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Para la KAS, la seguridad energética
y el cambio climático se han convertido
en una pieza importante en la estructura y
el mantenimiento de un orden social
democrático. En este contexto, el Programa
Regional de Seguridad Energética y Cambio
Climático en Latinoamérica (EKLA) ha sido
diseñado como una plataforma de diálogo,
con el fin de impulsar el proceso de toma
de decisiones políticas sobre dichos temas.
Para esto organizamos foros de discusión
regional, conferencias y seminarios,
en colaboración estrecha con las oficinas
locales y otros programas regionales
de la Fundación Konrad Adenauer
en Latinoamérica, así como con
organizaciones asociadas nacionales
e internacionales, e igualmente se entregan
informes, publicaciones especialezadas
y estudios.
Autores:
Raúl Bernal-Meza
Miguel Ángel Burgos Giraldo
Diana Marcela Bustamante Arango
Fabricio Cabrera Ortiz
Diego Davila Benavides
Andrea del Pilar García Cojín
Jaime A. García Díaz
Daniela Garzón Amórtegui
Nancy Patricia Gutiérrez
Louise Anne Lowe
Luz Marina Múnera
Edwin Murillo Amaris
Regianne Nitsch Bressan
Eduardo Pastrana Buelvas
Sofía Margarita Peraza Ochoa
Paula Prieto Ararat
Lucila Reyes
Manuel Ruiz
Vanessa Torres Alonso
Andrés Mauricio Valdivieso Collazos
Diego Vera
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe:
construyendo resiliencia
Eduardo Pastrana Buelvas
Fabricio Cabrera Ortiz
Julia Sandner
Editores
Estrategias
de seguridad ambiental
en América Latina y el Caribe:
construyendo resiliencia
Eduardo Pastrana Buelvas, Fabricio Cabrera Ortiz y Julia Sandner
Editores
En momentos cuando las cuestiones ambientales son urgentes, el
Programa Regional sobre Seguridad Energética y Cambio Climático de
la Fundación Konrad Adenauer se ha convertido en un referente para
la educación y la acción ambiental en América Latina y el Caribe. Este
libro cuidadosamente elaborado presenta un análisis estratégico en
profundidad, diseñado para transformar la forma como pensamos
sobre la conservación de los recursos naturales. Desde el Amazonas
hasta la costa caribeña, se exploran estrategias ambientales específicas
para proteger los recursos naturales, la biodiversidad y los frágiles
ecosistemas que conforman la identidad ecológica de la región.
América Latina y el Caribe se enfrentan a una compleja red de desafíos
ambientales que van desde el cambio climático hasta la deforestación
y la contaminación. Estas amenazas, a menudo exacerbadas por la
rápida urbanización y la presión económica, demandan estrategias de
seguridad ambiental robustas. Sin embargo, la efectividad de dichas
estrategias se ve comprometida por desafíos de gobernanza, como la
corrupción y la falta de coordinación entre los países.
La región busca abordar estos problemas mediante la participación en
acuerdos internacionales, fortaleciendo sus instituciones y fomentando
la innovación tecnológica. Además, la inclusión de la sociedad civil en la
toma de decisiones emerge como un componente esencial para
garantizar la rendición de cuentas y el éxito a largo plazo de las
iniciativas de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe. La
construcción de estructuras de gobernanza sólidas y la implementación
de estrategias coordinadas se presentan como imperativos cruciales
para enfrentar los desafíos ambientales y avanzar hacia un futuro
sostenible y resiliente en la región.
Estrategias de seguridad ambiental
en América Latina y el Caribe:
construyendo resiliencia
© 2023, Programa Regional Seguridad Energética
y Cambio Climático en Latinoamérica, EKLA,
Fundación Konrad Adenauer (KAS)
Calle Canturias 160, Of. 202. Miraflores,
Lima 18, Perú
(+51)1 320 2870
http://www.kas.de/energie-klima-latinoamerika/
Julia Sandner
Directora
Anuska Soares
Coordinadora de Proyectos
Editores
Eduardo Pastrana Buelvas
Fabricio Cabrera Ortiz
Julia Sandner
Autores
Raúl Bernal-Meza
Miguel Ángel Burgos Giraldo
Diana Marcela Bustamante Arango
Fabricio Cabrera Ortiz
Diego Davila Benavides
Andrea del Pilar García Cojín
Jaime A. García Díaz
Daniela Garzón Amórtegui
Nancy Patricia Gutiérrez
Louise Anne Lowe
Luz Marina Múnera
Edwin Murillo Amaris
Regianne Nitsch Bressan
Eduardo Pastrana Buelvas
Sofía Margarita Peraza Ochoa
Paula Prieto Ararat
Lucila Reyes
Manuel Ruiz
Vanessa Torres Alonso
Andrés Mauricio Valdivieso Collazos
Diego Vera
ISBN Digital: 978-628-7708-01-3
ISBN Impreso: 978-628-7708-00-6
Primera edición: diciembre de 2023
Bogotá, D.C.
Impreso en Colombia
Printed in Colombia
Producción gráca y editorial
Opciones Grácas Editores Ltda.
Marcela Manrique Cornejo
Corrección de estilo
Jairo Martínez Mora
Diseño gráco
www.opcionesgracas.com
instagram: @opcioneseditores
(+57) 60 1 237 2383
Bogotá, D.C., Colombia
Los textos que se publican son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan
necesariamente el pensamiento de la Fundación Konrad Adenauer, KAS.
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción y la comunicación pública total o parcial y la
distribución, sin la autorización previa y expresa de los titulares.
Bernal Meza, Raúl, autor
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe : construyendo
resiliencia / autores, Raúl Bernal Meza [y otros veinte] ; editores, Eduardo Pastrana Buelvas,
Fabricio Cabrera Ortiz y Julia Sandner. -- Primera edición. -- Bogotá : Fundación Konrad
Adenauer, 2023.
432 páginas.
Incluye datos curriculares de los autores y editores.
ISBN 978-628-7708-00-6 (impreso) -- 978-628-7708-01-3 (digital)
1. Seguridad ambiental - América Latina 2. Protección del medio ambiente - América
Latina 3. Gestión ambiental - América Latina 4. Política ambiental - América Latina I.
Pastrana Buelvas, Eduardo, autor, editor II. Cabrera Ortiz, Fabricio, autor, editor III. Burgos
Giraldo, Miguel Ángel, autor IV. Bustamante Arango, Diana Marcela, autora V. Dávila
Benavides, Diego, autor VI. García Cojín, Andrea del Pilar, autora VII. García Díaz, Jaime A.,
autor VIII. Garzón Amórtegui, Daniela, autora IX. Gutiérrez Castañeda, Nancy Patricia, autora
X. Sandner, Julia, editora
CDD: 363.70098 ed. 23 CO-BoBN– a1134054
Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia
Presentación ....................................................................................................7
Prólogo ..............................................................................................................9
Marco interpretativo ..........................................................................................15
América Latina y el Caribe: ¿estrategia regional conjunta o
estrategias subregionales segmentadas de seguridad ambiental?
Por Eduardo Pastrana Buelvas, Fabricio Cabrera Ortiz y
Vanessa Torres Alonso .................................................................................17
Estrategias de seguridad ambiental en la región Caribe ..........................59
Las amenazas y los desafíos de la seguridad ambiental
en la región Caribe
Por Louise Anne Lowe y Paula Prieto Ararat .......................................... 61
Las estructuras de gobernanza y las estrategias de seguridad
ambiental en la región Caribe
Por Edwin Murillo Amaris y Manuel Ruiz ................................................. 87
Análisis del discurso minero de Gustavo Petro y Andrés Manuel
López Obrador: securitización del ambiente y progresismo
Por Miguel Ángel Burgos Giraldo y Sofía Margarita Peraza Ochoa ..121
Contenido
Pág.
Pág.
Estrategias de seguridad ambiental en la región Andina .................... 181
Impacto del narcotráco en las comunidades nativas
amazónicas del Perú
Por Jaime A. García Díaz ......................................................................... 181
Estructuras de gobernanza ambiental en la Comunidad Andina:
¿oportunidad o fracaso?
Por Daniela Garzón Amórtegui y Miguel Ángel Burgos Giraldo ........207
Estrategias de seguridad ambiental en la Amazonia ............................ 245
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
Por Nancy Patricia Gutiérrez, Lucila Reyes y Diego Vera .................. 247
Conflicto armado: estrategias colectivas para una propuesta
de seguridad ambiental para la Amazonia
Por Diana Marcela Bustamante Arango y Andrea del Pilar
García Cojín ................................................................................................ 299
Estructuras de gobernanza y estrategias de seguridad
ambiental en la región amazónica colombiana: un análisis
de instrumentos de política pública adoptados
en la administración de Gustavo Petro
Por Andrés Mauricio Valdivieso Collazos, Diego Davila Benavides
y Luz Marina Múnera ............................................................................... 333
Estrategias de seguridad ambiental en la región del Cono Sur ......... 365
Condicionalidades y avances en materia de seguridad
ambiental en Chile
Por Raúl Bernal-Meza .............................................................................. 367
Estructuras de gobernanza y estrategias de seguridad
ambiental en la región del Cono Sur: Mercosur y SGT-06
Por Regianne Nitsch Bressan ................................................................. 399
* Abogada y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario (Bogotá). Expresidenta del Congreso
de Colombia y exministra del Interior de Colombia.
** Doctora en Investigación Transdisciplinar de la Universidad de Valladolid, magíster en Análisis de Problemas Políticos,
Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia, abogada de la Universidad
Nacional de Colombia. Docente universitaria. Contacto: lreyess@unicolmayor.edu.co OR-CID: 0000-0002-7999-142X
*** Politólogo de la Universidad Javeriana (Bogotá). MA en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la
Universidad del Rosario (Bogotá). Profesor asistente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Ponticia
Universidad Javeriana. Contacto: verad@javeriana.edu.co
Amenazas, riesgos y
desafíos de la región
amazónica
Nancy Patricia Gutiérrez
*
, Lucila Reyes
**
y Diego Vera
***
Introducción
La Amazonia es un ecosistema estratégico para el mundo y la región.
Juega un papel medular en el equilibrio del clima del planeta por su apor-
te de CO2 y constituye una importante reserva hídrica mundial y regional.
Sin embargo, “el 66% de la Amazonia está sujeto a algún tipo de presión
ja o permanente” (Quintanilla, Guzmán y Josse, 2022, p. 21). Según la
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), este te-
rritorio constituye el 6% de la supercie del planeta y abarca el 40% del
territorio de América Latina y el Caribe. En ella habitan 420 pueblos in-
dígenas que hablan 86 lenguas y 650 dialectos (OTCA, s.f.). No hay una
cifra certera acerca del número de habitantes debido a la complejidad
territorial, pero la OTCA calcula 48 millones, según la información insti-
tucional citada. Tampoco se cuenta con datos exactos sobre el núme-
ro de pobladores indígenas, aunque se estima que no pasan de cuatro
millones. En la Amazonia se encuentran territorios indígenas, reservas
naturales, parques nacionales, pueblos y cuatro ciudades con más de
un millón de habitantes. Así mismo, existen grandes recursos no reno-
vables como oro, tierras raras, diamantes, petróleo y uranio. Desde la
región se exportan materias primas, minerales estratégicos y productos
agrícolas como soya.
Bajo esta selva se encuentran acuíferos nacionales y trasnacionales,
algunos no profundos son utilizados en la agricultura, para el consumo
humano e incluso para la industria. Hay quienes calculan la reserva de
agua subterránea
[Con un volumen de más de] 160 billones de metros cúbicos […] Esa
reserva subterránea representa más del 80% del total de agua de la
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
250
Amazonia. El agua de los ríos amazónicos, por ejemplo, representa
solamente el 8% del sistema hidrológico del bioma, y las aguas at-
mosféricas tienen aproximadamente el mismo porcentaje de parti-
cipación (Agência FAPESP, 28 de agosto de 2014, párrs. 1 y 3).
Existen estudios sobre la interacción entre aguas superciales y sub-
terráneas (OTCA, 2018). Entre los acuíferos transfronterizos amazónicos
se destaca el transfronterizo Amazonas Bolivia-Brasil-Colombia-Ecua-
dor-Perú-Venezuela. Sin embargo, existen otros de gran importancia
(Unesco y OEA, 2007). Estos acuíferos podrían ayudar a mitigar las cri-
sis del agua por efecto del cambio climático, no obstante, actualmente
reciben contaminación.
La complejidad amazónica se evidencia cuando se trata de estable-
cer su extensión territorial. Para algunos la selva amazónica comprende,
además de la cuenca, territorios del centro norte suramericano, con ríos
tributarios al Atlántico, como los de la cuenca del río Esequibo, la cual se
extiende por Guyana, Suriname y el territorio francés de Guyana, el norte
del Estado brasileño de Amapá y el noreste de Venezuela. En segundo
término, separada de la cuenca Atlántica por el Escudo Guayanés, se en-
cuentra la cuenca hidrográca amazónica, la de mayor volumen de agua
del mundo, con aproximadamente 5.318.000 km2; Incluida la cuenca del
Tocatins, tiene aproximadamente 7.050.000 km2; 40.000 km de los ríos
del sistema amazónico son navegables. Son tributarios del Amazonas
más de 1.000 ríos, 25 de ellos con más de 1.000 km de longitud (Ziesler
y Ardizzone, 1979).
Por su parte, la OTCA establece una extensión de 6.118.000 km² (s.f.).
Sin embargo, el Instituto Amazónico de Investigaciones Cientícas Sin-
chi calcula una extensión para el territorio de OTCA de 7.352.112 km²
que incluye territorios de la Amazonia legal y selvática, con base en la
divisoria de aguas, pero excluye la cuenca Atlántica (Instituto Sinchi,
s.f.). La denominada Panamazonia divide este territorio en países andi-
no amazónicos y en países de la franja atlántica (Instituto Sinchi, s.f.).
La Gran Amazonia está conformada por los territorios de los Estados de
la OTCA más la Guyana Francesa y tiene una extensión aproximada de
8.387.590 km2 (Instituto Sinchi, s.f.). La Red Amazónica de Información
Socioambiental Georreferenciada (RAISG) calcula una extensión total
de 8.470.209 km² y las cuencas hidrográcas del Amazonas, del Ara-
guaia-Tocantins y del Marajó en 6.925.918 km² (RAISG, s.f.b). Además,
cada Estado tiene criterios diferentes para determinar su área amazónica
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
251
y en todos existe una denición biogeográca y una denición políti-
co-administrativa.
La Amazonia es un territorio en disputa debido a su megadiversidad
e inmensas riquezas del suelo, por ello existen innumerables conflictos
socioambientales. De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental, en la
Amazonia, a la fecha, hay 131 grandes conflictos documentados que se
encuentran en tribunales, tienen seguimiento y visibilización (Atlas de
Justicia Ambiental, 14 de julio de 2023). No quiere decir que sean los
únicos conflictos. Por ejemplo, los pueblos indígenas aislados (PIA) y
pequeñas comunidades no tienen conflictos registrados, pero tampoco
tienen acceso a ningún tipo de justicia ni visibilización.
Los PIA constituyen los pobladores más vulnerables de la Amazonia
y durante la pandemia del coronavirus fueron muy afectados (CEPAL et
al, 2020). Según el informe de 2019 de Land is Life “en América del Sur
existen 185 registros de PIA, de los cuales 66 han sido conrmados por
las organizaciones indígenas e indigenistas” (mayo de 2019, p. 91; ver
también COICA, 2023). De acuerdo con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, las amenazas contra los PIA son: el contacto, las
presiones sobre sus tierras y territorios, la extracción de recursos natu-
rales, los contagios de enfermedades, la violencia directa, el narcotráco
y los proyectos turísticos (2013). A ello se agregan el cambio climático,
la construcción de infraestructuras, los incendios provocados y la defo-
restación (Land is Life, mayo de 2019).
En el presente capítulo, los autores analizan los principales factores
de inestabilidad para esta área compartida por varios países surameri-
canos. Se examinarán algunas de las amenazas, los riesgos y los desa-
fíos para la seguridad ambiental amazónica, comparando los datos de
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela que reflejan las cau-
sas de mayor impacto. En este capítulo se propone trabajar la siguiente
pregunta: ¿cuáles son las principales amenazas, riesgos y desafíos para
la seguridad ambiental de la región amazónica hacia 2023? Se privile-
gia la revisión de los siguientes cinco factores: deforestación, extracción
ilícita de minerales, incendios, cultivos ilícitos y cambio climático. Pos-
teriormente, se discutirán algunos desafíos u oportunidades de mejora-
miento para la gestión y seguridad ambiental amazónica. Finalmente, se
presentarán unas conclusiones y recomendaciones.
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
252
Amenazas, riesgos y desafíos para la seguridad
ambiental de la Amazonia
Deforestación
Es una amenaza a la seguridad ambiental porque disminuye los recur-
sos naturales de los bosques y sus servicios ecosistémicos, deteriora la
biodiversidad, afecta la seguridad alimentaria de las comunidades y los
pueblos nativos, degrada el suelo, contamina las fuentes hídricas y con-
tribuye a prolongar las sequías (Amazon Aid, s.f.). La deforestación es
la tala de bosques naturales y la extracción de árboles de la tierra para
convertirla en usos no forestales, como la ganadería, el cultivo de ali-
mentos o la extracción de maderas (Greenberg, 26 de agosto de 2022).
La deforestación es una amenaza multidimensional, ya que puede
alterar los campos económico, político, militar, social y, obviamente,
ambiental, ya que reduce las condiciones de subsistencia de los ciu-
dadanos al destruir los ecosistemas, pero también el poder nacional al
deteriorar las capacidades materiales y la reputación ambiental de los
Estados afectados. Puede estar relacionada con conflictos sociopolíti-
cos y étnicos por el acceso a la tierra y con las bases económicas de re-
des delincuenciales y grupos armados ilegales, de modo que así afecta
la seguridad nacional y regional. Tiene interacción con otros factores de
amenaza, tales como la siembra de cultivos ilícitos, la extracción ilegal
de minerales o los incendios provocados. También puede ser generada
por factores más relacionados con el manejo de riesgos naturales (por
ejemplo, incendios no intencionales, fenómenos eólicos fuertes e inun-
daciones) y riesgos derivados de actividades humanas reguladas.
Las actividades económicas lícitas e ilícitas resultan el principal fac-
tor impulsor de la deforestación en los países amazónicos, motivadas
por el crecimiento sin regulación de las poblaciones en esta franja, don-
de destacan las migraciones internas (RAISG, septiembre de 2022). Mu-
chas de esas dinámicas extractivas poco contribuyen a la reducción de
la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades
y las utilidades no se reflejan apropiadamente en procesos de reinver-
sión local hacia el desarrollo sostenible.
La deforestación tiene una correlación fuerte con el cambio climá-
tico, ya que la selva amazónica tiene un efecto crítico en el proceso de
enfriamiento en el planeta porque sus árboles canalizan el calor hacia
la atmósfera, donde los bosques absorben y almacenan CO2, el cual se
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
253
libera cuando se talan y queman árboles (National Geographic, s.f.). La
selva amazónica absorbe una cuarta parte del CO2 absorbido por toda la
Tierra, sin embargo, la cantidad absorbida hoy es un 30% menor que en
la década de 1990 debido a la deforestación (National Geographic, s.f.).
Una mayor deforestación podría empujar a la selva amazónica más allá
de un punto de inflexión en el que se rompería el equilibrio de humedad
y carbono de gran parte del bioma, lo que convertiría a esta región en
un ecosistema mucho más seco (Greenberg, 26 de agosto de 2022). Lo
inquietante es que ese punto de no retorno se calcula con una pérdida
de bosques de entre el 20% y el 25%, cuando a 2022 ya se habría perdido
un 17% de la selva tropical (Greenberg, 26 de agosto de 2022).
RAISG señalaba que la región amazónica estaba sujeta a presiones
por parte de seis sectores: la construcción de vías (19% del área), la
instalación de centrales hidroeléctricas (más de 350 y que podrían du-
plicarse), la presencia de bloques de extracción de petróleo (9,4% del
área), la minería (17% del área), las actividades agropecuarias (84% de
la deforestación) y los incendios (14% del área) (septiembre de 2022).
Para los casos de estudio seleccionados, se expone más abajo el indi-
cador de densidad de vías pavimentadas y no pavimentadas hacia 2020.
Destacan Ecuador, Colombia y Brasil, si bien llama la atención que las
vías colombianas en su parte de la Amazonia son esencialmente no pa-
vimentadas, lo que también refleja su rezago regional en infraestructura.
Tabla 1. Densidad de vías en la franja amazónica según países seleccionados a 2020
País Pavimentada No pavimentada Total
Ecuador 21,1 10,8 31,9
Colombia 1,2 21,7 22,9
Brasil 8,9 10,9 19,8
Venezuela 7,6 9,5 17,1
Perú 13,8 0,2 14
Bolivia 5,9 7,2 13,1
Fuente: adaptación de RAISG (septiembre de 2022).
En cuanto a deforestación por el sector agropecuario, RAISG
calculaba que, entre 2001 y 2020, fue responsable del 77% de la tala
total de la región, para un total de 416.103 km2 de bioma perdido en ese
periodo, durante el cual destaca Brasil, principalmente, y posteriormente
Bolivia y Colombia, esencialmente debido a la expansión económica
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
254
no planicada o no consentida por las autoridades de ordenamiento
territorial (septiembre de 2022). En ese periodo 2001-2020, RAISG
e Infoamazonia calculan la deforestación total como se expone en la
gráca 1.
Gráca 1. Deforestación total en la Amazonia, 2001-2020
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hectáreas
Años
Fuente: adaptación de Zanon (21 de marzo de 2023) con datos de InfoAmazonia/Carolina Passos/RAISG (s.f.c).
El promedio anual de hectáreas perdidas disminuyó signicativa-
mente en el periodo abordado, siendo 2003 el punto más álgido y cer-
cano a los cinco millones de hectáreas, con un preocupante reascenso
del fenómeno desde 2019. Si bien la tendencia se estabilizó desde 2009,
sigue representando una cifra extremadamente alta. Se estima que la
reforestación de los bosques amazónicos podría tardar más de cien
años, debido a que no se trata simplemente de sembrar nuevos árboles,
sino de recuperar todo el sistema biológico perdido, en lo que afectan
variables como el orden y la localización de las siembras, la dicultad de
hallar el tipo y la cantidad de semillas endógenas apropiadas, la necesi-
dad de realizar labores de mantenimiento de los árboles durante tres o
cinco años, el control de plagas, las nuevas condiciones meteorológicas,
las modicaciones sufridas por el terreno y la ausencia o debilidad de
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
255
políticas y recursos para restaurar los bosques. Podría ser mejor dejar
que la selva se restaure naturalmente porque la intervención humana
siempre tiene un impacto no deseado en el ecosistema y las experien-
cias parecen indicar que de cada diez árboles plantados solo sobrevive
uno (García, 14 de diciembre de 2019).
En cuanto a responsabilidades según los países, RAISG e Infoama-
zonia estiman la deforestación en el periodo 2001-2020 según se ve en
la tabla 2.
Tabla 2. Deforestación en la región amazónica en países seleccionados,
2001-2020
Países Deforestación 2001-2020
(hectáreas) Pérdida con respecto al año 2000
Brasil 44.003.100 10,76%
Bolivia 3.923.900 8,35%
Perú 2.980.600 4,08%
Colombia 2.300.400 5,21%
Ecuador 623.200 6,14%
Venezuela 292.500 0,74%
Fuente: adaptación de Zanon (21 de marzo de 2023) con datos de InfoAmazonia/Carolina Passos/RAISG (s.f.c).
La situación de Brasil es particularmente nefasta, con una gran dife-
rencia de devastación frente al resto de Estados amazónicos. Los casos
de Bolivia, Perú y Colombia no son menos preocupantes dada su me-
nor extensión territorial amazónica frente al gigante suramericano, pero
aportan proporcionalmente menos al total. Estos cuatro casos reflejan
la contradicción entre el discurso conservacionista gubernamental y las
acciones efectivas de prevención y gestión ambiental, característica co-
mún de los países en vías de desarrollo por sus debilidades de presencia
estatal integral y extrema dependencia de crecimiento económico en el
sector de las materias primas, particularmente por exportaciones. En el
mapa 1, puede apreciarse la variación de color de amarillo a rojo según
aumenta la densidad de la pérdida de hectáreas.
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
256
Mapa 1. Deforestación total en países amazónicos seleccionados, 2001-2019
Fuente: RAISG (s.f.a).
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
257
Además, se añaden las contradicciones de los países de centro o in-
dustrializados. EE.UU. y los países de la Unión Europea son de varias
formas percibidos como fuentes de presión y hasta sanciones por los
problemas de gestión ambiental de los países en vías de desarrollo, pero
al mismo tiempo aparecen como los principales compradores e inver-
sionistas de los commodities pues usan a la región como despensa.
Vásquez, Cenci, Tybusch y Estenssoro (2022) mencionan la geopolítica
ambiental de las potencias centrales del sistema internacional, quienes
históricamente incorporaron a las periferias (América Latina) dentro de
un paradigma de economía de frontera, apropiando tierras y recursos
naturales sin límite y poniendo la biodiversidad al servicio del progre-
so tecnológico. Actualmente, usan el discurso conservacionista para
controlar la gestión de ecosistemas determinantes para el equilibrio
ecológico planetario y las fuentes de recursos estratégicos. Esta situa-
ción impone una doble presión de ejercicio de soberanía para los países
amazónicos, ya que deben enfrentar amenazas y problemas de control
territorial en sus propias periferias (por ejemplo, selvas, páramos y bos-
ques) por tratarse de Estados débiles, pero además se encuentran de
una u otra forma en percepción de desconanza frente a las intenciones
actuales o futuras de las grandes potencias interesadas en los recur-
sos naturales escasos. Las potencias emergentes, como China o India,
ávidas de recursos primarios, también se suman a los factores externos
del modelo extractivista y del impacto ambiental regional.
No se debe ignorar el papel de algunas administraciones de los paí-
ses y localidades amazónicos que por acción propia o estímulos a otros
actores han fomentado el arrasamiento forestal en aras de la expansión
energética, urbana y agrícola. Los gobiernos de Colombia y Perú no son
necesariamente ejemplos positivos. En Colombia, durante 2021, se per-
dieron 174.103 hectáreas en todo el país (60% a 70% de ellas en la zona
amazónica) y en 2022 unas 156.693, lo que muestra una leve disminu-
ción (Paz, 18 de mayo de 2023). En 2022, la Amazonia peruana perdió
144.682 hectáreas, con un aumento del 6,7% respecto a 2021 (MAAP, 27
de junio de 2023). Brasil y Bolivia son expuestos como los más afecta-
dos en deforestación de la región y han sido objeto reciente de mayores
críticas domésticas e internacionales por sus políticas en la Amazonia.
Curiosamente, se trata de polos ideológicamente opuestos, pero con re-
sultados ambientales similarmente negativos, con el otrora presidente
de derecha, Jair Bolsonaro (2019-2022) en Brasil, de un lado, y del otro,
los gobiernos consecutivos de Evo Morales (2006-2019) y su sucesor
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
258
Luis Arce (2020- a la fecha de este libro) en Bolivia, como representantes
de la franja de izquierda y el Movimiento al Socialismo (MAS).
En Brasil, se señalan a Bolsonaro y sus ministros como artíces de
la reducción del presupuesto para el sistema ambiental, de menoscabar
las restricciones para explotar zonas de reserva y territorios indígenas,
de subestimar las alertas y los informes cientícos sobre el cambio cli-
mático y la deforestación, de restringir la participación y observación de
la sociedad civil en materia ambiental y de sustituir a los funcionarios
expertos o técnicos con personal de las Fuerzas Militares en el Minis-
terio del Ambiente y otras agencias vinculadas, sin la debida prepara-
ción (Human Rights Watch, 26 de agosto de 2020; Goulart y Barbosa,
2021). Todo ello para privilegiar al sector privado. Entre 2016 y 2018, la
deforestación promedio en Brasil fue de 4.844 km² al año. Entre 2019,
primer año de Bolsonaro, y 2021, el promedio prácticamente se duplicó,
con 8.604 km². Solo en 2022, se detectó la tala de 10.278 km², un área
equivalente a casi siete veces la ciudad de São Paulo en Brasil (Girardi,
7 de febrero de 2023). Se mencionan el aumento de la minería ilegal, la
tala de árboles, el acaparamiento de tierras, e incluso ataques a inspec-
tores, equipos y bases del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes
para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) (Girardi, 7 de febrero
de 2023).
En Bolivia, han incidido la política de expansión agrícola y la extensión
del cultivo de hoja de coca, legal e ilegal, auspiciada por el enfoque al-
ternativo antidrogas del MAS. En cifras, entre 2020 y 2022, Bolivia perdió
casi 800.000 hectáreas de bosque, de modo que alcanzó un tope histó-
rico y ello reflejó un ascenso progresivo del promedio anual deforestado
desde 2016 (Sierra, 2 de mayo de 2023). Se ha señalado a Arce como
continuista del modelo extractivista de Morales, incapaz de manejar la
deforestación y carente de innovación en materia de protección ambien-
tal (Sierra, 23 de octubre de 2020). El MAS, pese al discurso anticapita-
lista, ha estimulado el capital extranjero en la expansión del cultivo de
soya y la ganadería, pero además no ha evitado la migración de colonos
desde las zonas altas o andinas hacia las áreas bajas selváticas ni el
abuso de colonos a la nueva legislación del Instituto Nacional de Refor-
ma Agraria (INRA), ya que ellos talan los bosques para correr la frontera
agrícola y demostrar que tienen derecho a la titulación de la tierra (Sie-
rra, 2 de mayo de 2023).
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
259
Extracción ilegal de minerales
Los extractivismos se denen como aquellas actividades que buscan el
aprovechamiento intensivo de recursos naturales primarios, con el n de
proveer los mercados internacionales. La Amazonia ha enfrentado va-
rias bonanzas de sus riquezas: el palo de Brasil, la sapucaya, la piasava,
la sarrapia, la quina, el caucho o siringa en siglos anteriores (Gómez
López, 2015, págs. 300-302) y actualmente la agricultura intensiva y la
explotación de minerales. Todas sus bonanzas han tenido efectos de-
vastadores sobre los pueblos originarios y la naturaleza.
Según análisis de investigadores del BID, en América Latina y el Ca-
ribe las exportaciones mineras constituyeron “el 17% del total de las ex-
portaciones en 2017 y contribuyen al empleo y a los ingresos scales.
La región dispone del 39% de litio, 39% de cobre, el 18% de bauxita y
aluminio y el 32% de níquel del mundo” (Spano et al., 2021, citado en Ga-
lindo, Hoffman y Vogt-Schilb, febrero de 2022, p. 22). Sin embargo, como
observan los investigadores, la actividad minera tiene una alta huella de
carbono pues “genera directamente alrededor del 4% de las emisiones
globales de gases de efecto invernadero, pero (sic) tiene altos costos de
transporte y participa en actividades asociadas a altas emisiones como
la producción de cemento y de acero” (p. 22).
La Amazonia es un territorio geodiverso. Sus recursos minerales son
acuíferos, hidrocarburos y minerales metálicos y no metálicos. “Las
menas de metales como el hierro (Fe), el aluminio (Al), el oro (Au), el
manganeso (Mn), el níquel (Ni) y el estaño (Sn) son comunes alrededor
de los escudos precámbricos y representan importantes productos de
exportación” (Panel Cientíco por la Amazonia, 2021b, p. 1.5). En esta
región también se encuentra, bauxita, zinc, carbón y otros minerales.
Además, cuenta con depósitos de tierras raras, elementos esenciales
para la tecnología.
De acuerdo con la CEPAL, la actividad minera se ha incrementado en
la Amazonia, lo cual representa varias amenazas para ese ecosistema.
“Las zonas con mayor impacto de la minería son el Escudo Guayanés
(por extracción principalmente de oro), en las montañas andinas de Bo-
livia y Perú, en el piedemonte colombiano y en la región limítrofe entre
Colombia, Venezuela y Brasil” (2013, p. 14).
La extracción de recursos naturales y especialmente del oro en la
cuenca amazónica no es un fenómeno reciente, pero a partir de la pri-
mera década del siglo XXI aumentó como “respuesta a los altos precios
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
260
de las materias primas”, según Gudynas (2017, p. 30). Este investigador
explica cómo se han generado nuevas geografías en “zonas donde el
Estado, la cobertura de derechos y los servicios básicos son débiles o
ausentes” (p. 42). Actualmente, la Amazonia se ha convertido en una
zona exportadora de commodities minerales.
En el siguiente mapa se pueden observar las zonas mineras con pro-
cesos de solicitud de exploración y en explotación en la selva amazónica
y en la cordillera de los Andes, en el año 2022.
Según el Panel Cientíco por la Amazonia, citado por Arellano Yan-
guas (2023), se calcula que actualmente en esta región existen
Aproximadamente 45.000 concesiones mineras vigentes o en espe-
ra de aprobación, de las cuales 21.536 se solapan con áreas prote-
gidas y territorios indígenas. Estas concesiones cubren alrededor de
1,28 millones de km2, lo que supone un 18% del total de la supercie
amazónica (p 21).
En todos los territorios que conforman los Estados amazónicos exis-
ten títulos y lotes mineros. En la tabla 3 se aprecia la actividad minera en
cada país amazónico.
Tabla 3. Minería en los países y sus franjas amazónicas
Cantidad y supercie de zonas mineras por país en la Amazonia
País
Número de
zonas
Supercie de zonas mineras
Área
km
2
Porcentaje
Amazonia por país
Porcentaje
Amazonia total
Bolivia 3.632 11.116 1,6 0,1
Brasil 51.890 1.082.840 20,7 12,8
Colombia 807 9.004 1,8 0,1
Ecuador 3.796 10.021 7,6 0,1
Guyana 749 100.452 7,6 1,2
Perú 22.934 81.713 7,6 1,0
Surinam 11 30.194 7,6 0,4
Venezuela 948 115.136 7,6 1,4
Total 84.767 1.440.476 17,0
Fuente: tomado de RAISG (s.f.b).
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
261
Mapa 2. Zonas mineras en la Amazonia, 2022
Fuente: RAISG (s.f.c).
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
262
La minería ilegal aqueja a la selva amazónica y pone en peligro los re-
cursos naturales renovables y los bosques, ya que la actividad requiere
del uso de precursores químicos, como mercurio y cianuro, que conta-
minan de manera grave las aguas con sus recursos hidrobiológicos, así
como afectan la salud de las poblaciones que dependen de ellas. Ade-
más, la contaminación de las aguas y los suelos con estos elementos
pone en peligro la seguridad alimentaria de los pobladores.
El oro es uno de los minerales que más se explota de manera ilegal.
La falta de controles por parte de los Estados permite que los mineros
utilicen mercurio de manera irresponsable para desarrollar su actividad.
Las personas que habitan cerca de estas explotaciones son las más
afectadas por las concentraciones de mercurio en la atmósfera y las
aguas, lo cual afecta las cadenas trócas. La Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) arma que “la principal vía de exposición humana
es el consumo de pescado y marisco contaminados con metilmercurio,
compuesto orgánico presente en esos alimentos” (OPS, s.f., párr. 12).
Por su parte, el Panel Cientíco por la Amazonia explica este proceso:
Una vez que el Hg metálico inorgánico es liberado por las activida-
des antropogénicas, ciertas bacterias lo transforman en su versión
orgánica más tóxica: el metilmercurio (MeHg). Este proceso permite
que el MeHg ingrese a las redes alimentarias acuáticas, donde puede
acumularse en organismos individuales (bioacumulación), proceso
que se magnica a medida que pasa a niveles trócos superiores
(por ejemplo, biomagnicación en peces depredadores) (Panel Cien-
tíco por la Amazonia, 2021a, pp. 4-5).
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):
El 38% de las emisiones de mercurio mundial provienen de la peque-
ña minería y de la minería artesanal y de pequeña escala. Colombia
es uno de los países con mayor cantidad de emisiones de mercurio,
el 94% de éstas son causadas por las malas prácticas (PNUD, 15 de
julio de 2022, párr. 4).
Este dato sobre Colombia resulta paradójico y preocupante dado el
tamaño del territorio. Muchos ríos se encuentran contaminados des-
de su nacimiento por efectos de la actividad minera insostenible que
arroja residuos tóxicos a las aguas de las subcuencas y cuencas. Esas
actividades se convierten en problemas transfronterizos que, para algu-
nos, amenazan la seguridad nacional de los Estados (Trigoso Zagaceta,
2023). Hay que anotar que en todas las fronteras de la cuenca amazónica
existen actividades de minería ilegal.
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
263
La utilización de mercurio en la minería es uno de los problemas más
graves por los que atraviesa la selva. A las personas que llegan a esos
lugares con la ilusión de enriquecerse les puede resultar rentable, en
principio. Sin embargo, los costos ambientales son inmensos y los da-
ños irreversibles. “Para obtener un gramo de oro se utilizan de uno a tres
gramos de mercurio, además de cianuro y detergentes. Ello implica que
se arrojan cerca de 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado de río”
(PNUMA, 2009, p. 155).
La minería genera cambios sociopolíticos en las comunidades ama-
zónicas. “Esas transformaciones ‘intangibles’ tienen efectos negativos
sobre las poblaciones locales y su capacidad de decidir su futuro” (Are-
llano Yanguas, 2023, p. 22). La ilegalidad de esta actividad genera otros
problemas. Por tratarse de labores al margen de la ley no es fácil acceder
a información, lo cual “limita el alcance y [la] efectividad de las políticas
de Estado para hacer frente a la minería ilegal e informal” (Heck, 2014, p.
7). La ilegalidad implica clandestinidad, ocultamiento y la generación de
redes de corrupción, conflictos y violencia.
En el mapa 3 se observan las zonas de minería ilegal y los ríos conta-
minados por la actividad resaltados con color morado. Solo en el punto
del macizo Guayanés, uno de los más afectados, existen 293 sitios de
minería ilegal.
La minería ilegal opera cerca de los sitios en los que se encuentra
la minería legal y genera otros “efectos físicos indirectos al construir
nuevas carreteras que facilitan el acceso de empresas madereras, ga-
naderos y agricultores, y, en general, fragilizan el control territorial de los
indígenas y poblaciones locales” (Arellano Yanguas, 2023, p. 22). El in-
forme La Amazonia saqueada reportó que en 2018 existían 2.312 sitios
con actividad minera ilegal y 245 áreas de extracción no autorizadas en
las que se explota oro, diamantes y coltán (Infoamazonia, diciembre de
2018). La minería ilegal se encuentra tanto en áreas nacionales prote-
gidas (ANP) como en territorios indígenas (TI). Según RAISG, citada por
este informe, de las 649 ANP identicadas, 55 tienen puntos de minería
ilegal activos o balsas dentro de sus límites y 41 sufren daños indirectos,
ya sea en áreas de amortiguamiento o en sus fronteras (Infoamazonia,
diciembre de 2018).
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
264
Mapa 3. Minería ilegal en la Amazonia
Minería ilegal
Área de intensidad baja
Área de intensidad media
Área de intensidad alta
Ríos con minería ilegal
Fuente: RAISG (s.f.b y s.f.c).
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
265
En la actualidad no es posible establecer el número de personas in-
volucradas en esas actividades, lo que sí se puede deducir al observar
la cartografía es que crecen las manchas de asentamientos informales
alrededor de los puntos de explotación minera. Las personas llegan a
esos sitios huyendo de la pobreza y alentadas por la ilusión de mejorar
sus condiciones de vida y de obtener dinero rápidamente. Heck, en 2014,
advirtió la utilización de niños en diversos tipos operaciones mineras en
la Amazonia.
De otro lado, el alza de los precios de los commodities por las guerras
alienta a las redes criminales. La minería ilegal no involucra solo a per-
sonas de escasos recursos, que son las más vulnerables y explotadas.
Esta actividad es parte de cadenas criminales organizadas, ligadas a
otros ilícitos como la trata de personas y el narcotráco, que controlan
las rutas y nalmente se quedan con las ganancias.
En algunos países la producción ilegal de oro es más importante
para los grupos criminales que el tráco de drogas: en Perú y Co-
lombia —los mayores productores de cocaína en el mundo— el valor
de las exportaciones de oro de origen ilícito supera el valor de las
exportaciones de cocaína. La minería ilegal ha sido la forma más
fácil y redituable de lavar el dinero proveniente del narcotráco en
Colombia (Erthal Abdenur, Pellegrino, Porto, y Brasil, 2019, p. 18)
El caso de la extracción ilegal del oro en el Arco Guayanés, ejemplica
esta actividad criminal en toda la región amazónica:
En primer lugar, el oro es extraído por mineros mal pagados, que
trabajan en condiciones rudimentarias. En muchos casos, trabajan
bajo el control de los grupos armados no estatales. A continuación,
se transporta el metal. Por el camino se lava o se “transforma”. Fi-
nalmente, el oro y otros metales llegan a los mercados internaciona-
les, donde se venden legalmente. En septiembre de 2022 un kilo de
oro llegó a costar $54.576 (Jones, Lizcano, y Ramírez, 9 de noviem-
bre de 2022, párr. 3).
La minería ilegal en la Panamazonia genera impactos ambientales
como la contaminación de los suelos, la deforestación, el daño a los re-
cursos de flora y fauna y a los territorios indígenas y reservas naturales;
impactos sociales con la destrucción de los tejidos sociales de pueblos
originarios al devastar sus territorios, el desplazamiento de población y
el daño a la salud pública. La actividad amenaza la seguridad alimenta-
ria, la seguridad nacional de los Estados y el aumento de personas de-
dicadas a esa actividad provenientes de muchas partes. En suma, toda
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
266
una cadena de ilegalidades que hacen imposible la gobernanza de es-
tos territorios. El Arco Guayanés proporcionalmente es el territorio más
afectado.
Incendios y quemas
Los incendios en la región amazónica pueden ser parte de los fenóme-
nos y desastres naturales o producto de las acciones humanas. Se pue-
den concebir como amenazas cuando su magnitud, duración y origen
revelan consecuencias extremadamente peligrosas para la subsisten-
cia de los ecosistemas y poblaciones, e incluso se pueden asociar a in-
tenciones maniestas o patrones sistemáticos para destruir o alterar
profundamente el bioma. Se pueden concebir como riesgos en cuan-
to puedan ser clasicados como accidentales o manejables dentro de
ciclos o patrones naturales, como las sequías, o como probabilidades
colaterales derivadas de actividades económicas reguladas. Se supo-
ne que las quemas implican el uso controlado del fuego (por ejemplo,
la eliminación de basuras o maleza), pero pueden transformarse en in-
cendios cuando se salen de control o su extensión implica una pérdida
irreversible.
Es posible detectar algunos satelitalmente o por reconocimiento aé-
reo, pero otros no, ya que pueden confundirse con lo que se denomina
focos o puntos de calor. Un incendio ocurre cuando se produce una re-
acción química de combustión, en la que un material combustible o un
combustible es oxidado por un agente oxidante en la presencia de una
fuente de energía. Por eso se habla de la interacción de los tres elemen-
tos del “triángulo del fuego” (BIOEX, s.f., párr. 5). Por otro lado, un foco de
calor puede ser cualquier punto de la supercie terrestre con alta tempe-
ratura, que suele ser identicado por los algoritmos de acuerdo con las
diferencias detectadas entre los pixeles de las imágenes tomadas, por lo
que no necesariamente corresponde a eventos de incendios o quemas
controladas. Un foco de calor puede ser originado por incendios, que-
mas, suelos calientes por el sol, grandes chimeneas, volcanes activos,
etcétera (CONABIO, 2020, citado por CONANP, junio de 2020).
No obstante, las características predominantes de la Amazonia, des-
tacando su humedad, hacen más difícil la aparición repentina de fuego
o supercies calientes que en otros biomas terrestres, como el desierto
o la sabana, lo que invita a pensar que los focos de calor de esta región
tienen alta probabilidad de coincidir con la deforestación ilegal, el cam-
bio climático y el uso irregular del fuego en la expansión de la agricultura
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
267
(Thompson, s.f.). Aunque el cambio climático y el aumento extremo de
la temperatura pueden incidir en algunos puntos de sequía, hay eviden-
cias de una fuerte correlación entre los focos de calor y las zonas de
deforestación. The Nature Conservancy (TNC), con base en información
del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, usó datos recolec-
tados entre enero y agosto de 2019 y así comprobó que gran parte de
los incendios forestales están concentrados en áreas especícas de de-
forestación, justo donde se han registrado conflictos por la propiedad de
la tierra (Thompson, s.f.).
Esa clara intencionalidad para provocar los incendios y su vinculación
fuerte con conflictos sociales y políticos —a veces violentos— y dinámi-
cas de criminalidad, facilita su tipicación como amenazas a la segu-
ridad ambiental, nacional y regional. Los conflictos por la tierra per se
deben manejarse más como un factor de riesgo que una amenaza por
correspondencia con los derechos humanos, pero cuando están asocia-
dos con delitos ambientales graves y lógicas como el desplazamiento
forzado o el homicidio (por ejemplo, el asesinato de líderes ambientales),
implican factores de inestabilidad e inseguridad que no pueden ser igno-
rados por los Estados, de modo que los obliga a comprometer su policía
y fuerzas militares.
En cuanto a las mediciones relacionadas, destaca el proyecto Moni-
toring of the Andean Amazon Proyect (MAAP), que es una iniciativa de
Amazon Conservation y Conservación Amazónica (ACCA) en Perú, con el
apoyo de otros socios (MAAP, s.f.). Pese a las dicultades acerca de los
focos de calor y su interpretación, MAAP integra datos de la atmósfera
(emisiones de aerosol en el humo) y del suelo (alertas térmicas) para de-
tectar y mapear los incendios más grandes. En su informe número 168,
MAAP documentó, hacia nales de 2022, más de 983 incendios grandes
en toda la Amazonia (MAAP, 3 de noviembre de 2022). La lentitud de la
recuperación forestal y la magnitud del fenómeno signican una ame-
naza crítica para el bioma, la segunda en términos de impacto después
de la deforestación, aunque estrechamente relacionada.
A continuación, se presenta el mapa generado por MAAP para la in-
tensidad de la deforestación general (amarillo a rojo) y los incendios
(azul claro a oscuro) en la Amazonia en todo el año 2022.
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
268
Mapa 4. Deforestación y fuegos en la Amazonia, 2022
Pérdida del bosque
primario 2022
Deforestación
Muy alto
Alto
Muy alto
Alto
Incendios
Fuente: MAAP (27 de junio de 2023).
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
269
Para todo el año 2022, los incendios impactaron 491.223 hectáreas
de bosque, concentrándose principalmente en las franjas amazónicas
de Brasil y Bolivia, al representar entre ambos países el 93% de todos
los incendios de la región (MAAP, 27 de junio de 2023). Abajo se expone
la situación de los seis países analizados en el capítulo para el período
2021-2022, en orden de afectación
Tabla 4. Diagnóstico de los países seleccionados en materia de incendios, 2021-2022
País
Áreas
quemadas
2022
(ha)
Variación
2021-2022 Zonas más afectadas Causa principal
Brasil 348.824 20,5%
Estados de Amazonas,
Pará, Rondônia, Acre y
Mato Grosso
Agricultura,
expansión de la soya,
ganadería y minería
Bolivia 245.177 47% Departamento sureste
de Santa Cruz
Agricultura,
expansión de la soya
Perú 144.682 6,7%
Amazonia central y sur
(regiones de Ucayali y
Madre de Dios)
Minería de oro
Colombia 97.417 2%
Departamentos
de Caquetá,
Meta y Guaviare,
especialmente los
parques nacionales
Tinigua y Chiribiquete y
las reservas indígenas
Yari-Yaguara II y Nukak
Maku
Agricultura, ganadería
y minería ilegal
Ecuador 18.902 80%
Río Punino, provincias
de Napo y Orellana,
territorio indígena
Shuar Arutam, Parque
Nacional Podocarpus y
reserva forestal del alto
Nangaritza
Minería de oro,
expansión de
plantaciones
de palma aceitera y
agricultura a pequeña
escala
Venezuela 12.584 Estable
Parque Nacional
Yapacana y Arco
Minero del Orinoco
Minería de oro y
agricultura
Fuente: autores con base en MAAP (27 de junio de 2023).
La situación de Brasil es la más crítica, seguida de la boliviana. Tam-
bién preocupa el elevado incremento de los incendios en Ecuador, aunque
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
270
presenta menor pérdida de bosque. También llama la atención que la
agricultura alimentaria y la minería (legal e ilegal) tienden a aparecer
como causas principales comunes de los incendios. Como advierten
numerosos actores de la sociedad civil, inquietan la presencia y per-
sistencia de la deforestación y los incendios en zonas que deberían ser
especialmente protegidas por los Estados de acuerdo con las normas
nacionales, tales como son los parques naturales, las reservas foresta-
les y los territorios indígenas. Esto revela la debilidad e inoperancia de
las autoridades como factor coadyuvante o permisivo del arrasamiento
ambiental. Pero además del daño ecológico, los incendios implican una
afectación mayor por la emisión de material particulado nocivo para la
salud.
No hay sucientes estudios para territorios indígenas, pero Eimy Bo-
nilla, doctora en Ciencias Ambientales e Ingeniería de la Universidad de
Harvard (Estados Unidos), ha presentado un trabajo pionero en el tema,
rastreando el desplazamiento de las partículas PM2.5 que deja el humo
y cruzándolo con los datos de salud en la cuenca amazónica. Encon-
tró que, entre 2014 y 2019, los incendios pudieron ser causantes de la
muerte prematura de unos 230 indígenas y la exposición al humo sería
responsable de dos muertes prematuras por cada 100.000 personas
en todo Suramérica, pero en los territorios indígenas aumentó la cifra
a cuatro muertes por cada 100.000 (citada en Monsalve, 7 de junio de
2023). Complementariamente, se identicó que, de los países amazóni-
cos, los indígenas más afectados fueron los de Perú y Bolivia, mientras
las poblaciones urbanas de Brasil, Colombia y Ecuador recibieron la ma-
yor parte del humo. No necesariamente los países con más incendios
(Brasil) son los de comunidades más afectadas respiratoriamente, tan-
to por la influencia de los vientos como por la localización precisa de
los focos y asentamientos. En 2019 las autoridades peruanas emitieron
alertas por los efectos del humo detectado en la provincia amazónica de
Tambopata (Perú), pero originado en incendios de Brasil y Bolivia, lo que
también suscitó las protestas de ambientalistas en Ecuador, especial-
mente contra el gobierno de Jair Bolsonaro (DW, 22 de agosto de 2019).
Cultivos ilícitos
Los cultivos ilícitos (coca, marihuana, amapola) hacen parte de la ten-
dencia general de la deforestación en algunos de los países amazónicos,
pero no representan un impacto igual de signicativo en la selva amazó-
nica que otras causas. En parte, la explicación está en las características
de la hoja de coca, que usualmente se cultiva con mayor eciencia en
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
271
elevada altitud, por lo que es más común encontrarla en la zona andina
o montañosa de los países. Se suele dar en altitudes entre los 1.000 y
2.500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Las variedades
más comunes son la coca boliviana o huánuco, novogranatense o co-
lombiana y truxillense o peruana, con características intermedias entre
las dos anteriores, y las tres de zonas elevadas. Menos común es la
variedad ipuda o amazónica, adaptada a condiciones tropicales más cá-
lidas y suelos muy ácidos (Neumann, 2004).
Entre los efectos negativos que se le atribuyen a su plantación, aun-
que son objeto de discusión, se encuentran el empobrecimiento del sue-
lo y su pérdida de estructura y acidicación (Dourojeanni, s.f., citado por
Matteucci y Morello, s.f.). Entre los daños ocasionados por las técnicas
para su manejo, se discuten la tumba de árboles, la extracción de un
bajo porcentaje de rollizos de valor maderero, el uso de incendio o can-
dela, la siembra de un alimento básico (arroz, yuca, maíz) y el plantío del
cultivo comercial como tal, acciones que comprenden un ciclo de entre
siete y ocho años. Aunque los autores intentan demostrar que se trata
de un cultivo con impactos ecológicos similares a otros no ilícitos, y
cuyo impacto de manejo depende más del tipo de tecnologías e insumos
agroquímicos utilizados, lo cierto es que también genera deforestación,
particularmente inmanejable para los Estados en donde proliferan los
grupos narcotracantes que surten un mercado creciente, distinto al uso
ancestral o tradicional de los pueblos indígenas. Y su impacto potencial
en la Amazonia podría acentuarse de forma importante con el desarrollo
de nuevas variedades de la coca, que ya se están logrando e incluyen
especies resistentes para menor altitud, con capacidad de producir más
cosechas al año o mayor rendimiento y hasta más resistentes a la fu-
migación con glifosato, como sucede con la “Boliviana Mona”, coca del
tipo ipuda, que ya se estaría sembrando en Colombia y Perú (Zamudio,
21 de enero de 2016).
El fenómeno del cultivo de coca para la producción de cocaína es par-
ticularmente arraigado en Colombia, Perú y Bolivia, si bien se le ha em-
pezado a detectar en Venezuela, sin cifras claras. Se asume que Ecuador
es un territorio libre de cultivos ilegales y que Brasil funge predominan-
temente como receptor de pasta base de coca para su transformación y
de la cocaína en sí para consumo interno y exportación. La información
al respecto es dispersa, lograda con diferentes metodologías y hasta
genera controversia por parte de los organismos gubernamentales de
los países observados, quienes tienen sus propias mediciones. El arribo
de gobiernos críticos del enfoque y la cooperación antidrogas por parte
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
272
de EE. UU. también ha incidido en una mayor descoordinación de las
observaciones y las métricas, así como en la formulación de políticas
alternativas que resultan difíciles de comparar.
Las estimaciones de Naciones Unidas sobre hectáreas de cultivo
de coca en todo el territorio para Bolivia, Colombia y Perú entre 2009 y
2020, basadas en imágenes satelitales, se presentan en la tabla 5, acla-
rando que para, Perú desde 2011, se miden descontando las hectáreas
erradicadas.
Tabla 5. Cultivo ilícito de hoja de coca en países suramericanos más afectados,
por hectáreas, 2009-2020
Año Bolivia Colombia Perú Perú Total
2009 30.900 73.000 59.900 163.800
2010 31.000 62.000 61.200 154.200
2011 27.200 64.000 64.400 62.500 155.600
2012 25.300 48.000 60.400 133.700
2013 23.000 48.000 49.800 120.800
2014 20.400 69.000 42.900 132.300
2015 20.200 96.000 40.300 156.500
2016 23.100 146.000 43.900 213.000
2017 24.500 171.000 49.900 245.400
2018 23.100 169.000 54.100 246.200
2019 25.500 154.000 54.700 234.200
2020 29.400 142.800 61.800 234.200
Fuente: UNODC (2022).
Colombia se mantiene, por mucho, como el país más afectado, con
excepción de los récords de Perú entre 2011 y 2013. Aunque una por-
ción menor de estas hectáreas se halla especícamente en áreas de la
Amazonia de estos países, preocupan el ascenso y la dispersión de los
cultivos (nuevas áreas) en la segunda década del siglo XXI, dinámica
que parece estabilizarse hacia 2020, como advierte la gráca 2.
En Bolivia, se han detectado cultivos de coca en las regiones del norte
del departamento de La Paz, que es parte del ecosistema del río Ama-
zonas, y en la región del trópico de Cochabamba, que se encuentra entre
la cordillera de los Andes y las llanuras amazónicas. La mayor concen-
tración de este cultivo en la primera región se encuentra entre los 1.000
y 2.000 metros sobre el nivel del mar (UNODC, noviembre de 2022); en
la segunda región, la mayor supercie cultivada se encuentra entre los
300 y 1.200 metros sobre el nivel del mar, lo que refleja el potencial de
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
273
esta planta para desarrollarse en las zonas tropicales. Para 2021, se es-
timaron en toda Bolivia unas 30.500 hectáreas de coca (4% más que en
2020), con un aumento de cultivos en la región del trópico de Cocha-
bamba del orden del 6% (total de 11.270 hectáreas), aunque también
hubo un leve descenso en la región del norte de La Paz, con un 9% me-
nos de hectáreas (464 hectáreas en total).
Gráca 2. Tendencia del cultivo de coca en países seleccionados, 2009-2020
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hectáreas
Años
Bolivia Colombia Perú Perú Total
Fuente: autores con base en UNODC (2022).
En Colombia, para 2021 se estimaron en todo el territorio unas
204.000 hectáreas de coca, lo que refleja un aumento drástico de culti-
vos del 42,8%. La explicación a este hecho corresponde a una combina-
ción de factores como: a) el aumento de la demanda global de cocaína
y sus derivados, b) las expectativas surgidas por los acuerdos de paz, c)
la persistencia de la vulnerabilidad territorial, d) la generación de incenti-
vos para la producción de cocaína y e) el aumento de los actores ilegales
del narcotráco (UNODC, octubre de 2022). Aunque es menor que las
cantidades de otros departamentos de Colombia, como los del Pacíco,
existen departamentos amazónicos que tienen coca cultivada, si bien
en una concentración menor a las 1.000 hectáreas en cada uno; se trata
de los territorios orientales de Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas. No
obstante, preocupan otros territorios amazónicos o que incorporan bos-
ques amazónicos y que presentan más de 1.000 hectáreas de coca por
departamento, como son los casos de Caquetá, Cauca, Guaviare, Meta,
Putumayo y Nariño (UNODC, octubre de 2022).
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
274
Para Perú, el último informe público del monitoreo de UNODC es del
año 2017, por lo que es preciso recurrir a otra fuente más reciente. La
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas estimó un total
de 95.008 hectáreas de coca para todo el país en 2022, con un aumento
del 18% frente al año 2021, que, a su vez, superó el estimado de 2020
(DEVIDA, junio de 2023). Sus territorios amazónicos afectados por la
presencia de coca fueron Amazonas y Bajo Amazonas, con 896 y 8.725
hectáreas para 2022 e incrementos de 0% y 35%, respectivamente.
Cambio climático
El último informe del Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Cli-
mático (IPCC) de 2023 evidencia que las emisiones mundiales de ga-
ses de efecto invernadero (GEI) han aumentado, así como el empleo de
energías no sostenibles, y que los cambios en los usos del suelo y los
patrones de consumo insostenible no se han modicado. El IPCC aler-
ta que no se debe sobrepasar el límite de 1,5 ºC y efectúa estimacio-
nes para el año 2100 de 3,5 °C si continúa esta dinámica. Un aumento
de 4 ºC signicaría extinciones masivas de especies, pérdida de biodi-
versidad, escasez de agua potable y de comida sana, un aumento de
migraciones por causas ambientales y conflictos por el acceso a los
recursos. De acuerdo con ese informe, cada décima de grado cuenta
y con cada incremento aumentan los daños. El mundo ya se ha ca-
lentado +1,2 °C desde el periodo preindustrial y alcanzará los +1,5 °C
probablemente entre 2030 y 2035. Por encima de 1,5 °C los cambios
serán irreversibles. Las acciones a las que se han comprometido los
Estados son insucientes. En la siguiente imagen elaborada por el IPCC
se pueden apreciar tales proyecciones.
La gura 1 ilustra cómo con cada incremento del calentamiento glo-
bal y regional del clima medio los extremos son más generalizados y
pronunciados. Así mismo, los cambios proyectados de la temperatura
máxima diaria anual, la humedad total media anual del suelo y la pre-
cipitación máxima anual de un día a niveles de calentamiento global de
1,5 °C, 2 °C, 3 °C y 4 °C con relación al periodo 1850-1900 (IPCC, marzo
de 2023).
De acuerdo con el IPCC de 2014, citado por OTCA, “el riesgo de los im-
pactos conexos al clima se deriva de la interacción de los peligros (ame-
nazas) conexos al clima (incluidos episodios y tendencias peligrosas)
con la vulnerabilidad y la exposición de los sistemas humanos y na-
turales” (2021, p. 31). El Foro Económico Mundial de 2023 expresó las
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
275
preocupaciones por los riesgos del cambio climático a nivel global. En
las siguientes tablas realizadas por Gudynas (5 de febrero de 2023) se
pueden apreciar los riesgos inmediatos y a corto plazo, según este foro.
Figura 1. Incremento del calentamiento global y regional
0 1 2 3 4 5 6 7
1
0
a) Cambio de temperatura anual en el día más caluroso
El mundo a
+1,5
o
C
El mundo a
+2 oC
El mundo a
+3 oC
El mundo a
+4 oC
Nivel de calentamiento global (GWL) por encima de 1850-1900
Con cada incremento del calentamiento global, los cambios regionales
en el clima medio y los extremos se vuelven
más generalizados y pronunciados
La última vez que la temperatura de la superficie global se
mantuvo en 2,5
0
C o más fue hace más de 3 millones de años
2011-2020 fue alrededor
de1,1
0
C más cálido que
1850-1900
Se prevé que la temperatura del día más caluroso anual aumente
más (1,5 a 2 veces la GWL) en algunas regiones semiáridas
y de latitudes medias, y en la región monzónica de América del Sur.
-1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 1,0 1,5
b) Promedio anual del cambio total en la humedad
de la columna de suelo
Las proyecciones de la humedad media anual del suelo siguen
en gran medida las proyecciones de la precipitación media anual,
pero también muestran algunas diferencias debido a la influencia
de la evapotranspiración.
c) Cambio de precipitación anual del día más lluvioso Pequeños cambios
absolutos pueden
parecer grandes
como % o
cambios en σ
las regiones secas
cambio (
o
C)
cambio (σ)
cambio (%)
Se proyecta que la precipitación anual del día más lluvioso aumente
en casi todas las regiones continentales, incluso en las regiones donde
se prevé una disminución de la humedad media anual del suelo.
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
o
C
La urbanización
intesifica aún
más los extremos
de calor
Fuente: IPCC (marzo de 2023, p. 14).
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
276
Tabla 6. Riesgos en el corto plazo, 2023-2024
1Costo de vida Social
2Desastres ambientales y eventos climáticos extremos Ambiental
3Confrontación geoeconómica Geopolítico
4Fracaso en mitigar el cambio climático Ambiental
5Erosión de la cohesión social y polarización Social
6Incidentes de daños ambientales a gran escala Ambiental
7Fracaso en la adaptación al cambio climático Ambiental
8Proliferación de la cibercriminalidad y ciberseguridad Tecnológico
9Crisis en recursos naturales Ambiental
10 Migración involuntaria a gran escala Social
Fuente: tomado de Gudynas (5 de febrero de 2023).
Tabla 7. Riesgos globales, 2023-2033
1Fracaso en mitigar el cambio climático Ambiental
2Fracaso en la adaptación al cambio climático Ambiental
3Desastres naturales y eventos climáticos extremos Ambiental
4Pérdida de la biodiversidad y colapso de ecosistemas Ambiental
5Migración involuntaria a gran escala Social
6Crisis en recursos naturales Ambiental
7Erosión de la cohesión social y polarización Social
8Proliferación de la cibercriminalidad y ciberseguridad Tecnológico
9Confrontación geoeconómica Geopolítico
10 Incidentes de daños ambientales a gran escala Ambiental
Fuente: tomado de Gudynas (5 de febrero de 2023).
Es necesario contrastar la información de ambas tablas. La primera
bajo un contexto de guerra europea que ha afectado el costo de vida por
la escasez de ciertos recursos y que tiene como trasfondo el conflic-
to por el territorio. En la segunda, son claras las preocupaciones por el
cambio climático y los problemas ambientales.
En el caso de América Latina y el Caribe, los aportes en emisiones de
GEI “provienen en gran mayoría (94%) del suministro de servicios ener-
géticos” (Galindo, Hoffman y Vogt-Schilb, febrero de 2022, p. 2). La acti-
vidad agropecuaria y especialmente la ganadera compite con “bosques
y otros sistemas altos en carbono, y es entonces la principal causa de la
deforestación, que produce más de un quinto de las emisiones de GEI en
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
277
la región” (p. 3). Los bosques amazónicos son arrasados para usar sus
suelos en agricultura o convertirlos en pastizales para ganadería.
Bajo ese contexto general se abordarán algunos problemas y desa-
fíos de la Amazonia frente a este fenómeno. El cambio climático tiene
un impacto sobre la Amazonia y, al mismo tiempo, la degradación ama-
zónica afecta el clima de la región suramericana y del mundo. Como lo
explica y sintetiza Nepstad (2007), citado por PNUMA (2009):
En primer lugar, el bosque actúa como un gigantesco consumidor de
calor, que absorbe la mitad de la energía solar que le llega en la eva-
poración del agua de su follaje. Esta energía captada por el bosque
amazónico tiene efectos que se extienden alrededor del mundo me-
diante enlaces llamados ‘teleconexiones climáticas’, muchas de las
cuales aún estamos en proceso de comprender. En segundo lugar,
es una reserva amplia y relativamente sensible de carbono que se
libera a la atmósfera a través de la deforestación, la sequía y el fuego,
lo que contribuye a la acumulación de gases de efecto invernadero.
En tercer lugar, el agua que drena de los bosques amazónicos hacia
el océano Atlántico constituye del 15% al 20% de la descarga total
mundial de agua dulce fluvial y podría ser suciente para influir so-
bre algunas de las grandes corrientes oceánicas, que son importan-
tes reguladoras del sistema climático (p. 100).
La Amazonia juega un papel importante en la autorregulación del cli-
ma planetario por ser un gran sumidero de carbono que actualmente se
debilita debido a la deforestación, al cambio climático y al estrés por hu-
medad. Es un sistema complejo, no uniforme y está interrelacionado con
otros ecosistemas suramericanos. Posee variabilidad de suelos y zonas
climáticas. Estudios de la OTCA, han identicado 14 clases de clima en la
Amazonia (2021). No existe unanimidad acerca de cuánto se incrementa-
rá la temperatura en la Amazonia. El Atlas de Vulnerabilidad Hidroclimáti-
ca de la Región Amazónica de la OTCA señala varios escenarios sobre el
aumento de temperatura para el año 2100: el del IPCC, que es de entre 1,5
°C y 2,0 °C; Ambrizzi (2007) y Nobre (2009) estiman hasta 4 °C y 6 °C; y de
acuerdo al escenario de Trayectorias de Concentración Representativas
8.5, entre 4 °C y 6 °C. Todos están de acuerdo en que habrá variabilidad
en los ciclos de las lluvias con “un incremento de los extremos de lluvias
tanto en intensidad como en cantidad” (OTCA, 2021, p. 75). Otras amena-
zas son los climas extremos y sequías en varias regiones y en determi-
nadas épocas, las inundaciones, los incendios forestales y un aumento
de la frecuencia del fenómeno de El Niño. Actualmente:
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
278
• La sequía representa el 19% de ocurrencia de desastres en la Re-
gión. Solo en la Amazonia brasileña esta recurrencia aumenta a
un 46% los desastres provocados por sequías.
• Los mayores impactos por incendios forestales en parte son re-
sultado de la mayor sequía en la Región Amazónica sobre vas-
tas áreas de ecosistemas de bosques húmedos y áreas agrícolas
(2021, p. 75).
Estudios indican que debido al cambio climático aumentará la mor-
talidad de los árboles y así habrá una reducción de la fotosíntesis (Gatti,
Basso, Miller, Gloor, Gatti y Cassol, 2021). La desaparición de los glacia-
res andinos, como consecuencia del cambio climático y la tala de bos-
ques altoandinos, afecta la cuenca amazónica porque allí nacen grandes
ríos que la alimentan. Sin embargo, este hecho “representaría menos de
1% de la masa anual del río Amazonas” (PNUMA, 2009, p. 102). No obs-
tante, los glaciares abastecen de agua a las poblaciones. “Perú, como
ejemplo, concentra a más del 70% de glaciares tropicales en el mundo.
Bolivia, Ecuador y Chile también dependen de glaciares como fuentes de
agua” (Patterson, 2017, p. 184). En cambio, la deforestación y los focos
de calor podrían “convertir en sabana hasta el 60% de la Amazonia en
este siglo” (PNUMA, 2009, p. 17).
Si bien la deglaciación andina tiene un bajo impacto en el caudal de
los ríos amazónicos, los denominados “ríos voladores”
1
sí son de suma
importancia para toda Suramérica porque coadyuvan las precipitacio-
nes del piedemonte amazónico y así influyen en el caudal de los ríos y
en las precipitaciones de toda la región. Estos ríos voladores se “car-
gan de humedad con la evapotranspiración del bosque amazónico […]
y alimentan importantes zonas hídricas como la cuenca del río de la
Plata a la cual la Amazonia aporta casi el 20% de su precipitación me-
dia anual”, según Martínez y Domínguez (2014), citados por Cifuentes
Guerrero y Cote Alarcón (2022, p. 48). Lo más grave del asunto es que
este fenómeno solo “funciona en los bosques naturales prístinos; los
bosques plantados u otro tipo de vegetación como los pastizales, no son
capaces de activar la bio-bomba amazónica y generar el vapor de agua
suciente para que se formen los ríos voladores” (p. 48). En síntesis, el
1 Los llamados ríos voladores o ríos del aire “se encuentran a una altura de hasta 15 kilómetros, que son transportados
por las corrientes de viento húmedo, que, al chocar con la cordillera de los Andes ascienden, se enfrían y se condensan,
generando precipitaciones sobre el piedemonte andino que alimentan las corrientes de agua superciales, de las
cuales depende el abastecimiento hídrico de ciudades ubicadas a kilómetros de distancia de la región (Poveda, 2011)”
(Cifuentes Guerrero y Cote Alarcón, 2022, p. 48).
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
279
debilitamiento de los ríos voladores representa una amenaza para otros
ecosistemas suramericanos y sus habitantes. En la siguiente gura se
puede apreciar este proceso.
Figura 2. Ríos voladores en la Amazonia
34
1
2
Las lluvias chocan con
los Andes y los vientos alisios
forman los ríos voladores
Las lluvias se esparcen
por todo el continente
LA DEFORESTACIÓN
DESTRUYE LOS
RÍOS
VOLADORES
El calor ecuatorial
evapora el océano
Las nubes avanzan
intercambiando humedad
con la selva
Fuente: LATFEM (17 de marzo de 2021).
Los impactos del cambio climático tienen costos sociales, ambien-
tales y económicos que son difíciles de cuanticar y tienen múltiples
dimensiones (Jacobs, 1991), mucho más en un sistema tan complejo
como el amazónico. Generalmente, se cuantican las externalidades ne-
gativas y positivas tales como la infraestructura, ciertos costos sociales,
las basuras, la contaminación y los planes de prevención de desastres,
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
280
pero no el valor de las especies de fauna y flora, o el coste de todos
los recursos genéticos de la Amazonia que desaparecen por acciones
antrópicas y el cambio climático. Por ejemplo, ¿se puede cuanticar el
valor del cuidado que hacen las comunidades indígenas al entorno ama-
zónico? El BID en un documento de trabajo de 2022 sobre los costos
de lograr los objetivos de cambio climático estimó “que cada grado de
aumento de la temperatura está asociado con una reducción de entre
1% y hasta 4% del producto bruto interno (PBI)” (Galindo, Hoffman y
Vogt-Schilb, febrero de 2022, p. 2). Como consta en el documento en
mención, solo los requerimientos económicos de inversión en infraes-
tructura cuentan con 15 estimaciones de diversos autores y entidades
con diferentes criterios. De cualquier manera, los costos serán muy al-
tos y diferentes para todas las regiones.
La respuesta de los Estados amazónicos ante el cambio climático
ha sido disímil, de acuerdo a las coyunturas políticas de cada uno. Los
ocho Estados que conforman la selva amazónica rmaron el Tratado de
Cooperación Amazónica (TCA) en 1978 y para hacer realidad sus pos-
tulados, en 1995 crearon la OTCA, que funciona a través de cumbres de
jefes de Estado, reuniones de los ministros de relaciones exteriores y
una Secretaría Permanente. Esta organización cuenta con instrumen-
tos como el Observatorio Regional Amazónico (ORA), un programa so-
bre acuíferos aprobado en junio de 2023 denominado “Hacia una mejor
comprensión de los sistemas acuíferos amazónicos para su protección
y gestión sostenible”, siete proyectos puntuales en ejecución y varios
ejecutados, además de innumerables estudios, entre los cuales se des-
taca el Atlas de Vulnerabilidad Hidroclimática de la Región Amazónica.
No obstante, los pronunciamientos de los jefes de Estado y ministros no
tienen carácter vinculante. La OTCA no es una autoridad ni cuenta con
autonomía.
Desafíos de la gestión ambiental en la Amazonia
Se necesita avanzar en la gestión de la protección ambiental de la Amazo-
nia y la garantía de derechos humanos de la población residente, quienes
ocasionalmente quedan fuera del alcance y la vista de los gobiernos
centrales.
La búsqueda de la protección de derechos humanos con enfoque ét-
nico en los PIA debe ser la sombrilla que cubra cualquier acción que se
emprenda en la región. Se debe pensar en la Amazonia no solo como
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
281
un asunto de gestión medioambiental o desarrollo sostenible, también
como el hogar de miles de personas para las que hay obstáculos a la
hora de acceder a sus derechos. Por ello, surgen tres grandes vértices
de desafíos de gestión que se describirán a continuación.
Búsqueda de cooperación regional y fortalecimiento de legislación
vigente
La región amazónica cubre nueve países diferentes: Brasil, Perú, Colom-
bia, Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam, Ecuador y Guyana Francesa.
Constituye una unidad ecológica que no distingue fronteras hechas por
los seres humanos (Vergara, Arias, Gachet, Naranjo, Román, Surkin y
Tamayo, 2022). Esta dependencia transfronteriza hace pensar en la ne-
cesidad de emprender acciones enfocadas en los procesos de coopera-
ción entre estos países que comparten la responsabilidad de protección.
Se reconoce entre las iniciativas vigentes, la OTCA, con tratado ra-
ticado en 1978 por ocho de los países que comparten el territorio, el
cual ha contribuido desde su creación a la cooperación y creación de
políticas públicas para proteger a los pueblos indígenas de la región y
gestionar sus recursos (Soria Dall’Orso, 5 de septiembre de 2019). Así
mismo, cabe la suscripción del Pacto por la Amazonia (2019) de siete de
sus países, que contiene 16 acciones para la protección y conservación
del bioma (Cancillería de Colombia, 6 de septiembre de 2019). Allí se ex-
ponen los derechos soberanos y un plan de acción con cinco ejes de tra-
bajo: la reforestación y el uso sostenible de la biodiversidad, la seguridad
amazónica, la gestión de la información, el empoderamiento de la mujer
y de los pueblos indígenas y el nanciamiento y la cooperación interna-
cionales (Pacto de Leticia por la Amazonia, 6 de septiembre de 2019).
Bajo el entendimiento de los tratados ya existentes, es importante
que los países diseñen estrategias que les permitan enfrentar proble-
máticas concretas. Verbi gratia, se debe hacer frente a la minería ilegal,
los cultivos ilícitos, la tala ilegal y el tráco de flora y fauna silvestres,
como lo menciona en su quinto eje el Pacto de Leticia por la Amazonia.
También se debe hacer frente a la deforestación, coordinar los actores
locales y nacionales y apostarle al desarrollo sostenible (Ávila Quintero,
2023).
Por otro lado, es importante la promoción de la participación pública
en instancias de toma de decisiones sobre proyectos que amenacen el
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
282
medio ambiente. Por ejemplo, Colombia cuenta con mecanismos como
las audiencias públicas administrativas o la consulta previa al consi-
derar y desarrollar proyectos que intervengan sus territorios (Ley 99 de
1993). Adicionalmente, de los seis países amazónicos relacionados en
este capítulo, cinco son rmantes del Acuerdo de Escazú (2018), con la
excepción de Venezuela (CEPAL, s.f.). Ese instrumento contempla me-
canismos de participación, pero supone un reto para que la implemen-
tación se ajuste a las dinámicas sociales y económicas de las políticas
públicas, más allá del conservacionismo.
Para aterrizar las políticas públicas y fortalecer la legislación, será
necesario que la gestión ambiental contemple enfoques diferenciales,
entendidos como marcos de análisis para entender las características
particulares de grupos poblacionales según su edad, género, pertenen-
cia étnica, discapacidad, situación socioeconómica y demás condicio-
nes (DANE, s.f.). Esto permitirá acciones armativas concretas, que
reconozcan las necesidades y garanticen que todos accedan en condi-
ciones de igualdad y equidad a la protección de sus derechos en la franja
amazónica.
Educación como herramienta de desarrollo de alternativas
sostenibles
El segundo desafío es la formación en habilidades y competencias enfo-
cadas en el desarrollo de alternativas económicas para la región. Si bien
la educación es un derecho fundamental que permite a las personas
superar desigualdades y lograr un desarrollo sostenible de las comuni-
dades (Unesco, s.f.), la educación ambiental permite a los ciudadanos
obtener herramientas para tomar decisiones informadas e involucrarse
en la resolución de problemáticas propias de su territorio (EPA, s.f.). La
apropiación social del conocimiento de los saberes y costumbres an-
cestrales de las comunidades étnicas e indígenas, como parte del en-
tendimiento de su cosmovisión, permite abordar la gestión ambiental de
manera sostenible (CVC, 15 de diciembre de 2022).
Para esto, debe darse un proceso de acompañamiento técnico y de
interacción controlada con las culturas de los PIA que permita desarro-
llar proyectos productivos y de integración intersectorial, sin destruir su
identidad y cosmovisión. El territorio amazónico combina su vocación
agroalimentaria con la preservación de un patrimonio ambiental glo-
balmente reconocido. Con estas características, la región requiere de
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
283
un aprovechamiento sostenible del suelo y de la diversidad de recur-
sos naturales disponibles para la consolidación de productos concre-
tos, especializados y competitivos en los mercados interno y externo.
Actualmente, se hacen esfuerzos importantes en materia de pagos por
servicios ambientales y forestería comunitaria, entre otros, que contri-
buyen a organizar a las comunidades en el aprovechamiento planicado
de los recursos forestales. Pero debe consolidarse una iniciativa regio-
nal que genere un marco de inversión y generación de políticas públicas
dirigidas al aprovechamiento y a la construcción de centros agroindus-
triales, como verdaderos mecanismos de transformación con criterios
de sostenibilidad de estas condiciones naturales con las que cuenta la
Amazonia.
Así podrán desarrollarse programas de educación encaminados a lo-
grar soluciones basadas en la naturaleza. Estas son acciones que bus-
can el manejo sostenible de los ecosistemas y que a la vez proporcionan
benecios a la población a la hora de enfrentar retos como la seguridad
alimentaria, la seguridad hídrica o la pérdida de biodiversidad (UICN,
s.f.). Por ejemplo, los proyectos formativos en restauración de bosques
deben acompañar las iniciativas de áreas protegidas para ofrecer a los
guardabosques herramientas técnicas que garanticen un cuidado am-
biental en el que se sobrepase la delimitación jurídica del espacio para
su proyección.
La Organización Internacional del Trabajo (8 de diciembre de 2022)
considera que invertir en soluciones basadas en la naturaleza ha creado
puestos de trabajo para más de 75 millones de personas. Esto permite
que los benecios obtenidos generen actividades en las economías de
las zonas protegidas, lo que favorece dinámicas de economía circular.
También hay oportunidad de avanzar en la formación de capacidades
para la promoción del ecoturismo (Rojas Portacio y Espinosa Osorio,
2020). Así, será necesaria la construcción de información turística para
consolidar una integración fronteriza transnacional competitiva, sopor-
tada en el comercio y el desarrollo empresarial.
Incentivos para conservación y transición
Finalmente, la gestión ambiental de la Amazonia puede ser favorecida
con una mayor cooperación internacional, de modo que se generen es-
tímulos bilaterales y multilaterales para la conservación y el desarrollo
sostenible, además de apoyar la transición energética y tecnológica,
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
284
aspectos muy onerosos para los países en vías de desarrollo. Sin embar-
go, la gobernanza ambiental multinivel requiere de procesos altamente
coordinados, colaborativos y descentralizados, evitando la dependencia
extrema tanto a los gobiernos centrales como a las potencias oferentes
de cooperación. Así mismo, si bien deben aumentarse las zonas fores-
tales, es imprescindible diseñar programas progresivos y transitorios
para la sustitución de bienes y servicios de las balanzas comerciales
locales. La mera delimitación jurídica de las zonas protegidas no es e-
ciente si no se elimina la dependencia material de las comunidades a la
explotación irregular de los territorios.
Conclusiones
La deforestación es un factor principal de amenaza a la estabilidad eco-
sistémica de la Amazonia, con efectos negativos multidimensionales.
Las actividades económicas lícitas e ilícitas son la causa principal de
este fenómeno que, a su vez, termina agudizando el cambio climático
por la importancia de las selvas para capturar CO2. La pavimentación
de vías es una primera manifestación, en la que Ecuador, Perú y Bra-
sil presentan mayor impacto ambiental, seguidos de Colombia, donde
predominan las trochas no pavimentadas. Una segunda actividad de
deforestación es generada por el sector agropecuario, que representa
la mayor fuente de devastación por su falta de ordenamiento y plani-
cación. Al respecto, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia aparecen como los
países más afectados e incapaces de frenar considerablemente esta
dinámica, si bien el primero de ellos supera considerablemente a los de-
más ya que representa casi 81% de la deforestación entre 2001 y 2020
entre los seis países amazónicos comparados.
Los problemas de control territorial de estos Estados, la débil gober-
nanza económica y ambiental, las relaciones centro-periferia que hacen
dependientes a los países amazónicos de la exportación de bienes pri-
marios a potencias industrializadas y emergentes, sumados al estímulo
directo de algunos gobiernos para expandir la frontera agrícola en zonas
que deberían protegerse, caso en el que se destaca negativamente la
administración de Jair Bolsonaro en Brasil, son parte de la explicación
de este desastroso panorama para la seguridad ambiental suramerica-
na. Tanto gobiernos ‘alternativos’ como ‘neoliberales’ han sido respon-
sables de este deterioro, ya sea por omisión, consentimiento o énfasis
frontal en la economía extractiva y poco sostenible.
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
285
La minería ilegal en la Panamazonia altera la biota, contamina las
aguas e impacta el tejido social de las comunidades de la región. Esta
actividad amenaza la seguridad alimentaria, la seguridad nacional de los
Estados e incentiva al crimen organizado. Toda la cadena de ilegalida-
des hace imposible la gobernanza de estos territorios bajo las actuales
circunstancias, sin que se conozcan estrategias conjuntas para comba-
tir este crimen transnacional.
Los incendios y las quemas tienen relación directa con la deforesta-
ción, aunque son una de sus causas, entre otras. Aunque los incendios
pueden considerarse como riesgos ambientales gestionables, que se
acentúan con el calentamiento y las sequías (agravadas por el cambio
climático), por ejemplo, cuando se presenta el fenómeno de El Niño, re-
presentan una amenaza ambiental grave en la Amazonia por su origen
predominantemente intencional —humano—, su recurrencia y su mag-
nitud. Aunque no siempre surgen por incendios, hay evidencias de una
fuerte correlación entre los focos de calor detectados satelitalmente y
las zonas de deforestación halladas, donde destacan los conflictos por
el acceso y la propiedad de la tierra y lógicas de criminalidad. En térmi-
nos de afectación, para la muestra de países escogida, Brasil, Bolivia,
Perú y Colombia, en ese orden, reflejan la peor situación, pues no hubo
tanta diferencia entre la cantidad de hectáreas quemadas entre ellos
para 2022, si bien Bolivia y Brasil expusieron el mayor aumento porcen-
tual frente al año anterior. Agricultura, ganadería y minería (legal e ilegal)
constituyeron las actividades más relacionadas con los incendios. Mu-
chos incendios se propiciaron en áreas que deberían ser especialmente
protegidas, tal como son los parques naturales, las reservas forestales y
los territorios indígenas. Pero además del daño ecológico, los incendios
afectan a las poblaciones por la emisión de material nocivo para la salud
respiratoria, aspecto en el cual ha de resaltarse que la tasa asociada de
muertes por cada 100.000 personas es más alta en los territorios indí-
genas que en las urbes.
Los cultivos ilícitos, particularmente la hoja de coca, tienen un impac-
to menor en la deforestación amazónica frente a otros factores analiza-
dos, pero no por ello dejan de ser una amenaza que tiene potencial de
magnicarse. Aunque es un fenómeno que afecta principalmente a las
áreas andinas o montañosas, el mejoramiento de variedades de la coca
para un mayor rendimiento en número de cosechas al año y capacidad
de sembrarla en zonas de menor altitud, además de la participación cre-
ciente de nuevos actores locales y estructuras transnacionales en las
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
286
cadenas de la producción, transporte y comercialización de la cocaína,
son aspectos que invitan a pensar que este factor de presión e inesta-
bilidad podría expandirse en los bosques tropicales de los Estados an-
dinos más afectados, que son Colombia, Perú y Bolivia, a pesar de las
variaciones y los declives en el mercado internacional de la cocaína. En
el caso de Bolivia, se ha detectado coca en las regiones del norte del de-
partamento de La Paz, que es parte del ecosistema del río Amazonas, y
la región del trópico de Cochabamba, cerca de las llanuras amazónicas.
En Colombia, se le ha detectado en menor cuantía en los departamen-
tos amazónicos de Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas, pero con una
mayor magnitud en los de Caquetá, Cauca, Guaviare, Meta, Putumayo y
Nariño. En el caso de Perú, hay presencia de cultivos de coca en menor
extensión en el territorio de Amazonas, pero una expansión importante
en el de Bajo Amazonas.
Si bien se ha expuesto que los efectos ambientales de la coca no son
muy diferentes a los de otros cultivos (legales), como los alimenticios,
lo cual justicaría su despenalización o regulación, lo cierto es que pro-
pician deforestación y suelen vincular técnicas de siembra y manteni-
miento, incluido el uso de herbicidas como el glifosato para limpiar el
terreno antes de la siembra, que no son sustentables ambientalmente. Y
más aún, representan un factor adicional de la prolongación de la mal-
dición de los commodities, así que incentivan el extractivismo y la ex-
pansión incontrolada de la frontera agrícola en países con instituciones
débiles y economías de bajo valor agregado. Aunque tenga un uso an-
cestral legítimo, la coca difícilmente puede imaginarse como alternativa
de desarrollo sostenible, y menos en la Amazonia.
La Amazonia es un ecosistema clave para el clima de la región y del
planeta, pero está amenazada por intervenciones antrópicas. El infor-
me de 2023 del IPCC no es alentador sobre los avances para mitigar el
cambio climático porque ha aumentado la temperatura global. De seguir
las atendencias actuales y no adoptar medidas sucientes y efectivas
en materia energética y de cambios de patrones de consumo, todos los
escenarios son pesimistas e incluso catastrócos. La Amazonia corre
el riesgo de convertirse en sabana. No obstante, los efectos del cambio
climático serán distintos para cada región.
Finalmente, se proponen tres oportunidades de mejora para hacerle
frente a los mayores desafíos en la Amazonia. Primera, la cooperación re-
gional y el fortalecimiento regulatorio, que brinden herramientas flexibles
y coherentes con las realidades locales. Segunda, el uso de la educación
Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
287
como medio de innovación e investigación para la promoción del desa-
rrollo sostenible. Y tercera, incentivos que soporten el diseño endógeno
de estrategias que favorezcan la gestión ambiental. Estos tres enfoques
deberán gestionarse de manera articulada con los actores sociales, res-
petando la cultura y el liderazgo de los PIA. Adicionalmente, se debe
buscar una relación con las comunidades que articule y fomente su par-
ticipación, no solo en coyunturas electorales, sino en los procesos de
toma de decisiones y en el desarrollo de proyectos que logren propues-
tas socialmente ecientes y con sostenibilidad ambiental.
Recomendaciones
A los gobiernos y sus delegados en la OTCA: a) fortalecer la organiza-
ción con recursos y facultades supranacionales, independientes de los
gobiernos de turno; b) construir una concepción colectiva de la región
amazónica para que no sea entendida como una barrera geográca ina-
movible, pero tampoco como una zona inhóspita y salvaje que debe ser
sistemáticamente explorada y colonizada. Evitando los extremos, de un
lado, con la santuarización, desconociendo los servicios ecosistémicos
que prestan estas áreas, y del otro, el economicismo, que pone al medio
ambiente en subordinación directa a la generación de riqueza o utilidad.
A los gobiernos centrales y agencias de protección ambiental de los
países amazónicos: es imperativo aumentar las zonas de reserva, pro-
teger más los parques naturales y desarrollar planes de reforestación
con especímenes endógenos, pero permitiendo la autorrecuperación del
bioma. Cabe también que asignen o aumenten presupuestos para fon-
dos nacionales de conservación y recuperación de los bosques, comple-
mentándolos con cooperación internacional. El impulso que Colombia
viene haciendo a la propuesta de canjear parte de la deuda externa con
los países industrializados por acciones de mitigación climática y de
conservación en la Amazonia podría ser replicado por los demás Esta-
dos de la región, lo que les impone una obligación de alta coordinación
para aumentar su poder negociador frente a EE. UU. o la Unión Europea.
El cambio climático y su impacto en la Amazonia están en las agen-
das de todos los países y organizaciones suramericanas, pero se requiere
voluntad política con acciones y estrategias conjuntas, urgentes y efec-
tivas de mitigación y adaptación. Se recomienda a los socios de cada
bloque económico y foro de concertación crear mecanismos de enfor-
cement y cumplimiento para que los compromisos sean vinculantes,
Estrategias de seguridad ambiental en América Latina y el Caribe: construyendo resiliencia
288
independientemente de los cambios de gobierno. También se pueden
crear estímulos regionales scales, nancieros, comerciales y de otra
índole dentro de las organizaciones y los foros regionales, con apoyo
de alianzas público-privadas y cooperación internacional, para acele-
rar la transformación verde de los sectores minero e hidrocarburos, la
industrialización con cadenas de valor ambientalmente sostenibles y la
renovación tecnológica del sector agropecuario, procurando crear clús-
teres que reciban benecios cuando provean recursos, conocimientos
o aplicaciones para potenciar la adaptación climática y la conservación
amazónica.
Finalmente, se recomienda a los países OCDE, la Unión Europea y a
los mecanismos de diálogo birregional, como los ALC-UE o CELAC-UE
y China-CELAC, priorizar los temas del cambio climático y la protección
amazónica en los diálogos de alto nivel y enfatizar la creación de estí-
mulos y mecanismos para la transferencia y el desarrollo conjunto de
conocimientos y tecnologías verdes en los programas de cooperación
internacional hacia los países amazónicos.
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Amenazas, riesgos y desafíos de la región amazónica
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