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Los desafíos de la
democracia en la región
César Ulloa-Tapia
Coordinador
MIRADA PÚBLICA
REPOSITORIO DIGITAL DEL IAEN
Dirección
Editorial
Agosto de 2024
Desafíos de la
democracia en la
región
CC BY—NC—ND
Esta licencia permite compartir, copiar, distribuir, eje-
cutar, comunicar públicamente la obra y hacer obras
derivadas.
321.8
D4415
Desafíos de la democracia en la región / César Ulloa Tapia, Israel Covarrubias,
Cristhian Gallegos, José Andrés Díaz González, Sindy Mora Solano, Natalia Angulo
Moncayo, Alejandro Molina, Horacio Palomeque-Rodríguez, Giuseppe Cabrera.
—1ª. ed.— Quito: Editorial IAEN, 2024.
123 p.; 15 x 21 cm
ISBN impreso: 978-9942-29-110-3
ISBN electrónico: 978-9942-29-111-0
1. Democracia. 2. Ciencias políticas. 3. Partidos políticos. 4. Populismo. 5. Fuerzas
Armadas I. TíTulo
Colección editorial
WORKING PAPERS
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)
Av. Amazonas N37-271 y Villalengua, esq.
Tel.: (593 2) 382 9900
Quito, Ecuador
www.iaen.edu.ec
Información: editorial@iaen.edu.ec
Dirección editorial: Bolívar Lucio Naranjo
Corrección de estilo: David Chocair Herrera
Diseño de portada e interiores: Gabriel Cisneros Venegas
Asistencia editorial: Cristina Salcedo Rodríguez
Impresión: Dirección Editorial del IAEN
Tiraje: 35 ejemplares
© IAEN, 2024
5
Índice
Personas autoras ..................................................................... 7
Presentación
Los desafíos de la democracia en la región ................................ 9
Bolívar Lucio
Las anomalías que enfrenta la democracia en el siglo xxi
César Ulloa-Tapia
1. Introducción ........................................................................ 17
2. Democracia en discusión ..................................................... 18
3. Anomalías que condicionan la democracia .......................... 21
4. El desempeño de las democracias en América Latina ............. 24
5. La democracia en cifras ........................................................ 26
6. Primeras conclusiones .......................................................... 29
7. Referencias bibliográficas ..................................................... 30
¿Democracia bajo fuego? Ética, desamparo y populismo en el
México actual
Israel Covarrubias y Cristhian Gallegos
1. Introducción ....................................................................... 33
2. Tres pistas esenciales ............................................................ 36
3. Privilegio frente a desventajas inmerecidas ............................ 38
4. ¿Una democracia en vías de autocratización? ........................ 43
5. La llegada de Claudia Sheinbaum ......................................... 48
6. Conclusiones ...................................................................... 50
7. Referencias bibliográficas ..................................................... 52
Grises y matices en la democracia costarricense a escala cantonal
José Díaz y Sindy Mora
1. Introducción ........................................................................ 55
2. La participación político-electoral en elecciones municipales . 57
3. ¿Por qué (no) votar en las elecciones municipales? ................ 60
4. Conclusiones ....................................................................... 66
5. Referencias bibliográficas ..................................................... 68
La política en tiempos de Twitter
Natalia Angulo
1. Aproximaciones ciudadanas a los conceptos sobre la web 2.0:
participación, conversación y democracia ............................. 71
2. De la opinión a la incidencia: nociones de una participación
tangible ............................................................................... 72
3. La ficción de la democracia .................................................. 76
4. Referencias bibliográficas ..................................................... 82
Consultas populares y referéndum en Ecuador (1978-2006)
Alejandro Molina
1. Introducción ........................................................................ 83
2. Pregunta de investigación, hipótesis y metodología ............... 84
3. Marco legal ......................................................................... 86
4. Referéndums, plebiscitos y consultas populares en Ecuador
(1868-2002) ........................................................................ 87
5. Discusión de resultados ....................................................... 91
6. Conclusiones ....................................................................... 93
7. Referencias bibliográficas ..................................................... 94
Guardianes del orden democrático: las Fuerzas Armadas en la
estabilidad política de Ecuador (1996-2016)
Horacio Palomeque-Rodríguez
1. Introducción ........................................................................ 97
2. Régimen democrático .......................................................... 99
3. Conclusiones ....................................................................... 107
4. Referencias bibliográficas: .................................................... 110
La globalización como causa de la crisis de la representación política
Giuseppe Cabrera
1. Introducción ........................................................................ 111
2. La representación política y su posterior crisis ....................... 112
3. La globalización desde una visión crítica ............................... 114
4. El auge del nacionalismo y del populismo en Europa ............. 118
5. Conclusión .......................................................................... 120
6. Referencias bibliográficas ..................................................... 122
7
Personas autoras
Bolívar Lucio
bolivar.lucio@iaen.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-1298-4947
César Ulloa
cesar.ulloa@iaen.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3631-7494
Israel Covarrubias
israel.covarrubias@uaq.mx
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6264-0204
Cristhian Gallegos Cruz
cgallegosc@institutomora.edu.mx
ORCID:https://orcid.org/0000-0002-1606-8734
José Andrés Díaz González
jose.diaz.gonzalez@una.ac.cr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6063-086X
Sindy Mora
sindy.mora.solano@una.ac.cr
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-6784-5532
Natalia Angulo Moncayo
natalia.angulo@iaen.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9293-1448
9
Presentación
Los desafíos de la democracia en la región
la discusión recienTe sobre democracia deja la impresión de que se
habla sobre un mundo que ya no es lo que era. Aunque el fin de las
dictaduras en países como Brasil, Panamá, Paraguay y Chile ocurrió
entre 1985 y 1990, las circunstancias actuales sugieren que el régimen
democrático no ha conseguido establecer un esquema de equidad y
libertades para la ciudadanía. Ecuador y República Dominicana fue-
ron los primeros de la región en convocar elecciones libres hace cua-
renta y cinco años, pero evidencias emergentes sugieren que el —otro-
ra esencial y distintivo— mecanismo de sufragio ya no es indicativo de
que la democracia funcione. Incluso para sistemas centenarios como
el estadounidense, de hecho, parece que disfunciona, que opera por
las razones equivocadas, que ha devenido un instrumento para el po-
der advenedizo. No es solo que hablamos de un mundo democrático
que no existe, sino de uno que ya no volverá a ser.
Este volumen de Mirada Pública aborda la problemática actual y
transversal de la democracia en un contexto de institucionalidad des-
gastada, escasez económica y despunte de inseguridad. Estos proble-
mas no resueltos han menoscabado la confianza tanto en los pro-
cesos como en los representantes de la democracia, de manera que
cualquier arreglo —aunque sea nacionalista o autoritario— aparece
preferible a los mecanismos políticos establecidos y normados. De
otra parte, los canales de comunicación y las formas en las que se
genera opinión han transformado los mecanismos de participación y
deteriorado aún más la relevancia de los partidos políticos; cualquier
persona se cree capaz (y con el derecho) de hablar y ocuparse de
asuntos que considera comunes (lo sean o no), porque los límites de
lo común son laxos en el espacio digital.
Bolívar Lucio
10
Los artículos presentados a continuación exponen acercamientos,
desde la ciencia política, a temas como la calidad de la democracia,
la globalización, los mecanismos de democracia directa, la inciden-
cia de las redes sociales en la política, la participación en sufragios a
escala local, el papel de las Fuerzas Armadas y la percepción/aproba-
ción de gobiernos populistas. El espectro de los trabajos revisa situa-
ciones en Costa Rica, México y Ecuador, siendo los enfoques tanto
cuantitativos como cualitativos.
El primer trabajo hace las veces de estudio introductorio. “Las
anomalías que enfrenta la democracia en el siglo XXI”, de César Ulloa-
Tapia, ofrece una mirada panorámica que incorpora los datos del
Latinobarómetro sobre lo que ha ocurrido con la democracia desde
el fin de la Guerra Fría. Fue también el fin del bipolarismo, la última
escena de un orden mundial que buscó terminar con los regímenes
totalitarios; no obstante, el autor señala que en América Latina “[las]
elecciones que pretendían ser transparentes, libres, competitivas,
universales, secretas, periódicas y observadas [no significaron] una
democracia ideal, pues los sectores excluidos económicamente, poco
o nada tuvieron las posibilidades de contar con una representación
efectiva política en los partidos”.
Los acuerdos de gobernabilidad fueron necesarios, pero nunca
fueron sostenibles. Su debilitamiento ha tenido repercusiones sobre
la representación en la medida que ni políticos ni partidos son vistos
como voceros de intereses o canales de participación. El autor se-
ñala que ese vacío da cabida a outsiders o personajes con repertorios
autoritarios o populistas que instrumentalizan los esquemas de la
democracia para instalar en el poder sus propios intereses. En efecto,
un sensible problema es que Trump llegó (y puede llegar de nuevo) al
poder mediante elecciones libres; Maduro, Ortega y Putin ‘ganan’ su-
fragios sobre contendientes anulados; partidos de extrema derecha
logran espacios en Europa y todo esto ocurre en marcos membreta-
dos como democracias. Por lo anterior, es razonable suponer que,
como escribe el profesor Ulloa, el problema no es “la democracia,
sino […] la insuficiencia de demócratas y una cultura política que no
cimenta los valores de este tipo de régimen político”.
Presentación 11
Los datos de Latinobarómetro brindan una idea de la situación
de la democracia en el subcontinente. Además, la perspectiva de este
trabajo revisa el intento de golpe de Estado en Bolivia, las moviliza-
ciones sociales y la represión estatal en Ecuador y Colombia, e incluye
menciones sobre lo que ocurre en la atmósfera de figuras como Milei
y López Obrador. Las cifras no son auspiciosas. Al problema señalado
al final del párrafo anterior, en una región tan desigual, se suma que
la población de ciudadanos demócratas están siempre dispuestos sa-
crificar derechos civiles y políticos por mejorar su situación de vida.
El siguiente aporte llega desde México. Israel Covarrubias y
Cristhian Gallegos, en “¿Democracia bajo fuego?: ética, desamparo y
populismo en el México actual”, confirman que la democracia ha ce-
dido espacios en los que esta podía concebirse como un principio o
noción significativa, comunicable, trascendente. Si bien la presiden-
cia de López Obrador es un hito relevante de transición en la política
mexicana, su “particular estilo de gobernar [que utiliza] la bandera
del populismo tanto en el ámbito retórico como en el gubernamen-
tal […] ha levantado polémica y serias dudas acerca de las cartas
credenciales del presidente en cuanto a su interés por mantener y
profundizar las modalidades de la democratización”. Es inusual que
un presidente sea tan popular al final de su mandato (con el 66%
solo está debajo de Bukele con el 88%) y que su partido haya ganado
cómodamente las últimas elecciones, cuando este éxito no corres-
ponde, en términos concretos, a los resultados de su administración
que expone notorios vacíos en los ámbitos de seguridad, combate a
la corrupción, salud, medioambiente y ciencia.
Los autores hablan de un “punto ciego” para referirse a una cir-
cunstancia que impediría ver la realidad del presidente, quien ocupa
espacios semanales para dirigirse a la ciudadanía y desde allí puede
ser inexacto (cuando no incongruente), nublando la contradicción
que existe entre la enorme legitimidad del mandatario, su movimien-
to y el discreto desempeño institucional. Las claves que ofrece este
trabajo tienen que ver con el pobre protagonismo de los partidos y
líderes tradicionales, junto al obradorismo que se muestra como una
alternativa antisistema y antigobierno. Asimismo, el desgastado statu
quo no es un blanco difícil para un “modelo de comunicación política
Bolívar Lucio
12
directa en el que prevalece la intención de cercanía con el pueblo
mediante declaraciones y gestos cotidianos [que rompen] jerarquías
y formalidades de la política y crea nuevas relaciones de poder”. Estas
relaciones son, de alguna manera, más inclusivas, pero ineficaces en
la construcción de estructuras que permitan el establecimiento de
una democracia plena.
Desde la Universidad Nacional de Costa Rica, José Andrés Díaz y
Sindy Mora envían “Grises y matices en la democracia costarricense
a escala cantonal”. La democracia de este país —junto con la uru-
guaya— es la más consistente y estable de la región; sin embargo, los
autores proponen que el descenso en la participación en comicios
municipales sería un indicador de un proceso de desgaste. A diferen-
cia de Ecuador o Brasil, esta nación centroamericana no dispone de
mecanismos institucionales que obliguen o inciten a participar en los
procesos electorales. No obstante, el hecho de que la democracia
haya quedado relegada a los eventos de sufragio parece agravarse si
las personas no muestran interés por participar en ellos.
Este artículo indica que el debilitamiento del bipartidismo y la
pérdida de confianza en las instituciones públicas —debido a su in-
eficiencia para resolver necesidades básicas de la población— pueden
ser la causa de la baja participación. Con el fin de aumentar la par-
ticipación, se propuso celebrar las elecciones municipales en fechas
distintas a los nacionales, brindar a las organizaciones políticas la
oportunidad de consolidar sus propuestas; asimismo, se ha tomado
en consideración el aumento del número de partidos y los cambios
en la demografía de los territorios. Sin embargo, ninguna de estas
variables se posiciona como la explicación satisfactoria y definitiva. El
abstencionismo, para el período estudiado (2002-2024), bordea (en
promedio) el 70%. Díaz y Mora señalan que variables como la cultu-
ra política del electorado podrían explicar los bajos niveles de involu-
cramiento. Por último, proponen que insistir en este tipo de análisis
podría traer buenos resultados en la medida en que los gobiernos
locales, por su cercanía, pueden identificar y resolver problemas de la
población de forma directa.
Presentación 13
La coordinadora general de Investigaciones del IAEN, Natalia
Angulo, muestra en “La política en tiempos de Twitter” cómo la par-
ticipación se ha disparado a partir del uso generalizado de redes so-
ciales. La primera exposición de una herramienta como el Internet
sugirió la posibilidad de que se derribaran muchas barreras comu-
nicacionales. Superado el espacio, simplificados los tiempos, poten-
ciada la accesibilidad y la noción de cierta horizontalidad inclusiva,
se pensó en una participación potenciada con evidentes beneficios
para la democracia. No obstante, la autora sugiere que esta partici-
pación multidimensional muestra la presencia de actores que ocupan
una escena mediática, se articulan a un espacio de lo público, mani-
fiestan sus opiniones mediante la circulación de conflictos y asumen
posiciones que replican intereses individuales o colectivos, sin que
este proceso signifique la construcción de un sentido consistente o
sostenible.
Por el contrario, “la mediatización de la política ha impactado
[…] los procesos de deliberación y análisis sobre los acontecimien-
tos de interés común. Los medios sociales se han convertido en bra-
zos propagandísticos de personajes públicos […] de la clase política
[que] han trasladado la atención hacia la espectacularización y el
drama”. La información se produce y consume a mucha velocidad sin
que intervengan otras consideraciones, contrastes, confirmaciones;
todas las personas sienten el derecho y la potestad de opinar, imagi-
nan que, desde esa palestra, su opinión se atiende y sopesa; pero lo
cierto es que se trata episodios que se posicionan, ejercen presión,
con frecuencia sin ningún fin práctico o constructivo y luego son re-
emplazados por otros episodios.
La autora sugiere que el resultado de lo anterior es una ficción de
la democracia o, mejor dicho, un tipo de democracia en un vaivén
que demanda ficción y realidad para sobrevivir en un entorno tan
cambiante. El uso de una herramienta como X (antes Twitter) in-
fla el debate hasta dimensiones que habrían sido inconcebibles hace
una década; no obstante, la multiplicación de detalles no aporta a
un fluido proceso de toma de decisiones. No todo es mera negativi-
dad, las potencialidades de la comunicación en tiempos de Twitter
aún no han sido aprovechadas de manera constructiva; es precisa la
Bolívar Lucio
14
intervención de los políticos que atiendan y discriminen la informa-
ción que reciben y que la ciudadanía canalice mensajes importantes
y perdurables.
“Consultas populares y referéndum en Ecuador (1978-2006)”, de
Alejandro Molina, examina otro mecanismo que traslada el discerni-
miento y decisión sobre un tema relevante del Gobierno a los votan-
tes. Son, en principio, válidos mecanismos de democracia directa;
pero también se han instrumentalizado como herramientas para eva-
luar la aprobación de la gestión presidencial. Con frecuencia, las pre-
guntas son confusas e incluso irrelevantes, porque las medidas sobre
las que se consultan podrían ser puestas en marcha por el Ejecutivo
sin mediaciones. En ese marco, la hipótesis de esta investigación es
que, a mayor aprobación de la gestión presidencial, mayor es el por-
centaje de aprobación positiva de las preguntas planteadas.
Se analizan los eventos de los años 1986 (referéndum constitu-
cional convocado por el presidente Febres-Cordero), 1994 y 1995
(convocados por el presidente Durán Ballén, el primero sobre temas
económicos y el segundo sobre asuntos políticos y económicos),
1997 (cuando el presidente interino Alarcón propuso reformas elec-
torales y llamó a una Asamblea Constituyente), y 2006 (del tam-
bién interino presidente Palacio que consultó sobre temas sociales).
Febres- Cordero y Durán Ballén1 tenían una aprobación por debajo
del 30% y sufrieron reveces. Alarcón y Palacio fueron designados en
transiciones de poder irregulares luego de la destitución de Bucaram
y Gutiérrez, de forma respectiva. El primero gozaba de una aproba-
ción apenas debajo del 70% (que era más bien el envés del recha-
zo al presidente saliente) y previsiblemente gana la consulta con un
porcentaje similar: 62%. Palacio llega a la presidencia para salir de
la crisis, pero no había resuelto los problemas que apuntalaban la
inestabilidad; su aprobación era la más baja de los casos estudiados
(un 23%), el Congreso bloqueaba su gestión y las preguntas de esa
consulta eran, como dice el autor, “trivialmente aceptables” por lo
que gana en el contexto del balotaje en el que resultó electo Correa.
1 En la consulta de 1995 perdió en todas las preguntas. El proceso de 1994 trajo resultados
variados.
Presentación 15
Horacio Palomeque examina en “Guardianes del orden demo-
crático: las Fuerzas Armadas en la estabilidad política de Ecuador
(1996-2016)” el papel de esta institución en la sucesión de los regí-
menes democráticos. Para examinar este rol, el autor revisa concep-
tualizaciones de democracia y se adscribe a la percepción general de
que las FF.AA. ecuatorianas gozan de aceptación pública y no han
incurrido en los excesos que marcaron los países del Cono Sur. Este
estudio se vale del contraste entre la noción de democracia y el papel
de los uniformados para “comprender cómo las Fuerzas Armadas
[interactúan] con las instituciones democráticas y han influido en la
calidad de la democracia en Ecuador.”
Palomeque muestra que el marco legal —es decir, que los militares
no puedan ser candidatos a dignidades, que su derecho al voto sea
facultativo y su sujeción a la autoridad civil— crea circunstancias ade-
cuadas para que sus actividades se adscriban a la protección de la so-
beranía, de derechos y libertades, así como de elecciones justas. Los
resultados de este artículo muestran que Ecuador vive (aunque débil
e imperfecto) un régimen democrático y que el arreglo normativo ha
suscitado que las FF.AA. (como en las caídas presidenciales entre
1997 y 2005) no abarcaran más espacios de poder que los necesarios
para retornar al frágil equilibrio.
Por último, Giuseppe Cabrera propone una entrada teórica para
preguntar si la globalización incide en la crisis de la representación
política. Este fenómeno no es la única causa, pero el autor muestra
que aspectos relacionados con la globalización, como la “desterrito-
rialización del Estado, entendida como pérdida de soberanía estatal,
la crisis económica y financiera de 2008 y el auge de los nacionalis-
mos y los populismos”, pueden entenderse como factores de la crisis.
El artículo reconoce que el desmantelamiento del estado de bienestar
(como resultado de las dinámicas de las finanzas neoliberales), la
consecuente incapacidad de las instituciones públicas de responder
a las necesidades y el incremento de la desconfianza ciudadana en
ellas, provocan la emergencia de otras instancias que captan la aten-
ción de las personas.
Bolívar Lucio
16
El autor propone que las nuevas instancias no se han construido
como vehículos que canalicen opiniones; en estas no convergen di-
versidades con el fin de organizar la discusión y la convivencia. Más
bien, son efecto del mundo desterritorializado y de la presión externa
y, por ello, no aptas para resolver problemas próximos. Al contrario,
una distorsionada representación recae en partidos de extrema de-
recha, populistas y nacionalistas que procuran moverse en dirección
opuesta a la globalización, solo que sin ningún fin constructivo, pues
las necesidades no se resuelven, se disparan la xenofobia y el aisla-
miento y el discurso de los líderes es utilitario.
Los problemas de la democracia que estos documentos abordan
evidencian que el trayecto entre los primeros ensayos de la humani-
dad para encontrar los mejores mecanismos e instituciones para el
gobierno ha quedado atrás. Los patrones de la representación y de
las instituciones, la profesionalización de los políticos y la empatía
de los ciudadanos respecto de la participación democrática, parecen
haberse dislocado debido a que los espacios de la política se han, al
mismo tiempo, expandido y difuminado. En un mundo nuevo en el
que todo parece relativo, el estudio de los desafíos de la democracia
puede ser el primer paso hacia su reconstitución. Esperamos que lec-
tores y lectoras encuentren esta propuesta interesante y que sus ideas
nutran el debate académico y empiecen a fundamentar una demo-
cracia futura que brinde los mayores beneficios posibles.
Bolívar Lucio
Director de Editorial del IAEN
17
Las anomalías que enfrenta
la democracia en el siglo xxi
César Ulloa-Tapia1
1. Introducción
a parTir de la tercera ola de democratización (Huntington, 1993) y
después del fin de la Guerra Fría, la satisfacción acerca de la demo-
cracia ha decrecido y de eso, precisamente, se trata este artículo. Este
documento enfatiza las anomalías del sistema político y sus condi-
cionamientos en el desempeño de la democracia. Por anomalía se
entiende el “defecto de forma o de funcionamiento” según la segun-
da acepción de la Real Academia de la Lengua Española. Al hablar en
plural de anomalías se propicia un desafío mayor, debido a los múl-
tiples problemas que atraviesa la democracia, indistintamente de su
edad, ubicación geográfica y de las variantes de los sistemas políticos
en los que se implementa.
En la actualidad, diferentes listados y encuestas posicionan a los países
en términos de mayor, mediana o menor tradición democrática, así como
por sus tipos, calidad (Levitsky & Way, 2004) y resiliencia. Aquí se tomarán
en cuenta también algunos elementos que —si bien no provienen de la ciencia
política— condicionan la satisfacción de la democracia, como por ejemplo,
aspectos sociales, económicos y culturales. Ninguna democracia está exenta
de que alguna anomalía condicione su desempeño.
Este artículo repasa la literatura acerca de la democracia e incorpora los
datos del Latinobarómetro sobre el tema para ampliar la interpretación del
fenómeno en estudio desde una perspectiva cualitativa. Se pone especial én-
fasis en el análisis de Latinoamérica. Al final, se presenta un conjunto de
conclusiones con el objetivo de continuar el debate.
1 Vicerrector del IAEN.
César Ulloa-Tapia
18
2. Democracia en discusión
Con la finalidad de delimitar la
discusión respecto de la demo-
cracia, se parte de la siguiente
definición, sin que ello excluya
o desconozca los aportes prove-
nientes de otras vertientes de las
ciencias sociales.
Sigo la perspectiva de análisis
que considera los derechos civiles
y políticos como elementos cons-
titutivos de la democracia (Bob-
bio, 1985; Dahl, 1991; Przewors-
ki, 1998; Linz, 1993; O’ Donnell,
2010). Por estos derechos me re-
fiero a las libertades de opinión,
expresión, elección, pensamien-
to, prensa, participación, entre
las más importantes. Estos dere-
chos se concretan por medio del
concurso de un conjunto de ins-
tituciones y reglas del juego en
un marco del Estado de derecho
(Ulloa-Tapia, 2017, p. 8).
Cuando se habla de la demo-
cracia como un tipo de régimen, se
plantea una visión amplia que inte-
gra principios, derechos, deberes, re-
glas, instituciones, actores y también
la cultura política. Por tanto, es un
entramado de alta densidad y pro-
fundidad que no se reproduce de la
misma manera en todos los países en
los que se encuentra. Es decir, si bien
hay una democracia planteada en
concepto, la población no siempre
traza un puente consistente hacia la
práctica cotidiana; eso se observa,
en mayor medida, en quienes hacen
de la política su oficio desde diversos
roles y funciones. Tampoco se puede
culpar de todos los males a la demo-
cracia, pues esta tiene sus limitacio-
nes (Przeworski, 2010).
La tercera ola de democratiza-
ción evidenció el fin de las dictadu-
ras militares, gobiernos fascistas y
autoritarismos, y se produjo en di-
versas modalidades de transición
(
O’Donnell
, 1989) en diferentes lu-
gares en el mundo. La mayoría de
países implementaron elecciones
que pretendían ser transparentes,
libres, competitivas, universales, se-
cretas, periódicas y observadas. Por
tanto, se diluyó el poder de las bayo-
netas en alianza con los poderes de
facto; no obstante, este hecho tam-
poco significó una democracia ideal,
pues los sectores excluidos econó-
micamente poco o nada tuvieron
las posibilidades de contar con una
representación efectiva política en
los partidos, tanto en los tradiciona-
les como en aquellos que se crearon
después.
En pocas democracias se propi-
ciaron acuerdos nacionales que, si
bien en su momento tuvieron efec-
tos positivos y duraderos, tampo-
co fueron revisados y actualizados
con las demandas de la población
Las anomalías que enfrenta la democracia en el siglo xxi 19
con el tiempo, como el Pacto de la
Moncloa en España, los acuerdos
de la concertación en Chile, el Pacto
Naval en Uruguay y el pacto de la
Casa de Olivos en Argentina, entre
los más estudiados. El diseño, la
implementación y la evaluación de
los acuerdos hubiese sido favorable
para el fortalecimiento de los proce-
sos democráticos, porque el diálo-
go se convierte en el eje vertebrador
de la convivencia pacífica y permite
una visión de país a largo plazo con
la integración de la mayoría de los
sectores.
Los acuerdos amplios responden
a diseños institucionales y reglas de-
mocráticas ligados a la cultura polí-
tica, es decir, a los valores que tiene
la ciudadanía respecto de su relación
interpersonal, con las instituciones y
sus autoridades. Las instituciones es-
tán hechas por las personas, quienes
perpetúan, modifican o sustituyen
las reglas del juego. Estas mismas
personas se encargan de diseñar ins-
tituciones inclusivas que “se basan
en limites que se ponen al ejercicio
del poder y en una distribución plu-
ralista del poder político en la so-
ciedad, consagrada en el Estado de
derecho” (Acemoglu & Robinson,
2012, p. 362). En este sentido, tam-
bién habría que identificar qué fac-
tores inciden en el éxito de institucio-
nes inclusivas y el rol de los actores.
La falta de una efectiva represen-
tación política que actúe en función
de acuerdos devino en una crisis de
los partidos y las consecuencias in-
mediatas fueron y son la emergen-
cia de outsiders y populistas (Díaz
González et al., 2022), así como
ciertas anomalías para la democra-
cia en las figuras de autoritarismos
(Levitsky & Way, 2004), nuevas
modalidades de dictadura y golpes
(Pérez-Liñán, 2009). La crisis de los
partidos es global, sobre todo de los
tradicionales, incluso en sistemas
bipartidistas tan sólidos como el es-
tadounidense, en el que incluso se
planteó la idea de muerte de la de-
mocracia (Levitsky & Ziblatt, 2018)
con la elección de Donald Trump en
2017, debido a las transgresiones de
este mandatario a los derechos civi-
les, de movilidad humana y las liber-
tades de expresión, opinión y prensa.
Ahora, está en disputa de nuevo la
elección en EE.UU.
Los partidos políticos juegan un
papel decisivo en la democracia,
pues son la correa de transmisión
entre el Estado y la sociedad; sin em-
bargo, cuando llegan al poder, así
como cuando están en oposición, no
han logrado plantear un modelo de
sostenibilidad económica posterior
a las épocas de bonanza y, peor aún,
gestionar las recurrentes crisis que,
en muchos de los casos, llegaron
César Ulloa-Tapia
20
como estornudos globales finan-
cieros, hipotecarios y un proceso
permanente de reconfiguración del
poder pos Guerra Fría (China, Rusia,
Unión Europea, EE.UU.). Esta ano-
malía ha generado inestabilidad po-
lítica. Es así como la relación entre
economía y política parecería indiso-
ciable si se trata de conocer la satis-
facción de la democracia por parte
de la población en cualquier país.
Una fuente de inestabilidad ins-
titucional es la alta periodicidad
de turbulencias económicas. La
presión para el cambio institu-
cional surge cuando una modi-
ficación en el entorno altera el
impacto de una regla, lo que es
más probable en regiones que,
por sus economías no diversifi-
cadas y su dependencia respecto
de los recursos naturales y el fi-
nanciamiento externo, están más
expuestos a estas crisis (Murillo
et al., 2021).
Hasta el momento, se pueden
identificar varios elementos que
condicionan la aceptación y sa-
tisfacción por la democracia: cri-
sis de representación, declive de
los partidos políticos, insuficiente
y precaria agencia de los actores
políticos que gobernaron para ad-
ministrar la bonanza económica y
superar las crisis (Przeworski, 2022;
Rosanvallon, 2015). Sobresale, en
el caso de América Latina, el fraca-
so del Consenso de Washington y el
fin del boom de las materias primas
y el alto costo de los hidrocarburos,
gas y petróleo. Las consecuencias
inmediatas fueron y son dos: la po-
blación busca nuevas alternativas
que resuelvan sus problemas y para
ello no interesa que la propuesta
provenga de una dimensión políti-
ca nueva y desconocida y, por otra
parte, el populismo vuelve a hacer lo
suyo en una suerte de eterno retorno
con personajes que hacen las veces
de mesías salvadores (Díaz González
et al., 2022).
En este mismo orden de ideas,
la incapacidad de los gobiernos de
turno para resolver las crisis econó-
micas devino en dos momentos di-
ferenciados para América Latina: la
puesta en escena de gobiernos au-
todenominados progresistas en un
contexto de boom de sus economías
(fines de la década de 1990 y las dos
primeras del 2000) (Arditi, 2009;
Castañeda, 2006; Cleary, 2006), y,
por otra parte, la imposibilidad de
mantener sus propuestas para ges-
tionar las crisis, lo que suscitó un
ambiente político con gobiernos de
otro signo ideológico. No se trata
de comprender esta situación como
un péndulo, sino más bien de que
la población vota por personas que
Las anomalías que enfrenta la democracia en el siglo xxi 21
ofrecen resolver sus problemas sin
importar su carga ideológica.
Los efectos alrededor de estos
dos fenómenos son la nostalgia por
los líderes que ampliaron los efectos
positivos de la bonanza económica
al mayor número de personas y, por
otra parte, la encrucijada de girar
la votación a gobiernos de signos
ideológicos distintos en una época
en la que no hay recursos, y que he-
redaron los efectos de las políticas
económicas del Socialismo del Siglo
XXI. Estos casos se evidenciaron en
Ecuador, Bolivia y Argentina, pese a
que los dos primeros sucedieron en el
cargo a sus mentores: Rafael Correa
y Evo Morales, Lenín Moreno y Luis
Arce. Para Argentina, la sucesión
distinta al kirchnerismo se produjo
en dos momentos, Mauricio Macri
(2015-2019) y Javier Milei (2023).
3. Anomalías que
condicionan la democracia
La democracia tiene una cuali-
dad que le distingue a otro tipo
de régimen político: incluye al
mayor número de actores y orga-
nizaciones en la contienda polí-
tico-electoral. Incluso, incorpora
propuestas, actores y partidos
que la ponen en peligro como
los autoritarismos y los popu-
lismos. Son estas mismas mani-
festaciones las que explotan la
democracia a su favor para par-
ticipar en elecciones y proponer
otro tipo de democracia, aunque
sea un contrasentido. Es decir,
utilizan las libertades de opinión
y expresión para denostar a la
misma democracia. Pese a sus
intentos de fomentar otra demo-
cracia que no se liberal, no han
logrado configurar una propues-
ta contundente. No obstante,
resulta contraproducente que,
en varios casos, la mayoría de la
población esté de acuerdo con
estas manifestaciones.
En los casos de EE. UU., varios
países de América Latina y Europa,
los líderes que disputan el poder, en
el marco de la democracia liberal,
han transgredido los derechos civiles
y políticos (Levitsky & Ziblatt, 2018).
Donald Trump, en su momento, ata-
có a la prensa, estigmatizó y colocó
a los emigrantes como enemigos
(Ramírez, 2020) y refundó una doc-
trina nacionalista y proteccionista
contraria a la globalización. Para el
caso de los gobiernos progresistas
de América Latina, se evidenciaron
señales marcadas de populismo y
autoritarismo, debido a una estra-
tegia de polarización, redención del
mesías y el ataque a las institucio-
nes tradicionales de la democracia
(Ulloa-Tapia, 2020). En Europa, la
emergencia de los partidos y líderes
César Ulloa-Tapia
22
de ultraderecha advierte del relativo
éxito de los nacionalismos y el debili-
tamiento de los partidos tradiciona-
les que no supieron innovarse en co-
rrespondencia con un mundo nuevo
(Akkerman, 2018), sobre todo des-
pués de la pandemia. Estos partidos
en emergencia también prometen
mejores días en lo económico a la
población (Patkós, 2022).
En América Latina se registran ca-
sos extremos, como los de Venezuela
y Nicaragua, que devinieron en dic-
taduras, pese a que se autoprocla-
man como democracias plenas.
Los regímenes de Nicolás Maduro y
Daniel Ortega han transgredido los
principios de cualquier democracia,
incluso las que están en mal estado
(Martí i Puig & Mateo, 2021). No se
han producido en estos países elec-
ciones libres y competitivas, además
de que es constante criminalizar a la
oposición e implementar un mono-
polio de la verdad con el control de
la opinión pública. Existe una alian-
za civil y militar, en la que las fuerzas
armadas tienen más protagonismo
en las decisiones de los Estados. Los
principales opositores no se pueden
presentar a elecciones, debido a que
la justicia y los organismos electora-
les los han descalificado. Las eleccio-
nes que se han efectuado en estos
dos países excluyen a los principales
personajes de la oposición y limitan,
dentro de sus propios partidos, la
posibilidad de emergencia de otros
cuadros políticos. Para desvirtuar,
dentro y fuera, las acusaciones en su
contra, se producen elecciones, se
lleva a cabo campañas políticas y se
proclaman resultados. En la prensa
se ha llegado a parodiar que en estos
países se conocen los resultados an-
tes de las elecciones.
El problema no es de la demo-
cracia, sino más bien la insuficiencia
de demócratas y una cultura política
que no cimenta los valores de este
tipo de régimen político. Usualmente
se produce una especie de trade off,
la población sacrifica los derechos
civiles y políticos por mejorar su si-
tuación de vida a cuenta de que al-
guien propone orden, pan, vivienda y
progreso. Al final, no se resuelven los
problemas de la población, más bien
se agudizan. En ese sentido, cuando
no hay una cultura democrática, la
gente justifica los ataques a la pren-
sa, la empresa, las organizaciones de
la sociedad civil si, entre comillas,
mejora su condición de vida. La ano-
malía es la inconsistencia en los va-
lores democráticos sobre cualquier
práctica electoralista.
En cuanto al populismo, las elec-
ciones que se producen en los países
donde triunfa evidencia que la ma-
yoría de la población opta mayori-
tariamente y en algún momento por
Las anomalías que enfrenta la democracia en el siglo xxi 23
los líderes mesiánicos, carismáticos,
demagógicos y que introducen en
su relato discursos contrasistémi-
cos, polarizadores y que reivindican
el pueblo, capitalizando el mal ren-
dimiento social y económico de los
gobiernos que les anteceden (Ulloa-
Tapia, 2020). Es decir, los populistas
llegan al poder con el favor electoral
del pueblo y apegados a las reglas
electorales de la democracia liberal.
Al final de su mandato no logran im-
plementar algo diferente a la demo-
cracia y más bien ahondan los pro-
blemas institucionales (Ulloa-Tapia,
2021).
La democracia alienta, defiende y
promueve las libertades de opinión,
expresión y prensa; sin embargo, la
fuerte irrupción e innovación perma-
nentes de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC), en
un contexto inevitable de avance de
las telecomunicaciones, ha provoca-
do un flujo incuantificable de infor-
mación que acrecienta dos fenóme-
nos: la posverdad y la polarización
(Ponte Torrel, 2022; Umpierrez De
Reguero et al., 2022). Para el primer
caso, la democracia está asechada
todo el tiempo, debido al relativismo
de los hechos y las opiniones, puesto
que cada quien defiende su punto de
vista como una verdad acabada, por
lo cual, no hay consenso acerca de
un relato. Entonces, cada quien de-
fiende y se queda con su verdad.
Por el otro lado, la discusión en
las redes sociales no encuentra un
equilibrio, ya que la conquista de los
extremos está en disputa de los in-
ternautas (Waisbord, 2020), ahora
facebookers, tiktokers, instagramers. La
vieja tesis de que la política se hace
entre amigos y enemigos (Schmitt,
1999) está completamente vigente,
pero ahora en el espacio virtual. La
polarización es una realidad y se ex-
presa en grupos a favor de varias cau-
sas: pro y contra del aborto, a favor y
en contra del matrimonio del mismo
sexo, conservación frente a explota-
ción de la naturaleza, nacionalismos
frente a políticas afirmativas para los
emigrantes, entre las más relevantes.
El asecho a la democracia es
evidente, debido al relativismo de
la verdad o posverdad, el sensacio-
nalismo de los hechos, la cosmeto-
logía de los personajes políticos y el
mercadeo electoral que convierten a
los políticos en productos, muchas
de las veces desechables. Además, se
observa en el mundo que los líderes
tradicionales de la política son susti-
tuidos por personajes que gozan de
altos niveles de popularidad, acepta-
ción y carisma. El juego de la disputa
política se ha trasladado a las redes
sociales, ya no a las calles y plazas,
de ahí que el concepto de ágora esté
César Ulloa-Tapia
24
vaciado de sentido. A ello habría que
añadir el fracaso de las elites en mu-
chos países, pues no hay una orien-
tación respecto de hacia dónde nos
conducen las políticas económicas,
sociales y culturales.
No obstante, la democracia tam-
bién está asediada por el desem-
peño económico de los países que
enfrentaban problemas antes de la
pandemia y que no han logrado me-
jorar sus indicadores después de este
fenómeno; si bien la democracia no
es un modelo económico, la satis-
facción en la calidad de vida de las
personas afecta su calificación. Para
muestra lo siguiente: “[…] América
Latina y el Caribe es la región más
desigual del mundo. El 10 % más
rico de la población tiene en prome-
dio ingresos 12 veces mayores que el
10% más pobre. El promedio para
países desarrollados en la OCDE es
de 4 veces. Además, uno de cada
cinco habitantes de América Latina y
el Caribe es clasificado como pobre”
(Bachelet, 2024, párr. 1).
Los exiguos resultados económi-
cos de los gobiernos de turno afec-
tan su imagen en términos políticos,
lo que menoscaba, de manera pro-
gresiva, la aprobación y satisfacción
en la democracia. Parecería que la
población no distingue entre el sig-
nificado de la democracia con la ges-
tión gubernamental. Por otra parte,
se impulsa una democracia social
para que los mecanismos de redis-
tribución de los ingresos y la riqueza
mejoren las condiciones de vida de
la población.
4. El desempeño de las
democracias en América
Latina
El 27 de junio, el mundo rechazó
la intervención militar en Bolivia
en contra del gobierno consti-
tuido del presidente Luis Arce.
Inmediatamente, los manda-
tarios de la región, organismos
internacionales y la comunidad
internacional respaldaron al jefe
de Estado y repudiaron a los im-
plicados. A días de este evento, el
análisis se ubica en una zona de
porosidad, debido a la falta de
elementos respecto de la relación
entre los militares que propicia-
ron este hecho y el Gobierno.
Indistintamente de las conjeturas
y ulteriores evidencias (golpe y
autogolpe), la realidad demues-
tra la fragilidad de la democracia
de este país. El fantasma de los
cuarteles sigue presente en nues-
tra región.
Lo que sucedió en Bolivia no es
una situación aislada en América
Latina, pues países como Perú y
Ecuador atraviesan dificultades que
Las anomalías que enfrenta la democracia en el siglo xxi 25
delatan las inconsistencias de sus
sistemas políticos (Alcántara, 2019).
En ambas naciones se evidencia un
sistema multipartidista fragmenta-
do, con la presencia del fantasma
electoral de los expresidentes Alberto
Fujimori y Rafael Correa, encausa-
dos por la justicia. Desde las inves-
tigaciones a la empresa Odebrecht y
su injerencia en la región (Morales &
Morales, 2019; Yuhui, 2021), en es-
tos dos países se han involucrado a
varios gobiernos y actores políticos
en una red de corrupción que salpica
a todas las funciones del Estado y los
niveles de gobierno. La red no termi-
na de conocerse, debido a su ampli-
tud y profundidad. La consecuencia
más inmediata es la descalificación
del sistema político, partidos y sus
actores.
Países como Colombia, Chile y
Ecuador no terminan de procesar los
efectos de las protestas que se desa-
rrollaron en 2019 y que, en algunos
casos, se extendieron al 2020. En
Ecuador, el ciclo de protesta incluso
fue mayor en tiempo y pérdidas du-
rante el año 2022. En los tres países,
las personas expresaron su rechazo
contra el modelo económico e inclu-
so se dio paso a la posibilidad de un
nuevo pacto social con la redacción
de nuevas constituciones. En Chile,
el proceso no tuvo los resultados
esperados, por tanto, el presidente
Gabriel Boric, principal impulsor de
esta iniciativa, ahora es un damni-
ficado político. Entre los efectos de
las protestas en Colombia en contra
del gobierno de Iván Duque se pro-
dujo la elección de un presidente de
izquierda por primera vez, mientras
que, en Ecuador, la acumulación de
hechos devino en la disolución de la
Asamblea, el llamado a elecciones
anticipadas y el cumplimiento de un
período corto para un mandatario
transitorio y que gobierna el tiempo
para el cual fue elegido su antecesor.
En Argentina, a 41 años de la tran-
sición a la democracia, el clima de
polarización política expresa la ten-
sión entre las funciones Ejecutiva, el
Congreso y el Senado, la que se acre-
cienta por un gobierno que rechaza
el peronismo y se desmarca de la nos-
talgia del kirchnerismo. Javier Milei,
su presidente, propone un modelo
liberal que se va en contra del asis-
tencialismo estructural del Estado.
En Centroamérica, México eligió por
primera vez a una mujer como pre-
sidenta, Claudia Sheinbaum, quien
continuará las políticas de su antece-
sor, Andrés Manuel López Obrador.
Periódicamente, el PRI se ve debilita-
do y se abre paso a un sistema polí-
tico nuevo.
Existe un común denominador
en estos países que afecta la calidad
de la democracia: la inseguridad,
César Ulloa-Tapia
26
debido el asedio del crimen transna-
cional organizado y sus bandas por
el control del ciclo de producción,
comercialización y venta de la droga
en contubernio con la delincuencia
común. En esta época, los enemigos
de la democracia dejaron de ser solo
las dictaduras y los poderes de facto.
Los actuales adversarios son los car-
teles de la droga y todos los negocios
que giran a su alrededor. En ese sen-
tido, la inseguridad condiciona las
libertades y los derechos de los ciu-
dadanos, porque el Estado no pue-
de garantizar la paz, la movilidad, el
desarrollo normal de las actividades
económicas, así como otras que im-
piden la educación, el buen gobier-
no, el acceso a la justicia, entre los
más importantes. La lucha contra la
inseguridad ubica al presidente sal-
vadoreño Nayib Bukele entre los de
mayor aceptación en el mundo.
La narcopolítica fustiga a la de-
mocracia, pues los gobiernos de va-
rios países pierden el control, parcial
o medianamente, del Estado, ya que
la disputa por el poder político no
está solo en los partidos, sino tam-
bién en los grupos ilegales que pre-
tenden intervenir las instituciones a
su favor, como la justicia, la policía y
las fuerzas armadas ((Nieto, 1995).
El sistema electoral de países como
Colombia, México, Ecuador y Bolivia
enfrenta problemas para determinar
el origen y financiamiento de los
partidos y sus candidatos. No deja
de ser un desafío conocer el origen
de los recursos de campañas políti-
cas millonarias sin ninguna relación
con la capacidad de inversión de los
competidores políticos.
En Latinoamérica, Uruguay y
Costa Rica siguen siendo los países
mejor calificados en términos de des-
empeño democrático, debido a la
fortaleza de sus instituciones políticas
en la defensa, promoción y vigilan-
cia de los derechos civiles y políticos,
indistintamente de los gobiernos de
turno. No se registran interrupciones
al orden constituido, las elecciones se
celebran en estricto apego a la igual-
dad de condiciones de los actores y
se impulsan políticas orientadas a la
progresividad de las libertades y un
acuerdo social de cumplimiento de
deberes. Esto no significa una ideali-
zación de ambos, pero sí el recono-
cimiento de su resiliencia, a pesar de
que los partidos tradicionales han
perdido el protagonismo de antaño.
5. La democracia en cifras
Para el análisis de lo que ha su-
cedido en Latinoamérica en ma-
teria de democracia, las causali-
dades y los efectos en términos
de satisfacción, se tomará como
fuente de información la serie
de datos del Latinobarómetro
Las anomalías que enfrenta la democracia en el siglo xxi 27
desde el año 1995 hasta 2023.2
Si bien, al inicio de este capítulo
se menciona que la democracia
es un tipo de régimen político,
tampoco se excluye el hecho de
que los gobernantes de turno, en
el marco de las libertades, eligen
un modelo económico y esta de-
cisión podría incidir en la satis-
facción con la democracia, pues
a mejor calidad de vida de las
personas, probablemente mayor
satisfacción con la democracia.
Pero tampoco es una conclusión
definitiva.
Desde el inicio de la serie del
Latinobarómetro hasta 2023, se
observa un descenso en la satisfac-
ción con la democracia. En 1995,
el 38,4 % de personas consultadas
respondieron estar muy satisfe-
chas y más bien satisfechas con la
democracia. Para 2023, esta cifra
cayó al 28,1 %. Hay un descenso
de 10 puntos. En 1995, apenas el
11,5 % de la población entrevista-
da por el Latinobarómetro respon-
día que la situación económica era
entre muy buena y buena, mientras
que para 2023 la cifra es similar, el
11,9 %. Este dato evidencia la im-
posibilidad de los gobiernos para
2 Debido a que la serie del Latinobarómetro
inicia en el año 1995, en el transcurso del
tiempo se incluyeron países y además nue-
vas preguntas en correspondencia con la
coyuntura.
mejorar las condiciones de vida de
la población en un período de tiem-
po marcado por varios momentos:
fin de la Guerra Fría, Consenso de
Washington, la marea rosa o emer-
gencia de los gobiernos autodeno-
minados progresistas, crisis de las
hipotecas en EE.UU., la elección de
presidentes herederos del fin de la
bonanza económica provocada por
el alto precio de los hidrocarburos y
las materias primas, la pandemia y
sus coletazos.
En estos momentos, el desempe-
ño económico en los países fue di-
ferente. Sin embargo, la generalidad
evidencia crisis económicas recurren-
tes, como en Argentina y Ecuador,
por citar casos que reportan dos eva-
luaciones distintas de satisfacción
con la democracia. En el primero,
el 36,8 % de las respuestas arrojan
como resultado muy satisfecho; el
segundo caso, más bien satisfecho
muestra un porcentaje de 11,8%.
El desempeño de las élites eco-
nómicas, políticas e intelectuales po-
dría incidir en la satisfacción con la
democracia. Las primeras juegan un
papel protagónico en la generación
de riqueza, empleo e ingresos, inclu-
so en el rol de poderes de facto. Las
segundas y terceras condicionan las
preferencias electorales, ideológicas
y culturales. No obstante, no siem-
pre se produce una alineación de las
César Ulloa-Tapia
28
élites en consecución de un proyecto
más amplio. Sobre la base de este
antecedente, desde 1995 hasta 2023
no ha cambiado la respuesta en el
Latinobarómetro de que los países
están gobernados por grupos pode-
rosos en su propio beneficio. La cifra
varía entre el 70,8% al 72,1%. Sin
embargo, esta respuesta abre la ex-
ploración acerca de la relación entre
los políticos y quienes podrían ser
percibidos como poderosos en los
países. La respuesta acerca de dónde
está el poder y cómo se administra
brinda mayores pistas para una ex-
plicación integral del funcionamien-
to de la democracia.
Respecto de las instituciones que
garantizan la democracia, la situa-
ción no es alentadora, por cuanto la
confianza, entre algo y mucha, en los
partidos políticos era del 26,3 % al
1995 y al 2023 se ubica en el 15,7%.
Eso explica la crisis de representación
que viene de procesos de declive de
los sistemas de partidos, el fin de los
bipartidismos, la configuración de
sistemas multipartidistas fragmenta-
dos, la emergencia de outsiders desde
fines de las décadas de 1990 y el re-
torno de los populismos de cualquier
cuño ideológico. El mercadeo electo-
ral, las estrategias de comunicación
política en las redes y la “faranduli-
zación de la política” ha influido en
este fenómeno. Pero la responsabili-
dad no es única de los políticos, sino
también de una ciudadanía que está
fatigada e incrédula del cambio en
sus condiciones de vida. Apenas el
68,8% tiene interés en la política.
Lo propio ocurre con la justi-
cia, pues desde 1995 se pasó de
tener ninguna y poca confianza en
un 60,1 % al 68,7 % en 2023. La
corrupción, la impunidad y la pene-
tración del narcotráfico en la políti-
ca y en las instituciones del Estado
han vaciado de sentido a una de las
funciones más importantes de la
democracia. El impacto de los casos
de Odebrecht y el financiamiento
ilegal de la política son los factores
más evidentes de impacto negativo.
Los congresos nacionales atraviesan
su peor momento, pues al año 2023,
el 72,7 % responde que tiene poca
confianza y ninguna en la principal
función de un Estado democrático;
no obstante, esta cifra era del 58,2 %
en 1995. Las libertades de expresión,
opinión y prensa tienen un retroceso
en sus garantías, pues se pasó del
37,1% en 2007 al 45,3% al año
2023. Por último, la inseguridad es
identificada como el tercer problema
más importante, con el 13,2%. En pri-
mer lugar, se encuentra el desempleo
y le siguen los temas económicos.
Las anomalías que enfrenta la democracia en el siglo xxi 29
6. Primeras conclusiones
La democracia enfrenta nuevos
enemigos, tanto internos como
externos. Entre los últimos se en-
cuentra la delincuencia global or-
ganizada que pretende controlar
el Estado. En algunos casos, bus-
ca someterlo, y en otros, conver-
tirlo en un narco-Estado. Una de
sus estrategias consiste en infiltrar
dinero ilícito en las organizaciones
políticas, sobre todo en períodos
electorales. En este mismo contex-
to, la banalización de la política es
otro enemigo, pues vacía el debate
público y sustituye a los políticos
por actores que intentan mostrar-
se ante la población como nuevos
productos electorales.
La incapacidad de las élites en la
conducción económica de los países
ha afectado la credibilidad, acepta-
ción y satisfacción en la democracia.
Como un efecto de bola de nieve, este
fenómeno ha afectado a las institu-
ciones tradicionales de la democracia,
tales como los partidos políticos, los
sistemas de justicia, los congresos y
las asambleas. Sin embargo, en este
fenómeno existe una corresponsabili-
dad de la ciudadanía que, en muchos
casos, ha preferido no involucrarse en
asuntos públicos, pero también ha
reaccionado desde el otro extremo
como son las protestas ocurridas en
el último trimestre del 2019 en contra
del sistema.
La fatiga ciudadana tiene rela-
ción con la imposibilidad de renovar
un pacto social que considere los
nuevos fenómenos globales, que van
desde temas ambientales, pasando
por la progresividad de los derechos,
especialmente para segmentos pos-
tergados de la población, hasta expre-
siones contrarias a la convivencia pa-
cífica como el racismo, la xenofobia y
los ultranacionalismos.
Ninguna democracia está exenta
de ser atacada, ya sea de manera in-
terna o externa. En los últimos años
se ha observado que ni siquiera paí-
ses como EE. UU. pudieron detener
los ataques contra su institucionali-
dad. Lo propio se observa en países
de Europa, en donde hay una recon-
figuración de fuerzas políticas que
disputan el poder con la emergencia
de nuevos actores políticos con ideo-
logías extremas que han sabido ganar
a la población con discursos antisis-
tema y el retorno de un conservadu-
rismo inflexible. Las cifras apenas nos
ofrecen algunas pistas para el estudio
de la democracia, pero siguen sien-
do insuficientes para dimensionar el
conjunto de cambios vertiginosos que
vive la sociedad, con distinta afecta-
ción según la cultura política de cada
pueblo. Resulta necesario plantear
nuevas categorías de análisis, debido
a la producción de nuevos fenómenos
sociales que afectan la cotidianidad,
como ya se mencionó.
César Ulloa-Tapia
30
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33
¿Democracia bajo fuego? Ética, desamparo y
populismo en el México actual
Israel Covarrubias1 y Cristhian Gallegos2
1. Introducción
en 2018, con la llegada a la presidencia de México de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), asistimos a un cambio profundo en la his-
toria política reciente del país. Este cambio se atribuye al particular
estilo de gobernar de López Obrador, quien ha utilizado la bandera
del populismo tanto en el ámbito retórico como en el gubernamen-
tal. Este hecho ha levantado polémica y serias dudas acerca de las
cartas credenciales del presidente en cuanto a su interés por mante-
ner y profundizar las modalidades de la democratización mexicana
que se venían desarrollando desde el año 2000. En ese año se dio
la alternancia política, cerrando el largo capítulo de la transición a
la democracia que había comenzó su proceso de liberalización po-
lítica en la década de 1970. En 2000, por primera vez un presiden-
te no proveniente de las filas del entonces Partido Revolucionario
Institucional (PRI), partido que había gobernado el país de manera
ininterrumpida durante 70 años, llegó a la presidencia.
En la recta final de su administración, López Obrador cuenta con
un nivel de aprobación del 66%, cifra muy por encima de su prede-
cesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien en su último año de
gobierno obtuvo una aprobación del 22%. No obstante, su aproba-
ción no difiere mucho de la de otros presidentes mexicanos. Ernesto
1 Doctor en ciencia política por la Universidad de Florencia, Italia. Es profesor de teoría polí-
tica en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Su libro más reciente es La fascinación
del populismo. Razones y sinrazones de una forma política actual (Debate, 2023).
2 Doctorando en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora. Sus líneas principales de investigación son la historia conceptual, la
teoría política y los procesos políticos contemporáneos.
Israel Covarrubias y Cristhian Gallegos
34
Zedillo Ponce de León (1994-
2000) terminó su gobierno con
un 66 %, mientras que Vicente
Fox Quezada (2000-2006) y
Felipe Calderón Hinojosa (2006-
2012) terminaron con el 63% y el
58%, respectivamente (Márquez,
2024). En comparación con la
popularidad de otros presidentes
latinoamericanos, López Obrador
es el tercer presidente mejor califi-
cado de la región, con una popu-
laridad del 68%, solo por debajo
del presidente salvadoreño Nayib
Bukele, que lidera con 88 %, se-
guido por el presidente domini-
cano Luis Abinader, con un 69%
(Redacción Boomberg en línea,
2024). Es probable que la po-
pularidad de AMLO no esté solo
determinada por un juicio ciuda-
dano sobre el desempeño de su
administración, en el que se pone
en la balanza los objetivos alcan-
zados y los postergados, sino que
la percepción ciudadana que eri-
ge su popularidad está supedita-
da al liderazgo carismático y a su
manera cotidiana de relacionar-
se con los sectores sociales me-
nos favorecidos por el desarrollo
económico del país, utilizando
un lenguaje simple que llega más
rápido a su público y que con-
trasta con el lenguaje cargado de
cifras y tecnicismos típico de mu-
chos políticos actuales.
Por ello, parece que existe
un ‘punto ciego’ aún por desci-
frar, el cual confirma, en parte,
la estima ciudadana de la que
él y su movimiento gozan hasta
el día de hoy. A pesar del apoyo
ciudadano significativo hacia su
figura y su movimiento, este éxito
no se refleja proporcionalmente
en los resultados de su adminis-
tración, que en el mejor de los
casos, resultan contradictorios y
deficientes en áreas como segu-
ridad, combate a la corrupción,
salud, medioambiente y ciencia,
entre otros.
Dos casos son ejemplares.
Con relación a la corrupción,
las evaluaciones indican que de
180 países, México pasó del lu-
gar 138 en 2018 al 126 en 2023,
y eso es consecuencia de la eva-
sión de los mecanismos de ren-
dición de cuentas implemen-
tados por el sistema de justicia
(Transparencia Internacional,
2023). De cualquier modo, si
comparamos el mismo indicador
en distintos períodos, observare-
mos que, en los últimos 30 años,
la corrupción ha sido un com-
ponente estructural del sistema
político mexicano, independien-
temente del partido en el poder
y mucho menos del estilo perso-
nal de gobernar: somos igual de
México: ¿Democracia bajo fuego? 35
corruptos con un gobierno neo-
liberal que con uno populista.
Esto llama la atención, porque
la bandera que López Obrador
utilizó antes y durante su campa-
ña presidencial estaba basada en
una retórica de combate frontal
a la corrupción, la cual permitiría
evitar la fuga de recursos públi-
cos y utilizarlos para mejorar los
servicios para la población me-
nos favorecida por el desarrollo
económico.
En cuanto al sistema de salud,
se estima que en 2018 la cober-
tura territorial era del 80%, pero
en 2023 se redujo a 72%. La ex-
plicación a este cambio es multi-
factorial, pero destaca la reduc-
ción del presupuesto al sistema
de salud, así como la eliminación
del Seguro Popular —que aten-
día a las poblaciones ubicadas
en zonas rurales que no tenían
un tipo de seguro derivado de su
trabajo— para sustituirlo por el
Instituto de Salud para Bienestar
(Insabi), que hasta el momen-
to no ha comenzado a brindar
el servicio (OCDE, 2023). Cabe
agregar que su retraso inicial se
debió a la pandemia de covid-19,
ya que precisamente el tránsito al
Insabi estaba previsto para el pri-
mer semestre de 2020. En cam-
bio, el actual retraso se explica
más por la priorización de una
política social por medio de be-
cas, pensiones y ayudas de diver-
so tipo, antes que a una reestruc-
turación del sistema de salud en
su conjunto.
Nuestro propósito en este tra-
bajo es ofrecer una explicación
mínima de ese punto ciego que,
tras la elección del 2 de junio de
2024, ha cobrado una relevancia
inusual y brilla por su ausencia
en el debate político mexicano.
Nos preguntamos: ¿cómo expli-
car esta contradicción entre la
considerable legitimidad de su
figura y movimiento y el discreto
desempeño en diversos rubros
institucionales como el combate
a la corrupción, la inseguridad, o
la participación exagerada de las
fuerzas armadas en la vida pú-
blica mexicana?, ¿cómo califica
este ejercicio del poder público
el juego democrático mexicano
en términos de subversión de-
mocrática?, ¿cómo comprender
entonces que, a pesar de obser-
var elementos de transgresión al
orden democrático-institucional,
mantiene un apoyo ciudada-
no amplio, que fue reiterado en
el pasado proceso electoral?,
¿esto es suficiente para soste-
ner la hipótesis de que el país
Israel Covarrubias y Cristhian Gallegos
36
se encuentra en un proceso de
autocratización?
2. Tres pistas esenciales
Existen tres elementos iniciales
por destacar. Primero, la llega-
da al poder de López Obrador
fue acompañada por un enorme
consenso social, al ser en su mo-
mento el presidente más votado
en la historia de las elecciones
mexicanas. Su ascenso estuvo
acompañado por la fundación
del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) como aso-
ciación civil en 2011 y, poste-
riormente, obtuvo su registro
como partido político en 2014.
Participó por primera vez en las
elecciones intermedias de 2015,
obteniendo un discreto 8% de la
votación. Más adelante, en 2018,
Morena y AMLO no solo ganaron
la presidencia de México, sino
que también lograron mayoría
en la Cámara de Diputados y ga-
naron 11 de las 15 gubernaturas
en disputa (Morena, s/f).
A lo anterior hay que agre-
gar que la distancia con la que
ganó la presidencia fue cercana
al 30% respecto al segundo lu-
gar. Llama la atención que, a pe-
sar de ser un partido político de
reciente creación, Morena logró,
muy rápido, una identificación
con un conjunto amplio del elec-
torado, lo que dejó en la mesa
la discusión de si esta identifica-
ción era efecto de un voto anti-
sistema o antigobierno, pues en
un inicio se pensaba que era un
voto de castigo frente a los pési-
mos resultados que había ofreci-
do el gobierno de su antecesor,
Peña Nieto (Abundis, 2018, pp.
29-32).
Seis años después, parece
confirmarse la hipótesis de que
Morena ha logrado algo impo-
sible: captar al votante antisiste-
ma más el votante antigobierno,
entendiendo al primero como el
votante que se identifica con la
causa obradorista antineolibe-
ral o antiélites, propia del credo
populista contemporáneo; y al
segundo, como el votante que
ve con reservas o antipatía a los
tres principales partidos oposi-
tores al obradorismo: el Partido
Acción Nacional (PAN), que go-
bernó el país entre 2000-2012, el
PRI, que regresó al poder entre
2012- 2018, y al Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
Tres partidos que no lograron
comprender los enormes cam-
bios que han tenido lugar en la
composición del electorado des-
de el punto de vista social y cul-
tural, ya que son mirados por el
México: ¿Democracia bajo fuego? 37
elector como partidos ineficien-
tes, con un discurso desfasado
y poco original, interesados solo
en mantener en pie la vieja políti-
ca hoy vinculada al discurso de la
transición democrática, un dis-
curso que fue pensado como de
su propiedad, que no tienen un
interés y una estrategia política
real que permita la resolución de
los graves problemas de la exclu-
sión y la desigualdad que persis-
ten en el país.
La aceptación ciudadana ha-
cia la figura de AMLO y de su
partido quedó en evidencia en
las pasadas elecciones presiden-
ciales del 2 de junio de este año,
en las que la candidata Claudia
Sheinbaum, postulada por el
mismo partido del presidente
López Obrador, ganó con una
votación superior a la que ob-
tuvo él seis años antes. De he-
cho, no solo superó la votación
del presidente actual, sino que,
como se dice en el argot polí-
tico mexicano, obtuvo “carro
completo”. Aunque los datos
son provisorios, en el Senado
Morena tendría por medio de la
votación entre 57 y 60 senadu-
rías de un total de 128 puestos,
con lo que obtiene de inicio una
mayoría relativa, que, sumando
los escaños de sus aliados, se
quedaría a solo 3 para obtener
una mayoría calificada, mien-
tras en la Cámara de Diputados
obtendrá entre 233 y 251 dipu-
taciones de un total de 500, en
las que, sumando los escaños de
sus dos aliados, el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) y
el Partido del Trabajo (PT), al-
canzan con holgura una mayoría
calificada (Taddei, 2024), con la
que podrían empujar una serie
de reformas constitucionales que
no pudieron ser aprobadas du-
rante la administración de López
Obrador.
El triunfo de Claudia
Sheinbaum es una expresión que
aglutina intereses heterogéneos
dentro de la sociedad mexicana,
con un voto transversal que no es
exclusivo de las poblaciones que
fueron beneficiadas con los pro-
gramas sociales del obradorismo
durante los últimos seis años.
Asimismo, Sheinbaum logra una
mayoría democrática inédita que
puede ser leída como una res-
puesta a un momento en el que
los partidos de oposición no tu-
vieron la capacidad de presentar
propuestas atractivas para los
votantes y no lograron deslin-
darse de señalamientos clasistas
y discriminatorios hacia el con-
junto de simpatizantes de López
Israel Covarrubias y Cristhian Gallegos
38
Obrador. También es cierto que
el presidente fue un actor central
en el proceso electoral, al conver-
tirse, literalmente, en el candida-
to a vencer en la contienda, por
lo que la oposición dirigió duran-
te muchas semanas del proceso
electoral sus energías a la figura
presidencial, en un intento por
descolocar la figura de López
Obrador de la contienda, aun-
que nunca lograron sus cometi-
dos. Por su parte, AMLO utilizó,
de manera sistemática, el recurso
de las conferencias mañaneras,
que ha sido una de sus armas po-
líticas más exitosas, porque llega
a un amplio auditorio a través de
un modelo de comunicación po-
lítica directa en el que prevalece
la intención de cercanía con el
pueblo mediante sus declaracio-
nes y gestos cotidianos. Con esto
rompe jerarquías y formalidades
de la política, crea nuevas rela-
ciones de poder y da sentido a un
tipo de republicanismo de corte
plebeyo (Covarrubias, 2023).
Estos tres momentos marcan
un parteaguas en la historia de
las elecciones mexicanas: prime-
ro, por el desempeño de Morena
como una efectiva maquinaria
electoral que refleja un cambio
significativo en la composición
del electorado y del sistema de
partidos; segundo, por el uso po-
lítico de la semántica del popu-
lismo a lo largo de la campaña
electoral y luego durante la ad-
ministración que concluye este
2024; y tercero, por el enorme te-
cho de legitimidad del cual goza
el presidente y su partido, como
lo demuestran los datos referidos
líneas arriba.
3. Privilegio frente a
desventajas inmerecidas
En México, el avance de la de-
mocracia y la democratización
generó una ola de optimismo
respecto al mejoramiento de las
condiciones económicas de la
población mexicana. En el año
2000, se estimaba que alrede-
dor del 31 % de la población
tenía la expectativa de mejoría
y para finales de 2018 se dio un
incremento significativo que la
situó en 47% (Latinobarómetro,
2018). La esperanza de cambio
contrasta con los hechos ocurri-
dos durante ese período, ya que
la pobreza no disminuyó lo sufi-
ciente, los salarios no mejoraron
y la democracia manifestó una
serie de problemas como la co-
rrupción y la violencia, que obs-
taculizaron su consolidación.
En ese contexto, se puede
entender el ascenso de López
México: ¿Democracia bajo fuego? 39
Obrador a la presidencia como
una respuesta a estas circuns-
tancias nacionales y, de manera
específica, a la cuestión de para
quién se gobierna. Durante la
administración de Peña Nieto se
arraigó la idea de que sus deci-
siones en materia económica y
laboral respondieron a las necesi-
dades de las élites empresariales,
en detrimento de las aspiraciones
de las clases bajas. De acuerdo
con datos de Latinobarómetro
(2018), el 88% de los encuesta-
dos consideraba que era un pre-
sidente que gobernaba para las
élites, mientras que solo el 7 %
percibía que lo hacía para todo
el pueblo. Esto se confirmó por
dos acontecimientos que im-
pactaron de manera negativa en
la aprobación del gobierno de
Peña Nieto: la desaparición de
43 estudiantes normalistas en
Ayotzinapa entre el 26 y 27 de
septiembre de 2014, zona ubica-
da en el estado de Guerrero, una
de las regiones más pobres del
país; y el escándalo de corrup-
ción de la llamada ‘Casa Blanca’,
una costosa residencia que fue
construida para la entonces es-
posa de Peña Nieto, la exactriz de
televisión Angélica Rivera, por el
principal contratista del gobier-
no de Peña Nieto, cuando este
último fue gobernador del esta-
do de México, previo a su llegada
a la presidencia de la república.
Esta percepción negativa
cambió durante los dos prime-
ros años del gobierno de López
Obrador, ya que el 29% de la ciu-
dadanía respondió que goberna-
ba para todo el pueblo y el 67%
para las élites (Latinobarómetro,
2021). Más allá de los datos,
queremos llamar la atención en
las respuestas que este gobier-
no dio a las demandas de las
poblaciones menos favorecidas,
las cuales son representativas de
una ética democrática en la que
la desigualdad y la pobreza no
pueden ser ignoradas, porque
son elementos que impiden el
desarrollo democrático. Este ele-
mento abrió una discusión que
sigue hasta nuestros días, sobre
la imposibilidad de pensar y de-
sarrollar la democracia mexicana
exclusivamente en términos de
régimen político.
En efecto, la democracia
mexicana se ve obligada a ser
pensada y estructurada también
como una forma de sociedad en
dos sentidos. Primero, se ve exi-
gida para dar acuse de recibo
de la dimensión económica, que
es el terreno en el que aparece
la percepción de mejoría en las
Israel Covarrubias y Cristhian Gallegos
40
condiciones materiales de vida.
Segundo, en las operaciones sim-
bólicas de la democracia, en las
que se percibe que la ‘voz’ de to-
dos aquellos ciudadanos que no
fueron tomados en cuenta por
las élites, o por lo menos no en
la medida de la expectativa de
cambio generada dentro de la
sociedad. Ahora estas voces sí
cuentan en el ejercicio diario del
poder y no solo cuando se les in-
vita a votar por esas mismas éli-
tes que luego se desentenderán
de ellos.
En esta clave se puede com-
prender con más precisión el
éxito del despliegue de la políti-
ca social del obradorismo en la
sociedad mexicana. Su política
social se condensa desde mucho
tiempo antes de llegar a la presi-
dencia de la república en la idea
que hizo eslogan de campaña y
luego de gobierno: “Por el bien
de todos, primero los pobres”.
Esta piedra de toque se conec-
ta con la retórica obradorista
del gobierno de la 4T, empleada
también durante su campaña
y reiterada hasta nuestros días.
En ella se hace referencia a la lla-
mada “Cuarta Transformación”,
en la que el presidente coloca su
proyecto de nación como un hito
histórico, comparable a eventos
fundacionales como la guerra
de independencia en 1810, el
período de la Reforma a finales
de la década de 1850 —que dio
vida a la separación de los bie-
nes de la Iglesia del Estado—, y la
Revolución mexicana que estalló
en 1910, que tenía como motor
el reparto agrario y una profunda
vocación de justicia social.
La idea funcionó de manera
adecuada para establecer que
la brecha económica entre ricos
y pobres es la causante de todas
aquellas actividades que lace-
ran la sociabilidad y la dignidad
de las personas. Por lo tanto, es
indispensable aminorar los efec-
tos de la desigualdad, establecer
igualdad de oportunidades para
fomentar la movilidad social,
fortalecer la cohesión social,
generar desarrollo económico
y asegurar la persistencia de la
democracia y la paz. Su discurso
marca una ruptura en la idea de
democracia liberal que imperaba
en México, cuya utilidad estuvo
supeditada solo a la transferen-
cia de poder sin tomar en consi-
deración la atención a las clases
desfavorecidas, cuyo ejercicio
ciudadano radicaba en el mero
hecho de votar, pero se ignora-
ba que no podían desplegarse en
otros rubros.
México: ¿Democracia bajo fuego? 41
Como política social, hay un
reconocimiento estatal de los
desamparados por parte del
obradorismo, que responde por
medio de una serie de programas
con fines de retribución moneta-
ria, entre los que se cuentan: 1) la
Pensión para el bienestar de los
adultos mayores, 2) el progra-
ma Sembrando vida, 3) Jóvenes
construyendo el futuro, 4) las
Becas para el bienestar Benito
Juárez de educación básica, 5)
la Pensión para el bienestar de
las personas con discapacidad,
6) Fertilizantes para el bienestar,
7) Programa para una mejor vi-
vienda, 8) Programa de apoyo
para el bienestar de pescadores y
acuicultores y 9) Programa para
el bienestar de niños y niñas, hi-
jos de madres trabajadoras. Se
estima que alrededor de 35 mi-
llones de hogares reciben un tipo
de programa social, lo cual supo-
ne un cambio, tanto simbólico
como real, del lugar social que
ocupan las personas, es decir, se
revaloriza su capacidad cogni-
tiva, su influencia en el entorno
público y abre un horizonte de
esperanza para un futuro mejor
(Gobierno de México, 2024).
Quizá estos elementos ayuden
a entender, en términos de ética
democrática, las rupturas que
se impulsaron en el gobierno de
López Obrador. Esta misma éti-
ca no puede dejar de acusar la
manera en que los privilegiados
en México han obtenido inmen-
sas fortunas, así como el rol que
juega la alta corrupción en todo
ello. De ahí la insistencia de aso-
ciar a los gobiernos neoliberales
(1988-2018) con la corrupción,
pues la obtención de las riquezas
de empresarios y políticos se dio
por un uso instrumental de las
leyes con las que se privatizaron
amplios sectores de la estruc-
tura estatal (bancos, empresas
siderúrgicas, refinerías, hoteles,
restaurantes, plantas químicas,
telecomunicación, puertos, au-
topistas de peaje y educación).
En contraste, la desigualdad,
la marginación y la pobreza se
extendieron a la mayoría de la
población mexicana. Además,
un hecho por destacar es que se
pierde de vista que México, así
como en una gran parte de los
países de América Latina, las éli-
tes económicas, sociales y cultu-
rales han mantenido una relación
casi simbiótica con el poder en
turno, sobre todo en el período
más intenso de neoliberalización
de la sociedad, en el que siempre
han mostrado sin empaño sus
privilegios y la manera en cómo
Israel Covarrubias y Cristhian Gallegos
42
los obtuvieron. Pensar que con
la llegada de la democracia esta
relación cambiaría —cosa que no
sucedió— ha resultado una de las
bases en las que está fincado el
éxito político del obradorismo.
De igual modo, uno de los
puntos neurálgicos de esta si-
tuación fue la creciente preca-
rización del salario. En 1976, el
salario mínimo real en México se
situó en 378,51 pesos, pero con
la instauración del neoliberalis-
mo este se redujo, ya que a pesar
de que se experimentaron incre-
mentos, estos no fueron signifi-
cativos. A partir del 2000, con la
llegada de los gobiernos de alter-
nancia, los salarios se establecie-
ron en 45,24 pesos con Vicente
Fox, 48,67 con Felipe Calderón
y 63,77 pesos con Enrique Peña
Nieto (Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos, 2019).
Con esta condición negativa en
el poder adquisitivo de los tra-
bajadores, el incremento del sa-
lario mínimo se convirtió en un
elemento crucial en la campaña
de AMLO en 2018. Durante su
primer año de gobierno, el sa-
lario mínimo se incrementó a
104,56 pesos, en 2023 alcanzó
los 167,96 y en 2024 se ubica en
249 pesos (Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos, 2023).
El aumento del salario mínimo
real es una estrategia política
para disminuir la brecha de des-
igualdad y combatir los altos
niveles de pobreza: en 2018 se
estimaba que el 43,9% de la po-
blación vivía en pobreza, mien-
tras en 2022 la cifra se redujo al
36,3% (Coneval, 2022).
Ahora bien, el incremento del
salario y la disminución de la po-
breza contrastan con la vigencia
de la subcontratación (outsour-
cing). Desde el ámbito legal, esta
práctica quedó descartada por el
gobierno de la 4T con la reforma
que implementó en materia la-
boral, pero algunas de esas prác-
ticas siguen vigentes y dan pe-
culiaridad a este momento. Por
ejemplo, en la maquila, en la que
la variación de salarios está re-
lacionada con la especialización
del empleado, con la producción
en masa, pero sobre todo por-
que las condiciones laborales
están precarizadas (Sánchez y
Martínez, 2023, pp. 107-134).
La subcontratación ha tenido
un impacto negativo en aspectos
como las pensiones, el fondo de
vivienda y las compensaciones
por despido, junto con otros de-
rechos laborales. Además de las
prácticas de subcontratación tra-
dicionales, en muchas ocasiones
México: ¿Democracia bajo fuego? 43
las empresas optaban por crear
una segunda entidad bajo su
control (insourcing) que empleaba
a los trabajadores y se encargaba
de gestionar su relación laboral.
En situaciones extremas, confi-
guraban casos de fraude fiscal,
ya que algunas compañías re-
currían a las llamadas empresas
factureras, las cuales registraban
fiscalmente operaciones de pro-
ducción que, en realidad, no
existían (Brito, Carrillo, Gomis y
Hualde, 2022). En abril del 2021
se decretó la reforma al outsour-
cing en México, la cual prohibió
la subcontratación de personal.
Después de dos años de su im-
plementación, ha impactado el
mercado laboral. A comienzos
de 2018, se estimaba que por lo
menos 5 millones de personas
estaban empleadas en esquemas
de outsourcing antes de la refor-
ma, y una vez que entró en vigor,
se estima que casi 2,9 millones
salieron de esta condición. No
obstante el aspecto positivo, 3,5
millones de trabajadores conti-
núan en el esquema de outsourcing
(Morales, 2023).
La reforma del outsourcing
también ha tenido un impacto
fiscal positivo, ya que la recauda-
ción del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) a los salarios experimentó
un aumento significativo en
2022. Esto se debió, en parte,
al hecho de que al migrar a los
trabajadores de las empresas de
subcontratación a sus emplea-
dores reales ya no se podía regis-
trar a los empleados con salarios
mínimos o salarios muy bajos en
comparación con lo que gana-
ban en realidad (Morales, 2023).
El despliegue de políticas en el
gobierno de AMLO para bene-
ficiar a las poblaciones desam-
paradas representa un cambio
ético y político para combatir la
desigualdad y la pobreza. A pesar
de estos avances, es innegable
que persisten desafíos en el mer-
cado laboral, como la continua-
ción de prácticas de subcontra-
tación. Aunque se ha observado
una mejora en comparación con
el período neoliberal, los salarios
aún no han recuperado sus nive-
les históricos.
4. ¿Una democracia en vías
de autocratización?
El estilo populista de gobernar
de López Obrador, su rechazo
hacia las instituciones democrá-
ticas como único canal para ex-
presar la voluntad del pueblo, la
transformación de una variedad
de leyes para robustecer la in-
corporación de las clases bajas a
Israel Covarrubias y Cristhian Gallegos
44
la actividad política y garantizar
la aprobación de sus reformas
en materia social y jurídica, han
llamado la atención al grado de
sugerir que el país se encuentra
en vías de autocratización. Este
concepto, retomado de la obra
de Levitsky y Ziblatt (2018), sirve
para explicar el cambio gradual
en las instituciones que sostienen
la democracia, que a menudo se
realiza de manera consensuada y
bajo los principios democráticos,
pero tiene como objetivo final la
instauración de un mandato sin
controles ni contrapesos institu-
cionales (Aguilar, 2018, p. 14).
La preocupación por la auto-
cratización del régimen político
mexicano encuentra su base en,
por lo menos, tres aspectos. El
primero se relaciona con la de-
cadencia de las estructuras in-
termedias de la democracia, en
las que los partidos políticos de
oposición no lograron captar
votaciones suficientes para fun-
gir como contrapesos y ejercer
influencia legislativa al domino
de Morena en el Congreso. A
esto se suma el desprestigio de
organizaciones civiles dedicadas
a evaluar el desempeño guber-
namental por estar asociadas
a grupos de poder contrarios al
presidente o bien porque se les
asocia (aunque no siempre se
ha comprobado) con actos de
corrupción, por lo que pierden
importancia para ser canales de
las demandas ciudadanas, sobre
todo de las clases bajas.
El segundo aspecto es la
puesta en práctica de la verdade-
ra democracia y las intenciones de
transformación de las normas e
instituciones para profundizarla.
AMLO logró asociar la atención
de la desigualdad y pobreza con
la idea de la verdadera democra-
cia, la cual se complementa con
mecanismos de participación
como la consulta popular y la
revocación de mandato que fue-
ron puestos en práctica con fines
políticos. Por ejemplo, en 2018
la consulta popular tuvo por ob-
jetivo decidir la continuidad o
cambiar el lugar de construcción
del nuevo aeropuerto, en 2021
pretendió enjuiciar a los expresi-
dentes y en 2022 el mandatario
convocó a una votación nacional
de revocación de su mandado, en
la que el resultado fue favorable
en el sentido de que una enorme
mayoría de quienes participaron
votaron a favor de la continui-
dad del presidente. Más allá del
éxito o fracaso de estos mecanis-
mos para volverse vinculantes,
han funcionado como formas de
México: ¿Democracia bajo fuego? 45
integración política para subsa-
nar uno de los problemas de la
democracia mexicana: la desvin-
culación de los ciudadanos con
los procesos de transformación
social y política.
Es en ese aspecto que algunos
analistas observan manifestacio-
nes de autocratización, puesto
que se construyeron estructuras
de legitimación política que no
recaen en instituciones como
el Instituto Nacional Electoral
(INE) o los partidos políticos.
Además, la preocupación por
la autocratización se da por el
conjunto de reformas que el pre-
sidente quiere aprobar antes de
terminar su sexenio. A grandes
rasgos, busca eliminar a los ór-
ganos autónomos reguladores,
reformar el poder judicial, redu-
cir el presupuesto público a los
partidos políticos y eliminar la
representación proporcional que
permite a las minorías represen-
tación (Hernández, 2023).
El tercero y último aspecto es
la militarización del país , lo cual
centraliza las operaciones de se-
guridad pública en el Ejército, la
Marina y la Guardia Nacional, al
mismo tiempo que los incluye en
actividades administrativas y de
desarrollo económico. Con ello
logra desplazar a la burocracia
civil de actividades que le corres-
pondían. Al respecto, Sánchez y
Álvarez señalan que
[…] desde junio de 2021 la Se-
cretaría de Marina (SEMAR) es
la encargada de administrar los
puertos y las aduanas del país,
que es una actividad que debería
corresponder de forma conjunta
a autoridades civiles en materia
de transportes y de tributación.
Sin justificación empírica alguna,
López Obrador sostuvo que la
SEMAR es la dependencia “más
preparada para defender la so-
beranía y enfrentar las amenazas
del contrabando y la introduc-
ción de droga”, y con tal justifi-
cación le quitó un tercio de sus
atribuciones a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(Sánchez y Álvarez, 2022, p. 9).
Las fuerzas castrenses se han
convertido en un elemento in-
dispensable en el gobierno de
López Obrador, lo cual resulta
paradójico, ya que una de sus
promesas de campaña fue regre-
sar al Ejército a los cuarteles para
terminar con una política de
confrontación con el narcotrá-
fico que, desde 2006 y en años
siguientes, había dado como re-
sultado una guerra civil no de-
clarada. Mientras se fortalece
institucionalmente a las FF.AA.,
las fuerzas policiales civiles se
Israel Covarrubias y Cristhian Gallegos
46
debilitan, son sustituidos de sus
tareas primordiales y se profun-
diza su valoración negativa en
cuanto a que son organizaciones
corruptas. Al menos en el discur-
so presidencial pasa lo contrario
con las fuerzas militares, pues se
exalta su patriotismo y su inco-
rruptibilidad, aunque es evidente
que varios de sus miembros, per-
tenecientes a los más altos man-
dos, no solo han estado sujetos a
investigación por vínculos con el
crimen organizado, sino que ade-
más es conocida su participación
en la violación sistemática de de-
rechos humanos y desaparición
forzada. En años recientes, el
caso más emblemático es su par-
ticipación en la desaparición de
43 estudiantes de Ayotzinapa en
2014 (Colectivo EPU, 2023).
Los puntos mencionados has-
ta ahora, considerados como
parte de la autocratización por
la que atraviesa México, pue-
den ser calificados como parte
del golpeteo del presidente a las
instituciones, pero conviven con
cierta condición democrática,
pues las normas de la compe-
tencia electoral continúan exis-
tiendo y, como se vio en la elec-
ción reciente, la oposición tiene
la posibilidad de ganar puestos
de representación y gobierno.
Los derechos políticos y civiles
continúan con la misma preca-
riedad de antes de la presidencia
de AMLO. Consideramos que es
apresurado decir que el país está
en vías de autocratización, la po-
sibilidad está abierta, pero, de
momento, las condiciones indi-
can que continuamos siendo una
democracia de baja calidad.
En el escenario de disputa
política, el concepto de auto-
cracia dirige su atención hacia
la propuesta de cambio de régi-
men por parte de la administra-
ción obradorista. Lo que llama
la atención es la distancia que la
noción de autocratización pone
frente a otros conceptos como
dictadura, autoritarismo y presi-
dencialismo, que estuvieron en el
centro de la discusión periodísti-
ca e intelectual, antes y durante
los primeros años del mandato
de López Obrador. Analizando
los usos que se le dan a los con-
ceptos mencionados, se distan-
cia de sus referentes históricos.
La dictadura, asociada a la ins-
tauración de un régimen político
por medio de la violencia que se
despliega a todo el conjunto de
la sociedad, en el caso mexica-
no no remite a la toma de poder
sino a las modificaciones en las
instituciones democráticas para,
México: ¿Democracia bajo fuego? 47
por un lado, controlar el sistema
de justicia y el poder legislativo,
por el otro, impulsar una su-
puesta reelección del presidente
(Alemán, 2017). Por su parte, el
autoritarismo designa la captura
de las instituciones de justicia,
a la concentración del poder en
una persona y la creación de in-
certidumbre en materia electoral
y económica (Zamora, 2019).
En realidad, estas preocupa-
ciones estaban en sintonía con
las propuestas del presidente
López Obrador de derogar la
reforma energética aprobada
durante el gobierno de Enrique
Peña Nieto. Sin embargo, se dis-
tancia de la idea de instaurar un
régimen político con pluralis-
mo limitado, en el que no existe
una ideología definida, se anula
la soberanía popular, se restrin-
ge la participación política en el
espacio público y se elimina a la
oposición, situación en la que se
podrían incluir las experiencias
latinoamericanas de la década
de 1970 (Morlino, 1988, pp.
129-177).
Si bien no estamos en contra
de la modificación de los con-
ceptos, pues las coyunturas las
dotan de nuevos sentidos, no se
pueden soslayar las historias sub-
yacentes detrás de ellos. Incluso
el presidencialismo, populariza-
do en México en la década de
1970 a partir de las obras de
Cosío (1972 y 1974), que sirvió
de base para explicar el dominio
de una clase gobernante a partir
de la presidencia con facultades
excepcionales y el dominio del
partido hegemónico (PRI), se re-
duce a la ambición personal para
perpetuarse en el poder. Queda
la impresión de que lo que está
detrás del uso de estos conceptos
es el no reconocimiento de una
amplia votación de ciudadanos
que ejercen su libertad y cree que
para lograr el cambio es necesa-
rio que Morena tenga mayoría
en la legislatura. Los opositores
creen que este comportamiento
es producto de una incapacidad
cognitiva de su propia condición
social, una suerte de espíritu au-
toritario, pues un demócrata ja-
más construiría una mayoría sin
contrapesos a cualquier gobier-
no. Pero esto nos recuerda la te-
sis clásica de Germani (1966, pp.
234 y 244) sobre el populismo en
América Latina, en el que sugería
que el pueblo no vende “su liber-
tad por un plato de lentejas”.
Israel Covarrubias y Cristhian Gallegos
48
5. La llegada de Claudia
Sheinbaum
Al inicio de la campaña electoral
de este año, el clivaje populismo
frente a democracia fue utiliza-
do en la contienda presidencial,
pero, de manera gradual, se dejó
de hablar de él. El nuevo foco,
sobre todo en el lado de la opo-
sición, se centró en indicar una
y otra vez las fallas que la actual
administración había tenido en
términos de corrupción, inseguri-
dad, división de poderes, volun-
tarismo, etcétera, dejando por
completo de lado el clivaje refe-
rido entre privilegio-desventaja.
Por el contrario, el populismo
obradorista invirtió muchas de
sus energías en este clivaje y, al
parecer, funcionó, al redituarle
en una votación masiva por la
candidata oficialista, lo que ex-
presaría un refrendo de ese estilo
de gobernar, así como una expre-
sión de que la política sí puede
otorgar un sentido palpable a las
mayorías en su vida diaria.
Con esto, se introduce la di-
mensión subjetiva de la política
que hoy se coloca como una va-
riable relevante a la hora de ana-
lizar los resultados que produce
el populismo, o por lo menos
el populismo en la experiencia
política mexicana. Cabe sugerir
que la política populista produce
sentido a las vivencias diarias de
las personas como fue el aumen-
to del salario mínimo, que permi-
te cubrir necesidades tan simples
como la canasta básica, supone
además colocar en primer plano
el problema de la desigualdad
como motor de los gobiernos
democráticos, a pesar de que en
ese esfuerzo produzca una fuerza
contrademocrática que, por su
parte, es lo que más preocupa a
los estudios del fenómeno y a la
oposición al obradorismo.
El triunfo de Claudia
Sheinbaum, por una diferencia
superior a los 30 puntos frente
a su opositora, Xóchitl Gálvez,
ha generado una serie de reac-
ciones que redundan la idea de
que lo que ahí tuvo lugar fue una
elección de Estado, gracias a la
injerencia del presidente López
Obrador a lo largo del proce-
so electoral, y del uso electoral
de los programas sociales. Sin
embargo, lo que mostraron las
encuestas en el transcurso del
proceso electoral, incluso los
sondeos de salida el día de las
elecciones, fue que la candidata
de la oposición nunca tuvo posi-
bilidades reales de ganar la pre-
sidencia de la república, ya que
México: ¿Democracia bajo fuego? 49
siempre estuvo por lo menos 20
puntos debajo de Sheinbaum.
Hablar de elecciones de
Estado sería estéril, pues la idea
que la oposición ha promovido
tras la elección, de que todo se
redujo a una elección de Estado,
implica sostener que el INE, de-
fendido con vehemencia duran-
te todo el proceso electoral, es
cómplice de los resultados en
las urnas. Además, sugiere que
el ejército de ciudadanos que
participó como funcionarios de
casilla también son cómplices y
corruptos, dado que implicaría
que los votantes fueron manipu-
lados hasta el punto de hacer im-
posible una preferencia electoral
como la que representa Morena.
Además, es también desconocer
el reconocimiento que emitieron
los observadores nacionales e
internacionales, en su mayoría,
así como los principales Estados
con los que México mantiene re-
laciones comerciales y diplomá-
ticas, incluido Estados Unidos
y la mayor parte de los países
que componen a la Comunidad
Europea, después de difundirse
los resultados.
Por lo demás, ¿qué puede
explicar que los dos principales
partidos de oposición, PAN y
PRI, no lograron responder a la
avanzada morenista? Como se
ha comentado, estos dos par-
tidos son importantes porque
trazaron la ruta de la transición
a la democracia, antes y después
del año 2000. Sin embargo, en la
actualidad, estos partidos han
entrado en un proceso crítico,
sobre todo el PRI, que obtuvo
5 736 420 votos, casi dos millo-
nes menos que en 2018, cuando
alcanzó 7 677 180 de votos. Al
paso que va, podría convertirse
en pocos años en lo que es hoy
el PRD, el principal partido de iz-
quierda formalmente establecido
en el país, que en estas eleccio-
nes perdió su registro como ins-
tituto político, ya que no obtuvo
el 3% de la votación que marca
la ley para conservar su registro.
Lo que llama la atención de las
recientes elecciones, además del
triunfo amplio de Morena y sus
aliados, es el desempeño elec-
toral del partido Movimiento
Ciudadano (MC). Obtuvo alre-
dedor del 10 % de la votación,
con 6 204 372 de votos, más
de cinco veces del 1 010 891 de
votos que obtuvo en 2018, colo-
cándose tentativamente como la
tercera fuerza política del país por
encima del PRD, que este año solo
logró 1 120 982 de votos, frente a
los 1 602 750 de 2018; del PVEM,
Israel Covarrubias y Cristhian Gallegos
50
que en 2018 obtuvo 1 051 480 de
votos y hoy 4 676 912, triplican-
do su votación; y del PT, que en
2018 logró 3 396 805 votos, en
tanto que alcanzó 3 882 671 en
las elecciones recientes, y el PRI
(Núñez, 2024).
Lo que cabe subrayar es que
Morena y MC son dos partidos
que en su forma actual no par-
ticiparon directamente en la
transición a la democracia; no
obstante, hoy son las agrupacio-
nes que dirigen el proceso políti-
co mexicano. ¿Cómo podemos
comprender este cambio de di-
rección partidista dentro del sis-
tema político mexicano? Se debe
reconocer que nos encontramos
frente a un hito en la historia po-
lítica y social de México que su-
giere la necesidad de estructurar
un nuevo sistema de partidos, así
como nuevas reglas que se aco-
plen a la realidad política y social
de la democracia mexicana. Algo
no está funcionando de manera
adecuada si los perdedores de las
elecciones, sean populistas o no,
introducen la narrativa del frau-
de en la medida en que los resul-
tados no los favorecen. Esto es
indicativo de un problema de di-
seño institucional de la democra-
cia que no contempló la partici-
pación de partidos antisistema
que se vuelven polos de atrac-
ción y orientan las preferencias
electorales mayoritarias. Parece
que las elecciones del 2 de junio
pasado indican que tendremos
que discutir si es posible orientar
las preferencias electorales para
que sean distribuidas entre todos
los competidores por el poder
sin que nadie quede excluido y
que nadie gane todo, lo que nos
llevaría a dejar sobre la mesa la
siguiente pregunta: ¿la democra-
cia necesita restricciones al des-
bordamiento que ella genera?
Al mismo tiempo, es un hito
por el hecho de que Claudia
Sheinbaum es la primera mujer
que gobernará México, en un
momento en el que el poder fe-
menino es lo que prácticamen-
te se ha vuelto una palanca que
saca a flote el hundimiento de
la sociedad democrática, sobre
todo porque puede dinamitar
el machismo, que es uno de los
rasgos centrales de la política
mexicana, aunque este último
siempre se ha resistido a su des-
plazamiento y está lejos de morir.
6. Conclusiones
El populismo es uno de los fe-
nómenos más comentados en
la última década en el campo de
los estudios políticos. En gran
México: ¿Democracia bajo fuego? 51
medida, esto se debe a los efec-
tos que provoca en la vida públi-
ca de las democracias en diversos
ámbitos institucionales y socia-
les. Por ejemplo, se ha sostenido
que el populismo es una fuente
de inestabilidad social y polariza-
ción política, así como un dispa-
rador de la profundización de las
divisiones dentro de la sociedad,
en las que su pico más alto es la
exacerbación de los estados de
ánimo contrarios al ideario de-
mocrático. De cualquier modo,
se debe subrayar que el populis-
mo es una opción dentro de va-
rias que hoy se vislumbran en el
horizonte político, en el que ade-
más de él, tenemos la opción del
neofascismo y la del liberalismo
como formas políticas que están
cobrando fuerza en los últimos
años.
La identificación de las cau-
sas potenciales que provocan
la decadencia política (como se
le atribuye al populismo) no se
inscriben solo en el nivel de la
forma de régimen político, pues
también cuentan las variables es-
tructurales, los factores externos
y la coyuntura en la cual tiene
lugar ese cambio de régimen. En
el caso mexicano, se ha insisti-
do mucho en que el país se en-
cuentra en vías de convertirse en
una segunda Venezuela, que el
populismo de AMLO y hoy el de
Sheinbaum, aunque asumirá la
presidencia de la república hasta
octubre próximo, es una vuelta al
pasado autoritario; incluso, en
los círculos de opinión más con-
servadores se habla de la instau-
ración del comunismo. Son ideas
que provocan cierta hilaridad,
pero en determinados sectores
sociales mexicanos, son tomados
con mucha seriedad.
Las elecciones del 2 de junio
pasado son un gesto multitudi-
nario en el que lo heterogéneo
de la composición de la socie-
dad mexicana aparece de nuevo
en primer plano, desborda cual-
quier razón que se quiera atribuir
a esa potencia infigurable de de-
cisión. Parece que el ciudadano
mexicano entiende a la democra-
cia como una búsqueda cons-
tante que va al encuentro de una
autorrealización en lo colectivo,
posible solo en su desrealización.
Es decir, el ciudadano en México
piensa la democracia como una
fiesta política inmotivada en la
que hoy se colocan una serie de
demandas que redundan la exi-
gencia de inclusión social y eco-
nómica. Esto se vuelve el desafío
principal del juego de fuerzas que
escenifica la vida en común de la
Israel Covarrubias y Cristhian Gallegos
52
democracia mexicana. Con ello,
se abre la puerta a la pretensión
ciudadana, o por lo menos de los
millones de ciudadanos que vo-
taron por Morena, de construir
un perfil distinto, tanto de la vida
organizada como de la no orga-
nizada en el país.
En estos momentos, es apre-
surado decir que el camino ha-
cia la autocracia está trazado; lo
que es evidente es un nuevo vigor
en la idea democrática, funda-
mentado en la atención de la
desigualdad y pobreza, así como
en la participación política de las
clases en condición de desam-
paro. La nueva presidenta tiene
el desafió de consolidar esa idea
con nuevas instituciones y valo-
res, teniendo en cuenta que será
un proceso conflictivo y nunca
terminado, o bien, regresar al sa-
crilegio de que la democracia no
puede hacer nada por lo pobres y
su única utilidad es la restitución
en la transferencia del poder.
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Grises y matices en la democracia costarricense
a escala cantonal
José Díaz1 y Sindy Mora2
1. Introducción
la democracia cosTarricense es reconocida como una de más conso-
lidadas de la región latinoamericana. No obstante, el país ha expe-
rimentado un proceso de desgaste de su democracia que refleja en
un aumento del abstencionismo en los procesos electorales (Alfaro,
2019a; Hernández, 2002; Lehoucq, 2005; Seligson, 2002). Este artí-
culo expone que dicho distanciamiento de los mecanismos de parti-
cipación formal no es exclusivo de Costa Rica, ni característico solo
de los procesos electorales a escala nacional; también está presente
en los eventos desarrollados a nivel local.
Si bien se ha señalado que las primeras elecciones municipales rea-
lizadas tras la aprobación del Código Municipal de 1998 estuvieron
marcadas por un limitado conocimiento del proceso electoral y de
las ofertas partidarias (Fernández, 2019), los comicios locales poste-
riores no se han caracterizado por la participación mayoritaria de la
población. A pesar de la implementación de una serie de reformas al
Código Electoral de 2009, que han podido incidir en una leve reduc-
ción del abstencionismo, estas no han concretado el acercamiento
de la población a las urnas (Fernández, 2019). Se debe acotar que
la Constitución Política de Costa Rica no establece la obligatoriedad
del voto para las personas ciudadanas, por lo que no existe ningún
tipo de mecanismo institucional que obligue o incite a participar en
los procesos electorales.
1 Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional de Costa
Rica. Correo: jose.diaz.gonzalez@una.ac.cr
2 Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional de Costa
Rica. Correo: sindy.mora.solana@una.ac.cr
José Díaz y Sindy Mora
56
Asimismo, la situación de
Costa Rica no se aleja de la de
los otros países centroamericanos
respecto al nivel de participación
ciudadana en los comicios loca-
les. Por ejemplo, en las eleccio-
nes municipales de Nicaragua en
2021, el porcentaje de abstencio-
nismo alcanzó el 82,7% (Olivares,
2022). Para el caso de Honduras,
Guatemala, El Salvador y Panamá,
los datos sobre el abstencionismo
electoral en las elecciones munici-
pales varían según la fuente con-
sultada pero, en general, la parti-
cipación en este tipo de comicios
ronda el 50 % del electorado
(Sonneland, 2018).
La literatura disponible sobre
el tema permite identificar algu-
nas características de la parti-
cipación electoral municipal en
Costa Rica. En primer lugar, los
resultados electorales son expre-
sión del fin del bipartidismo y del
surgimiento del multipartidismo
a escala local (Alfaro, 2019b),
lo que ha supuesto el debilita-
miento del Partido Liberación
Nacional (PLN), histórico gana-
dor de estas elecciones, así como
el surgimiento de nuevas élites lo-
cales con representación munici-
pal (Guzmán, 2019). En segundo
lugar, los cantones rurales pre-
sentan una mayor participación
en comparación con los urbanos
(Alfaro, 2019b; Beltrán, 2019),
debido a que los gobiernos lo-
cales pueden tener una mayor
incidencia en la concreción de la
política en estos territorios, en re-
lación con el Estado costarricen-
se, que se ha caracterizado por su
centralismo administrativo.
En tercer lugar, si el voto es
entendido como un hábito, los
estudios longitudinales muestran
que solo 8 de cada 100 perso-
nas han asistido a las elecciones
municipales de manera cons-
tante (elecciones desarrolladas
en 2002, 2006, 2010 y 2016)
(Alfaro, 2019b), lo que eviden-
cia la dificultad para que estas
elecciones lleguen a consolidarse
como una práctica arraigada en
la población costarricense. En
cuarto lugar, el trabajo de Beltrán
ha apuntado a la contradicción
existente entre la confianza en
las instituciones y el descontento
con ellas, debido a su incapaci-
dad de atender necesidades bá-
sicas, explicaría el repliegue de la
participación político-electoral a
escala municipal (Beltrán, 2019).
Por último, Díaz ha señalado que
variables como la edad y la socia-
lización política primaria, dentro
de la cual se contemplan las con-
versaciones con familiares, ami-
gos o compañeros de trabajo,
Grises y matices en la democracia costarricense a escala cantonal 57
aumentan la probabilidad de
asistir a las urnas (Díaz, 2020).
En consideración de estos an-
tecedentes, en este artículo se ofre-
ce una mirada a la participación
político-electoral en las elecciones
municipales, enfatizando en el
proceso electoral municipal vivido
el pasado 4 de febrero de 2024. El
artículo sostiene la tesis de que,
pese al prestigio que acompaña
a la democracia costarricense, el
análisis a escala cantonal de la
participación político-electoral
permite dimensionar los grises y
matices de esta democracia.
2. La participación político-
electoral
en elecciones municipales
En el año 2002 se eligió por pri-
mera vez, mediante el voto popu-
lar, el puesto de alcaldía en Costa
Rica. También fue la primera vez
que las elecciones municipales
se celebraron en una fecha dis-
tinta a las elecciones nacionales
(Fernández, 2019). Este cambio
se realizó, primero, para evitar el
“voto arrastre”, ya que muchas
personas tendían a votar por
el mismo partido tanto para el
Gobierno nacional como para
el local, sin una adecuada re-
flexión o distinción de los niveles
de gobierno, lo cual perjudicaba
a los partidos de escala local.
En segundo lugar, al separar los
procesos electorales se buscaba
enfatizar en la ciudadanía la im-
portancia de los comicios locales,
dando un espacio adecuado para
que las agrupaciones políticas ex-
pusieran sus planes y propuestas
para sus cantones, sin que fue-
ran opacadas por las discusiones
electorales de escala nacional.
Como muestra el gráfico 1, el
porcentaje promedio de absten-
cionismo en las elecciones mu-
nicipales de 2002 fue del 72,2%
y este aumentó a un 76,2 % en
las elecciones de 2006. Sin em-
bargo, a partir de la elección de
2010, el abstencionismo prome-
dio descendió hasta llegar a su
punto más bajo en los comicios
de 2020, en los que el prome-
dio del abstencionismo fue de
63,7%. No hay estudios sistemá-
ticos que expliquen el aumento
de la participación ciudadana
en las elecciones municipales du-
rante dicho período. Sin embar-
go, pueden señalarse –de manera
tentativa– al menos dos razones:
la primera, conforme los comi-
cios municipales se consolidaron
en el tiempo, la ciudadanía cos-
tarricense empezó a prestarles
más atención, lo que ha reper-
cutido en una mayor asistencia a
las urnas.
José Díaz y Sindy Mora
58
Gráfico 1
Porcentaje promedio de abstencionismo en las elecciones municipales.
Costa Rica, 2002-2024
72,20 %
76,20 %
72,10 %
64,60 %
63,70 %
68,40 %
62 %
64 %
66 %
68 %
70 %
72 %
74 %
76 %
78 %
200220062010201620202024
Fuente: Construcción propia, a partir de datos proporcionados por el Tribunal Supremo de Elecciones.
Una segunda razón puede
deberse a que, a partir de 2016,
se modificó la fecha de elección
de las autoridades municipales.
Estos comicios solían celebrarse
en diciembre del año en que se
realizaba la elección nacional;
después de la reforma, se llevan
a cabo dos años después de las
votaciones nacionales. Este cam-
bio permitió al Tribunal Supremo
de Elecciones (TSE) tener mayor
holgura para preparar el proceso
electoral y brindó a las agrupa-
ciones políticas la posibilidad de
construir sus propuestas y rea-
comodar sus estructuras locales,
en especial, para los partidos de
escala nacional. Además, un ma-
yor tiempo entre los comicios na-
cionales y locales puede permitir
a la ciudadanía ‘descansar’ de
la dinámica político-electoral y,
con ello, tener una mejor dispo-
sición para abordar los comicios.
A pesar de lo expuesto, para
las elecciones municipales de
2024 el abstencionismo rever-
tió el comportamiento anterior
y aumentó a un 68,4 %. Para
los comicios de 2024 se imple-
mentaron algunos cambios en el
proceso electoral que pudieron
incidir en la asistencia a las ur-
nas. El primero de ellos fue una
limitante a la reelección por dos
Grises y matices en la democracia costarricense a escala cantonal 59
períodos consecutivos de los al-
caldes y alcaldesas. Antes de esta
reforma, las personas que ocupa-
ban la alcaldía podían reelegirse
indefinidamente en el cargo, una
disposición que fue criticada,
debido a que dificultaba la ro-
tación de representación polí-
tica en dichos puestos (Ovares,
2024). El ejemplo más claro es
el de Johnny Araya Monge, quien
ocupó la alcaldía de San José (ca-
pital del país) desde 2002 hasta
2024. Dado el peso que pudiera
tener el alcalde o alcaldesa del
cantón, su falta de participación
en los comicios podría disminuir
la asistencia a las urnas. No obs-
tante, podría generar la situa-
ción inversa, la no posibilidad
de reelección podría aumentar la
competitividad del proceso elec-
toral y generar una situación más
atractiva para el electorado.
Otro cambio importante fue
la obligación a los partidos de
cumplir con paridad de género
horizontal y vertical. Esta refor-
ma busca dar a las mujeres ma-
yores oportunidades para ocupar
puestos de alcaldesa, ya que an-
tes solo se les exigía cumplir con
paridad vertical, así que los parti-
dos tendían delegar a las mujeres
en los puestos de vicealcaldesa.
La aplicación de esta normativa
hizo que el número de mujeres
electas como alcaldesas aumen-
tara, pasando de 8 en 2020 a 22
en 2024. Esta medida fue con-
siderada polémica por algunos
partidos políticos, ya que el TSE
no permitió la participación de
los Partidos Pueblo Soberano y
Aquí Costa Rica Manda, ambas
agrupaciones autodenominadas
como “oficialistas” o “rodriguis-
tas” (presentadas como agrupa-
ciones políticas representantes
del presidente de la República
Rodrigo Chaves), debido a que
no cumplían con la paridad ho-
rizontal. Esta situación provocó
que el oficialismo no tuviera re-
presentación en dichos comicios
(Angulo, 2023; Quiros y Bolaños,
2023).
Tomando en consideración
el escenario anterior, a conti-
nuación, se analizarán algunos
datos sobre la organización po-
lítica cantonal y el contexto so-
cioeconómico local, para tratar
de determinar si se localiza una
relación entre estos que permita
explicar el aumento del absten-
cionismo en las elecciones muni-
cipales de 2024.
José Díaz y Sindy Mora
60
3. ¿Por qué (no) votar en las
elecciones municipales?
El TSE declaró que la gestión
de las elecciones municipales de
2024 fueron las más complejas
en la historia de Costa Rica (TSE,
2023), tanto por tratarse de 84
procesos electorales indepen-
dientes (uno por cada cantón),
como por la aplicación de la
regla de paridad de género hori-
zontal y vertical. A esta situación
se suma que se inscribieron para
participar en dichos comicios
161 agrupaciones, entre partidos
nacionales, provinciales, canto-
nales y coaliciones políticas, lo
que convirtió este proceso en el
que ha contado con la mayor
cantidad de agrupaciones políti-
cas en la historia del país.
En este artículo busca determi-
nar si el aumento en la cantidad
de partidos políticos va acompa-
ñado de una mayor participación
electoral. Desde los trabajos de
Maurice Duverger (1954), se ha
establecido que los sistemas mul-
tipartidistas pueden ofrecer una
mayor cantidad de opciones para
la ciudadanía, lo cual podría faci-
litar que las personas identifiquen
al menos un partido cercano a
sus intereses y, con ello, asistir a
votar. Por lo tanto, se busca esta-
blecer si existe una relación entre
el aumento o disminución de la
cantidad de partidos que partici-
pan en los comicios y el aumento
o disminución del abstencionis-
mo por cantón, comparando el
proceso electoral 2020 y 2024.
También se busca determi-
nar si el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) de los cantones
se asocia con el nivel de partici-
pación electoral. Otros trabajos
han mostrado que en comicios
electorales anteriores no existe
una relación entre el IDH y el ni-
vel de abstencionismo del cantón
(Chavarría, 2014). En este caso,
nos acercamos desde una pers-
pectiva diferente, ya que no de-
seamos determinar si existe o no
dicha relación entre el IDH y los
niveles de abstencionismo para
las elecciones de 2024, sino que
buscamos establecer si existe re-
lación entre el IDH y el aumento
o disminución del abstencionis-
mo por cantón, comparando los
resultados de 2024 y 2020. Nos
encontramos con una limitante:
solo hay disponibles datos del
IDH por cantón para el año 2020
(PNUD, 2023), por lo que no se
cuenta con información más cer-
cana para poder determinar los
cambios en esta variable.
Una tercera variable para ana-
lizar es el crecimiento del padrón
Grises y matices en la democracia costarricense a escala cantonal 61
electoral cantonal. En Costa
Rica, se ha demostrado que los
cambios en el padrón electoral
debido a la migración interna son
muy bajos, casi imperceptibles
de una elección a otra (Solís et
al., 2022). Por lo tanto, los cam-
bios en el padrón electoral se de-
ben más a eventos demográficos,
es decir, la incorporación de nue-
vos votantes (jóvenes que alcan-
za la mayoría de edad legal) y el
fallecimiento de votantes. Alfaro
ha mostrado que para la ciuda-
danía costarricense pesa mucho
el hábito de votar para determi-
nar su posible asistencia a las ur-
nas, en otras palabras, entre más
elecciones ha vivido una persona,
más probable es que asista a vo-
tar (Alfaro, 2019a). Siguiendo
con esta línea, se considera po-
sible establecer que en aquellos
cantones en los que hay un au-
mento del padrón electoral entre
2020 y 2024, también aumente
el abstencionismo, esto debido
a que este grupo de nuevos vo-
tantes aún no ha desarrollado el
hábito de asistir a las urnas.
En primer lugar, existe una
relación estadísticamente signi-
ficativa entre todas las variables
estudiadas (tabla 1). Se consta-
ta una relación inversa entre la
variación de partidos políticos y
la variación del abstencionismo
por cantón (r = -0,159), es decir,
en el momento en que aumenta
la cantidad de partidos entre la
elección el 2020 y 2024, tiende
a disminuir el abstencionismo.
Esto concuerda con lo que esta-
blece la literatura académica, así,
a mayor oferta electoral aumenta
la posibilidad del electorado de
encontrar una opción adecuada
para sus intereses y, con ello, au-
menta su probabilidad de asistir
a las urnas (Duverger, 1954).
Tabla 1
Coeficiente de correlación de Pearson para las variables de estudio
Variables V1 V2 V3 V4
Variación cantidad partidos políticos 1 0,016** -0,159* 0,066**
Variación padrón electoral 1 0,219* -0,214*
Variación abstencionismo 1 -0,197*
IDH Cantonal 1
*Sig >0,05 **Sig >0,01
Fuente: Construcción propia.
José Díaz y Sindy Mora
62
En el caso de la variación del
padrón electoral, hay una rela-
ción significativa positiva con el
aumento del abstencionismo (r
= 0,219). En otras palabras, la
incorporación de nuevos votan-
tes aumenta el abstencionismo.
Esto refuerza la idea de la impor-
tancia del hábito de votar en la
población costarricense. Así, en
los cantones en los que aumenta
el número de personas electoras,
estas, por lo general, son perso-
nas jóvenes que aún no han desa-
rrollado dicho habito, por ende,
tiende a aumentar el abstencio-
nismo (Alfaro, 2019a).
Por último, se encuentra que
existe una relación significativa
negativa entre el IDH y el aumen-
to del abstencionismo. Es decir,
en los cantones con un menor
IDH tiende a aumentar el abs-
tencionismo. Si bien se había in-
dicado que para otras ocasiones
no se había encontrado una rela-
ción significativa entre el IDH y el
abstencionismo en las elecciones
municipales (Chavarría, 2014),
podemos afirmar que sí hay una
relación con la variación (aumen-
ta o disminuye) del abstencionis-
mo. El comportamiento aquí se-
ñalado es consecuente con otros
estudios electorales, que indican
que las malas condiciones so-
cioeconómicas disminuyen la
probabilidad de asistir a las ur-
nas (Trein etal., 2017).
No obstante, aunque hay una
relación significativa entre las va-
riables analizadas, en todos los
casos estas pueden explicar me-
nos de un 10% de la variación de
los casos; por lo tanto, no puede
considerarse que los cambios en
la composición del padrón, la
organización política o las con-
diciones socioeconómicas del
cantón pueden explicar la varia-
ción del abstencionismo entre las
elecciones del 2020 y 2024. Por
lo tanto, es necesario recurrir a
otros elementos para explicar el
comportamiento político-electo-
ral de la ciudadanía costarricen-
se a escala local.
En primer lugar, podemos
plantear la existencia de un des-
interés general hacia la política,
lo cual aleja a la población de las
urnas. Diversos trabajos han mos-
trado que el conversar de forma
cotidiana sobre política es una
variable que ayuda a explicar el
comportamiento político-electo-
ral de las personas (Aguirre, 2011;
Echeverría y Meyer, 2017); incluso,
se ha encontrado que, para el caso
de Costa Rica, la socialización po-
lítica es un factor que incide en
la probabilidad de ir a las urnas
tanto en las elecciones nacionales
como locales (Díaz, 2020; Díaz-
González y Cordero, 2020).
Grises y matices en la democracia costarricense a escala cantonal 63
En ese sentido, en una encues-
ta realizada por el Instituto de
Estudios Sociales en Población
(Idespo) de la Universidad
Nacional (UNA), cuyos datos
fueron recolectados solo unos
días después de la elección mu-
nicipal del 2024, se les consultó
a las personas participantes con
qué frecuencia conversan sobre
política con las personas cerca-
nas. Así, el 51,8 % señaló que
nunca o casi nunca conversan
sobre política, un 27,1% indicó
que lo hace algunas veces y el
21% siempre o casi siempre. El
hecho de que casi la mitad de la
población no converse sobre po-
lítica de manera frecuente puede
interpretarse como una señal de
desinterés hacia la política y los
asuntos públicos, en general, lo
que puede llevar al aumento del
abstencionismo.
Gráfico 2
Frecuencia con que la persona encuestada habla de política con personas
cercanas. Costa Rica, febrero 2024 (n = 1171)
21,1
27,1
51,8
010 20 30 40 50 60
Siempre o casi siempre
Algunas veces
Nunca o casi nunca
Fuente: Idespo-UNA (2024).
En segundo lugar, la gran can-
tidad de partidos políticos que
participaron pudieron dificultar
a la ciudadanía tomar una deci-
sión y, con ello, llevar a un grupo
a abstenerse. Esta observación
es contraria a lo datos expuestos
antes, ya que el aumento de par-
tidos se asocia a una disminu-
ción en el abstencionismo; pero,
como también se anotó, el poder
explicativo de la correlación reali-
zada es muy bajo, por lo que hay
una cantidad considerable de
José Díaz y Sindy Mora
64
casos en los que el aumento de la
oferta electoral puede ir acompa-
ñada de un aumento del absten-
cionismo. Diversos trabajos han
mostrado que, en el mejor de los
casos, la ciudadanía cuenta con
una racionalidad limitada, por lo
que se le dificulta manejar gran
cantidad de información, ana-
lizarla y decidir por quién votar
según sus preferencias políticas
(Elster, 1989; Marín, 2019). Por
lo tanto, un aumento en la ofer-
ta electoral no contribuye nece-
sariamente a un fortalecimiento
de la democracia, al contrario,
dificulta a la ciudadanía elegir
por quién votar y esto puede lle-
varla a abstenerse.
El estudio poselectoral ante-
riormente mencionado recopila
datos sobre el momento en que la
ciudadanía decidió su voto en los
comicios municipales del 4 de fe-
brero de 2024 (gráfico 3). El 42%
indicó que tomó la decisión me-
ses antes del día de la elección, el
22,5% lo decidió semanas antes
de la elección, el 17,3% lo hizo la
semana antes de la elección y un
18,2% tomó la decisión el mismo
día de la elección.
Gráfico 3
Porcentaje de la población encuestada según momento en que decidió su voto
para las elecciones municipales del 4 de febrero. Costa Rica, febrero 2024
42,0
22,5
17,3 18,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Meses antes
de la elección
Semanas antes
de la elección
La misma semana
de la elección
El mismo día
de la elección
Fuente: Idespo-UNA (2024).
Grises y matices en la democracia costarricense a escala cantonal 65
Así, el 35,5% de la población
decidió por quién votar para las
elecciones municipales entre la
semana antes y el día de la elec-
ción. Este comportamiento de
votante tardío ha sido identificado
en los procesos electorales na-
cionales en Costa Rica, siendo
un votante con bajo interés en la
política, que parece poseer me-
nos información sobre el proceso
electoral (Pignataro, 2017). Esta
situación, sumada a la gran can-
tidad de partidos presentes en
los comicios locales del 2024, re-
fuerza la idea de que fue comple-
jo (al menos para un sector del
electorado) decidir cómo votar.
Varios estudios de cultura po-
lítica han mostrado que el acto
de votar es uno de los elementos
más importantes en el imagina-
rio político de la población cos-
tarricense, tanto en la construc-
ción de su idea de democracia
como en su identidad nacional
(Díaz-González et al., 2018).
Dado esto, asistir a las urnas en
las elecciones municipales podría
estar ligado al cumplimiento de
valores y responsabilidades cívi-
cas, más que a un acto razonado
en procura de incidir en la políti-
ca local.
El estudio poselectoral elabo-
rado por el Idespo consultó so-
bre los factores que influyeron en
la ciudadanía en su motivación
de ir a votar (tabla 2). Al 97,3%
de las personas que asistieron a
votar le motivó cumplir con su
responsabilidad ciudadana, el
85,8% estuvo de acuerdo en que
lo motivó la preocupación por
temas específicos de su comuni-
dad, al 64,1% lo motivó la afi-
nidad con la propuesta política
de un partido político y al 61%
buscar que un partido distinto
al actual estuviera en la Alcaldía.
Por otra parte, los factores que
en menor medida motivaron la
participación electoral fueron la
participación en grupos comu-
nitarios (36,9 %), apoyar a un
partido que en la actualidad se
encuentra en la alcaldía (31,9%)
y los vínculos familiares o perso-
nales con una persona candidata
(18%).
José Díaz y Sindy Mora
66
Tabla 2
Porcentaje de la población encuestada según factores que motivaron su
participación en las elecciones municipales del 4 de febrero. Costa Rica,
febrero 2024
Factor SÍ NO n
Cumplir con mi responsabilidad ciudadana 97,3 2,7 651
Preocupación por temas específicos de la comunidad 85,8 14,2 650
Afinidad con la propuesta política de un partido político 64,1 35,9 645
Buscar que un partido político distinto al actual esté en la alcaldía 61,0 39,0 646
Participación en grupos comunitarios 36,9 63,1 651
Apoyar al partido que se encuentra actualmente en la alcaldía 31,9 68,1 646
Vínculos familiares o personales con una persona candidata 18 82 651
Fuente: Idespo-UNA (2024).
Los datos anteriores permiten
inferir que los elementos asocia-
dos a la responsabilidad ciuda-
dana y los valores cívicos son los
que tienen mayor incidencia para
motivar la asistencia a las urnas
en las elecciones municipales. No
obstante, no se puede descartar
la motivación generada por los
problemas que afectan a la co-
munidad y la afinidad a la pro-
puesta política de los partidos,
aunque cuentan con un menor
porcentaje de incidencia.
4. Conclusiones
El sistema electoral costarricense
es uno de los más sólidos tanto
en América Latina como a escala
mundial (Bou Valverde, 2010) y
ha sido uno de los pilares angu-
lares para el desarrollo de su es-
tabilidad política y democrática
(Díaz-González, 2022; Lehoucq,
1996, 1997; Miranda, 2017). No
obstante, esta situación no im-
plica que no haya críticas y fac-
tores a mejorar en la democracia
costarricense (Lehoucq, 2005;
Seligson, 2002). Al observar el
proceso electoral a escala local,
la situación es mucho menos
auspiciosa que a escala nacio-
nal, manteniéndose los niveles
de abstencionismo por encima
del 60%. Como se ha mostrado
en el presente texto, los procesos
electorales locales independien-
tes de las elecciones nacionales
son relativamente recientes en la
historia costarricense y, durante
Grises y matices en la democracia costarricense a escala cantonal 67
las dos décadas que se han rea-
lizado, apenas inician a consoli-
darse como un espacio de par-
ticipación política democrática
importante para la ciudadanía
costarricense.
En el artículo se exploraron
algunas posibles explicaciones
al fenómeno del abstencionismo
en las elecciones municipales y,
si bien se constata que variables
como la cantidad de partidos,
los cambios demográficos y las
condiciones socioeconómicas de
la población inciden en la asis-
tencia a las urnas en estas elec-
ciones, ninguna tiene un amplio
poder explicativo. Dado lo ante-
rior, se exploraron otras posibles
explicaciones relacionadas con
las características del electorado
y la cultura política de la pobla-
ción costarricense. Se encontró
que estas variables podrían tener
una mayor capacidad para expli-
car por qué la población no va a
votar en estos comicios, ya que,
si bien el votar es un elemento
importante en la identidad po-
lítica costarricense, al mismo
tiempo la población muestra un
desinterés hacia la política, lo
cual puede llevarla a abstenerse
a emitir su voto.
A pesar de lo anterior, los
procesos electorales municipa-
les podrían ayudar a fortalecer la
democracia costarricense y pa-
liar los problemas y la pérdida de
credibilidad que han tenido los
partidos a escala nacional. Al ser
un espacio más cercano, las per-
sonas podrían percibir de mane-
ra más directa como su accionar
policía genera cambios en su en-
torno, lo cual podría motivarlas
a fortalecer su participación. Al
mismo tiempo, esta cercanía po-
dría ayudar a que los grupos al-
canzaran acuerdos para enfren-
tar los problemas que afectan a
la comunidad. Esta potenciali-
dad se observa en el aumento de
partidos a escala local lo cual,
si bien no ha tenido una fuerte
incidencia en el aumento de la
participación electoral, puede
tomarse como un indicador del
interés de las personas de organi-
zarse para lograr una incidencia
política en su comunidad.
José Díaz y Sindy Mora
68
5. Referencias bibliográficas
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Revista Hologramática, 1(15), 35-61.
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71
La política en tiempos de Twitter1
Natalia Angulo2
Los acontecimientos sociales no son objetos que se
encuentran ya hechos en alguna parte de la realidad y cuyas
propiedades y avatares nos son dados a conocer de inmediato
por los medios con mayor o menor fidelidad.
Eliseo Verón
1. Aproximaciones ciudadanas a los conceptos sobre la web
2.0: participación, conversación y democracia
esTe documenTo busca dar cuenta de la producción discursiva y el sen-
tido que toma la infocomunicación como mecanismo de incidencia
política en plataformas como Twitter. Además, plantea el análisis de
la opacidad que existe entre activismo y participación política, desta-
cando la ambigüedad estratégica que caracterizan a la participación,
la democracia y la conversación en las plataformas web.
Evidentemente se reconoce la existencia de experiencias que han
devenido procesos de incidencia política puestos en marcha por los
medios sociales y que se han materializado, necesariamente, en el
entorno sin conexión. Sin embargo, este estudio no se centra en la
casuística, sino en la necesidad de entender el proceso por el cual
se configura una comprensión multidimensional de la participación
política de un grupo de usuarios de Twitter, articulada a sus percep-
ciones sobre la conversación y la democracia, a partir de marcos ex-
perienciales específicos.
1 Partes de este documento provienen de la tesis doctoral de la autora, El rostro del ciudadano
2.0: las ficciones de la conversación y la participación política en medios sociales, a partir de la construc-
ción de una tipología de usuarios de Twitter en la cuenta de Rafael Correa, ex presidente de Ecuador. Uni-
versidad Nacional de Cuyo-Argentina.
2 Coordinadora general de Investigación del IAEN.
Natalia Angulo
72
Conforme progresaron los ha-
llazgos, adherimos a la posición
de que existe un nuevo grupo
de enunciadores que ocupa este
espacio mediático (Slimovich,
2018) y que busca articularse en
lo público (como un campo de
tensión y de disputa permanente)
mediante la presentación de sus
opiniones, canalizadas a través de
la circulación de conflictos y de
asumir posiciones que dejan ver
intereses individuales y colectivos.
Las personas, vistas en térmi-
nos de sujetos sociopolíticos y
mediáticos, expresan actitudes y
desatan acciones porque la polí-
tica ha sido digitalizada y sus per-
sonajes han sido mediatizados.
2. De la opinión a la
incidencia: nociones de
una participación tangible
Respecto a las categorías analiza-
das sobre los medios por los que
se informan las personas usuarias
de Twitter y la indagación-opinión
sobre la noción de incidencia, es
necesario destacar que la media-
tización de la política ha impac-
tado seriamente en los procesos
de deliberación y análisis sobre
los acontecimientos de interés co-
mún. Los medios sociales se han
convertido en brazos propagan-
dísticos de personajes públicos
y, concretamente en el caso de la
clase política, han trasladado la
atención hacia la espectaculariza-
ción y el drama.
En ese aspecto, Georges
Balandier (1992) sugiere que “la
dramatización mediática destina-
da a una dilatada audiencia tiende
a ocupar el lugar que en otro tiem-
po fuera el de la prensa, la litera-
tura o el teatro populares” (p. 13).
Por ello, uno de los primeros as-
pectos que se observa es que pla-
taformas como Twitter constitu-
yen una esfera de información que
entra en disputa con los medios
tradicionales, ya que promueven
un ideario de prontitud, veracidad
y fidelidad con fuentes primarias
de información, y además, faci-
litan la inserción en lo que Eliseo
Verón (2002) llamaría la “cons-
trucción del acontecimiento”.
Esto implica que la platafor-
ma en sí misma, por la forma
en que se ha construido social-
mente, provoca un cambio en
la cultura informativa de un
determinado grupo social que
accede a conectividad y equipa-
miento tecnológico. Esto refleja
las motivaciones con las que la
comunidad de Twitter intenta
posicionarse en la historia y en
su narración, dado que la forma
de incidir políticamente para este
grupo poblacional es a través
de sus opiniones y su vigilancia
La política en tiempos de Twitter 73
social respecto de la ejecución de
políticas públicas. Actúan como
un rol fiscalizador mediante un
artefacto de verificación de la in-
formación y una especie de “hoja
de registro” en tiempo real de
las acciones de la clase política
(principalmente), lo que es bien
recibido por una buena parte de
personas que emplean este me-
dio para revisar información y
seguir la acción política.
Entrar en los temas (y ojo
que no se dice entrar en la con-
versación) a través de opiniones,
significa tener un espacio en la
construcción de la realidad a tra-
vés del acontecimiento narrado
en determinado medio porque,
como propone Verón (2002, p:
6), “los medios informativos son
el lugar donde las sociedades in-
dustriales producen nuestra rea-
lidad”. Así, Twitter recrea y abo-
na este imaginario de inclusión,
al reunir algunas características
de un tipo específico de ‘buen
periodismo’, como la objetivi-
dad, la inmediatez y la contrasta-
ción de fuentes.
¿Quiénes serían estas fuentes,
además de las oficiales? Por su-
puesto, la ciudadanía, y Twitter
lo aprovecha bastante bien. En la
lógica del consumo de la informa-
ción, otra forma de incidencia, de
acuerdo con las entrevistas, estaría
articulada con la producción in-
formativa. Si bien los medios tra-
dicionales tenían definidas rutinas
estándar de publicación de la in-
formación, la dinámica informa-
tiva de los medios sociales ha fo-
mentado una producción distinta
en cuanto a frecuencia, lo que ha
impactado de manera significativa
en el proceso mismo de produc-
ción de noticias. Sin embargo, y
pese a que los medios tradiciona-
les entraron en una lógica distin-
ta, quienes recibían esas noticias,
y que además hasta antes de los
medios sociales no podían ir más
allá de la mera recepción, pronto
descubrieron que podían conver-
tirse en informantes y construir sus
propios acontecimientos.
Al parecer, para las personas
entrevistadas existe una articula-
ción entre opinión e incidencia,
en la que la segunda solo es po-
sible gracias a la existencia de la
primera. Esta causalidad se daría
en respuesta al proceso de pre-
construcción del acontecimiento
(Verón, 2002) a cargo de los me-
dios tradicionales que histórica-
mente, conforme al proceso de
selección y edición de las informa-
ciones, deciden qué informar, con
qué frecuencia, con qué fuentes
y con qué tipos de discursos. Las
personas que ingresan a Twitter
(y permanecen en la plataforma)
Natalia Angulo
74
consolidan prácticas infocomu-
nicacionales que determinan las
formas de comprensión de la inci-
dencia y la participación.
La incidencia política, desde
su acepción tradicional llevada al
entorno en línea, toma distintas
formas. Interesan, en particular,
los modos de entender la inci-
dencia como concepto y como
práctica social para intervenir en
la formulación, implementación
o modificación de políticas públi-
cas por iniciativa o presión ciuda-
dana. Esta última parte es la que
definiría el accionar a través de
Twitter, en la medida que distin-
tos tipos de acción serían vistos
como posibilidades de incidir en
la política pública. En estos tér-
minos, la incidencia es un fin que
se apalanca en distintos medios
y uno de esos —el que mejor ha
sabido capitalizar la necesidad
de amplificación de la voz ciuda-
dana— ha sido Twitter; porque
además, con el pasar de los años,
se ha ido consolidando en el ima-
ginario colectivo como el medio
social político más relevante.
En el sentido estricto del tér-
mino, incidir da cuenta de la ca-
pacidad individual o colectiva
de generar presión e influencia
sobre distintos grupos de poder
para hacer efectiva o materia-
lizar una demanda ciudadana;
sin embargo, no toda presión, ni
todo incendio en Twitter puede
generar incidencia, sobre todo
porque esos episodios de pre-
sión, que a las organizaciones
les dio por llamar crisis en línea,
sobreviven en la palestra pública
entre tres a cinco días y luego son
opacados por otros episodios,
lo que, efectivamente, ha hecho
que no todas las acciones se to-
men en serio. En el campo sin
conexión, la situación es más o
menos la misma en términos de
una sociedad que, en este ámbi-
to, presenta serias dificultades
para recuperar la voz ciudadana
y atender las necesidades con po-
líticas efectivas, entonces no hay
que sorprenderse que las defor-
maciones solo migren de un en-
torno a otro.
Un pronóstico alentador so-
bre los medios sociales, hecho
hace más de veinte años, nos de-
cía que con las tecnologías de la
información y comunicación la
capacidad de involucramiento,
participación e incidencia política
iba a mejorar de forma sustancial
y, por ende, nuestras sociedades
serían más justas, más igualita-
rias y democráticas. Sin embargo,
las evidencias demuestran que el
terreno virtual es capaz no solo
de recuperar los viejos defectos
de las sociedades democráticas
tradicionales, sino también de
La política en tiempos de Twitter 75
amplificarlos, porque esta vez el
imaginario supera a la realidad
y existe, si se quiere, un acuerdo,
una normalización respecto de la
idea de que con los medios socia-
les es posible cambiar el mundo,
lo que en la práctica es al menos
discutible, sobre todo si la inci-
dencia no es capaz de verse refle-
jada en acciones concretas en el
entorno sin conexión.
Ahora bien, tampoco se pue-
den desconocer experiencias in-
teresantes que dan cuenta que
es posible impulsar procesos de
acción política desde los medios
sociales, no solo como Twitter.
Lo que sucede es que estas expe-
riencias también se amplifican,
se generalizan y lo, que es peor,
se presentan como recetas apli-
cables en contextos distintos, en
condiciones sociales y económi-
cas diferentes, con sistemas po-
líticos y culturas políticas hetero-
géneas, tal como señala Yanina
Welp (2009, p. 72) al decir que
“este escenario, que refleja las
tendencias europeas y nortea-
mericanas, no es trasladable a la
situación latinoamericana, que
presenta otras características”.
Las tensiones discursivas al-
rededor de la incidencia política
están asociadas a las formas de
comprensión de la acción polí-
tica y la participación en sí mis-
ma. Sin embargo, esta cuestión
pasa a segundo plano porque,
de alguna manera, la posibili-
dad de opinar de forma pública y
además (supuestamente de ma-
nera directa) con autoridades y
grupos de poder político o eco-
nómico hace que la opinión sea
vista como una forma de generar
acción y, por ende, un cambio. El
entorno virtual se vuelve un esce-
nario en el que las opiniones son
cada vez más similares en tonos
y recursos discursivos, por lo que
la incidencia se vuelve una ban-
dera de lucha una vez que se hizo
posible opinar en la esfera de la
opinión pública tuitera.
¿Es posible aplicar el principio
de precaución en las sociedades
actuales, cuyo rasgo común tiene
que ver con la acción basada en el
“no saber” o “no saber a ciencia
cierta”? La pregunta proviene de
la afirmación realizada por Daniel
Innerarity (2009, p. 47), que se-
ñala que “se está produciendo así
la paradoja de que la sociedad del
conocimiento ha acabado con la
autoridad del conocimiento”.
Quizá la respuesta a esta pregun-
ta podría remitir a si, en efecto, el
no saber no solo es una condición
azarosa, sino también una mues-
tra de que es posible gestionar el
desconocimiento como una for-
ma de sobrevivencia.
Esta situación se agrava con
un tipo especial de discurso
Natalia Angulo
76
legitimado y, además, blindado
con una aparente cientificidad
estadística sobre hábitos y prác-
ticas en el uso de medios socia-
les. Pero, en realidad, está funda-
mentado en la lógica de métricas
que alientan el consumo de ma-
nuales de gestión de contenidos
conforme a recomendaciones
técnicas. Lo más interesante es
que se han configurado todo tipo
de herramientas basadas en ope-
raciones matemáticas y fórmulas
que buscan dar cuenta del com-
portamiento humano en la arena
virtual, y como señala Innerarity
(2009), la incertidumbre crece
debido a que esos conocimien-
tos y las contradicciones resul-
tantes aumentan los niveles de
desconfianza en la información
que abunda en red.
3. La ficción de la
democracia
Por lo general, la democracia
2.0 o la e-democracia ha sido
caracterizada por la utilización
de las tecnologías y sus plata-
formas en procesos de empo-
deramiento ciudadano, para el
control y vigilancia de las accio-
nes gubernamentales o de auto-
ridades en todos los niveles, en
relación con temas de transpa-
rencia, opinión pública y toma
de decisiones. Alrededor de estas
consideraciones se han definido
preceptos que han llevado a que
los gobiernos promuevan proce-
sos de fortalecimiento institucio-
nal desde el ámbito tecnológico
y, por ende, a que la ciudadanía
explore distintas oportunidades
de intervención en la construc-
ción de lo público desde los me-
dios electrónicos. De acuerdo
con esa razón, vivimos en un mo-
mento en el que mucho de lo que
se dice sobre las TIC lleva su par-
te de ficción y simulacro táctico.
La verdad y la ficción no se
excluyen y tampoco actúan por
oposición. Ambas coexisten en
proposiciones en las que la fic-
ción no compite con lo verdade-
ro, no lo tergiversa ni reivindica
lo falso; más bien, la ficción re-
presenta una realidad a partir de
acontecimientos, externos, anéc-
dotas, lo empírico y lo imagina-
rio. La ficción ha ocupado un
lugar privilegiado en la literatu-
ra, pero también en el abordaje
de ciertos fenómenos sociales,
como parte de distintas teorías
filosóficas y sociológicas. En este
marco, la ficción nos plantea la
posibilidad de ver la participa-
ción, la conversación y la demo-
cracia desde las formas en que
están representadas para un gru-
po de personas interesadas en
La política en tiempos de Twitter 77
opinar sobre los acontecimientos
de la política nacional.
Si hasta los primeros años de
la década de 1970 predominaba
una noción de ficción, para Jean
Baudrillard (1978, p. 5) lo que
resulta es el simulacro, que “no
corresponde a un territorio, a
una referencia, a una sustancia,
sino que es la generación por los
modelos de algo real sin origen
ni realidad: lo hiperreal”. Aquí es
que la ficción encuentra su expli-
cación y sus límites y da paso a
una dimensión en la que la rea-
lidad se construye a través de
canales constantes de irrealidad.
Lo imaginario, verdadero y falso
o ninguna a la vez, abre paso a
la ficción de realidad articulada a
simulacros que construyen mun-
dos, jerarquías y artificios.
Así, la ficción se construye so-
bre la base de ciertas estrategias
de modelamiento de la realidad y
se filtra en lo cotidiano para co-
lectivizar afirmaciones, como en
este caso las que tienen que ver
con los medios sociales y su rol
en la democratización de la pala-
bra, la participación en procesos
políticos de toda índole y en la
conversación como generadores
de opinión pública. El simula-
cro es un ejercicio de recreación
de situaciones ficcionarias que
encuentran su razón en un orden
más amplio y complejo: en este
caso, la política. Baudrillard seña-
la que para la clase política no es
extraño suponer que “el dominio
de un espacio simulado está en
la base del poder, que la política
no es una función, un territorio o
un espacio real, sino un modelo
de simulación cuyos actos mani-
fiestos no son más que el efecto
realizado” (1979, p. 29).
La ficción, en este caso, tiene
que ver con lo que Guy Debord
llamó “lo espectacular integrado”,
que combina lo difuso del capita-
lismo moderno y lo concentrado
del capitalismo burocrático, por-
que viene equipado con toda una
maquinaria de mercancías consu-
mibles (materiales e inmateriales),
a través de “prácticas unificadas...
que han conseguido, en nuestros
días, transformar económicamen-
te el mundo y, al mismo tiempo,
transformar policialmente la per-
cepción” (2007, p. 21).
Los testimonios del estudio
base, del que se desprende este
apartado, recuperan el sentido de
lo colectivo, que es visto desde la
presión social que puede ejercer-
se a través de Twitter y que, de ser
así, luego es leída como partici-
pación colectiva. Esto podría no
ser consecuencia de que se haga
Natalia Angulo
78
foco en la democracia en Twitter,
sino de la democracia como pro-
blema, en términos de su instru-
mentalización y la diversidad que
existe alrededor de su compren-
sión, definiciones y las prácticas,
cada vez más heterogéneas, que
son llamadas democráticas. El
debate, por lo general, se ha si-
tuado más en los medios y en las
instituciones, que serían los en-
cargados de fortalecer procesos
más democráticos, y no tanto en
los principios que rigen a la de-
mocracia, sobre todo el relacio-
nado con la decisión por y para
el bienestar colectivo.
Los sistemas modelo alrede-
dor de la representación tienen
mucho que ver en esta discusión,
debido a que aquello que se filtra
en los grupos sociales sobre la li-
bertad, la igualdad y la justicia se
estira hasta donde la experiencia
subjetiva acomoda estos con-
ceptos, vinculándolos, creando
otros, matizándolos y articulán-
dolos con otros preceptos. En
este sentido, comprendemos la
afirmación de que “nunca se vio
con mayor claridad que se trata
de seccionar lo real para abrir-
se a lo imaginario” (Baudrillard,
1978, p. 28). En este caso, sec-
cionar la noción de democracia
para adaptarla a un imaginario
de democracia 2.0 o 3.0, atrave-
sada por las “bondades” de una
plataforma web.
Ahora bien, la escucha, como
tal, obedece a ciertos elementos
que por lo general suelen descui-
darse u omitirse. Aldo Ameigeiras
(2006), citando a Estermann, se-
ñala que “escuchar es mucho más
que oír. Escuchar es una actitud,
un modo de ser que comprome-
te al ser humano en su totalidad
[…]tiene que ver con la voluntad,
con la disponibilidad de abrirse
y dejarse invadir por la voz del
otro” (1996, pp. 120-121) y en
ese orden de ideas, lo que ocurre
en Twitter podría no ser necesa-
riamente un ejercicio de escucha,
sino más bien de blindaje estra-
tégico (una simulación de escu-
cha) para precautelar la popula-
ridad de la clase gobernante.
Los nuevos termómetros de
popularidad son los que muchas
veces definen ciertos cambios de
timón en las decisiones políticas
de los gobiernos. De ahí que la
simulación de escucha, a través
de distintos actos ficcionarios,
puede sembrar la idea de que
aquello que dice la ciudadanía
es registrado para construir po-
líticas de bienestar colectivo; sin
embargo, como afirma Debord
(2007, p. 29), “el espectáculo no
La política en tiempos de Twitter 79
se identifica con el simple mirar,
ni siquiera combinado con el es-
cuchar. Es lo que escapa a la acti-
vidad de los hombres, a la recon-
sideración y la corrección de sus
obras. Es lo opuesto al diálogo”.
Twitter, al igual que
Disneylandia, funciona como
“un inmenso escenario y un tra-
velling perpetuo, tiene necesidad
del viejo recurso imaginario he-
cho de signos infantiles y de es-
pejismos trucados” (Baudrillard,
1978, p. 27). Desde esta pers-
pectiva, se ha reconocido la sin-
gularidad de ciertas experiencias
para movilizar la opinión pública
en este medio y, con ello, presio-
nar el sistema de toma de deci-
siones; sin embargo, es evidente
que existe una apología a la pla-
taforma, más allá de sus alcan-
ces reales y por fuera de los hilos
tácticos que se tejen en medio de
maniobras políticas.
Finalmente, los testimonios se
refieren a la democracia como un
espacio de deliberación, opinión y
debate sobre temas de interés pú-
blico. Esto puede ser producto de
un enfoque tradicional alrededor
de la democracia deliberativa en su
versión remasterizada en el campo
virtual. Como se sabe, la democra-
cia deliberativa alude a la posibili-
dad de una convivencia armónica
de puntos de vista (desde distintos
códigos sociales, ideológicos, in-
cluso moralistas) de lo que es ade-
cuado para las sociedades.
Con Jürgen Habermas a la ca-
beza de la política deliberativa, se
instituye una forma de compren-
der el proceso por el cual las polí-
ticas, las leyes y las instituciones se
legitiman como parte de un siste-
ma democrático, siempre y cuan-
do estos procesos provengan de
actos comunicativos y argumenta-
tivos (es decir, con análisis y discu-
siones amplias) para lograr acuer-
dos y consensos colectivos. Pero
Mauro Cerbino (2018), quien re-
cupera las críticas de Nancy Fraser
(1997, p. 139) a Habermas, seña-
la que la crítica “reclama el hecho
de no haber contemplado, junto a
la esfera pública burguesa, otras
arenas discursivas en las que los
grupos socialmente subordinados
configuran y hacen posible la ela-
boración de discursos contrarios
a los dominantes”.
Entendiendo la deliberación
como un proceso argumentati-
vo, informado, evaluativo y de
relevancia para la toma de de-
cisiones trascendentales, nos
preguntamos hasta qué punto
la ciudadanía está lo suficiente-
mente informada para debatir,
cuestionar, interpelar o afirmar
Natalia Angulo
80
una u otra proposición o pro-
puesta. Los desarrollos de Daniel
Innerarity, Antoni Brey y Gonçal
Mayos (2009) que abordan las
sociedades del desconocimiento,
de la ignorancia y de la incultu-
ra, respectivamente, dejan ver la
poca o nula preparación de las
personas para tomar la palabra
de manera responsable, sobre
todo en procesos que implican
decisiones de relevancia nacional.
Los autores hablan de la capaci-
dad desarrollada para gestionar y
fluir en el desconocimiento como
una competencia escrita con le-
tra pequeña, característica de las
sociedades informacionales.
Esto tendría que ver no solo
con la falta de interés. O más
bien, la falta de interés se origina
en otras problemáticas asociadas
al bombardeo de información en
todos los medios y la dificultad
de procesar todos esos datos, de
tal manera que la información se
vuelva conocimiento. Como sugie-
re Mayos, “la poca preparación o
disponibilidad de los ciudadanos
para hacerse cargo de todos los
complejos entresijos de lo público
y de lo político es la causa de la ac-
tual incultura política y debilidad
democrática” (2009, p. 54).
¿Es democrático el conoci-
miento, sobre todo en un mo-
mento en el que la educación y
todo tipo de procesos formati-
vos se reservan el derecho para
pensar la profesionalización en
ámbitos cada vez más tecnifica-
dos y especializados? La tenden-
cia de la especialización va en
contra del conocimiento general
que, sin ser perfecto, brindaba al
menos la posibilidad de tener un
panorama amplio de reflexión
sobre los temas de interés colec-
tivo. Cuando hablamos de espe-
cializaciones y de experticias, nos
referimos a la batería de meca-
nismos con los que funciona el
proyecto político del capital o el
capitalismo cognitivo.
Es complejo afirmar que los
medios sociales son las nuevas
ágoras de discusión. De opinio-
nes y expresiones de todo tipo,
sí, pero no necesariamente de
debate y propuesta informada.
Pareciera más bien que estas afir-
maciones provienen de la ligereza
con que se compran los discur-
sos publicitarios de las empresas
mediáticas, pero también de la
clase política que construye todo
un andamiaje seductor alrededor
de estos espacios, y su potencial
como autopistas democráticas.
En las sociedades del espectá-
culo, las prácticas económicas
sobre los sistemas de produc-
ción definen lo real, configu-
rando, además, nuevos marcos
La política en tiempos de Twitter 81
cognitivos que se estabilizan con
el tiempo. De hecho, Alan Badiou
señala que “a la economía se le
confía el saber de lo real. Es ella
la que sabe” (2016, p. 12).
De ahí que los actos ficcio-
narios sobre procesos más de-
mocráticos en plataformas web,
sobre todo Twitter, se vuelven
tan creíbles, tan fáciles de proce-
sar, porque provienen de marcos
experienciales específicos, con
intercambios sociales y diálogos
no necesariamente informados,
además de estar atravesados por
tipos de interacciones o respues-
tas como memes, emoticones,
gráficos o frases que no, per se,
aportan al debate ni a la toma
de decisiones. La simulación de
la democracia es efectiva en es-
tos medios si se trata del cruce
de opiniones, de hacer llegar un
mensaje a un personaje público
directamente, e incluso de filtrar
los mensajes que con habilidad
se inoculan desde los grupos de
poder económico o político.
Simular la democracia obede-
ce a una razón política y econó-
mica que conecta con el hecho
de que “la sociedad del cono-
cimiento, ultraespecializada y a
lomos de las TIC, amenaza a sus
ciudadanos con la obsolescencia
en todos los campos en los que
no sean expertos profesionales”
(Mayos, 2009, p. 57); por ende,
el sentido de lo común se pone en
riesgo porque ya no somos capa-
ces de pensar más allá de los in-
tereses individuales que muchas
veces se disfrazan de colectivos.
Si la idea es incidir a través de
la atención y acogida de las de-
cisiones de la sociedad civil, esas
decisiones no habrían sido toma-
das en el marco de procesos de
reflexión amplios y plurales.
Como nos cuenta Jose Van
Dijck (2016), incluso Facebook
en 2009 intentó sacar ventaja del
sentido de lo democrático, invi-
tando a que las personas que lo
usaban incidieran en las políti-
cas de derecho y responsabilida-
des por medio de su opinión y su
voto; sin embargo, los términos
restrictivos de esa participación
determinaron en sí mismos los ni-
veles, tiempos y formas en los que
la gente debía intervenir. Eso de-
muestra que el simulacro genera
sus propios escenarios, siempre
propicios y se nutre de sus con-
tradicciones. La democracia se
vuelve un instrumento discursivo
para sostener públicamente las
acciones y decisiones tomadas a
partir de consultas populares que
se usan como pretexto y que, por
lo tanto, no logran ser ni popula-
res ni representativas.
Natalia Angulo
82
4. Referencias bibliográficas
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83
Consultas populares y referéndum en Ecuador
(1978-2006)
Alejandro Molina1
1. Introducción
las consulTas populares y referéndums se inscriben dentro de los deno-
minados mecanismos de democracia directa, que mejoran la partici-
pación política de la ciudadanía en las democracias representativas
(Altman, 2019). Esta mejora persigue incrementar la confianza de
la ciudadanía en los sistemas políticos democráticos y en la calidad
de la representación política (Zovatto, 2007). Entre los mecanismos
más importantes de la democracia directa moderna, las consultas
populares y los referéndums son los más utilizados, sobre todo por
los presidentes (Altman, 2010).
Primero, vamos a dar una mirada panorámica al marco norma-
tivo que rige la aplicación de los mecanismos de democracia direc-
ta en Ecuador. Luego, se expondrán los puntos metodológicos de
esta investigación, la pregunta que se pretende resolver y la hipótesis
planteada. Luego, se ofrecerá un breve contexto de cada uno de los
gobiernos que aplicaron referéndums, consultas populares o plebis-
citos; la participación política y electoral que se registró en tales even-
tos electorales; las razones por las que se convocaron las consultas
o referéndums; y los porcentajes generales de aprobación (o desa-
probación) de la votación a las preguntas, así como el porcentaje de
aprobación de la gestión presidencial en el momento de cada evento
de democracia directa.
Después, vamos a medir y correlacionar tanto el porcentaje de
aprobación de la gestión presidencial con el porcentaje de aprobación
1 Técnico de investigación de la Coordinación General de Investigación del IAEN.
Alejandro Molina
84
en las votaciones a las pregun-
tas de los diferentes eventos de
democracia directa en Ecuador
desde el retorno a la democracia
en 1978. Esto, con la finalidad de
evaluar lo que menciona la lite-
ratura sobre la alta relación que
existe entre la popularidad presi-
dencial y la aprobación o desa-
probación de los referéndums o
consultas populares convocadas
desde el poder Ejecutivo. Por úl-
timo, se presentarán los resulta-
dos, se discutirán y se emitirán
las conclusiones respecto a la
pregunta de investigación y la
hipótesis.
2. Pregunta de investigación,
hipótesis y metodología
Lo primero que se debe resaltar
es que se investigarán las con-
sultas populares, referéndums
o plebiscitos desarrollados en
Ecuador entre 1986 y 2006.
Mencionamos también los refe-
réndums de 1868 y de 1978, pero
solo para contextualizar, ya que
no se profundizará en el análisis
planteado para esta investiga-
ción, ya que a ambos les falta una
variable fundamental: la aproba-
ción de la gestión presidencial.
El primero, porque fue un refe-
réndum del siglo XIX (el primero
ocurrido en la era republicana), y
el segundo, por ser una iniciativa
del Gobierno militar y el meca-
nismo que marcó el retorno a la
democracia.
Posteriormente, se realizaron
referéndums, consultas popu-
lares o plebiscitos en los años
1986, 1994, 1995, 1997 y 2006.
Es importante enfatizar que se in-
vestigarán solo aquellos mecanis-
mos de democracia directa que
hayan sido convocados por el
presidente y no los activados des-
de la ciudadanía, como los varios
referéndums entre 2000 y 2001
sobre temas de descentraliza-
ción en varias provincias del país
(Ojeda, 2000; Tribunal Supremo
Electoral, 2001; Burbano, 2003;
Noboa, 2004; Bastidas, Burbano
y Ortiz, 2017).
Metodológicamente esta será
una investigación cuantitativa
descriptiva, pues se correlacio-
nará y evaluará en qué medida
la aprobación de la gestión pre-
sidencial está vinculada con el
resultado electoral de las con-
sultas, referéndums y plebisci-
tos, así como a la participación
electoral. La correlación entre la
aprobación de la gestión presi-
dencial y el resultado electoral de
los mecanismos de democracia
directa está establecida en la li-
teratura (Welp y Serdült, 2009;
Consultas populares y referéndum en Ecuador (1978-2006) 85
Altman, 2010; Lissidini, 2015;
Ruth, Welp y Whitehead, 2017;
Linares y Welp, 2019; Welp,
2020).
No se profundizará en las
causas ni en el cómo de tales re-
sultados. Solo se evaluará la per-
tinencia de la literatura, por tal
motivo, será una investigación
descriptiva. Además, se agrega
un dato adicional novedoso a
investigar: la correlación entre la
aprobación de la gestión presi-
dencial y la participación políti-
co-electoral de la ciudadanía en
procesos electorales relaciona-
dos con la democracia directa.
La aprobación de la gestión
presidencial se la toma de la pá-
gina web del proyecto Executive
Approval de la universidad de
Georgetown.2 En esta página se
encuentran los resultados his-
tóricos de varias empresas de
medición de opinión pública en
América Latina, incluyendo las
principales de Ecuador. Se con-
sidera la medición de la apro-
bación de la gestión presiden-
cial que incluye las ciudades de
Quito y Guayaquil; además, se
cuenta con la serie histórica de
esta variable entre 1978 y 2018.
2 Véase http://www.executiveappro-
valdata.org/
Se calculó el promedio de am-
bas por ser las dos ciudades más
grandes del país y de las que se
dispone información de estos da-
tos. Se tomó la fecha anterior de
medición más cercana a las con-
sultas, plebiscitos o referéndums
estudiados.
Por otra parte, se calculó el
promedio del porcentaje de apro-
bación de las preguntas realizadas
en referéndums, plebiscito y con-
sultas populares para comparar
las tres variables a correlacionar:
aprobación de la gestión presi-
dencial (AGP), aprobación de las
preguntas (AP) y la participación
político electoral de la ciudadanía
(PPEC). La APG es el resultado
de las encuestas aplicadas por
Cedatos con las características
ya mencionadas. La AP es el pro-
medio del porcentaje de votación
de aprobación (SÍ) obtenido por
cada evento electoral (en cada
caso, la opción que auspiciaban
los presidentes siempre fue SÍ).
Por último, la participación políti-
co electoral de la ciudadanía es el
porcentaje de participación elec-
toral de la ciudadanía que asiste
a ejercer su derecho al voto en
consultas populares, referéndums
y plebiscitos.
La hipótesis que se propone
en esta investigación es que a
Alejandro Molina
86
mayor aprobación de la gestión
presidencial es mayor el porcen-
taje de aprobación positiva de
las preguntas planteadas en re-
feréndums, consultas populares
o plebiscitos. Esta hipótesis se
propone en concordancia con la
literatura. Por su parte, la pre-
gunta de investigación, también
acorde con la literatura, es en
qué medida la aprobación de la
gestión presidencial estaría vin-
culada con el porcentaje electo-
ral de aprobación que obtienen
las preguntas planteadas por los
presidentes en Ecuador, entre
1986 y 2006. Es aquí que se pre-
tende abonar sobre el terreno de
los mecanismos de democracia
directa aplicados en Ecuador.
3. Marco legal
Cada país concibe de forma
particular lo que se entiende es-
pecífica y concretamente por
mecanismos de democracia di-
recta (Pozo, 2020). La legisla-
ción electoral ecuatoriana define
estos mecanismos de la siguien-
te forma: según el Código de la
Democracia (artículo 195) y a
la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana (artículos 19-24)
una consulta popular es un
mecanismo que inquiere sobre
algún tema específico a la ciu-
dadanía mediante un proceso
electoral. Tienen la facultad de
convocarla los presidentes, los
Gobiernos autónomos descen-
tralizados y la ciudadanía mis-
ma. En teoría, la autoridad con-
vocante obtiene información de
la opinión ciudadana respecto a
los temas específicos consulta-
dos; sin embargo, los resultados
de las consultas populares no tie-
nen carácter vinculante.
Los referéndums, por su par-
te, son mecanismos de consul-
ta al electorado que pueden
ser convocados tanto por la
Asamblea Nacional como por el
presidente. Estos también se de-
sarrollan mediante un proceso
electoral. La principal diferencia
con la consulta popular radica
en que el referéndum sí posee
carácter vinculante, en especial
si se desea saber la opinión del
electorado sobre una reforma
o enmienda constitucional rela-
cionada con un tema relevante
para la nación. Los referéndums
están definidos y normados en
los artículos 441 al 444 de la
Constitución ecuatoriana.
Consultas populares y referéndum en Ecuador (1978-2006) 87
4. Referéndums, plebiscitos
y consultas populares en
Ecuador (1868-2002)
Ecuador es un país que ha con-
vocado referéndums o consultas
populares, especialmente des-
de finales del siglo XX. El primer
referéndum se llevó a cabo en
1868 por el presidente Gabriel
García Moreno, con el objetivo
de aprobar un cambio total de
la Constitución. Este referéndum
fue aprobado con alrededor de
13 600 votos a favor y 540 en
contra (Ayala, 2016; 2017). El
siguiente referéndum en la his-
toria republicana ecuatoriana se
desarrolló en 1978, más de un
siglo después, originado por una
fuerte crisis de legitimidad que
llevó al tercer retorno de la de-
mocracia en Ecuador. Antes de
1978, el país era gobernado por
el Consejo Superior de Gobierno,
conformado por el comandan-
te de cada rama de las FF. AA.
(Mills, 1991). Este Consejo pla-
nificó un referéndum para apro-
bar o rechazar dos proyectos
constitucionales que cambiarían
el sistema político hacia una de-
mocracia, junto con la redacción
de una ley de elecciones y parti-
dos políticos (Argones, 1985 y
Freidenberg, 2016).
Se elaboraron dos proyec-
tos de Constitución, los cuales
fueron votados el 15 de enero
de 1978 (Hurtado, 1999). Para
tal evento electoral, el padrón
registraba 2 088 874 personas
y sufragaron 1 812 076, lo que
indica que la participación elec-
toral fue del 86,73 %. De estas
cifras, el 32,15% (582 556 per-
sonas) votaron por el proyecto
constitucional que solo reforma-
ba de manera parcial la antigua
Constitución; mientras que el
44,57% (807 754 personas) votó
porque la Carta Magna fuese re-
formada en su totalidad. Se emi-
tieron el 23,29% de votos nulos
(alrededor de 422 000) y el 1,6%
de votos en blanco (cerca de 29
000) (Mills, 1991 y Freidenberg,
2016).
El tercer referéndum acaeci-
do en Ecuador —el primero bajo
un sistema político democráti-
co— ocurrió bajo la presidencia
de León Febres-Cordero el 1 de
junio de 1986. De acuerdo a la
literatura, el Gobierno de Febres-
Cordero atravesaba una fuerte
crisis política originada por va-
rios factores y trató de utilizar el
referéndum como un arma polí-
tica para bajar la repercusión de
la crisis y revertir un escenario
Alejandro Molina
88
adverso (Álava, 1986; Pachano,
1996 y Montúfar, 2000).
En principio, Febres-Cordero
intentó convocar un referéndum
para una reforma constitucio-
nal con cinco preguntas. Pero
al final solo pudo convocar a un
plebiscito cuya única pregunta
fue: “Compatriota, ¿quiere usted
que los ciudadanos independien-
tes tengan pleno derecho a ser
elegidos sin necesidad de estar
afiliados a partido político algu-
no, confirmando así la igualdad
de todos los ecuatorianos ante
la ley? Sí o No”. Con un regis-
tro electoral de 4 255 346 per-
sonas, participaron 3 130 361
(73,56 %). En este primer revés
presidencial bajo un mecanismo
de democracia directa, se emi-
tieron 1 779 697 votos válidos
por la opción NO (56,85 %),
mientras que la opción SÍ solo
recibió 781 409 votos (24,96%).
Se emitieron 211 206 votos nu-
los (6,74%) y 358 049 votos en
blanco (11,43%). Para el 15 de
agosto de 1985, la aceptación
de la gestión del Gobierno de
Febres-Cordero se ubicaba en
30%, el 15 de agosto de 1986 en
25% y el 15 de agosto de 1987
en 29%.
El cuarto y quinto referén-
dum, segundo y tercero de la eta-
pa democrática, fueron llevados
a cabo durante el Gobierno de
Sixto Durán Ballén. El primero
se desarrolló el 28 de agosto de
1994 y contenía siete preguntas
sobre temas políticos y econó-
mico-políticos. La razón de este
referéndum fue implementar me-
didas que pretendían variar el
sistema económico nacional que
propendiese más hacia el libre
mercado que hacia un estado de
bienestar.
Con un registro electoral de
6 175 991 personas, la partici-
pación electoral fue de 64,38%,
es decir, participaron 3 975 588
electores. De las siete preguntas,
hubo una en la que el presiden-
te resultó derrotado: “¿Deberían
los legisladores manejar fondos
del Presupuesto del Estado?”.
Esta pregunta obtuvo un rechazo
del 83,40%. En el resto, si bien
fueron aprobadas, el promedio
porcentual de aprobación fue de
53,72%. Si no se tomara en cuen-
ta la pregunta n.º 3, la rechazada,
el promedio de aprobación subi-
ría a 59,91%. Por otra parte, la
aprobación presidencial al 27 de
agosto de 1994, un día antes del
evento electoral, era del 38,78%
Consultas populares y referéndum en Ecuador (1978-2006) 89
en Guayaquil y del 28,28 % en
Quito. Si se calcula el promedio
entre ambas ciudades, se estaría
hablando de un 33,53% de apro-
bación presidencial.
El quinto referéndum se de-
sarrolló solo quince meses des-
pués del primero, convocado
por el mismo Gobierno de Durán
Ballén. Luego de las elecciones de
medio término, en las que se re-
novó al 50% de los diputados del
Congreso Nacional, la correla-
ción de fuerzas entre el Ejecutivo
y el Legislativo devino más des-
favorable para el Gobierno.
Además, el conflicto entre el pre-
sidente y los partidos opositores
en el Congreso se agravó al punto
de que el Ejecutivo terminó blo-
queado en el órgano legislativo.
Por estas y otras razones, el presi-
dente convocó otro referéndum,
con muy poco margen de tiem-
po respecto al primero (Mejía y
Polga-Hecimovich, 2011).
El diseño institucional del nue-
vo evento de democracia directa
combinó ocho preguntas de con-
sulta popular y tres de referén-
dum, es decir, ocho preguntas no
vinculantes y tres sí lo eran, para
reformar la Constitución. Las
preguntas de consulta trataban
temas económicos, políticos,
electorales, de seguridad social y
sobre el tiempo de cumplimiento
de lo dispuesto en las preguntas
de la consulta.
La consulta se llevó a cabo
el 26 de noviembre de 1995
con un registro electoral de 6
577 974 y una participación de
3 978 407 electores (60,48 %).
Las once preguntas eran lar-
gas y, además, contenían largos
anexos que dificultaban su com-
prensión (Durán Barba, 1998 y
Durán-Ballén, 2017). Aparte de
la crisis política, este factor im-
pidió que el electorado captara
mejor el espíritu de las preguntas
y el presidente fue derrotado en
las once preguntas. Ninguna de
ellas fue aprobada. El promedio
de aprobación de las preguntas
de esta consulta fue del 41,54%,
nueve puntos debajo del 50 %,
lo que evidencia el desastre elec-
toral que padeció el gobierno
de Durán Ballén. La aprobación
de la gestión presidencial, al 19
de noviembre de 1995, estaba
en 35,05 % en Guayaquil y en
12,24% en Quito. En promedio,
se podría hablar de un 23,65%
de aprobación, casi 10% menos
que en agosto de 1994.
Alejandro Molina
90
El sexto evento electoral de
democracia directa se llevó a
cabo durante la presidencia de
Fabián Alarcón, quien llegó al
poder en medio de una crisis
política desatada por la con-
ducta “atípica” del expresidente
Abdalá Bucaram, destituido por
el Congreso Nacional en febrero
de 1997, sin haber cumplido aún
un año en el cargo. Alarcón, en-
tonces presidente del Congreso,
fue designado presidente de la
República por el pleno de este
(Mejía y Polga-Hecimovich, 2011
Burbano y Torre, 2020). Debido
a la grave crisis provocada por
la destitución, también llevada
a cabo por medios “atípicos”
por los demás partidos políticos
del espectro político ecuatoria-
no (excepto el PRE, partido de
Bucaram), Alarcón realizó una
consulta popular el 25 de mayo
de 1997 (Trujillo, 2019; Burbano
y Torre, 2020).
Fue una consulta extensa de
catorce preguntas, pero menos
complejas que la última de Durán
Ballén. Las preguntas fueron de
carácter político y de reforma
profunda tanto del sistema elec-
toral como la convocatoria a una
Asamblea Constituyente que re-
dactase una nueva Constitución.
Con un registro electoral de 6
662 003 electores y un 61,19%
de participación, la consulta fue
aprobada en todas sus pregun-
tas, con un promedio de aproba-
ción del 62,23%. Por otra parte,
la aprobación de la gestión presi-
dencial, al 11 de mayo de 1997,
era del 57,73 % en Guayaquil y
del 77,32 % en Quito, con un
promedio de 67,53%.
El séptimo y último even-
to de consulta popular que se
tratará en este texto es la con-
sulta popular que el presidente
Alfredo Palacio convocó el 26
de noviembre de 2006, conjun-
tamente con la segunda vuelta
presidencial que se desarrolló
ese año. Palacio llegó a la pri-
mera magistratura también por
actos “atípicos” dentro de una
democracia. Siendo vicepresi-
dente, el Congreso lo designó en
lugar del destituido presidente
Lucio Gutiérrez. Este origen re-
salta la raíz de debilidad con la
que nació el gobierno de Palacio.
La destitución de Gutiérrez se
debió a la crisis política desata-
da por el intento de sustitución
de los magistrados de la Corte
Suprema por jueces afines a la
figura presidencial.
Consultas populares y referéndum en Ecuador (1978-2006) 91
Debido a la debilidad po-
lítica con la que nació su
Gobierno, Palacio intentó llamar
a un referéndum para reformar la
Constitución, pero se encontró
con el mismo actor que obsta-
culizó su ambición: el Congreso
y los partidos que le hacían opo-
sición por la “inviabilidad eco-
nómica” de sus propuestas. Al
final, solo pudo hacer aprobar
una consulta popular que solo
trataba temas sociales como el
mejoramiento de la educación y
salud pública y el aumento del
gasto social por medio del ingre-
so petrolero.
Para esta consulta popular, el
registro electoral estaba confor-
mado por 9 021 773 electores,
de los cuales participaron 6 813
421 (75,52 %). Las preguntas
consultadas obtuvieron un alto
margen de aprobación porque
eran sencillas de entender y la
ciudadanía percibió que la favo-
recían ampliamente. El promedio
de aprobación de las tres pre-
guntas realizadas fue de 65,78%.
Sin embargo, al ser una consulta
no era de aplicación inmediata ni
vinculante. En la segunda vuelta
electoral, fue elegido presidente
Rafael Correa. La aprobación de
la gestión presidencial el día 15
de noviembre de 2006, es decir,
once días antes de la consulta
era del 23,4%.
5. Discusión de resultados
De acuerdo con los resultados
obtenidos en la observación de
los cinco eventos electorales de-
sarrollados con mecanismos de
democracia directa, se presenta
la tabla 1.
Tabla 1
Variables de correlación: porcentajes de AGP, AP y PPEC.
Año de evento electoral 1986 1994 1995 1997 2006
AGP (%) 29 33,53 23,65 67,53 23,4
AP (+)% 24,96 53,72 41,54 62,23 65,78
PPEC (%) 73,56 64,38 60,48 61,19 75,52
Nota: elaboración propia con base en datos del CNE y del proyecto Executive Approval Data.
Alejandro Molina
92
Al desarrollar una correlación
de Pearson, la cual permite verifi-
car cómo se comportan dos va-
riables entre sí, ya sea de manera
directa o inversa, solo se observa
el comportamiento, no causas
ni efectos. Los resultados de una
correlación de este tipo varían en
un rango entre -1 y 1, en la que
entre 0 y -1 es inversamente pro-
porcional y entre 0 y 1 es directa-
mente proporcional.
Al aplicar esta correlación
entre las variables AGP y AP, se
obtiene un valor de 0,37, lo cual
responde a la pregunta de inves-
tigación planteada. Esto indica
que existe una correlación direc-
ta baja, es decir, a mayor apro-
bación de la gestión presidencial,
mayor votación de aprobación
positiva para las preguntas plan-
teadas en consultas, referéndums
y plebiscitos. Esta es justamente
la correlación planteada por la li-
teratura. Para estos casos electo-
rales (1986-2005), sí se cumpli-
ría lo que dice la literatura, pero
en una proporción baja y contra-
diría en gran medida la hipótesis
de investigación planteada.
Es interesante el caso de la
última consulta estudiada en
esta investigación, la consulta
llevada a cabo por el presidente
Alfredo Palacio en 2006. Puede
observarse que, si bien la corre-
lación de ambas variables tie-
ne una ocurrencia cercana a un
tercio, en el caso de la consulta
de 2006 la aprobación de la ges-
tión presidencial es la menor y el
porcentaje promedio de aproba-
ción electoral de las preguntas
es el mayor de todos los eventos
estudiados. Es un caso que con-
tradice totalmente a la literatura.
Quizá esto se deba al hecho de
que las preguntas de la consulta
eran trivialmente aceptables para
la población y no eran complejas
o de amplia polémica dentro de
la sociedad ecuatoriana.
Al llevar a cabo la segunda
correlación, entre AP y PPEC,
esta es inversa y más baja aún
que la anterior (-0,11). Esto sig-
nifica que, a menor porcentaje
de votación para respuestas po-
sitivas hacia las preguntas plan-
teadas por el Ejecutivo, menor
es el porcentaje de participa-
ción electoral de la ciudadanía.
No obstante, es una correlación
muy baja, lo cual indicaría que
ambas variables casi no tienen
relación entre sí.
Consultas populares y referéndum en Ecuador (1978-2006) 93
Por último, la tercera correla-
ción es entre la AGP y la PPEC,
la cual resultó en -0,48. Como se
puede verificar, es la correlación
más alta de todas las calcula-
das y con resultado inverso. Esto
quiere decir que, a menos apro-
bación de la gestión presidencial,
la participación electoral es ma-
yor. Esta correlación es de térmi-
no medio, pero es sorprendente
su resultado, el cual es mayor
que la correlación expresada por
la literatura. Una posible explica-
ción de esto sea que la ciudada-
nía, al sentirse decepcionada por
la actuación del gobernante que
convoca al referéndum, consulta
popular o plebiscito, tiene la po-
sibilidad de castigar con su voto
a tal gobernante y, por ende, la
participación aumentaría. Esto
podría también dar cuenta de la
rendición de cuentas electoral,
uno de los factores fundamen-
tales de las democracias moder-
nas. Este resultado es coherente
con la correlación casi inexisten-
te anterior, ya que se observa con
esta tercera correlación que la
participación electoral aumenta
más bien si se vota en contra de
las preguntas presidenciales y no
en el momento en que se vota a
favor de las preguntas.
6. Conclusiones
Luego de desarrollar tres correla-
ciones relacionadas con las con-
sultas populares, referéndums
y plebiscitos en Ecuador entre
1986 y 2006, se logró una serie
de resultados que conducen a
sugerir investigaciones más pro-
fundas sobre estos temas de de-
mocracia directa en Ecuador. Se
plantearon tres variables para
observar las correlaciones entre
ellas y avanzar en la investigación.
La primera fue la correlación
planteada por la literatura sobre
eventos electorales de democra-
cia directa en América Latina. Las
dos primeras variables, la apro-
bación electoral positiva de las
preguntas dispuestas en los even-
tos electorales de democracia di-
recta y aprobación de la gestión
presidencial, resultaron en una
correlación baja directa de 0,37;
es decir, a mayor aprobación de
la gestión del presidente, mayor
votación positiva. Según este en-
foque, la literatura tiene razón,
pero en una medida baja.
La segunda correlación desa-
rrollada fue entre la aprobación
positiva de las preguntas plantea-
das por el presidente y la partici-
pación electoral de la ciudadanía
Alejandro Molina
94
en cada uno de los eventos estu-
diados. Esta correlación, a pesar
de haber resultado inversa, es
casi inexistente ya que su resulta-
do fue de -0,11. Es decir, que no
se observa vinculación entre la
aprobación electoral positiva de
las preguntas y la participación
electoral de la ciudadanía.
Por último, la tercera corre-
lación desarrollada fue entre la
aprobación de la gestión presi-
dencial y la participación elec-
toral de la ciudadanía. Este fue
el resultado más sorprendente,
aunque coherente con la segun-
da correlación. La correlación
resultó inversa en -0,48 y lo que
indica que a mayor participación
electoral ciudadana, menor es la
votación para la aprobación de
las preguntas planteadas por el
Ejecutivo. Esto podría dar cuen-
ta de un ejercicio de la ciuda-
danía en términos de rendición
de cuentas vertical, unos de los
elementos fundamentales de las
democracias actuales.
Consultas populares y referéndum en Ecuador (1978-2006) 95
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97
Guardianes del orden democrático: las Fuerzas
Armadas en la estabilidad política de Ecuador
(1996-2016)
Horacio Palomeque-Rodríguez1
1. Introducción
esTe Trabajo lleva a cabo un análisis descriptivo del papel que han
jugado las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el régimen democrático
ecuatoriano durante el período de 1996-2016. En este sentido, pre-
sentamos, primero, qué comprendemos como regímenes democráti-
cos, basándonos en las conceptualizaciones de Robert Dahl (1989),
Adam Przeworski (1998), Philippe Schmitter (1993), Guillermo
O'Donnell (2007) y Joseph Schumpeter (1996). Este análisis teórico
nos permitirá definir de manera clara y precisa qué entendemos por
democracia, lo cual será fundamental para explicar el papel de las
Fuerzas Armadas en el régimen democrático de Ecuador en el perío-
do señalado.
Después, se explican las disposiciones legales que definen el papel
de las FF.AA., haciendo referencia a la Constitución de 2008 y la Ley
Orgánica Electoral, conocida como el Código de la Democracia. En
esta sección, examinaremos cómo estos marcos normativos estable-
cen los roles y responsabilidades de las Fuerzas Armadas dentro de
un contexto democrático y cómo estas instituciones deben operar de
acuerdo con los principios democráticos. El análisis normativo será
contrastado con las conceptualizaciones de democracia previamente
definidas, lo que permitirá una evaluación crítica de las expectativas
teóricas frente a la realidad institucional. Esta distinción es crucial
para identificar posibles discrepancias entre los mandatos normativos
1 Técnico de investigación de la Coordinación General de Investigación del IAEN.
Horacio Palomeque-Rodríguez
98
y las prácticas reales observadas
en la esfera político-militar del
Ecuador. Este contraste es esen-
cial para comprender cómo las
Fuerzas Armadas han interactua-
do con las instituciones democrá-
ticas y han influido en la calidad
de la democracia en Ecuador.
Esta investigación asienta
sus cimientos sobre la hipótesis
de que las Fuerzas Armadas han
actuado como “guardianes de
la democracia”, un escenario en
los que el régimen democrático
es “custodiado” como lo plantea
Robert Dahl: “Una alternativa
permanente frente a la demo-
cracia es que el Gobierno esté
a cargo de ‘tutores’, ‘custodios’
o ‘guardianes’ de la sociedad”
(citado en Haro, 2017). Esta
hipótesis es corroborada por
distintos autores que observan
en el accionar de las FF.AA. lati-
noamericanas, desde el retorno a
la democracia, un aparente des-
interés en el poder político más
allá de sus funciones normativas
(Candela-Cerrada & Daniel-Rea,
2021). La literatura plantea que
“las FF.AA. se mostraron afines
al logro de ‘objetivos nacionales
permanentes’ a través de ambi-
ciosos proyectos políticos, tra-
tando de no involucrarse con po-
lítica de facciones o con intereses
particularistas” (Arseneaux 1999,
Loveman 1994 citado en Kruijt &
Koonings, 2002, p. 9).
En este sentido, se pretende
contrastar la evolución crono-
lógica de tres variables que ob-
servan la calidad de la demo-
cracia, extraídas del proyecto
Varieties of Democracy (V-Dem)
para examinar cómo los indica-
dores de calidad democrática
se han relacionado con las fun-
ciones emanadas de la norma-
tiva (Constitución Política del
Ecuador de 2008 y Código de la
Democracia) que regula las fun-
ciones de las Fuerzas Armadas
ecuatorianas durante el período
1996-2016. Este análisis empíri-
co permitirá identificar tenden-
cias y cambios en la calidad de-
mocrática, ofreciendo una visión
detallada de la evolución del rol
de las FF.AA. en el contexto de-
mocrático ecuatoriano.
La importancia de este es-
tudio radica en la comprensión
profunda que proporciona sobre
la interacción entre las Fuerzas
Armadas del Ecuador y el régi-
men democrático. Al combinar
el análisis teórico con una eva-
luación empírica de los indicado-
res de calidad democrática, este
trabajo pretende hacer una con-
tribución significativa al campo
Guardianes del orden democrático... 99
de la ciencia política y propor-
cionar herramientas a investiga-
dores y formuladores de políticas
interesados en la estabilidad y
consolidación de la democracia
en América Latina. Además, este
estudio busca ser la puerta de
entrada para comparar el caso
de Ecuador con experiencias de
diferentes países, regiones y pe-
ríodos históricos, abriendo así
nuevas líneas de investigación
sobre la relación entre las FF.AA.
y la democracia. De esta manera,
se pretende estimular un debate
académico más amplio sobre el
papel de las instituciones milita-
res en la promoción y protección
de la democracia. En definiti-
va, esta investigación pretende
identificar singularidades que
enriquezcan la comprensión del
impacto de las Fuerzas Armadas
en distintos regímenes democrá-
ticos y ofrezcan lecciones aplica-
bles a otros contextos.
Tras concluir el análisis des-
criptivo, se presentarán las con-
clusiones que esclarecerán el rol
desempeñado por las Fuerzas
Armadas en el régimen demo-
crático ecuatoriano y cómo este
papel ha influido, presumible-
mente, en el mantenimiento y la
calidad de la democracia. Estas
conclusiones proporcionarán
una comprensión profunda de la
interrelación entre las funciones
militares y la evolución democrá-
tica en Ecuador.
2. Régimen democrático
Para definir qué entendemos
como régimen2 democrático, es
necesario adentrarnos en el con-
cepto de democracia. Esta explo-
ración será tangencial, dado que
la democracia es un tema con
numerosas aristas de estudio,
múltiples definiciones y diversos
enfoques de análisis. Si bien la
democracia es el régimen políti-
co por excelencia a escala mun-
dial, sus matices abarcan una
amplia gama de interpretaciones
y manifestaciones.
En línea con lo anterior, toma-
remos el concepto de poliarquía,
el cual define orden político que
se singulariza por la presencia
2 Un régimen o sistema de gobierno es un
conjunto de modelos que determina los
métodos de acceso a los principales car-
gos públicos; las características de los ac-
tores admitidos o excluidos de ese acce-
so; las estrategias que los actores pueden
utilizar para lograr el acceso; y las normas
que se siguen en la toma de decisiones de
compromiso público. Para funcionar ade-
cuadamente, el conjunto debe estar insti-
tucionalizado, es decir, los diversos mode-
los deben ser habitualmente conocidos,
practicados y aceptados por la mayoría
de los actores, si no por todos (Schmitter
& Terry Lyn, 1993).
Horacio Palomeque-Rodríguez
100
de principios3 esenciales para
clasificar un gobierno como po-
liárquico. Cabe considerar las
poliarquías como regímenes re-
lativamente democráticos; dicho
de otro modo, “las poliarquías
son sistemas sustancialmente li-
beralizados y popularizados, es
decir, altamente representativas
y abiertas al debate público”
(Dahl, 1989). La poliarquía se
define como un sistema político
“ideal” en el que todos los indi-
viduos pueden participar activa-
mente. En un sistema poliárqui-
co, el propio Gobierno promueve
y facilita la participación política.
Álvarez, Cheibub, Limongi y
Przeworski (1996), adoptan el
concepto considerando que un
mejor desempeño económico
facilita la consolidación de insti-
tuciones que generen regímenes
poliárquicos. “Consideramos de-
mocráticos a todos los regímenes
basados en elecciones en los que
la oposición tiene cierta posibili-
dad de ganar y acceder al poder.
3 a) Libertad de asociación, b) de expre-
sión, c) de voto, d) elegibilidad para el ser-
vicio público, e) derecho de los líderes po-
líticos a competir en busca de apoyo y a
luchar por los votos, f) diversidad de fuen-
tes de información, g) elecciones libres e
imparciales, h) instituciones que garanti-
cen que la política del gobierno dependa
de los votos y demás formas de expresar
las preferencias (Dahl, 1989, pp. 14-15).
Optamos por denominar dicta-
torial al régimen en que la exis-
tencia de esta posibilidad es du-
dosa” (Álvarez et al., 1996, p. 90).
En este punto ya podemos tener
una noción de lo que considera-
remos un régimen democrático.
Un régimen democrático es
un sistema político que existe
“en la medida en que sus líde-
res son seleccionados a través
de elecciones limpias, honestas
y periódicas, en las que los can-
didatos compiten libremente por
los votos y virtualmente toda la
población adulta puede votar”
(Dahl, 1989). Además, como lo
plantean Schumpeter4 explícita
y Przeworski5 implícitamente, la
democracia “también implica la
existencia de libertades civiles y
políticas de palabra, de prensa,
de reunión y de asociación, in-
dispensables para el debate po-
lítico y para la realización de las
4 El método democrático es aquel sistema
institucional de gestación de las decisio-
nes políticas que realiza el bien común,
permitiendo que el pueblo decida por sí
mismo las cuestiones en litigio mediante
la elección de los individuos que se con-
gregan para llevar a cabo su voluntad
(Schumpeter, 1996).
5 “La Democracia es un sistema en el que
hay partidos, intereses, valores y opinio-
nes; hay competencia organizada a través
de reglas, y periódicamente hay ganadores
y perdedores” (Przeworski, 1998).
Guardianes del orden democrático... 101
campañas electorales” (O’Donell,
2007, p: 28). Schmitter diferen-
cia al régimen democrático de
los regímenes autoritarios de la
siguiente manera:
las democracias tienen la capa-
cidad de modificar sus normas
e instituciones en forma consen-
sual, como respuesta a las cir-
cunstancias cambiantes. Qui-
zás no produzcan de inmediato
todos los beneficios antes men-
cionados, pero tienen una opor-
tunidad mayor para hacerlo
eventualmente, si se comparan
con las autocracias (Schmitter &
Terry Lyn, 1993).
En este sentido, podemos afir-
mar que en Ecuador se vive un ré-
gimen democrático. Sin embargo,
algunos autores sostendrían lo
contrario, considerando los derro-
camientos de presidentes y los cam-
bios constitucionales que se han
suscitado, todos ellos en “nombre
de la democracia” y como afirma
Pachano (2012, p. 39):
el derrocamiento de tres presi-
dentes en Ecuador […] podrían
ser elementos suficientes pa-
ra negar cualquier posibilidad
de reconocer[lo como una de-
mocracia]. Sin embargo, dos
consideraciones llevan a mati-
zar la interpretación de esos he-
chos y obligan a mirar con mayor
detenimiento las características
de este régimen […] primero, que
los derrocamientos de presiden-
tes constitucional y democrática-
mente elegidos en el período ac-
tual no significaron un cambio
de régimen ni alteraron la vigen-
cia constitucional y segundo, que
la mayor parte de esos conflictos
se arreglaron dentro del orden
constitucional vigente y siempre
en nombre de la democracia. La
mayor parte de ellos cumplen, en
mayor o menor grado, con el va-
demécum de la poliarquía. En to-
dos ellos, existen las garantías
formales para (a) formular las
preferencias, (b) manifestar esas
preferencias y (c) recibir igual-
dad de trato en la ponderación
de ellas.
Una vez definido que en
Ecuador se vive un régimen
democrático, procedemos a
analizar el rol de las Fuerzas
Armadas, de acuerdo con la nor-
mativa vigente. Comenzamos
con la Constitución Política del
Ecuador que define y limita el
papel que tendrán las Fuerzas
Armadas en el régimen democrá-
tico ecuatoriano. En este punto,
en la Constitución encontramos
datos de interés como:
i. No podrán ser candidatas
o candidatos de elección
popular: los miembros de
las Fuerzas Armadas y de la
Horacio Palomeque-Rodríguez
102
Policía Nacional en servicio
activo. (art. 13, numeral 8)
ii. Son atribuciones y deberes
de la presidenta o presidente
de la República, además de
los que determine la ley: ejer-
cer la máxima autoridad de
las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional y designar a
los integrantes del alto man-
do militar y policial. (art. 147,
numeral 16)
iii. No podrán ser ministras o mi-
nistros de Estado: los miem-
bros de las Fuerzas Armadas
y de la Policía Nacional en
servicio activo. (art. 157, nu-
meral 3)
iv. Las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional serán obe-
dientes y no deliberantes, y
cumplirán su misión con es-
tricta sujeción al poder civil y
a la Constitución. (art. 159)
v. El voto será facultativo
para/…/los integrantes de
las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional.
En estos primeros puntos
se percibe con claridad que las
Fuerzas Armadas constituyen
un grupo poblacional especial
dentro del régimen democrático
ecuatoriano en la medida que: el
sufragio es facultativo para ellos,
a pesar de estar en pleno goce
de sus derechos; su libertad de
expresión está supeditada a la
obediencia que deben a su máxi-
ma autoridad, que es el presiden-
te de la República, quien además
está encargado de designar a
los integrantes del alto mando,
su dirección corresponde al mi-
nistro de Defensa y el mando
operativo está a cargo del jefe
del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas; por último, no
pueden ocupar cargos públicos
de ministros de Estado o cargos
de elección popular mientras se
encuentran en servicio activo.
En este sentido, encontramos
que las Fuerzas Armadas enfren-
tan restricciones que no aplican
al resto de la población. Esto no
significa que estén fuera del régi-
men democrático, por el contra-
rio, según el artículo 158 de la
Constitución, están llamadas a
preservar la democracia y defen-
der la soberanía y la integridad
territorial. Además, representan
el brazo fuerte del Estado, de-
signado para mantener el orden
público y hacer valer el poder
político a través de la fuerza, rea-
firmándose como el único posee-
dor del weberiano monopolio de la
violencia legítima del Estado.
Las Fuerzas Armadas y la Po-
licía Nacional son institucio-
nes de protección de los dere-
chos, libertades y garantías de
Guardianes del orden democrático... 103
los ciudadanos. Las Fuerzas Ar-
madas tienen como misión fun-
damental la defensa de la sobe-
ranía y la integridad territorial.
La protección interna y el mante-
nimiento del orden público son
funciones privativas del Estado y
responsabilidad de la Policía Na-
cional. Las servidoras y servido-
res de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional se formarán ba-
jo los fundamentos de la demo-
cracia y de los derechos huma-
nos, y respetarán la dignidad y
los derechos de las personas sin
discriminación alguna y con ape-
go irrestricto al ordenamiento ju-
rídico (Constitución de la Repú-
blica del Ecuador, 2008).
Las FF.AA., aunque limitadas
en situaciones de participación
activa de los asuntos de gobier-
no, no son un grupo excluido de
intervenir en el régimen demo-
crático. Por el contrario, juegan
un papel muy importante; por un
lado, en la defensa de la sobera-
nía (nacional e internacional) y,
en el caso ecuatoriano, incluso
se han autoproclamado como
custodios del poder político
(Candela-Cerrada & Daniel-Rea,
2021). En situaciones de ruptura
del orden democrático, han sos-
tenido el orden hasta que nuevas
elecciones definieron otros gana-
dores y se reinstauró el orden de-
mocrático.(Haro, 2017) De otro
lado, son el ente que precautela
el cumplimiento de las institucio-
nes que conforman la receta de
la poliarquía.
Ley Orgánica Electoral
del Ecuador o Código de la
Democracia (2009), determina
que las Fuerzas Armadas parti-
ciparán en cooperación con el
órgano electoral para “garanti-
zar la seguridad y el orden en los
procesos electorales, a fin de que
brinden a los observadores debi-
damente registrados, todas las
facilidades del caso para llevar
adelante su tarea” (art. 179).
En este punto podemos afir-
mar dos cuestiones importantes.
1) en Ecuador se han derroca-
do varios presidentes6, sin em-
bargo, puede ser considerado
plenamente como un régimen
democrático, poliárquico y no
autoritario; y 2) Las FF.AA., en el
régimen democrático ecuatoria-
no, cumplen principalmente fun-
ciones de defensa de la soberanía
nacional, internacional, protec-
ción de derechos y libertades,
así como garantes del régimen
democrático, precautelando el
orden constitucional, así como
elecciones justas y libres.
6 Puede ser estudiado con mayor profundi-
dad en Pachano, La calidad de la democracia
en los países andinos (2012).
Horacio Palomeque-Rodríguez
104
Tabla 1
Indicadores de calidad de la democracia relacionados con las funciones de
las FF.AA.
Indicadores de calidad de la democracia Funciones de las Fuerzas Armadas
Acceso a la justicia Protección de derechos
Freedom House Rule of Law Protección de derechos y libertades
Elecciones libres y justas Garantes del régimen democrático, elecciones
libres y justas
Fuente: Varieties of Democracy.
La tabla 1 presenta los indi-
cadores observados para eviden-
ciar la calidad de la democracia
durante estas dos décadas. Es
importante señalar que, si bien
las FF.AA. no tienen relación di-
recta sobre las leyes o decisiones
que emanen de la normativa en
materia democrática, su partici-
pación es esencial para garanti-
zar un proceso transparente, fa-
cilitando la transición de mando
de tal modo que los perdedores
reconozcan a los ganadores y
se conserve el orden democráti-
co. Aunque pueda parecer tan-
gencial, la participación de las
FF.AA. es crucial para garantizar
la confianza y, a su vez, la repre-
sentación política.
El gráfico 1 evidencia cómo
han variado a lo largo de veinte
años los indicadores del índice
de calidad de democracia rela-
cionados con las funciones de las
FF. AA. y el mantenimiento del
orden democrático. Durante los
primeros diez años, con excep-
ción del acceso a la justicia, no
existe mayor variación, lo cual se
evidencia en una línea casi rec-
ta desde 1996 hasta 2006. Sin
embargo, en el período desde el
año 2006 hasta el año 2016, los
indicadores muestran notables
cambios, como se presentan a
continuación:
Guardianes del orden democrático... 105
Gráfico 1
Cronología de 20 años de democracia en Ecuador
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
Acceso a la justicia Elecciones libres y justas
Freedom House: Estado de derecho
Fuente: Varieties of Democracy.
Las principales variaciones se
observan en el indicador de acce-
so a la justicia que experimentó un
aumento abrupto desde el 1997
a 1999; después, tiende a estan-
carse, lo cual podría sugerir que
se ha alcanzado un límite en la
capacidad del país para garan-
tizar completamente el acceso a
la justicia. Otra variación en los
indicadores se ha mantenido es-
tancada desde 1996; en 2007,
decreció de modo marginal, vol-
viendo luego a estancarse pero
con niveles menores a los de la
primera década estudiada. El in-
dicador de Estado de derecho por
su parte, se incrementó levemen-
te entre 2005 al 2007, y luego
también tendió a estancarse.
Si bien las funciones de las
Fuerzas Armadas no establecen
una relación causal directa con
las variaciones observadas en los
indicadores de acceso a la justicia
y Estado de derecho, su desem-
peño durante las últimas dos dé-
cadas podría haber contribuido
al mantenimiento relativamen-
te estable de estos indicadores,
lo cual, a su vez, ha favorecido
el mantenimiento del régimen
democrático ecuatoriano. El
Horacio Palomeque-Rodríguez
106
indicador de acceso a la justicia
experimentó un aumento abrup-
to entre 1997 y 1999, seguido
de un estancamiento que podría
sugerir que se ha alcanzado un lí-
mite en la capacidad del Estado
para garantizar un acceso univer-
sal a la justicia. Por otro lado, el
indicador de Estado de derecho
se ha mantenido relativamente
estancado desde 1996, con una
leve disminución en 2007 y un
posterior repunte, aunque sin al-
canzar los niveles observados en
la primera década analizada.
En este contexto, las funcio-
nes de las FF.AA. como garantes
del orden interno y la seguridad
nacional podrían haber jugado
un papel importante en la relati-
va estabilidad de los indicadores.
Al mantener un entorno social
pacífico y estable, las FF.AA. han
contribuido a crear un ambien-
te propicio para el desarrollo de
las instituciones democráticas y
el fortalecimiento del Estado de
Derecho. Es importante destacar
que esta relación no es causal, es
decir, no se puede afirmar que las
Fuerzas Armadas sean la única o
principal causa de la estabilidad
de los indicadores. Sin embargo,
su actuar durante el periodo es-
tudiado ha sido un factor que,
sin duda, ha contribuido a que se
mantenga el orden y las institu-
ciones democráticos funcionen.
Si bien las Fuerzas Armadas
no son actores políticos en una
poliarquía, su rol y funciones sí
se relacionan de forma indirecta
con los principios de este sistema
de gobierno. A continuación, se
presenta cómo estos principios se
interrelacionan con las funciones
de las FF.AA.:
1. Elecciones libres y justas: Las
FF. AA., en un contexto de-
mocrático, deben garantizar
la seguridad y neutralidad del
proceso electoral, evitando
cualquier tipo de injerencia
o presión sobre los votantes
o las autoridades electorales.
Su función de mantener el
orden público y la seguridad
nacional debe ser ejercida de
manera imparcial y respetuo-
sa de los derechos civiles y
políticos, sin interferir en la
libre expresión de la voluntad
popular.
2. Sufragio universal: Las
FF.AA. no tienen ninguna re-
lación directa con el derecho
al voto, que es un derecho
fundamental de todos los ciu-
dadanos. Sin embargo, su rol
de proteger la seguridad pú-
blica y el Estado de Derecho
es fundamental para garanti-
zar que todos los ciudadanos
puedan ejercer su derecho al
Guardianes del orden democrático... 107
voto en un ambiente libre de
coerción o intimidación.
3. Derecho a postularse a car-
gos públicos: Las FF.AA. no
tienen ninguna participación
en la selección de candidatos
o en el proceso electoral. Su
función se limita a proteger la
seguridad de los candidatos y
las instituciones electorales,
evitando cualquier tipo de
injerencia que pueda afectar
la libre competencia política.
4. Libertad de expresión: Las
FF.AA. no tienen la facultad
de censurar o restringir la li-
bertad de expresión de los
ciudadanos. Su rol se limita a
proteger el orden público y la
seguridad nacional, evitando
que la libertad de expresión
se utilice para incitar a la vio-
lencia o al odio.
5. Acceso a fuentes alternativas
de información: Las FF. AA.
no tienen ninguna relación
con el acceso a la informa-
ción. Su función se limita a
proteger la seguridad de los
periodistas y los medios de
comunicación, evitando cual-
quier tipo de intimidación o
ataque que pueda afectar la
libertad de expresión y el ac-
ceso a la información.
6. Autonomía asociativa: Las
FF. AA. no tienen ninguna
relación con la formación
o el funcionamiento de las
organizaciones civiles. Su
función se limita a proteger el
orden público y la seguridad
nacional, evitando que las
actividades de las organiza-
ciones civiles se utilicen para
incitar a la violencia o al odio.
3. Conclusiones
Como primera conclusión, se
puede afirmar que Ecuador es
un régimen democrático, ya que
posee las instituciones caracte-
rísticas de una poliarquía, con-
forme a la definición propuesta
por Robert Dahl. Las institucio-
nes ecuatorianas, que incluyen
elecciones libres y justas, sufra-
gio universal, derecho a postu-
larse a cargos públicos, libertad
de expresión, acceso a fuentes
alternativas de información y
autonomía asociativa, son fun-
damentales para considerar a
un país como una poliarquía y,
por ende, como una democra-
cia funcional. Por lo tanto, se
concluye que, si bien las FF.AA.
no son actores políticos en una
poliarquía, su rol y funciones sí
se relacionan de forma indirecta
con los preceptos básicos de este
sistema de gobierno y coadyuva
a su mantenimiento a lo largo del
tiempo. Principalmente las fun-
ciones de garantizar la seguridad
pública, el Estado de derecho y
Horacio Palomeque-Rodríguez
108
las libertades fundamentales son
esenciales para el funcionamien-
to efectivo de una democracia.
Ecuador ha demostrado una
notable capacidad de adapta-
ción institucional y normativa
en respuesta a diversas crisis po-
líticas. A lo largo de su historia
reciente, ha enfrentado derro-
camientos presidenciales y otras
perturbaciones políticas que han
puesto a prueba su estabilidad
democrática. Sin embargo, en lu-
gar de colapsar, el sistema políti-
co ecuatoriano ha sido capaz de
transformar y ajustar sus reglas e
instituciones mediante procesos
consensuales, lo cual es un indi-
cativo de resiliencia democrática.
Un aspecto crucial en este
proceso ha sido el papel desem-
peñado por las Fuerzas Armadas.
En lugar de actuar como un actor
desestabilizador, han asumido
un rol de guardianes del orden
democrático constitucional. Han
intervenido en momentos de cri-
sis para preservar la estabilidad,
pero han evitado perpetuar su
intervención en la política, de-
volviendo el poder a autorida-
des civiles tan pronto como las
condiciones de consenso y orden
democrático han sido restable-
cidas. Este comportamiento es
fundamental para la mantención
de un régimen democrático, ya
que garantiza la continuidad de
la gobernabilidad civil y evita la
instauración de regímenes auto-
ritarios militares. Es importante
destacar que, en una poliarquía,
las FF.AA. deben estar subordi-
nadas al poder civil y actuar bajo
el control del Gobierno demo-
cráticamente electo. Cualquier
intento de las FF.AA. de interferir
en el proceso político o de usur-
par el poder civil sería una grave
amenaza a la democracia.
Otra conclusión que pode-
mos evidenciar es que, si bien las
Fuerzas Armadas tienen ciertas
restricciones para participar en el
sufragio, ser ministros de Estado
o candidatos de elección popu-
lar, esto no impide su participa-
ción en el régimen democrático.
Actúan como garantes de los
derechos y libertades y coope-
ran con el órgano electoral para
garantizar la transparencia y la
celebración de elecciones libres
y justas. Todas sus acciones se
realizan en función del mante-
nimiento y defensa del régimen
democrático.
Al analizar los indicadores
relacionados con las funciones
asignadas a las Fuerzas Armadas
por la normativa vigente, se pue-
de concluir que la estabilidad
Guardianes del orden democrático... 109
observada en estos indicadores
sugiere que han cumplido su
papel de manera efectiva. Este
cumplimiento ha sido funda-
mental para mantener el orden
democrático en Ecuador duran-
te el período de 1996 a 2016.
Su intervención en momentos
de crisis política ha sido crucial
para evitar el colapso institucio-
nal y garantizar la continuidad
del gobierno civil. Su actuación
como guardianes del orden
constitucional, evitando interve-
nir de manera permanente en la
política y devolviendo el poder
a las autoridades civiles, ha sido
un factor estabilizador. Esto ha
permitido que el país navegue a
través de derrocamientos presi-
denciales y otras perturbaciones
políticas sin desviarse hacia un
régimen autoritario o colapsar
en una anarquía.
No obstante, es importante
subrayar que estos resultados
no son completamente conclu-
yentes ni definitivos. La estabili-
dad democrática observada en
Ecuador durante este período
puede estar influenciada por una
variedad de factores, incluyendo
el desempeño de otras institu-
ciones del Estado, el comporta-
miento de los actores políticos y
la participación activa de la so-
ciedad civil. Por lo tanto, mien-
tras que el papel de las Fuerzas
Armadas parece haber sido sig-
nificativo, es necesario adoptar
una visión más holística para en-
tender plenamente las dinámicas
en juego.
Esta conclusión abre la puer-
ta a futuras investigaciones que
puedan profundizar en el análisis
del rol de las Fuerzas Armadas
en la estabilidad democrática.
Estudios comparativos con otros
países de la región, análisis de-
tallados de casos específicos de
intervención militar y una eva-
luación exhaustiva de otros fac-
tores contextuales podrían pro-
porcionar una comprensión más
completa y matizada. Además,
investigaciones que exploren la
percepción pública sobre el rol
de las Fuerzas Armadas y su legi-
timidad también serían valiosas
para comprender mejor cómo
estas dinámicas son interpreta-
das y valoradas por la sociedad
ecuatoriana.
Horacio Palomeque-Rodríguez
110
4. Referencias bibliográficas:
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nes económicas e institucionales de la durabilidad de las democra-
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Nietzsche, N. Maquiavelo, K. Marx, C. Doyle, ... D. René, Obras Selec-
tas (pp. 403-451). Distal.
111
La globalización como causa de la crisis de la
representación política
Giuseppe Cabrera1
1. Introducción
vivimos una serie de cambios en la sociedad occidental, entre ellos, el
auge de los partidos populistas y nacionalistas reflejado en una gran
crisis de representación política. Este ensayo busca vincular la globa-
lización con la crisis de la representación política en Occidente, así
como identificar las variables explicativas del fenómeno y explorar las
consecuencias de dicha vinculación.
Este trabajo busca responder a la pregunta: ¿Es la globalización
la causante de la crisis de la representación política en las socieda-
des occidentales? Para abordar esta tarea, primero hemos definido,
desde una perspectiva crítica, qué es la globalización y proporciona-
do algunas definiciones sobre esta. A renglón seguido, revisaremos
otro concepto clave: la representación. Al definirla, explicaremos su
importancia para la noción de ciudadanía y procuraremos explicar
la crisis que atraviesa en los últimos años. Por último, abordaremos
las variables que han sido causa y consecuencia de los procesos de
globalización y representación. Con este fin, nos centraremos en la
desterritorialización del Estado, entendida esta como la pérdida de la
soberanía estatal; la crisis económica y financiera de 2008 y el auge
de los nacionalismos y los populismos. Como veremos, todas estas
variables son interdependientes y no se pueden desligar, es decir, no
se puede entender una sin la otra.
1 Abogado por la PUCE, magíster en análisis político por la Universidad Complutense de Ma-
drid, magíster en derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, asesor
en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
Giuseppe Cabrera
112
Este trabajo no pretende se-
ñalar que la globalización es la
única causa de la crisis de repre-
sentación política, sino una más
que se suma a las que la literatu-
ra especializada ya ha señalado,
a saber: la crisis del sistema de
partidos, el populismo, el surgi-
miento de movimientos ilibera-
les, entre otras, que han sido y
serán objeto de análisis de otros
trabajos.
2. La representación política
y su posterior crisis
Iniciaremos por definir lo que en-
tendemos por representación po-
lítica en este trabajo. En ese sen-
tido, la democracia, tal como la
conocemos hoy y distinta a la de
los griegos, deriva de la idea del
gobierno representativo surgido
de las revoluciones liberales de
la época (Manin, 2015, pp. 11-
16). En esta, los órganos legisla-
tivos toman especial relevancia
para entender el modelo de re-
presentación vigente de nuestras
democracias. Maurizio Cotta
sostiene que “las instituciones
parlamentarias de la época con-
temporánea son una ‘invención’
de las democracias liberales oc-
cidentales y han sido recibidas
(y adaptadas) en los demás re-
gímenes, a partir del modelo de
estas” (2007, p. 266). De ahí que
la idea de representación se vin-
cule a la concepción del poder
legislativo. Cotta (2007, p. 267)
anota: “el atributo políticamente
más significativo de la definición
de los parlamentos es, de hecho,
en realidad su carácter repre-
sentativo”, que como sistema
político se implementa a través
de la democracia representati-
va, ejercida por intermedio de
los partidos políticos. Por tanto,
la crisis de los partidos termina
convirtiéndose en una crisis tam-
bién del legislativo y, por ende,
un proceso de desafección po-
lítica hacia todo el sistema de-
mocrático. Según Sartori (1998,
p. 2), “aunque representación y
representatividad aluden a cues-
tiones diferentes y son conceptos
distintos, la comprensión de la
política representativa depende
de ambos”. Por lo tanto, la cri-
sis de representación no puede
entenderse sin abarcar una crisis
del sistema de partidos.
Para Fenichel “si bien el re-
presentante político puede ig-
norar o incluso hacer caso omi-
so de la opinión del electorado,
[necesita] ofrecer justificaciones
racionales para hacerlo” (1985,
p. 247). Sin embargo, las justi-
ficaciones son un problema si
La globalización como causa de la crisis de la representación política 113
se vuelven periódicas, ya que “el
representante moderno actúa
dentro de una elaborada red de
presiones, demandas y obliga-
ciones” (Fenichel, 1985, p. 244);
además, reacciona a presiones
de ciertos grupos e ignora las
demandas de otros, lo que gene-
ran un tipo de respuesta. Según
Chomsky (2008), en el momento
en que en “una democracia, las
organizaciones populares, sindi-
catos, partidos políticos y otros,
podrían formular soluciones y
presionar a los representantes
políticos para ponerlas en prác-
tica y no hay ninguna señal de
eso”, la crisis del sistema empie-
za a manifestarse como reacción
a la falta de respuesta estatal y
de los partidos políticos tradi-
cionales, lo que genera la actual
crisis de representatividad, que
sería el terreno fértil para los mo-
vimientos antisistémicos. Sartori
(1998, p. 6) sostiene que “la
clave es que la crisis de la repre-
sentación es fruto, en buena me-
dida, del primitivismo constitu-
cional y de nuestra expectativa de
que la representación nos dé lo
que no puede o no debe darnos”.
En este sentido, ni la democracia
directa ni la participativa son so-
luciones a la crisis de represen-
tación, porque el problema está
en exigirle al sistema algo que no
debe proveernos. No es la desco-
nexión entre inputs y outputs, sino
que ingresamos demandas que
no pueden ser cumplidas.
La crisis de representatividad
no afecta con mayor fuerza a las
instituciones de la democracia
ni pone en cuestión su pertinen-
cia, sino que afecta a los parti-
dos políticos y sus interpelan-
tes, y representa un riesgo muy
alto. Los partidos políticos son
pilares fundamentales de la de-
mocracia; la simple emisión del
voto no constituye democracia.
La dirección del Gobierno debe
depender de la personalidad de
los partidos, sus programas y la
calidad de sus líderes. Una con-
junción equilibrada de los par-
tidos con los intereses generales
de la colectividad, junto con la
Constitución dará confianza en
el sistema democrático, que los
partidos tienen la obligación
de defender (Bolaños, 1980, p.
131). Sin embargo, se ha eviden-
ciado que los partidos políticos
tradicionales no llegan a encarar
esa defensa y, más bien, generan
un rechazo al sistema de parti-
dos que es el punto neurálgico
de la crisis de representatividad.
El consenso que se logró du-
rante las décadas de 1970 y 1980
Horacio Palomeque-Rodríguez
114
en torno al estado del bienestar
y de los partidos como entes po-
sitivos, se vendría abajo al poner
en cuestión el modelo de la par-
tidocracia alemana, difundido
en la mayor parte de Europa con
democracias parlamentarias bi-
partidistas, que ya quedaron en el
pasado. La crisis de los sistemas
de partidos en Europa ha termi-
nado atomizando la integración
de los órganos parlamentarios
en un intento por acabar con los
partidos hegemónicos, olvidando
que “los partidos políticos, a tra-
vés de la crítica ideológica, de la
acción política y de la agitación
social, han ejercido una influen-
cia en muchos casos decisiva en
la transformación de las institu-
ciones jurídicas” (Hurtado, 1983,
p. 238).
Por eso, la solución a la crisis
del sistema representativo pasa
por las mismas instituciones
que lo integran, como el sistema
partidos, y no por la adopción
de nuevos modelos o formas de
democracia, como la directa o
la participativa. Así para Sartori
“el crecimiento demográfico
hace imposible la proximidad
y la representación puede ha-
cer frente a estas cifras mucho
mejor que los mecanismos di-
rectos” (1998, p. 6); para él, la
solución a la crisis representativa
está dentro del mismo sistema
representativo y no en procesos
alternativos en la toma de deci-
siones, que transiten más allá de
la delegación fundacional de la
representación. Como alternati-
va, la visión de representación,
según Fenichel (1985, p: 246),
indica que: “quizá cuando cali-
ficamos a un cuerpo o sistema
gubernamental de ‘representa-
tivo’, decimos algo más amplio
y general sobre el modo en que
opera como acuerdo institucio-
nalizado” y no solo la calidad de
los partidos políticos en el ejerci-
cio de representación y el grado
de representatividad que tiene el
parlamento derivado del sistema
electoral de forma aislada, sino
como soluciones integrales para
abordar el problema de la crisis
de representativa, que no pasa
por su reemplazo, sino por su
mejora.
3. La globalización desde
una visión crítica
En este apartado analizamos la
globalización como una cate-
goría que trasciende el concep-
to de la interdependencia de las
economías en mercados globa-
les. La evidencia empírica nos
demuestra que “los períodos de
Guardianes del orden democrático... 115
más intensa globalización tien-
den a coincidir con períodos de
gran rentabilidad del capital […]
A estos períodos les han seguido
etapas de gran inestabilidad po-
lítica y económica”, (De Sousa,
2018, p. 26). Según dicho autor,
no es casualidad sino causalidad
que la representación política
haya entrado en crisis: los perío-
dos de globalización traen ines-
tabilidad política. Esgrimiremos
argumentos que demuestran que
esta inestabilidad, presentada en
el campo de la representación,
es un hecho fáctico. Asimismo,
probaremos su nexo causal con
el proceso de análisis de la glo-
balización que De Sousa inició en
1989 y terminó en 2008, segui-
do por un período de interregno
de reconfiguraciones por el cual
transitaríamos en la actualidad.
La globalización es más que
la teoría económica que la de-
fiende; también es un proceso
cultural que se exterioriza como
noble, ya que “la construcción
cosmopolita del ciudadano glo-
bal es otro intento de privilegiar
la moralidad por sobre la políti-
ca” (Mouffe, 2011, p. 108). Esta
moralidad, construida desde
Occidente, define lo que debe ser
el ciudadano y los valores comu-
nes que se expanden de manera
inequívoca. Además, se respal-
da en la creación de organismos
supraestatales que “al justificar
el derecho de las instituciones
internacionales de socavar la so-
beranía a fin de defender la ley
cosmopolita, niega los derechos
democráticos de autogobierno
a los ciudadanos de numerosos
países” (Mouffe, 2011, p. 108).
Las reglas no solo se imponen
desde organismos supraestata-
les en marcos comunes, como
la Unión Europea, sino también
desde organismos internaciona-
les como las Naciones Unidas,
frente a los cuales no existe otro
órgano de apelación. Todas las
naciones están supeditadas a
ellos, aunque en gran parte de los
casos responden a los intereses
de las naciones centrales y des-
plaza a los Estados periféricos.
Esos organismos de imposición
internacional elaboran tratados
y convenios internacionales que,
a pesar de que el derecho inter-
nacional exige que sean aproba-
dos y ratificados por cada país,
muchas veces son invocados en
nombre de la democracia y la li-
bertad. Estas normas internacio-
nales “implican la elaboración
de leyes y la imposición de las
mismas, legitimadas desde una
perspectiva cada vez más parcial
Horacio Palomeque-Rodríguez
116
y explícitamente occidental”
(Mouffe, 2011, p. 109), que elu-
den los contextos culturales de
las diversas regiones del planeta.
Desde una perspectiva crítica
de la globalización económica
(neoliberalismo), se puede ob-
servar que con el advenimiento
de la modernidad líquida —o
posmodernidad para algunos— y
la globalización, el capitalismo
también cambió de estado: pasó
de una forma sólida a una forma
liviana de libre movilidad. Esta
dinámica ha creado el escenario
propicio para la propagación del
sistema especulativo del capita-
lismo financiero y el colapso de
la bolsa (Bauman, 2017). Con
el capitalismo liviano, las cosas
han cambiado; cuanta más ines-
tabilidad exista entre la relación
capital-trabajo, mejores serán
los réditos para su relación. Hoy
los capitales viajan ligeros, solo
necesitan de un maletín, un te-
léfono y un computador, y pue-
den operar desde cualquier par-
te del mundo. Los domicilios de
las empresas se encuentran en el
primer mundo, mientras que sus
fábricas se instalan en las zonas
más desiguales del planeta.
La riqueza de las naciones
ya no se mide por la calidad de
su fuerza laboral, sino por la
capacidad de seducción que
puedan ejercer sobre los capita-
les globales y sus fríos intereses
mercenarios (Bauman, 2017).
Se ha implantado la idea de que
la búsqueda irrevocable de in-
versión extranjera es una políti-
ca innegociable de crecimiento
económico. En las campañas
electorales, una de las preguntas
frecuentes es cómo un candidato
generaría “inversión” extranjera
directa.
Existe un divorcio entre fuerza
laboral y las fuentes de su sus-
tento. Mientras que para Ford,
sus políticas de reducción de
costos permitían a los trabaja-
dores aspirar a adquirir uno de
sus vehículos, en el nuevo orden
industrial, se observa el desarrai-
go de empresas que se deslocali-
zan y buscan economías en crisis
o emergentes donde se facilitan
procesos de explotación, como
en zonas asiáticas, donde China
ha sido un ejemplo de empresas
con capital estadounidense y
mano de obra barata (Bauman,
2017, pp. 149-155) . Incluso, es-
tamos en un punto en el que se
tiende a prescindir de toda fuerza
laboral en las relaciones de ca-
pital que generan más ingresos
económicos y, por ende, tienen
más injerencia plutocrática sobre
Guardianes del orden democrático... 117
la política gubernamental, dando
paso del capitalismo fordista al
capitalismo financiero, que gene-
ra riqueza sobre la especulación
financiera y no sobre la plusvalía
marxista (Laval y Dardot, 2013,
pp. 200-206). Esta influencia ha
crecido hasta al punto que “el
poder de las instituciones finan-
cieras refleja el cambio cada vez
más grande de una economía de
producción hacia otra de finan-
zas. Eso comenzó con la libera-
lización de las finanzas durante
la década de los años 60, causa
fundamental de los actuales azo-
tes representados por la crisis fi-
nanciera” (Chomsky, 2008), que
es consecuencia directa de ese
cambio de economía capitalista
de producción a una de “imposi-
ción de la especulación financie-
ra sobre la base productiva real”
(Cálix, 2016, p. 16).
Se ha propuesto que esta
transformación es más que una
consecuencia; podría ser una
acción premeditada para crear
una crisis planificada. A pesar de
conocerse los riesgos de los cré-
ditos subprime, se infló la esfera
de la especulación financiera e
inmobiliaria, anticipando que, al
explotar, recibirían, previa apro-
bación del Congreso y el Senado
estadounidense de una ley de
salvataje bancario, la ayuda por
parte de la Reserva Federal de
Estados Unidos, con fondos de
los aportantes que jamás se res-
tituirían a las arcas estatales.
El feriado bancario de
Ecuador demostró los efectos
de la especulación financiera,
sirviendo como un laboratorio
de incubación que permitió a
los magnates estadounidenses
conocer que el procedimiento
resulta en triple ganancia para
el sistema bancario: la ganancia
en los créditos concedidos, la
que obtuvieron de los desahu-
cios realizados a miles de fami-
lias alrededor de Estados Unidos
y, por último, con el salvataje de
los bancos con fondos públi-
cos, que a promesa de préstamo
nunca se pagaron. Los procesos
de Ecuador (1999), Argentina
(2001), EE.UU. y España (2008-
2009) beneficiaron al capitalis-
mo financiero mundial, demos-
trando que “la liberalización
financiera conduce al desastre
[…] que la liberalización es un
serio golpe contra la democra-
cia” (Chomsky, 2008). Entonces,
pese a que los contextos de crisis
fueron distintos en cada país, el
punto de confluencia radica en
la especulación generada por
el capitalismo financiero. Este
Horacio Palomeque-Rodríguez
118
fenómeno se ve exacerbado por
la pérdida de valor del patrón
oro y la fuerza laboral, así como
por la desregularización bancaria
de años anteriores, que facilitó la
formación de burbujas especula-
tivas que eventualmente reventa-
ron, ya sea por la falta de liquidez
en los depósitos, como en el caso
de Ecuador, o por la incapacidad
de pago durante la crisis inmobi-
liaria de Estados Unidos.
Desde el inicio de la década
de 1960, “el nuevo conservadu-
rismo ha logrado presentar su
programa de desmantelamien-
to del welfare state como una
defensa de la libertad indivi-
dual frente al Estado opresor”
(Laclau y Mouffe, 2015, p. 220).
Después de la crisis de 2008, con
la promulgación de las políticas
de austeridad, la Troika impuso
programas de recortes sociales,
en especial, a las naciones del
sur europeo más golpeadas por
la crisis, como España, Portugal
y Grecia, crisis a la que no puedo
hacer frente la socialdemocracia
europea. Esto creó espacios para
que los populismos de izquierda
dieran el sorpasso,2 con episodios
2 Término italiano, significa “adelantamien-
to”, usado durante las elecciones genera-
les en España de 2016, para describir el
como el de Syriza en Grecia, la
Francia Insumisa o el intento de
Podemos en España.
Pero, a pesar de los riesgos
en la forma de globalización que
vivimos y a la cual hemos señala-
do sus reparos, Chantal Mouffe
opina que “el error es creer que a
escala nacional se podría resistir
mejor la globalización neolibe-
ral. Es solo a nivel europeo que
uno puede comenzar a concebir
una alternativa posible al neoli-
beralismo” (2011, p. 136). Esto,
tomando en cuenta la crítica del
nacionalismo de derecha y la
izquierda más radical al proce-
so de la Unión Europa. En este
contexto, Mouffe (2011, p. 125)
sobre Massimo Cacciari, señala
que este último “sugiere un mo-
delo de globalización construido
en torno a un número determi-
nado de grandes espacios y po-
los culturales genuinos, e insiste
en que el nuevo orden mundial
debe ser multipolar”. Esta glo-
balización multicultural podría
ser el espacio de resistencia en la
guerra de posiciones, usando un
término de Gramsci, para hacer
frente a la globalización neolibe-
ral vigente.
posible escenario de Podemos superando
los resultados del tradicional PSOE.
Guardianes del orden democrático... 119
4. El auge del nacionalismo y
del populismo en Europa
La caída del estado de bienestar,
la crisis económica, la posterior
aplicación de políticas de aus-
teridad y la corrupción han he-
cho que la desafección política
devenga una crisis de represen-
tación. Además, el incremento
del número de inmigrantes en
las fronteras de la UE, junto con
miles de refugiados en busca de
asilo en un contexto de descon-
cierto económico, precariedad
y desempleo, ha reforzado la
desafección y suscitado el surgi-
miento de partidos extremistas,
nacionalistas y populistas. Se de-
duce que la incapacidad de los
Estados para resolver problemas
tanto globales como nacionales
ha permitido el auge de estos
nuevos actores políticos que han
sabido absorber los votos y el
descontento ciudadano.
“A consecuencia de la gestión
política europea, un numeroso
sector de ciudadanos concibe a
los gobiernos como incapaces
de satisfacer sus necesidades,
enfocándose en satisfacer los in-
tereses de las élites económicas”
(Martí, 2018, pp.148-149). De
igual modo, la falta de sobera-
nía repercute en el descrédito
hacia la Unión Europea y en el
surgimiento de partidos euroes-
cépticos. Cabe decir que, si bien
el populismo es entendido en
términos generales de manera
peyorativa, no siempre se da de
esta manera. Así lo entienden
Mudde y Rovira (2019), quie-
nes sostienen que en contextos
autoritarios el populismo puede
ampliar los causes democráticos.
Chantal Mouffe (2011) define
el populismo de izquierda como
una alternativa a la creciente ul-
traderecha europea, mientras
que Ernesto Laclau (2005) lo asi-
mila como parte indivisible de la
política misma. Además, hay que
entender el fenómeno populis-
ta no como una ideología, sino
como una forma de hacer polí-
tica que, en términos de Laclau,
es capaz adoptar los elementos
ideológicos tanto de la izquierda,
como de la derecha.
En cuanto a los nuevos acto-
res, según Martí, se pueden clasi-
ficar de la siguiente manera:
•Partidos de izquierda
alternativa
Son partidos que rompen con
la izquierda tradicional euro-
pea y toman como ejemplo el
modelo progresista latinoa-
mericano. Buscan el cambio
de gobierno mediante un
Horacio Palomeque-Rodríguez
120
discurso inclusivo, intercla-
sista y participativo, con una
profunda base populista, an-
tisistema e iliberal.
•Derecha nacionalista
Ante las crisis tanto econó-
micas como sociales de los
últimos años, la extrema
derecha europea ha adqui-
rido un discurso basado en
la identidad nacional frente
a la extranjera, creando así
una dicotomía de “nosotros”
contra “ellos”. Su objetivo
es incrementar el número de
seguidores. No solamente
utilizan esta dicotomía, sino
que también juegan con el eje
“arriba” y “abajo” para cul-
par a Europa por la pérdida
de soberanía estatal.
El populismo se construye a
partir de relaciones antagónicas
entre dos grupos relativamente
homogéneos en su estructura in-
terna, dividiendo a la sociedad
entre “el pueblo” y la “élite”. Este
imaginario resalta una relación
antagónica entre los dos grupos
debido a intereses opuestos, lo
que pone énfasis en la concep-
ción de la soberanía popular o
nacional, dependiendo de la res-
puesta que generan los políticos
populistas de derecha o izquier-
da (Pérez y Llaneras, en El País,
2016). Así “la exaltación de este
ambiguo ‘pueblo’ puede tomar
una variedad de formas” (Laclau,
2005, p. 20); desde la traducción
popular que le da Podemos en
España o Syriza en Grecia, has-
ta el contexto étnico que le dan
Geert Wilders en Países Bajos o
Marine Le Pen en Francia, en-
tregándonos un “populismo ca-
rente de coherencia doctrinaria
y con diferentes matices y par-
tidos, movimientos” (Maugé,
1980, p. 272).
El nacionalismo tiene carac-
terísticas populistas, pero la ra-
zón de hacer una diferenciación
entre lo que podría llamarse un
populismo de derecha y otro de
izquierda radica en la evocación
de la soberanía popular por par-
te de la izquierda, mientras que
en la derecha nacionalista se
usa el elemento étnico o cultural
para evocar una soberanía nacio-
nal. Sin embargo, las similitudes
son múltiples, “[l]o que Trump
y Podemos tienen en común es
su reivindicación de que las éli-
tes han fallado a la gente y han
usurpado la democracia. Como
resultado, dicen que el pueblo
debe ‘recuperar su país’ votando
por ellos” (Pérez y Llaneras, El
País, 2016), ya que son los úni-
cos ungidos para hacer la trans-
formación radical de la sociedad
Guardianes del orden democrático... 121
o regresar a su grandeza de tiem-
pos pasados.
En resumen, la crisis de repre-
sentación ha resultado en la crea-
ción de nuevos partidos y movi-
mientos políticos. El descontento
derivado de las caídas del estado
de bienestar, la pérdida de sobe-
ranía, la crisis económica y las
políticas europeas de austeridad
crearon las condiciones para una
crisis de la representación y, por
ende, nuevas formas de represen-
tación cuyas consecuencias a lar-
go plazo aún están por verse.
5. Conclusión
La globalización, entendida
como procesos cíclicos, produce
interregnos de reconfiguración
de fuerzas que causan inestabili-
dad política, reflejada en el siste-
ma representativo. La globaliza-
ción neoliberal ha conducido al
desmantelamiento del estado del
bienestar, el colapso del capita-
lismo financiero y la crisis de re-
presentación; circunstancias que
justifican la relación inexorable
entre la globalización y las crisis
del sistema representativo.
El sistema de globalización
neoliberal ha extendido su inje-
rencia al campo cultural, legiti-
mando procesos de imposición
por parte de organismos inter-
nacionales, en detrimento de la
soberanía nacional y popular.
Esto provoca el rechazo de va-
rios sectores, en ambos extremos
del espectro ideológico, lo que
cuestiona el tipo de globaliza-
ción que vivimos y propone si no
sería mejor un multiculturalismo
mundial.
En buena medida la crisis re-
presentativa se debe a las pre-
siones a las que se somete el re-
presentante moderno, que ya no
solo representa los intereses de
sus electores, sino también los
interés de actores externos, como
grupos de presión que llegan a
tener más peso en la decisión fi-
nal del representante político.
El Estado ha perdido peso y
soberanía dentro de sus fron-
teras debido al proceso de des-
territorialización a favor de las
empresas transnacionales y orga-
nismos supranacionales. Por este
motivo, los ciudadanos perciben
que las decisiones se toman fuera
de su territorio, deslegitimando
una vez más a sus propios repre-
sentantes. El punto de inflexión
llegó con la crisis financiera de
2008 que afectó sobre todo a
la ciudadanía en ámbitos como
el aumento del desempleo y la
precarización.
Horacio Palomeque-Rodríguez
122
La incapacidad de la democracia representativa por afrontar es-
tos retos, junto a otros factores como las crisis migratorias, la co-
rrupción y la oligarquización de los partidos entre otros, hizo que el
descontento hacia la clase política aumentara. Por este motivo, apa-
recieron nuevos partidos políticos de índole populista y nacionalista
que amenazan las instituciones, las políticas democráticas e, incluso,
las relaciones diplomáticas.
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con motivo del vigésimo aniversario de la Constitución española de
1978, el 9 de diciembre de 1998. Claves de razón de práctica n.º 91. Ma-
drid, 2.
Los desafíos actuales de la democracia en la región reejarían problemas
como una institucionalidad desgastada, escasez económica y despunte de
la inseguridad. Las evidencias presentadas en estos artículos sugieren que
la formalidad de elecciones libres, plurales, transparentes y periódicas ya
no es suciente para concebir sociedades equitativas. En primer lugar, los
espacios de opinión y participación han perdido densidad; tienen un
impacto inmediato, pero de corto plazo. En segundo lugar, el mismo
bastidor de la democracia se ha convertido en un vehículo para gobiernos
de extrema derecha, populistas y autoritarios que ganan elecciones frente
a contendientes anulados.
Este libro expone los enfoques de Costa Rica, México y Ecuador sobre
temas como la calidad de la democracia, la globalización, el uso
instrumental de consultas populares y plebiscitos, la incidencia de las
redes sociales en la política, la participación en sufragios a escala local, el
papel de las Fuerzas Armadas y la percepción de regímenes con alta
aprobación, pero baja eciencia.
El horizonte no es auspicioso, pero conamos en que el estudio de los retos
de la democracia puede ser el primer paso hacia su reconstitución. Estas
propuestas buscan nutrir el debate y brindar fundamentos para la
concepción de regímenes más justos.
