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1
¿Cómo se sostiene la democracia?
La resiliencia democrática en México
Miguel Armando López Leyva
Alejandro Monsiváis Carrillo
Coordinadores
U
N
A
M
Instituto de Investigaciones Sociales
Ciudad de México, 2024
2
Catalogación en la publicación UNAM.
Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información
Nombres:
López Leyva, Miguel Armando, editor. | Monsiváis Carrillo, Carlos Alejandro, editor.
Título:
¿Cómo se sostiene la democracia? : la resiliencia democrática en México / Miguel Armando López
Leyva, Alejandro Monsiváis Carrillo, coordinadores.
Descripción:
Primera edición electrónica. | Ciudad de México : Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Sociales, 2024.
Identificadores:
LIBRUNAM 2230425 (libro electrónico) | ISBN
9786073088121
(libro electrónico).
Temas:
Administración de crisis en gobierno -- México. | Democracia -- México.
Clasificación:
LCC JL1229.C75 (libro electrónico) | DDC 351.0078098—dc23
El Comité Editorial de Libros del Instituto de Investigaciones Sociales aprobó la propuesta para publicar este libro
en formato impreso y en e-pub.
Los derechos exclusivos de la edición quedan reservados para todos los países de habla hispana. Prohibida la
reproducción parcial o total, por cualquier medio, sin el consentimiento por escrito del legítimo titular de los
derechos.
Primera edición electrónica en e-pub: marzo 2024.
D.R. © 2024, Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Sociales
Ciudad Universitaria, C.P. 04510
Libro electrónico editado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se terminó de producir en
marzo de 2024. La edición electrónica en formato e-pub estuvo a cargo de Oscar Quintana Ángeles. Participaron:
Virginia Careaga Covarrubias (edición del proyecto), María Antonieta Figueroa Gómez (revisión de contenidos
electrónicos), Cynthia Trigos Suzán (diseño de portada) y Mauro Chávez Rodríguez (cuidado de la edición).
Crédito foto
ISBN:
978-607-30-8812-1
3
Sobre este libro
¿De qué depende que la democracia perdure? Una pregunta como ésta no sólo
reviste un interés abstracto o puramente intelectual. Hoy en día es una pregunta
clave para entender los desafíos que enfrenta la democracia en numerosos países,
México entre ellos. El propósito de los estudios reunidos en esta obra es analizar,
precisamente, la capacidad de resistencia de la democracia mexicana ante la
transformación política promovida por el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador.
La premisa compartida es que el régimen político enfrenta la amenaza más real e
inmediata de retroceso autoritario en al menos tres décadas. ¿De qué depende que la
subversión democrática progrese, se detenga o se revierta? Para responder a esta
pregunta, recurrimos al concepto de
resiliencia democrática
, un concepto que
designa a la capacidad del sistema político, sus actores e instituciones, de resistir el
embate autoritario.
Si bien las respuestas son tentativas y las conclusiones son inciertas, quienes
participamos en este proyecto esperamos contribuir al debate público en torno a la
democracia mexicana desde la investigación en ciencias sociales. La obra se organiza
en cuatro secciones, empezando por una introductoria a los conceptos de
democracia, autocratización y resiliencia democrática en el caso de México. La
primera sección temática analiza los mecanismos asociados al avance de la
autocratización en el régimen político promovidos desde el Poder Ejecutivo. La
segunda sección examina la capacidad de resiliencia de instituciones independientes
y autónomas que son esenciales para hacer valer la legalidad y los contrapesos
democráticos. La tercera sección hace lo propio a partir de diversos estudios acerca
de las fuentes civiles, sociales y públicas de crítica, oposición y resistencia a las
acciones del gobierno o ciertas políticas públicas. Las conclusiones ofrecen una
reflexión que integra las diversas vertientes de la problemática.
4
Contenido
Presentación
I
Autocratización y resiliencia democrática en México
Alejandro Monsiváis Carrillo
La resiliencia democrática: dimensiones para su análisis
Vladimir Márquez Romero
E
Centralización del poder presidencial: ¿erosión democrática?
María Fernanda Somuano
Juicios desmesurados y antidemocracia populista
Fernando Castaños
P
,
La batalla por la legitimidad y la credibilidad de la
. México, 2018-2022
Silvia Inclán Oseguera
La resiliencia del sistema electoral mexicano
Leonardo Valdés Zurita
Legitimidad y resiliencia de las instituciones de transparencia y acceso a la
información pública en México
Fernando Nieto Morales
L
Prensa y resistencia: ¿hacia una nueva relación con el poder?
Grisel Salazar Rebolledo
5
Resiliencia de las organizaciones de la sociedad civil mexicana
Alejandro Natal
La política científica de la 4
y la resiliencia de una comunidad
Cristina Puga y Brenda Valderrama
“El dolor no es un
show
”: las víctimas de la violencia frente al poder
presidencial en México
Johan Gordillo-García
C
El riesgo de la autocratización en México
Miguel Armando López Leyva
Sobre las autoras y los autores
335
“El dolor no es un show”: Las
víctimas de la violencia frente al
poder presidencial en México
Johan Gordillo-García
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]
“No los voy a recibir (…) para no hacer un
show
, un espectáculo. No me gusta ese
manejo propagandístico (…). Tengo que cuidar la investidura presidencial”,
respondió en enero de 2020 el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador
(
) cuando la prensa le preguntó si recibiría a las y los representantes de una
marcha liderada por familiares de personas asesinadas y desaparecidas (Gobierno de
México, 2020a). “El dolor no es un
show
”, gritaron en respuesta al día siguiente
cientos de familiares de víctimas mientras llegaban —en compañía de activistas y
representantes de organizaciones sociales— a la capital del país luego de caminar
durante dos días desde Morelos (Ureste, 2020). Después, el presidente comentó que
durante su gobierno se respetaría la libertad de expresión, pero aseguró que algunas
de las personas manifestantes padecían “amnesia” y que habían callado “como
momias” frente a la corrupción de las administraciones anteriores (Gobierno de
México, 2020b).
Esta disputa discursiva permite observar, aunque superficialmente, la difícil
relación que el actual presidente de México tiene con los familiares de víctimas de la
violencia que se movilizan en prácticamente todas las regiones del país. Dinámicas
similares, debe señalarse, se presentan en las respuestas que
ha dado a las
movilizaciones de pueblos originarios que defienden sus territorios frente a los
megaproyectos gubernamentales —“radicales de izquierda que (…) no son más que
conservadores”, les ha llamado (Solorio, Ortega, Romero y Guzmán, 2021)— y a las
protestas lideradas por mujeres que denuncian las diversas formas de violencia de
336
género —“simulación sobre feminismo”, acusó cuando le exigieron no apoyar la
candidatura de un político de su partido denunciado por violación sexual (Gobierno
de México, 2021a)—. En breve: el presidente ha mostrado una clara tendencia a
desprestigiar a los grupos que le plantean exigencias mediante la movilización social.
En el marco de la discusión sobre el proceso de erosión democrática que se vive
en México tras la llegada de
a la Presidencia (Petersen y Somuano, 2021;
Sánchez-Talanquer y Greene, 2021), este capítulo explora cómo impulsan la
resiliencia democrática los movimientos sociales liderados por familiares de víctimas
de la violencia.
[1]
Mi argumento principal es que —aunque no esté en sus objetivos
— este tipo de movimientos sociales defienden la democracia, primero, al expandir
los canales de la participación y la representación política más allá de la narrativa
electoral que busca imponer el partido en el poder y, segundo, al exigir al gobierno
rendir cuentas sobre sus fallas en garantizar la seguridad y la justicia. En un sentido
práctico, estas páginas invitan, con la finalidad de impulsar una democracia
participativa y deliberativa, a la construcción de coaliciones con otros movimientos
sociales que también han enfrentado el poder presidencial desde sus respectivos
campos de acción.
En adelante, el texto se divide en siete partes. Primero, discuto la literatura sobre
erosión y resiliencia democrática, así como su utilidad para comprender el contexto
mexicano actual. En seguida, presento los principales argumentos sobre el papel de
los movimientos sociales en los procesos de democratización. En tercer lugar,
presento un marco teórico para comprender los marcos de acción colectiva y los
repertorios contenciosos. Después, desarrollo los antecedentes de las movilizaciones
lideradas por familiares de víctimas en el marco de la “guerra” contra el crimen en
México. En lo subsiguiente, me enfoco en los marcos de los movimientos sociales
liderados por familiares de víctimas y en su repertorio contencioso, para analizar
cómo funcionan las disputas con el presidente en el desarrollo de resiliencia en la
problemática democracia en México. Finalmente, concluyo con la relevancia de este
trabajo y con un llamado a la acción.
E
337
En años recientes, la ciencia política y la sociología han estudiado las condiciones
bajo las cuales algunos países experimentan cambios que detienen e incluso revierten
su democratización. Mediante términos como desdemocratización, autocratización o
deslizamiento en reversa (Bermeo, 2016; Lührmann y Lindberg, 2019; Merkel y
Lührmann, 2021; Tomini y Wagemann, 2018; Waldner y Lust, 2018), esta literatura
engloba diversos procesos que Del Tronco y Monsiváis-Carrillo (2020) concentran
en el concepto de
erosión democrática
, el cual enmarca el deterioro o la pérdida
gradual de los atributos propios de un sistema democrático, sin importar su grado de
institucionalización (véase también el capítulo de Monsiváis-Carrillo en este libro).
Así, en contraste con los cada vez menos comunes golpes de Estado (Bermeo,
2016), la erosión de la democracia ocurre de manera episódica (Boese, Edgell,
Hellmeier, Maerz y Lindberg, 2021) y puede presentarse en cualquier tipo de
régimen: en contextos con rasgos autócratas, menoscaba las dimensiones
democráticas de sus prácticas de gobernanza; en democracias, deprecia su calidad
(Waldner y Lust, 2018). En estos últimos regímenes, uno de los procesos usuales de
la erosión —especialmente en países presidenciales— es el engrandecimiento del
Poder Ejecutivo (Bermeo, 2016), con el que líderes políticos fortalecen su figura y sus
facultades a costa del carácter liberal de la democracia (Merkel y Lührmann, 2021).
Con esto, las y los presidentes pueden contener la competencia electoral sin
necesariamente impedir la participación, obstaculizar la labor de las instituciones
autónomas sin desaparecerlas o restringir los mecanismos oficiales y no oficiales de
rendición de cuentas. En este sentido, la erosión de la democracia cierra los ejercicios
mediante los cuales las autoridades justifican públicamente sus decisiones y limita la
capacidad de las instituciones y la sociedad para castigar prácticas irregulares,
abusivas o ilegales (Waldner y Lust, 2018).
La transición a la democracia en México fue limitada —o, como argumenta
Cadena-Roa (2019: 123), se “malogró”— porque, aunque su faceta electoral puede
considerarse como relativamente sólida, muchos otros aspectos institucionales —
como la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos—
tienen deficiencias trascendentes que no marcaron una ruptura definitiva con el
régimen autoritario (Cadena-Roa y López Leyva, 2019; Olvera, 2016). En otras
palabras, las democracias débiles, como es el caso de México, tienden a conservar sus
338
defectos y esto facilita las regresiones autoritarias. Desde su evaluación de los costos
de la erosión, Del Tronco y Monsiváis-Carrillo (2020: 3) señalan que con este
proceso los países pierden “la posibilidad de vivir en un orden político abierto, en el
que los ciudadanos puedan controlar y hacer rendir cuentas al poder público,
mediante el ejercicio de sus derechos y libertades”. Esta consideración permite
comprender que las descalificaciones presidenciales hacia las movilizaciones sociales
encabezadas por familiares de víctimas y otras colectividades no son simplemente
divergencias de opinión, sino ejercicios de poder que ponen abiertamente en riesgo
la participación social en el campo político.
Sin embargo, el inicio de un proceso de erosión no necesariamente deriva en la
instauración de un régimen autoritario. En diversas geografías se ha observado que
el sistema político —en su campo institucional y no institucional— ha desarrollado
habilidades de resiliencia para reaccionar a los desafíos y tensiones con la finalidad
de adaptarse, detener o incluso revertir la erosión (Boese, Edgell, Hellmeier, Maerz y
Lindberg, 2021; Merkel y Lührmann, 2021). Entre las características que diversas
autoras y autores han identificado como promotoras de resiliencia se encuentran la
acotación judicial de las facultades ejecutivas, el contexto económico, la historia
política del país, las reglas formales, la institucionalización de los partidos políticos y,
en un sentido amplio, el tipo de socialización política de la ciudadanía (Boese,
Edgell, Hellmeier, Maerz y Lindberg, 2021; Merkel y Lührmann, 2021). En cuanto a
este último elemento, en la literatura pueden encontrarse varias referencias sobre la
importancia de la movilización social y la protesta como elementos clave en la
resiliencia democrática (Gallo-Gómez y Jurado-Castaño, 2020; Guasti, 2020; Laebens
y Lührmann, 2021; Lührmann, 2021; Lührmann, Marquardt y Mechkova, 2020;
Somer, McCoy y Luke, 2021). A pesar de que estos estudios destacan la relevancia de
la protesta, el análisis de su papel se ha mantenido en un nivel superficial en
comparación con la atención que se ha dado a otros elementos. Además, en general,
la vinculación que esta literatura hace con los estudios de los movimientos sociales es
prácticamente nula.
[2]
Para llenar este vacío, en la siguiente sección discuto, desde la
literatura, cómo los movimientos sociales promueven la democratización y, a su vez,
pueden impulsar la resiliencia de la democracia.
339
M
,
Aunque hay movimientos sociales con demandas de democratización (Davies, Ryan
y Peña, 2016; Della Porta, 2020), esto es poco común porque usualmente este tipo de
colectividades se articulan en torno a agravios y reclamos más específicos (Tarrow y
Tilly, 2009). No obstante, aunque no tengan el objetivo de promover la democracia,
los movimientos sociales pueden impulsarla de varias maneras: con el
involucramiento de nuevos actores y coaliciones en el campo político, la reducción
del peso de las desigualdades sociales para garantizar la participación política y la
formación de redes de confianza en las prácticas e instituciones políticas (Tilly,
2003). Todo esto da a las colectividades mayor poder para influir en las decisiones
que les afectan y participar en los procesos de las políticas públicas (Donoso, 2016;
Tilly y Wood, 2012).
Por supuesto, aunque puedan fortalecer sus cimientos, los movimientos sociales
no siempre conducen a la democracia y, desde una perspectiva teórica, los
argumentos sobre su impacto se relacionan directamente con el concepto de
democracia que se utilice (Giugni, 1999). En este capítulo no planteo una discusión
sobre las características de la democracia, puesto que esto ya fue desarrollado en la
introducción del libro. No obstante, aunque la democracia ha significado cosas
diferentes para diferentes grupos en diferentes momentos históricos (Dahl, 2000) y
ha tenido múltiples etiquetas (Della Porta, 2020), en este texto la comprendo no en
su sentido institucional, sino en su sentido participativo. Más allá del modelo liberal
que pone su principal énfasis en el componente partidista y electoral, mi
comprensión de la democracia se inscribe en el modelo participativo y deliberativo
que privilegia la formación de espacios libres en los que la participación se da en
condiciones que facilitan la comunicación y el debate (Della Porta, 2013). Desde esta
conceptualización, aunque los movimientos sociales no busquen modificar las
normas formales de competencia electoral de un régimen, sus discursos y acciones
pueden señalar las deficiencias de las instituciones políticas en la resolución de
problemas y, así, abrir la posibilidad de adoptar prácticas más democráticas desde
canales no institucionales (Della Porta, 1999; Melucci, 1992).
340
Además del estudio de los mecanismos democráticos al interior de los grupos
que articulan un movimiento social (Díez García y Laraña, 2017; Otero, 2006), las
relaciones entre los movimientos sociales y la democracia han sido estudiadas
principalmente desde cuatro dimensiones (Davies, Ryan y Peña, 2016): la función de
las protestas en la transición de autoritarismo a democracia, su relación con la
política electoral, su influencia en otros actores no gubernamentales y su capacidad
para promover los aspectos participativos y deliberativos de los ejercicios
democráticos en el ámbito nacional. Más recientemente, la literatura sobre erosión y
resiliencia de la democracia también ha prestado atención al papel de los
movimientos sociales. En este sentido, varios trabajos han identificado que la presión
social mediante protestas ha sido relevante en algunos contextos para enfrentar la
erosión democrática, no como un fenómeno suficiente, pero sí necesario (Gallo-
Gómez y Jurado-Castaño, 2020; Guasti, 2020; Laebens y Lührmann, 2021;
Lührmann, 2021; Lührmann, Marquardt y Mechkova, 2020; Somer, McCoy y Luke,
2021). En concreto, la protesta ha estimulado la resiliencia en regímenes previamente
democráticos cuando las élites —ya sean las gobernantes o las de la oposición—
observan en la movilización social un incentivo para respetar, adoptar o exigir
ejercicios de rendición de cuentas (Laebens y Lührmann, 2021). Este argumento se
vincula directamente con hallazgos previos en los estudios sobre los movimientos
sociales, en los que hay un amplio consenso sobre cómo el contexto institucional y
político media los posibles impactos de los grupos movilizados debido a la apertura
o el cierre de oportunidades (Amenta, Caren y Olasky, 2005). En este sentido, varias
investigaciones señalan que entre estas oportunidades está la presencia de aliados en
las élites que pueden beneficiarse al respaldar las movilizaciones (Holdo, 2019;
Rucht, 2004; Tarrow, 2011).
En resumen, los movimientos sociales no sólo son agentes de democratización,
sino también de resiliencia democrática. Por un lado, estos actores colectivos
generan dinámicas extrainstitucionales de representación (Gallo-Gómez y Jurado-
Castaño, 2020); por otro, desafían los códigos culturales y políticos dominantes para
visibilizar el ejercicio del poder (Melucci, 1999). Es otras palabras, los movimientos
sociales pueden frenar la erosión democrática, primero, al expandir el campo de la
participación y la representación política, y, segundo, al promover la rendición de
341
cuentas por parte de las autoridades. La observación empírica de estas dos dinámicas
puede hacerse a partir de aspectos ideacionales y materiales de la movilización
(Davies, Ryan y Peña, 2016); es decir, con el análisis de los marcos de la acción
colectiva y los repertorios contenciosos.
M
Los marcos son esquemas de interpretación que permiten a las personas comprender
qué ocurre en una situación determinada (Johnston, 2002; Snow, Rochford, Worden
y Benford, 1986; Snow, Vliegenthart y Ketelaars, 2019). En el estudio de los
movimientos sociales, el concepto de enmarcación (
framing
) hace referencia al
trabajo de significación de los actores colectivos mediante tres principales tareas: el
planteamiento de un diagnóstico, la propuesta de posibles soluciones al problema y
la motivación para la participación (Snow y Benford, 1988). El marco diagnóstico
delimita cuál es el problema y quién o qué tiene la culpa, el marco pronóstico sugiere
un camino para resolverlo y el marco motivacional ofrece razones para que la gente
se una a la acción colectiva.
La palabra escrita y hablada ofrece la evidencia más útil para la identificación de
los marcos (Johnston, 2005). No obstante, para trascender la mera descripción del
discurso de las organizaciones y los grupos que articulan un movimiento social y
obtener un panorama más completo de la contienda en la que se involucran, es
importante trabajar con “instantáneas de contenido” (
content snapshots
) que revelen
los cambios de la retórica en el tiempo (Johnston y Alimi, 2013: 454). Esto puede
realizarse mediante el análisis de comunicados, discursos o pronunciamientos de un
grupo a partir de cuatro preguntas (Johnston y Alimi, 2013; Ketelaars, 2016):
Primero, ¿quién es el sujeto? Esto identifica a la colectividad agraviada. Segundo,
¿cuál es el problema? Esto delimita los problemas que reclama. Tercero, ¿quién o qué
tiene la culpa? Esto señala responsabilidades sobre la causa del problema. Cuarto,
¿cómo puede resolverse el problema? Esto apunta, por una parte, al pronóstico y, por
otra, a los motivos que hay para participar.
342
Los marcos de un movimiento social están profundamente interrelacionados con
el tipo de acciones que éste realiza (Nelson y King, 2020; Zuo y Benford, 1995). El
conjunto de acciones disponibles
para
y conocidos
por
un determinado actor
colectivo se conoce como repertorio contencioso (Tilly, 1978), que abarca, por
ejemplo, marchas, firmas de peticiones y huelgas. Aunque los repertorios pueden
delimitarse analíticamente en episodios específicos, un evento de protesta concreto
no es simplemente un momento aleatorio de la contienda liderada por un actor
colectivo, sino que los símbolos, las acciones, los discursos y las relaciones que
generan las personas participantes en cada evento contienen significados y
características vinculadas al contexto y las condiciones de éste (Doherty y Hayes,
2019; Taylor y Van Dyke, 2004). En otras palabras, tal como ocurre con los marcos,
es importante observar no sólo un episodio de acción de un movimiento social, sino
comprender su realización en relación con las campañas que le han precedido.
En este trabajo analizo los marcos a partir de los intercambios discursivos entre
grupos de familiares de víctimas y el presidente en torno a tres eventos. En cuanto al
repertorio contencioso, utilizo ejemplos de acciones de protesta realizadas en las
inmediaciones de la oficina presidencial. La selección de estos episodios no responde
a su capacidad para representar el universo de interacciones entre el gobierno y los
movimientos sociales, sino a su utilidad para evidenciar las ideas defendidas por los
familiares de víctimas y el tipo de apariciones públicas que realizan.
M
“
”
Luego de que el entonces presidente Felipe Calderón declarara una “guerra” contra el
crimen organizado en diciembre de 2006, el número de asesinatos y desapariciones
cometidas en México comenzó a aumentar de manera sostenida. Esta tendencia se
ha mantenido hasta el momento de escribir estas líneas. Según información oficial
(Comisión Nacional de Búsqueda, 2022; Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2022), entre 2007 y 2012 se cometieron más de 121,000 asesinatos y
desaparecieron más de 28,200 personas. Durante la siguiente administración,
liderada por Enrique Peña, se alcanzaron más de 156,000 y 46,400 de esos crímenes,
343
respectivamente. Con el actual presidente, se han registrado más de 73,200 asesinatos
entre 2019 y 2020 y casi 20,900 desapariciones en el mismo periodo.
El discurso del gobierno de Calderón rechazaba la responsabilidad de las
autoridades en la violencia (Treviño-Rangel, 2018) y criminalizaba a las víctimas al
asegurar que 90% de los asesinatos se cometían entre delincuentes (Atuesta, Siordia y
Madrazo Lajous, 2016). Grupos de activistas pronto comenzaron a organizar
protestas para denunciar los efectos de lo que consideraron la militarización de la
seguridad pública (Silva-Londoño, 2017) y colectivos familiares de víctimas
comenzaron a organizarse para exigir justicia en sus casos; sin embargo, el alcance de
estas iniciativas se mantuvo en el ámbito local. Esto comenzó a cambiar en 2011. A
finales de marzo de ese año, luego del asesinato de su hijo Juan Francisco, el poeta y
analista político Javier Sicilia comenzó a liderar una serie de protestas en el estado de
Morelos que pronto se extendieron a prácticamente todas las regiones del país. El
análisis de ese proceso escapa a los objetivos del presente capítulo, pero es
importante señalar que la participación de familiares de víctimas de asesinato y
desaparición, activistas de diversos campos y organizaciones de múltiples perfiles
llevó a la articulación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (
), un
actor colectivo contencioso que fracturó la narrativa oficial en torno a la violencia y
rompió el silencio de miles de familiares de víctimas que decidieron comenzar a
relatar sus testimonios en el espacio público.
Además de manifestaciones masivas en el ámbito local, el Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad realizó la Marcha por la Paz en mayo de 2011, una
movilización de cuatro días que partió de Morelos con quinientas personas y
concluyó en Ciudad de México con alrededor de 200 mil participantes. Un mes
después, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad comenzó la Caravana del
Consuelo, un recorrido de una semana por varios de los estados más violentos del
norte del país. Luego, hizo la Caravana al Sur en septiembre, una movilización de
diez días que recorrió los estados del sur para encontrarse con pueblos originarios y
comunidades de migrantes. Finalmente, la Caravan for Peace en Estados Unidos de
América duró un mes y llevó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a
reunirse con diversas organizaciones locales para exigir políticas efectivas contra el
344
tráfico de armas y el lavado de dinero. En el campo institucional, sostuvo durante
2011 dos diálogos públicos con Calderón y uno con integrantes del Congreso de la
Unión. Luego, en abril de 2012, obtuvo la aprobación de una ley para proteger los
derechos de las víctimas, pero Calderón usó sus facultades para detener la
promulgación oficial. La implementación de la ley inició en 2013, cuando Peña
aceptó promulgarla.
Aunque el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se desmovilizó después
de obtener la ley, varios trabajos coinciden en que su relevancia es fundamental en la
historia de los movimientos sociales mexicanos (Cadena-Roa, 2019; Gordillo-García,
2022; López Leyva, 2019; Monsiváis Carrillo, Pérez Torres y Tavera Fenollosa, 2014;
Tirado, 2019). Además, ante la ineficacia oficial para detener la crisis de violencia —
que se agravó con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa—,
decenas de familiares de personas desaparecidas que tuvieron su primera experiencia
de activismo en las caravanas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
comenzaron a organizar —en muchos casos, acompañados por activistas— grupos
para buscar a sus seres queridos por su cuenta. Liderados principalmente por
mujeres, estos grupos conocidos como “colectivos” realizan constantemente, en
todos los estados del país, brigadas de búsqueda para ubicar fosas clandestinas, así
como recorridos por centros forenses, cárceles y hospitales para tratar de identificar a
las decenas de miles de personas desaparecidas (Iliná, 2020; Robledo-Silvestre, 2019).
La articulación, coordinación y expansión de estos colectivos ha consolidado la
formación de una comunidad de movimiento social (Staggenborg, 1998) en contra
de las violencias y las injusticias que la “guerra” ha causado en el país.
M
El 14 de septiembre de 2018, luego de un llamado hecho por Javier Sicilia en el
séptimo aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,
tuvo
un diálogo público con familiares de víctimas al que asistieron personas y
representantes de organizaciones provenientes de todas las regiones del país. Como
presidente electo,
estuvo acompañado por la próxima titular de la Secretaría
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de Gobernación y el futuro subsecretario de Derechos Humanos. Javier Sicilia inició
el encuentro.
[3]
En su discurso, el poeta presentó como sujeto a las víctimas de la
violencia, personas que habían resistido la impunidad y el olvido y que tras la
formación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se habían organizado y
encontrado miles de fosas clandestinas con incontables cuerpos y restos humanos. El
principal problema, señaló Sicilia, era que la violencia continuaba y que el país se
mantenía como un campo de exterminio. La causa de esto era la falta de verdad,
justicia y memoria en el país, cuya responsabilidad recaía en los gobiernos. La
solución, argumentó él mismo, era adoptar programas de justicia transicional.
Si durante las masacres del 68 y del 71 la violencia tuvo (…) el rostro del Estado, las que
siguieron con la política de guerra contra las drogas de Felipe Calderón y de Enrique Peña
Nieto tienen el rostro de una hidra de mil cabezas que borró la frontera entre el Estado, las
empresas y el crimen (…). Esta violencia ha convertido al país en un campo de exterminio
al aire libre, en un rastro humano lleno de fosas clandestinas (…).
En 2011 (…), surgió el
(…). Hoy hay colectivos en todo el país con gran
experiencia y propuestas claras. Sin las madres que han salido a rascar la tierra con sus
manos nunca habríamos sabido de las más de mil trescientas fosas clandestinas ni de las
(…) creadas por el gobierno (…).
La justicia, la paz y la dignidad tienen que ver (…) con un proceso de justicia
transicional (…); tienen que ver con los cuatro pilares de la justicia transicional que
expondremos más adelante: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición (…).
Usted, señor presidente electo, le ha prometido al país una cuarta transformación. Si no se
sientan las bases de una buena política de Estado en materia de justicia transicional, esa
cuarta transformación será (…) imposible y nos hundiremos más en el infierno.
Por ello (…), pedimos que (…) se constituyan (…) mesas de trabajo, coordinadas por la
Secretaría de Gobernación, para que (…) se construya (…) el paraguas de todo el proceso
de justicia transicional que expondremos a continuación (Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 2018).
Continuó Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, una víctima de feminicidio. La
mujer se enfocó en proponer una comisión de la verdad con profesionales nacionales
e internacionales. Buendía señaló cómo varios países han implementado comisiones
346
de la verdad para investigar y juzgar a los responsables de las violaciones graves a
derechos humanos, así como para reparar a las víctimas e impulsar reformas
políticas con el fin de impedir la repetición de los crímenes. En seguida, como
representante del colectivo Rastreadoras del Fuerte, Mirna Nereyda —madre de
Roberto Corrales, un joven desaparecido y asesinado— presentó la propuesta de un
mecanismo internacional contra la impunidad. Nereyda señaló que no estaba claro si
los cientos de miles de crímenes durante los gobiernos de Calderón y Peña fueron
causados por la incapacidad o la complicidad gubernamental y, dado que el sistema
de justicia mexicano se caracteriza por la corrupción, explicó que se requería de
asistencia internacional. Después, Araceli Rodríguez —quien es participante del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y madre de Luis León, un policía
federal desaparecido en 2009— destacó la importancia de fortalecer las instituciones
y leyes mexicanas para atender el creciente número de víctimas en cuanto a
indemnizaciones, asistencia, auxilio y protección.
Yolanda Morán, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en México y madre de Dan Jeremeel —un joven desaparecido por
militares en 2008—, explicó la necesidad de hacer operativo el sistema nacional de
búsqueda de personas desaparecidas que el gobierno de Peña aprobó, pero dejó en el
abandono. En el mismo sentido, Araceli Salcedo —representante del colectivo
Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba y madre de Fernanda Salcedo, mujer
desaparecida en 2012— señaló que la implementación de la ley contra la
desaparición promulgada por Peña había sido prácticamente nula. Ante esto, las
familias de las personas desaparecidas debían estar en el centro de cualquier acción y
medida adoptada por el nuevo gobierno, mismo que debía garantizar suficiente
presupuesto y abrir la posibilidad de observación internacional en esta materia.
Después, Guadalupe Aguilar —representante del colectivo Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos en Jalisco y madre del desaparecido José Arana— se enfocó
en la propuesta de un programa de protección para víctimas y testigos. Según señaló
la mujer, muchos juicios fracasan porque los testigos son asesinados, algo que
también ocurría entre familiares de víctimas que no cuentan con protección alguna.
Ante esto, el nuevo gobierno necesitaba proteger a los familiares que estaban
buscando a las personas desaparecidas; es decir, a quienes estaban haciendo lo que el
347
Estado debía hacer. Finalmente, Lucía Díaz —representante del colectivo Solecito de
Veracruz y madre del joven desaparecido Luis Lagunes— señaló que la ruta para
comenzar a discutir las propuestas debía partir de establecer mesas de trabajo para
discutir con las familias de las víctimas y las organizaciones profesionales los detalles
de cada propuesta.
El desarrollo y la presentación de estas demandas permite observar la
combinación de lo que Morrell (2015) denomina
expertise
experiencial y
expertise
profesional. Según sostiene la autora, los movimientos sociales que buscan impactar
en las políticas públicas tienen mayor probabilidad de fomentar la resonancia de sus
marcos cuando las personas que presentan las demandas son, por una parte, quienes
han sufrido directamente los agravios y, por otra, personas profesionales preparadas
para articular propuestas con base en evidencia. Si bien en el evento se explicitó que
la agenda presentada por los familiares de víctimas había sido elaborada con el apoyo
de organizaciones profesionales, fueron las personas directamente agraviadas
quienes realizaron la presentación frente a las autoridades del gobierno entrante. Esta
forma de plantear las demandas puede ser efectiva por la legitimidad moral que
tienen los familiares de las víctimas; sin embargo, la presentación de ideas muy
técnicas con un lenguaje lejano a la cotidianidad de las audiencias limita el posible
impacto de los marcos (Ketelaars, 2016). En este sentido, es relevante notar que luego
de esta reunión los colectivos de familiares no han impulsado la agenda de justicia
transicional, sino que las organizaciones aliadas han sido las encargadas de
promoverla. Si bien se requiere mayor investigación, es posible que esto se trate de
un problema de resonancia de los marcos.
Las exposiciones en el diálogo con
tuvieron constantes interrupciones de
familiares de víctimas que estaban entre el público, quienes exigían a gritos ayuda
con sus casos y pronunciaban otras demandas. La futura titular de la Secretaría de
Gobernación iba a responder a las propuestas presentadas, pero los gritos del público
le impidieron emitir mensaje alguno. Ante esto, el presidente electo decidió utilizar el
micrófono. Desde la interpretación planteada por
, el problema de la
violencia tenía como raíz treinta años de un modelo económico neoliberal en
México. El político destacó que su gobierno trabajaría en soluciones para garantizar
348
la justicia modificando la política económica, distribuyendo mejor el presupuesto y
ofreciendo oportunidades de trabajo a los jóvenes para que no tuvieran que
involucrarse en el crimen organizado. Además, aseguró que habría presupuesto para
cubrir las problemáticas de las víctimas porque reduciría los sueldos de la burocracia
y vendería el avión presidencial adquirido por su predecesor. De igual manera,
prometió que se reuniría con los colectivos permanentemente en sus giras por el
país.
Todo esto que desgraciadamente ha sucedido tiene, por supuesto, una explicación. No voy
ahora a tratar el tema de fondo. Nada más [voy a] decir que la violencia (…) se desató
porque desde hace (…) cuarenta años se apostó (…) a un modelo económico (…)
neoliberal (…) que no es más que neoporfirismo (…). Eso fue lo que ha originado todo este
dolor, toda esta violencia (…). Yo les aseguro que van a haber cambios, que no va a ser lo
mismo, que no voy a fallarle al pueblo (…). Va a haber justicia (…), se va a distribuir con
justicia la riqueza (…). Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el
derecho al trabajo desde el primer día del próximo gobierno (…). Vamos a contar con
recursos para que se atienda a las víctimas de la violencia (…) porque ya no van a haber los
sueldos que hay ahora (…). Se van a terminar las pensiones millonarias a los ex presidentes
y se van a vender los aviones y los helicópteros. Y ese dinero (…) va a ser para la justicia
(…).
La Secretaría de Gobernación va a estar exclusivamente para que haya justicia (…). Éste
va a ser un diálogo permanente (…). No soy igual que los políticos corruptos (…). Yo voy a
estar, así como ahora, en reuniones con ustedes (…). Lo único que les pido es (…) que haya
unidad, que se organicen (…) y que haya unidad (…). Vamos a [garantizar] que los
organismos de defensa de derechos humanos (…) de otros países puedan entrar a México a
ayudar (…). Vamos a buscar la forma de reconciliarnos (…). Yo sí perdono. Yo en esto sí
puedo diferir con algunos (…) y les digo: olvido, no; perdón, sí (…). No están solos
(Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018).
Como puede notarse, el presidente electo no respondió de manera directa a las
demandas, sino que se limitó a compartir el discurso que durante años había
planteado en sus campañas políticas. Además, la promesa de reunirse
periódicamente con los colectivos sería posteriormente incumplida. Producto del
diálogo, algunas organizaciones y centros de investigación convocaron a reuniones
349
de trabajo para presentar propuestas concretas al gobierno. Los documentos fueron
entregados a las autoridades, pero no hubo mayor progreso.
La estrategia de seguridad del gobierno de
resultó insuficiente y, como ya
se mencionó, la violencia continuó. A finales de 2019, un grupo vinculado al crimen
organizado asesinó e incineró a tres mujeres adultas y seis menores de edad de la
familia de un ex participante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En
reacción, Javier Sicilia publicó una carta personal dirigida a
en la que le
recriminó haber dejado a un lado la política de justicia a la que se había
comprometido en 2018. El poeta señaló como problema principal que el país seguía
ensangrentado y que la responsabilidad, en parte heredada, recaía en el presidente
por haber abandonado la agenda a la que se comprometió. Como posible solución,
Sicilia llamó a las familias de las víctimas a realizar una caminata para recordar a
la urgencia de cambiar de estrategia.
Durante tu campaña (…) prometiste hacer de la verdad, la justicia y la paz la agenda de la
nación. Por desgracia la dejaste a un lado (…). No se trata (…) de cuántos balazos o cuántos
abrazos hay que dar para detener el horror. Las dos estrategias están equivocadas. Se trata
de saber cuánto Estado se necesita para construir la justicia y la paz (…). Te aferras a tu
estrategia y pides paciencia. Pero los ciudadanos que padecemos todos los días (…) las
consecuencias de la violencia (…) te decimos que ya no hay tiempo (…).
Por ello voy a caminar de nuevo con lo único que tengo, mi dignidad, mi rabia y mi
palabra, para decirte a ti y a los que quieran escuchar que la casa de todos sigue en llamas
(…), que debemos sacudirnos la indiferencia (…) y que sólo unidos podemos hacer posible
lo único que importa: la verdad, la justicia y la paz. Voy a caminar para recordarnos y
recordarte (…) la imperiosa urgencia del ahora. Éste no es momento para tomar el
tranquilizante del gradualismo que nos pides. Nos están matando, desapareciendo,
violentando de maneras cada vez peores. Es momento de cambiar la estrategia por una a la
altura de la emergencia nacional y la tragedia humanitaria que padecemos (…). ¿Caminarás
rumbo al horror que tus primeros pasos han transitado o rumbo a la esperanza a la que un
día nos llamaste y a la que hoy esta nación ensangrentada nos convoca? (Sicilia, 2019).
Poco después,
respondió que Sicilia y él tenían diferentes “puntos de vista” y
dijo que su gobierno respetaría el derecho a la protesta; “que caminen, yo caminé
350
como dos o tres veces desde Tabasco”, comparó (Morales y Canchola, 2019). En
seguida, rechazó reunirse con quienes participarían en la caminata porque él debía
“administrar” su tiempo: “¿Qué? ¿Yo voy a estar esperando aquí? La prensa
conservadora fifí y nuestros adversarios dándose vuelo (…). ¿Cuántos días de notas
en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro? (…) Da flojera eso”, respondió con
una sonrisa en el rostro (
Aristegui Noticias
, 2019). Previo al inicio de la caminata, el
presidente volvió a descalificar a Sicilia y a quienes se sumarían a la movilización:
“No los voy a recibir yo. Los va a recibir el gabinete de seguridad para no hacer un
show
, un espectáculo (…). Tengo que cuidar la investidura presidencial” (Gobierno
de México, 2020a).
Durante cuatro días de movilización, miles de personas —entre familiares de
víctimas de todas las regiones del país, activistas e integrantes de organizaciones
civiles— caminaron de Cuernavaca, Morelos, al Zócalo de Ciudad de México. Entre
las muchas consignas, las familias que encabezaban la caminata coreaban una y otra
vez que “el dolor no es un
show
” y “la justicia no es un
show
” (Ureste, 2020). Al final
de la marcha, Sicilia leyó una nueva carta a
en la que señaló —como lo había
hecho desde 2011— que hablaba como la voz de una tribu de dolientes. El principal
problema, denunció, era que México estaba en llamas, lleno de violencia, sangre,
muerte, desapariciones, fosas, mentiras e impunidad. La responsabilidad recaía tanto
en los criminales cuanto en las autoridades. En este sentido, si bien el poeta
reconoció que el presidente heredó una realidad violenta, también señaló que se
negó a adoptar la agenda de verdad, justicia y paz, y que abandonó las instituciones
dedicadas a atender a las víctimas. Ante esto, la única solución, sugirió Sicilia, era
adoptar la agenda de la justicia transicional como una política de máxima prioridad
para la administración federal.
A pesar de mis flaquezas personales, de la posibilidad de que te niegues a recibirnos, la
nobleza de esa vocación [la poesía] me ha llevado a caminar de nuevo, al lado de otras y
otros, para resistir, para (…) buscar otra vez la verdad, la justicia y la paz que (…) tú y las
víctimas acordamos, que olvidaste y que, en medio de tanto horror, tanta impunidad y
muerte nos debes, nos debemos y te debes, presidente (…). México (…) está plagado de
crímenes atroces (…); sus caminos, sus plazas, sus recintos están tomados por seres sin
351
alma que, con apoyo de funcionarios de Estado y empresas, corrompen, desaparecen y
asesinan (…); cavan fosas siniestras, nos amenazan y exhiben sus atrocidades para inhibir
nuestras reacciones vitales. Sabemos que no eres responsable de ello, presidente. Heredaste
este horror de administraciones que sólo tuvieron imaginación para la violencia, la
impunidad y la corrupción. Pero el hecho de que le hayas dado la espalda a la agenda de
verdad, justicia y paz como prioridad de la nación (…) ha mantenido articuladas las redes
de complicidad del Estado con el crimen organizado, y sus costos en dolor y muerte han
sido demasiado altos (…).
Tú nos pides más tiempo para buscar la seguridad, pero no hablas de verdad ni de
justicia. Después de la masacre de la familia LeBarón, que volvió a poner ante la conciencia
pública la dimensión del horror y la tragedia del país, ya sólo hay tiempo para encararla con
una política de Estado que (…) se base en mecanismos extraordinarios de verdad y justicia
(…) como prioridad del país; (…) una política de Estado con la que (…) te comprometiste
hace más de un año (…); una política de Estado que (…) debe ser asumida y promovida
por ti, que lamentablemente no estás presente a causa de graves y desafortunados prejuicios
hacia las víctimas y el sufrimiento del país.
Un día después de la movilización, el presidente se limitó a comentar en un par de
minutos que muchas de las personas y organizaciones participantes padecían
“amnesia” y que estaban “abriendo los ojos a partir de que llegamos nosotros [su
partido político]. [Antes] guardaron silencio, callaron como momias” (Gobierno de
México, 2020b). Con la misma línea discursiva, en lo que va de su administración,
ha rechazado varias veces que el país siga enfrentando una crisis de violencia
y de impunidad. Desde su razonamiento, lo anterior es imposible porque él lidera
una “transformación”. Con esa base, el presidente constantemente señala que quienes
critican a su partido y a su gobierno son “adversarios” que buscan el regreso de los
partidos políticos a los que él retiró de posiciones de poder. Esta polarización
simplista, junto a otras características de su discurso, permiten identificar a
como un líder populista, y no precisamente de izquierda (Centeno, 2021; Solorio,
Ortega, Romero y Guzmán, 2021). “Ya no hay masacres”, “yo tengo otros datos” y “ya
no hay impunidad” son las respuestas que el presidente usualmente da ante los
señalamientos sobre los indicadores de inseguridad (Gobierno de México, 2021b,
2022a). Estas negaciones presidenciales en torno a la violencia han incluso
352
descalificado las observaciones de organizaciones multilaterales. Por ejemplo, en
abril de 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada perteneciente a la
Organización de las Naciones Unidas publicó un informe en el que concluyó que la
impunidad frente a este crimen era casi total en México y que las autoridades eran
responsables de graves violaciones a los derechos humanos (High Commissioner for
Human Rights, 2022).
desestimó las recomendaciones y aseguró que “ellos
[la Organización de las Naciones Unidas] no tienen (…) toda la información, no
están actuando con apego a la verdad”, y que “no vieron los abusos que se cometían
durante el periodo neoliberal. Hay que ponerlos al tanto [de] que ya es otra realidad
y ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados”
(Gobierno de México, 2022b).
Ante esta negación sistemática de la crisis, los marcos promovidos por los
movimientos sociales liderados por familiares de víctimas permiten representar en la
discusión pública a las colectividades agraviadas que quedan fuera del optimista
discurso presidencial. Además, mediante la presentación de sus diagnósticos,
pronósticos y motivaciones, estos actores contenciosos exigen una rendición de
cuentas más transparente que no se limite a la defensa partidista del proyecto
electoral del presidente.
R
En el contexto del incumplimiento de la promesa de reunirse con los familiares de las
víctimas permanentemente en sus giras, múltiples colectivos y organizaciones han
realizado protestas durante las visitas del presidente a varias regiones del país. Sólo
por mencionar algunos ejemplos, hay registros de movilizaciones en Baja California
Sur, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Quintana Roo y Guerrero (
Animal Político
, 2020;
Campos, 2022;
El Sol de Chilpancingo
, 2021;
El Universal
, 2021;
La Jornada
, 2021;
Noticias
, 2020). Además de estas acciones, los colectivos han realizado otros
eventos de protesta relevantes frente a las oficinas presidenciales mientras
ofrece su discurso diario. Me enfoco en cuatro ejemplos.
353
Primero, en junio de 2020, treinta representantes de varios colectivos de
diferentes regiones montaron un plantón afuera de Palacio Nacional para protestar
por los recortes presupuestales a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y
para exigir la renuncia de su titular (Gerth, 2020). La acción duró poco menos de un
mes y terminó por motivos de salud de las personas participantes. La funcionaria
renunció y aseguró que nunca contó con el apoyo del gobierno federal, pero los
colectivos consideraron esto una victoria de su protesta (Velázquez, 2020). Segundo,
el 10 de mayo de 2021,
organizó un espectáculo musical al interior de
Palacio Nacional como festejo por el Día de las Madres. Afuera del recinto, un grupo
de madres de personas desaparecidas hizo una manifestación para exigir una
reunión con el presidente para hablar sobre las reformas a la Fiscalía General de la
República que impedían la participación de las víctimas en los procesos de
investigación. Cuando terminó el festival presidencial, un grupo de funcionarias
salió a recibir las peticiones de las mujeres (
Animal Político
, 2021a). Tercero, para
conmemorar el Día Internacional Contra la Desaparición Forzada en 2021,
representantes de varios colectivos utilizaron mantas y prendas de sus familiares
desaparecidos para montar el mensaje “+90,000 ¿dónde están?” junto a las oficinas
del presidente (
Animal Político
, 2021b). Cuarto, en diciembre de 2021, integrantes de
un colectivo de Guanajuato simularon una fosa clandestina afuera de Palacio
Nacional. Con la consigna: “Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas van a él”, un
camión de carga dejó toneladas de tierra junto a la puerta del recinto. Después, las y
los participantes usaron el material para cubrir prendas y fotografías de sus seres
queridos. Con palas y picos, en seguida comenzaron a escarbar y dejaron ver
mensajes como: “No venimos a atacar a un ídolo, venimos a exigirle a un presidente”.
Personal de limpieza del gobierno de Ciudad de México —también bajo el control
del partido del presidente— recogió la tierra luego de unas horas, pero
no
atendió a las participantes de la movilización (
Animal Político
, 2021c).
En el mismo sentido, los colectivos han continuado con la realización de brigadas
de búsqueda en prácticamente todo el país. Estas acciones han permitido encontrar
múltiples fosas con incontables cuerpos y restos humanos. Otras autoras han
analizado diversas dimensiones de las brigadas de búsqueda (Iliná, 2020; Robledo-
354
Silvestre, 2019). Para fines de este trabajo, es importante destacar que las brigadas de
búsqueda son una forma de política contenciosa con la que los familiares de víctimas
enfrentan tanto a criminales cuanto a autoridades.
Los movimientos sociales suelen hacer representaciones dramáticas con el
objetivo de apelar a emociones y principios morales, redefinir problemas y despertar
el interés de varias audiencias mientras, a su vez, limitan la capacidad de los
gobiernos para controlarlos (Cadena-Roa, 2002). Es decir, las acciones de protesta
son proyectos racionales para la creación de significado y la acción política (Nelson y
King, 2020), lo mismo que apariciones públicas cargadas de emociones (Eyerman,
2005). Como ha ocurrido en otros casos (Cadena-Roa y Puga, 2021), las acciones del
repertorio contencioso de los movimientos sociales liderados por familiares de
víctimas de la violencia funcionan para reiterar sus posiciones y demandas al
gobierno y alcanzar públicos más amplios que pueden sentir algún tipo de
identificación con su causa. Acciones como las descritas en esta sección
complementan los marcos comunicados verbalmente y permiten a los familiares de
las víctimas evidenciar la problemática que siguen enfrentando, a pesar de las
negaciones oficiales en torno a la crisis. Al irrumpir en el espacio público y,
especialmente, al realizar acciones en las proximidades del lugar en el que el
presidente pregona diario sus mensajes, estos actores contenciosos no sólo permiten
representar políticamente a las colectividades agraviadas, sino que contrastan la
comodidad desde la que las autoridades niegan la crisis con la realidad enfrentada
diariamente por las familias que buscan a sus seres queridos.
D
La participación social es clave para detener las etapas tempranas de la erosión
democrática (Boese, Edgell, Hellmeier, Maerz y Lindberg, 2021; Lührmann, 2021).
Las movilizaciones pueden servir como canales de concientización sobre la
importancia de la pluralidad democrática y reforzar valores y visiones que sirvan de
contrapeso a las posturas más divisorias (Lührmann, 2021). Además, debe
considerarse que los posicionamientos, las demandas y las acciones de los
355
movimientos sociales influyen en la construcción de las discusiones públicas y en la
percepción de los problemas nacionales (Hewitt y McCammon, 2004; Williams,
1995). Si bien la literatura sobre resiliencia de la democracia reconoce la importancia
de la protesta, su discusión sobre los movimientos sociales ha sido superficial en
comparación con el análisis de otros elementos. Este capítulo ayuda a llenar ese
vacío. A partir de la evidencia presentada en el texto, sostengo que los movimientos
sociales liderados por familiares de víctimas de la violencia en México son
actualmente actores fundamentales en la promoción de la resiliencia democrática
porque, por una parte, expanden los canales de participación y representación
política más allá de la narrativa partidista que busca imponer el presidente y, por
otra, exigen al gobierno rendir cuentas sobre sus fallas en garantizar la seguridad y la
justicia.
A pesar del maniqueísmo del discurso presidencial con el que se presenta como
“adversario” a cualquier persona o grupo que emita una crítica contra el partido en el
poder, las demandas y los valores reivindicados por los familiares de las víctimas
trascienden la narrativa oficial y evidencian la poca efectividad de las políticas
impulsadas por
. Sin duda, dos de los mayores problemas que enfrenta el país
siguen siendo la violencia y la impunidad. Quienes sufren directamente las
consecuencias de la crisis no deben quedar fuera de la toma de decisiones y la
respuesta oficial a sus demandas no puede continuar basándose en negaciones que
buscan defender un proyecto partidista —con resultados negativos— frente a la
competencia electoral. En este sentido, tradicionalmente la relación entre los
partidos mexicanos identificados con la izquierda y los movimientos y las
organizaciones sociales se ha caracterizado por el clientelismo y las redes de
patronazgo que intercambian movilizaciones de apoyo por un trato privilegiado
(Gordon, 2013; Haber, 2013). Estas dinámicas clientelares no son tan sencillamente
reproducibles entre los familiares de las víctimas ni sus organizaciones. Garantizar el
acceso grupal a recursos desde el gobierno puede ser una forma efectiva de
cooptación; sin embargo, esto no puede hacerse cuando se trata de garantizar el
acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño, mucho menos puede
356
establecerse un compromiso de tipo clientelar para la presentación con vida de las
personas desaparecidas.
Como argumenta Della Porta (2013), la democracia no sólo involucra una forma
de contar votos, sino también las condiciones en las que se construyen las
preferencias de una sociedad mediante diálogos incluyentes y abiertos en los que las
personas —más allá de los partidos— puedan identificar problemas y proponer
posibles soluciones. Así, “las decisiones son democráticas no tanto cuando cuentan
con el apoyo de la mayoría, sino cuando las opiniones se forman mediante un
proceso deliberativo en el que las razones se intercambian libremente” (Della Porta,
2020: 4). De esta manera, considero que para impulsar la resiliencia de la democracia
en países con transiciones malogradas es fundamental apuntar hacia un modelo que
trascienda el carácter liberal y apunte hacia un perfil deliberativo y participativo. Los
movimientos sociales pueden impulsar la formación de relaciones en las que la
participación se dé en condiciones que faciliten la comunicación y el debate, espacios
en los que la participación sea un vehículo para redistribuir el poder político
concentrado por el Poder Ejecutivo.
Frente a gobiernos populistas que han acelerado procesos de erosión democrática
en otros contextos, diversos movimientos sociales se han aliado para enfrentar los
ataques provenientes desde la oficina presidencial (Meyer y Tarrow, 2018). En ese
sentido, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (2022) ha hecho llamados
a los movimientos sociales de mujeres y de pueblos originarios —“pilares de la
dignidad y la resistencia”— para articular acciones junto con los familiares de las
víctimas e impulsar una democracia “desde abajo” que el Estado y los partidos se han
negado a promover. Espero que, además de su utilidad para el avance teórico, estas
páginas sirvan como un llamado a la alianza de los movimientos sociales que el
presidente mexicano ha desacreditado constantemente. La articulación entre estos
actores colectivos es imprescindible no sólo para la resiliencia democrática, sino para
avanzar también hacia una democracia participativa y deliberativa.
R
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367
[Notas]
[1]
Comprendo los movimientos sociales a partir de las definiciones de William Gamson y David
Meyer (1996) y de Kevin Gillan (2020): actores colectivos compuestos por individuos,
organizaciones y redes informales que se coordinan voluntariamente para, mediante formas
extrainstitucionales de acción, plantear un desafío sostenido y consciente a los sistemas de poder
establecidos por las autoridades y los códigos culturales.
[2]
Como excepción, véase Gallo-Gómez y Jurado-Castaño (2020).
[3]
El video completo del evento se puede ver en Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(2018). Para facilitar la lectura, omito referencias a los minutos y segundos de las intervenciones.