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https://doi.org/10.30920/letras.95.141.2
How the Uniqueness of the Radical Populist Right in Latin
America Allows Us to Rethink the Global Populist Radical
Right
Recibido: 23.07.23 Revisado: 11.11.23 Aceptado: 24.01.2024
Juan Carlos Ubilluz
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú
Contacto: jubilluzr@unmsm.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-5775-6816
RESUMEN
Este artículo estudia los procesos y los temas polí-
ticos que marcaron el ascenso de la DRP (Derecha
Radical Populista) latinoamericana a fin de deter-
minar su singularidad. Desde allí se intenta esbo-
zar una definición de la DRP más universal que
la de Cas Mudde, el académico más importante
en los estudios de la ultraderecha. Para Mudde, la
ideología de la DRP se basa en la tríada nativismo,
autoritarismo y populismo. La derecha radical po-
pulista latinoamericana es autoritaria y populista,
pero se orienta menos hacia el nativismo que hacia
la lucha contra la “ideología de género”. Por eso
el autor propone alterar la tríada de Mudde de la
siguiente manera: conservadurismo sociopolítico,
autoritarismo y populismo. Por otra parte, según
Mudde, la DRP se opone discursivamente al neoli-
beralismo, pero la DRP latinoamericana adhiere la
defensa del “modelo económico”. Y esta singula-
ridad revela la verdad oculta de la DRP en Occi-
dente: a saber, que lejos de constituir una salida
del neoliberalismo, la DRP lo sostiene al desplazar
el descontento popular con el sistema económico
hacia el odio al Otro inmigrante, religioso o sexual.
Por ello se propone incluir al neoliberalismo en la
ideología de la DRP para finalmente arribar a la
tétrada: neoliberalismo, conservadurismo social,
populismo y autoritarismo.
Palabras claves: Ultraderecha; Cas Mudde; Neoli-
beralismo; Conservadurismo social; “Ideología de
género”.
ABSTRACT
This article studies the political processes and top-
ics that marked the rise of the Latin American PRR
(Populist Radical Right) in order to determine its
singularity. From there an attempt is made to ar-
rive at a more universal definition of the PRR than
that of Cas Mudde, the most important academic
in far-right studies. For Mudde the central triad of
the PRR’s ideology is nativism, authoritarianism,
and populism. The Latin American PRR is indeed
authoritarian and populist, but it is less oriented
toward nativism than towards the struggle against
“gender ideology”. This is why the author propos-
es to alter Mudde’s triad in the following manner:
social conservatism, authoritarianism, and popu-
lism. On the other hand, while the European and
American PRR discursively opposes neoliberalism,
the Latin American PRR sticks to the defense of
the “economic model”. And this singularity reveals
the hidden truth of the PRR in the West: namely,
that far from constituting a way out of neoliberal-
ism, the PRR sustains it by displacing popular dis-
content with the system toward the hatred of the
immigrant, religious or sexual Other. This is why
the author also proposes to include neoliberalism
in the definition of the PRR so as to finally arrive
at the tetrad: neoliberalism, social conservatism,
populism and authoritarianism.
Keywords: Far Right; Cas Mudde; Neoliberalism;
Social Conservatism; “Gender Ideology”.
De como la singularidad de la derecha radical
populista en America Latina permite repensar a la
derecha radical populista global
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1. Introducción
La obra de Cas Mudde es la más inuyente en las
ciencias políticas para el estudio de la DRP (Derecha
Radical Populista). América Latina no es la excep-
ción. Sus herramientas teóricas son empleadas por
Cristóbal Rovira Kaltwasser para discutir el ascenso
de José Antonio Kast a la segunda vuelta electoral de
Chile, por Ilka Treminio y Adrián Pignatario para
explicar cómo Fabricio Alvarado arribó también a la
segunda vuelta en Costa Rica, por Marisa Von Bülow
y Rebecca Abers para dar cuenta del triunfo de Jair
Bolsonaro en Brasil, y por Farid Kahhat en Perú en su
libro La amenaza fantasma, donde discute el fenómeno
de la DRP en América Latina (cfr. Dias, Von Bülow
y Gobbi, 2021; Kahhat, 2024; Pignatario y Treminio,
2019 y 2021; Rovira Kaltwasser, 2019; Von Bülow y
Abers 2022).
Sin embargo, a pesar de que tan destacados
politólogos latinoamericanos han acogido las teorías
de Mudde, pienso que estas son insucientes para
entender la singularidad de la DRP en América La-
tina y, por tanto, también, para describir adecuada-
mente a la DRP a escala global. En un reciente es-
tudio de Ultra-Lab (Laboratorio para el Estudio de
la Ultraderecha), Rovira Kaltwasser también advierte
dicha insuciencia y arma que “es preciso desarro-
llar un concepto de ultraderecha lo sucientemente
abstracto como para agrupar a diversos actores que
comparten una determinada idiosincrasia, pero que
presentan diferencias ideológicas a nivel regional y
nacional” (2023, p. 4). Lamentablemente ni Rovira
Kaltwasser ni los demás autores en la publicación de
Ultra-Lab1acometen seriamente la tarea de mejorar
la teorización sobre la DRP.
El objetivo de este escrito es asir la singulari-
dad de la DRP latinoamericana y avanzar hacia una
denición más amplia y/o exible de la DRP a escala
global. Para ello comenzaré exponiendo las princi-
pales teorizaciones de Mudde sobre la ultraderecha
contemporánea. Después presentaré los casos de las
DRP en Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Perú
y Argentina para, posteriormente, señalar algunas si-
militudes y diferencias entre la DRP latinoamericana
y la DRP europea y estadounidense. Todo esto nos
ayudará a precisar los límites eurocéntricos de la teo-
rización de Mudde sobre la DRP. Por último, reela-
boraré la denición ideológica de la DRP para poder
incluir en ella a la DRP latinoamericana. Siguiendo
al psicoanálisis y a la teoría poscolonial, pienso que la
atención a la periferia echa luz sobre el centro y, en
tal sentido, creo además que la DRP latinoamericana
es la verdad (no tan) oculta de la DRP en Europa y en
EE. UU., y quizás en el mundo.
2. La derecha radical populista según Mudde
Comencemos precisando algunos términos sobre la
derecha, según Mudde. Una cosa es la derecha radi-
cal (radical right), otra la derecha extrema (extreme right)
y aun otra la ultraderecha (far right). La ultraderecha
es el término más amplio que engloba a los otros dos
y se reere a los grupos, movimientos y partidos con
posiciones más a la derecha (más autoritarias, anti-
igualitarias, antiliberales, etc.) que la derecha tradi-
cional. Hay, en aquella, la convicción de que esta ya
no representa los intereses del pueblo. En los países
donde opera un sistema bipartidista (el Partidos Re-
publicano y el Partido Demócrata en EE. UU, por
ejemplo), la ultraderecha se jacta de que solo su voz
expresa el descontento popular ya que el partido de
derecha tradicional se ha vuelto indistinguible del de
izquierda.
Dentro de la ultraderecha se ubican la extre-
ma derecha y la derecha radical. La primera rechaza
abiertamente la democracia institucional mientras
que la segunda acepta mal que bien sus reglas. De
allí que Mudde calique a la extrema derecha de “re-
volucionaria” y a la radical de “reformista” (2019, p.
29). En EE. UU., por ejemplo, el Klu Klux Klan es
una organización de extrema derecha, mientras que
el Tea Party es un movimiento de derecha radical que
ha conseguido a su vez radicalizar al otrora más tra-
dicional Partido Republicano y hacer posible la can-
didatura y presidencia de Donald Trump.
También podría decirse que la derecha radical
es una bisagra entre la derecha extrema y la democra-
cia liberal, aunque, por supuesto, su relación con esta
es problemática. Si bien se presenta regularmente a
elecciones, antes y después de tomar el poder, la dere-
cha radical opera “socavando la independencia de las
cortes y los medios de comunicación, desairando los
derechos de las minorías y debilitando la separación
de poderes”2 (Mudde, 2019, p. 206). En este sentido,
el radicalismo de la derecha no consiste tanto en que
sea antidemocrática como en que sea antiliberal. Por
ello, siguiendo a Fareed Zakaria, Mudde llama a este
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tipo de régimen democracia iliberal (cfr. Zakaria, 1997,
pp. 22-43).
Dentro de la familia de la derecha radical, la
DRP es hoy la especie más importante. Su existencia
se hizo evidente en la década de 1980 con el surgi-
miento de partidos como el Bloque Flamenco en Bél-
gica, el Frente Nacional en Francia, los Republicanos
en Alemania, etc. Y, con el cambio de siglo, se aan-
zó como la ideología dominante de la ultraderecha y
devino parte del mainstream. No solo porque se volvió
aceptable para las coaliciones de gobierno lideradas
por la derecha tradicional, sino porque empujó a esta
más hacia la derecha y porque sus mismos candidatos
han conseguido victorias en elecciones presidenciales
y de premieratos, entre ellos, Viktor Orbán en Hun-
gría, Donald Trump en EE. UU., Narendra Modi en
India, Jair Bolsonaro en Brasil, Giorgia Meloni en Ita-
lia, etc.
La DRP tiene tres coordenadas ideológicas
fundamentales3. Primero, es nativista: asume que la
nación pertenece a un grupo étnico nativo y percibe
a los inmigrantes como una amenaza. El nativismo
se desliza hacia la paranoia con el “gran reemplazo”,
la teoría conspirativa según la cual una élite corrup-
ta quiere reemplazar a la población nativa con inmi-
grantes que conformen una fuerza laboral más barata
y manejable. Segundo, es autoritaria: se trata de un
autoritarismo punitivista basado en la idea de una so-
ciedad ordenada donde las transgresiones (la crimina-
lidad, la corrupción, la “disidencia”, etc.) deben ser
severamente castigadas. Mudde es consciente de que
su denición de autoritarismo arriesga confundirse
con la de conservadurismo, pero con ella sigue una
larga tradición de la psicología social cuyo referente
último es La personalidad autoritaria, de Adorno et ál.
(1965). De hecho, Pippa Norris y Ronald Inglehart
se ubican en la misma tradición al advertir que “hay
fuertes lazos entre valores autoritarios y conservadu-
rismo social, porque el valor de la conformidad enfa-
tiza la importancia del orden, la tradición y la estabi-
lidad” (2019, p. 71). Finalmente, la DRP —como lo
indica su nombre— es populista: el populismo de-
nido como una “ideología delgada” que enfrenta al
pueblo virtuoso contra la élite corrupta. Pero aquel
—hace falta recordar— es un pueblo étnico que se
yergue contra la inmigración y la élite cosmopolita.
Como lo explica David Goodheart, la ultraderecha
expresa la voz de los somewheres (los que “tienen raí-
ces” en un territorio) contra la de los anywheres (los que
pueden vivir en cualquier metrópolis globalizada) (en
Brown, 2019, p. 184).
Ahora bien, para Mudde la ultraderecha ex-
presa el descontento de “los perdedores de la globa-
lización”. Si bien los obreros europeos se enfurecen
cuando sus empleos se tercerizan a India o a China,
actualmente la DRP presta más importancia a los te-
mas culturales. Por eso mismo Mudde complementa
la tesis de “los perdedores” con la de “la reacción cul-
tural” (cultural backlash) de Norris e Inglehart, la cual
implica que los electores votan por la DRP cuando
perciben que su identidad cultural está amenazada.
Sin duda también lo cultural se entrelaza con lo eco-
nómico, como en el chovinismo del bienestar (welfare
chauvinism), que restringe el asistencialismo a la pobla-
ción nativa. Pero, a n de cuentas, Mudde coincide
con Norris e Inglehart en que la DRP traduce los te-
mas económicos en términos socioculturales (Norris e
Inglehart, 2019, p. 101; Mudde, 2019, p. 184).
La ultraderecha, según Mudde, tiene cuatro
temas políticos: la inmigración/integración, la segu-
ridad, la corrupción y la política exterior4. La inmi-
gración/integración es el tema central. La derecha
extrema rechaza a los inmigrantes por su raza, mientras
que la DRP lo hace por su etnia y denuncia la incapa-
cidad o la falta de voluntad del “huésped” para inte-
grarse a las costumbres del pueblo “antrión”. De esta
manera, el rechazo de la inmigración va de la mano
con el repudio al multiculturalismo y la convivencia
de múltiples etnias/culturas en un territorio. Es más,
la ultraderecha responde a esta idea de la izquierda
posmoderna con el etnopluralismo: la idea de que el
mundo está dividido en grupos étnicos que pueden
tener igual valor, pero que deben existir separados en
sus respectivas naciones.
El tema de la seguridad implica soluciones
autoritarias al crimen organizado, pero en Europa y
EE. UU. se conecta fuertemente con la inmigración;
se asume que son los inmigrantes de algunos países
quienes traen inseguridad al orden social. Recuérdese
cómo Trump estigmatizaba a los inmigrantes mexica-
nos de violadores y vendedores de droga, y proponía
construir un muro en la frontera con México. Sin em-
bargo, a partir de los atentados del 11 de septiembre
de 2001, el nexo entre seguridad e inmigración se en-
garza fuertemente con el terrorismo del islamismo ra-
dical. El inmigrante islámico atentaría no solo contra
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la seguridad de los habitantes nativos, sino también
contra el corazón de la nación.
Por otra parte, el tema de la corrupción atañe
a la “élite corrupta”, la cual puede estar conformada,
de un lado, por políticos tradicionales y élites econó-
micas, y del otro, por activistas o burócratas adeptos
al “marxismo cultural” que corrompen a la juventud
y a las mujeres. Entiéndase por este último término a
la política marxista que, habiendo fracasado en la lu-
cha económica contra el capital, ahora se inltra en el
Estado e instituciones internacionales para empren-
der batallas culturales (de género, ecologistas, multi-
culturales, etc.).
Finalmente, la política exterior atañe al irre-
dentismo, es decir, al deseo de recuperar territorios
perdidos, como Hungría, por ejemplo, que perdió
dos tercios del suyo en el Tratado de Trianón. Pero,
más importante aún, este tema responde al deseo de
defender la soberanía nacional contra entidades in-
ternacionales como la UE (Unión Europea), la ONU
(Organización de las Naciones Unidas) y las ONG
(Organizaciones No Gubernamentales). Los gestores
del Brexit, por ejemplo, propusieron retirar al Reino
Unido de la UE aduciendo que la burocracia de Bru-
selas impone a las naciones innecesarias regulaciones
políticas y económicas. Igualmente, la protección
de la soberanía se acopla a la corrupción moral del
pueblo por parte de la misma UE y otros organismos
internacionales que, inltrados por el “marxismo cul-
tural”, atentan contra el modo de vida local (la fa-
milia, las tradiciones étnicas y religiosas, etc.). Es un
deseo maligno similar el que actualmente impulsaría
a George Soros a nanciar, mediante su Open Society
Foundations, al feminismo, la liberalización de la mari-
huana, el matrimonio homosexual, etc.
Los temas de la inmigración/integración, la
seguridad, la corrupción y la política exterior se aco-
plan de diversas maneras. Ya hemos visto que la in-
migración/integración se engrana con la seguridad a
través de la criminalidad y del terrorismo, y que la
corrupción (moral) se engarza a la política exterior en
torno a la defensa de la soberanía contra organismos
supranacionales que intervienen en la economía o las
costumbres del pueblo. Mudde parece reconocer que
los cuatro temas no aparecen en cada país, pero im-
plícitamente asume que el de la inmigración/integra-
ción se da en todos. Y esto porque el nativismo, que
necesariamente implica a la inmigración/integración,
forma parte del núcleo triádico ideológico de la ultra-
derecha global (nativismo-autoritarismo-populismo).
Hacia el nal del segundo capítulo de The Far
Right Today (que trata de la ideología y los temas de la
ultraderecha), Mudde incluye una sección sobre la re-
ligión donde sostiene que, si bien tradicionalmente los
partidos de la DRP europea han tenido una perspec-
tiva secular, hoy estrechan lazos con el cristianismo a
partir de la creciente islamofobia (2019, p. 87). Así, la
narrativa del partido polaco PiS (Prawo i Sprawiedliwość
[Ley y Justicia]) imagina a Polonia como “el bastión
de la cristiandad” contra la casi inexistente inmigra-
ción musulmana, pero también contra “la civilización
de la muerte”, vale decir, el progresismo cultural de la
UE (Pytlas, 2016, pp. 86-124).
A lo que apunta Mudde es a demostrar que,
en la DRP, la religión se acopla al nativismo. Ello se
advierte, por ejemplo, en Israel, donde la alianza del
sionismo religioso pretende fortalecer la identidad ju-
día imponiendo leyes religiosas en la vida pública a n
de asegurar que los árabes israelíes sigan siendo ciu-
dadanos de segunda categoría (Mudde, 2019, pp. 86-
97). A pesar de que Mudde no alcanza a teorizarlo,
desde su obra se abre la posibilidad de que se pueda
formular una tríada más exible como, por ejemplo,
nativismo y/o religión-autoritarismo-populismo. Más
adelante desarrollaré mejor este punto.
3. La derecha popular populista en Améri-
ca Latina
A continuación paso revista a los candidatos de la
DRP en Brasil, Costa Rica, Chile, Perú y Argentina,
concentrándome en los temas y procesos políticos con
que cogieron momentum electoral. También abundaré
en los gobiernos nacionales de Jair Bolsonaro, Nayib
Bukele y Javier Milei, y el gobierno edil de Rafael
López Aliaga, a n de precisar mejor sus temas o dar
cuenta de la aparición de otros nuevos. Si incluyo a
Bukele en esta relación es porque, si bien no estuvo
cerca de la DRP como candidato, ahora sí lo está
como presidente.
3.1. Jair Bolsonaro contra la corrupción del Partido de los Tra-
bajadores
Durante la década de 1990 Jair Bolsonaro adquirió
cierta notoriedad reclamando salarios más altos para
los militares y asumiendo una posición frontal contra
los derechos humanos. Ya en el siglo XXI comenzó
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a ensanchar su relativamente modesta base electoral
con su oposición al “shock progresista” durante el go-
bierno de Dilma Rousse, sucesora de “Lula” da Sil-
va. En 2011 se creó la Comissao Nacional da Verdade para
investigar los crímenes durante la dictadura militar; el
Tribunal Superior Federal reconoció el derecho a los
matrimonios del mismo sexo y el Ministerio de Edu-
cación dio a conocer su intención de distribuir Escola
sem homofobia (un conjunto de materiales fílmicos e im-
presos para combatir la homofobia en los colegios).
Un año después se otorgó el derecho al aborto en ca-
sos de anencefalia fetal y se conrmó la validez de la
cuota racial (Rocha, 2021, p. 18).
Con el apoyo de parlamentarios conservado-
res, Bolsonaro consiguió detener la distribución de
Escola sem homofobia. No tuvo tanta suerte con la insta-
lación de la Comissao, pero fue convirtiéndose en uno
de los líderes de la “reacción” conservadora. Como lo
sostiene André Duarte,
[...] las agendas profamilia, provida, antigénero
de Bolsonaro son probablemente los aspectos
que más lo ayudaron a convertirse en un líder
idóneo para los activistas neoconservadores bra-
sileños y para todos aquellos más uidamente
comprometidos con la defensa de la familia tra-
dicional cristiana. (2022, p. 72)
A esto ayudó también su acercamiento al
evangelismo neopentecostal. Si bien hubo detrás de
él un bloque pancristiano, los evangelistas fueron la
vanguardia en tanto que pusieron a su disposición sus
medios de comunicación y sus nexos con las favelas
(Oualalou, 2018). No es fortuito que, al ganar las elec-
ciones, hiciese su primera aparición pública junto al
pastor Magno Malta ni que, en su discurso de toma
de mando, haya manifestado que “[v]amos a valorar
la familia, respetar las religiones y nuestras tradicio-
nes judeo-cristianas, combatir la ideología de género,
conservando nuestros valores” (en Ruiz, 2019, s/p).
Sin embargo, lo que hizo de Bolsonaro una
opción presidenciable fue su liderazgo en las marchas
contra los escándalos de corrupción en el gobierno de
Dilma Rousse (entre ellos, los de Petrobras y Lava
Jato). Gracias a una acción conjunta entre políticos
profesionales y grupos de base de derecha que se ma-
nejan entre las redes y las calles, se fue instalando la
narrativa de que la corrupción del Partido de los Tra-
bajadores (PT) era excepcional, nunca antes vista en
la historia de Brasil (Dias, Von Bülow y Gobbi, 2021,
p. 80). Bolsonaro no solo participó en la consolida-
ción de esta narrativa anticorrupción (o anti-PT), que
culminó en la vacancia de Rousse en 2016, sino que
devino su representante. Su pasado militar y sus pala-
bras altisonantes —como, por ejemplo, “el gobierno
militar no debió torturar comunistas, debió matar-
los”— funcionaron como una evidencia de que no le
temblaría la mano para encarcelar a los corruptos ni
para poner n al aumento de crímenes violentos per-
petrados por pandillas del narcotráco (Rocha, 2021,
p. 22).
Bolsonaro supo mostrarse como la solución a
la corrupción y la inseguridad, pero su último paso
para hacerse presidenciable, al menos frente a las éli-
tes, fue cambiar su política económica. Durante los
años noventa, Bolsonaro abogaba por un clásico na-
cionalismo desarrollista que lo llevó a rechazar las pri-
vatizaciones hasta el punto de proponer fusilar al pre-
sidente Henrique Cardozo por llevarlas a cabo. No
obstante, a partir de su ascenso político, se acercaron
a él individuos y grupos que defendían el libre mer-
cado y rechazaban los programas redistributivos del
PT, y, en poco tiempo, consiguieron orientarlo hacia
la posición económica “correcta” y hacerlo prometer
que, de ser elegido presidente, designaría al conocido
neoliberal Paulo Guedes como Ministro de Economía
(Rocha, 2021, p. 23).
Ya como presidente Bolsonaro intentó cum-
plir con sus promesas de campaña. Paulo Guedes fue,
en efecto, nombrado ministro de Economía, pero de-
bido a la oposición del PT en el Congreso, su política
neoliberal ha sido “dispersa y reactiva” (Ferrari Filho
y Bittes Terra, 2023, p. 29). De las 100 empresas pú-
blicas que se contemplaron privatizar al inicio del go-
bierno, la única gran empresa privatizada fue Petro-
bras en 2022. Y el combate contra el asistencialismo
del PT sufrió un revés cuando Bolsonaro impulsó una
enmienda constitucional para incrementar los bene-
cios a la población brasileña, bastante golpeada por la
epidemia del covid-19.
No obstante, el proceso de neoliberalización se
hizo notar en la Amazonía. En contra de las ONG
ecologistas y del espíritu multicultural de la Consti-
tución de 1988, Bolsonaro debilitó los organismos
encargados de resguardar los territorios de los indí-
genas y los dejó desprotegidos frente al avance de las
empresas agropecuarias y la minería ilegal. Más que
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indiferencia se trató, para Bolsonaro, de favorecer la
explotación económica de las tierras de los indígenas
para “sacarlos de la edad de piedra en la que los tienen
las ONG” (en Galarraga Gortázar, 2019, s/p). El pro-
greso es, para él, sinónimo de extractivismo neoliberal.
En cuanto a las políticas de “mano dura”, Bol-
sonaro militarizó la seguridad. Su aspecto más visible
fue la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
La policía se colocó bajo su mando y se mimetizó
con ellas reproduciendo tácticas perjudiciales para
los derechos humanos. A esto ayudó que se relajaran
las sanciones penales a los excesos de violencia de las
fuerzas del orden en cumplimiento de su deber (Ri-
cardo, 2022). Más allá de las calles, el gobierno mis-
mo se ha militarizado. Para el nal de 2020 la mitad
de los ministros de Bolsonaro eran militares y había
6157 miembros del personal militar activo o en reser-
va trabajando para el servicio civil (Del Río y Alvim
Gomes, 2021).
Finalmente, en cuanto a su lucha contra la
“ideología de género”, el nombramiento de la pastora
evangélica Damares Alves al MMFDH (Ministerio de
la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos) detuvo
la agenda feminista y LGTBI, aunque el mayor riesgo
vino desde fuera del Ejecutivo. El triunfo de Bolso-
naro envalentonó a legisladores y a grupos conserva-
dores que anhelaban detener la educación sexual y
el enfoque de género en las escuelas (Human Rights
Watch, 2022). La Corte Suprema declaró inconstitu-
cionales algunas de estas acciones, lo cual le ha valido
repetidos cuestionamientos por parte de Bolsonaro.
Es cierto que la lucha contra la “ideología de
género”, la militarización de la seguridad y el proce-
so de neoliberalización preexisten a Bolsonaro. Pero
también lo es que él ha vigorizado estos procesos y
ha conseguido movilizar a una masa de individuos
(otrora desinteresados en la política) en torno a una
cruzada moral que pone en riesgo la institucionali-
dad democrática (Duarte, 2022, pp. 78-88). Durante
la campaña electoral contra Lula en 2022, Bolsona-
ro cuestionó la transparencia del sistema electoral de
una manera similar a lo que hizo Trump. Y también
de manera similar a lo ocurrido en Washington D. C.
tras la derrota de Trump, miles de sus seguidores, des-
contentos con la victoria de Lula, tomaron el Congre-
so brasileño (además del Tribunal Supremo y la Sede
de la Presidencia) exigiendo a las Fuerzas Armadas
que mantengan al presidente en sus funciones.
3.2. Fabricio Alvarado y el “plebiscito” por el matrimonio gay
La composición de la DRP en Costa Rica guarda se-
mejanzas con la de Brasil, sobre todo por la presencia
del evangelismo. Así como en Brasil, en Costa Rica las
Iglesias neopentecostales se instalaron en los lugares
de mayor pobreza, exclusión y desintegración social
(Treminio y Salas Naranjo, 2021, p. 11). Estas comu-
nidades, en coordinación con grupos conservadores
de la Iglesia católica, han participado asiduamente en
las Marchas por la Vida y luchan contra la “cultura
de muerte” de los movimientos feministas y LGTBI.
Es desde esta base que surgió Fabricio Alvarado, del
partido Restauración Nacional. Periodista y predica-
dor evangélico que suscitaba comparaciones con Bol-
sonaro, Fabricio Alvarado ganó con 25% de los votos
la primera vuelta de las elecciones presidenciales de
2018 y pasó a la segunda junto a Carlos Alvarado del
PAC (Partido de Acción Ciudadana), el partido de go-
bierno (Pignatario y Treminio, 2021, p. 102).
No obstante, al inicio de la elección, Fabricio
Alvarado no guraba entre los punteros en las en-
cuestas. A nes de 2017 la discusión política giraba
en torno a la economía, la corrupción y la seguridad.
El gobierno de Luis Guillermo Solís (del PAC) había
bajado su popularidad debido a un estancamiento de
la pobreza, el crecimiento de la desigualdad y el in-
cremento del desempleo. Pero también debido a un
escándalo de corrupción (el caso del “cemento chi-
no”) que implicaba una red de tráco de inuencias
en los tres poderes del Estado, y a una preocupación
en la opinión pública con respecto a la violencia delin-
cuencial: en 2017 Costa Rica tuvo la tasa más alta de
homicidios en su historia (Alfaro, 2018).
En esta coyuntura no era Fabricio Alvarado sino
Juan Diego Castro, del Partido Integración Nacional,
quien estaba mejor posicionado para capturar el des-
contento popular. De hecho, en diciembre de 2017, las
encuestas lo colocaban en el segundo lugar con 13,6%
de intención de voto. Ministro de Seguridad y de Jus-
ticia en la década de 1990, conocido por una actitud
confrontacional que le valió ser comparado con Donald
Trump, Castro escaló en las encuestas con un discurso
de mano dura que prometía construir cárceles para “to-
dos los delincuentes” y acabar con la corrupción (Pig-
natario y Treminio, 2021, pp. 243-244). Producto del
acoplamiento de corrupción y seguridad, su frase más
resonante en la campaña fue: “Vamos a meter a todos
los corruptos a la cárcel” (en Marín, 2018, s/p).
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A pesar de tan candente retórica, la primera
vuelta electoral estuvo buen tiempo marcada por la
indecisión; dos meses antes del sufragio, alrededor del
40% de los electores no había decidido su voto. Todo
ello cambiaría en enero de 2018 cuando la CIDH
(Corte Interamericana de Derechos Humanos) emitió
una opinión consultiva, previamente solicitada por la
vicepresidenta de Costa Rica Ana Helena Chacón, en
la cual explicitaba que “es necesario que los Estados
garanticen [...] el derecho al matrimonio, para asegu-
rar la protección de todos los derechos de las familias
conformadas por parejas del mismo sexo” (CIDH,
2017, p. 88). Fue entonces que se dio inicio a una se-
gunda etapa de la campaña que dividió a la opinión
pública. Alvarado devino el más ferviente opositor
del fallo y llegó a declarar que, de ser elegido, lo des-
conocería y sacaría a Costa Rica de la CIDH. Pero,
además, consiguió que se politicen otros temas cultu-
rales como el aborto y la educación sexual en colegios
públicos (Pignatario y Treminio, 2021, p. 245). Todo
esto lo ayudó a ganar la primera vuelta, mientras que
Juan Diego Castro se vio desplazado en las preferen-
cias de los electores.
Sin embargo, no fue hasta la segunda vuelta
que se completó el perl de Fabricio Alvarado cuando
un grupo de empresarios y economistas se apoderó de
su plan económico. Como lo explicó en su momento
Esteban Arias,
[...] el grupo económico que presentó Fabricio
Alvarado tiene una unidad ideológica en torno
a la misma estrategia de acumulación neolibe-
ral con resultados mediocres en lo económico y
aictivos en lo social. Pero también comparten
su visión en torno a la reforma del Estado, lo que
asegura un gobierno típico de austeridad. (2018,
s/p)
No puedo ocuparme aquí de las razones que,
en una tercera etapa electoral, condujeron a la derro-
ta de Fabricio Alvarado frente a Carlos Alvarado del
PAC. Me concentro en la similitud entre los candida-
tos de la DRP en Costa Rica y Brasil. Tanto Bolsona-
ro como Castro articularon sus propuestas en torno a
la corrupción y a la seguridad, prometiendo “mano
dura” para poner n a la delincuencia y al robo de
los políticos. Pero hubo aún más similitudes entre Bol-
sonaro y Alvarado. Ambos adquirieron notoriedad a
partir de una reacción conservadora contra iniciativas
progresistas. Ambos tuvieron como soporte principal
de su reacción al evangelismo neopentecostal. Y solo
después de haberse hecho electoralmente signicati-
vos se vincularon a empresarios, tecnócratas y think
tanks neoliberales.
3.3. José Antonio Kast y la defensa del legado de Pinochet
Así como en Costa Rica y Brasil, en Chile la DRP
emergió como respuesta a movilizaciones y conquis-
tas de izquierda.
Durante las primeras dos décadas del siglo
XXI hubo protestas y marchas de estudiantes contra
la privatización del sistema educativo, de pueblos ori-
ginarios con sus reclamos territoriales y socioambien-
tales, y de grupos feministas en torno a la violencia
contra la mujer. Y, en 2019, todas estas movilizaciones
conuyeron en el estallido social en Chile, que alzaba
una serie de reclamos contra la desigualdad y el alto
costo de vida provocados por el modelo económico.
Después de 28 días de movilizaciones masivas y gra-
ves disturbos en Santiago, los partidos en el Congreso
rmaron un Acuerdo por la Paz Social que condujo a
un plebiscito en el cual los chilenos votaron a favor de
una nueva Constitución.
El Acuerdo se hizo posible, en parte, por la re-
lativa apertura del gobierno de Sebastián Piñera ante
las demandas populares, la cual fue en sintonía con
una ya instalada evolución de la derecha tradicional
hacia la aceptación de demandas progresistas (como
el matrimonio homosexual) y la asunción de una pos-
tura “posideológica” para resolver “los problemas de
la gente”. Como lo han señalado Campos (2021) y
Rovira Kaltwasser (2019), la derecha tradicional chi-
lena convergió hacia el centro, con una izquierda que
hizo lo propio.
Kast, sin embargo, tomó una ruta distinta. En
mayo de 2016 renunció a la UDI (Unión Democráti-
ca Independiente), el partido de la derecha tradicio-
nal, convencido de que tenía que “iniciar un nuevo ci-
clo en política donde se deje de lado lo políticamente
correcto” (Infobae Newsroom, 2021, s/p). Tras que-
dar en cuarto lugar en las elecciones presidenciales de
2018, fundó el PR (Partido Republicano) y volvió a
presentarse en las de 2022. Compuesto por colectivos
universitarios, asociaciones de empresarios, miembros
de las Fuerzas Armadas en retiro y grupos evangéli-
cos y de católicos conservadores, el PR no es solo una
respuesta a la “radicalización de la izquierda” sino
también a la moderación de la derecha tradicional.
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19
De hecho, Kast consideraba delincuentes a los ma-
nifestantes del estallido social, criticó a Piñera por no
hacer uso de las facultades presidenciales para restau-
rar el orden y se sustrajo al Acuerdo por la Paz Social
(Campos, 2021, pp. 121-122).
La seguridad fue un tema importante en la
campaña. Kast prometió acabar con el narcotráco y
el consumo de drogas en el área urbana. La seguridad
se acopló también al tema de la inmigración con la
propuesta de reservar una franja de cientos de kilóme-
tros de largo en el norte de Chile para evitar el paso
de inmigrantes ilegales. Y se engranó, nalmente, a la
defensa de la república unitaria: Kast propuso facul-
tar al Ejército para tomar el control de las regiones del
Biobío y la Araucanía con la nalidad de frenar los
actos violentos de grupos mapuches que reclamaban
la autonomía de sus territorios.
Así como Bolsonaro, Kast confía en la mili-
tarización para garantizar el orden interno. Nostál-
gico admirador de Pinochet, asume que la dictadura
militar salvó a Chile de la amenaza comunista y mi-
nimiza sus violaciones de los derechos humanos. Si
bien se distancia de los aspectos más negativos de la
dictadura, Kast reivindica su legado para devolverle a
Chile la serenidad que le fue despojada, entre otros,
por el “terrorismo” mapuche. En tal sentido, declaró
que, de llegar a la presidencia, impugnaría el Conve-
nio 169 de la OIT (Organización Internacional del
Trabajo), que protege “el derecho de los pueblos indí-
genas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de
vida e instituciones”. Según Kast, “todos los pueblos
originarios [...] quieren progresar. Hay algunos que
los quieren mantener ahí, pegados en la tierra, sin
luz, sin agua, sin ninguna modernidad” (CNN, 2017,
9m35s). De más está decir que esta preocupación por
el “progreso” no es ajena al deseo de la industria fo-
restal de explotar los territorios indígenas (Nahuelpán
et ál., 2020).
No sin relación con lo anterior, la economía
fue otro tema importante en la campaña. Capitalizan-
do el espíritu de la protesta, Gabriel Boric (el adver-
sario de Kast en la segunda vuelta) hizo la siguiente
predicción: “Si Chile fue la cuna del neoliberalismo,
también será su tumba”. Kast, por el contrario, apos-
taba por la supervivencia del modelo. Su plan econó-
mico contenía la reducción de impuestos a empresas
privadas y la eliminación de las regulaciones laborales
que incrementaban los costos del empleador. Fiel a la
ortodoxia neoliberal, el Estado redistributivo es, para
Kast, sinónimo de ineciencia y de corrupción.
Para Kast el intervencionismo estatal corrom-
pe el “libre mercado”, pero también la sexualidad
“natural” de los niños a través del currículo escolar.
Por ello se opuso a que el Estado “use los recursos de
todos los chilenos para adoctrinar sobre ideología de
género” (Kast, 2018, s/p). Su franca oposición a “la
dictadura gay” y al “feminismo ideológico” vino de la
mano de la defensa de la soberanía nacional. Kast fue
uno de los cinco organizadores del Congreso Hemis-
férico que lanzó la Declaración de México, un ma-
niesto suscrito por 670 parlamentarios de 18 países
latinoamericanos que se opone a que las resoluciones
de la OEA y los fallos de la CIDH obliguen a los Esta-
dos nacionales a modicar sus leyes con relación a la
vida, la familia y la religión (Ramírez, 2019).
Kast pasó a la segunda vuelta de las eleccio-
nes presidenciales donde, nalmente, perdió contra
Boric. Tuvo la hidalguía de reconocer su derrota,
pero continuó oponiéndose a la nueva Constitución
progresista. Luego de que esta fuera rechazada en un
plebiscito nacional, el PR consiguió una victoria con-
tundente en unas nuevas elecciones para el Consejo
Constitucional, el organismo encargado de discutir
y aprobar una nueva propuesta de carta magna. De
los 50 miembros del Consejo el PR de Kast consiguió
22, el Frente Amplio (de izquierda) 17 y Chile Seguro
(la derecha moderada) 11. Si bien la nueva propuesta
conservadora de Constitución tampoco fue aprobada,
queda claro que a la izquierda se le cerró la ventana
de oportunidad para poner n al legado de Augusto
Pinochet.
3.4. Fujimori y la preservación del modelo; López Aliaga contra
la corrupción de Odebrecht y los caviares
En la elección presidencial de 2021, el candidato más
identicable con la DRP fue Rafael López Aliaga.
También se puede clasicar así a Keiko Fujimori,
pero dejémosla de lado por el momento.
Así como Bolsonaro, Kast y Alvarado, López
Aliaga se posicionó en su campaña presidencial de
2021 con bastante fuerza contra la “ideología de gé-
nero”. Hubo detrás de él una alianza pancristiana
compuesta por católicos conservadores y evangélicos
(neo)pentecostales (Pérez Guadalupe, 2021). De he-
cho, su candidata a la vicepresidencia Neldy Mendo-
za fue vocera en Arequipa de Con Mis Hijos No Te
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20
Metas (colectivo opuesto al enfoque de género en los
colegios) y presidenta del Corso por la Vida (organi-
zación opuesta al aborto).
Otro tema de campaña que tuvo cierta reso-
nancia fue la propuesta de López Aliaga de expulsar
a “todo extranjero que cometa cualquier delito en
nuestro país” (Marval, 2021, s/p). Pero este ensam-
blaje entre seguridad e inmigración estuvo bastante
matizado por su propuesta de agilizar la nacionaliza-
ción y los trámites inmigratorios para los extranjeros.
Mucho más importante fue, para él, la promesa de ac-
tuar con severidad contra la constructora Odebrecht,
protagonista del escándalo de corrupción conocido
como Lava Jato. López Aliaga prometió que, de ser
elegido presidente, expulsaría a Odebrecht del país.
Curiosamente, para él, tan lesivos como las
empresas corruptas son “los caviares”: término que
originalmente se reere a los comunistas de situación
económica acomodada pero que la ultraderecha pe-
ruana utiliza para todo el progresismo cultural. Como
lo sintetiza bien Carlos Meléndez, López Aliaga “se
las ha arreglado para construir un encuadre en el cual
el establishment está compuesto por ‘empresas corrup-
tas’ y ‘los caviares y comunistas’” (2023, p. 8).
López Aliaga es, por cierto, un empresario
exitoso que ha sabido ganar licitaciones estatales y
construir sus empresas en sociedad con compañías
transnacionales. En otras palabras, es un empresario
que ha sabido insertarse en el Estado neoliberal y en
la globalización. Y, ahora, como político, pretende
llevar la eciencia empresarial al sector público para
aprovechar las oportunidades que ofrecen los merca-
dos internacionales y de esa forma realizar su prome-
sa utópica de convertir a Perú en “potencia mundial”.
López Aliaga quedó relegado de la segunda
vuelta electoral, más siguiendo el ejemplo de Trump
y Bolsonaro, denunció, sin pruebas, que le habían
robado más de un millón de votos a nivel nacional.5
Su sospecha, o mejor, certeza de fraude no le impidió
candidatear, en el año 2022, a la alcaldía de Lima con
el mismo tema central que en su campaña presiden-
cial, la corrupción. Pero ahora, en vez de Odebrecht,
su enemigo era el consorcio internacional Rutas de
Lima, el cual se encarga del mantenimiento de las vías
de la capital. Aduciendo que el cobro de los peajes
por parte del consorcio es injusto y producto además
de un contrato lesivo para la alcaldía, López Aliaga
declaró que de ser electo eliminaría el cobro de los
peajes. Si bien ganó la elección, hasta ahora no ha
podido honrar su promesa de campaña.
Dada el alza de criminalidad en algunos distri-
tos de Lima, la seguridad se ha vuelto más importante.
Por ello —y por el factor Bukele, que veremos luego—,
el nuevo alcalde se ha atrevido a pedir formalmente a
las Fuerzas Armadas que salgan a patrullar las calles.
No obstante, la seguridad adquirió una nueva dimen-
sión cuando, en febrero de 2023, durante las marchas
contra la presidenta Dina Boluarte, López Aliaga de-
claró “zona intangible” al centro histórico de Lima
con el n supuesto de limitar los daños al patrimonio
cultural. Su verdadera intención era, sin embargo,
coactar el derecho a la protesta. Igualmente preocu-
pante fueron sus críticas al LUM (Lugar de la Memo-
ria, la Tolerancia y la Inclusión Social) por mostrar
una narrativa sobre el conicto armado entre el Esta-
do y Sendero Luminoso que supuestamente denigra a
las Fuerzas Armadas. Meses después, Carlos Canales,
alcalde del distrito de Miraores y miembro del parti-
do de López Aliaga, clausuró temporalmente el LUM
con la excusa de que no contaba con un permiso bu-
rocrático. Hay, pues, en el nuevo alcalde de Lima una
apuesta por el revisionismo histórico.
Retrocedamos en el tiempo a la elección pre-
sidencial de 2021, donde pasó a la segunda vuelta
otro candidato de la DRP: Keiko Fujimori, hija del
expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó en los
años noventa del siglo pasado y dejó para sus segui-
dores una estela de activos y pasivos. Los activos son
que acabó con el terrorismo y estabilizó la economía.
Fue durante su gobierno que se arrestó a la cúpula de
Sendero Luminoso y se realizaron reformas neolibe-
rales que permitieron un mayor ujo de capital. Los
pasivos son un autogolpe en abril de 1992, violaciones
de los derechos humanos, innumerables escándalos
de corrupción y varios procesos electorales llenos de
irregularidades. De allí que su hija Keiko haya llegado
tres veces a la segunda vuelta electoral (en parte con
los activos del padre), pero también haya perdido en
cada una de ellas (en parte con los pasivos).
Paradójicamente, el régimen autoritario de
Fujimori tuvo algunos hitos progresistas, sobre todo
en cuanto a la agenda feminista. Según Cecilia Blon-
det, en este gobierno
[...] se anó la legislación sobre la violencia do-
méstica y se promulgó la Ley de Cuotas para ga-
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21
rantizar la participación de las mujeres en las lis-
tas de candidatos en la política; se desarrollaron
programas especiales sobre salud reproductiva
y se promovieron programas de créditos, capta-
ción de empleo para mujeres de sectores de bajos
ingresos. (2002, p. 11)
Sería apresurado calicar al gobierno de Alberto Fu-
jimori de progresismo neoliberal, pero no lo es cata-
logar al proyecto político de su hija Keiko dentro del
neoliberalismo conservador. Ya en las elecciones de
2016 ella se acercó al evangelismo con la intención de
captar su voto y, en una ceremonia de la Coordinado-
ra Cívica Evangélica, manifestó: “He hablado del rol
de la familia como pilar fundamental de la sociedad.
Queda claro que no estoy a favor de la unión civil ni
de la adopción de niños por parejas homosexuales y
estoy en contra del aborto” (en Pérez, 2016, s/p). Fue
esto mismo lo que sostuvo en las elecciones de 2021.
Keiko Fujimori se enfrentó en la segunda
vuelta electoral de 2021 a Pedro Castillo, un outsider
de izquierda que pretendía castigar a los corruptos
y cambiar la política económica del país. Pero, ade-
más, este outsider tenía rasgos indígenas, no hablaba
un castellano pulido y su plan de gobierno contenía
citas de Marx y Lenin. Como era de esperar, Keiko
acusó a Castillo de querer convertir al Perú en Cuba
o Venezuela y se posicionó como la defensora de la
democracia y de la continuidad del modelo neolibe-
ral. A esta narrativa se sumaron los grupos de poder
económico, los grandes medios de comunicación y
políticos de la derecha tradicional. En la avenida Ja-
vier Prado, una importante vía mesocrática de Lima,
se levantaron carteles con mensajes como “Protege tu
trabajo y libertad. No al comunismo”. Dado que el
neoliberalismo no gozaba de una amplia aceptación
entre los peruanos, Keiko ofreció una buena cantidad
de programas asistenciales. No es que hubiese vira-
do hacia el centro keynesiano; es más bien que, para
salvar el “modelo”, era necesario ceder en algo a las
demandas populares.
Keiko fue derrotada en las urnas por Castillo,
pero este no fue el n de la historia. Keiko cuestio-
nó “a la Trump” los resultados electorales con falsas
acusaciones de fraude y obtuvo el apoyo de políticos
tradicionales de derecha, de importantes medios de
comunicación nacional y de un grupo de ociales en
retiro. Este intento de torcer la voluntad popular fra-
casó, pero los parlamentarios de Fuerza Popular (el
partido de Keiko) y sus aliados en el Congreso inten-
taron repetidas veces vacar al presidente ya juramen-
tado. En el tercer intento, creyendo erróneamente
que el Congreso tenía los votos necesarios para vacar-
lo, Castillo ordenó torpemente la disolución del Par-
lamento y le permitió a la ultraderecha vacarlo con
todas las de la ley.
La segunda vuelta electoral en Perú de 2021
es el mejor ejemplo de la importancia del neolibera-
lismo para la DRP latinoamericana. Y sus secuelas
hacen eco a la vacancia de Dilma Rousse, al golpe
de Estado contra Evo Morales y a la toma del Con-
greso en Brasilia. Ello levanta la pregunta sobre si la
DRP latinoamericana pasará o ya está pasando de la
democracia iliberal a la dictadura, sobre todo después
del éxito del autoritarismo de Nayib Bukele.
3.5. Nayib Bukele y el viejo, nuevo modelo de seguridad
El caso Bukele debe entenderse en el contexto pos-
bélico de El Salvador. Para poner n a la guerra in-
terna entre las Fuerzas Armadas y el FMLN (Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional), se r-
maron el 16 de enero de 1992 los Acuerdos de Cha-
pultepec y así se dio inicio a un período bipartidis-
ta conocido como la posguerra, cuyos protagonistas
fueron un desarmado FMLN y el oligárquico Arena
(Alianza Republicana Nacionalista). A pesar de sus
avances democratizadores, la posguerra llegó a ser
percibida negativamente por la falta de oportunida-
des, la asociación entre corrupción y clase política y
la incapacidad de los gobiernos para controlar a las
Maras y otras pandillas (Roque Baldovinos, 2021). En
2018 la aprobación del Congreso era de 16%, la del
Poder Judicial 14%, la del Gobierno 10% y la de los
partidos políticos 6% (Verdes-Montenegro y Rodrí-
guez-Pinzón, 2022, p. 216).
Bukele supo capitalizar este desgaste. En 2011
se alió al FMLN para competir al año siguiente en
las elecciones para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán.
Las ganó por amplio margen y su exitosa gestión le
sirvió para hacerse, en 2015, siempre con el FMLN,
de la alcaldía de San Salvador. En ambas gestiones
Bukele empleó políticas creativas para combatir la
criminalidad: en la capital, por ejemplo, fomentó la
cultura y el deporte, realizó una serie de obras que
revitalizaron el centro histórico, inició el programa
“San Salvador 100% iluminado” y emprendió diver-
sas obras de inclusión social en las zonas más pobres
(Roque Baldovinos, 2021).
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Bukele dio a su plataforma del gobierno edil el
nombre de “Nuevas ideas” y, mediante un uso nove-
doso de las redes, se construyó la imagen de un mo-
derno joven empresario de centroizquierda, diferen-
ciándose de los viejos excomandantes del FMLN. Esta
diferenciación lo condujo a su expulsión del FMLN,
de manera que en las elecciones presidenciales de
2018 participó con el partido GANA (Gran Alianza
por la Unidad Nacional). Su campaña tuvo un marco
narrativo ecaz: Bukele y sus “nuevas ideas” contra
“los de siempre”, frase con la cual homogenizaba y
descalicaba a Arena y al FMLN. A la usanza populis-
ta, “el pueblo se constituía frente a este poder de una
clase burocratizada y corrupta, y encontraba una voz
en un líder joven, irreverente y sin compromisos con
el pasado” (Roque Baldovinos, 2021, p. 244). Bukele
acabó triunfando con un 53% de los votos.
Si bien era posible prever la ruta neoliberal
de su gobierno, no lo era pronosticar su giro conser-
vador. Había prometido legalizar el aborto en casos
de riesgos a la vida de la madre y se comprometió
a reorientar el marco actual sobre el cambio climá-
tico. Tampoco había mucho que delatara su deriva
autoritaria. Bukele criticaba las anteriores políticas
gubernamentales de “mano dura” para resolver la in-
seguridad y consideraba la criminalidad como el pro-
ducto de la pobreza y la falta de oportunidades; sus
gestiones en las alcaldías de Cuscatlán y San Salvador
respaldaban sus palabras.
Bukele fue un candidato populista, o “cyber-
populista”, pero estaba muy lejos de la DRP. El cam-
bio comenzó con su llegada al Ejecutivo. El 20 de ju-
nio de 2019 puso en marcha el PCT (Plan de Control
Territorial), con el cual concentró la toma de decisio-
nes en la gura del presidente y amplió las capacida-
des de los militares para luchar contra el crimen. Ade-
más militarizó las calles con más de 7000 soldados,
aumentó la presencia policial con 2500 agentes en 12
municipios con altos índices de criminalidad y endu-
reció las condiciones carcelarias de los pandilleros en
28 prisiones (Verdes-Montenegro y Rodríguez-Pin-
zón, 2021).
Para una nueva fase del PCT Bukele necesitaba
que la Asamblea aprobara un préstamo de 109 millo-
nes de dólares del Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica. El 6 de febrero de 2020, el Consejo
de Ministros convocó a los miembros de la Asamblea
a una sesión extraordinaria para autorizar el préstamo,
pero como estos rechazaron la convocatoria, Bukele
irrumpió en el palacio legislativo escoltado por milita-
res armados, se sentó en la silla del presidente y dijo:
“Ahora creo que está muy claro quién tiene el control”.
Asimismo, apelando al artículo 86 de la Constitución
(que garantiza el derecho a la insurrección popular),
convocó al pueblo a una calle aledaña al edicio legis-
lativo y amenazó con disolver la Asamblea: “Si estos
sinvergüenzas no aprueban en la semana [...] los vamos
a sacar por la puerta trasera” (en Verdes-Montenegro y
Rodríguez-Pinzón, 2021, p. 220).
Por otra parte, Bukele ha asumido una agen-
da socialmente conservadora. Se ha negado a rmar
el Acuerdo de Escazú, un tratado sobre información,
transparencia y justicia ambiental porque “sería un
obstáculo para el desarrollo”, y ha aprobado una Ley
General de Recurso Hídrico que ha agilizado per-
misos para la explotación privada del agua (Herrera,
2023). Además, una semana después de ser reelegi-
do presidente, en la Conferencia de Acción Política
Conservadora, Bukele aseguró que no permitirá “esas
ideologías [de género] en las escuelas y en los cole-
gios”. No era solo una bravata. José Mauricio Pineda,
su Ministro de Educación, ha declarado recientemen-
te que “todo uso o todo rastro de la ideología de gé-
nero” ha sido “sacado de las escuelas públicas” (en El
País, 2024)
Al sumarse a la lucha contra la agenda de gé-
nero, Bukele culmina su viaje del candidato progresis-
ta al presidente conservador. Pero es el “éxito” de sus
políticas autoritarias contra la delincuencia lo que lo
convierte en un hito de la DRP. Muchos dudan de la
ecacia a largo plazo del PCT; después de todo, otros
presidentes de El Salvador han fracasado en combatir
la delincuencia sacando el Ejército a las calles. Pero su
éxito a corto plazo le ha dado un nuevo impulso auto-
ritario a la derecha en la región y quizás en el mundo.
Así, en Colombia, el presidente salvadoreño ha susti-
tuido a Álvaro Uribe como inspiración de la derecha
(Santaeulalia, 2023); en Chile, Kast ha sugerido que
Bukele podría darle consejos sobre seguridad al pre-
sidente Boric (Opazo, 2022) y en Perú López Aliaga
ha solicitado al Ministerio de Defensa la presencia del
Ejército en las calles para combatir la delincuencia.
3.6. Javier Milei contra el Estado y la casta política
Javier Milei tampoco se sustrae a la inuencia de
Bukele, pero su caso guarda una mayor relación con
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23
Perú en cuanto a la gran centralidad del tema eco-
nómico. La diferencia es que si Keiko Fujimori quiso
maquillar su defensa del modelo (neoliberal) con pro-
gramas asistenciales, Milei propuso un libertarismo o
anarcocapitalismo en estado bruto. No hay líder po-
lítico en América Latina que pregone tan dogmáti-
camente la necesidad de una economía de libre mer-
cado y del desmantelamiento del Estado benefactor.
No fue, por tanto, un exabrupto cuando armó que
la venta y compra de órganos “es un mercado más”
(Marcarián, 2023, s/p).
La ascendencia de Milei debe entenderse como
un rechazo al peronismo de izquierda, pero también
como la articulación de voces críticas que aparecieron
a la derecha de la derecha tradicional. Las bases de
Cambiemos, la coalición que llevó a Mauricio Macri
a la presidencia, se quejaban de que el gobierno de
este era un “kirchnerismo de buenos modales”, “inca-
paz de comprender que el mundo estaba cambiando,
como lo mostraban Trump y Bolsonaro” (Morresi y
Vicente, 2023, p. 61). Pero Milei sí lo comprendió.
Milei se presentaba en los programas de va-
riedades de 2016 como economista, hablando con un
lenguaje técnico, pero fue su vehemencia verbal y ges-
tual y su rápido aprendizaje del lenguaje mediático
—que lo llevó a blandir una motosierra para expresar
su determinación de cortar los gastos del Estado— lo
que hizo de él un personaje atractivo para la audien-
cia (Vommaro, 2023, p. 7).
De su lado estuvo también el azar. Según Ga-
briel Vommaro, la pandemia de covid-19 “se transfor-
mó en una oportunidad política favorable para esta
postura ideológica de Milei” (2023, p. 8). Primero,
las molestias con las restricciones impuestas por el
gobierno a las actividades comerciales y a la movili-
dad de los individuos hicieron más creíbles las teorías
conspirativas de Milei, como que la cuarentena fue
el cumplimiento del “sueño húmedo de todo zurdo
de mierda, que es el control total sobre la población”
(en Oría, 2019, s/p). Y segundo, porque esas mismas
molestias empataron con su discurso antiestatista. Pa-
rafraseando la famosa frase de Bill Clinton (“es la eco-
nomía, estúpido”), Milei declaró: “No es la pandemia,
es la cuarentena, estúpido” para explicar la caída de
9% del PBI en Argentina. En otras palabras, la crisis
económica no se debió a la pandemia sino a la política
de salud del gobierno. De hecho, antes de la cuarente-
na, el presidente Alberto Fernández tenía un 70% de
aprobación y al nal de ella, cual un espejo invertido,
un 70% de rechazo (Goldstein, 2023).
La cuarentena y una de las peores crisis eco-
nómicas en la historia de Argentina, con una ina-
ción de 72,4% en 2022 y de 121,6% en 2023 (Sta-
tista, 2024), además de un incremento de la pobreza
de 4,6% con respecto al gobierno de Macri, fueron
el trampolín del cual supo servirse Milei para saltar
a la política nacional. En 2021 fundó el partido La
Libertad Avanza y obtuvo el 17% de los votos para la
ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas.
Su narrativa populista —“la gente de bien” contra “la
casta política”— colocó en el lugar de la élite corrup-
ta tanto al kirchnerismo como al macrismo: “No hay
diferencia entre el Frente de Chorros y Juntos por el
Cargo” (Russo, 2021) —esta es la frase con la cual
descalicó tanto a Frente de Todos (la coalición de
Macri) como a Juntos por el Cambio (la coalición pe-
ronista)—.
Así como en Kast y Fujimori, el tema prin-
cipal de Milei fue la defensa del modelo neoliberal.
Al igual que Kast, también identicó la reducción del
Estado con la lucha contra la corrupción. Como lo
dijo durante la campaña: “La corrupción es inherente
a la existencia del Estado. Lo mejor que usted puede
hacer para terminar con la corrupción es achicar el
Estado” (en Jastreblanski, 2023, s/p). Y dado que son
los socialistas quienes quieren un Estado grande para
robar, la solución neoliberal a la corrupción del Es-
tado asistencial se revestía con la narrativa Libertad
contra Socialismo.
Por otra parte, a partir de su cercanía con inte-
lectuales de choque como Agustín Laje, Milei ha par-
ticipado más activamente en la batalla conservadora
contra el “marxismo cultural”, en especial contra la
“ideología de género”. Si bien en 2018 no tuvo un
rol protagónico contra los pañuelos verdes (el movi-
miento detrás de la Ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo), en 2020, cuando vuelve a tratarse el
tema del aborto, se declaró a favor del uso del pañue-
lo celeste, símbolo del movimiento antiabortista. Su
posición anti-género no añadió un tema más a su re-
pertorio. Fue una necesidad política. Como lo indican
Berdondini y Vinuesa (2024), “la Ley de Interrupción
del Embarazo […] constituyó un punto de inexión
en el campo de las derechas argentinas, es ese mo-
mento que se consolida y cohesiona la derecha radical
conservadora” (p. 191).
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Obsérvese que Milei ha seguido un trayecto
inverso a Bolsonaro y Alvarado: si estos partieron
del conservadurismo para arribar al neoliberalismo,
Milei partió del libertarismo económico para llegar
a la agenda conservadora. O más concretamente,
para arribar a nes de 2022 —junto a Kast, Santiago
Abascal y Lech Walesa— a la Conferencia Política de
Acción Conservadora en México.
Detrás del giro conservador de Milei se en-
cuentran también algunos sectores conservadores
de la Iglesia católica y buena parte de los evangelis-
tas, que constituyen el 15% de la población argenti-
na (Goldstein, 2023). Y detrás de su giro autoritario,
está Victoria Villarruel, su vicepresidenta. Hija de un
veterano de la guerra de las Malvinas, Villarruel era
una activista conocida por su negacionismo frente al
terrorismo de Estado y por su esmero en hacer visible
a “las otras víctimas” (por obra de la guerrilla). Fue
gracias a ella que Milei acogió una fuerte presencia de
militares como candidatos en su partido y que asumió
él mismo una postura más crítica de los consensos al-
canzados en materia de derechos humanos.
Milei nalmente venció a Sergio Massa en la
segunda vuelta de las elecciones, con un contundente
55,65%. La cuarentena y la crisis económica fueron
una valla insalvable para el Ministro de Economía
del ocialismo. “No hay lugar para el gradualismo,
no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las
medias tintas” (en Boyer, 2023, s/p), fueron las pri-
meras declaraciones de Milei al asumir su mandato.
Y, en los primeros 100 días de gobierno, ha honrado
sus palabras con acciones. Ha reducido los ministerios
de 20 a 8 y ha propuesto un “Megadecreto” (Decreto
de Necesidad y Urgencia) y una “Ley Ómnibus” (Ley
de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los
Argentinos) a n de desregular la economía, exibili-
zar el mercado laboral, criminalizar la protesta social,
reducir el impuesto a la renta y a las ganancias, y, en-
tre otros, considerar la privatización de 18 empresas;
entre ellas Aerolíneas Argentinas (Cañas, 2024).
Con respecto a su lucha contra la “ideología
de género”, Milei ha seguido la receta de Bukele de
prohibir el lenguaje inclusivo en la administración pú-
blica. Ha eliminado, además, el Ministerio de Muje-
res, Género y Diversidad, sustituyéndolo por la Subse-
cretaría de Protección contra la Violencia de Género.
Pero, más importante aún, diputados de La Libertad
Avanza han presentado ante el Congreso un proyecto
para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo y tipicar al aborto como un delito sujeto a
penas de cárcel (El Cronista, 2024).
Milei parece igualmente empecinado en cum-
plir sus promesas al sector militar. En el aniversario
del golpe militar de 1976, negó ocialmente que haya
habido 30.000 desaparecidos durante la dictadura.
Miles de argentinos salieron a las calles a corear “Fue-
ron 30.000” en contra del revisionismo. Pero eso no
le ha impedido desmantelar un archivo dependiente
del Ministerio de Defensa, que aporta pruebas para
juzgar los delitos de lesa humanidad durante la dic-
tadura. Así como Bolsonaro, Katz, Fujimori y López
Aliaga, hay en Milei el deseo de cambiar la narrativa
histórica sobre la respuesta militar a la subversión.
Por último, siguiendo el ejemplo de Bolsonaro
y de Bukele, Milei busca ampliar las facultades de las
Fuerzas Armadas para combatir, en la ciudad de Ro-
sario, hechos de violencia perpetrados por bandas cri-
minales (CELS, 2024), y se halla en proceso de mili-
tarizar el Estado. A cargos importantes del Ministerio
de Defensa han entrado ociales militares retirados
y a la Agencia Federal de Inteligencia lo han hecho
cinco militares expertos en espionaje.
Todo esto trae de vuelta el miedo de un re-
torno de la dictadura en América Latina. Sin duda
es posible, pero por el momento la DRP continúa
dentro de la democracia iliberal. Después de todo, las
vacancias de Rousse y Castillo siguieron el modelo
del lawfare (la guerra política por la vía judicial-me-
diática); las destituciones de Castillo y Morales fueron
respuestas a acciones antidemocráticas de estos pre-
sidentes; no hubo un apoyo abierto de Bolsonaro a
los extremistas que realizaron la toma del Congreso,
e incluso Bukele se abstuvo en último minuto de con-
cretar la “insurrección popular” contra los miembros
de la Asamblea.
No es que quiera apaciguar los miedos. Pre-
tendo más bien modicar nuestra imaginación distó-
pica. Pues la DRP en América Latina y el mundo no
necesita un golpe de Estado para acabar con la de-
mocracia liberal, sino tan solo continuar cambiándola
desde adentro.
4. Similitudes y diferencias entre el Norte
y el Sur
En todos los partidos analizados de la DRP en Amé-
rica Latina se encuentra el tema de la seguridad. Lo
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25
cual es casi lógico dada el alza de criminalidad en la
región. Como lo resume bien Paola Medellín:
Latinoamérica registra el 33% de los casos de cri-
minalidad en el mundo, aun cuando concentra
solo el 8% de la población del planeta. La pre-
sencia permanente y creciente del crimen orga-
nizado y las pandillas [...] mantienen a la región
como la más violenta a nivel mundial. (2020, s/p)
No es, por tanto, extraño que haya cierta aceptación
popular de políticas de “mano dura”, entre ellas, la
más popular: utilizar a las Fuerzas Armadas para
combatir la delincuencia organizada.
La seguridad se engarza, además, a la crimi-
nalización de la protesta social urbana y de la política
inmigratoria (la crimigración [crimigration]) en todas las
DRP latinoamericanas. Y, al menos en Perú, Chile y
Brasil, se acopla a la armación de la república unita-
ria contra las demandas ecológicas y territoriales de las
poblaciones originarias (andinas, amazónicas y mapu-
ches). Al igual que con la delincuencia organizada, el
sostenimiento de la república unitaria va de la mano
de la expansión de los poderes de las Fuerzas Arma-
das. Y va de la mano también con exorcizar el fantas-
ma boliviano/ecuatoriano de la plurinacionalidad.
También se encuentra en la DRP latinoameri-
cana la promesa de la mano dura contra una corrup-
ción que se percibe en aumento. No queda claro si la
corrupción ha aumentado realmente, pero la pobla-
ción está más sensibilizada que nunca sobre el tema
dada la amplia cobertura mediática del caso Lava Jato
y otros casos emblemáticos de corrupción en el siglo
XXI como, por ejemplo, “los cuadernos de las coi-
mas” en Argentina, “la casa blanca de Peña Nieto” en
México y “los cuellos blancos” en Perú (Salas, 2017).
Dicho esto, corrupción en América Latina
quiere decir dos cosas más. Quiere decir, primero, la
natural consecuencia del comunismo. Son los comu-
nistas quienes anhelan un Estado grande intervencio-
nista o asistencialista que ofrece la oportunidad de
robar. Y la solución ortodoxamente neoliberal es, por
supuesto, reducir el tamaño del Estado. En tal sen-
tido, la corrupción se acopla a la defensa del neoli-
beralismo contra el comunismo. De hecho, Alvarado,
Kast, Fujimori, López Aliaga y Milei han suscrito la
Carta de Madrid promovida por el partido Vox de
España, en la cual se alerta que “el avance del comu-
nismo supone una seria amenaza para la prosperidad
y el desarrollo de nuestras naciones, así como para
las libertades y los derechos de nuestros compatriotas”
(Fundación Disenso, 2020, s/p).
La DRP latinoamericana tiende a ser más
anticomunista que la de Europa y EE. UU. Esto se
debe a que el recuerdo del comunismo se halla más
fresco en América Latina. Durante la segunda mitad
del siglo XX hubo en la región partidos de izquierda
que se enfrentaron violentamente al Estado, como,
por ejemplo, los Montoneros en Argentina, las FARC
en Colombia o Sendero Luminoso en Perú (Kahhat,
2024, pp. 22-23). Pero se debe también a que, a inicios
del siglo XXI, se alzó una “marea rosa” que comen-
zó en Venezuela y se expandió a Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay (Kahhat, 2019, p.
157). Los gobiernos de la marea rosa no fueron co-
munistas en ningún sentido serio del término, pero en
ellos se hizo patente una voluntad redistributiva que
puso un modesto límite al neoliberalismo.
Además de comunismo, corrupción quiere
decir, segundo, corrupción moral, o en términos me-
nos conservadores, cambios culturales progresistas.
La expansión de la “ideología de género” ha sido el
cambio más rechazado por López Aliaga, Fujimori,
Kast, Bolsonaro, Milei y, en especial, Fabricio Alvara-
do, quien básicamente convirtió la elección de 2018
en Costa Rica en un plebiscito sobre el “matrimonio
gay”. Este último caso es emblemático de cómo la
DRP latinoamericana deende la soberanía nacional
contra organismos internacionales que quieren impo-
ner valores progresistas ajenos al pueblo.
Por último, la DRP articula su lucha contra la
corrupción económica y moral, vale decir, contra el
comunismo, en términos de libertad. Es más, los gru-
pos conservadores de hoy se sirven de la retórica de
los derechos para preservar posiciones de privilegio
(Corredor, 2021, p. 47). Así, contra los igualitarios de-
rechos laborales, se propone la libertad de empresa;
contra el progresista enfoque de género, la libertad
para decidir sobre la educación de los hijos; y contra
el liberal derecho al aborto, el también liberal derecho
a la vida del neonato.
Según lo expuesto anteriormente, en todos los
casos analizados hay una alianza entre empresarios y
cristianos conservadores que determinan la posición
por la libertad. Y también en todos ellos, salvo en
Costa Rica donde se abolieron las Fuerzas Armadas
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en 1948, hay una alianza entre empresarios, cristianos
conservadores y (ex)militares que arman el discurso
del orden, se oponen a las comisiones de la verdad y
apuntan al revisionismo histórico. Hay otros grupos
que conforman la alianza según los países, pero en
todos estos el más importante para hacer circular los
contenidos y enmarcar la realidad es la multitud de
jóvenes (cyber)activistas de derecha (conservadores,
libertarios, anarcocapitalistas, etc.), que operan entre
las calles y las redes haciendo circular las narrativas
que enmarcan la percepción de los conictos sociales.
No es fortuito que Steven Forti (2021) haya titulado su
libro sobre toda esta fuerza política emergente Extrema
derecha 2.0.
Ahora bien, a partir de este breve recorrido
por la DRP en América Latina, es posible esbozar al-
gunas similitudes y diferencias con la DRP en Europa
y EE. UU. Comencemos por una diferencia central: si
bien en casi toda la DRP del Norte global se encuen-
tra el tema de la inmigración/integración, este no es el
más relevante para la DRP latinoamericana. Aquí la
inmigración se volvió un problema a partir de la crisis
económica de Venezuela en este siglo. Se estima que
hay 6,54 millones de venezolanos en diferentes países
de América Latina (R4V, 2023). Sin embargo, en es-
tos países conviven la compasión y el rechazo hacia
aquellos. Las encuestas muestran esta paradoja: “[...]
muchas personas (más del 80%) de Ecuador, Colom-
bia y Perú [...] empatizan con la situación de quienes
provienen de Venezuela, aunque cerca del 70% ar-
ma claramente que desea la aplicación de políticas de
fronteras más estrictas” (Rivero, 2019, p. 3). Por eso
mismo, la DRP politiza este tema cuidándose de no
parecer insensible. Es solo en Chile donde se da una
politización más agresiva, pero no al nivel de Europa
y EE. UU. De allí que Camila Díaz, Cristóbal Rovira
Kaltwasser y Lisa Zanotti reconozcan que si bien la
inmigración no es central para la DRP latinoameri-
cana, en Chile “las cosas son parcialmente diferentes”
(2023, p. 348).
En cualquier caso, la politización de este
tema en América Latina no tiene las mismas carac-
terísticas que en Europa y EE. UU. Dado que los
venezolanos profesan la misma religión que sus an-
triones y tienen un desarrollo histórico similar, la
DRP no reclama sobre su incapacidad o falta de vo-
luntad para integrarse a la cultura antriona. Ni es-
grime épicos argumentos culturales como “Hay que
defender la civilización cristiana”. Ni mucho menos
identica a los migrantes con el terrorismo. Los ve-
nezolanos pueden inspirar miedo, pero no el gran
terror político-religioso.
Solamente en la República Dominicana existe
un nativismo comparable al del Norte global. A partir
del terremoto de 2010, la crisis económica y el alza
en la criminalidad, cerca de 1,7 millones de haitianos
emigraron a diferentes destinos en el continente; de
aquellos, al menos 496.000 lo hicieron a la República
Dominicana (Yates, 2021). No pudieron escoger peor
destino dada la conictiva relación histórica entre
ese país y Haití. En 1937, el dictador Rafael Trujillo
inició una campaña de limpieza étnica en la frontera
con Haití e hizo del antihaitianismo una política de
Estado. A partir de este y otros hechos históricos los
dominicanos denen su identidad (mestiza e hispana)
diferenciándose de la de los haitianos (negra y francó-
fona) (Bonifacio, 2022). Y dado que la DRP domini-
cana también politiza culturalmente esta diferencia,
se puede decir que se asemeja a la actitud de la DRP
del Norte hacia el islam. Pero esta sería la excepción
que conrma la regla.
Por otra parte, tanto en el Norte como en el
Sur global la seguridad atañe al crimen organizado y
se acopla a la inmigración (crimigration). Pero solo en
el Sur la ultraderecha reclama la militarización de la
seguridad interna. Hay otra diferencia importan-
te: mientras en el Norte la inmigración se asocia a la
amenaza terrorista, en el Sur se reere solo al crimen
organizado y la denuncia de terrorismo (como forma
de control) recae sobre la “desobediencia civil” urba-
na y sobre poblaciones indígenas con sus demandas
ecológicas o territoriales. Dicho de otro modo: mien-
tras en Europa y EE. UU. el Otro étnico es exterior (el
musulmán), en algunos países de América Latina es
interior. Se podría decir incluso que es el mismo interior
de siempre en tanto que el llamado a asegurar el “esta-
do de derecho” se realiza dentro del viejo esquema
del “poder colonial” (Quijano, 2014). Pero esto no es
exclusivo de la ultraderecha. Tanto la DRP como los
tecnócratas neoliberales apoyan un Estado moderno
neocolonial que imponga un modelo de desarrollo a
los pueblos originarios “premodernos”.
Además, en todo el mundo la DRP se ufana
de luchar contra la corrupción en el Estado. Pero en
América Latina esta lucha se acopla a la del neolibera-
lismo contra el comunismo en el sentido de que el pri-
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mero propone la reducción del Estado que el segun-
do desea incrementar para sus latrocinios. Y he aquí
otra importante diferencia entre la DRP de América
Latina y la de Europa y EE. UU. En el Norte global
la DRP se opone al neoliberalismo en términos del
discurso y pretende articular una respuesta política a
la queja de los “perdedores de la globalización” que
incluye (como política emblemática) el chovinismo de
bienestar. Pero en América Latina la DRP aspira que
sus países devengan uno de los ganadores de la glo-
balización capitalista (López Aliaga diría, “devengan
potencia mundial”).
Hay que matizar esta perspectiva. Ni la DRP
europea o estadounidense se opone maniestamente
al neoliberalismo ni la DRP latinoamericana lo apoya
abiertamente. Si la DRP del Norte no lo critica es,
quizás, porque carece de un modelo económico al-
ternativo. Y si la DRP del Sur no lo deende a capa
y espada es porque el término ha venido a signicar
todo aquello que anda mal con el mundo. Incluso Ja-
vier Milei, quien sustenta públicamente sus ideas con
citas de Hayek y Friedman, recusa astutamente del
término: “El que dice neoliberal es un bruto, porque
la palabra liberal viene de libertad. Entonces no hay
una nueva libertad o una vieja libertad. Hay libertad
o no hay libertad” (Milei, 2017, s/p).
Sin duda, la DRP en Europa y EE. UU. tam-
bién puede azuzar el miedo al fantasma del comunis-
mo, pero la lucha contra este es más importante en
América Latina debido a que se acopla a la defensa
del neoliberalismo y esta se liga a su vez a la defen-
sa del progreso contra los obstáculos puestos por las
comunidades indígenas, el ecologismo y el multicul-
turalismo. No son los pueblos originarios de América
quienes apoyan la agenda de la DRP. Quienes la apo-
yan se identican con la cultura de los conquistadores
o colonizadores. Hay, como en Europa y EE. UU, un
“choque de civilizaciones”. Pero mientras en Euro-
pa y EE. UU. la colisión se da entre la modernidad
cristiana y el islam, en América Latina ocurre entre
la modernidad cristiana y las culturas precolombinas
“premodernas”.
La corrupción del comunismo no es solo eco-
nómica sino también moral. Tanto en el Norte como
en el Sur global, los marxistas culturales corrompen
a los niños y al pueblo en general con su “ideología
de género”. Pero hay que decir que la lucha contra
esta es mucho más central para la DRP del Sur que
para la del Norte. Como lo advierten Lindsay Mayka
y Amy Smith,
[...] tal vez el conjunto único de temas que distin-
gue a la derecha de hoy de aquella en períodos
anteriores es la centralidad de la política sexual:
la oposición al aborto, los derechos LGBTQ+ y
la educación sexual en las escuelas. (2021, p. 4)
Que la lucha contra la “ideología de género”
ocupe en América Latina el lugar prominente que
ocupa el nativismo en Europa y EE. UU. se debe en
parte a que la DRP latinoamericana es más homofó-
bica y antifeminista que su homóloga del Norte global
(Kahhat, 2021). En efecto, no podría haber en Perú
o Brasil personajes como Alice Weidel, una mujer
lesbiana que lidera el AfD (Alternative für Deutschland
[Alternativa para Alemania]), el partido de la DRP
alemán. Pero hay que precisar tres cosas.
Primero, la tolerancia de la DRP europea al
feminismo y a los grupos LGTBI es hasta cierto punto
estratégica. Marine Le Pen, por ejemplo, se jacta de
que su partido es el único que deende los derechos
de los homosexuales y de las mujeres contra el machis-
mo islámico. A esto se reere Gabriele Dietze (2020)
con el término “etnosexualismo”. La mayor “libera-
ción sexual” de los europeos sería un indicio de que
su cultura ha progresado más que la cultura islámica,
y el menor progreso de esta sería un argumento para
combatirla legalmente o para limitar la inmigración
de países árabes o africanos.
Segundo, la DRP europea puede ser más to-
lerante con los gays, lesbianas y bisexuales, pero no
con los transexuales y, además, sigue sosteniendo a la
familia patriarcal heteronormativa como el pilar de la
nación. Por ello no comparten las metas políticas del
feminismo y del movimiento LGTBI. En España, por
ejemplo, Vox pretende derogar la Ley de Violencia
de Género, suprimir “organismos feministas radica-
les”, sacar el aborto de la sanidad pública y eliminar
el matrimonio igualitario. Finalmente, la DRP en Eu-
ropa del Este es tan o más abiertamente homofóbica
y machista que la latinoamericana. Por ejemplo, en
2019, bajo presión de la ultraderecha, algunas muni-
cipalidades polacas se han declarado “zonas libres de
la ideología de género y LGTBI”. De lo cual se sigue
que la lucha contra la “ideología de género” no es un
tema particular de América Latina sino uno global, y
que no puede relegarse (como lo hace Mudde) a un
subtema de la corrupción.
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Tabla 1.
Tabla comparativa de la DRP en Europa, EE. UU.
y América Latina
Elaboración propia.
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DRP en Europa y EE. UU.
Inmigración ~ Integración cultural
(Tema central)
Seguridad ~ “Mano dura” contra la
delincuencia y la inmigración
Corrupción económica y moral
Defensa de la soberanía nacional
contra políticas progresistas y
económicas de instituciones
internacionales (NAFTA, UE)
Adhesión problemática al
neoliberalismo (véase la
subsiguiente sección)
Defensa de la soberanía nacional
contra políticas progresistas de
instituciones internacionales (OEA,
CIDH)
Defensa del neoliberalismo ~
Lucha contra el comunismo
~ Defensa del progreso
eurocéntrico
(Tema central)
Seguridad ~ “Mano dura” contra la
delincuencia, la inmigración y las
comunidades indígenas
Corrupción económica y moral
(El subtema de lucha contra
la “ideología de género” es
el tema central de la DRP
latinoamericana)
DRP en América Latina
Inmigración ~ Integración cultural
(Tema no central)
5. Rehaciendo la definición ideológica de la
derecha radical popular (primera parte)
Dado que el tema conservador más prominente para
América Latina no es la inmigración/integración sino
la “ideología de género”, sería más justo argüir que la
tríada heteronormativismo-autoritarismo-populismo
describe mejor a la DRP latinoamericana. Y dado que
la lucha contra dicha ideología se da tanto en EE. UU.
y Europa Central, del Sur y del Este como en Améri-
ca Latina y Asia, se podría especular que dicha terna
describe mejor a la DRP global. Sin embargo, esto se-
ría obviar que, en India, el país con mayor población
en el mundo, predomina la tríada religión-autoritaris-
mo-populismo. Por supuesto, el heteronormativismo y
el nativismo están también presentes, pero la religión
hindú es, para el BJP (Bharatiya Janata Party), el prin-
cipal agente cohesionador del pueblo indio.
El caso de la DRP en India no es tan diferente
al de América Latina, pues aquí el cristianismo es cru-
cial para entender el rechazo a la “ideología de géne-
ro” y a la revalorización de las culturas de los pueblos
originarios. Al asumir el poder después del golpe de
Estado a Evo Morales, la nueva presidenta de Boli-
via Jeanine Áñez Chávez declaró con una Biblia en la
mano: “Gracias a Dios, la Biblia vuelve a Palacio” (El
Universal, 2019, s/p).
No quiero decir que la religión sea más im-
portante que el género o el nativismo. Quiero decir
que la religión, el género y el nativismo son tres ca-
racterísticas identitarias para denir al buen pueblo
conservador. Como lo explica Michael Minkenberg,
la derecha radical “cuestiona la idea y la realidad de
la democracia liberal y pluralista mediante la radica-
lización de los criterios inclusivos y excluyentes de un
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‘grupo-nosotros’ [‘we-group’] primario (típicamente la
nación), como la etnicidad, la religión y/o el género”
(2019, p. 144).
El “grupo-nosotros” de Minkenberg es el buen
pueblo que se identica con la nación. Y lo que hace
la DRP es, primero, rechazar la idea liberal de que
una nación es un conjunto político que, mediante una
Constitución, establece reglas de convivencia para
distintos grupos etnoculturales; segundo, recusar la
idea democrático-socialista de que el pueblo es un su-
jeto político de cambio social en el sentido de la igua-
libertad6; y, tercero, politizar ciertas características de
tipo étnico, religioso y/o de género y exigir que, para
ser parte del pueblo-nación, se necesita poseer esas
características particulares pero mayoritarias.
Hay que entender bien este punto. El pue-
blo de la DRP se cierra a la Otredad a partir de una
identidad construida desde elementos tradicionales. Es,
para ser más directo, un pueblo conservador. Por lo
cual se podría argüir que una mejor descripción de
la ideología mundial de la DRP obedece a la tríada:
conservadurismo-autoritarismo-populismo.
Sin embargo, esta tríada choca contra Mud-
de y su identicación de conservadurismo y autorita-
rismo, siguiendo una larga tradición que data de los
inicios de la Escuela de Fráncfort y dentro de la cual
se encuentra “la personalidad autoritaria” de Adorno
et ál. y el “autoritarismo de derecha” (right-wing au-
thoritarianism) de Robert Altemeyer. Mudde concibe el
conservadurismo como una entidad inseparable del
autoritarismo y, por eso mismo, preserva solo este úl-
timo término en su terna ideológica (nativismo-auto-
ritarismo-populismo) y lo dene como “la creencia en
una sociedad estrictamente ordenada, en la cual las
transgresiones a la autoridad deben ser severamente
castigadas” (2007, p. 23).
Hay varios problemas con esta denición; el
principal para nuestro estudio es que no considera
la posibilidad de un régimen autoritario de izquier-
da que atente contra el conservadurismo, como la
“revolución vertical” de Velasco Alvarado contra la
oligarquía peruana. Ni tampoco la posibilidad de un
autoritarismo neoliberal (relativamente) alejado de los
valores conservadores, como el gobierno de Alberto
Fujimori. Pues una cosa es “la creencia en una socie-
dad estrictamente ordenada” (conservadurismo) y otra
es la creencia en que “las transgresiones a la autoridad
deben ser severamente castigadas” (autoritarismo).
Siguiendo los estudios de psicología social de
Duckitt et ál. (2010), creo importante separar autori-
tarismo de conservadurismo. Pero diero de ellos en
denir al conservadurismo como “sumisión autori-
taria”, es decir, la identicación acrítica y obediente
a las instituciones y autoridades grupales (Duckitt et
ál., 2010, p. 690). Además, para diferenciarlo del con-
servadurismo económico del laissez faire, habría que
acotarlo usando el término conservadurismo social, que
la ECSP (European Center for the Study of Populism)
dene de este modo: “El conservadurismo social es
escéptico del cambio social y cree en mantener el statu
quo en lo que respeta a temas sociales como la vida fa-
miliar, las relaciones sexuales y el patriotismo” (ECSP,
2023, s/p). Sin embargo, a esta denición le criticaría
lo mismo que a la de Duckitt et ál.: no da cuenta de la
reexividad en el conservadurismo.
Frederick Beiser nos ayuda a entender esta fa-
lencia al distinguir el “conservadurismo natural” (ya
inscrito en el comportamiento) del “conservadurismo
moderno” (autoconsciente) que reacciona contra el
liberalismo progresista y la Revolución francesa (en
Hamilton, 2020). Un conservador moderno aprecia
los valores e instituciones que se han desarrollado
“orgánicamente” en una sociedad, es decir, valora la
tradición. Pero lejos de estar plenamente identicado
con ella y pretender repetirla tal cual, el conservador
que incursiona en la política, o en la “batalla cultu-
ral”, la recrea o reproduce de acuerdo con las posibili-
dades de la época. Así, por ejemplo, el crítico cultural
conservador Agustín Laje argumenta que no está en
contra del feminismo sino de su acoplamiento con el
socialismo. Independientemente de lo que él crea en
el fondo, su rearmación de la tradición no es ciega
a los avances de la emancipación femenina. Hay, sin
duda, machismo en su propuesta, pero uno diseñado
para y por los nuevos tiempos. Propongo, entonces, que
el conservadurismo de la DRP es un conservadurismo
sociopolítico que recrea políticamente tradiciones (étni-
cas, sexuales, religiosas) que por lo general existen de
manera inestable debido a los procesos de moderni-
zación.
Ahora podemos regresar a la conceptualiza-
ción de Mudde para convertir su tríada en una más
universal:
Conserv. soCiopolítiCo-AutoritArismo-populismo
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Así, en lo que compete a la DRP, habría que reservar
el término “autoritarismo” para actitudes favorables
al punitivismo contra delincuentes y corruptos, la ex-
pulsión de inmigrantes ilegales o que hayan cometido
delitos, la criminalización de la protesta social, el uso
del Ejército para resolver el crimen, la persecución de
las ONG y de los medios de comunicación oposito-
res al régimen y otras intervenciones ilegítimas en las
instituciones públicas que caracterizan a las democra-
cias iliberales. Y habría que reservar el término “con-
servadurismo sociopolítico” para el recurso reexivo,
autoconsciente, de un movimiento, un partido o un
régimen a la religión, al etnicismo y/o a la heteronor-
matividad.
Ni simplemente conservadora, ni simplemen-
te autoritaria, la DRP es autoritaria para recrear y/o
sostener el orden conservador y para hacerlo existir
contra el orden político existente. De allí que a esta
derecha Mudde le dé correctamente el nombre de ra-
dical. La DRP es radical porque pretende modicar
principios e instituciones fundamentales del sistema
político —provenientes del liberalismo y del socialis-
mo— para hacer existir una sociedad basada en la re-
edición de valores conservadores. Pero como veremos
en lo que sigue, su radicalismo no proviene solo de
su conservadurismo sociopolítico y su autoritarismo
exceder a la agenda conservadora.
6. Rehaciendo la denición ideológica de la
derecha radical popular (segunda parte)
Nuestra revisión de la DRP en América Latina ha
echado luces sobre la importancia para ella de la de-
fensa del neoliberalismo. Si bien esta podría ser una
particularidad latinoamericana, pienso más bien que
es la verdad de la DRP en Occidente y (probablemen-
te) de la DRP en el mundo.
Me explico a través de los casos de Donald
Trump y Viktor Orbán. Con respecto a Trump, hubo
una diferencia entre el candidato y el presidente. El
candidato prometía cierto proteccionismo económico
(sacar a EE. UU. del NAFTA, equilibrar la balanza
de comercio con China), eliminar programas asis-
tenciales (como Obamacare), reducir los impuestos
a los ingresos individuales, poner coto a los intereses
de Wall Street y emprender grandes proyectos de in-
fraestructura que diesen empleo a millones. Nótese
que el proteccionismo y la regulación nanciera son
promesas típicamente antineoliberales, mientras que
reducir los impuestos y el asistencialismo son prome-
sas típicamente neoliberales
Ya como presidente, Trump no cumplió con
eliminar los programas asistenciales debido a la oposi-
ción de los congresistas demócratas y a que intercam-
bió con ellos la continuidad de dichos programas por
un incremento en el gasto de defensa. Pero sí cumplió
con bajar los impuestos, sobre todo a la clase alta y a
las corporaciones. Durante el gobierno de Trump el
impuesto más alto a los individuos se redujo de 39,6%
a 37% y el impuesto más alto a las corporaciones bajó
de 35% a 21% (Rasmus, 2020, pp. 128-129).
En cuanto a las promesas aparentemente an-
tineoliberales, Trump hizo el intento de nivelar la ba-
lanza comercial con China y modicar los términos
del NAFTA. Que no consiguiera lo primero, y que los
cambios a lo segundo fueran cosméticos, no quita que
tuviera la intención de limitar el libre comercio. Sin
embargo, Trump se olvidó de los proyectos de infraes-
tructura que darían empleo a millones y, lejos de poner
coto a Wall Street, avanzó aún más que sus antecesores
en la desregulación nanciera. Si, como observa Nan-
cy Fraser, el Trump candidato prometía un “populismo
económico”, el Trump presidente dejó de lado “la polí-
tica populista de redistribución” y “redobló la apuesta
por la política reaccionaria de reconocimiento identi-
tario, intensicada al máximo y cada vez más despia-
dada” (2019, p. 21). Por “política reaccionaria”, Fraser
se reere a la prohibición de viajar para ciudadanos de
países musulmanes, la negativa a patrocinar casos judi-
ciales pertinentes a los derechos LGTBI, la reducción
de la cobertura de seguro para los anticonceptivos, la
disminución de las protecciones legales contra la dis-
criminación de mujeres y niñas, etc. De allí que cali-
que al régimen de Trump de “neoliberalismo hipe-
rreaccionario” para diferenciarlo del “neoliberalismo
reaccionario” de Ronald Reagan y Georges Bush, así
como del “neoliberalismo progresista” de Bill Clinton
y Barack Obama (Fraser, 2019, p. 22).
Cuatro reexiones a partir del caso Trump.
Primero, es posible que exista una relación inversa-
mente proporcional entre la altisonancia del discurso
conservador y la impotencia para cambiar el sistema
neoliberal. Pronto retomaremos este punto. Segundo,
el neoliberalismo se enfrenta siempre a límites políti-
cos. Que Trump no haya reducido los programas asis-
tenciales no es evidencia de su antineoliberalismo sino
de la fortaleza de sus opositores. Tercero, tampoco
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prueba su antineoliberalismo que haya querido impo-
ner medidas proteccionistas. Estas pueden funcionar,
entre otras cosas, como una manera de cultivar una
oligarquía nacional con un fuerte ethos neoliberal (ello
se verá más claramente en el caso de Hungría). De lo
cual se sigue, por último, que los procesos neoliberales
no son iguales en todos los países. Trump intercambió
la continuidad de los programas asistenciales por el
gasto de defensa porque este era importante para la
geopolítica de EE. UU. Pero ese intercambio no es
relevante para los países latinoamericanos ya que, por
un lado, no tienen que fungir de “policía del mun-
do” y, por el otro, muchos de ellos no tienen grandes
programas asistenciales. Lejos de ser un proceso mo-
nolítico, el neoliberalismo se adapta a diferentes con-
textos, problemas y oportunidades. Por eso Manfred
Steger y Ravin K. Roy arguyen que en el mundo hay
“neoliberalismos” (2010, p. xi).
Dicho esto se podría pensar que, siendo una
personalidad televisiva, estrella del reality The Appren-
tice, Trump preere el espectáculo de las declaraciones
altisonantes a la acción política sustanciosa y que, por
tanto, no es un buen ejemplo de una velada posición
neoliberal de la DRP. Pasemos entonces a la Hungría
de Viktor Orbán, que es, según Forti, “el único mode-
lo exitoso al cual todas las otras formaciones ultrade-
rechistas [...] pueden mirar” (2021, p. 105).
Orbán ha tomado decisiones impopulares en
la UE, entre ellas, la renacionalización de sectores
claves de la economía, la reducción de la propiedad
extranjera del sector bancario y la reducción de la de-
pendencia a través de la deuda con instituciones glo-
bales neoliberales como el FMI o el Banco Mundial.
Todo esto lleva a Dorit Geva a armar que Orbán
ha creado “un nuevo tipo de régimen post-neoliberal”
que habría superado al Estado débil de la ortodoxia
neoliberal y que lucha por mantener su autonomía de
las instituciones internacionales (2021, p. 72).
Sin embargo, como lo admite el mismo Geva,
Orbán ha asegurado la continuidad de políticas neoli-
berales clásicas como la apertura de “zonas económicas
especiales” para atraer capitales extranjeros, el manteni-
miento de impuestos bajos para las transnacionales y la
exibilización del mercado laboral. Con respecto a esto
último, el nuevo código laboral de 2012 redujo la pro-
tección a los trabajadores con respecto a horas extras,
daños en el lugar de trabajo, despidos injustos y la ca-
pacidad negociadora de los sindicatos (Hungler, 2022).
Hasta aquí podría pensarse en una contradic-
ción entre un programa neoliberal y otro antineolibe-
ral. Pero la contradicción se decanta a favor del prime-
ro cuando se analiza con detenimiento los programas
supuestamente antineoliberales como, por ejemplo, el
chovinismo del bienestar o welfare chauvinism, un asis-
tencialismo reservado a la población nativa. Pues este
programa asistencial se inscribe en el modelo del wor-
kfare o welfare to work: un modelo implementado en EE.
UU. y en el Reino Unido durante la década de 1990
—los años dorados de la globalización neoliberal—,
que exigen al individuo el pronto retorno al mercado
laboral para poder recibir las prestaciones sociales.
Así, en Hungría, los beneciarios del programa deben
aceptar trabajar en obras públicas donde se les pueda
pagar no más del 70% del ya de por sí bajo salario
mínimo húngaro (Geva, 2021, p. 81).
Es esta atención al detalle la que conduce a
Geva a matizar su tesis de la emergencia de un orden
posneoliberal en Hungría. De allí que, en la conclu-
sión de su escrito, arme que “la hegemonía ordona-
cionalista de Orbán es una avanzada respuesta neo-
liberal a la crisis del neoliberalismo” (Geva, 2021, p.
87). Se puede ser aún más preciso. Como lo sostienen
Neil Davidson y Richard Saull (2017) y también Davi-
de Monaco (2022), los partidos de la DRP se oponen
menos a la economía neoliberal que a las instancias
de gobierno supranacional asociadas al neoliberalis-
mo. Hungría se ha mantenido rme contra el Tribu-
nal de Justicia de la UE en su negativa a modicar sus
leyes y prácticas de inmigración. Pero más revelador
fue su bloqueo a la directiva de la UE de imponer un
impuesto mínimo de 15% a las corporaciones mul-
tinacionales (Malingre, 2022). Pues aquí su “defensa
nacionalista” se llevó a cabo en nombre del deseo
neoliberal de mantener al país con una ventaja com-
petitiva que atraiga a las corporaciones.
Según Monaco, la visión de los partidos de la
DRP como nacionalistas antineoliberales se empieza
a formar cuando estos asumen posiciones a favor del
mantenimiento del asistencialismo (2022, p. 4). Así,
en una publicación inuyente, Mudde subraya que la
DRP se habría colocado en un centro político “basa-
do en el nacionalismo económico y el chovinismo del
bienestar” (2007, pp. 136-137). Más recientemente,
Forti diagnostica un viraje a la izquierda en la política
económica de la ultraderecha (2021, p. 89). Y siguien-
do esta línea de pensamiento, Díaz, Rovira Kaltwas-
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ser y Zanotti subrayan que la postura neoliberal de la
DRP chilena “marca una diferencia con la DRP euro-
pea, la cual se ocupa principalmente del chovinismo
de bienestar” (2023, p. 352).
Sin embargo, como lo advierten, entre otros,
Monaco (2022), Geva (2021) y Cooper (2017), esta
posición ignora una serie de variables. Primero, como
ya lo hemos visto, el chovinismo de bienestar se co-
rresponde al modelo anglosajón del workfare. Por eso
Geva considera que, en términos asistencialistas, Or-
bán no ha hecho más que aplicar una “bastante clási-
ca política neoliberal” (Geva, 2021, p. 81). Segundo,
el asistencialismo puede funcionar como un paliativo
que permite a la población digerir el núcleo de refor-
mas neoliberales. Finalmente, si bien el chovinismo
de bienestar presupone el nacionalismo, este no es an-
titético al neoliberalismo. Que se piense lo contrario
se debe al sentido común de que el neoliberalismo es
equivalente a la globalización. El neoliberalismo, así
entendido, va de la mano con la globalización eco-
nómica (conecta mercados, favorece la movilidad de
capital) y política (promueve la creación de institu-
ciones internacionales como la UE). Pero este es solo
un tipo de neoliberalismo al que Adam Harmes da el
nombre de neoliberalismo institucional (2011, p. 2). Existe
también un neoliberalismo nacionalista que se opone a la
globalización política, es decir, a las instituciones in-
ternacionales que sujetan a la nación a agendas socia-
les progresistas y/o a la homogenización de impuestos
y regulaciones que puedan afectar las ventajas com-
petitivas de las empresas nacionales (Harmes, 2011,
p. 3). En otras palabras, el nacionalismo neoliberal puede
percibir que el institucionalismo neoliberal limita las po-
sibilidades de la nación-empresa para competir en el
mercado mundial
No se puede identicar el neoliberalismo con
las diez recomendaciones del Consenso de Washing-
ton. Ni con organismos supranacionales como la UE.
Ni mucho menos con la combinación de mercados
libres y Estados mínimos. Más allá de sus benignas re-
presentaciones ideológicas, hay que concebirlo como
“un proyecto para restaurar el poder de clase” (Har-
vey, 2015, p. 16) que se inaugura con un golpe de Es-
tado en Chile contra el gobierno socialista de Salva-
dor Allende7. Y más allá de sus políticas económicas
especícas, hay que enfocarse en las constantes de este
proyecto exible y cambiante: entre ellos, el discipli-
namiento de la clase trabajadora, la emancipación del
capital industrial y nanciero de la regulación estatal
y la reorientación del Estado keynesiano hacia uno
que potencia al empresariado y que asume él mismo
valores y objetivos empresariales8. En tal sentido, el
neoliberalismo no implica la reducción del Estado
sino de su función redistributiva. Como lo explica
Loic Wacquant, el Estado neoliberal es un “Estado
centauro”, mitad hombre y mitad caballo, un Estado
que reserva el liberalismo y sus benecios para los de
arriba (la mitad humana comprensiva) y un paterna-
lismo punitivo para los de abajo (la mitad violenta del
animal) (en Jopke, 2021, p. 11).
Entonces, si asumimos que todos los partidos
de la DRP se inscriben dentro del neoliberalismo,
llegamos a la conclusión de que la DRP en América
Latina muestra la verdad (no tan) oculta de la DRP
en Europa y EE. UU. En otras palabras, devela que
la DRP en Occidente, y quizás en el globo, sostiene el
neoliberalismo. Y, de tal forma, habría que cuestionar
por qué este tema tan importante no entra en la de-
nición de Cas Mudde de la DRP.
Siendo justos, con su tríada nativismo-autori-
tarismo-populismo, Mudde dene especícamente la
ideología de la DRP y no deja de ser cierto que son
pocos sus líderes que declaran su anidad a las teorías
de Hayek o de Friedman. Pero yo no me reero a un
compromiso consciente con la ideología neoliberal ni
mucho menos a un manejo sosticado de la misma.
Me reero a que, “espontánea” o inconscientemente,
la DRP ha hecho suya esta ideología al asumir en la
práctica que el empresariado es el motor del progreso
y que el rol del Estado es ayudarlo a superar sus obstá-
culos. Como lo saben Louis Althusser (1974) y Slavoj
Žižek (1999), la ideología se encuentra no solo en el
pensar (en la interiorización de un discurso persuasi-
vo), sino también en el hacer (en la objetividad de la
conducta). En cualquier caso, se debe incluir al neoli-
beralismo en la denición ideológica de la DRP. Pues
debe quedar claro que lo que parece una alternativa
en realidad no lo es, y que es, más bien, un subterfugio
que permite la continuación de un proyecto de clase.
La ideología de la DRP obedece entonces a la
tétrada:
neoliberAlismo-ConservAdurismo soCiopolíti-
Co-AutoritArismo-populismo
Si mi uso del término neoliberalismo perturba
a algunos, concedo que se le llame ultraliberalismo
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(dentro del cual entrarían el libertarismo, el anarco-
capitalismo, el neoliberalismo nacionalista y el institu-
cional, etc.). Lo que debe quedar claro es que la DRP
es parte de un proceso por favorecer al capital sobre
el trabajo que lleva cerca de medio siglo de desarrollo
expansivo y al cual durante este tiempo se le ha dado
el nombre de neoliberalismo.
7. Conclusiones
Nuestro recorrido por la DRP en América Latina
de-muestra que esta diere de la de Europa y EE.
UU. en que es abiertamente neoliberal y su conserva-
durismo se orienta menos contra la inmigración que
contra la “ideología de género”. A partir de allí he
propuesto cambiar la tríada ideológica de la DRP de
Mudde:
NATIVISMO-AUTORITARISMO POPULISMO,
por la tétrada:
NEOLIBERALISMO-CONSERVADURISMO
SOCIOPOLÍTICO-AUTORITARISMO-POPU-
LISMO"
Y he deslizado la idea que la DRP no es una alterna-
tiva al proyecto de clase neoliberal sino un subterfugio
conservador interno a él. En palabras de Davidson y
Saull, es una “‘oposición interna’ o tubo de escape a
la rabia, inseguridad y sufrimiento desde adentro al uni-
verso político-económico neoliberal” (2017, pp. 714;
énfasis agregado).
A pesar de que esta hipótesis está hecha para
“los “perdedores de la globalizacion” del Norte, se
detecta un odio similar en quienes aspiran a triunfar
en el Sur. Según Pablo Semán y Nicolás Welschinger
(2022), existe entre los jóvenes argentinos que votan
por Milei una subjetividad basada en “empodera-
miento, autonomía personal optimización del yo y
emprendedurismo” (p. 284). Pero estos son, en reali-
dad, viejos valores que se han aanzado en los países
latinoamericanos durante la globalización neoliberal
(que aún no termina). Y por tanto se podría especular
que, en estos países, el reverso del empoderamiento
del sujeto emprendedor es el odio contra quienes su-
puestamente amenazan la existencia del buen pueblo
conservador. En otras palabras, gracias al dispositi-
vo psicopolítico ultraderechista, el malestar contra
un proyecto de clase que redistribuye hacia arriba, y
que encima tiene el atrevimiento de responsabilizar
al sujeto por sus “carencias” y “fracasos”, permane-
ce mudo, inarticulado, y se convierte en un odio cul-
tural militante hacia el Otro que amenaza “nuestra”
identidad (los inmigrantes, los pueblos originarios, las
feministas, los grupos LGTBI, los ecologistas, los co-
munistas, etc.).
Sin embargo, como lo vimos arriba, no es solo
el “tubo de escape conservador” el que hoy pone en
jaque a la democracia liberal. Pues el neoliberalismo
ya la había puesto en cuestión a través de la despoli-
tización de la economía, es decir, mediante la realiza-
ción del sueño de Hayek de mantener a la economía a
salvo de las decisiones político-democráticas (Brown,
2019; Streeck, 2017). Así, por ejemplo, las institucio-
nes supraestatales de la UE limitan seriamente la de-
liberación popular de sus naciones-miembros con res-
pecto a la política scal, económica y social (Streek,
2017, pp. 278-279).
Además de la despolitización de la economía,
el neoliberalismo trae consigo la economización de la
política, es decir, la expansión de la lógica empresarial
hacia la política misma. A esto llama Wendy Brown la
razón neoliberal y sostiene que su omnipresencia
[...] en el arte de gobernar y en el lugar de traba-
jo, en la jurisprudencia, la educación, la cultura
y una amplia gama de actividades cotidianas,
está convirtiendo el carácter político distintivo
[...] de la democracia en económico. Es posible
que las instituciones, prácticas y hábitos de la
democracia liberal no sobrevivan esta conver-
sión. (2015, p. 17)
Hoy, cuando escuchamos en los medios de
comunicación hegemónicos sobre los graves peligros
que presenta para la democracia liberal la “dere-
cha bruta y achorada”, hay que recordar que esta
también adquiere su impulso iliberal del avance del
neoliberalismo. Y cuando oímos que la izquierda
debe ser consciente de su debilidad y acercarse al
neoliberalismo progresista para al menos salvarnos
de los “monstruos de feria” antidemocráticos ultra-
derechistas, hay que contemplar que estos no son los
únicos monstruos.
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Notas
1 Pueden consultarse los nueve documentos de Ultra-Lab en https://ultra-lab.cl/index.
php.
2 Las traducciones presentadas en todo el artículo son propias.
3 La descripción de la ideología de la DRP en los párrafos siguientes se basa principal-
mente en Mudde (2019, pp. 57-75).
4 La descripción de los temas políticos centrales de la DRP proviene de Mudde (2019,
pp. 69-86).
5 Como lo sostiene Jorge Luis Duárez Mendoza (2024), este fue solo el primer momento
de su narrativa de fraude. El segundo fue cuando secundó las acusaciones de fraude
de Keiko Fujimori en la segunda vuelta y el tercero fue cuando, a través de los con-
gresistas de su partido, denunció una supuesta inscripción fraudulenta del presidente
electo Pedro Castillo.
6 Sobre el pueblo como constructo político que apuesta por la igualdad y la libertad,
véase Rancière (1996) y Balibar (2010).
7 Sobre el neoliberalismo como respuesta al capitalismo keynesiano, véase Jopke
(2021), Harvey (2015) y Rasmus (2020).
8 Sobre una amplia definición del neoliberalismo, cfr. Steger y Roy (2010). Y sobre la
lógica economicista del neoliberalismo, véase Brown (2015) y Davies (2014).
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