LA MICROFÍSICA DE LAS FRONTERAS. CRIMINALIZACIÓN, RACIALIZACIÓN Y EXPULSABILIDAD DE LOS MIGRANTES COLOMBIANOS EN ANTOFAGASTA, CHILE

Abstract

El artículo se propone mostrar las formas que adquiere la construcción del nexo entre migración, seguridad y expulsabilidad de grupos específicos de migrantes, en este caso colombianos, en Antofagasta, una ciudad minera ubicada en el norte de Chile. A partir del análisis sostenemos que la criminalización del migrante colombiano está estrechamente ligada a su racialización, y que la validación y legitimidad que adquieren las ideas de expulsabilidad y rechazo son parte de este mismo proceso, pues al situarlo del otro lado de las múltiples fronteras que se construyen —raciales, étnicas, de clase, de género, además de fronteras territoriales dentro de la propia ciudad—, su expulsión definitiva, o su rechazo en frontera, son el resultado final de un proceso previo de exclusión sistemática.La aproximación metodológica empleada en la investigación fue de carácter cualitativo, y recurrió principalmente a entrevistas a informantes clave, mayoritariamente actores vinculados a la generación e implementación de políticas públicas —funcionarios del gobierno regional y local, legisladores nacionales por la región, funcionarios de las fuerzas de seguridad, extranjería y el poder judicial—, aunque no exclusivamente —se entrevistó también a miembros de organizaciones sociales de y para migrantes, algunos migrantes residentes en campamentos, vecinos chilenos y miembros de la academia.El análisis de este caso específico aporta a la comprensión de las formas en que el régimen global de control de las migraciones se articula con procesos locales que definen su materialización específica. El caso de Antofagasta en particular habilita una reflexión respecto de lo que sucede con las políticas de control de las migraciones en contextos de desigualdad enmarcados en economías extractivistas, y en una ciudad que ha tenido una presencia histórica de población migrante.

Full text

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LA MICROFÍSICA DE LAS FRONTERAS. CRIMINALIZACIÓN, RACIALIZACIÓN Y
EXPULSABILIDAD DE LOS MIGRANTES COLOMBIANOS EN ANTOFAGASTA,
CHILE
THE MICROPHYSIC OF BORDERS. CRIMINALIZATION, RACIALIZATION AND
DEPORTATION OF COLOMBIAN MIGRANTS IN ANTOFAGASTA, CHILE
Fernanda Stang
Centro de Estudios Avanzados (UNC) /
Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CONICET y UNC)
ferstang@yahoo.com.ar
Carolina Stefoni
Universidad Alberto Hurtado
cstefoni@uahurtado.cl
Resumen
El artículo se propone mostrar las formas que adquiere la construcción del nexo entre
migración, seguridad y expulsabilidad de grupos específicos de migrantes, en este
caso colombianos, en Antofagasta, una ciudad minera ubicada en el norte de Chile. A
partir del análisis sostenemos que la criminalización del migrante colombiano está
estrechamente ligada a su racialización, y que la validación y legitimidad que
adquieren las ideas de expulsabilidad y rechazo son parte de este mismo proceso,
pues al situarlo del otro lado de las múltiples fronteras que se construyen —raciales,
étnicas, de clase, de género, además de fronteras territoriales dentro de la propia
ciudad—, su expulsión definitiva, o su rechazo en frontera, son el resultado final de un
proceso previo de exclusión sistemática.
La aproximación metodológica empleada en la investigación fue de carácter
cualitativo, y recurrió principalmente a entrevistas a informantes clave,
mayoritariamente actores vinculados a la generación e implementación de políticas
públicas —funcionarios del gobierno regional y local, legisladores nacionales por la
región, funcionarios de las fuerzas de seguridad, extranjería y el poder judicial—,

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aunque no exclusivamente —se entrevistó también a miembros de organizaciones
sociales de y para migrantes, algunos migrantes residentes en campamentos, vecinos
chilenos y miembros de la academia.
El análisis de este caso específico aporta a la comprensión de las formas en
que el régimen global de control de las migraciones se articula con procesos locales
que definen su materialización específica. El caso de Antofagasta en particular habilita
una reflexión respecto de lo que sucede con las políticas de control de las migraciones
en contextos de desigualdad enmarcados en economías extractivistas, y en una
ciudad que ha tenido una presencia histórica de población migrante.
Abstract
The article aims to show how the relation between migration, security and deportation
of a particular migrant group is build. The research focuses in the case of Colombians
in Antofagasta, a mining city in the north of Chile. We argue that the criminalization of
Colombian migrants is closely linked to a racialization process, so that validation and
legitimacy of deportation and rejection at the boarders are part of the same process.
Migrants are placed across multiple lines: race, ethnic, class, gender and territorial
boundaries within the city, thus deportation and rejection are the result of a previous
process of systematic exclusion.
We used a qualitative approach in this research, mainly through interviews with
key informants, mostly actors linked to the generation and implementation of public
policies —officials of the regional and local government, national legislators by the
region, officials of the security forces, etc. —although not exclusively— also
interviewed members of social organizations of and for migrants, some migrants living
in informal settlements, Chilean neighbors and members of the Academy.
The analysis of this specific case brings to the understanding of the ways in
which the global regime of migration control is articulated with local processes that
define its specific materialization. The case of Antofagasta enables a reflection on what
happens with the policies of migration control in contexts of inequality framed in
extractive economies, and in a city that has had a historical presence of migrant
population.
Palabras clave: migración colombiana; criminalización; racialización; expulsabilidad;
Antofagasta.

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Key words: Colombian migration; criminalization; racialization; deportation;
Antofagasta.
Contexto: “Antofalombia”, o el mito de la invasión
En medio del desierto de Atacama, en el norte de Chile, se encuentran la región y la
ciudad de Antofagasta, cuya historia ha estado marcada por el apogeo y caída de la
explotación minera1. El reciente boom cuprífero, que se experimenta gracias al ingreso
de capitales extranjeros desde los años 90 en adelante, dibuja uno de los escenarios
más complejos en materia migratoria en el Chile actual. Discriminación, segregación y
exclusión adquieren un significado particular en la medida en que configuran un
discurso público común en el que el rechazo a la migración es cotidiano, transversal y
abierto.
Los medios de comunicación, a través de diversos reportajes, condensan parte
de estos discursos y visibilizan uno de los principales argumentos utilizados para
justificar este rechazo: la asociación entre incremento de la migración y aumento de la
delincuencia y la inseguridad. La vinculación entre ambos hechos sociales utiliza como
nexo la migración de origen colombiano, aunque es posible advertir la facilidad con
que las consecuencias de esta asociación pueden ser extrapoladas a otros grupos
nacionales. El capítulo “Sicarios de importación”, del programa En la mira, emitido el
15 de agosto de 2016 por el canal Chilevisión, ejemplifica claramente esta “tendencia”.
Antofagasta es la región en la que los migrantes de origen colombiano han
experimentado un mayor crecimiento entre 2005 y 2014: en menos de 10 años, este
grupo aumentó en siete veces su presencia. También es la región en la que esta
población tiene actualmente la mayor representatividad respecto del total de su
población migrante: constituyen el 11 por ciento, en comparación con el 6.1 por ciento
que alcanzan a nivel nacional. Pese a este notable crecimiento, son la migración de
origen boliviano y peruano las que ocupan las primeras mayorías (Departamento de
Extranjería y Migración, 2016)2. Lo interesante, entonces, es que, siendo la tercera
minoría, la migración colombiana se ha configurado como el gran tema migratorio de la
región, y los calificativos de invasión y ocupación que se escuchan al hablar con
antofagastinos son constantes respecto de este grupo en particular. Este imaginario de
masividad está, a su vez, acompañado de menciones a problemas sociales de diversa
naturaleza: hacinamiento, delincuencia, informalidad, violencia, comercio sexual, entre
otros.

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“Ya está siendo llamado como Antofalombia, y eso ya se conoce a nivel nacional,
entonces todas esas cosas han gatillado como en este enfrentamiento de algo que
se está escapando mucho de las manos. Yo creo que es una olla a presión”.
(Miembro de la organización local Antofa Segura)
La alta preocupación y tematización en torno a la migración colombiana, por parte de
la población antofagastina, contrasta con el hecho de que solo constituyen el 11 por
ciento de la población migrante. La explicación para esa visibilidad, entonces, hay que
buscarla en otros elementos, más allá del dato estadístico. Un factor relevante, que
analizaremos más adelante, es el hecho de que se trata de una migración proveniente
de manera significativa del Valle de Cauca3, lo que implica que una parte importante
es afrodescendiente. A partir de esta característica, se ha generado un proceso de
racialización que es el que da sustento a esta visibilización. Es decir, no es el color de
su piel el que los ha tornado visibles, sino el proceso de racialización que se ha
desarrollado en la sociedad antofagastina en torno a ellos, especialmente. Ahora bien,
¿qué es lo que se racializa?, ¿la nacionalidad colombiana o las personas de color, con
independencia de su nacionalidad? A modo de hipótesis, sostenemos que la presencia
de afrocolombianos en Antofagasta ha permitido construir un significante particular
dentro de la categoría de “colombiano”: la negritud, en cuanto elemento adscrito a esta
nacionalidad, permite decir “negro” sin mencionar el término, incluso cuando son
migrantes de otras nacionalidades. Lo colombiano es, por tanto, negritud (en un
sentido amplio, independiente de la nacionalidad), así como también violencia,
delincuencia y cuerpos disponibles para un consumo sexual.
La asociación entre migración e incremento de la inseguridad y la violencia
adquiere un sentido más profundo cuando se comprende que actúa como justificación
para el rechazo hacia este grupo, por una parte, y para la aceptación (y promoción en
algunos casos) de su expulsión, por otra. La tríada migración, criminalización y
expulsabilidad se configura en múltiples niveles del discurso, y a partir de distintos
actores sociales. La expulsabilidad, sin embargo, no se refiere exclusivamente a la
salida obligada del territorio nacional, versión más radical de la expulsión, sino a las
múltiples fronteras que se construyen internamente y respecto de las cuales los
migrantes son situados al otro lado de aquello que aparece como aceptado, natural y
propio: fronteras de género, de clase, étnicas, raciales, se superponen con la
distribución espacial en la que residen los migrantes colombianos, la forma
segmentada en que participan del mercado laboral, así como las representaciones y

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estereotipos de los que son objeto. La posibilidad de expulsión del territorio es el
corolario de la expulsión efectiva respecto de las otras múltiples fronteras que operan
en la sociedad, cuestión que queda representada, por ejemplo, en las propuestas
elaboradas por diputados y senadores para modificar parcialmente el marco que
regula la migración actualmente4.
Los contenidos de estas propuestas están ligados a dos componentes
principales: el aumento de mecanismos de control para el ingreso al país y el uso
“efectivo” y amplio de las medidas de expulsión. La diputada Paulina Núñez
(Renovación Nacional, partido de derecha liberal) presentó en noviembre de 2015 un
proyecto que propone modificar el artículo 34 de la Ley 18.216, que establece penas
sustitutivas a aquellas que privan de libertad. El proyecto establece que si el
condenado por un delito simple es un extranjero que reside “de manera ilegal” en el
país, el juez podrá sustituir la pena por la expulsión del territorio nacional, ya sea de
oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes. En octubre, la diputada, junto al
senador Alejandro Guillier (independiente, apoyado por la coalición de gobierno de
Bachelet), habían presentado ante el jefe del Departamento de Extranjería y Migración
(DEM) algunas propuestas para la modificación del Decreto Ley (DL) 1.094, que
contemplaban, entre otras cosas, la necesidad de postular a un permiso de residencia
temporal en la embajada o consulado del país de origen, antes de migrar, además de
establecer tipos penales especiales y crear mecanismos más expeditos para la
expulsión de los condenados por sentencia judicial o por decisión administrativa. El
diputado Marcos Espinosa (Partido Radical Socialdemócrata, coalición de gobierno de
Bachelet), por su parte, acompañado por varios legisladores, presentó en diciembre de
2015 una moción que solicita la introducción de indicaciones a la actual Ley de
Extranjería, con el propósito de que se amplíen los delitos por los que se puede
restringir la entrada de migrantes al país y se homologuen los antecedentes de los
países de origen y destino. La consistencia y concordancia de los propósitos de estos
intentos de modificación entre legisladores con posiciones claramente diferentes
dentro del espectro político-ideológico dan cuenta de un discurso transversal que
propone mayor control y filtros en el ingreso al país, así como mecanismos expeditos
para hacer efectiva la expulsión.
Pero este discurso en torno a las políticas de control convive de manera
ambivalente con una política migratoria que se sustenta, al menos a nivel de los
discursos explícitos, en la perspectiva de los derechos humanos. Uno de los ejes del
Instructivo Presidencial 005, de noviembre de 2015, el instrumento marco de la política

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migratoria nacional más reciente, es precisamente ese, el “enfoque transversal de
derechos humanos”, que de todos modos coexiste en el mismo texto oficial con el eje
de la “migración segura”, que además de consideraciones respecto de la seguridad de
los propios migrantes, en relación a los fenómenos de la trata y el tráfico, sostiene en
un lenguaje elíptico que
“con la finalidad de evitar riesgos a la seguridad de las y los migrantes y de las y
los nacionales en Chile, el Gobierno deberá generar los mecanismos para que (…)
se pueda dotar a las autoridades pertinentes de información necesaria relacionada
con los antecedentes penales, judiciales y policiales que sirvan como antecedente
para tomar decisiones y ejercer las facultades que la ley les encomiende”.
(Gobierno de Chile, 2015: 5)
Es esta tensión permanente entre una valorización de las migraciones mediante
políticas migratorias fundadas en la retórica de los derechos, por una parte, y el intento
de reducir el “excedente de movilidad” a través de políticas de control, por la otra,
propia del capitalismo global (Mezzadra, 2012), lo que, por un lado, habilita la
incorporación precarizada de estos migrantes a la economía local, una incorporación
permanentemente fronterizada, y, por el otro, abre paso también a procesos de
resistencia, organización y subjetivación. Sin desconocer la existencia de esta
segunda dimensión, y de sus implicancias para el proceso social que pretendemos
analizar, dados los objetivos de la investigación más amplia en la que se enmarca este
análisis específico, y la selección de actores a entrevistar que esos objetivos
supusieron, nuestra mirada en este artículo se enfoca en la microfísica de los poderes
que materializan esas políticas de control en ese escenario local, teniendo presente
que muchos de los discursos y propuestas encierran esta ambivalencia que determina
la posición adscrita al migrante: el control por un lado, y la idea de respeto de
derechos por otro. Quizás la idea expresada por una de las parlamentarias
entrevistada en nuestro trabajo de campo refleja bien la tensión constante entre estos
elementos: “no queremos que lleguen todos, pero queremos que los que están acá,
estén bien”, en el entendido que “bien” es un concepto extremadamente amplio.
En términos generales, entonces, el artículo se propone mostrar las formas
específicas que adquiere la construcción del nexo entre migración, seguridad y
expulsabilidad de grupos específicos de migrantes en este contexto. Nuestra
propuesta general de lectura se sustenta en buena medida en el enfoque foucaultiano
implicado en la noción de microfísica del poder, es decir en la idea de que no debe
buscarse una dominación global que se pluraliza y distribuye hacia abajo, sino que es

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preciso analizar la dominación que se construye desde abajo, a partir de los
fenómenos, las técnicas y los procedimientos de poder que la hacen efectiva
(Foucault, 1995), así como de las resistencias que les presentan oposición y también
la co-construyen. Desde esa lente analítica, nos proponemos mirar el modo en que en
este escenario espacio-temporal se articulan, superponen y tensionan elementos,
tácticas, estrategias, prácticas y representaciones ligadas a las formas
contemporáneas de gestión (o gobierno) de la circulación de las personas que se han
descrito como parte de un régimen global de control de las migraciones (Kalm, 2008),
con procesos socioculturales, políticos y económicos locales, regionales y nacionales,
construyendo una multiplicidad de fronteras que se superponen a la frontera
geopolítica nacional: fronteras raciales, de género, de clase, territoriales; fronteras
materiales y simbólicas dentro de la propia ciudad.
A partir de este análisis, pretendemos mostrar que la criminalización del
migrante colombiano está estrechamente ligada a su racialización, y que la validación
y legitimidad que adquieren las ideas de rechazo y expulsión son parte del mismo
proceso. Al situarlo del otro lado de las múltiples fronteras que se construyen, su
expulsión definitiva, o su rechazo en frontera, son el resultado final de un proceso
previo de exclusión sistemática que abona la construcción de esta representación en
torno a la expulsabilidad. La expulsión “literal” en particular no es necesaria ni
deliberadamente buscada, pero la producción y reproducción cotidiana de la idea de
esta posibilidad actúa como un trasfondo que habilita, por ejemplo, la incorporación
segmentada, y precaria, de estos migrantes como empleados en las actividades de
servicios, o la inserción de la mujer afrocolombiana como objeto sexualizado en el
trabajo sexual —la redundancia es aquí deliberada. Es a partir de esta operación
ambigua que su estadía termina estando supeditada a la voluntad de quien lo recibe y
no al derecho que le asiste como migrante y como ciudadano, lo que está lejos de ser
reconocido a cabalidad por la sociedad receptora.
“Nosotros terminamos la carta que le enviamos a la Presidenta con que «migrar es
un derecho», y por esa razón no estamos en contra que ingresen ciudadanos de
otras nacionalidades. Nosotros terminamos la carta diciendo: «Solo queremos que
ingrese gente de bien, que venga a aportar y no venga a generar daño», como ya
se ha ocasionado a varias familias” (Miembro de organización Antofa Segura,
énfasis propio).
De ahí que el migrante se vea obligado a probar una y otra vez que puede cumplir con
las expectativas que la sociedad tiene de él, que es gente de bien, que es un buen

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trabajador, que no se mete en problemas y que probablemente sabe callar cuando
corresponde. Pese a ello, el significado que en Antofagasta se construye en torno a su
corporalidad lo vuelve más visible de lo que la sociedad está dispuesta a aceptar. Su
presencia incomoda a un punto que el rechazo se vuelve abierto y confrontacional.
Sostendremos que la racialización de la que es objeto el migrante colombiano se
combina con determinadas condiciones asociadas a una identidad local frágil, signada
por el histórico carácter minero de la región, que atrajo y atrae a migrantes nacionales
e internacionales, así como por el hecho de constituir un territorio que fue apropiado
en un proceso bélico y luego nacionalizado, entre otros acontecimientos y fenómenos
significativos.
Este artículo se desprende de un estudio encargado por el Gobierno Regional
de Antofagasta para realizar un diagnóstico y una propuesta de política migratoria,
desarrollado entre enero y agosto 2016. El estudio permitió sistematizar una gran
cantidad de información respecto de la situación que enfrenta la población migrante.
Hemos seleccionado ciertos elementos que llamaron nuestra atención y que hemos
querido profundizar en esta publicación. La aproximación metodológica empleada en
la investigación fue de carácter cualitativo, y consideró la realización de entrevistas a
informantes clave, principalmente a actores vinculados al diseño e implementación de
políticas públicas (28 entrevistas individuales y 5 grupales a funcionarios del gobierno
regional y local, legisladores nacionales que representan a la región, funcionarios de
las fuerzas de seguridad, Extranjería y el poder judicial, miembros de organizaciones
sociales de y para migrantes, migrantes residentes en campamentos5 y vecinos
chilenos, y miembros de la academia que investigan el tema migratorio en la región).
También se efectuó observación participante en diversas instancias durante el trabajo
de campo en la ciudad, realizado en abril de 2016: participación en asambleas de
organizaciones sociales, recorridos nocturnos por diversos sectores del centro de la
ciudad, recorridos por campamentos de la zona norte y conversaciones informales con
diversos actores. Se recurrió además a fuentes secundarias: documentos oficiales,
notas de prensa y artículos científicos, y publicaciones de otro tipo que presentan
resultados de investigaciones sobre la región vinculadas con las temáticas abordadas
en el artículo. Los resultados, y el análisis aquí presentado, son de exclusiva
responsabilidad de las autoras y no comprometen la visión de las organizaciones que
solicitaron el estudio.

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Criminalización: rumba, sables y droga
En las últimas décadas, la migración se ha construido globalmente como un problema
de seguridad autoevidente (Walters, 2010)6, especialmente a partir del acontecimiento
construido como hito en este campo temático: el atentado a las Torres Gemelas en
2001. Esta relación general se construye de modos específicos en los contextos
locales; las prácticas y los discursos van encarnando, de maneras diversas, este
vínculo que instituye a la migración como un problema de seguridad. En el caso de
Antofagasta, como adelantábamos, se ha construido e instalado una representación
social7 según la cual el crecimiento reciente de la migración ha implicado un aumento
de la actividad delictiva, y un incremento de los niveles de violencia en la comisión de
esos delitos, mediante un proceso de criminalización8 de la migración colombiana:
“Nosotros partimos como una agrupación ciudadana contra la delincuencia,
porque en Antofagasta veíamos casos puntuales y era un tema que nunca
pensamos que en algún momento iba a explotar tanto, con más de 35, 36
homicidios al año, que ocurrieron el año pasado. Y haciendo el desglose, los de
mayor connotación social fueron cometidos por ciudadanos extranjeros […] Mira, a
mí me asaltaron ciudadanos chilenos en un colectivo con una pistola y me quitaron
las cosas, por suerte dieron con los delincuentes. A mi mamá la asaltaron en una
esquina, le quitaron la cadena, a otra señora la carteriaron, pero de ahí a que te
asalten y te apuñalen y toda esa violencia es donde se marca la diferencia. Yo
creo que la delincuencia cometida por extranjeros es mucho más violenta que la
que hace un chileno”. (Miembro de organización Antofa Segura)
“A mí me da un poquito de temor este asunto que ha estado pasando. Nosotros
hemos sufrido como tres asaltos en la cruzada aquí. De unas chiquillas que venían
subiendo, que no eran de mi sector, y unos colombianos las han asaltado con
pistola en pleno día. Nosotras nos quedamos heladas, y el tipo, ellos como que se
empoderan y es muy difícil enfrentarse” (Dirigente vecinal chileno/a)
Veremos más adelante que el incremento de las tasas de delito no está relacionado
con la migración, de acuerdo a la información que manejan los propios carabineros, la
policía de investigaciones (PDI) y la Defensoría Penal Pública9. Antofagasta es una
ciudad que ha experimentado un crecimiento económico de proporciones. Es la ciudad
con mayor PIB del país, asociado al boom minero, y, sin embargo, mantiene altos
niveles de desigualdad. Es una ciudad que no ha tenido proyectos de infraestructura
social en los últimos años y que ha visto cómo se ha dejado en manos del mercado la
solución de los problemas sociales en materia de educación, vivienda y salud.
Responsabilizar a la migración colombiana del incremento de la delincuencia oculta los
problemas estructurales que deja el crecimiento explosivo de un sector específico de
la economía, sin que medien programas y políticas redistributivas y de inversión social.

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Sin embargo, a ojos de la ciudad, el incremento de la delincuencia es producto
del aumento de la población migrante de origen colombiano, cuestión que incluso ha
llevado a algunas organizaciones sociales, parlamentarios, la autoridad municipal y la
población en general a demandar medidas concretas para proteger y dar seguridad a
los vecinos10, vinculadas con mayores controles para el ingreso al país y un sistema
más rígido y efectivo en materia de expulsiones:
“[…] lo que nosotros entendemos es que, si nosotros somos rigurosos en el
ingreso de personas, podríamos permitir un control de las personas que ingresan.
¿Por qué decimos esto? Porque algunos hechos que han marcado,
lamentablemente, noticia a nivel nacional, son hechos que son, del punto de vista,
podríamos decirlo, jurídico, porque son personas que han cometido, que no es la
mayoría pero hay estadísticas que han causado sensación, nosotros tenemos aquí
casos de personas que tienen órdenes de expulsión y han cometido homicidio,
algunas riñas que se han cometido por personas extranjeras, entonces, cuando
uno analiza el perfil de esas personas, son personas que no tienen regulada su
situación” (Alcaldía de Antofagasta)
La criminalización de la población migrante se compone de una serie de imágenes que
actúan en conjunto, reforzándose y reproduciéndose unas con otras. La primera
imagen es aquella que los identifica como personas más violentas, lo que se
evidenciaría en el tipo de delitos cometidos y en la forma de llevarlos a cabo. Ejemplo
de ello es la referencia que hacen los entrevistados a un asalto a dos ciudadanos
chinos a manos de un joven colombiano que se encontraba en situación irregular, con
causas judiciales pendientes, y que los habría atacado con un arma blanca en el
centro, “a plena luz del día”11. La idea de violencia se termina de delinear mediante la
referencia al uso de grandes cuchillos, e incluso de sables. En otro caso, el encuentro
de un cadáver con una bala en la nuca fue asociado directamente a un crimen
cometido por colombianos, debido al modus operandi involucrado, pese a la aclaración
realizada por la PDI: la investigación está en curso y no hay conclusiones definitivas.
Es interesante el proceso de naturalización de esta violencia, en la medida en que se
considera parte de la “cultura colombiana”, ya que, a juicio de algunos entrevistados,
ellos estarían “acostumbrados a contextos de mayor violencia”, producto del conflicto
armado que vive el país hace varias décadas y del fenómeno del narcotráfico.
“[…] ese país ha vivido en guerra interna y Chile, no. Por ejemplo, cuando han
tirado un cuerpo, un ejemplo súper concreto, los colombianos tiraron un cuerpo de
un boliviano por los acantilados de la Portada y tenía todos los ojos cortados,
además el tema de la droga es muy fuerte. Nuestros crímenes son pasionales,
pero en el caso de la droga tú tienes que producir un miedo”. (Legislador/a
nacional por la región)

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Una segunda imagen asociada a la criminalización es la idea de que el centro de la
ciudad estaría “tomado” por focos de microtráfico y de prostitución, actividades
fuertemente asociadas a migrantes de esa nacionalidad, lo que generaría una suerte
de inhibición por parte de los vecinos chilenos para transitar por determinados
sectores de la ciudad, especialmente desde el final de la tarde y durante la noche.
“[…] hace años atrás, de las 7 en adelante, el centro en Antofagasta se podía
transitar, después de las 7 de la tarde tú ves grupos y hay grabaciones, hay fotos
lamentablemente de ciudadanos colombianos en esquinas, se han visto algunos
traficando y se hizo un reportaje, ya no se puede transitar”. (Miembro de Antofa
Segura)
La sensación de que hay lugares apropiados por migrantes, que se volverían
peligrosos justamente por eso, denota la demarcación de una frontera en el espacio
urbano y en la temporalidad cotidiana que termina por construir simbólicamente
lugares y tiempos en los que no sería posible una convivencia entre los distintos
grupos que conforman la ciudad.
Es un hecho que en el centro de Antofagasta hay una presencia importante de
migrantes, tanto peruanos como bolivianos y también colombianos. Quienes
cuestionan los prejuicios que se han ido construyendo, explican que en el centro se
han establecido “peluquerías colombianas”, panaderías en las que se elabora y
comercializa su pastelería más tradicional, cocinerías típicas, venta de jugos tropicales
y tiendas de ropa. Se alude también a que habría un recambio de la propiedad de los
locales nocturnos del centro, que pasó de manos chilenas a dueños o arrendatarios
migrantes. El centro es además el espacio en el que los migrantes esperan el
transporte público que los lleva hacia sus hogares. Sin embargo, en determinado
momento esta habitabilidad se vuelve problemática y molesta, y es la presencia de
afrocolombianos lo que gatilla cierto temor, incertidumbre y un consecuente rechazo:
“Me dijo que Antofagasta era una ciudad tranquila, con buenos servicios, pero que
en el último tiempo estaban teniendo un problema, y es que habían llegado
muchos negros [sic], y que «nosotros no estamos acostumbrados a tener negros
cerca». Dijo que se han tomado el centro, que uno camina por calle Sucre y «le
salen negros» ofreciendo de todo, diciéndoles «mira chico, toma papi», cosas a
las que «ellos» no están acostumbrados. Le pregunté a qué cosas se refería y me
dijo que «de todo, sexo, drogas», y que la policía está a un paso y no interviene.
Me dijo también que «todos los que están robando vienen de afuera», que la
mayor parte de los delitos en la ciudad los cometen extranjeros”. (Conversación
con taxista chileno, notas de campo)

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La tercera imagen que termina de configurar la idea de criminalización es aquella que
se produce en los campamentos12. En este caso, aparecen relatos directos o
indirectos de enfrentamientos por disputas de terrenos y conflictos de convivencia que
generan tensiones y que en algunos casos derivan en encuentros violentos, lo que
contribuye, según diversos actores, con la construcción de este “clima de inseguridad”.
También son los migrantes colombianos los aludidos como principales “culpables”, y
en este caso se suma a esta idea de su “naturaleza más violenta” el hecho que se los
considera más “fiesteros”, “bulliciosos” y “bochincheros”, lo que ocasionaría estos
conflictos, pues celebrarían fiestas más ruidosas, más frecuentes y de mayor duración
de lo que acostumbrarían la población nacional y los migrantes de otros orígenes,
principalmente peruanos y bolivianos, que viven en estos mismos territorios:
“Entonces, ese es el temor que aquí nosotros vivimos con los colombianos, que
cada vez andan correteándose con cuchillos, con todo, y nadie hace nada,
llamamos a los carabineros y los carabineros ni te escuchan, entonces, no
tenemos seguridad y yo pienso que es por el hecho de que es toma”. (Vecina
migrante, residente en campamento)
“El señor chileno […] contó su experiencia. Vive en una población [barrio] que
colinda con un campamento y dice que ya no soportan las condiciones […] Dice
que los colombianos que viven en ese campamento “se la pasan de fiesta”, que
gritan demasiado […] Relató también el episodio al que han aludido varios
entrevistados, sobre una pelea con cuchillas por la disputa de un terreno. Contó
que un día los vecinos de su sector se tomaron la calle, quemaron neumáticos
para reclamar, porque la policía ya no interviene, que ya no llegan a los
campamentos por denuncias de ruidos o riñas. Dice que la desesperación de los
vecinos era tanta que hasta los hombres lloraban: «Los hombres se pusieron a
llorar, los hombres, qué hacemos»”. (Notas de campo, reunión de miembros de
Antofa Segura con vecinos migrantes)
Un elemento que es preciso considerar en este escenario es el papel que han jugado
los medios de comunicación en el proceso de criminalización de la migración. Hay
coincidencia entre los actores entrevistados, incluso aquellos vinculados a los propios
medios, que estos han contribuido a la construcción de esta representación a partir de
noticias mostradas de manera tendenciosa en las que se liga a la población
colombiana con la comisión de ciertos delitos, generalmente acompañadas por
imágenes de población afrodescendiente.
“Hay programas radiales que dedican horas enteras a prejuiciar al migrante, al
migrante colombiano, la Radio Carnaval, por ejemplo”. (Funcionario/a
Municipalidad de Antofagasta)

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En el caso de las redes sociales, se alude a campañas deliberadas para generar
conflicto entre colombianos y chilenos:
“Hay un grupo en Facebook que se llama Feria de las pulgas on line, donde el
tema de la desinformación es pero terrible, la discriminación y la xenofobia se
impulsa a diario. De hecho nos dimos cuenta que era una campaña de cada día
publicar algo, era consecutivo. Se crean cuentas falsas de colombianos afro, con
el que publican como insultando a los chilenos, otros como que nos venimos a
tomar terrenos, generan un montón de repudio”. (Miembro dela Colectividad de
Colombianos Residentes en Antofagasta; en adelante, CCRA)
Pero más allá de que se trate de construcciones basadas en asociaciones arbitrarias,
sustentadas en pre-juicios gestados de diversas formas y por distintos factores, como
toda representación social, estas imágenes y significaciones adquieren para muchas
personas el carácter de “realidad” en su experimentación de la vida cotidiana,
generando hechos, conductas y actitudes que se materializan en tensiones,
situaciones de discriminación y conflictos:
“[…] una niña acusó a otro niño, un niño colombiano blanco, de que, en este
tiempo de la hostilidad que te digo yo, le había robado el celular. «No, este celular
es mío, mi mamá me lo compró», dijo el niño. «No, mentira, tú me lo robaste». La
mamá llega en la tarde con la factura y se la muestra a la niña, que ese celular es
de él, y ella insistió que no, ese era su celular. Siguió insistiendo y el niño: «Ya,
¿pero por qué piensas que yo te robé el celular?», y le dice: «Porque tú eres
colombiano y los colombianos roban. Todos los colombianos roban». ¿Y qué hace
el liceo? No corrigió a la niña, acogió la demanda de la niña y le llevó la PDI al
niño migrante”. (Académico/a de universidad regional)
“[…] el niño le dio un pre paro cardíaco por el estrés al cual fue sometido, estuvo
internado en el hospital. La mamá decidió enviar a sus hijos a Colombia, que
quedaran allá a cargo de sus tíos. Y ella se quedó aquí y les envía dinero,
comienzan a dividirse las familias, es complejo”. (Miembro de CCRA)
Si bien ciertos rasgos y actores implicados en este fenómeno de criminalización son
comunes a otros espacios, tanto nacionales como de países de la región, los niveles
de rechazo hacia los migrantes colombianos que se han generado en esta ciudad
encuentran explicación en procesos sociales locales y regionales que le otorgan a esta
evidente operación de racialización un perfil específico. A ese análisis se dedica el
próximo apartado.

55
Racialización y blanqueamiento de las identidades locales
La relación entre migración y seguridad, al menos tal como se ha instituido en las
últimas décadas, constituye claramente una nueva forma de racismo (Walters, 2010).
En efecto, como explica Balibar,
“la instauración de un apartheid mundial, o de un doble régimen de circulación de
los individuos [para quienes hacen circular los capitales y para aquellos que el
capital hace circular], genera ominosos problemas políticos de aceptabilidad e
institución. La colour bar que de ahora en más no separa solo «centro» respecto
de «periferia», o Norte y Sur, sino que atraviesa todas las sociedades, no es por
ese motivo otra cosa que un sucedáneo bastante engorroso, cuya maniobra tiene,
en los hechos, una fuerte extensión, pero de doble filo, pues intensifica un racismo
incontrolable y propicia la inseguridad, que llama a un aumento adicional de
disposiciones en materia de seguridad”.(Balibar, 2005:83)
Los controles fronterizos para el ingreso a los países, los filtros que se imponen para
esa entrada, las trabas y vericuetos institucionalmente establecidos para el acceso a
alguna forma de visado, constituyen algunos de los mecanismos y dispositivos por los
que este nuevo apartheid se configura. En este sentido, las políticas de control
generadas en torno a las migraciones conforman una política de mediación de
pertenencia (Walters, 2010) a los estados-nación, construidos en clave racial. Es decir,
esas reglas y mecanismos que determinan quién puede entrar a un país, por cuánto
tiempo y para qué, quién no puede pasar esas barreras, o quién debe ser expulsado y
por qué, están determinando los criterios de pertenencia a ese Estado-nación, y al
decidir quiénes pueden pertenecer están definiendo, en contrapartida, quiénes son
sujetos indeseables para ese Estado. Pero también están determinando los modos de
esa pertenencia, o más bien, las formas en que se pertenece y aquellas en las que
solo se permanece. De Genova (2002: 439; traducción propia) lo grafica claramente
respecto de la figura de la deportabilidad: “Lo que hace a la deportabilidad tan
concluyente, en la producción de la ilegalidad migratoria y en la militarización de las
fronteras del Estado-nación, es que solo algunos son deportados para que la mayoría
se mantenga (sin ser deportados) como trabajadores”13.Y la racialización de ciertos
migrantes es decisiva en esta estrategia (intencional pero no subjetiva).
El encadenamiento migración-racismo-seguridad, distinguible a nivel global, se
articula a partir de elementos estructurales y coyunturales a escala local. Es esa
construcción localizada la que nos interesa analizar, para comprender los modos en
que este régimen global de control de las migraciones se hace efectivo desde abajo,

56
multiplicando las fronteras, las líneas que deciden las pertenencias o las exclusiones, y
evidenciando la microfísica de los poderes que construyen esas demarcaciones.
Raza es signo, sostiene Rita Segato, es decir,
“significante producido en el seno de una estructura donde el Estado y los grupos
que con él se identifican producen y reproducen sus procesos de instalación en
detrimento de, y a expensas de, los otros, que este mismo proceso de emergencia
justamente segrega secreta y simultáneamente”.(Segato, 2007:142)
Sobre esa base, entendemos el proceso de racialización que se produce respecto de
los migrantes colombianos en Antofagasta como una operación compleja de
producción de significantes en torno a ellos, a partir de una amalgama, movediza y
viscosa —por su nivel de adherencia—, de atributos biologizados —el color y el olor14
de la piel, la forma del cuerpo (hombres “grandes”, mujeres “voluptuosas”), el
temperamento (“viscerales”, “calientes”, “violentos”)— y culturizados —el “espíritu
alegre” que el contexto caribeño traería por añadidura, la mayor expresividad,
asociada además al desorden y al bullicio. Decimos racialización y no raza porque
entendemos que se trata de un proceso a través del cual se construyen categorías
sociales jerarquizadas, utilizando elementos biológicos y culturales para demarcar y
crear distinciones y alteridades, no solo respecto de la población nativa sino también
respecto de otros grupos de migrantes.
Tempranamente, la racialización estuvo asociada a la política migratoria del
Estado chileno, pero en principio a partir de su anverso, la figura del blanqueamiento.
Efectivamente, con la Ley de Colonización, de 1845, comienza oficialmente en Chile la
promoción y el fomento estatal de la llegada de inmigrantes europeos. El proyecto
inmigratorio que fundaba esta norma tenía dos propósitos fundamentales: poblar las
tierras “deshabitadas” y “mejorar la raza chilena”. Esta ley establecía los países
europeos de origen de los inmigrantes que vendrían a conformar las colonias: “Las
primeras regulaciones dejan entrever el alto estatus conferido a los inmigrantes de
origen europeo —por su «talante laborioso» y sus rasgos caucásicos— y un
contrapuesto rechazo hacia los de países árabes y asiáticos” (Cano, Soffia y Martínez,
2009:48).
Esta temprana vinculación tiene sus raíces en el proceso de construcción del
Estado-nación en Chile, semejante al de otros países latinoamericanos, en los que
jugaron un rol determinante las categorías raciales instituidas a partir del eje blanco-
europeo, que representó un elemento decisivo “tanto para definir simbólicamente a la

57
nación, como para afirmar la distinción entre clases sociales y posiciones de poder”
(Tijoux, 2013). Con estos antecedentes, se entienden las construcciones en torno a la
presencia y la corporalidad de ciertos migrantes, que remiten a aquello que ha sido
rechazado/negado en la construcción del Estado-nación chileno: el indio y el negro. Y
en el caso específico del negro, ese rechazo fue abonado además por una endogamia
nacional y un sentimiento racial alimentado por una “negrofobia exotista” que los
intelectuales de diversos sectores ideológicos de Chile habrían ido profundizando a lo
largo del siglo XX (Pavéz Ojeda, 2016).
Ahora bien, en este proceso movedizo de corrimientos, construcción,
deconstrucción y reinstauración de fronteras, los migrantes bolivianos y peruanos son
en cierto modo “blanqueados” a partir de la llegada de estos otros migrantes
afrodescendientes. Entonces, a pesar de que también son objeto de formas diferentes
de discriminación, son transformados en esta operación de racialización en el Otro
bueno, o el casi Nosotros:
“Además que la personalidad del colombiano es más exacerbada, son más
extrovertidos, es más gritón, y si lo comparamos con peruanos o bolivianos, ellos
son más pasivos, y quizá genera «más molestia» en el nacional”. (Funcionario de
fuerza de seguridad)
Para el migrante boliviano, la frontera geopolítica instituida tras la Guerra del Pacífico
se torna difusa en esta construcción del nuevo “migrante malo”, el colombiano:
“[…] es invisibilizada la migración boliviana porque, como esto antes era Bolivia y
nosotros siempre, de toda la vida, hemos estado relacionados con los grupos
originarios de acá, entonces, por ejemplo, cuando llega una persona de Bolivia
para nosotros puede ser otra persona de pueblos originarios nomás”.
(Académico/a de universidad regional)
Por otra parte, en esta deconstrucción y reconstrucción fronteriza, la frontera se
introyecta en el propio grupo de migrantes colombianos, a partir de significantes
raciales y de clase: en septiembre de 2015, representantes de CCRA presentaron un
petitorio ante la presidente Bachelet solicitando aumentar los controles en la frontera y
hacer efectivas las expulsiones, para evitar que ingresen “migrantes delincuentes”15:
“Nosotros le hablamos un poco acerca de las expulsiones de las personas...
Hablamos el tema de reforzar las fronteras para evitar el ingreso de gente
irregular, donde se filtra gente que es delincuente, eso fue por dos casos de
colombianos. Fue para demostrar que nosotros no solamente denunciamos
situaciones de discriminación en el caso de nosotros, como fue el caso de Mega16,

58
sino que también repudiamos los casos de violencia en general que comete
cualquier individuo independiente de su nacionalidad […] Hubo un caso, el del
peluquero, el único caso que un colombiano haya matado a un chileno, y ese
colombiano había estado en la cárcel, había salido recientemente y tenía orden de
expulsión pero no se había ejecutado ese tema. O sea, cumplió su pena, salió,
tenía orden de expulsión y no la habían ejecutado, en el transcurso de ese tiempo
mató al peluquero”. (Miembro de CCRA)
La dimensión de clase emerge en este discurso como acontecimiento. Esta
organización de migrantes, que procura establecer una distinción respecto del
migrante malo-delincuente, agrupa principalmente a colombianos blancos de estratos
medios. En todo caso, no hay por qué asumir una homogeneidad dentro del “colectivo”
migrante: “sería ingenuo acreditar que esa población es desprovista de toda jerarquía
y de toda diferenciación social” (Sayad, 1998:64, traducción propia). Tampoco hay que
atribuirla a la población nacional, aunque la construcción de cadenas significantes
opositivas tiende a simplificar la composición de los elementos que se ponen en
oposición.
El proceso de racialización opera entonces a partir de una biologización y
culturalización de la diferencia, situando al migrante en un único lugar en el que su
presencia es posible: como factor productivo que puede ser utilizado bajo condiciones
laborales precarias e informales (la unidimensionalización del sujeto migrante). Ello
supone despojar o negar su carácter intrínsecamente político (del migrante y del
fenómeno migratorio), y silenciar las implicancias políticas de la diversidad cultural
ligada a los procesos migratorios, incorporándola como diferencia y eludiendo la
desigualdad que la atraviesa (Stang, 2009). En la medida que la presencia del
migrante solo se justifica por su “aporte económico” —y en tanto que efectivamente lo
sea—, la dimensión cultural (despolitizada) se presenta como conflictiva. En ese
sentido, la idea del “choque cultural” como razón de muchos conflictos aparece como
un enunciado reiterado en varios actores. La respuesta inmediata es una demanda
asimilacionista:
“[…] sí creo que si nosotros no le ponemos un mayor control, no podemos avanzar
en una integración. La gente tiene que sentir al menos que con el que está
conviviendo podrá ser desordenado pero no es malo, no sé si me explico [risas].
Que la música es más fuerte y distinta, o que la ropa es más apretada que la
nuestra, está bien. Pero si uno ve que el comportamiento es malo en la calle… por
lo tanto, yo siento que cuando tú recibes a alguien en tu casa no eres tú el que
tiene que cambiar el comportamiento, es la persona que llega a tu casa quien
tiene que adaptarse a tu forma de vivir”. (Legislador/a nacional por la región)

59
Hay un proceso sociocultural importante ligado a la dimensión económica detrás de
este juego de fronteras móviles que, a nuestro entender, permite explicar parte
significativa de la intensidad que ha adquirido la discriminación hacia la población
afrocolombiana que se ha ido construyendo en Antofagasta17. Este proceso al que
aludimos parece una clave interpretativa hipotética plausible respecto de la relación
entre la construcción identitaria regional y estos altos niveles de discriminación.
De acuerdo a los estudios realizados por Rivera Flores (2013) y Cademartori
(2008), el Decreto 600 (1974) de Fomento a la Inversión Extranjera, así como la Ley
Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de 1977, posibilitaron el arribo de
grandes capitales internacionales que modificaron la estructura productiva del sector
minero y la organización de la mano de obra en la región (Cademartori, 2008). La
instalación de grandes proyectos mineros de carácter privado, así como la
externalización y privatización de una serie de sectores de la gran empresa nacional
del cobre (CODELCO), generaron una demanda de fuerza laboral que sobrepasaba la
disponible en la región. Las oportunidades de trabajo y los buenos ingresos asociados
a esta actividad se constituyeron en el gran atractivo para el arribo de trabajadores
provenientes de otras regiones de Chile y de países latinoamericanos.
En términos de organización de la mano de obra (o de reproducción social de
la fuerza laboral), el desarrollo de estas empresas se sustentó en el sistema de
campamento de faena, y no en el de enclaves o companytowns, como había ocurrido
históricamente (los casos de los minerales de Chuquicamata o El Salvador). El modelo
de campamento o faenas se inspira en el principio de eficacia económica que
externaliza los costos de reproducción del trabajo, generando el fenómeno de los
commuters o conmutantes: personas que trabajan en la minería pero que mantienen a
sus familias en lugares distintos del centro minero en el que laboran (Rivera Flores,
2013; Rodrigo y Atienza, 2014). Aroca (2002) y Aroca y Atienza (2007) muestran que
la región de Antofagasta tiene el índice más alto de conmutantes en el país, lo que se
traduce en que cerca del 10 por ciento de la fuerza laboral de la región conmuta desde
otras regiones; y de ellos, el 73 por ciento proviene de ciudades o regiones distantes a
más de 800 kilómetros.
Antofagasta ha sido históricamente una ciudad que ha atraído a trabajadores
provenientes de diversos lugares del país y del mundo (González Pizarro, 2008; Rojas,
Mesa y Huerta, 2013). De hecho, es reconocida la importancia que tuvieron los
inmigrantes chinos, croatas, ingleses, españoles y bolivianos en la época del salitre,
quienes dejaron importantes huellas que hoy son parte del patrimonio cultural de la

60
región (Rojaset al., 2013). Sin embargo, la llegada de trabajadores a partir del fuerte
desarrollo económico que se produce en la década de 1990 pareciera no haber sido
“absorbida” por la ciudad de la misma manera que lo fueron los inmigrantes históricos
asociados al ciclo del salitre —aunque sería interesante analizar de un modo más
crítico, tal como lo plantea uno de los entrevistados, cómo fue el proceso de inserción
de esa población. La figura de los commuters, “personas que vienen, obtienen sus
recursos y se van”, paradigma del trabajador minero del presente, no crea mayor
vinculación con su entorno urbano y contribuye a profundizar la idea de que la región
presenta importantes oportunidades laborales, pero no tiene una calidad de vida que la
haga “atractiva” (Rodrigo y Atienza, 2014)18.
“[…] como hay mucha gente que está de paso, no solo chilenos sino inmigrantes
que se van a quedar un año, dos o tres, y cantidad de trabajadores que vienen a
turnos, entonces no participan ni les importa lo que pasa en la ciudad. Hay gente
que ni conoce la ciudad y trabaja aquí hace un montón de años”. (Miembro de una
organización que trabaja con migrantes)
En paralelo, el crecimiento de la minería significó el desarrollo de todo un sector
terciario orientado al área de servicios, que ha atraído a migrantes internacionales
provenientes de países limítrofes o cercanos, quienes se concentran en trabajos
asociados a la limpieza y el comercio, entre otros rubros. La distancia de los
antofagastinos hacia los trabajadores de la minería que llegan desde distintos puntos
del país —los conmutantes— se transforma en rechazo y hostilidad frente a quienes lo
hacen de otros países de la región, especialmente de Colombia en el último tiempo,
mediante el proceso de racialización descrito.
La distancia que se establece con quienes llegan desde afuera tiene un
correlato con una suerte de “crisis identitaria” de la región. Esta idea de falta de
identidad apareció profusamente en el discurso de los entrevistados:
“Es uno de los problemas de los que yo llevo escuchando hablar desde que llegué
aquí, siempre es el problema de identidad, el problema de identidad de los
antofagastinos”. (Académico/a de universidad regional)
“Yo no sé si esta será la percepción oficial pero a mí me hace mucho sentido lo
que decía un sociólogo que es César Trabuco, que él explica esta Antofagasta sin
identidad o con una identidad más débil porque, desde los años 20, cuando se
generó el salitre artificial, todas las personas que trabajaban en el salitre eran
migrantes del sur, y esos migrantes quedaron sin empleo y tuvieron que ser
desplazados hacia otras salitreras o hacia acá, que era la capital”. (Miembro/a de
una organización que trabaja con migrantes)

61
Quizás el hecho de que la llegada de personas “externas” no haya podido ser
incorporada dentro de un relato identitario regional ha dificultado la construcción de un
“colectivo” que se reconozca como diverso. En este punto es donde se relacionan el
modelo extractivo, los conmutantes y la discriminación originada en el proceso de
racialización. Siguiendo los clásicos postulados de Mead (2015 [1934]), según los
cuales la identidad se configura a partir de la mirada de los otros, Antofagasta se ve a
sí misma a partir de los ojos de los conmutantes, pues ellos constituyen un actor
significativo en el imaginario local. Ser vista como una ciudad poco atractiva termina
siendo la forma en que la ciudad se ve a sí misma, y ello redunda en una imagen que
no genera adhesión, identificación ni cariño, sino más bien una sensación de
desarraigo que se relaciona con un “imaginario social débil”, como se señala en un
estudio sobre la identidad regional (Corporación para el Desarrollo Productivo II
Región, s.f.).
“Pero claro, si una de las cosas que aquí nos falta es identidad y yo comparto esa
misma reflexión; hay gente que viene a invertir, vive acá y busca la platita y se
devuelve a su ciudad de origen”. (Alcaldía de Antofagasta)
La discriminación general hacia los migrantes andinos y latinoamericanos, pero sobre
todo los colombianos, construidos en depositarios de las representaciones más
negativas, complejiza un poco más esta lectura. La presencia de los migrantes
incomoda en parte porque tendería a profundizar aquella imagen que se rechaza
(ciudad/centro sucio, delincuencia, pobreza, entre otros). De este modo, el extranjero
hace presente, en esta construcción significante, aquello que no se quiere ser. El
migrante afrocolombiano es proyectado entonces como un chivo expiatorio que
permite blanquear el Nosotros y construir, a través del rechazo y hostigamiento al
Otro, una imagen distinta de ese Nosotros, ya no como ciudad rechazada, sino como
una ciudad desarrollada, moderna, limpia, libre de delincuencia (porque el delito es
responsabilidad de los migrantes), libre de pobreza (porque los pobres son los
migrantes), libre de drogas (porque son los colombianos quienes la han introducido),
libre de comercio sexual (porque son las mujeres extranjeras quienes ejercen la
prostitución).
Pero para poder rechazar a estos migrantes de la manera en que se los
rechaza, para poder ser tan hostiles hasta llegar al convencimiento de que no merecen
ser tratados en igualdad de derechos y que no deberían estar en la ciudad, que debe

62
expulsárselos, es necesario construir al sujeto de una manera que haga posible el
ejercicio de la violencia sin culpa, sin reflexión:
“Acá al frente, donde está la oficina de migración, todos los días hay un rayado
nuevo, yo paso todos los días por ahí: «Negros tales por cuales», «Que los
colombianos se vayan del país», «negros tales por cuales», y eso en todo el
cuadrante para que la gente se sienta más incómoda”. (Funcionario/a de
organismo del gobierno central con representación en la región)
“Yo ingresé a Plan Vital [AFP], y le di la mano a la funcionaria, y ella se limpió la
mano. ¿Cómo querían que me sintiera?, yo no soy grosero pero me hice
entender”. (Migrante afrocolombiano)
Es esta construcción, que genera rechazos tan viscerales, la que abre paso a la
instalación del discurso de la expulsabilidad y la que habilita formas de control
arbitrarias de este “sujeto sospechoso”, incluso abusivas al extremo:
“[…] él, antes de pedirle siquiera los documentos, él la esposa, le pone las
esposas... y fue llevada a la comisaría. Cuando ella estaba esposada, el
carabinero rozaba su pene con las manos de ella con las esposas… mientras él,
con la otra mano, rozaba las nalgas de ella. O sea, la niña estaba esposada y con
las manos esposadas la hacía que le tocara el pene y además él, como tenía sus
manos libres, le rozaba las nalgas a ella. Otra chica que iba detenida también con
ella, ella tenía documentos y todo, entonces le dijo «¿Pero por qué la traen?, ¿por
qué le hacen eso?», porque dice ella que de reojo veía lo que estaba pasando
pero ella no podía hacer nada, entonces, la amenaza a la que sí tenía documentos
era «Cierra la boca o te quito los documentos»[…] y me dio mucha pena porque
ella me decía «¿Qué hago? No puedo denunciarlo. No lo puedo denunciar porque
él ya sabe dónde vivo, ya sabe dónde trabajo, sabe que tengo una hermana acá y
si yo hago algo y digo algo, mi hermanita va a ser la que va a pagar las
consecuencias»”. (Miembro de una organización social)
La mujer negra, protagonista de la escena relatada en este testimonio, es
probablemente la figura que condensa de manera más brutal la intersección de este
proceso de racialización con la desigualdad de clase y de género, esta última
materializada en un proceso de sexualización que supone la construcción de
representaciones y la generación de prácticas que adscriben cierto tipo de actitud y
comportamiento frente a la sexualidad a determinados sujetos —marcados en
términos de género y racializados—, actitudes y conductas que atentarían contra una
moralidad social imaginada. En esta construcción sexualizada y racializada de
determinados sujetos, pueden rastrearse las diversas jerarquías de género y “raza” del
régimen colonial y la posterior construcción de los imaginarios nacionales, a partir de
un ordenamiento del mestizaje mediante un control de la sexualidad (Tijoux y
Palominos Mandiola, 2015). Esas jerarquías con raíces coloniales se tornan presentes

63
en la construcción de fronteras de exclusión en las que se intersecan, de manera
compleja, las dimensiones de nacionalidad-extranjería, género, clase y etnia-“raza”.
Irregularidad y expulsabilidad: las fronteras de la pertenencia
Como hemos procurado mostrar, la criminalización del migrante colombiano se
encuentra inextricable e intrincadamente relacionada con un proceso de racialización
que adquiere formas locales específicas. A través de este proceso, el migrante es
situado en el otro lado de las fronteras raciales, de género y de clase que se
construyen de maneras particulares en este escenario por el entrecruzamiento de
procesos locales, nacionales y globales. Su exclusión como ciudadano y sujeto de
derechos hace posible la propuesta de expulsión y de rechazo en frontera. De acuerdo
con Domenech (2015), existe una amplia aceptación de la idea de que los “inmigrantes
que cometen crímenes”, o que violan las normas jurídicas establecidas, son sujetos
“expulsables” o que pueden ser objeto de expulsión, una práctica política escondida,
negada y disfrazada entre los distintos actores y sectores de la sociedad. Pero si en
general a nivel discursivo esta práctica estatal arbitraria y violenta demanda la
“justificación de la criminalidad”, en el trabajo de campo en Antofagasta nos
encontramos con que en muchos casos basta con la situación de irregularidad para
“sustentar administrativamente” la posibilidad de la expulsión. Lo paradójico es que se
trata de una irregularidad ocasionada por una compleja imbricación de dispositivos,
estrategias y prácticas que se han ido generando, ya sea por acción u omisión, para
derivar en esa condición de “no derecho”.
La condición de irregularidad del migrante es la materialización última de la
negación de su estatuto de sujeto político: “para el Estado-nación (y para los dos
estados-naciones envueltos en el proceso migratorio), el inmigrante (y con él el
emigrante) es aquél que no puede tener, en un caso de jure y en el otro de hecho, una
identidad civil” (Sayad, 1998:272; traducción propia). Eso significa, para el autor, ser
privado del derecho más fundamental: el derecho de tener derechos.
Efectivamente, como sostiene Giorgio Agamben, “[e]n el sistema del Estado-
nación los pretendidos derechos sagrados e inalienables del hombre aparecen
desprovistos de cualquier tutela y de cualquier realidad desde el momento mismo en
que deja de ser posible configurarlos como derechos de los ciudadanos de un Estado”
(Agamben, 2003: 161). Es por esta “falta primigenia” que la regularidad se transforma
en un aspecto central en la vida del migrante, puesto que en tanto no logra establecer

64
un vínculo “formal” o “regular” con el Estado al que llega, no puede acceder a los
derechos (escamoteados) que su sola condición humana debiese asegurarle:
“[…] nos hemos dado cuenta de que la verdad es que no tener un carnet de
identidad en este país es ser menos que persona, y así, tal cual, porque de verdad
es como que a ti se te entrega un beneficio o se te da un derecho solo por tener el
carnet”. (Funcionario/a Municipalidad de Antofagasta)
Esto explica en buena medida el carácter de vacía legitimidad que ha adquirido el
discurso de los derechos humanos en esto que Domenech ha llamado las “políticas de
control con rostro humano” de las migraciones, es decir, el “universo de ideas y
prácticas que, enmarcadas en el discurso de los derechos humanos como fuente de
legitimación, persiguen la misma finalidad que las políticas más abiertamente
restrictivas, prometiendo ser más eficaces en la consecución de su objetivo: controlar
los flujos migratorios internacionales” (Domenech, 2013: 2), y de las que Chile hace
parte activamente, a partir de un ambiguo posicionamiento de Estado frente al tema:
“[…] ¿por qué tenemos esa ambivalencia a nivel discursiva y práctica? O sea, a
nivel macro lo que pasó a principio de año, con la subida de las visas; o sea, el
mismo Estado que genera «Chile, un país de acogida», el instructivo de la
presidenta Bachelet... y por otro lado, el mismo gobierno genera esa disparidad o
esa ambigüedad y esa disonancia en los discursos, a nivel local se expresa en
esto mismo: generamos acciones en pro de los derechos humanos pero somos
durísimos en los allanamientos, la brutalidad de los allanamientos”. (Funcionario/a
Municipalidad de Antofagasta)
Se trata de una ambigüedad persistente, intencional (pero no subjetiva), que los
investigadores de las migraciones en el país han venido relevando con diversos
nombres: la “política de la no política”, es decir el desarrollo de iniciativas que
resuelven urgencias en distintas áreas sin modificar el fundamento de seguridad y
control que sustenta a la legislación actual (Stefoni, 2011); o una falta de política que
no es ausencia de política, sino que por el contrario da cuenta de “una
problematización del tema migratorio desde su invisibilización como cuestión
«relevante» para la política” (Tijoux, 2013: 86); o el tratamiento dispar de organismos
del Estado, que por un lado configuran al migrante como sujeto vulnerable y por el otro
como objeto de control (Liberona Concha, 2015).
Desde este marco analítico, el propósito de este apartado entonces es mostrar
cómo se construye específicamente la irregularidad que opera posteriormente como
argumento de la expulsabilidad, en particular en el caso colombiano. Ello ocurre a
través de mecanismos, trámites, normas, servicios, organismos, funcionarios, etc.,

65
visibles en un entramado de prácticas que actúan por acción u omisión, por decisiones
políticas o por intenciones no subjetivizables (o incluso sin ellas). Ese entramado
entreteje elementos locales, regionales y nacionales con directrices que, implícita o
explícitamente, se vinculan con este régimen global de control de las migraciones al
que hemos aludido19.
En general, la normativa migratoria chilena es una legislación que tiende a
producir la irregularidad de determinado tipo de migrantes, a partir de la sujeción del
otorgamiento de un tipo de visa (el mayoritario) a la condición de trabajador, una
barrera decisiva para una migración predominantemente económica o laboral.
En el caso de Antofagasta, a este dispositivo de producción de irregularidad se
suman una serie de situaciones administrativas ligadas a la gestión de la visa que
intensifican la generación de la condición irregular. En primer lugar, encontramos
diversas problemáticas asociadas al formulario V5 de solicitud de residencia, o la
“solución del buzón”, una medida excepcional tomada exclusivamente para los
trámites correspondientes a la provincia —división administrativa menor, DAME— de
Antofagasta.
La demora en la obtención de una visa fue un tema señalado de manera amplia
y coincidente tanto por migrantes como por organizaciones que trabajan con y para los
migrantes, las que desempeñan un importante papel apoyándolos en diversos
aspectos de los trámites. La demora excesiva habría generado la delegación de la
gestión de este trámite a la oficina del DEM en Santiago, vía correo postal, con el
objeto de eliminar las largas filas que debían hacer los migrantes en Antofagasta para
ser atendidos.
Según los funcionarios a cargo del organismo específico, la medida habría
disminuido efectivamente los tiempos implicados en el proceso, de 200 días a 90
(funcionario/a del Departamento de Extranjería de la Gobernación de Antofagasta); sin
embargo, los miembros de organizaciones de la sociedad civil, y los propios migrantes,
lo desmienten: “tú mandas la solicitud por correo y tienes que esperar 50 días hábiles
para que te llegue solo la solicitud, o sea, esperas 50 días hábiles para la solicitud y
después esperas 7-8 meses más la visa”. En ese lapso, resulta muy difícil obtener un
trabajo formal, aunque puede solicitarse un permiso de trabajo provisorio, básicamente
porque los empleadores no están contratando a migrantes que no tengan la residencia
definitiva.
Un segundo elemento es el mal funcionamiento del servicio que brinda Correos
de Chile en este trámite, y que no se busquen soluciones para este problema termina

66
operando como un engranaje más en esta producción de irregularidad. La empresa
está a cargo de la distribución de las cartas de notificación de visa en trámite, del
otorgamiento o rechazo de visas, entre otros avisos importantes. Pero sucede que en
la práctica no entrega buena parte de estas cartas, ya sea por un comportamiento
irregular de los carteros, que no ingresan a los campamentos porque los perciben
como peligrosos, o no los consideran zonas urbanizadas, o bien porque no encuentran
a los moradores en el domicilio, y como se trata de cartas certificadas, se necesita la
firma de quien las recibe. Por esta razón, buena parte de los migrantes acude
directamente a la oficina para informarse si su trámite ya tiene alguna resolución,
contribuyendo a la situación de colapso de la atención, que a su vez se explica en
buena medida por una cantidad de personal demasiado pequeña para la demanda que
debe gestionarse.
La problemática ligada al correo, aunque puede leerse como incidental, tiene
una relevancia que debe sopesarse apropiadamente, en la medida que puede dejar a
las personas en situación irregular:
“[…] la gente se topaba con un martillazo en la cabeza porque muchas veces,
«don [Oscar], sabe que necesito extender mi visa», «¿y cuándo le vence?», «el
próximo mes». Perfecto, haciendo cartita, derivando, y allá le dicen: «Oiga pero
usted está rechazado». […] Entonces ya tenía la cédula vencida, ¡y de dónde!…
Esperemos la carta. Íbamos al correo, íbamos a preguntar si se hacían cambios de
domicilio, si llegó la carta, si fue entregada, le preguntamos al correo qué cartero lo
hacía, si esa carta fue derivada o no, si estaba en registro, un desorden
descomunal”. (Miembro de una organización de la sociedad civil)
El tercer elemento que contribuye a generar la condición de irregularidad de los
migrantes es el costo excesivo del trámite para la obtención de la visa, un asunto que
tiende a perjudicar a ese determinado tipo de migrante al que no le interesa
regularizar, ya sea porque su presencia se estima como “indeseable”, o porque su
condición de irregularidad resulta funcional, en la medida que habilita una
incorporación informal y precarizada al mercado laboral, y que actúa como obstáculo
para el acceso de los migrantes a determinados servicios públicos, más allá de que
existan normas administrativas que garantizan algunos derechos básicos con
independencia de la condición de regularidad:
“Para mi hijo también estoy pidiendo una rebaja porque me han cobrado 200 mil20
por su visa, entonces, él no trabaja, está en la escuela especial, entonces yo fui a
su colegio para que me ayude la visitadora social, la psicóloga del colegio, ellos
me están ayudando, estoy pidiendo una rebaja”. (Mujer migrante, vecina de
campamento)

67
Un cuarto elemento lo constituyen las fallas administrativas, ya que hay personas que
quedan en situación irregular debido al vencimiento de la visa, producto del largo e
intrincado proceso de regularización, y al ser detectadas pueden ser expulsadas solo
por una contravención administrativa, equiparable a tener vencido el carnet de
conductor:
[…] son gente que no ha concluido el trámite migratorio porque les estamparon la
visa y que no fueron a la PDI porque se genera una fila gigante, porque tienen que
ir al otro día, porque el jefe no le dio permiso o se le pasaron los 30 días y no sacó
la cédula y quedó en situación irregular, y después, lo que significa eso, es ir a la
Intendencia, que te multen, y después volver a hacer todo el trámite y volver a
pagar las 300 o 400 lucas21, es muchísimo”. (Funcionario/a municipal)
El rechazo o rebote en frontera es otra forma en que se manifiesta la construcción de
expulsabilidad, y es aquí donde se ubica el foco de atención de las propuestas de
legisladores, conscientes de que es un dispositivo de control más efectivo que la
expulsión cuando ya se ha ingresado al territorio. Si bien la legislación actual
contempla el libre acceso, los funcionarios son quienes administran las prácticas
cotidianas a través de las cuales se niega o dificulta en extremo el ingreso al país a
determinado tipo de migrantes22. El incremento notable de los rechazos en frontera
para la región, que se ilustra en el gráfico siguiente, materializa visualmente esta
afirmación.
Gráfico 1
Región de Antofagasta: migrantes rechazados en frontera y expulsados, 2008-2015
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile, procesamiento de datos solicitados vía Transparencia.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Reembarcados, pasajeros con ingreso impedido
Expulsados

68
La exigencia de “bolsa de viaje” —el monto de dinero que se pide a algunos migrantes
que ingresan como turistas, para acreditar que podrán solventarse durante su estancia
en el país— es uno de los mecanismos de discrecionalidad amparado en la
ambigüedad normativa23. El monto solicitado varía según el criterio de los funcionarios
de turno y las “características” del migrante al que se lo solicita.
El ingreso irregular, es decir por pasos no habilitados, una vía que deja al
migrante en condición de “ilegalidad” y de sujeto expulsable, es empujado muchas
veces por la misma discrecionalidad que se verifica en los controles de ingreso, lo que
en algunos casos termina por dejar a los migrantes expuestos a situaciones de tráfico:
[…] la cuestión es que muchas personas… son captadas por redes de tráfico de
personas que existen porque han rebotado 3, 4, 5, 6, 7 veces... son personas que
ni siquiera se arriesgan a poder ser rebotadas sino que, por ejemplo, en la ruta de
Bolivia-Chile, los choferes de los buses lo que hacen es cobrar dinero para entrar y
para salir y para que puedan pasar y los recogen al otro lado”. (Funcionario/a
municipal)
Aunque el abordaje de la relación entre políticas de control y de migración en general,
y en torno a la frontera en particular, es relativamente novedoso y bastante acotado en
el campo de estudio de las migraciones en Chile (Stang, 2016;Ramos y Ovando,
2016), la semejanza de los hallazgos en otros espacios fronterizos del norte del país
permite advertir la convergencia de estas microfísicas de poderes que construyen y
reconstruyen diversos tipos de fronteras(Liberona Concha, 2015;Rojas Pedemonte,
Amode, Koechlin y Jiménez, 2016). Y entre ellas, la instituida a partir del proceso de
racialización revela su fuerza, tanto en la forma de su ocurrencia como en su
coincidencia, también en otros espacios institucionales, como las escuelas o el
sistema de salud (Tijoux, 2011, 2013 y 2016; Liberona Concha, 2012; Riedemann y
Stefoni, 2015; Stefoni, 2014). Pero los estudios muestran también las diversas formas
en que los migrantes desafían y resisten esas fronterizaciones (Guizardiy Valdebenito,
2016), una arista del tema que es preciso seguir indagando.
El testimonio que reproducimos a continuación es una migrante afrocolombiana
que debe ir desde la ciudad de Antofagasta a la frontera de Arica —otra región del
norte del país— con Perú para que permitan el ingreso de su pareja, que viene a Chile
a reconocer a su hija, nacida en el país. La extensión de la cita se justifica por su
capacidad condensadora respecto del análisis que hemos estado desarrollando:

69
[…] me habían dicho en Extranjería, acá, que estando él en Colombia, él podía ir
al consulado que estaba allá y la podía reconocer allá… Yo le mandé el dinero
para que él fuera e hiciera el trámite y cuando llegó a Bogotá le dijeron que no,
que tenía que hacerlo en el territorio chileno, entonces a él le tocó conseguirse las
monedas para venir. Cuando llegó acá le dijeron que no, le mandé copia de mi
papel, de que mi visa definitiva estaba en trámite, y le mandé copia de mi cédula
temporaria que tenía en el momento, y le dijeron «No, esto puede ser falso», así le
dijo. Cuando él me llamó yo le dije «Papi, ¿ya cruzó?», me dijo «No, mami, no me
dejaron pasar, me están pidiendo que venga usted con la bebé para poderla [sic]
dejar pasar». Ese día yo le había puesto las vacunas [a la niña] y estaba con
fiebre, vómitos, y así me tocó coger lo poco que tenía y presté [pedí dinero
prestado] para poder salir hasta allá […]Ahí, cuando estuvimos en la frontera, el
caballero que estaba ahí nos dijo «Estos papeles que usted me trae pueden ser
falsos», y yo le dije «¿pero cómo mi cédula va a ser falsa?, ¿y el certificado de mi
hija?», yo le había puesto los apellidos de él pero faltaba la firma de él. Entonces
me dijo: «Usted tiene que ir al consulado chileno que está en Tacna [Perú] o que
está en Lima e ir y reconocerla ahí […]Eso nos tocó hacer, que mi tía, la que está
allá afuera [del lugar donde realizamos la entrevista], me mandó la plata prestada
para que pudiera pagar los dólares en el consulado para que él pudiera [...]poner
la firma para que él pudiera entrar al territorio. Así, la niña iba afiebrada y
vomitaba, yo me llevé los medicamentos que me dieron del consultorio y así
estuve allá en Tacna casi 4 días, porque él llegó un fin de semana[…]Tenía que
pagar[alojamiento], en ese momento a él le quedaban apenas 10 dólares en el
bolsillo, yo tuve que llamar acá a mi tía, «Tía, por favor, présteme que yo apenitas
llegue allá, yo no sé cómo haga, yo le pago, para que [su pareja] pueda entrar al
país». Y fuimos, él llegó un fin de semana, cuando fuimos al consulado acababan
de cerrar, tocamos, no nos abrieron, nos tocó esperar hasta el lunes y nosotros
diciéndole al señor del hotel:«Por favor, apenitas el lunes podamos reclamar la
plata», porque mi tía me la envió pero allá no podíamos reclamar porque ya estaba
cerrado y abrían el lunes, ya tenía el código y todo, yo le mostré al señor, «Mire,
yo ya tengo el código», así que el señor nos dejó alojar ahí esos días, no
comíamos porque no teníamos, la niña tomaba pecho y tomaba mamadera,
entonces yo hervía un poquito de agua en la cocina del hotel y le hacía la leche y
así estuvimos hasta que él firmó el papel, le colocaron la estampilla y cuando
llegamos a la frontera, me dijo el mismo tipo, desafortunadamente cambiaron de
turno y nos tocó el mismo, me dijo: «Todavía no has pasado ¿no? Ya, muéstrame
el papel de que ya reconociste a la niña», entonces, en el consulado nos dieron
una copia porque el original se queda para mandarlo para Santiago... Que con esa
copia no, que no sé qué, que eso era falso, y yo: «Pero a usted ¿por qué se le ha
metido en la cabeza que todos los documentos son falsos?». De buenas yo le pedí
el número a la cónsul, yo le dije «¿Está segura de que con esto no ponen
problema? Porque ellos dicen que los papeles que yo les mostré son falsos», y me
dijo «No, con eso no le tienen porqué poner problema», y justo llegué ahí y me
colocaron problema y yo les dije «Mire, si no me cree, este es el número de la
cónsul. Llámela, llámela», le dije. Yo ya estaba enojada porque tantos días ya
pasando hambre...Y nos hicieron perder el bus que cruzábamos para acá, para
Arica, y ahí parados, ahí parados, y yo tenía a la niña en brazos, y la miraba a ella
y lo miraba a él, porque ellos dos son del mismo color y yo soy más morena, y
decía «Pero ella no es la mamá», le decía, «Ella no es la mamá. Usted sí es el
papá pero ella no es la mamá», «Sí», le decía él, «ella es mi señora». Y me
dijo:«Ya, ándate tú para allá», y yo tuve que irme para allá y le preguntó mis datos
a él para corroborar que sí yo era la mamá[…]Y después a él lo hizo ir para allá
también, y después me llamó a mí, «¿cómo se llama él?, ¿cómo se llama la
niña?». Ya, me timbró a mí y le timbró a él, pasamos. Y yo le dije: «Yo no tengo
dinero para otro bus, porque usted me hizo perder el bus», y llamó a un señor ahí
y le dijo: «Llévalos. Llévalos que yo te pago cuando tú regreses», y a la final,
cuando llegamos al terminal, el señor nos puso problemas, que teníamos que

70
pagarle […] Tuve que volver a pagar, llamar a mi mamá, «Mamá, por favor,
cómpreme dos pasajes allá en la terminal de acá», los pagó acá y me dio un
código allá y cuando yo me acerqué allá, di ese código...
El relato materializa una de las numerosas situaciones de discrecionalidad en el
ejercicio de las diversas formas de control de la frontera que se recogieron en el
trabajo de campo, y que también aparecen en otros estudios sobre el tema con
escenario en diversas zonas fronterizas del país (Liberona Concha, 2015; y Rojas
Pedemonte et al., 2016). Esas situaciones se producen, como relatábamos, en un
escenario de demanda pública y creciente de numerosos actores regionales por
ampliar los motivos de expulsión y hacer más “efectivos” los procedimientos para
materializarla, además de aumentar las exigencias y los filtros para el ingreso, por
ejemplo, a partir del requisito de una visa consular, o incluso la idea de tener que
presentar un contrato de trabajo gestionado desde el país de origen.
Pero el valor analítico de la escena excede el efecto demostrativo del modo en
que se entretejen las arbitrariedades de los funcionarios de frontera; las
ambigüedades, vacíos y silencios de las normativas y procedimientos administrativos;
los “criterios raciales” que se ponen en juego —la niña y el padre como “menos
negros” que la madre—; las jerarquías de género —por ejemplo, a través de la puesta
en duda de la maternidad—; la influencia e incidencia de agencias internacionales
construyendo problemáticas en relación con los procesos migratorios —en este caso,
el tráfico de niños24. La potencialidad analítica del testimonio para el argumento que
estamos sosteniendo reside en su capacidad para mostrar la posibilidad del rechazo
en frontera y de la expulsión como el punto extremo de un proceso de construcción de
fronteras en torno a la nacionalidad-extranjería, la “raza”, el género y la clase. Pero
también reside en la persistente resistencia que oponen los migrantes a esos
mecanismos, en la defensa de su derecho a entrar, estar y permanecer. No se trata de
presentar el hambre, el endeudamiento, o la confrontación frente a la discriminación
más inmediata como estrategias de vanguardia, o revolucionarias (Mezzadra, 2012).
Sin embargo, esta obstinada “micro-lucha” llama la atención sobre la necesidad de
pensar lo que en este análisis hemos dejado deliberadamente afuera: las luchas
migrantes, sus deseos y expectativas, desde la apuesta y el enfoque de la autonomía
de las migraciones.

71
Reflexión final: de la negación de la pertenencia a la lucha por la permanencia
Iniciamos este artículo proponiendo una lectura foucaultiana que permitiera escudriñar,
en este escenario específico, la microfísica del poder instituyente de fronteras de este
régimen global de gobierno de las migraciones. Vimos, a partir de este análisis, las
formas sutiles o evidentes, materiales y simbólicas, burocráticas, violentas, con que
este poder instituye esas fronteras a partir de la articulación de las prácticas y
representaciones, estrategias y discursos que sustenta ese régimen global, con
procesos socioculturales y económicos locales y nacionales que las vuelven efectivas
y eficaces desde abajo. Pero también desde Foucault queremos decir, para cerrar, que
donde hay poder hay resistencia(Foucault, 1990), y que esas fronteras son, por ello,
“espacios o prácticas que convocan una mezcla asimétrica y porosa entre agencia
subjetiva y estructura estatal” (Guizardi, Valdebenito, López y Nazal, 2015:253).
La elección del marco teórico foucaultiano nunca ha sido una opción sencilla en
el campo académico. Las críticas a sus insuficiencias son un hecho de la causa. Sin
embargo, lo que nos revelaba el trabajo de campo sugería que el concepto de
microfísica del poder era una herramienta analítica con potenciales heurísticos para la
interpretación de estos procesos que observábamos. Además, la lectura
desprejuiciada de Foucault permite, por una parte, una articulación con nociones
provenientes de otros enfoques cuyos vínculos posibles no parecen evidentes, y por la
otra, abre paso a aproximaciones superadoras de los aspectos totalizantes del
tratamiento del poder que se le critican (De Genova, 2002), con suficiente asidero por
lo demás. De modo que, siendo conscientes de la escasa capacidad de esta mirada
para dar cuenta, por ejemplo, de las luchas que recorren al propio Estado, o de las
ambigüedades e indeterminaciones de las prácticas de control estatal, apelar a este
constructo analítico nos permitía echar luz sobre lo que entendíamos que surgía del
análisis sistemático del material surgido del trabajo de campo en este recorte temático
específico.
Esta elección consciente, tanto del marco conceptual como de lo que él nos
permitiría visibilizar, no nos excusa de dejar planteado aquello que ha quedado fuera
de nuestro análisis, y que entendemos que debiese animar el desarrollo de una línea
temática. El trabajo de campo nos permitió ver también prácticas de confrontación
(frente al poder expulsor del Estado) y de solidaridad entre chilenos organizados y
migrantes que encuentran en ellos apoyos estratégicos para sortear los engranajes
burocráticos que van empujando hacia la irregularidad. Prácticas solidarias que van
construyendo un derecho a permanecer, como respuesta a ese poder que se arroga el

72
Estado de conceder a discreción el derecho a pertenecer. Prácticas que van
horadando esas fronteras instituidas, microfísica de la resistencia. Desde el funcionario
de FONASA (Fondo Nacional de Salud) que encuentra el modo de incluir al migrante
sin carnet en la atención de salud del Estado, de manera sistemática, hasta que logra
la institucionalización del mecanismo en una directiva nacional, hasta la migrante
afrocolombiana que, empujada por requisitos excluyentes hasta el absurdo, que le
ponen barreras para trabajar, para terminar el nivel educativo medio, para tener una
residencia que sancione al fin el carácter definitivo de su deseo de quedarse en el
país, se hace parte de un comité de vivienda y administra los tiempos y recursos de la
escasez para lograr mejoras en la calidad de vida de sus vecinos del campamento.
Desde allí, actúa como mediadora en los conflictos de convivencia, especialmente
entre los vecinos chilenos y los migrantes; se enfrenta a carabineros para defender los
derechos de sus vecinos; contribuye a organizarlos para avanzar los domingos en la
construcción de la sede vecinal; se embarca en un proyecto para construir una plaza
para los niños dentro del campamento; actúa como mediadora ante las autoridades
regionales, y tiene una presencia activa en todas las gestiones que realizan como
comité para poder postular en unos años a una “vivienda social” que les permita salir
del campamento:
“[…] ella [otra mujer que integra el comité] es chilena, se llama [Susana], y ella es
la que se encarga de los trámites municipales. Cuando yo veo que ella tiene algún
proyecto por entregar y en su momento no lo ha cumplido, yo voy, me acerco a su
casa y le digo: «Ya [Susana], mañana vamos las dos a tal hora a ver qué pasa con
eso», me dice: «Ya, no hay ningún problema». Y cuando yo llego allá, ella entra y
como tiene sus contactos, entonces, me doy cuenta de que todo va marchando
bien, así que la dejo en su responsabilidad y yo me vengo a cumplir con la mía,
que es estar acá en terreno, pendiente de las demás cosas que pasan acá”.
(Migrante afrocolombiana, miembro del comité de vivienda de un campamento)
Su caso es un ejemplo claro y palpable del modo en que nos propone pensar el
enfoque de la autonomía de las migraciones: los migrantes, documentados e
indocumentados, actúan como ciudadanos, ya son ciudadanos (Mezzadra, 2012).En
esa tesitura, y en la medida que la construcción de la subjetividad migrante como una
subjetividad no política es funcional al nexo entre migración y seguridad, la necesidad
de potenciar la organización política de los migrantes se vuelve una tarea
impostergable. En esa tarea, entendemos que un aporte de este trabajo ha sido
contribuir a la visibilización de la articulación entre un régimen global de control de las
migraciones con ciertos procesos nacionales y locales, de modo de desnaturalizar

73
algunas prácticas y representaciones instituidas, revelando su momento intencionado,
y contribuyendo de ese modo a su cuestionamiento.
El análisis del caso específico de Antofagasta nos permite comprender, como
decimos, que los regímenes globales de control de las migraciones presentan
dinámicas similares en diversos lugares, pero que estas se encuentran con procesos
locales que definen su materialización específica. Conocer y comprender esas
particularidades es relevante, no solo para entender cómo es que estos regímenes
operan, sino también para articular estrategias políticas de resistencia y cambio.
En este caso en particular, el trabajo contribuye a comprender qué sucede en
contextos de desigualdad enmarcados en economías extractivistas, y en una ciudad
que ha tenido una presencia histórica de población migrante. En relación con esto, si
bien la discriminación puede haber estado presente en otros momentos de esta
historia migratoria, lo distintivo del proceso actual es el tipo de migrante que se
construye, y todos los elementos que configuran su potencial de expulsabilidad. Esto
los sitúa en un lugar distinto dentro de la ciudad, ocupando una de las posiciones más
bajas de la jerarquía social, más allá de los márgenes establecidos por las diversas
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Chile: ¿mano de obra o trabajadoras con derechos?, pp. 17-42. Santiago: Universidad
Alberto Hurtado.
TIJOUX, María Emilia. (2013). "Las escuelas de la inmigración en la ciudad de
Santiago: elementos para una educación contra el racismo". En Polis. Revista
Latinoamericana, 12 (35), pp. 287-307.
TIJOUX, María Emilia. (2016). Racismo en Chile. La piel como marca de la
inmigración. Santiago: Universidad de Chile.
TIJOUX, María Emilia y PALOMINOS MANDIOLA, Simón. (2015). "Aproximaciones
teóricas para el estudio de procesos de racialización y sexualización en los fenómenos
migratorios de Chile". En Polis.RevistaLatinoamericana, 42, pp.1-25.
WALTERS, William. (2010). “Migration and Security”. En J. P. Burguess (ed.),
TheRoutledgeHandbook of New Security Studies, pp. 217-228. London: Routledge.
Notas:
1 En Chile, las regiones constituyen las divisiones administrativas mayores (DAM) de la
organización territorial y política del país; es decir, son equivalentes a las provincias en
Argentina o los departamentos en Perú. Antofagasta conforma, junto a las regiones de Arica y
Parinacota y Tarapacá, el territorio conocido como “Norte Grande”, que originariamente
pertenecía a Perú y Bolivia pero fue anexado a Chile después de la Guerra del Pacífico (1879-
1883).
2 La población de origen colombiano es efectivamente la que más ha crecido en la última
década: un 394 por ciento entre 2005 y 2014. Ocupa el cuarto lugar, con el 6.1 por ciento del
total de los migrantes internacionales residentes en el país (siguiendo a Perú, con el 31.7 por

78
ciento; Argentina, con el 16.3 por ciento; y Bolivia, con el 8.8 por ciento). El total de la población
migrante corresponde al 2.3 por ciento de la población nacional (2014), según los datos
oficiales más recientes (Departamento de Extranjería y Migración, 2016).
3 Uno de los departamentos de Colombia, es decir, una de las divisiones político-
administrativas del país, ubicada en la costa del Pacífico, y también uno de los territorios más
afectados por la compleja situación de violencia que experimenta Colombia hace varias
décadas. Según Taylor (2014), las dos ciudades de este departamento de donde proviene la
mayor parte de los migrantes colombianos que residen en el norte de Chile son Cali y
Buenaventura, un dato que constatamos a través de fuentes cualitativas en nuestro trabajo de
campo en Antofagasta (entrevistas a miembros de organizaciones que trabajan con migrantes,
organización de migrantes colombianos, y funcionarios del consulado del país en la ciudad).
Este territorio es, además, una de las zonas más afectadas por procesos de desplazamiento de
población a causa de este contexto de violencia armada: “Los niveles de desplazamiento son
particularmente elevados en la región de la costa del Pacífico, como la ciudad de
Buenaventura, que alberga a una importante población afrocolombiana” (Human RightsWatch,
2014, sin paginación). Además, algunos indicadores ilustran un difícil panorama
socioeconómico: en 2014, 63 por ciento de los residentes de Buenaventura vivían bajo la línea
de pobreza, y un 64 por ciento estaban desempleados (Taylor, 2014). De este modo, entre los
principales motivos que animan los comienzos de las trayectorias migratorias de estas
personas, se articulan de manera compleja las razones económicas y la búsqueda de espacios
“más seguros” para poder vivir. En el trabajo de campo, pudimos observar además que muchas
veces estos migrantes son efectivamente personas desplazadas pero no logran visualizarlo, y
por lo tanto tampoco lo utilizan como un argumento para solicitar refugio, en un aparente
mecanismo de naturalización de estas situaciones de violencia.
4 A la fecha, el Decreto Ley No. 1.094, de 1975, no ha logrado ser modificado, produciendo un
desajuste de proporciones entre la realidad actual y una ley con cuatro décadas de antigüedad,
elaborada en el marco de una dictadura y con el fundamento de la Doctrina de la Seguridad
Nacional.
5 Expresión que se utiliza en Chile para referirse a los asentamientos irregulares de población
en terrenos “tomados”. Existe una segunda acepción del término, que utilizamos en este
estudio, y que se refiere a campamentos mineros o companytowns.
6 De todos modos, el autor señala que los estudios sobre seguridad han tenido un sesgo
presentista, y por lo tanto, con algunas excepciones, han tendido a obviar la historia de la
vigilancia y el control de la movilidad humana.
7 Entendida como una construcción social de la realidad que reelabora el objeto y lo enraiza en
las relaciones intergrupales (Petracci y Kornblit, 2004). La representación social, tal como la
entendemos en este análisis, “designa una forma de conocimiento específico, el saber del
sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y
funcionales socialmente caracterizados, que en su sentido más amplio designan una forma de
pensamiento social” (Peña Zepeda y Gonzáles, 2004: 342, apudJodelet, 1986).
8 Mientras que la idea de criminalización, en términos muy simples , alude a esta asociación de
la población migrante con la comisión de delitos, la de securitización se refiere a la tendencia a
percibir la migración desde el punto de vista preferente de los “riesgos” que puede entrañar
para la seguridad (Arango, 2011). Se trata de dos procesos no equiparables, pero sí
estrechamente vinculados en muchas dimensiones.
9 La proporción de imputados en la región de Antofagasta que se ingresan anualmente en
relación con el total nacional muestra que los valores se han mantenido en un mismo rango en
el período 2006-2015 (entre un 4 y un 5 por ciento), y que no han seguido un patrón lineal de
crecimiento. Además, si bien la proporción de delitos cometidos por extranjeros sobre el total
de los delitos de la región sí ha crecido en la última década, pasando del 2.4 por ciento en 2006
al 9.3 por ciento en 2015, al comparar ese nivel de crecimiento con el que ha experimentado la
población migrante internacional de la región en prácticamente el mismo lapso, la idea del
incremento delictual se desdibuja: mientras que los delitos cometidos por extranjeros crecieron
un 93.2 por ciento entre 2006 y 2015, la población migrante internacional se incrementó en un
327 por ciento entre 2005 y 2014, es decir, 3.5 veces más.

79
10 Por ejemplo, la creación de la organización Antofa Segura, quienes enviaron una carta
presentada por Fabián Ossandón (presidente de la organización) a la presidente Michelle
Bachelet, en marzo de 2016, solicitando se revise la actual legislación migratoria, puesto que,
según se argumenta en la misiva, “hay poca fiscalización por parte de la autoridad y ello se ve
reflejado en actos delictuales y en la llegada masiva de extranjeros sin documentos legales”.
También la reunión de miembros de la Colectividad Colombianos Residentes en Antofagasta
(CCRA) con el senador Pedro Araya, solicitando cambios en los protocolos de expulsión,
debido a que: "Es una situación que se salió de las manos. La percepción de inseguridad
crece, y la comunidad lo atribuye a los colombianos" (en línea,
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/10/09/753633/Piden-regular-a-extranjeros-ilegales-
por-alza-de-delitos-en-Antofagasta.html).
11 En línea: http://www.soychile.cl/Antofagasta/Policial/2015/09/16/346569/Dos-hombres-fueron-
apunalados-tras-resistirse-a-un-asalto-en-pleno-centro-de-Antofagasta.aspx.
12 Aunque un análisis específico de esta situación excede los propósitos de este artículo, es
importante mencionar que el crecimiento del número de campamentos en los últimos años es
efectivo. Buena parte de la población asocia este incremento con el aumento de la migración,
pero en realidad se trata de un fenómeno que obedece a una conjunción de factores: el
elevado costo de las viviendas y los arriendos, relacionado con el alto costo de vida derivado
de una inflación artificial de la economía local por la actividad minera, que en el caso de los
migrantes ha generado un hacinamiento en viviendas del centro; la falta de inversión estatal en
la construcción de viviendas sociales; y también, lógicamente, el aumento de la demanda de
viviendas por la llegada de más migrantes. De todos modos, es relevante señalar que, aunque
la población migrante tiene una representación importante dentro del total de habitantes de los
campamentos, la mayoría de sus residentes siguen siendo chilenos, según los resultados de un
censo específico aplicado por el gobierno regional (Fuica, 2016).
13 “What makes deportability so decisive in the legal production of migrant «illegality» and the
militarized policing of nation-state borders is that some are deported in order that most may
remain (un-deported)-as workers” (De Genova, 2002).
14 En una entrevista grupal, un funcionario municipal relataba: “Y te acuerdas [Kathy] de esa
señora que te vendía unas cosas, unos productos, y decía que la gente morena, afro, huele
diferente, tiene como el PH diferente y puros comentarios así, muy terribles. Que huelen más
mal”. El enunciado del olor es un significante potente en los discursos discriminatorios respecto
de la población migrante en general, y no solo en Antofagasta, pues lo hemos podido relevar
en diversas instancias de trabajo de campo en la Región Metropolitana (Stefoni, Stang y
Riedemann, en prensa) y aparece en otros estudios sobre el tema (Tijoux, 2013). Sería
interesante explorarlo desde una perspectiva antropológica.
15 Véase, por ejemplo, http://www.24horas.cl/regiones/antofagasta/antofagasta-colectividad-
colombiana-envio-carta-a-la-presidenta-de-la-republica-1793883.
16 Se refiere a la presentación de un reclamo ante este canal de televisión, por la emisión de un
sketch cómico con contenido discriminatorio hacia las mujeres colombianas, donde se las
representaba como trabajadoras sexuales.
17 Aunque también sería importante explorar en profundidad, mediante un estudio específico, el
fenómeno de invisibilización de la población afrochilena en el Norte Grande, probablemente
asociado a la campaña de chilenización del territorio tras la Guerra del Pacífico, y obviamente
vinculada a una “negrofobia exotista chilena”, profundizada a lo largo del siglo XX, por la que
“el color negro de la piel será marcado como signo de lo indeseable por intelectuales de todos
los colores políticos” (Pavéz Ojeda, 2016: 230).
18 Según los resultados de este estudio, orientado a identificar los discursos de los futuros
profesionales de otras regiones de Chile sobre la región, “Antofagasta se destaca como un
lugar precario y poco atractivo para vivir y solo interesante por sus oportunidades laborales con
ingresos altos” (Rodrigo y Atienza, 2014: 178). Surgen del análisis otras representaciones
específicas, como la falta de estética de la ciudad, que se trate de una urbe masculinizada, u
orientada a prestar servicios a los hombres, y la idea de una población conformada por “rotos
con plata”, es decir “personas no calificadas movidas por el interés monetario”.
19 Un régimen sustentado en el paradigma de la gobernabilidad migratoria, que la OIM y otras
agencias del sistema de organismos internacionales han instituido, y que el Estado chileno

80
posdictadura ha ido incorporando en sus instructivos presidenciales sobre el tema, entre otros
documentos oficiales (Stang, 2012 y 2016).
20 Unos 295 dólares americanos, según la cotización oficial del 31 de agosto de 2016.
21 Entre 440 y 590 dólares americanos, según la cotización oficial del 31 de agosto de 2016.
22 En este sentido, un análisis de la tasa de rechazo (reembarcados según el total de
extranjeros que solicitan el ingreso en frontera) a nivel nacional, entre 2008 y 2015, muestra
claramente que los valores más altos los presentan aquellos grupos nacionales con mayor
proporción de población afrodescendiente: dominicanos, haitianos y colombianos. En 2015, la
cifra más alta la registraron los haitianos, con el 14.4 por ciento de rechazo, seguidos por los
dominicanos (2 por ciento) y los colombianos (1.2 por ciento). En los tres casos, se observaron
crecimientos notables de la tasa de rechazo entre 2010 y 2014. Los haitianos y los
dominicanos presentaron su tasa de rechazo más elevada en 2012, con el 53.3 por ciento y el
19.8 por ciento del total de las solicitudes de ingreso en frontera rechazadas, respectivamente.
Ese año, se impusieron dos requisitos extra de ingreso para las personas de este origen: carta
de invitación para los haitianos y visa consular para los dominicanos. Los colombianos, por su
parte, registraron su nivel más alto de rechazo en 2013, con el 7.8 por ciento (Rojas
Pedemonte y Silva Dittborn, 2016).
23 El artículo 87 del Decreto 597, de 1984, reglamentario del DL 1.094, establece que: “Todo
turista deberá acreditar, cuando lo estime necesario la autoridad policial de frontera, que tiene
los medios económicos suficientes para subsistir durante su permanencia en el país”.
24 No estamos relativizando el carácter problemático, urgente y complejo de este fenómeno,
sino cuestionando su construcción como problema asociado a las migraciones internacionales.
Fecha de recepción: 5 de septiembre de 2016. Fecha de aceptación: 2 de diciembre
de 2016.