar de jusicia distribuiva implica entonces considerar pers-
pecivas diversas como la desigualdad entre hombres y mujeres y
un enfoque de garantía de derechos humanos universales, como es
el caso de las políicas de protección social. Las estadísicas econó-
micas y sociales en América Laina muestran que grupos en situa-
ción de vulnerabilidad, como las mujeres y las personas mayores
de 60 años, se encuentran sobrerrepresentadas en la pobreza, el
trabajo no remunerado y población con mayores indicadores de
desigualdad de ingresos (Vaca Trigo, 2019).
Así, toman relevancia aquellos enfoques de políica económi-
ca que buscan priorizar recursos hacia estos sectores y abordar la
problemáica de la redistribución y la reducción de brechas de des-
igualdad en sus múliples dimensiones. Tal como señala Sanabria
Sánchez (2020), es indispensable dar cuenta de la centralidad de la
jusicia distribuiva con perspeciva de género, pero también del
ciclo de vida en el ámbito de la políica fiscal, entendiendo que esta
úlima es la herramienta de la políica macroeconómica en la que
se condensan la mayoría de las demandas y necesidades sociales,
por lo tanto, las invesigaciones que se dirijan a abordar esta cues-
ión deben procurar un análisis profundo de las políicas fiscales
y tributarias.4
4 En el enfoque del ciclo de vida, las diferentes etapas y acividades que rigen la vida
de hombres y mujeres desde que nacen hasta que mueren van variando a lo largo de
la vida de cada persona. Este enfoque permite entender las vulnerabilidades y opor-
tunidades en las diferentes etapas del desarrollo humano, reconocer la importancia
37
Brechas de género en los sistemas de pensiones
El análisis de las políicas fiscales debe desvincularse de sesgos
de género y más bien visibilizar cómo impactan en la autonomía
económica de las mujeres a través de sus diferentes etapas de vida
las políicas del gasto y el ingreso público. La función redistribui-
va de la políica fiscal a través del gasto público es posible si –y solo
si– el diseño e implementación de políicas públicas se realiza des-
de un enfoque de jusicia distribuiva, con perspeciva de género,
de ciclo de vida y de derechos humanos, de manera que estos pro-
cesos permitan priorizar y reorientar recursos hacia sectores que
se perpetúan en situación de vulnerabilidad económica y social.
En contexto: sistemas de pensiones en México, Uruguay,
Guatemala y El Salvador
En este apartado se presenta una breve caracterización de la ta-
xonomía de los sistemas de pensiones de cuatro países: Uruguay,
México, Guatemala y El Salvador. En Uruguay opera desde 1996 un
sistema mixto, con un pilar común de reparto y un pilar de capita-
lización individual. En México y El Salvador, en cambio, funciona
a parir de 1997 y 1998 –respecivamente– un sistema de capitali-
zación individual, como resultados de reformas estructurales que
cerraron los anteriores sistemas de reparto y trasladaron la admi-
nistración de los recursos a insituciones privadas. Sin embargo,
una reforma en 2017 instauró un pilar común en El Salvador, por
lo que iene rasgos de un sistema mixto (Mesa-Lago y Rivera, 2017).
En Guatemala, por otro lado, opera un sistema de capitalización
coleciva gesionado por el Estado.
de inverir en políicas públicas adecuadas para cada etapa, así como considerar que
las experiencias se acumulan a lo largo de la vida y que las intervenciones en una
generación repercuirán en las siguientes.
38
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
Una mirada a la taxonomía de los sistemas de pensiones
Con la implementación del modelo neoliberal en los años ochen-
ta, la opción preferente de reforma previsional para México y El
Salvador en los años noventa fue la capitalización individual de
administración privada, y se estableció como pilar clave el equili-
brio entre aportaciones, edad y iempo de trabajo. Sin embargo, se
omiió que el manejo privado, monopolista y mercanil de los sis-
temas de pensiones aumenta considerablemente los riesgos para
las personas trabajadoras, como los riesgos de la salud, incapaci-
dad por enfermedad o accidente, la precariedad laboral como la
informalidad y los salarios bajos, y a esto se añaden las comisiones
elevadas y las prácicas especulaivas de las administradoras de
los fondos de pensiones (Ramírez López, Nava Bolaños y Badillo
González, 2018).5
El sistema de pensiones de Uruguay funciona bajo un esque-
ma mixto, donde coexisten un pilar de reparto con uno de capi-
talización individual, introducido a parir de 1996. Este sistema
está compuesto por un bloque principal y un conjunto de siste -
mas paralelos, donde el primero incorpora a la mayoría de perso-
nas trabajadoras coizantes y pasivos, mientras que los subsiste-
mas cubren a personas trabajadoras según su rubro de acividad
económica (Lorenzo, 2020). El Banco de Previsión Social (BPS) es
el encargado de la gesión de los recursos del bloque principal, el
5 Oriz et al. (2019) discuten el fracaso de la privaización de los sistemas de pensiones
para garanizar el mejoramiento de la protección económica de las personas adultas
mayores, señalan la debilidad de la cobertura, la ineficiencia de la administración
privada para aumentar los niveles de beneficios, los altos costos administraivos, los
escasos logros en términos de estabilidad fiscal y los beneficios para sectores paricu-
lares que han incrementado las inequidades, entre otros. Así, las autoras destacan que
las promesas de generar sistemas eficientes y sostenibles no generaron los resultados
previstos, tal es el caso de cerca de dieciocho países que revirieron las privaizaciones
de las pensiones. En cambio, otros autores como Livellara (2000) sosienen que la pri-
vaización conlleva ventajas sustanciales como el desarrollo del mercado de capitales,
la mayor estabilidad de los precios, el incenivo del financiamiento vía aumento de
capital, y se discute a su vez la mayor eficiencia privada en el manejo del sistema, en
contraposición a la burocracia e inestabilidad financiera de los estatales.
39
Brechas de género en los sistemas de pensiones
resto de este bloque lo conforman administradoras de fondos de
ahorro previsional (AFAP) y compañías aseguradoras. Los subsis-
temas paralelos lo conforman las Cajas Paraestatales.
En Guatemala, el sistema de pensiones está conformado por el
seguro obligatorio consituido en 1977 (IGSS), que se financia con
contribuciones del afiliado, del Estado y de los patronos; el siste-
ma de clases pasivas del Estado (CPCE), que beneficia a empleados
públicos y se financia con contribuciones de los empleados, pero
principalmente con recursos del Estado; el régimen para emplea-
dos del servicio militar provisto por el Insituto de Previsión Mili-
tar (IPM), que se financia con contribuciones de sus afiliados y del
Estado; y el programa Aporte Económico al Adulto Mayor, que pro-
vee una pensión al adulto mayor, siendo un programa no contribu-
ivo, donde el Estado se hace responsable de otorgar este beneficio
a las personas mayores sin ninguna contraparida.
En México, la transformación estructural de los sistemas de
pensiones se sustentó en un enfoque laboral y contribuivo, se
reformó el sistema de reparto solidario de beneficio definido y se
configuró uno de capitalización individual manejado por las Ad-
ministradoras de Fondos para el Reiro (Contreras Cruz, 2020),
IGSS, 2024 del sector privado. El Insituto Mexicano de Seguridad
Social (IMSS) reformó su ley en 1997 y estableció que el monto y
duración de las pensiones está condicionado a las contribuciones
que las personas realicen a su cuenta individual a lo largo de su
vida laboral, las que son proporcionadas por el Estado, la figura
patronal y la persona trabajadora (González Lozada, 2021). Poste-
riormente, en el 2007, el Insituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó la reforma para
transitar a un sistema de capitalización individual (Villarreal y
Macías, 2020). En 2020, se aprobó una reforma para aumentar las
contribuciones al sistema de pensiones mexicano, elevando gra-
dualmente las tasas de aportación patronal, reducir el número de
semanas coizadas y las comisiones que cobran las AFORE (Secre-
taría de Hacienda de México, 2021).
40
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
En El Salvador, el sistema de pensiones fue instaurado en 1969
(el penúlimo a nivel lainoamericano, delante de Honduras) y
funcionaba bajo un régimen de reparto. En 1996 se da una refor-
ma estructural que entra en vigor a parir de 1998, donde opera el
sistema de capitalización individual, que susituye al anterior sis-
tema de reparto, pasando la gesión de los recursos a las adminis-
tradoras de fondo de pensión (AFP) (Mesa-Lago y Rivera, 2017). En
2017 se realizó una reforma estructural que incorporó al sistema
un pilar común (denominado Cuenta de Garantía Solidaria) que
se hace cargo de pagar obligaciones previsionales como pensiones
por longevidad, pensión mínima, entre otras (Rivera et al., 2020).
Este elemento genera que el sistema de pensiones salvadoreño sea
mixto
de facto
, pero de administración privada (Mesa-Lago y Rive-
ra, 2017, 2020).
En la tabla 1 se presenta un resumen de los principales aspectos
que conforman los sistemas de pensiones de los países de interés
de esta invesigación. Se retoman elementos como ipo de siste-
ma, edad de jubilación, contribución, ipo de financiamiento, be-
neficios, adicionales, pensión mínima y la paricipación del gasto
público de pensiones en el PIB. Se destacan las diferencias en los
ipos de sistema de los países, desde el sistema de capitalización
coleciva en Guatemala, el sistema mixto en Uruguay, el sistema de
capitalización individual de México y el sistema mixto de adminis-
tración privada en El Salvador.
En Uruguay y El Salvador las personas trabajadoras otorgan
una mayor contribución de su salario como coización a pensio-
nes con respecto a los demás países y solo en Guatemala el Estado
aporta a esta contribución. En todos los casos cuentan con pensión
mínima. Además, destaca en Uruguay su porcentaje del gasto pú-
blico de pensiones como porcentaje del PIB (10,7%), superior que
en el resto de los países comparados.
41
Brechas de género en los sistemas de pensiones
Tabla 1. Principales elementos de los sistemas de pensiones contributivos
en México, Uruguay, Guatemala y El Salvador
Elemento Uruguay México Guatemala El Salvador
Tipo de sistema Sistema mixto. Sistema de capitalización
individual.
El sistema de
capitalización
colectiva en
modalidad de
prima media
escalonada.
6
Sistema mixto de
administración
privada.
Edad de
jubilación 65 años 65 años 60 años 60 años (hombres),
55 años (mujeres)
Contribución
al esquema
previsional
15% sobre el
salario base de
cotización, que
es aportado por
trabajadores/as y
empleadores/as.
En el IMSS, los/as
trabajadores/as deben
contribuir con el 6,5% del
salario base de cotización
(SBC) y las aportaciones
realizadas por la gura
patronal a las cuentas para
el retiro de trabajadores/
as pasan de 6,5% a 15%
del SBC con la reforma
previsional de diciembre
del 2020. Este aumento
se realizará de forma
gradual a partir de 2023 y
concluyendo en 2030.
En el ISSSTE las personas
trabajadoras aportan el
11,3% del SBC.
5,5% del
salario base
de referencia
aportado por
trabajadores/as
y empleadores/
as; el Estado
aporta el 25%
del total de
ingresos como
garante de la
seguridad social.
16% del ingreso
base de cotización
(IBC) aportado por
trabajadores/as y
empleadores/as.
Tipo de
nanciamiento
Contribuciones
de trabajadores/
as y
empleadores/as,
y rendimientos
de las inversiones
generadas
por los fondos
de pensión,
más aportes
voluntarios de
trabajadores/as.
Contribuciones de
trabajadores/as, personas
empleadoras y el
gobierno; así como de
los rendimientos de las
inversiones realizadas por
las AFORE.
Contribuciones
de aliados/as
y empleadores/
as, así como de
los aportes del
Estado-
Contribución de
trabajadores/as y
empleadores/as,
más rendimientos
generados por
los fondos de
pensiones.
6 Capitalización coleciva (prima media escalonada). En el caso de la prima escalona-
da, “se busca que los ingresos al sistema por concepto de contribuciones se inviertan
adecuadamente a una tasa mínima real de interés, con el objeivo de que estos recur-
sos sirvan para cumplir con las obligaciones cuando los costos del sistema rebasen a
la prima respeciva [...]. Al igual que en los casos del reparto, el denominador puede
construirse tanto con los salarios como con cualquier otra canidad de la que puedan
obtenerse ingresos para cubrir las pensiones” (Contreras Cruz, 2020, p.36).
42
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
Elemento Uruguay México Guatemala El Salvador
Benecios
adicionales
Posibilidad de
retiro con menos
años de aportes,
pero con más
edad.
No. No.
Incremento articial
de 30% al monto de
pensión por vejez a
actuales y futuros/
as pensionados/as
(a partir de 2023).
Pensión
mínima Sí. Sí. Sí. Sí.
Gasto público
en pensiones
como
porcentaje del
PIB (2017)
10,7% 3,1% 1,2% 2,7%
Fuente: Elaboración propia con base en Arenas de Mesa (2020), Argueta (en prensa), Contreras
Cruz (2020), IGSS (2024), Lorenzo (2020), Olmedo (2018), Rivera et al. (2020), Villarreal y
Macías (2020).
Las pensiones no contribuivas se consituyen como beneficios
económicos otorgados a personas que no han realizado contribu-
ciones específicas al sistema de seguridad social o de pensiones y
generalmente están desinadas a personas en situación de vulne-
rabilidad adultas mayores que presentan falta de historial laboral.
La relevancia de este ipo de pensiones consiste en subsanar en
parte las debilidades de los sistemas contribuivos, dado que tener
una cuenta de ahorro individual para el reiro no genera garantías
de ingresos suficientes para obtener una pensión digna en la vejez
(González Lozada, 2021). También contribuyen a la redistribución
del ingreso.
En el caso de México, en 2007 las pensiones no contribuivas
como programa federal tomaron el nombre de “Programa de Pen-
siones para Adultos Mayores 70 y más” y beneficiaba a las perso-
nas mayores de 70 años residentes de localidades de hasta 2.500
habitantes y otorgaba una canidad de MXN 500 mensuales,
43
Brechas de género en los sistemas de pensiones
entregados de forma bimensual. En 2009, la cobertura se amplió
para los adultos mayores en el mismo rango de edad que residían
en localidades de hasta 30 mil habitantes. En 2013, se disminuyó
la edad de ingreso a los 65 años y se extendió su cobertura a todos
los adultos mayores del país que tuvieran una pensión contribu-
iva de bajo monto definido que rondaba los MXN1.000. En 2018,
se modificó el nombre y se definió como “Programa de Pensión
para Adultos Mayores”. A parir de 2019, el programa se recono-
ce como “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Ma-
yores (PBAM)” y el monto mensual de la pensión aumenta hasta
los MXN1.275 mensuales y se establece como pensión universal
no contribuiva para los adultos mayores a parir de los 68 años,
independientemente de si recibían o no con pensión de ipo con-
tribuiva (Rodríguez-Gómez, 2024). El gasto público de la pensión
no contribuiva se incrementó hasta llegar al 0,47% del PIB en el
2019, con el fin de ampliar la cobertura. Se esima que para el cie-
rre de 2024 el PBAM alcanzará a más de 8 millones de personas
(Azuara et al., 2019).
Por lo que se evidencia la mayor asignación de recursos públi-
cos y los esfuerzos por ampliar en términos de cobertura y sufi-
ciencia este pilar; no obstante, vale destacar que este programa
otorga un monto de pensión insuficiente para garanizar un nivel
mínimo de subsistencia, ya que cubre hasta el 63% y 41 % de la
línea de pobreza por ingresos en zonas rurales y en zonas urba-
nas respecivamente, lo que muestra aún los desafíos pendientes
para el caso mexicano (Azuara et al., 2019; Juárez y Rodríguez Peña,
2020).
En Uruguay, el régimen no contribuivo es administrado por el
BPS y da cobertura de pensiones de vejez y por invalidez. El marco
legal del país establece que todo habitante de 70 años o más que
carezca de recursos para saisfacer sus necesidades vitales iene
derecho a una pensión por vejez; asimismo, personas en situación
de invalidez ienen derecho a un monto de pensión bajo este con-
cepto. El BPS reporta un total de 81.255 personas beneficiarias de
44
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
estos beneficios, de los cuales el 76,8% corresponden a pensión por
invalidez y el 23,2% a pensiones por vejez. El fortalecimiento de
este pilar en la úlima década es lo que ha propiciado el incremen-
to de la cobertura en Uruguay. Esta parida es financiada por fon-
dos públicos, representando el 5% respecto al gasto público total
en pensiones (Lorenzo, 2020).
El pilar no contribuivo en Guatemala está consituido por el
Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor que inició legal-
mente en el año 2005 con la aprobación de la Ley del Programa de
Aporte Económico del Adulto Mayor, la cual nace con el objeto
de crear un programa de aporte económico a las personas de 75
años o más y que el Estado garanice a ese sector de la población
la atención de sus necesidades básicas mínimas. Como parte de las
medidas para enfrentar los efectos de la pandemia de covid-19, en
abril de 2020 se amplió su cobertura para alcanzar a mayor cani-
dad de adultos mayores. En el año 2022, con la aprobación del De-
creto 4-2022 se establece una compensación de aproximadamente
USD 64 (GTQ 500) para cada beneficiario, que se otorga luego de un
estudio socioeconómico para determinar la carencia de recursos
económicos y condición de pobreza extrema; según este decreto,
se maniene el beneficio de elegibilidad para aquellas personas
con algún grado de discapacidad física, psíquica o sensorial, entre
otros.7
De conformidad con información del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social (2022) de Guatemala, el total de personas de este
programa se ha incrementado considerablemente en los úlimos
años, pasando de 104.373 beneficiarios en 2019 a 145.853 en 2022.
Asimismo, en términos presupuestarios según el Decreto 4-2022,
a parir de 2022, se financia con una asignación presupuestaria
anual de aproximadamente USD 104.5 millones (GTQ 820 millo-
nes) anuales, provenientes en especial de la emisión de deuda por
parte del Estado.
7 Se toma como referencia el ipo de cambio en que GTQ 7,85 equivalen a USD 1.
45
Brechas de género en los sistemas de pensiones
En El Salvador, a parir de 2010 se instauró el régimen no con-
tribuivo llamado pensión básica universal (PBU) (pero no ari-
culado al sistema contribuivo), que en realidad no es universal,
pues se concentra en las personas adultas mayores de 70 años que
residen en municipios catalogados bajo condiciones de pobreza y
vulneración severa (Rivera et al., 2020). El monto de pensión no
contribuiva asciende a USD 50 mensuales. A parir de 2019, este
sistema pasó a la administración del Ministerio de Desarrollo Lo-
cal (MINDEL), que reportaba un total de 37 mil personas cubiertas
por este pilar al cierre de 2020. Sin embargo, en los úlimos dos
años diferentes invesigaciones periodísicas han mostrado que
los fondos de este esquema no contribuivo no han sido entrega-
dos desde 2022 al 58% de beneficiarios. Al solicitar datos sobre la
ejecución del pilar no contribuivo –mediante los canales oficiales
de acceso a la información pública–, el MINDEL declara esta como
información reservada (Argueta, en prensa), lo que impide cono-
cer el desempeño efecivo de la PBU en los úlimos años.
Tanto para los casos de México, El Salvador y Guatemala aún
es reto pendiente establecer un monto específico del gasto públi-
co que posibilite aumentar de forma sostenida la cobertura y su-
ficiencia de las pensiones no contribuivas. Se plantea que existen
recursos para financiar este pilar desde una visión de solidaridad
social y reformas progresivas fiscales. Como ejemplo, se hace alu-
sión a México, donde las familias denominadas “ultrarricas” acu-
mulan más de mil millones de dólares de riqueza y solo la riqueza
de Carlos Slim supera el monto conjunto de los trece ultrarricos
restantes; y a su vez, México pierde hasta diez millones de dólares
al año en recaudación tributaria –cerca del 7,7% del total de la car-
ga tributaria– por las guaridas o paraísos fiscales (Oxfam México,
2024).
Asimismo, para el caso de los cuatro países de estudio se propo-
ne que el monto de la pensión mínima sea ajustado regularmente
por inlación y que responda a una perspeciva más amplia de ca-
nasta de mercado y no solo de bienes de ipo básico alimentarios,
46
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
lo que muestra aún la tarea pendiente de la suficiencia de las pen-
siones. Desde la valoración de los principios de universalidad en la
cobertura, los casos de El Salvador y Guatemala denotan menores
acciones concretas en la búsqueda de este objeivo.
Aproximación a brechas de género en los sistemas de
pensiones de Uruguay, México, Guatemala y El Salvador
Los sistemas de pensiones y sus mecanismos de funcionamiento
ienen la potencialidad de reducir, miigar, agravar y/o generar
nuevas desigualdades de género (Giudice, Pelufo y Otero, 2022).
Por este moivo, se exponen las principales brechas de género de la
población de 65 años o más en términos de acceso a pensión con-
tribuiva y no contribuiva.
Los sistemas de pensiones de los cuatro países presentan
comportamientos disintos en cuanto a sus niveles de cobertura
contribuiva (ver el gráfico 1). Uruguay es el país que registra los
porcentajes más altos de adultos mayores que reciben una pensión
contribuiva (86%), con niveles de cobertura similares entre hom-
bres y mujeres. Estos niveles de cobertura previsional contribuiva
entre la población adulta mayor están asociados a los altos niveles
de cobertura contribuiva entre su población ocupada,8 aunado a
trayectorias laborales que permiten una densidad de coización
más estable (Lorenzo, 2020).
En el resto de los países se destacan dos tendencias (ver el gráfi-
co 1): (i) niveles más bajos de cobertura a nivel nacional (respecto a
Uruguay) y (ii) brechas de cobertura entre hombres y mujeres que
se han mantenido en el iempo (salvo en el caso de Guatemala).
8 El 77,5% de la población ocupada coiza al sistema previsional al cierre de 2022.
En cambio, la población ocupada que coiza asciende a 32,2% en México, 31,4% en El
Salvador y 17,4% en Guatemala (CEPALSTAT, 2023).
47
Brechas de género en los sistemas de pensiones
La cobertura contribuiva en México ha reportado niveles cre-
cientes entre 2006 y 2020 (úlimo año disponible), incrementando
en casi 10%. A pesar de lo anterior, las brechas de género se han
mantenido con el iempo. En Guatemala, la cobertura a nivel na-
cional aumentó en 2,5% entre 2006 y 2022, reportando un recorte
importante en la brecha de hombres y mujeres que perciben una
pensión contribuiva. El Salvador, por otro lado, reporta una leve
caída de casi 2% en sus niveles de cobertura entre 2006 y 2022, au-
nado a una amplia brecha relaiva entre la cobertura de hombres
y mujeres.
Las brechas entre mujeres y hombres revisadas se sustentan
en sistemas de pensiones no neutrales al género, situación que se
agrava con los sistemas privados y de carácter individualista que
se contraponen a la búsqueda de bienestar social y colecivo, y a su
vez, por la división sexual del trabajo como norma social de géne-
ro imperante (Giudice, Pelufo y Otero, 2022).9 Las economías con
modelos neoliberales basan el crecimiento personal y el desarrollo
social en las capacidades producivo-laborales, y por ende la se-
guridad social está sujeta a la vinculación laboral de ipo formal
(Mendizábal Bermúdez, 2007).
Aunado a esto, el trabajo de cuidados y domésico que realizan
principalmente las mujeres en el hogar conlleva una menor par-
icipación en el trabajo remunerado con relación a los hombres,
lo que restringe sus posibilidades de tener acceso a una pensión
de ipo contribuiva, e impacta en mayor medida en las mujeres de
menor nivel socioeconómico (Marroquín, 2021).
9 La falta de neutralidad de género en los sistemas de pensiones implica que prevale-
cen tablas de mortalidad diferenciadas por sexo, tal es el caso de México y Uruguay.
Esto contribuye a la menor suficiencia de las pensiones para las mujeres, pues la
equidad actuarial implica que, ante igualdad de suma de aportes, el monto mensual
de la prestación es menor para la mujer por tener mayor esperanza de vida que los
hombres (Bucheli, Forteza y Rossi, 2006). A esto se suma la diferencia en las edades de
jubilación que actúa en detrimento del cálculo de los beneficios por coizaciones para
las mujeres, tal como ocurre en El Salvador.
48
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
Sobre esto, los datos indican que, para 2022, del total de mujeres
de 15 años y más que expresan realizar exclusivamente trabajo de
cuidados, cerca del 45,5 % corresponden al grupo poblacional
de más bajos ingresos (quinil uno) para los casos de México y El
Salvador. En Guatemala, el 65% de las mujeres pertenecen al nivel
de ingresos más bajo, y en Uruguay el 45 % de las mujeres que se
dedican principalmente al trabajo de cuidados corresponden a los
dos quiniles de menores ingresos (CEPALSTAT, 2024). Esto mues-
tra la mayor vulnerabilidad de las mujeres sin ingresos propios y la
omisión de medidas para la inclusión de grupos vulnerables en los
sistemas de pensiones.10
Gráco 1. Países seleccionados. Porcentaje de personas de 65 o más años que declaran un monto
recibido por pensión contributiva, 2006, 2014 y 2022
Uruguay
México
10 Para Guatemala, el úlimo dato disponible corresponde a 2014 (CEPALSTAT, 2024).
49
Brechas de género en los sistemas de pensiones
Guatemala
El Salvador
Fuente: Elaboración propia con base en BID (2023).
Ante este panorama, se esperaría que la extensión de los esquemas
no contribuivos sea una alternaiva para suplir la exclusión que
los regímenes contribuivos suelen imponer a un importante gru-
po poblacional. No obstante, se han consituido como una medida
de bajo alcance y con montos monetarios que no garanizan un
nivel mínimo de calidad de vida.
Los regímenes no contribuivos son de mayor cobertura en Mé-
xico (ver el gráfico 2), donde más de la mitad de la población adul-
ta mayor (55,7%) declara recibir una pensión de este ipo, siendo
la cobertura levemente más alta entre mujeres que en hombres.
Entre las críicas que presenta este sistema, se postula la falta de
focalización, dado que incluye a la población adulta mayor de los
deciles de ingresos más altos, lo que impide que se desinen más
50
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
recursos públicos a la población más vulnerable. También se se-
ñala la falta de coordinación y unificación de esfuerzos de las di-
versas enidades federales y locales que brindan este ipo de apoyo
(González Franco, 2023).
El programa no contribuivo en Guatemala iene un alcance si-
milar de personas adultas mayores (15,7%) respecto a su sistema
de pensiones contribuivo (17,7%), cubriendo en similar propor-
ción a hombres y mujeres. Uruguay y El Salvador son los países
que reportan los porcentajes más bajos de población de 65 años o
más con una pensión no contribuiva. Sin embargo, se debe recal-
car que Uruguay cuenta con amplios niveles de cobertura contri-
buiva; en cambio, el pilar no contribuivo en El Salvador ofrece
cobertura a muy pocas personas adultas mayores (2,2%) al cierre
de 2022, y este pilar se ha debilitado a lo largo del iempo, como se
abordó en apartados anteriores.
Gráco 2. Países seleccionados. Porcentaje de personas de 65 o más años
que declaran un monto recibido por pensión no contributiva
Fuente: Elaboración propia con base en BID (2023) para Uruguay y México, ICEFI (2023)
para Guatemala y ONEC (2023) para El Salvador.
La dificultad para acceder a una pensión (ya sea contribuiva o no
contribuiva), aunado a otros factores (como la suficiencia de las
pensiones percibidas), puede incidir en que las personas adultas
mayores coninúen trabajando o buscando un empleo de manera
51
Brechas de género en los sistemas de pensiones
aciva. Datos del BID (2023) muestran que al menos la cuarta parte
de la población de 65 años o más en El Salvador (25,4%), Guatemala
(36,3%) y México (29%) pertenece a la población económicamente
aciva (PEA) pese a estar en edades de reiro laboral. En Uruguay,
en cambio, es el 12,7% de la población adulta mayor quien todavía
forma parte de la PEA, lo que podría responder a su amplio grupo
poblacional cubierto por una pensión.
Sin embargo, también es necesario recalcar que la proporción
de paricipación laboral entre hombres adultos mayores supera en
más del doble al porcentaje de paricipación laboral de las mujeres
para los cuatro países analizados (BID, 2023). Por tanto, si bien las
mujeres reportan niveles menores niveles de acceso a una pensión
contribuiva respecto a los hombres, suelen paricipar con menor
frecuencia en el mercado laboral remunerado incluso en esta eta-
pa del ciclo de vida, lo que las condiciona a depender de otras fuen-
tes de ingreso no laborales ni previsionales para subsisir.
Buenas prácicas (y no tan buenas) para promover la equidad
de género en los sistemas de pensiones de Uruguay, México,
Guatemala y El Salvador
Las brechas de género son sostenidas y reproducidas por factores
económicos, laborales y socioculturales que inciden en la obten-
ción de una jubilación digna para las mujeres. Así, se destacan en-
tre estas la brecha salarial entre mujeres y hombres, generada por
la segregación ocupacional, los sesgos salariales y las interrupcio-
nes en la trayectoria laboral de las mujeres debido a responsabili-
dades de trabajo no remunerado en el hogar; el rostro feminizado
del sector informal que surge como alternaiva para conciliar el
trabajo remunerado con el no remunerado (Herrera Toyos y Veláz-
quez Contreras, 2021).
Aunado a lo anterior, las mujeres perciben montos menores
de pensiones que los hombres y paricipan menos en el mercado
52
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
laboral, lo que genera importantes riesgos de vulnerabilidad eco-
nómica para las mujeres mayores, especialmente si carecen de so-
porte familiar. Y en úlimo lugar, la mayor expectaiva de vida de
las mujeres con relación a los hombres, lo que implica la necesidad
de acumular un fondo mayor de jubilación que les permita mante-
ner su calidad de vida durante más años (Morales Ramírez, 2021).
Con el fin de reducir estas desigualdades de género, se destacan los
esfuerzos de medidas de equidad de género en los sistemas previ-
sionales de los países analizados (ver la tabla 2).
Sobre la incorporación de mujeres del sector informal a es-
quemas de seguridad social y pensiones, solo Uruguay y México
han ejecutado medidas, tales como la pensión para trabajadoras
domésicas remuneradas y, en el caso de Uruguay, la aplicación
de una políica de trabajo decente y la lexibilización del acceso
al sistema de jubilación (a través, por ejemplo, de la reducción de
años de coización para lograr causal jubilatoria, la reforma del
subsidio de desempleo y la suma de un año laboral adicional para
las mujeres por cada hijo/a) (Martínez y Casalí, 2019).
Con respecto al reconocimiento del trabajo no remunerado y
su aporte social, Uruguay se destaca por otorgar prestaciones por
hijo/a y el período de licencia para la madre durante tres meses
después del parto, los cuales se incluyen en el período laboral ac-
ivo (Giudice, Pelufo y Otero, 2022). En el caso de la licencia pa-
ternal, se conceden trece días con goce de sueldo para el sector
privado y diez días hábiles en el sector público, superando a los
demás países que otorgan entre dos y cinco días por paternidad
(Batthyány, 2015).
Asimismo, Uruguay otorga media jornada laboral por paterni-
dad o maternidad. En el momento que la mujer regresa a sus labo-
res remuneradas, iene la opción de trabajar medio horario laboral
hasta los seis meses de edad de su hijo/a para el sector privado y
nueve meses para el caso del sector público. Vale mencionar que
el padre puede tomar este iempo para cuidados si la madre decide
realizar su jornada completa (UNICEF Uruguay, 2024).
53
Brechas de género en los sistemas de pensiones
Otro programa destacable de Uruguay es el apoyo económico a
madres adolescentes y jóvenes para la coninuidad de sus estudios
y cubrir las necesidades de su hijo/a mientras estudia y prepara su
ingreso al mercado laboral. Esto contribuye a que con un nivel más
alto de estudios obtenga más posibilidades de una integración
más favorable al mercado laboral y, por ende, a una pensión en su
vejez (BPS Uruguay, 2024).
Tabla 2. Medidas para promover equidad de género en los sistemas
de pensiones de México, Uruguay, El Salvador y Guatemala
Prestación México Uruguay El Salvador Guatemala
Pensión madres solteras x
Pensión trabajadora doméstica x x
Cobertura de seguro de salud público para
trabajadora doméstica x x x
Políticas de igualdad de género en el lugar de trabajo x x
Extensión de licencias de paternidad x x x x
Aliación al sistema de pensiones: sector informal x
Bonos por hijos/as menores de edad x
Bonos para madres jóvenes x
Fuente: Elaboración propia con base en; Batthyány (2012); Herrera Toyos y Velázquez
Contreras (2021); Mesa-Lago y Rivera (2020); Ministerio de Desarrollo Social (2023);
Morales Ramírez (2021); Rivera et al. (2020).
Los esfuerzos de acciones afirmaivas cobran eficacia y soste-
nibilidad en el iempo si son coordinados dentro un pilar de co-
rresponsabilidad social de los cuidados dentro de los sistemas de
protección social y de pensiones. En el caso de los países analiza-
dos, ninguno cuenta con esta iniciaiva más holísica para atender
las brechas de género. Sobre esto, Giudice, Pelufo y Otero (2022)
expresan que las políicas de cuidados comprenden tres aristas:
aquellas que otorgan iempo de cuidados sin afectación en las
pensiones para las mujeres, las que proporcionan transferencia
monetaria para financiar los cuidados y las que ofrecen centros y
servicios de cuidado de forma gratuita para que las mujeres reduz-
can sus períodos de interrupción laboral.
54
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
Un primer paso es la aplicación de acciones correcivas como
las referidas, para posteriormente apostar a un sistema integral
de cuidados dentro del engranaje de la protección social. Ahora
bien, ¿qué opinan las voces de las organizaciones, sociedad civil,
insituciones no gubernamentales y colecivos de mujeres sobre
los sistemas de pensiones? Se señalan a coninuación algunas de
las más recientes denuncias y protestas acerca de las deficiencias y
afectaciones de los sistemas de pensiones y su impacto en las des-
igualdades de género.
Para Uruguay, dejar atrás la fase de bono demográfico y las en-
crucijadas fiscales subsecuentes ha marcado un iempo de retroce-
so en términos de seguridad social. En 2023, se aprobó el aumento
de la edad de jubilación de 60 a 65 años para mujeres y hombres,
y se omiieron los procesos de diálogos sostenidos con el movi-
miento sindical uruguayo. Por lo que se incrementaron los años
de aportaciones contribuivas y de la vida laboral para garanizar
una pensión mínima. Esta medida paramétrica afecta a las muje-
res adultas mayores dado que en Uruguay para 2022 más del 18%
del total de mujeres que se dedican exclusivamente a los cuidados
no remunerados corresponden al rango etario de 60 años y más
(CEPALSTAT, 2024).
Según el movimiento sindical PIT-CNT, el diálogo social amplio
no fue uno de los pilares de la úlima reforma y exigen un proceso
de discusión integral, que se sustente en la matriz de protección
social. Señalan que “si bien es necesario recomponer el equilibrio
financiero del sistema, esto no puede ser a costa de recortar de-
rechos de los sectores más vulnerables” (Giudice, Pelufo y Otero,
2022, p.35).11
En el caso de El Salvador, la baja cobertura y suficiencia de
las pensiones desde la privaización de los sistemas generó una
11 El sindicato denuncia también que las tasas de aportes patronales se han modifica-
do, en general a la baja, y existen normas que favorecen a los patronos con exonera-
ciones de aportes, tanto de ipo permanente como eventual (Elías, 2024).
55
Brechas de género en los sistemas de pensiones
amplía respuesta sindical unificada en el movimiento no+AFP en
el 2019. No+AFP propuso el regreso a la nacionalización, con au-
mentos en la tasa de reemplazo de hasta un 70% y el congelamien-
to del aumento de las edades de jubilación. Entre las medidas más
destacables, se encuentra la creación de una gobernanza triparita
del sistema, que incluya a la fuerza laboral tanto del sector formal
como informal en las decisiones del esquema (Giudice, Pelufo y
Otero, 2022).
En diciembre de 2022 se realizó una nueva reforma y las voces
de la oposición señalaron un aumento de la comisión por adminis-
tración para las AFP, que pasó de 0,88% a 1%. Asimismo, el aumen-
to del 30% a las pensiones tenía excepciones como las pensiones
por invalidez y sobrevivencia, ya que no tuvieron incrementos,
lo que perjudica principalmente a las mujeres, dado que son más
longevas con relación a los hombres (Castaneda, 2023). Por otro
lado, a la fecha no existe información disponible que muestre la
sostenibilidad a lo largo del iempo del incremento del 30% en las
pensiones por vejez, debido a que los estudios actuariales han sido
declarados como información reservada. Esta falta de garantía de
sostenibilidad podría afectar los montos de pensión de las futuras
generaciones.
En el caso mexicano, las personas afiliadas al IMSS denun-
ciaron en julio del 2021 el bajo nivel de sus pensiones, por lo que
demandaron la devolución de sus ahorros de vida laboral. Esto es
congruente con las 1.250 semanas laborales (cerca de veinicuatro
años) que se requerían para tener derecho a una pensión, aunado
al alto índice de informalidad que impacta principalmente en las
mujeres mexicanas: 54% del total de mujeres ocupadas forman
parte del sector informal (Castañón Ibarra, Ferreira Blando y Flo-
res Sandoval, 2022; INEGI, 2022).
Las protestas también han ocurrido en Guatemala, donde en
octubre del 2022 se aprobó un aumento del 10% para las pensio-
nes de personas trabajadoras del Estado; no obstante, el Comité
por la Dignificación de los Jubilados del Estado del Adulto Mayor
56
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
(CODIJEAMA) señaló recibir pensiones insuficientes para la sub-
sistencia e hicieron referencia a la urgencia del reconocimiento
de una jubilación digna. Asimismo, vale destacar que únicamente
el 9% de las mujeres ocupadas en Guatemala trabajan en el sector
público.
En suma, la revisión de buenas prácicas muestra la heteroge-
neidad de medidas implementadas por los esquemas de seguridad
social de los países analizados, donde Uruguay cuenta con una
variedad de mecanismos respecto a México, Guatemala y El Sal-
vador. No obstante, diferentes movimientos sociales resaltan los
desafíos pendientes ante los vacíos de los esquemas previsionales
y, en general, para que estas medidas alcancen la universalidad y
reduzcan las brechas de género.
Lineamientos para la extensión del pilar no contribuivo en
El Salvador
A coninuación, se presenta una propuesta para la extensión del
pilar no contribuivo en El Salvador. Al cierre de 2022, este país
es el que reporta simultáneamente uno de los niveles más bajos
de cobertura contribuiva y no contribuiva entre los cuatro paí-
ses analizados (12,6% y 2,2%, respecivamente). Es importante re-
saltar que esta esimación parte de la premisa de que la extensión
del pilar no contribuivo es un paso necesario pero no suficiente
para la ampliación de la cobertura previsional y que puede ser una
herramienta para atender a grupos poblacionales desprotegidos.
No obstante, esta medida debería ser acompañada de una políica
integral de cuidados y corresponsabilidad, así como de medidas
afirmaivas que aporten a la reducción paulaina de las brechas de
género entre hombres y mujeres a lo largo del ciclo de vida.
La propuesta procura presentar la esimación del monto total
que implicaría extender el pilar no contribuivo, bajo diferentes es-
cenarios, para luego idenificar posibles fuentes de financiamiento.
57
Brechas de género en los sistemas de pensiones
Para esto, se retoma la metodología propuesta por OIT (2020). En
primer lugar, se idenificó la población objeivo del pilar no contri-
buivo. Se propone considerar tres potenciales grupos de personas
adultas mayores a cubrir con el pilar no contribuivo: (i) personas de
60 años o más, (ii) personas de 65 años o más y (iii) personas de 70
años o más. En los tres grupos se considera como población objeivo
solamente a las personas que no reciben una pensión contribuiva.
En segundo lugar, se establecen los criterios de focalización. Si
bien los principios de la seguridad social apuntan a la universali-
zación de las pensiones, se comprende que, dados los recursos li-
mitados de un país, se puede iniciar con una transición mediante
criterios de focalización bien definidos. Así, esta propuesta propo-
ne evaluar (i) un escenario donde se brinda una pensión no contri-
buiva a toda la población objeivo, indisintamente su condición
de pobreza monetaria; y (ii) un escenario donde se brinda una pen-
sión no contribuiva focalizada, en este caso, centrada únicamente
en aquellas personas adultas mayores que se encuentran en situa-
ción de pobreza, según las cifras oficiales.
Como úlimo paso, se define el monto de la pensión no contribu-
iva. Actualmente, el programa de PBU en El Salvador entrega un
monto de USD 50 al mes, inferior a la línea de pobreza al cierre de
2022. Así, para subsanar esta falencia se proponen escenarios con
tres montos: (i) USD 65 mensuales, que supera el monto actual del
programa no contribuivo y que supera la línea de pobreza extre-
ma en 2022 (USD 64); (ii) USD 130 mensuales, monto superior a la
línea de pobreza a nivel nacional (USD 128). A su vez, dado que la lí-
nea de pobreza monetaria oficial se basa en una canasta básica ali-
mentaria desactualizada (CDC, 2019), se retoma un tercer monto de
USD 215 mensuales, basado en el costo de una canasta básica
de bienes y servicios actualizada en 2019 por el CDC (2019) y cuyo
costo se ajusta a la inlación acumulada a 2022.12
12 El estudio del CDC (2019) esima una canasta de bienes y servicios cuyo valor as-
ciende a USD 706 mensuales para un hogar compuesto por 3,73 personas. La inlación
58
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
En la tabla 3 se presenta la población adulta mayor en El Salva-
dor, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múliples (ONEC,
2023), y segmentada por diferentes criterios. Al cierre de 2022,
dicha fuente reporta (en el escenario sin focalización) un total de
898.182 personas de 60 años o más, de las cuales el 57,8% son muje-
res y el 42,2% son hombres. El número de personas iende a redu-
cirse a medida que se acortan los rangos de edad considerados en
cada escenario, pero se maniene la tendencia de que las mujeres
predominan en cada grupo de edad.
Tabla 3. El Salvador. Población total y población objetivo para el pilar no contributivo,
sin y con criterio de focalización
Grupo de edad
Escenario sin focalización:
población total
Objetivo: población total sin pensión
contributiva
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
60 años o más 379.371 518.811 898.182
Número
324.453 478.802 803.255
Porcentaje
85,5 92,3 89,4
65 años o más 270.644 379.000 649.644
Número
223.167 344.842 568.009
Porcentaje
82,5 91 87,4
70 años o más 187.266 265.398 452.664
Número
151.878 237.353 389.231
Porcentaje
81,1 89,4 86
Grupo de edad
Escenario con focalización:
población en pobreza monetaria
Objetivo: población en pobreza monetaria
y sin pensión contributiva
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
60 años o más 106.450 138.687 245.137
Número
102.581 138.073 240.654
Porcentaje
96,4 99,6 98,2
65 años o más 78.788 106.911 185.699
Número
75.452 106.297 181.749
Porcentaje
95,8 99,4 97,9
70 años o más 59.704 75.680 135.384
Número
56.809 75.066 131.875
Porcentaje
95,2 99,2 97,4
Fuente: Elaboración propia con base en ONEC (2023).
acumulada entre 2019 y 2022 asciende a 13,8%, por lo que la canasta al cierre de 2022
equivale a USD 803. El monto de USD 215 equivale al costo por persona de esta canasta
actualizada.
59
Brechas de género en los sistemas de pensiones
De este total de personas de 60 años o más, el 89,4% (803.255) re-
portan no tener una pensión no contribuiva. Los datos evidencian
que la descobertura contribuiva es mayor entre mujeres que en-
tre hombres, independientemente del rango de edad considerado.
Esto recalca la relevancia de la extensión de los pilares no contri-
buivos en este país con la finalidad de aportar a la atención de bre-
chas de género que suelen reproducirse a lo largo de la vida laboral
y se intensifican en la etapa de la vejez.
Por su parte, bajo el escenario con focalización (ver la tabla 3),
los datos muestran que, al cierre de 2022, un total de 245.137 de
personas de 60 años o más se encuentran en situación de pobreza
monetaria (cerca de tres de cada diez individuos en este grupo de
edad), de las cuales el 56,6% son mujeres y el 43,4% son hombres.
Los datos de esta sección de la tabla muestran que, entre las per-
sonas de 60 años o más en pobreza monetaria, 240.654 personas
no cuentan con una pensión contribuiva. Así, la descobertura
de pensiones es mayor (98,2%) entre las personas bajo situación
de pobreza monetaria; y es más intensa entre mujeres que entre
hombres. Esta tendencia se replica para todos los grupos de edad
contemplados.
En la tabla 4 se presenta el cálculo del monto anual para la ex-
tensión del pilar no contribuivo para los disintos rangos de edad,
considerando a toda la población que no cuenta con una pensión
contribuiva, indisintamente de su situación de pobreza moneta-
ria. Este escenario incorpora, además del monto total en concepto
de transferencias, un costo de administración de 5% sobre el mon-
to total propuesto por OIT (2020).
60
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
Tabla 4. El Salvador. Estimación del monto anual para la extensión del pilar no contributivo,
según grupos de edad de población objetivo (sin criterio de focalización)
y monto mensual de acuerdo a líneas de pobreza monetaria
Edad de ingreso al
programa
Total población
objetivo
Monto mensual de pensión no contributiva
USD 65 USD 130 USD 215
Monto anual transferencia (millones USD)
De 60 años o más
803.255 657.9 1.315,7 2.176
De 65 años o más
568.009 465.2 930.4 1.538,7
De 70 años o más
389.231 318.8 637.6 1.054,4
Monto total como porcentaje del presupuesto ejecutado del Gobierno Central
(2022)
De 60 años o más
803.255 7,3% 14,7% 24,3%
De 65 años o más
568.009 5,2% 10,4% 17,2%
De 70 años o más
389.231 3,6% 7,1% 11,8%
Monto total como porcentaje del PIB (2022)
De 60 años o más
803.255 2% 4% 6,7%
De 65 años o más
568.009 1,4% 2,9% 4,7%
De 70 años o más
389.231 1% 2% 3,2%
Fuente: Elaboración propia con base en ONEC (2023).
Asimismo, la tabla presenta el monto total para cada escenario
como porcentaje del presupuesto ejecutado por el gobierno central
en 2022 (datos obtenidos del portal de transparencia del Ministe-
rio de Hacienda) y como porcentaje del PIB de ese año. En el esce-
nario más acotado (una pensión de USD 65 mensuales a personas
de 70 años o más), el costo total para otorgar una pensión a 389.231
equivale al 1% del PIB; mientras que en el escenario más amplio
(una pensión de USD 215 mensuales a personas de 60 años o más)
el costo incrementa hasta 6,7%.
Como escenario alternaivo que establece gradualidad en la
universalización del pilar no contribuivo mediante una estrate-
gia de focalización, en la tabla 5 se presenta el cálculo del mon-
to anual para la extensión de dicho pilar para los mismos rangos
de edad considerando en esta ocasión a toda la población que no
cuenta con una pensión contribuiva y catalogada en condición
de pobreza monetaria. Dado que el criterio de focalización de este
escenario es más complejo, se ha añadido un costo administraivo
61
Brechas de género en los sistemas de pensiones
equivalente al 11% del monto anual total, basado en la metodolo-
gía de la OIT (2020).
Tabla 5. El Salvador. Estimación del monto anual para la extensión del pilar no contributivo,
según grupos de edad de población objetivo (con criterio de focalización basado en pobreza
monetaria) y monto mensual de acuerdo a líneas de pobreza monetaria
Edad de ingreso al
programa
Total población
objetivo
Monto mensual de pensión no contributiva
USD 65 USD 130 USD 215
Monto anual transferencia (millones USD)
De 60 años o más
240.654 208.4 416.7 689.2
De 65 años o más
181.749 157.4 314.7 520.5
De 70 años o más
131.875 114.2 228.4 377.7
Monto total como porcentaje del presupuesto ejecutado del Gobierno Central (2022)
De 60 años o más
240.654 2,3% 4,6% 7,7%
De 65 años o más
181.749 1,8% 3,5% 5,8%
De 70 años o más
131.875 1,3% 2,5% 4,2%
Monto total como porcentaje del PIB (2022)
De 60 años o más
240.654 0,6% 1,3% 2,1%
De 65 años o más
181.749 0,5% 1% 1,6%
De 70 años o más
131.875 0,4% 0,7% 1,2%
Fuente: Elaboración propia con base en ONEC (2023).
En este escenario, extender el pilar no contribuivo implicaría una
inversión entre USD 114.2 y USD 689.2 millones, según la combina-
ción de población objeivo y monto a brindar. Brindar una pensión
no contribuiva de USD 65 mensuales a 131.875 personas de 70 años
o más equivale a 1,3% del presupuesto ejecutado por el gobierno a
0,4% del PIB de 2022; y equivale a 4,2% del presupuesto ejecutado
y 1,2% del PIB si se brindara una pensión de USD 215 mensuales.
En suma, los escenarios de focalización permiirían incrementar
gradualmente la cobertura no contribuiva y contribuir al aporte
de seguridad económica a una parte importante de personas en
situación de pobreza.
En este contexto, al discuir la viabilidad y facibilidad del fi-
nanciamiento del pilar no contribuivo, forzosamente se debe
plantear la necesidad de una reforma fiscal progresiva que
62
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
garanice jusicia fiscal y abra el espacio fiscal necesario para ga-
ranizar el financiamiento y la sostenibilidad de este. Esta reforma
debe ser integral e incluir medidas de progresividad por el lado del
ingreso y del gasto, de manera que, por un lado, se movilicen re-
cursos públicos adicionales, aumentando la progresividad de los
sistemas tributarios a través de consolidar impuestos directos, al
patrimonio y las altas ganancias o reducir el gasto tributario; re-
ducir la evasión y la elusión mediante acuerdos mulilaterales de
cooperación tributaria y revisar los sesgos de género de las estruc-
turas tributarias.
Por el lado del gasto, es necesario reorientar recursos y priori-
zar aquellas políicas públicas que están orientadas a saisfacer la
demandas esenciales y más senidas por los sectores vulnerables
del país, entre ellos la población en situación de pobreza, las muje-
res y los adultos mayores.
Martínez Aviña (2020, citado por Contreras Cruz, 2021) eviden-
cia que las reformas en materia de seguridad social se encuentran
estrechamente vinculadas a reformas de ipo fiscal, pues estas
ayudan a ampliar la base tributaria si se enfocan en la gravación
de productos de consumo generalizado, los cuales permiten una
recaudación más eficiente frente a los impuestos directos a los in-
gresos o a otros rubros de la producción o provisión de bienes y
servicios.13
Para el caso salvadoreño, en un estudio realizado por la Red de
Invesigadores del Banco Central de Reserva (REDIBACEN) en el
que se analiza la estructura tributaria salvadoreña de los úlimos
treinta cinco años (1980-2014), se evidencia que la políica tributa-
ria de El Salvador descansa en dos pilares fundamentales, que son
los impuestos de IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que jun-
tos aportan el 85,7% del total de los ingresos tributarios de 2014.
13 En El Salvador la evasión de IVA alcanzó en 2018 los USD 370.2 millones y en 2017
el gasto tributario ascendió a USD 873.9 millones, según úlimas esimaciones del
Ministerio de Hacienda (2019).
63
Brechas de género en los sistemas de pensiones
Asimismo, se menciona que la producividad y eficiencia del IVA
alcanza el 56%, seguido por el impuesto sobre la renta con una
efecividad de 55,8%, consolidándose estos como los más eficien-
tes (Aquino, 2015).14
También se considera adecuado para la realidad salvadoreña
adoptar en materia de seguridad social el enfoque de pisos de pro-
tección social introducido por la OIT (2011), “que plantea un con-
junto integrado de políicas sociales que garanicen a toda persona
la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales esen-
ciales a lo largo del ciclo de vida” (p.10). Según lo resalta Contreras
Cruz (2021), los pisos de protección social ienen como objeivo ga-
ranizar la seguridad de los ingresos y el acceso a servicios socia-
les esenciales para todas las personas, sin importar su situación
laboral.
La consecución de este propósito implica asegurar la viabilidad
y sostenibilidad financiera de dichos pisos de protección social.
Esta afirmación cobra senido considerando que en El Salvador,
tal como consta en diferentes notas de prensa correspondientes
a los úlimos dos años (2022 y 2023), se han registrado retrasos de
hasta doce meses en el pago de la PBU, beneficio que en su senido
estricto aún avanza hacia la universalidad y forma parte del pilar
no contribuivo de protección social.
Tal como se ha expuesto anteriormente, el pilar no contribuivo
y su extensión necesitan de la generación de espacio fiscal, enten-
diendo este como el margen de maniobra que existe dentro del pre-
supuesto público para proporcionar recursos, sin comprometer la
sostenibilidad financiera ni la estabilidad de la economía (Heller,
14 Por otro lado, según las estadísicas tributarias presentadas por el Banco Central
de Reserva (2022), la recaudación de IVA registró en el período 2018-2022 una tasa
promedio de crecimiento de 9,4% y en 2022 el monto recaudado ascendió a USD
2.943,6 millones, experimentado un crecimiento de 5,5% con respecto al 2021. Por su
parte, el ISR alcanzó un monto de USD 2.708,3 millones creciendo a una tasa de 21,7%
con respecto a 2021. El historial de recaudación de IVA e ISR comparado con el resto
de los ingresos tributarios los posiciona como los más importantes en términos de
estructura tributaria.
64
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
2005). Asimismo, la generación de espacio fiscal y la concreción de
una políica fiscal progresiva incluyen medidas de reorientación
del gasto público hacia la atención de las necesidades esenciales
de la población.
A fin de garanizar su concreción, se propone la creación del
Fondo Solidario para la Universalidad de las Pensiones (FSUP), el
cual deberá financiarse principalmente a parir de una porción de
los ingresos tributarios. Se propone que se establezca en la norma-
iva previsional y tributaria que, en cada ejercicio fiscal, al menos
1,5 puntos de la carga tributaria se depositen en ese fondo y que la
uilización del fondo será estrictamente para el pago de beneficios
que garanicen la universalidad y equidad del sistema previsional,
a través de su pilar no contribuivo. Por ejemplo, si se calcula 1,5
puntos de la carga tributaria para lo recaudado en el año 2022, el
monto que ingresaría al fondo solidario para la universalidad de
las pensiones sería de USD 488.6 millones.
Otro elemento importante es la urgencia de que se establezca
el gasto en el pilar no contribuivo como un gasto prioritario y que
este se consigne explícitamente en el presupuesto de cada año,
a fin de poder monitorear y evaluar la evolución y el impacto de
este. Esta medida debe ir acompañada de reformas fiscales pau-
lainas que promuevan la progresividad de las finanzas públicas
que contribuya a la reducción de la distribución del ingreso y otras
manifestaciones de desigualdad económica y social. A su vez, es
necesario implementar políicas integrales y ariculadas en mate-
ria de cuidados, que reconozcan la necesidad de la corresponsabi-
lidad entre hombres y mujeres a lo largo del ciclo de vida.
Con el objeivo de reducir la carga del pilar no contribuivo so-
bre las finanzas públicas, también es importante considerar medi-
das encaminadas a promover la creación de empleos con salarios
adecuados y condiciones laborales dignas, que deriven en mejores
beneficios para las personas en edad de jubilación. Al respecto, la
OIT (2011) hace énfasis en la necesidad de que la implementación
65
Brechas de género en los sistemas de pensiones
de pisos de protección social debe estar vinculada a la Agenda de
Trabajo Decente.
Relexiones finales
¿Es posible reducir las brechas de género en los sistemas de pensio-
nes de ipo contribuivo? Sobre esto, se apuntan algunos elementos
sobre los principales retos y desafíos. La centralidad que ha tenido
la perspeciva de la sostenibilidad financiera en las reformas de los
sistemas de pensiones en los países analizados ha relegado la im-
portancia de la protección social de carácter universal, la solidari-
dad social y la no discriminación e igualdad de género. Si bien es
cierto que la estabilidad financiera de los sistemas de pensiones es
un tema urgente, también lo son las medidas de ipo redistribuivo
desde la políica fiscal; no obstante, la resistencia a la aplicación
de estas úlimas es el relejo de relaciones dispares de poder, que
actúan a favor de determinados grupos socioeconómicos y de una
lógica de acumulación y ganancia (Elías et al., 2024).
A su vez, las entradas y salidas del mercado laboral de las mu-
jeres por trabajo de cuidados en el hogar generan una brecha de
aportes y coizaciones de seguridad social entre hombres y muje-
res. Estas brechas se traducen en menores montos de pensiones o
incluso falta de cobertura durante la vejez (Bucheli, Forteza y Ros-
si, 2006). Se señala entonces que el pilar del trabajo de cuidados
no remunerado sigue siendo omiido como elemento clave en la
construcción de los sistemas de pensiones.
En ese senido, se destaca la relevancia de la construcción de
políicas integrales de corresponsabilidad y de cuido, así como de
otras medidas afirmaivas a favor de las mujeres, de tal manera
que se puedan recortar paulainamente brechas de género que
suelen reproducirse en diferentes etapas del ciclo de vida y pueden
llegar a acrecentarse en la etapa de la vejez. El acceso y protección
de los sistemas de pensiones en la etapa de la vejez es un derecho
66
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
humano al que todas las personas deben acceder; esta premisa no
debe sucumbir ante el lucro ni la desigualdad.
Promover la inclusión de las mujeres en los sistemas de pensio-
nes implica la conformación de una estrategia de reconocimiento
social de los cuidados, que parta del establecimiento de red estatal
de centros de cuidado infanil y de personas dependientes, con ho-
rarios extendidos y servicios asequibles, personal calificado o bien
a parir de subsidios/transferencias para personas que cuidan, y
que promueva su inclusión a los sistemas de pensiones.
A su vez, se insiste en la urgencia de la formulación de una
estrategia de políica produciva y laboral que retome los meca-
nismos generadores de desigualdades en el sistema de pensiones,
tales como la segregación horizontal y verical que relega a las mu-
jeres a ocupaciones y ramas de acividad económica de menor pro-
ducividad, menores salarios y mayor precarización del empleo. Y
en que se instauren medidas de atención para la desfeminización
del empleo informal de subsistencia.
Se sosiene la necesidad de incluir reformas transversales de
género que lleven de la mano la puesta en marcha de medidas re-
distribuivas de ingresos y riqueza en pro de la reducción de las
brechas de género en pensiones; sin esto, la desigualdad seguirá
siendo persistente y las reformas abonarán a su profundización.
La atención a las fallas de los sistemas de pensiones en América
Laina y el Caribe enfrenta otro desafío inminente: las transforma-
ciones demográficas por las que atraviesa la región, en donde los
países están transitando (o ya transitado) por el bono demográfico
y se trasladan a una etapa de envejecimiento poblacional acelera-
do, debido a la reducción de la tasa de fecundidad, el retroceso de
la tasa de mortalidad y el incremento de la esperanza de vida al
nacer y en la adultez mayor. Cifras de CEPALSTAT (2024) relejan
que la relación de dependencia demográfica (acotado a personas
adultas mayores) en América Laina y el Caribe pasará de 13,1% en
2020 a 29,5% en 2050, con una tendencia creciente en los siguien-
tes años, lo que muestra una mayor representación de las personas
67
Brechas de género en los sistemas de pensiones
adultas mayores entre la población en edad produciva, que acre-
centará la demanda de sistemas de seguridad social y otros servi-
cios públicos acordes a esta etapa del ciclo de vida.
Aunado a lo anterior, el análisis de los casos de Uruguay, México,
Guatemala y El Salvador ha corroborado la existencia de brechas
de género en términos de cobertura de los sistemas contribuivos
y no contribuivos. Si bien se idenificaron algunas medidas afir-
maivas existentes en pro de la equidad de género, estas acciones
responden más bien a esfuerzos aislados que no se integran como
parte de un plan estructurado de reducción de desigualdades en
los sistemas de pensiones o en los sistemas de protección social.
A su vez, se evidencia que las medidas de equidad de género
están vinculadas principalmente a diferencias socioeconómicas
puntuales como la incorporación de las trabajadoras domésicas
y las mujeres del sector informal a los sistemas, por lo que se en-
cuentra pendiente el reconocimiento de acciones concretas para
la mujer rural –casos de México, El Salvador y Guatemala–,
para las mujeres indígenas o afrodescendientes y las mujeres po-
bres o en situación de exclusión que realizan trabajo no remunera-
do en sus hogares.
Para el caso de los cuatro países, algunos movimientos y organi-
zaciones sociales, academia, sindicatos y sociedad civil plantean,
proponen y construyen propuestas para la mejora de los sistemas
de pensiones y la consitución de una políica nacional de cuida-
dos. Retomar estas voces y llevar a la acción sus demandas es una
gran tarea pendiente. No se espera un rol asistencialista del Esta-
do, sino el reconocimiento de las habilidades, capacidades, cono-
cimiento y liderazgo de las mujeres y su labor de sostén social a lo
largo de su ciclo de vida; y por supuesto, de la mujer adulta mayor
como agente social relevante.
En este estudio se plantea que existen recursos y caminos para
financiar un esquema no contribuivo de pensiones en El Salvador,
que beneficiaría principalmente a las mujeres, por lo que el finan-
ciamiento para la reducción de inequidades de género encuentra
68
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
cabida si se reduce la concentración de la riqueza. En El Salvador,
el 10% más rico de la población acumula el 66% de la riqueza na-
cional; y el 1% más rico posee la tercera parte de la riqueza (Cabre-
ra y Navarro, 2023). Por tanto, el desafío de ampliar los pilares no
contribuivos (así como el fortalecimiento del sistema de seguri-
dad social) no se trata de un problema de falta de recursos, sino de
atender la concentración de la riqueza y la distribución inequitai-
va del ingreso, mediante el establecimiento de consensos económi-
cos, sociales y políicos que se materialicen en un pacto fiscal justo
y pensado para las mayorías.
Mientras estas inequidades persisten, las mujeres mayores
construyen redes de apoyo y comunidad, crean medios propios
de subsistencia, comparten saberes y se involucran en acivida-
des de organización local, de cooperación y de reorganización del
uso iempo, que les permita encontrar espacios de integración y
paricipación social, y de realización de acividades de recreación
comunitaria. Las mujeres adultas mayores toman acciones vin-
culadas al trabajo voluntario, que proporciona un senido de per-
tenencia y oportunidades para poner en prácica habilidades y/o
adquirir nuevas, y vínculos de sostén en coningencias. Se involu-
cran en talleres y acividades de aprendizaje coninuo y dinámicas
de apoyo familiar, que les proveen de dinero, alimentos o vivienda
(IMSERSO, 2008).
Las y los agentes sociales podemos contribuir a una resignifi-
cación de la vejez desde la vivencia propia de las mujeres mayores.
Ello requiere fomentar un ipo de apoyo mutuo que no se traduzca
en el menoscabo de la autonomía física y económica de las muje-
res, sino lazos de solidaridad que pongan de manifiesto la existen-
cia de otras maneras de vivir en colecivo como respuesta cuando
el individualismo sistémico falla y abandona.
69
Brechas de género en los sistemas de pensiones
Bibliografía
Agulló, Tomás y Silveria, María (2001). Mujeres, cuidados y bienes-
tar social: el apoyo informal a la infancia y a la vejez. Madrid: Insi-
tuto de la Mujer.
Arenas de Mesa, Alberto (2016). Sostenibilidad fiscal y reformas tri-
butarias en América Laina. Saniago: CEPAL.
Arenas de Mesa, Alberto (2020). Los sistemas de pensiones en Amé-
rica Laina. Insitucionalidad, gasto público y sostenibilidad finan-
ciera en iempos del COVID-19. Macroeconomía del Desarrollo, 2012.
Saniago: CEPAL.
Argueta, Carlos Eduardo (en prensa). Extensión de la cobertura
previsional no contribuiva en El Salvador: desafíos y oportuni-
dades en un contexto pospandemia. En Berenice Ramírez y Ser-
gio Carpenter (coords.), Los dilemas ante la construcción de un Esta-
do de bienestar. CLACSO/Siglo XXI.
Aquino, Luis (2015). Análisis del Sistema Tributario Salvadoreño
1998-2014. San Salvador: Red de Invesigadores del Banco Central
de Reserva.
Azuara, Oliver et al. (2019). Diagnósico del sistema de pensiones
mexicano y opciones para reformarlo. BID.
Banco de Previsión Social Uruguay [BPS] (2024). Apoyo a ma-
dres adolescentes y jóvenes. https://www.bps.gub.uy/14796/apo-
yo-a-madres-adolescentes-y-jovenes.html
Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2023). Sistema de
datos sobre mercados laborales y seguridad social. https://
mydata.iadb.org/Indicator-Catalog/Database-of-Labor-Mar-
kets-and-Social-Security-Info/v2c9-36h7/data?no_mobile
=true
70
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
Batthyány, Karina (2012). Estudio sobre trabajo domésico en Uru-
guay. Ginebra: OIT.
Bauzá, Joana (1999). Vejez, representación social y roles de géne-
ro. Educación Cultura, (12), 47-56.
Bucheli, Marisa; Forteza, Álvaro; y Rossi, Ianina (2006). Seguridad
social y género en Uruguay: un análisis de las diferencias de acce-
so a la jubilación. Documento de Trabajo/FCS-DE 4/06.
Cabrera, Oscar y Navarro, Diana (2023). Informe de desigualdad
mulidimensional. Dominio 3: Educación y aprendizaje y Dominio 5:
Paricipación, inluencia y voz. San Salvador: FUDECEN/OXFAM.
Casteñón Ibarra, Vicente., Ferreira Blando, Olaf. y Flores Sando-
val, Cecilia. (2022). Equidad de Género en Pensiones. México: Comi-
sión Nacional del Sistema de Ahorro para el Reiro.
Castells, Manuel (1998). La era de la información. Economía, socie-
dad y cultura. Vol. 2: El poder de la idenidad. Madrid: Alianza.
Centro para la Defensa del Consumidor [CDC] (2019). Estudio so-
bre costo de la vida y propuesta de mejora para un salario míni-
mo. San Salvador.
CEPALSTAT (2023). Base de datos y publicaciones estadísicas
de la CEPAL. https://staisics.cepal.org/portal/cepalstat/index.
html?lang=es
CEPALSTAT (2024). Base de datos y publicaciones estadísicas
de la CEPAL. https://staisics.cepal.org/portal/cepalstat/index.
html?lang=es
Comisión Económica para América Laina y el Caribe [CEPAL]
(2005). Aporte Económico del Adulto Mayor 2005. https://dds.ce-
pal.org/bpsnc/programa?id=152
71
Brechas de género en los sistemas de pensiones
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Reiro [CON-
SAR] (2016). El reto de la cobertura pensionaria, Documento de
Trabajo No. 1.
Conferencia Interamericana de Seguridad Social [CISS] (2022).
Propuesta conceptual para el análisis de la seguridad social desde la
CISS. Ciudad de México.
Contreras Cruz, Carlos (2020). Modelo deseable para un sistema de
pensiones igualitario, justo y sostenible. Ciudad de México: CISS..
Contreras Cruz, Carlos (2021). Tendencias de Financiación de los Be-
neficios para la Seguridad Social para la ampliación de Cobertura.
Ciudad de México: CISS.
Coria, Clara; Freixas Farré, Anna y Covas, Susana ([2005] 2007).
Los cambios en la vida de las mujeres. Temores, mitos y estrategias.
Buenos Aires: Paidós.
Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciem-
bre de 1948). Artículo 22.
Elías et al. (2024). Seguridad Social Lainoamericana No. 9.
CLACSO.
Freixas Farré, Anna (2008). La vida de las mujeres mayores a la
luz de la invesigación gerontológica feminista. Anuario de Psico-
logía, 39(1), 41-57.
Giudice, Soledad; Pelufo, Aníbal y Otero, Natalia (2022). Los sis-
temas de pensiones en América Laina. Aportes para el debate de
los trabajadores. Friedrich-Ebert-Situng. https://library.fes.de/
pdf-files/bueros/uruguay/19871-20221222.pdf
Juárez, Laura y Rodríguez Piña, Yunuen Nicté (2021). El efecto de
las pensiones no contribuivas sobre el bienestar subjeivo de los
adultos mayores en México. Estudios Económicos, 36(2), 279-330.
72
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
Heller, Peter (2005). El espacio fiscal. Finanzas & Desarrollo, 42(2).
https://www.imf.org/external/pubs/t/fandd/spa/2005/06/pdf/
basics.pdf
Herrera Toyos, Gladys Yadira y Velázquez Contreras, Lorenia
(2021). La brecha de género en el sistema de capitalización indi-
vidual de pensiones en México. Intersicios sociales, (21), 347-371.
Insituto Centroamericano de Estudios Fiscales [ICEFI] (2023).
Guatemala: ICEFI expresa preocupación por la posible manipu-
lación del programa de aporte económico al adulto mayor con
fines políico-electorales. https://mail.icefi.org/comunicados/
guatemala-icefi-expresa-preocupacion-por-la-posible-manipula-
cion-del-programa-de-aporte
Insituto de Mayores y Servicios Sociales [IMSERSO] (2008). La
paricipación social de las personas mayores. Madrid. https://fia-
pam.org/wp-content/uploads/2013/06/abay-paricipacion-01.pdf
Insituto Guatemalteco de Seguridad Social [IGSS] (1946). Ley Or-
gánica del Insituto Guatemalteco de Seguridad Social. https://
www.igssgt.org/wp-content/uploads/2021/08/1LeyOrganica295.
pdf
Insituto Guatemalteco de Seguridad Social [IGSS] (2024). Ley Or-
gánica de Seguridad Social, Sección K2, art. 43.
Insituto Mexicano del Seguro Social [IMSS] (2016). Criterio Nor-
maivo 01/2016. Dirección de incorporación y recaudación.
Insituto Nacional de Estadísica y Geografía [INEGI] (2022). En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo. México.
Livellara, Carlos Alberto (2000). Ventajas y desventajas de la pri-
vaización de la seguridad social. IDEARIUM, (23/26).
73
Brechas de género en los sistemas de pensiones
Lorenzo, Fernando (2020). El sistema de pensiones en el Uruguay.
Insitucionalidad, gasto público y sostenibilidad financiera. Sania-
go: CEPAL.
Lozada González, Paola (2021). El sistema de pensiones contribu-
ivas y no contribuivas en México. Un análisis desde la perspec-
iva de género y derechos al 2021. Journal of Economical Literature,
B540, 3, J38.
Marroquín, Taiana (2021). Mujer y mercado laboral. Acceso de
las mujeres a la seguridad social en El Salvador. San Salvador:
ORMUSA.
Martínez Aviña, Jorge (2020). México: propuesta para un nuevo sis-
tema de pensiones. Ciudad de México: CISS.
Martínez, Juan Pablo y Casalí, Pablo (coords.) (2019). Informalidad
y políicas para la formalización laboral en Uruguay 2005/2016.
Aportes desde Uruguay en el centenario de la OIT. OIT/MTSS.
Mendizábal Bermúdez, Gabriela (2007). Comentario a la nueva
ley del ISSSTE: aspectos posiivos y negaivos en el otorgamiento
de las prestaciones. Revista Lainoamericana de Derecho Social, (5),
253-261.
Mesa-Lago, Carmelo (2004). Las reformas de pensiones en América
Laina y su impacto en los principios de la seguridad social. Saniago:
CEPAL.
Mesa-Lago, Carmelo y Rivera, María Elena (2017). Propuestas de
re-reforma de pensiones en El Salvador: Evaluación comparaiva y
recomendaciones. San Salvador: FUNDAUNGO.
Mesa-Lago, Carmelo y Rivera, María Elena (2020). El sistema de
pensiones en El Salvador. Insitucionalidad, gasto público y sostenibi-
lidad financiera. Saniago: CEPAL.
74
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
Ministerio de Desarrollo Social (2023). Programas sociales de
Uruguay. https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/
poliicas-y-gesion/programas
Ministerio de Hacienda (2019). Marco fiscal de mediano y largo
plazo 2019 -2029. San Salvador. https://www.mh.gob.sv/wp-con-
tent/uploads/2020/11/700-DPEF-IF-2019-21641.pdf
Ministerio de Hacienda (2023). Estadísicas tributarias básicas al
año 2022. San Salvador. https://www.transparenciafiscal.gob.sv/
downloads/pdf/700-DPEF-IF-2022-00119.pdf
Ministerio de Trabajo y Previsión Social [MINTRAB] (22 de agosto
de 2022). MINTRAB presenta resultados del Programa del Apor-
te Económico del Adulto Mayor. Sala de Prensa. https://prensa.
gob.gt/comunicado/mintrab-presenta-resultados-del-progra-
ma-del-aporte-economico-del-adulto-mayor
Morales Ramírez, María Ascensión (2021). La dimensión de géne-
ro: ausente en la reforma de pensiones en México. Revista lainoa-
mericana de derecho social, (33), 135-155.
Oficina Nacional de Estadísica y Censos [ONEC] (2023). Encuesta
de Hogares de Propósitos Múliples 2022. El Salvador. https://onec.
bcr.gob.sv/encuesta-de-hogares-de-propositos-muliples-ehpm/
Oficina Nacional de Servicio Civil [ONSEC] (1988). Ley de Clases
Pasivas Civiles del Estado. Decreto No. 63-88. https://drive.google.
com/file/d/1wGcfxrV-9HZ3pLSYJn1HhaSB2XuW6_Os/view
Olmedo, Eduardo (2018). Pensiones y presiones. Las exigencias del
sistema en las finanzas públicas. Guatemala: Asociación de Invesi-
gación y Estudios Sociales (ASIES).
Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2020). Universali-
zación de las pensiones para las personas adultas mayores en El
75
Brechas de género en los sistemas de pensiones
Salvador: Análisis de escenarios. Oficina de la OIT para América
Central, Haití, Panamá y República Dominicana.
Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2018). The ILO
Muli-Pillar pension model: Building equitable and sustai-
nable pension systems. Ginebra. https://www.ilo.org/secsoc/
informaion-resources/publicaions-and-tools/Brochures/
WCMS_645751/lang--en/index.htm
Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2009). Seguridad
social para todos. Una inversión en la jusicia social y en el desa-
rrollo económico. Ginebra.
Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2011). Piso de
protección social para una globalización equitaiva e inclusiva.
Ginebra.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
[OCDE] (2016). Estudio sobre los sistemas de pensiones. México.
Oriz, Isabel et al. (2019). La privaización de las pensiones: tres
décadas de fracasos. El trimestre económico, 86(343), 799-838. ht-
tps://doi.org/10.20430/ete.v86i343.926
Osorio-Parraguez, Paulina et al. (2022). Mujeres centenarias en
Chile: diversidad e interseccionalidad en la longevidad femenina.
Polis, 21(63), 148-166.
Ovrebo, Beverly y Minkler, Meredith (1993). The lives of older wo-
men: Perspecives from criical poliical economy and the huma-
niies. En Thomas R. Cole et al. (eds.), Voices and visions of aging
(pp.289-308). New York: Springer Publishing Company.
OXFAM México (2024). El monopolio de la desigualdad: Cómo
la concentración del poder corporaivo lleva a un México más
desigual.
76
Nathalie Chacón Oriz, Carlos Eduardo Argueta y Rubenia Castro Santos
Panorama Económico (2023). ¿Qué le han dejado a El
Salvador los dos años de la Ley Bitcoin? https://pano-
ramaeconomico.org/2023/09/13/que-le-han-dejado-a-
el-salvador-los-dos-anos-de-la-ley-bitcoin/
Ramírez López, Berenice; Nava Bolaños, Isalia y Badillo González,
Gabriel (2018). Las raíces de la desigualdad y de la exclusión pre-
visional en México: propuesta para su rediseño. En Pablo Vom-
maro e Ignacio Rodríguez (comps.), Desigualdades, exclusión y cri-
sis de sustentabilidad en los sistemas previsionales de América Laina
y El Caribe (pp. 143-172). Buenos Aires: CLACSO/CLATE.
Rawls, John (1971). Teoría de la Jusicia. Cambridge: The Belknap
Press of Harvard University Press.
Rivera, María Elena et al. (2020). Reforma del sistema de pensiones
en El Salvador en el contexto de los convenios internacionales de se-
guridad social y las buenas prácicas internacionales. San Salvador:
FUNDAUNGO/OIT.
Rodríguez-Gómez, Katya (2024). La universalización de la pensión
no contribuiva en los adultos mayores en México en el sexenio
2018-2024: un análisis preliminar de sus efectos en la pobreza.
Revista Forum, (25), 47-71.
Sanabria Sánchez, Crisian David (2020). Igualdad de género y la
Agenda 2030: oportunidades y desafíos en el marco de la políi-
ca fiscal. Working paper 01. Facultad de Derecho, Universidad de
Los Andes.
Sánchez Aguilera, Paola y Rodríguez-Gómez, Katya (2020). Pen-
siones no contribuivas en México y pobreza de los adultos ma-
yores. Revista Eurolainoamericana de Análisis Social y Políico, 1(2),
77-88.
77
Brechas de género en los sistemas de pensiones
Secretaría de Hacienda (2021). Reforma a la Ley del Seguro Social
y a la Ley del SAR. Resumen del Decreto. https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/605038/Nota_Reforma_de_Pen-
siones_VFF.pdf
Sontag, Susan (23 de sepiembre de 1972). The double standard of
aging. The Saturday Review, 29-38.
Suárez, Julio (2023). Previsiones para el Sistema de Pensiones. Gua-
temala: Asociación de Invesigación y Estudios Sociales (ASIES).
UNICEF Uruguay (2024). Licencia maternal y paternal en Uruguay.
https://www.unicef.org/uruguay/crianza/embarazo/licencia-
maternal-y-paternal-en-uruguay
Vaca Trigo, Iliana (2019). Oportunidades y desafíos para la auto-
nomía de las mujeres en el futuro escenario del trabajo. Saniago:
CEPAL.
Villarreal, Héctor y Macías, Alejandra (2020). El sistema de pensio-
nes en México: insitucionalidad, gasto público y sostenibilidad finan-
ciera. Saniago: CEPAL.
