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Lourdes Alonso Serna
Edgar Talledos Sánchez
[Coords.]
COLECCIÓN GRUPOS DE TRABAJO
ECONOMÍA POLÍTICA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN AMÉRICA LATINA
Serie Ambiente, cambio climático y sociedad
ECONOMÍA POLÍTICA
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
EN AMÉRICA LATINA
Colección Grupos de Trabajo
ECONOMÍA POLÍTICA
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
EN AMÉRICA LATINA
Lourdes Alonso Serna
Edgar Talledos Sánchez
(Coords.)
Grupo de Trabajo
Fronteras, regionalización y globalización
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IMPERIALISMO ELÉCTRICO:
TRANSNACIONALES ESPAÑOLAS
DE ELECTRICIDAD
Y CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL
EN AMÉRICA LATINA
Lourdes Alonso Serna
Introducción
El objetivo de este capítulo es abordar la presencia de las empresas
eléctricas españolas en América Latina como un proceso propio del
imperialismo global. La teoría del imperialismo ha sido un poderoso
referente teórico para entender los procesos de dominación económica
y política en América Latina; si bien en los últimos 40 años fue
sustituido por conceptos como globalización e interdependencia. En
este contexto, la expansión de las empresas españolas en América Latina
ha sido analizado como resultado de las ventajas competitivas de las
empresas españolas, derivado de “la similitud de los procesos de
liberalización económica y política en España y América Latina que les
permitió ajustarse y operar en la región latinoamericana” (Toral, 2011,
p. 9).
Esta lectura, sin embargo, despolitiza las condiciones en las cuales
se dio el proceso de liberalización de las economías latinoamericanas,
marcado por la crisis de la deuda en la década de los ochenta y las
presiones internacionales para que, a cambio de la renegociación de
estas, se emprendieran las llamadas reformas estructurales que, entre
otras , incluyeron la privatización de empresas estatales . El capital
español fue el principal beneficiario de la privatización de empresas
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Participante Acrónimo Fecha de entrevista Lugar
Ejecutivo de
empresa
EE 22 noviembre 2017 Ciudad de México
Funcionario de
gobierno federal
GF 4 diciembre 2017 Ciudad de México
Propietario de
tierra en el Istmo
PI 20 febrero 2018 Juchitán, Oaxaca
Funcionario de
gobierno Oaxaca
GO 15 diciembre 2017 Ciudad de Oaxaca
latinoamericanas en los sectores de banca, seguros y servicios
financieros, electricidad, petróleo y telecomunicaciones (Toral, 2011, p.
26). La compra de los activos latinoamericanos convirtió a las empresas
españolas en transnacionales, mismas que fueron caracterizadas como
multilatinas, entre ellas se encuentran Telefónica, Santander, BBVA,
Mapfre, Repsol e Iberdrola (Santiso, 2013).
Este capítulo se centra en elaborar la lógica convergente de
dominación del mercado y del Estado en la circulación del capital. A
través del caso de las eléctricas españolas se explica que se convirtieron
en transnacionales respaldadas por la acción estatal que auspició el
proceso de centralización que creó un oligopolio eléctrico compuesto
por las empresas Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa (hoy Naturgy)
que se convirtieron en transnacionales tras la compra de las empresas
latinoamericanas.
Metodológicamente el capítulo hace una revisión documental sobre
el proceso de privatización de las empresas eléctricas de los países
latinoamericanos. Además, aborda el caso de la consolidación de las
eléctricas españolas en el sector eólico de México, en particular de la
región Istmo de Oaxaca. Para esto último se realizaron entrevistas a
representantes de empresas, a exfuncionarios estatales y a
representantes de propietarios privados y ejidatarios. Las entrevistas se
realizaron en las ciudades de México, Oaxaca y en la región Istmo entre
noviembre de 2017 y mayo de 2018. Las entrevistas recabaron
información sobre el proceso de expansión de las empresas eléctricas
españolas en la región Istmo de Oaxaca, el papel de funcionarios
estatales en la generación de condiciones legales, técnicas y sociales
para facilitar la instalación de los parques eólicos. Las entrevistas fueron
grabadas y transcritas en su integridad para su posterior análisis, no se
utilizó ningún software para el mismo. La Tabla 1 sintetiza la
información de las entrevistas.
Tabla 1. Participantes de entrevistas
Fuente: Elaboración propia
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Al destacar el concepto imperialismo global, el capítulo hace
aportaciones a la literatura crítica sobre el proceso de diversificación
eléctrica en América Latina. Literatura que se ha centrado en abordar
las resistencias ante el cercamiento y despojo de bienes comunes
derivado de la instalación de centrales eólicas y solares. Sin embargo, el
análisis del proceso de circulación del capital ha tenido un lugar
secundario, este capítulo busca abordar este vacío en la literatura.
El capítulo se compone de tres secciones. En la siguiente sección se
presentan los conceptos que guiarán el resto del capítulo, tales como
imperialismo global, centralización de capital, el Estado y la circulación
de capital. En la segunda sección se presenta el proceso de
centralización de las empresas eléctricas españolas, proceso que abarcó
a las eléctricas de Latinoamérica. La tercera sección ilustra la expansión
de las empresas españolas en el sector eólico en Oaxaca, estado del sur
de México.
Empresas transnacionales y el imperialismo global
Conviene comenzar definiendo al imperialismo global como
una forma de dominio ejercida predominantemente a través del
mercado con apoyo estatal [que] supone una alianza
transnacional de los sectores dominantes de varios Estados
sobre poblaciones definidas cada vez menos por su ubicación en
territorios nacionales que por su posición en un espacio global
crecientemente polarizado a nivel cultural y económico. Dentro
de este orden mundial, los estados juegan un papel central,
apoyando el despliegue del mercado y estableciendo relaciones,
tanto competitivas como de alianza, de acuerdo con su desigual
poder y distintos intereses e ideales (Coronil, 2004, p. 115).
El imperialismo es fundamental en el proceso de centralización de
capital, al que Marx se refiere como “la concentración de los capitales ya
existentes, de la acumulación de su autonomía individual, de la
expropiación de unos capitalistas por otros, de la aglutinación de
muchos capitales pequeños para formar unos cuantos capitales
grandes” (Marx, 1975, p. 406). A partir de la segunda mitad del siglo XX
se configura la centralización de capital en las empresas
transnacionales, que hoy son las principales organizadoras de la
producción, pues integran, aunque de manera diferenciada, diversos
espacios nacionales en la producción de mercancías. Las empresas
transnacionales “organizan globalmente el trabajo y los activos bajo una
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jerarquía corporativa centralizada en la que la apropiación de plusvalía
tiene lugar a través de inversión financiera transnacional” (Harris, 2014,
p. 316).
Este proceso es dinamizado por el sistema financiero, cuya función
es “promover un régimen flexible de inversiones transnacionales y de
dirigir los inmensos flujos de capital global” (Harris, 2014, p. 322). Esta
función la realiza “no como representantes del capital nacional, sino
como representante de capitalistas de cualquier país. Goldman Sachs,
Barclays y el Deutschbank no son campeones nacionales, sino
monopolios financieros transnacionales que compiten en nombre de
inversores globales, invierten en todo el mundo, y a menudo realizan
inversiones cruzadas entre ellos” (Harris, 2014, p. 323).
A través de fusiones y adquisiciones, las empresas transnacionales
se encuentran emparentadas entre sí. De hecho, “el control del 40% de
las transnacionales se encuentra en una complicada red de relaciones de
propiedad en las que un grupo de 147 empresas transnacionales tiene un
control casi total sobre sí mismo. De estas ¾ son intermediarios
financieros” (Vitali, Glattfelder, Battistaon, 2011, p. 6). Pero la
circulación de capital requiere del Estado a fin de garantizar las
condiciones para la producción capitalista, tales como la fuerza de
trabajo, la tierra, el conocimiento y el dinero (Jessop, 2002).
Autores de la teoría del imperialismo han abordado la función del
Estado en la circulación del capital. Lenin, por ejemplo, destaca el papel
de los Estados, en el reparto del mundo, o “la lucha por el territorio
económico” como un componente central en las relaciones capitalistas
de principios de siglo XX (Lenin, 1917). De igual manera, Paul Baran y
Paul Sweezy, señalan que los intereses de las corporaciones
monopólicas, relacionados con la producción y circulación de
mercancías y capitales, involucran la gestión de lo político, ya que:
desean operar en el mayor número posible de naciones y desean
que sus leyes e instituciones sean favorables al desarrollo, sin
restricciones, de las empresas capitalistas […] [Por lo que] los
Estados de origen de las transnacionales deben propiciar estas
dos condiciones, a fin de hacer el mundo más seguro para ellas.9
Al tiempo que, las empresas monopólicas se oponen firmemente
a todas las formas de capitalismo estatal que podría obstaculizar
sus propias operaciones o reservar áreas de actividad económica
9. Los autores utilizan la frase “hacer el mundo más seguro para la Standard Oil”,
empresa a la que caracterizan como el tipo ideal de las corporaciones monopólicas en
la década de los sesenta (Baran y Sweezy, 1966, pp. 18-19).
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potencialmente rentables para los nacionales de los países en
cuestión” (Baran y Sweezy, 1966, pp. 29-30).
A fin de garantizar la circulación de capital, “las corporaciones se
ven obligadas […] a negociar con los gobiernos, hacen política tanto de
manera abierta como encubierta y sin escrúpulos, en ambos casos en
búsqueda de su propio interés” (Harvey, 1982, p. 145).
Literatura latinoamericana ha enmarcado a las empresas
transnacionales dentro de la lógica del imperialismo. Esta literatura
vincula la acción de las empresas con los intereses de Estados
imperialistas, particularmente de Estados Unidos que en el siglo XX
tuvo a la región latinoamericana como una zona exclusiva de influencia
en la que los intereses geopolíticos del Estado y los intereses económicos
de las empresas engarzan y se imponen a fin de controlar, por la vía
pacífica o por la violencia, territorios y recursos naturales y gobiernos
(Ianni, 1970).
En el contexto actual del imperialismo global, la función de los
Estados es la de contribuir a la circulación del capital en escala
planetaria “ajustando el mercado interno a la globalización a través de
acuerdos transnacionales” (Harris, 2012, p. 174). Por ejemplo, en la
crisis económica del 2008, el gobierno de Barack Obama impulsó un
plan de recuperación de la industria automotriz estadounidense
(General Motors (GM), Ford y Chrysler). Dinero de los contribuyentes
se destinó a financiar un plan de reestructuración de la industria en
nombre de la preservación de empleos para los estadounidenses; sin
embargo, dicha reestructuración no fue nacional, sino transnacional,
que incluyó la cesión de 30 % de las acciones de Chrysler a la italiana
Fiat, la que compartiría tecnología de punta a Chrysler. Mientras que la
recuperación de GM incluyó la participación del gobierno alemán, que
le otorgó un crédito para apuntalar a la empresa Opel en la cual GM
tenía una participación. La recuperación de Opel también pasó por una
estrategia transnacional, tras la cual la empresa se convirtió en un
consorcio ruso/estadounidense/austriaco/canadiense/alemán (Harris
2012, pp. 174-177).
De manera similar, el Estado español impulsó el proceso de
centralización de capital de las empresas eléctricas, tal como la
siguiente sección elabora. Empero, este proceso de dominación del
mercado, impulsado por el Estado, es un proceso propio del
imperialismo global.
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Las empresas eléctricas españolas: de las empresas regionales al
oligopolio eléctrico transnacional
Las empresas eléctricas españolas junto con los grandes bancos y las
empresas de construcción se convirtieron en los pilares del llamado
desarrollismo del régimen franquista. Estos tres sectores se encontraban
“profundamente vinculados con la esfera política y eran el núcleo
económico y político de la dictadura. En el caso de las empresas de
electricidad, la alianza con Franco les permitió tener control de
cuantiosos recursos financieros y de un gran mercado con el que
obtuvieron ganancias y rentas monopólicas” (Franquesa, 2019, p. 48).
El proceso de centralización de capital que convirtió a las empresas
eléctricas en transnacionales fue impulsado por el Estado que favoreció
la fusión de empresas y la privatización de Endesa. En 1992 se
fusionaron Hidrola e Iberduero y se convirtieron en Iberdrola, empresa
que pasó a controlar el 38% de la capacidad eléctrica instalada. La
propiedad de las acciones de Iberdrola es del sector financiero, entre
ellos se encuentran el Qatar International Authority, Norges Bank
Investment Management, The Vanguard Group, Amundi Asset
Management y BlacRock Advisors (Marketscreener, s.f.).
Mientras que Endesa compró la empresa pública Enher, así como
las empresas privadas Sevillana, Fecsa, Erz y Viesgo, y acumuló el 46%
de la capacidad instalada (Palazuelos, 2020, p. 176). Al mismo tiempo
que Endesa compraba empresas y se convertía en la empresa más
grande, iniciaba su proceso de privatización, a fines de los ochenta se
pusieron en venta 34% de sus acciones y en 1997-1998 un 55%.
Instituciones financieras como La Caixa, Caja Madrid y BBVA pasaron
a ser los principales accionistas de Endesa, mientras que el Estado se
quedó con un 11% de las acciones. Sin embargo, a partir del año 2005
se volvió a transformar la estructura accionaria de esta empresa, La
Caixa vendió sus acciones, al tiempo que Gas Natural y la alemana EON
hicieron ofertas de compra. La propuesta de esta última estaba a punto
de ser aceptada, pero entró al juego la italiana ENEL que, en alianza con
Acciona, empresa de infraestructura, compró el 80% de las acciones de
Endesa. En la actualidad, ENEL posee el 70% de las acciones y el 30%
restante las tienen inversores individuales e institucionales (Palazuelos,
2020, p. 202-204).
El caso de Endesa es paradigmático de la tendencia constante de la
centralización de capital, pues en tres décadas Endesa pasó a ser la
empresa más grande en España, así como una de las principales
eléctricas en América Latina; sin embargo, con la venta a ENEL, esta
última absorbió a las eléctricas latinoamericanas y dejó a Endesa como
una empresa abocada al mercado eléctrico español y portugués.
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La creación de Gas Natural-Fenosa, tras la fusión de las empresas
Gas Natural y Unión Fenosa en 2008 y 2009, completó al oligopolio
eléctrico español. Hasta 2018, los accionistas mayoritarios eran Repsol
y La Caixa; con un 60% de las acciones, pero en 2018, Repsol vendió sus
acciones, y entraron otros inversores, con lo que se decidió cambiar el
nombre a Naturgy. Entre los actuales accionistas se encuentran CVC
Capital Partners, Global Infrastructure Partner, Sonatrach (empresa
estatal de gas de Argelia), además de la Caixa, (Palazuelos, 2020, p. 211).
El oligopolio eléctrico compuesto por Endesa, Iberdrola y Naturgy
concentra el 60% de la capacidad eléctrica instalada en España,
controlan la totalidad de las plantas nucleares, el 90% de la capacidad
térmica de carbón, 80% de las centrales hidráulicas, 70% de las plantas
de ciclo combinado, el 35% de la tecnología eólica y el 13% de otras
[renovables (Solar, biomasa); cogeneración, plantas convencionales de
petróleo y gas] (Palazuelos, 2020: 200).
La centralización del capital eléctrico español, que dio paso al
llamado oligopolio eléctrico, fue un proceso planetario, que incluyó en
primer lugar a empresas de América Latina. Dicha centralización hizo
explícitos motivos imperialistas, ya que se argumentó que América
Latina era un “mercado natural” de las empresas españolas debido a la
historia colonial y a los lazos culturales creados por esta. En su
implementación, el Estado español tuvo un papel clave con la
organización de foros como las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de
Estado y de Gobierno, que se celebraron desde 1992 y que sirvieron
como un foro para legitimar las reformas estructurales en América
Latina y apuntalar a las empresas españolas en las privatizaciones.
Además, políticos españoles se convirtieron en actores clave en la
facilitación de la entrada de empresas españolas, por ejemplo, Felipe
González, ex secretario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y
presidente del Gobierno español entre 1982 y 1996, fue un activo
promotor de la centralización de capital al impulsar a las empresas
españolas a comprar activos estatales de América Latina. Al respecto,
una entrevista de Oriol Malló (2011) a un ejecutivo de una empresa
española:
A fines de los ochenta Felipe González reunió a los grandes
empresarios y banqueros del país y les dijo muy claramente que,
desde el ingreso en Mercado Común, los grandes países
europeos habían comprado todo y más en España y que ante la
disyuntiva de ser un ratón en Europa, mejor ser rey en América
Latina que era la alternativa para crecer y hacernos fuertes. Les
dijo que tenía información muy precisa de que la quiebra de los
Estados latinoamericanos los forzaría a vender sus empresas
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públicas y que gracias a la red de amistades que él había tejido
con la mayoría de los presidentes de aquellos países, las
decisiones se decantarían a favor de España. Pero no te creas
que fue fácil, muchos de los reunidos le expusieron sus dudas.
Varios ya habían estado allí en los setenta, sobre todo bancos, y
se pillaron los dedos con la crisis de la deuda y las devaluaciones
en los ochenta. Querían garantías y no estaban muy
convencidos, pero Felipe González les dijo que las
privatizaciones que se harían en Argentina con Carlos Menem se
harían rápidamente y con garantías jurídicas, así que les
proponía presentarse y probar con la experiencia argentina si
valía la pena volver a América Latina (Malló, 2011, pp. 251-252).
Mientras que, los funcionaros públicos y políticos en América
Latina recibieron favorablemente a las empresas y facilitaron la
centralización de capital. Por ejemplo, en México, donde la apertura del
sector eléctrico se hizo de manera gradual, las empresas eléctricas han
cabildeado a favor de sus intereses ante distintas oficinas estatales; tal
es el caso de la reforma energética del 2013, al respecto, un ejecutivo de
una empresa comentó lo siguiente:
Tuvimos una muy buena experiencia con las autoridades
mexicanas, trabajamos de manera muy cercana con ellas y con
otras compañías para hacer la reforma energética, que es una
reforma moderna, basada enteramente en licitaciones y
subastas públicas (EE, comunicación personal).
Además, hay que destacar que políticos latinoamericanos han
ocupado altos puestos ejecutivos en empresas eléctricas, llevando
consigo “todos los secretos de Estado para ponerlos al servicio de una
multinacional extranjera” (Monedero, 2022). Tal es el caso de la ex
secretaria de energía de México, durante el gobierno de Felipe Calderón,
Georgina Kessel, quien desde 2013 ha sido consejera independiente de
Iberdrola, y el propio Calderón, que también fue secretario de energía
entre 2003 y 2004 y que fue consejero independiente de Avangrid, filial
de Iberdrola (Antúnez, 2021).
La centralización de capital en América Latina fue impulsada
por los Estados, donde las reformas al sector eléctrico se han extendido
por tres décadas. En Chile iniciaron en 1980, mientras que la gran
mayoría de los países se hicieron durante la década de los noventa (entre
ellos Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Panamá), México hizo algunas reformas en 1992, pero fue en
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2013 que el sector eléctrico fue reestructurado y abierto a la
participación privada.
En Chile, la Empresa Nacional de Electricidad de Chile (Endesa)
fue dividida en nueve empresas, cinco de generación y cuatro de
distribución, mismas que fueron privatizadas entre 1989 y 1995.
Además, se privatizaron las empresas Chilectra Metropolitana,
Chilgener y Chilquinta (Rieznik, 2019, pp. 167-168).
En Argentina se subdividió a las tres empresas públicas que
concentraban el grueso de la producción de electricidad: Agua y Energía
Eléctrica (AEE), Hidronor, S.A. y Servicios Eléctricos del Gran Buenos
Aires (SEGBA), de las cuales se crearon 27 empresas de generación, 7 de
transporte y 3 de distribución; las privatizaciones tuvieron lugar entre
1992 y 1996 (Ruggeri y Garrido, 2019, p. 604).
En Brasil, Eletrobras opera a través de empresas filiales: Eletrobras
Amazonas GT, Eletrobras CGT Eletrosul, Eletrobras Chesf, Eletrobras
Eletronorte, Eletrobras Eletronuclear y Eletrobras Furnas. Además,
posee la mitad del capital de Itapú Binacional (Eletrobras, s.f). La
privatización inició en 1995, con la venta de empresas de distribución,
entre ellas: Escelsa, Light Serviços de Eletricidade S/A y Companhia
Energética do Rio de Janeiro (CERJ). Entre 1995 y 1998 se privatizó
cerca del 60% de la distribución. Sin embargo, de las grandes empresas
integradas verticalmente, propiedad de los estados, sólo las de São
Paulo fueron privatizadas (Millán, 2006, p. 110).
En Centroamérica, los procesos de reforma del sector eléctrico
tuvieron dos tendencias. En El Salvador, Guatemala, Nicaragua y
Panamá se adoptaron medidas similares que permitieron la
desintegración vertical de empresas y su venta a inversionistas privados.
El Salvador, Guatemala y Panamá llevaron a cabo sus respectivas
privatizaciones entre 1997 y 1998 y Nicaragua en 2001. (CEPAL, 2003,
p. 21). Mientras que, en Honduras una ley aprobada en 1994 permitió
que empresas privadas vendieran electricidad a la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE). De la misma Manera, en Costa Rica, el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresa verticalmente
integrada, puede comprar electricidad a empresas privadas hasta por
máximo del 30% de la capacidad instalada en el país (CEPAL, 2003, p.
21). Además de la venta de empresas de generación, en Centroamérica
destaca la privatización del sector de distribución. El Salvador privatizó
cuatro empresas de distribución: CAESS, CLESA, Del Sur y EEO.
Guatemala privatizó las empresas EEGSA, DEOCSA y DEORSA,
mientras que Nicaragua hizo lo propio con Disnorte y Dissur. Panamá
privatizó Noreste S.A. (Elektra), Metro Oeste y Chiriqui (CEPAL, 2002,
pp. 10-15).
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En el caso de México, 2 empresas estatales producían y
comercializaban electricidad: Comisión Federal de Electricidad (CFE) y
Luz y Fuerza del Centro (LyFC). En 1992, la Ley de Servicio Público de
Energía Eléctrica permitió a las empresas privadas producir
electricidad en las modalidades de autoabastecimiento, exportación y
productor independiente de energía. Esta ley permitió a empresas
privadas suscribir contratos de largo plazo con grandes consumidores,
además se permitió que la CFE comprara electricidad a estas empresas.
En 2009, el gobierno federal liquidó LyFC y su sindicato. Finalmente, en
diciembre de 2013 se aprobó una reforma a varios artículos de la
Constitución mexicana, que permitió la inversión privada en el sector
energético. CFE se escindió en nueve subsidiarias y dos empresas
afiliadas (CFE, s.f.), sus funciones como operador del sistema también
fueron eliminadas y ahora están bajo el control del Centro Nacional
para el Control de la Electricidad (CENACE). En 2020, el 45.8% de la
electricidad la producen empresas privadas (Cruz, 2020).
En este proceso, las empresas españolas se encontraron entre las
primeras en acceder a la compra de estos activos. Iberdrola, comenzó
sus inversiones en América Latina en 1992, e incursionó en diversos
sectores, además del de electricidad, pues también hizo inversiones en
gas, telecomunicaciones y agua y saneamiento. Así, tuvo participación
mayoritaria en empresas de distribución de electricidad en Bolivia,
Brasil y Guatemala, y de saneamiento en Chile, así como participación
minoritaria en empresas de distribución de gas en Brasil y Colombia, de
telecomunicaciones en Brasil y de generación eléctrica en Chile (Rozas,
2008, p. 36).
Sin embargo, en los primeros años del siglo XXI cambió su
estrategia para concentrarse en el sector de electricidad,
particularmente en dos países: Brasil y México. En México, su presencia
data de 1999, cuando se adjudicó una licitación para la construcción y
explotación de una central de ciclo combinado de 489MW en Monterrey.
A partir de 2002 hizo inversiones en otras centrales de ciclo combinado
y cogeneración (Rozas, 2008, p. 35), desde 2006 en parques eólicos, y en
2017 en parques fotovoltaicos. En la actualidad cuenta con 16 centrales
de ciclo combinado y cogeneración, siete parques eólicos y tres parques
fotovoltaicos, que suman una capacidad instalada propia de 4,749 GW
y 7,146 GW de capacidad instalada para terceros (Iberdrola, 2021, p.
22), y es el principal productor privado de electricidad en el país.
Mientras que, en Brasil tiene presencia desde 1997 a través de su
filial Neoenergía, que opera en los cuatro segmentos del sector:
producción, transmisión, distribución y comercialización, aunque el
principal negocio es la distribución. En 2021 tiene 17 centrales eólicas,
8 hidroeléctricas y 1 central de ciclo combinado, con una capacidad
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instalada de 4 GW y 655,569 kilómetros de líneas eléctricas (Iberdrola,
2021, p. 20).
Endesa se centró en los tramos de generación, transmisión y
distribución. Entre 1992 y 2006, adquirió participación en 18 empresas
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Perú, República
Dominicana y Venezuela. Su principal adquisición fue la compra del
60% de las acciones del holding chileno Enersis, compuesto por la
empresa de generación Endesa Chile y de distribución Chilectra, así
como de otras empresas de generación, transmisión y distribución en
Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Endesa incorporó los activos
anteriormente comprados en América Latina en el holding de Enersis
(Toral, 2011, p. 106). Sin embargo, tras la compra de Endesa por parte
de Enel, las empresas latinoamericanas pasaron a formar parte de esta
última.
Por último, Unión Fenosa-Gas Natural (hoy Naturgy), adquirió
acciones en empresas de generación en Colombia, Costa Rica, México,
Panamá, República Dominicana y de distribución en Colombia,
Guatemala, Nicaragua y Panamá (Rozas, 2008, p. 64, 67). En el sector
de distribución, Unión Fenosa destaca por haber adquirido seis
empresas de distribución en tres países Centroamericanos, y de
participar en la construcción del Sistema de Interconexión Eléctrica de
los Países de América Central (SIEPAC).
La compra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)10, por parte
de Repsol en 1999, contribuyó también a la expansión de las empresas
eléctricas españolas ya que Repsol se convirtió en proveedor de gas de
Endesa e Iberdrola, que comenzaron a construir y operar plantas de
ciclo combinado en la región (Toral, 2011, p. 160-161).
Así, el imperialismo eléctrico de las empresas españolas se logró
a través de la acción del Estado que tanto en España como en América
Latina apoyó su despliegue a través de la centralización de capital de
manera que empresas eléctricas con base en las regiones autonómicas,
se convirtieron en empresas transnacionales. El proceso implicó la
absorción de otras empresas españolas y las eléctricas estatales de los
10. YPF, creada en 1922, fue abierta a la inversión privada desde la década de los
ochenta; en 1992 se le convirtió en una sociedad anónima, sus acciones fueron
repartidas entre el Estado nacional (51%), las provincias donde se encontraban los
yacimientos (39%) y trabajadores de la empresa (10%). En 1999, Repsol adquirió el 97%
de las acciones. sin embargo, una ley aprobada en 2012 permitió la expropiación del
51% de las acciones de Repsol, que en ese momento controlaba el 57.4% de YPF. Repsol
demandó al Estado Argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
(CIADI); sin embargo, en noviembre de 2013 alcanzó un acuerdo por el que se fijó una
compensación de 5 mil millones de dólares en bonos y garantías para su pago efectivo,
a completarse en 2033 (Bonnefoy, 2016, p. 65).
7
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11. Con la liberalización de la industria eléctrica en España, el Estado limitó sus
atribuciones a la vigilancia de las condiciones de competencia y a la formación del
precio final de la electricidad. En este segundo aspecto, las retribuciones a la generación
de electricidad se determinaron por un mercado mayorista y por diversas primas fijadas
administrativamente. Estos cambios, preveía la misma ley, podría generar afectaciones
a las empresas, que habían hecho grandes inversiones en infraestructura y la
amortización de sus deudas podía peligrar ante las variaciones de precios del mercado
mayorista. A fin de prevenir esto se crearon los Costes de Transición a la Competencia
(CTC), una compensación por un importe de 1.7 billones de pesetas (aproximadamente
8600 millones de euros), para aportar a las empresas siempre que el precio en el
mercado mayorista fuera menor a 36 euros MWh. Los CTC tendrían una vigencia de
1998 a 2010. Los CTC terminaron de manera anticipada en 2006; sin embargo,
significaron una transferencia monetaria a las empresas, “en conjunto, las centrales
instaladas antes de 1997 han cobrado durante la vigencia del periodo transitorio (1998-
2006) en torno a 12,000 millones de euros por encima de lo que les hubiera
correspondido al precio de referencia de 36 euros MWh, y no 8 600 millones de euros
como se había previsto” (Fabra y Fabra, 2009, pp. 141, 148).
Estados latinoamericanos. El imperialismo eléctrico se traduce en el
control efectivo del sector eléctrico en diversas partes del mundo, que
permite a las empresas españolas generar ganancias extraordinarias
garantizadas por el Estado. En España, por ejemplo, las regulaciones
del mercado eléctrico se configuraron de manera que las empresas han
obtenido compensaciones ante variaciones de los precios de la
electricidad.11
De la misma manera, en América Latina, su control del mercado les
permite transferir la riqueza generada en la región a sus sedes
corporativas, y sobre todo a sus accionistas, que como ya se ha
mencionado más arriba el oligopolio eléctrico español pertenece al
sector financiero. Al respecto, en México las ventas de electricidad de
Iberdrola fueron de 1800 millones de euros en los primeros 9 meses de
2020, su producción de electricidad, de 42, 858 gigawatts/hora equivale
al 98% de lo que genera en España (García, 2020). Mientras que
Neoenergía, filial de Iberdrola, obtuvo en el primer trimestre un
beneficio 20% mayo al del mismo periodo del 2021 (El periódico de la
energía, 2022). Por último, el imperialismo eléctrico se traduce en
influencia política a fin de garantizar condiciones favorables a su
instalación en América Latina e impedir cualquier limitación estatal a
su control de mercado. Estos últimos dos aspectos se desarrollan en la
siguiente sección con el caso de la energía eólica en el sur de México.
Imperialismo eléctrico español en el sector eólico en México
En México el Estado conservó una estructura de empresa verticalmente
integrada hasta la reforma eléctrica del 2013. No obstante, la
omsilairepmI ocirtcéle : selanoicansnart saloñapse ed dadicirtcele
79
centralización se dio a partir de permitir a empresas privadas producir
electricidad en modalidades creadas en 1992 y que no eran consideradas
como servicio público, como autoconsumo y productor independiente
de energía. Bajo estas modalidades, empresas eléctricas privadas
comenzaron a producir electricidad y a venderla a grandes
consumidores del sector industrial y de servicios y también a producirla
para la CFE. Aquí, la centralización ocurre por un desplazamiento de la
empresa paraestatal, a cargo de empresas privadas se encuentra la
producción de ciclos combinados y, desde los primeros años del siglo
XXI, con renovables como eólica y solar.
Las empresas privadas han dominado en el sector de renovables,
pero ello sólo ha sido posible por la acción del Estado.
Las empresas españolas tienen un lugar destacado en la energía
eólica en la región Istmo en Oaxaca, la primera en México donde se
construyeron parques eólicos con fines comerciales. Entre ellas se
encuentran dos empresas que proveen los aerogeneradores: Gamesa
(actualmente Siemens-Gamesa) y Acciona. Doce de los 22 parques
cuentan con aerogeneradores de Gamesa, esta empresa también
construyó parques eólicos en el esquema “llave en mano” para después
transferirlos a empresas como Enel, Iberdrola o Grupo México.
Mientras que Acciona construyó cinco parques eólicos con
aerogeneradores de su propia marca, y opera cuatro de ellos. De las
empresas del oligopolio eléctrico español se encuentran Iberdrola, que
opera cuatro parques, y Naturgy, que opera uno (Tabla 2). Otras
empresas españolas son Grupo Cobra y Renovalia, con un parque cada
una. Además, las empresas que dan mantenimiento a los aeroge-
neradores son españolas, estas son GES e Ingeteam.
El Estado facilitó las condiciones para que ello fuera posible, todo
ello se hizo con la colaboración cercana entre representantes del Estado
con el sector empresarial, y fue fundamental para establecer los
primeros esquemas de producción de electricidad con una fuente de
energía renovable
Entre el año 2000 y el 2011, el gobierno de Oaxaca organizó los
“Coloquios Internacionales para la Promoción del Corredor Eólico del
Istmo de Tehuantepec” (en adelante coloquios eólicos) donde se
reunieron funcionarios, desarrolladores de energía, Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs), organizaciones internacionales, políticos,
ejidatarios y pequeños propietarios del Istmo de Tehuantepec. En estos
encuentros, los potenciales inversores destacaron las diversas
necesidades técnicas, legales y económicas para el despegue del sector
.Estas necesidades se convirtieron en la hoja de ruta de las oficinas
sedruoL osnolA anreS
80
Parque eólico Empresa Ubicación Capacidad
(MW)
Año de
operación
comercial
Bii Nee Stipa I (Stipa
Nayaá)
Iberdrola El Espinal 26.35 2010
Bi Hioxio Naturgy Juchitán 234 2014
Bii Nee Stipa II (El
Retiro)
Gamesa La Ventosa
(Juchitán)
74 2013
Bii Nee Stipa VI (Dos
Arbolitos)
Iberdrola La Ventosa
(Juchitán)
70 2014
Eurus (Etapa I, II) Acciona La Venta (Juchitán) 250.5 2009/2010
Parques Ecológicos de
México (Etapa I, II, III)
Iberdrola La Ventosa
(Juchitán)
102 2008/2013
La Venta III Iberdrola Santo Domingo
Ingenio
102 2011
Oaxaca I Grupo Cobra Santo Domingo
Ingenio
102 2012
Piedra Larga (Etapa I,
II)
Renovalia Unión Hidalgo 227.5 2012/2014
Oaxaca II Acciona Santo Domingo
Ingenio
102 2012
Oaxaca III Acciona Santo Domingo
Ingenio
102 2012
Oaxaca IV Acciona Santo Domingo
Ingenio
102 2012
Tabla 2
Empresas españolas en el Istmo de Oaxaca
Fuente: Elaboración propia con datos de AMDEE
y de Wind Energy Market Intelligence
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81
estatales, que se encargaron de diseñar los permisos, contratos y otros
trámites.
De entre los temas planteados en los coloquios eólicos se encuentra
el uso de la red eléctrica. CFE operaba la red eléctrica para brindar un
servicio público, la energía eólica sería producida en su mayoría por
empresas privadas, por lo que necesitaban suscribir un contrato con
CFE para utilizar la red. Este fue un tema crucial para los inversionistas
porque los cargos afectarían la competitividad económica de la energía.
Tras los coloquios eólicos, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se
encargó de diseñar un modelo de contrato que tenía la intermitencia, o
la fluctuación en múltiples horizontes de tiempo, como una ventaja para
las empresas eléctricas. En el contrato, los cargos de conexión y
transmisión se calcularían con base en el factor de planta de los parques
eólicos, lo que reduciría los cargos hasta en un 50 por ciento.12 También
contemplaba el intercambio de electricidad en diferentes horizontes
temporales (horas, días y meses) (Borja et al., 2005, p. 67).
Un funcionario de la CRE, encargado de desarrollar este
mecanismo lo explica en los siguientes términos:
En ese momento el marco legal no era el adecuado para desarrollar
renovables y nosotros fuimos audaces, hicimos cosas que no
estaban en la ley para impulsar la energía eólica que estaba lo
suficientemente madura para introducirla en México. Entonces,
¿qué necesita la energía eólica para competir con otras fuentes
de energía? [La energía eólica] es una fuente intermitente […] y
teníamos que controlarla de alguna manera. Se nos ocurrió una
solución técnica, que fue crear un banco de energía, ¿qué
significa eso? Significa que las empresas pueden producir
electricidad en cualquier momento; el sistema tomaría la
electricidad y la compraría al precio cuando ingresa al sistema.
Esa cantidad va a una cuenta bancaria, y cuando la empresa
necesita electricidad, la compra. Ese fue el aspecto clave que
permitió que la energía eólica tuviera cifras positivas (GF,
comunicación personal).
Lo anterior fue clave para hacer económicamente rentable la
energía eólica, pero también se necesitaba reforzar la red eléctrica,
principalmente para evacuar la electricidad que se produciría en el
Istmo, lo que se traduciría en una carga financiera para la CFE, por lo
12. Se le llama factor de planta al cociente entre la energía real generada por una
central eléctrica durante un periodo anual y la energía generada si hubiera trabajado a
plena carga durante el mismo periodo (CENACE, 2016).
Lourdes Alonso Serna
82
que la CRE lanzó la Primera Temporada Abierta para Reservar
Capacidad de Transmisión y Transformación en el Istmo de
Tehuantepec, mediante la cual las empresas eléctricas interesadas en
conectarse a la red debían presentar cartas de crédito stand by para
garantizar su solvencia financiera y el compromiso firme de pago por el
uso de la infraestructura de transmisión. Doce desarrolladores de
energía participaron en la temporada abierta y presentaron cartas de
crédito por 160 millones de dólares. La temporada abierta también
estableció un cronograma de 3 fases para completar la infraestructura y
conectar los parques eólicos a la red (CRE, 2012, p. 12).
Además de ello, a los coloquios eólicos se invitó a comisarios de
bienes ejidales, representantes de organizaciones de pequeños
propietarios y personas con grandes extensiones de tierra y se les
informó de la futura inversión en la región (PI, comunicación personal).
Éstos a su vez comenzaron a comunicar a otros posesionarios de
predios sobre el arrendamiento de tierra para la construcción de
parques eólicos. A pesar de que en ese momento los posesionarios de
tierra (ejidatarios y pequeños propietarios) no contaban con los
documentos necesarios para firmar contratos de arrendamiento, se
firmaron contratos temporales, conocidos en la región como
“apartados”, que sirvieron para que empresas acapararan tierra para la
futura construcción de los parques eólicos, proceso que un participante
en los coloquios eólicos narró de la siguiente manera:
Como no había certidumbre jurídica se creó la figura del apartado,
esto no existe en ningún lugar del mundo. Esto se hizo mientras
PROCEDE terminaba de regularizar [los ejidos].13 Se hicieron
contratos sobre actas adjudicatorias, y se hizo uno nuevo
cuando los ejidatarios ya tenían los certificados parcelarios. Y
en la pequeña propiedad se hicieron contratos utilizando los
contratos de compraventa privados, que más tarde se elevaron a
escritura pública14 (GO, comunicación personal).
13. PROCEDE significa Programa de Certificación de Derechos Ejidales y
Titulación de Solares Urbanos, fue un programa del gobierno de México para expedir
certificados de derechos parcelarios y de uso común en tierras de propiedad social
(ejidos y comunidades), y con ello permitir la renta o venta de estas tierras que antes de
1992 tenían el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. PROCEDE se
implementó tras la reforma al artículo 27 de la Constitución, la reforma se justificó
como una medida que daría certeza jurídica a la tenencia de la tierra, fomentaría la
asociación de productores y una mayor inversión privada y la capitalización del campo
(Olivera, 2005, p. 742).
omsialierpmI coirtcéel : onalesiransnact olasñapes de dadicirtelec
83
14. En los municipios de Juchitán, El Espinal y Unión Hidalgo PROCEDE no
realizó los trabajos que culminaran en la emisión de certificados parcelarios, en estos
tres municipios existe un conflicto no resuelto desde 1964, cuando por un decreto
presidencial se convirtieron los bienes comunales de Juchitán (que abarca los tres
municipios) en ejido. Sin embargo, el ejido fue rechazado por personas que habían
acaparado grandes extensiones, quienes cabildearon en contra del decreto; dos años
después, 24,000 hectáreas fueron excluidas del ejido. Desde la década de los setenta, se
suspendió la renovación del comisariado de bienes ejidales, por lo que las estructuras
de gobierno del ejido desaparecieron. Además, ha existido un mercado local de tierras,
donde la posesión de estas se certificaba con contratos privados de compraventa o con
la emisión de escrituras privadas por parte de notarios públicos. A principios del siglo
XXI, representantes del Estado, de empresas y los mismos posesionarios de tierra, eran
conscientes de la situación ambigua de la tenencia, pero ninguno de ellos estaba
dispuesto a que PROCEDE realizara los trabajos, pues desde los años sesenta han
disputado la existencia del ejido, en lugar de ello, el gobierno de Oaxaca emitió los
títulos de propiedad privada que permitieron a los posesionarios firmar contratos con
las empresas eólicas. Sin embargo, movimientos sociales en la región han destacado
que la propiedad de la tierra en estos municipios es colectiva y a través de juicios
agrarios han conseguido reconocimiento. En el municipio de Unión Hidalgo, por
ejemplo, el tribunal agrario reconoció a habitantes su calidad de comuneros, con la
posibilidad de elegir a un representante como comisario de bienes comunales. Lo
anterior ocurre a posteriori de la instalación de parques eólicos.
Si bien en este caso la centralización no se produjo por la venta de
la empresa estatal, la centralización operó a partir del incremento de la
capacidad instalada de las empresas privadas, a costa de la generación
de CFE. De hecho, desde la década de los noventa, CFE compra
electricidad a empresas privadas. Esta tendencia se profundizó tras la
reforma eléctrica de 2013, en particular con la energía solar y eólica. En
el nuevo esquema, se diseñaron las subastas de largo plazo, se trata de
contratos por 15 años entre empresas privadas y la CFE para que esta
última adquiera electricidad. Entre 2014 y 1017 se celebraron 3
subastas, a partir de las cuales se adjudicó electricidad que permitió la
construcción 65 nuevas centrales, principalmente de energía solar y
eólica. Así, la centralización se traduce en la menor participación de
CFE en la producción de electricidad.
Sin embargo, desde 2018 se suspendieron las subastas de largo
plazo debido a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-
2024) busca fortalecer a la CFE y frenar la participación de las empresas
privadas en el sector eléctrico. El presidente ha sido muy crítico de las
eléctricas privadas, en particular de las españolas pues, argumenta, han
saqueado a México (La Jornada, 2022). El actual gobierno propuso una
reforma a la ley eléctrica que permitiera a CFE recuperar su
importancia en el sector ya que entre 2013 y 2018 la CFE redujo su
participación a menos de un 50%. El proyecto de reforma fue rechazado
por las empresas eléctricas, organizaciones empresariales, partidos
políticos y un número importante de ONGs. El cabildeo de las empresas
Lourdes Alonso Serna
84
eléctricas en el poder legislativo fue notorio a fin de prevenir que un
intento de capitalismo estatal pusiera en jaque al imperialismo
eléctrico15, la reforma no fue aprobada. Hasta aquí es de notar que el
dominio del mercado, que hemos caracterizado como imperialismo
global, se da con el impulso del Estado. Tal como se señaló en los
párrafos anteriores, la colaboración de empresas con oficinas del Estado
hizo posible el dominio de las empresas transnacionales,
destacadamente de las empresas españolas, en la industria eólica en
Oaxaca y en México.
Conclusiones
En este capítulo se argumentó que la presencia de las empresas
eléctricas españolas en América Latina puede ser caracterizado como
un proceso del imperialismo global, es decir, como un proceso de
dominio del mercado, pero apuntalado por el Estado. En el capítulo se
abordó el proceso de centralización de capital en España y en América
Latina que convirtió a las eléctricas españolas en empresas
transnacionales. El capítulo presenta el papel fundamental del Estado
que genera las condiciones legales, económicas, técnicas, que permiten
dicha centralización.
Se presentó la centralización de capital de las empresas eléctricas
españolas, que ocurre a finales de la década de los ochenta, e implicó la
fusión de empresas eléctricas y/o la compra de empresas pequeñas. De
manera que se constituyó un oligopolio por tres empresas: Endesa,
Iberdrola y Naturgy. Simultáneamente, las empresas eléctricas
comienzan la compra de activos en América Latina. Este proceso se da
respaldado por el Estado, a partir de una estrategia diplomática, así
como la participación directa de políticos. Como resultado de ello, las
eléctricas españolas se convirtieron en empresas transnacionales. La
centralización de capital eléctrico fue un proceso multiescalar que se dio
en territorio español y de América Latina casi de manera simultánea. El
capítulo elabora con detalle este proceso de centralización.
Por último, se presenta el caso de México, donde la centralización
ocurre por el desplazamiento continuo de la paraestatal CFE, con la
construcción de nueva capacidad en sectores de ciclo combinado y
energía eólica y solar por parte de empresas privadas, las que a su vez
venden a CFE. El caso de la energía eólica en el sur de México, en la
15. Inclusive se reportó la presencia de un cabildero de empresas eléctricas en la
curul de una diputada de oposición durante una sesión en la que se discutía el proyecto
de reforma a la ley eléctrica en el poder legislativo (Saldierna y Méndez, 2022).
omsialierpmI coirtcéel : onalesiransnact olasñapes de dadicirtelec
85
región Istmo de Oaxaca, permite observar la acción del Estado en la
centralización, pues en 1994 en Oaxaca había tan sólo un parque piloto
con una capacidad instalada de 1.5 MW, a 2022 con una capacidad de
2668 MW. Con este caso abordamos la cooperación entre el Estado y los
actores corporativos para producir las condiciones que permitieran la
instalación de las eléctricas españolas en el Istmo de Oaxaca,
condiciones que garantizaron su dominio en el sector eólico en esta
región, y junto con un grupo de otras empresas transnacionales, del
dominio del sector eólico en México. El imperialismo eléctrico en la
industria eólica se manifiesta en la gran influencia de dichas empresas
en agencias estatales, partidos políticos y ONGs que respaldan su
actividad. Al tiempo que el imperialismo eléctrico menoscaba los
intentos estatales de mejorar dicho sector.
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