Disputa por los bienes naturales: Militarización y fuerzas armadas en México

Abstract

Esta obra presenta un análisis profundo de la intersección entre militarismo, extractivismo y violencia. En sus páginas se explora cómo la apropiación y despojo de la naturaleza a través del uso de las fuerzas armadas ha tomado un papel central en la configuración de la política mexicana durante las últimas décadas.
Sus autores examinan cómo la militarización se ha exacerbado en nuestro país y se ha utilizado como una estrategia de seguridad pública interior, revelando el debilitamiento de las regulaciones que garantizaban la soberanía institucional civil frente al aparato castrense.
Los temas se abordan desde el estudio de las acciones de gobierno que han dado pie a la militarización en México, así como la forma en que el Ejército poco a poco se ha fortalecido hasta desplazar a las policías locales en la protección de varios megaproyectos extractivos. Esto se traduce en una amenaza constante en contra de comunidades rurales e indígenas que se oponen a esta lógica destructiva del Estado.
Este libro es esencial para cualquier persona interesada en comprender la complejidad del extractivismo en México como núcleo del capitalismo depredador que utiliza la violencia como su principal instrumento.

Full text

Mi itarización y
fuerzas armadas
en México
Disputa por
los bienes naturales
Aleida Azamar Alonso
COORDINADORA
ALEIDAAZAMAR ALONSO
Es doctora en Economía Internacional
y Desarrollo por la Universidad
Complutense de Madrid. Se desempeña
como profesora investigadora de la
Universidad Autónoma Metropolitana
() y coordinadora de la Maestría en
Sociedades Sustentables de la misma
institución. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores Nivel II.
Ha sido reconocida, entre otros, con
el premio de publicación Miradas
Latinoamericanas: Un Estado al Debate
2020, por Clacso y Siglo XXI Editores;
el Premio por Investigación de Área
en tres ocasiones (2017, 2019 y 2021)
por la , y el Premio a la Docencia
en 2021 por la misma institución. Ha
coordinado más de una decena de
libros y cuentacon cinco libros de
autoría y coautoría, así como más de 150
publicaciones entre artículos científicos,
de divulgación y capítulos de libro.
Aleida Azamar Alonso
COORDINADORA
Disputa por los bienes naturales
Militarización y fuerzas armadas en México
Títulos más recientes
Territorios violentos en México.
El caso de Tierra Caliente, Michoacán
Enrique Guerra Manzo
Diálogos interartísticos entre cine
y literatura
Araceli Soní Soto (coord.)
Los proyectos católicos de
nación en el México del siglo xx
María Gabriela Aguirre Cristiani
y Nora Pérez Rayón (coords.)
La solemnidad del poder
y sus fisuras en el fotoperiodismo
de Christa Cowrie
Elsie Marguerite Mc Phail Fanger
Ética y política en Karl Marx
Gerardo Ávalos Tenorio
Maquiavelo: Sociedad y política
en el Renacimiento
Roberto García Jurado
Entre la desigualdad
y la meritocracia: rutas y huellas
de la equidad
Roberto Rivera del Río, Angélica Buendía Espinosa,
Ana Beatriz Pérez Díaz
Esta obra presenta un análisis profundo de la intersección entre mili-
tarismo, extractivismo y violencia. En sus páginas se explora cómo
la apropiación y despojo de la naturaleza a través del uso de las fuerzas
armadas ha tomado un papel central en la configuración de la política
mexicana durante las últimas décadas.
Sus autores, bajo la coordinación de la investigadora Aleida Azamar
Alonso, examinan cómo la militarización se ha exacerbado en nuestro
país y se ha utilizado como una estrategia de seguridad pública interior,
revelando el debilitamiento de las regulaciones que garantizaban la so-
beranía institucional civil frente al aparato castrense.
Los temas se abordan desde el estudio de las acciones de gobierno
que han dado pie a la militarización en México, así como la forma en que
el Ejército poco a poco se ha fortalecido hasta desplazar a las policías
locales en la protección de varios megaproyectos extractivos. Esto se
traduce en una amenaza constante en contra de comunidades rurales e
indígenas que se oponen a esta lógica destructiva del Estado.
Este libro es esencial para cualquier persona interesada en compren-
der la complejidad del extractivismo en México como núcleo del capita-
lismo depredador que utiliza la violencia como su principal instrumento.
9786077135920
ISBN 978-607-713-592-0
los bienes naturales
Disputa por
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naturales: militarización y fuerzas
armadas en México
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Disputa por los bienes
naturales: militarización y fuerzas
armadas en México
Aleida Azamar Alonso
Coordinadora
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7
Índice
Introducción. Militarización y violencia: el costo
de la transición democrática 11
Aleida Azamar Alonso
Militarismo y extractivismo en México: dos caras de la continua
descomposición del capitalismo y el descenso hacia la barbarie 27
Carlos Tornel
Detrás de la avaricia por los bienes naturales: militarización
silenciosa en México 61
Aleida Azamar Alonso
Neodesarrollismo verde olivo. Ejército y megaproyectos
en los tiempos de la cuarta transformación 85
Carlos A. Rodríguez Wallenius
La fuerza del Estado mediante el extractivismo y el mal llamado
desarrollo: amenaza a las comunidades indígenas de Puebla 111
Aleida Azamar Alonso
Militarización en zonas de hidrocarburos: ¿protección efectiva
o medida paliativa? 137
Beatriz Adriana Olivera Villa
El “oro rojo” de Industrias Peñoles 161
Isidro Téllez Ramírez
Acerca de las y los autores 187
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Desfile de cadetes en el Heroico Colegio Militar, Ciudad de México (2018).
Chairman of the Joint Chiefs of Staff/flickr.
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11
Introducción
Militarización y violencia: el costo
de la transición democrática
Más vale que no tengas que elegir
entre el olvido y la memoria…
Joaquín Sabina
La década 1980 marcó el inicio de la transición democrática más im-
portante de América Latina con el cambio de regímenes militares a
instituciones políticas representativas en quince países que mantenían
gobiernos autoritarios encabezados por figuras o juntas castrenses.1 A
pesar de mencionar que fue una transición, debe señalarse que se tra-
tó de varios procesos que ocurrieron en un periodo de 18 años, desde
1978 encabezados por Ecuador y República Dominicana, hasta 1996
con el triunfo de los movimientos de resistencia social en Guatemala
(Escobar et al., 2006).
No obstante, tales procesos no comenzaron ni culminaron con la
deposición de los gobiernos militares, pues el establecimiento de insti-
tuciones políticas democráticas requirió esfuerzos colectivos —sociales,
políticos, empresariales, religiosos e incluso militares— que en algunos
casos se siguen construyendo hasta hoy.
La forma en que se condujeron estas transiciones también fue varia-
da, pues en algunas ocasiones se produjo por el apoyo de células milita-
res disidentes o mediante organizaciones rebeldes que gestaban golpes de
1 Algunos de los países mencionados cuentan en su haber con periodos de transición
democrática que fueron interrumpidos por golpes de Estado previos al periodo men-
cionado: República Dominicana (1934-1978), Ecuador (1976-1984), Nicaragua (1934-
1979), Perú (1968-1980), Honduras (1963-1981), Bolivia (1971-1982), Argentina
(1976-1983), El Salvador (1931-1984), Brasil (1982-1985), Uruguay (1973-1985), Para-
guay (1954-1989), Panamá (1968-1989), Chile (1973-1990) y Guatemala (1962-1996).
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ALEIDA AZAMAR ALONSO
12
Estado, también el colapso económico derivó en el derrumbe de estos
gobiernos e incluso ocurrieron procesos ordenados por medio de vota-
ciones populares (Franco, 2015; García, 2016). A pesar de las marcadas di-
ferencias, la fuerte influencia militar sigue presente en la mayoría de los
gobiernos de la región latinoamericana, ya sea que hayan atravesado una
transición o sin que esto fuera necesario debido a que no existían go-
biernos castrenses de facto, aunque sí un amplio control sobre aspectos
de la vida pública.
El escenario actual de América Latina en el que los militares activos
o retirados han expandido su influencia en diversas áreas de gobierno
hasta consolidarse en cargos representativos de alto nivel en varios paí-
ses demuestra la debilidad institucional y la fragilidad de los procesos de
transición en la región. Esta situación se debe principalmente a la intensa
ola de violencia que atraviesa el continente, lo que es resultado de múlti-
ples situaciones, pero que varios de los presidentes latinoamericanos han
decidido enfrentar mediante el uso de la fuerza militar, ya no como ele-
mentos complementarios sino como actores centrales de sus estrategias
de seguridad pública, transformando instituciones policiales civiles en
cuerpos militares.2 Este fenómeno de intervención directa e indirecta de
las fuerzas castrenses en tareas de seguridad civil se relaciona con la mo-
dificación, en los movimientos de resistencia y organización social, con-
tra la violencia criminal y del Estado.
I      
Las transiciones democráticas en América Latina se dieron en un entorno
de cambios económicos y sociales. La crisis de la deuda y la apertura de
sectores productivos (especialmente los que se refieren a la apropiación y
explotación de recursos naturales) a la inversión extranjera generó un in-
tenso flujo de capital que transformó los mercados regionales y dio lugar
a la creación de canales comerciales nuevos regulados y a otros irregula-
res, orientados a suplir los intereses de grupos criminales que se benefi-
ciaban también de la desregulación comercial para el tráfico de productos
(armas, drogas, etc.), servicios y personas (Adorno y Salla, 2007).
2 Con la militarización de la policía se hace referencia a la adopción de lógicas castren-
ses en los procesos operativos civiles, que en vez de prevenir y desescalar situaciones de
tensión, buscan eliminar violentamente las amenazas que designa el Estado (Morales y
Pérez, 2014), lo que se aúna a la transformación del equipamiento e incluso la contra-
tación de personal con perfil de formación militar.
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INTRODUCCIÓN. MILITARIZACIÓN Y VIOLENCIA 13
Así, la democratización regional fue producto del contexto mundial
en el que la globalización permitió una mayor apertura hacia otros ámbi-
tos que, por un lado, facilitaban el contacto social con procesos externos,
pero por otro dificultaban el control y la operación de los grupos milita-
res en el poder. Si bien esto tuvo efectos positivos tanto en la disminución
de la pobreza en algunos sectores como en el aumento del crecimiento
macroeconómico, también empobreció de forma severa a grupos pobla-
cionales marginados debido al establecimiento de proyectos de explota-
ción ambiental que monopolizaban y destruían el territorio fracturando
el tejido social, lo que fomentó la creación de redes criminales que pro-
vocaron un dramático aumento de la violencia en toda la región (Azamar
y Azamar, 2016; Bergman, 2018; Naim, 2005).
En consecuencia, comenzaron a crearse múltiples grupos del crimen
organizado () que se caracterizaban por su elevado nivel de coordi-
nación, fortaleza económica, influencia política, capacidad tecnológica y
armamento poderoso (De la Corte y Giménez, 2015), lo que dificultaba
la capacidad de las corporaciones policiales civiles para enfrentar este re-
to que además se beneficiaba tanto de la población marginada en situa-
ción de pobreza como de los militares retirados una vez depuestos sus
regímenes.
La violencia que provocan los  se diferenciaba de la de otros gru-
pos criminales por el uso de tácticas militares y de guerrilla, además de la
centralización de actividades en entornos urbanos y una fuerte presen-
cia en espacios rurales (Müller, 2018; Makarenko, 2005; Sampó, 2017). La
fortaleza de los  se deriva de la adopción de lógicas militares en su
operatividad, lo que ha dado lugar a un pluralismo de violencia en la que
el Estado no puede garantizar el monopolio de la fuerza, sino que dis-
puta con estos grupos el control del territorio y las instituciones, ya que
carece de la fortaleza para legitimarse socialmente (Desmond y Golds-
tein, 2010).
Los  no suelen perseguir objetivos políticos, más bien tienen fi-
nes económicos y por eso pueden cooperar, organizarse o modificar sus
intereses de acuerdo con las acciones de los gobiernos (Pion, 2010). Esto
se ha observado en México, donde los cárteles del narcotráfico han ope-
rado abiertamente con policías y militares para atacar a grupos rivales,
también en la intervención de estos para el amedrentamiento social ante
las resistencias a proyectos de explotación ambiental (Azamar, 2020), en
cambio han disminuido su actividad durante procesos electorales (Durán,
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14
2018; Schedler, 2015; Trejo y Ley, 2020). Este escenario implica que son
los mismos gobiernos los que, ante la falta de capacidad para monopo-
lizar la fuerza, generan acuerdos con los  para que no se desarrollen
conflictos ni enfrentamientos directos de gran magnitud en aras de man-
tener su capacidad de operación política; sin embargo, esto ha dado lugar
a varias situaciones más complejas.
En primer lugar a la justificación de los gobiernos para acrecentar la
influencia de los militares en tareas de seguridad civil derivada de la inca-
pacidad de las corporaciones policiales para enfrentar a los , aunque
esto sea por falta de apoyo estatal para mejorar las deficiencias de estas
instituciones (Meyer, 2014; Sabet, 2013); en segundo, al ser conscientes
de la corrupción institucional, las fuerzas militares son propensas a caer
víctimas de este problema; tercero, ante la falta de formación en procesos
de atención integral ciudadana, los militares suelen violentar los derechos
humanos de agrupaciones o personas vulnerables que tengan posiciones
contrarias a las del Estado —en especial las que atañen a la apropiación
territorial y la destrucción ambiental (Azamar, 2020; Dammert y Bailey,
2005)—. Esta situación es lo que ha conducido a procesos de militariza-
ción tanto al interior de las instituciones como en el uso directo de gru-
pos castrenses para tareas de seguridad pública. A continuación se anali-
zan ambos procesos.
S     
Hay actividades criminales que se catalogan como tales debido a la in-
fluencia mediática y política. Por ejemplo, percibir que una parte de la
población es un peligro que requiere ser detenido o exterminado es una
de las estrategias que utiliza el Estado para incentivar el uso de fuerzas
civiles y militares contra objetivos concretos (Treviño, 2016). Es eviden-
te que existen grupos cuyas acciones sí requieren la intervención de una
fuerza del orden, como en el caso de los , pero no es necesario ex-
pandir infinitamente el tamaño de las instituciones de seguridad para en-
frentar estos problemas que suelen ser resultado del empobrecimiento y
de la propia violencia del Estado.
Ahora bien, dado que los  se han convertido en la actualidad en
un problema mediático y político de gran conveniencia para justificar el
uso de la fuerza pública, los gobiernos han burocratizado las instituciones
de seguridad de forma que se puedan expandir más allá de sus propias
necesidades para lograr intereses ajenos a sus áreas de influencia (Coyne
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INTRODUCCIÓN. MILITARIZACIÓN Y VIOLENCIA 15
y Hall, 2018). Por ejemplo, al establecer control militar de territorios su-
puestamente bajo la influencia de los  se crean enclaves en donde se
pueden transformar las dinámicas de trabajo y operación del gobierno
con la sociedad, al establecer procesos de violencia contra comunidades
que se oponen a sus intereses. Todo ello bajo el supuesto de garantizar la
seguridad.
Además, el Estado, al delegar las tareas de seguridad pública en cuer-
pos castrenses, erosiona los limitados controles normativos que existen
para que las autoridades administrativas civiles puedan controlar a los mi-
litares. Esto es lo que se podría considerar un proceso de militarización
directa que ocurre a través del uso específico de estas fuerzas para labores
que son específicas de los cuerpos civiles (Hall y Coyne, 2013).
El ejemplo más claro que existe en México es el uso de la frase “gue-
rra contra el narcotráfico” para emprender una acción militar en contra
de los . Así se establece una dinámica mediática y política que crea
una amenaza a la que solamente se puede responder por medio del uso
de militares, aunque antes de esta situación no existiera el mismo nivel de
conflicto que después de la guerra contra el narcotráfico.
En este escenario, en nuestro país no se implementaron procesos de
mejoramiento normativo y regulatorio de las policías civiles para forta-
lecerlas ante este reto, sino que se buscó ampliar la permanencia de los
militares para esta labor, además se incrementó el presupuesto que reci-
bía esta organización bajo el supuesto de aumentar su eficiencia para la
protección social. No obstante, no solo se incrementó la violencia contra
la población sino que se desarrolló una vorágine homicida que hasta hoy
no se ha podido controlar, cuyo resultado son más de 400 mil víctimas
directas de dicha guerra.
De forma paralela también se han multiplicado los conflictos sociales
y la violación de los derechos humanos entre la población que se opone
o rechaza de alguna forma los proyectos y megaproyectos públicos y pri-
vados que se instalan en sus territorios y tienen como resultado centenas
de conflictos en los que se han visto involucrados militares (Guarneros y
Zaremberg, 2019).
Esta no es una situación específica de México, de hecho hay al me-
nos otros doce países en América Latina donde se ha utilizado al ejército
de forma directa para resolver problemas de seguridad civil o relaciona-
dos con  (Flores y Zarkin, 2019), todas estas naciones fueron en algún
momento dictaduras o regímenes militares con transiciones a la demo-
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ALEIDA AZAMAR ALONSO
16
cracia. Cabe destacar que en ningún caso existen experiencias en las que
el uso directo de las fuerzas militares haya permitido acabar con los  y
otras amenazas parecidas, por el contrario, se ha multiplicado la violencia,
por lo que los grupos criminales se han adaptado a las tácticas militares y
ambas agrupaciones se han influido entre sí.
Resulta interesante, además, que en el caso mexicano el cuerpo cas-
trense se haya ajustado al contexto doméstico para modificar su modelo
operativo de forma que se redujeran o incluso eliminaran procesos siste-
máticos de tortura y violencia, con la finalidad de mejorar la relación con
la sociedad y para disminuir los riesgos de enfrentar condenas internacio-
nales por su actuación (Silva y Padilla, 2020).
Esto ha dado lugar al segundo fenómeno que ya se comentaba y que
es la militarización indirecta. Se refiere a la transformación de las corpo-
raciones policiales en grupos semimilitares. Este es un aspecto fundamen-
tal a tomar en cuenta en el caso de México, sobre todo ante la creación
de la Guardia Nacional y la policía minera en este sexenio, agrupaciones
de seguridad civil compuestas principalmente por militares.
Este fenómeno se produce principalmente por la debilidad de las or-
ganizaciones policiales para enfrentar incluso a criminales comunes; sin
embargo, se han caracterizado por su tendencia hacia la represión ciuda-
dana —grupos de choque, que en nuestro país se conocieron como gra-
naderos— y su casi ausencia ante conflictos que involucren a criminales
con alto poder de fuego aunque no pertenezcan a los .
En parte esto puede ser resultado de que originalmente las corpora-
ciones policiales en nuestro país se plantearon como meras extensiones
de las fuerzas militares debido a que no existía una diferenciación clara
entre sus actividades, además tenían como principal función el control
social y no tanto la seguridad pública (Pérez, 2018). Así pues, valdría la
pena preguntarse, ¿hasta qué grado está militarizada la policía actualmen-
te? (Kraska, 2007).
Al respecto se puede mencionar que el fortalecimiento militar de la
policía en México comenzó a finales del siglo pasado, con la creación de
la policía federal para el establecimiento de un mando único que permi-
tiera el desarrollo de un organismo nacional que agrupara a las corpo-
raciones estatales; aunque se recurrió a los militares para los procesos de
entrenamiento, los nuevos mandos también eran militares y se comenzó
a utilizar tecnología y armamento de uso exclusivo del ejército (Mora-
les y Pérez, 2014 y 2015), lo que también se reflejó en las corporaciones
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INTRODUCCIÓN. MILITARIZACIÓN Y VIOLENCIA 17
policiales estatales y municipales que en no pocos casos tuvieron mandos
directivos militares (Barrachina y Hernández, 2012).
Como resultado de esta situación, las corporaciones policiales están
aumentando sus prácticas de tortura y violencia letal sistemática contra la
población detenida, encontrándose solo un poco por debajo del ejército
en esta situación, lo que implica que la policía está dejando de lado el diá-
logo para centrarse en conseguir resultados de neutralización de amena-
zas como sucede en la lógica militar (Magaloni y Rodríguez, 2020; Silva
y Padilla, 2020). En este sentido, parece claro que a un mayor proceso de
militarización la policía va a tender con mayor facilidad al uso de fuerza
letal y la violencia para cumplir con sus objetivos.
Violencia sistemática en México
En este libro se recuperan varios casos en los que grupos militares y los
policías entran en conflicto con la población civil en varias zonas de
nuestro país debido a la construcción de proyectos públicos como el
Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas, entre
otros, así como a actividades extractivas de empresas privadas, sobre todo
minería, hidrocarburos y agua. Como se ha señalado hasta este punto, es
evidente que se han establecido pautas políticas, mediáticas y económi-
cas para denominar a la población en resistencia como una amenaza que
debe tratarse al mismo nivel que los . Esta situación de uso excesivo
y desmedido de violencia contra la inconformidad no ha generado resul-
tados positivos de ninguna forma, por el contrario, ha incentivado que la
población rechace con mayor fuerza estas actividades.
Por otro lado, y de forma paralela, no es de extrañar que en los espacios
donde intervienen policías y militares se hayan multiplicado los crímenes
y asesinatos de protectores de la naturaleza. En consecuencia se puede su-
poner que los proyectos que provocan esta brutal situación se han conver-
tido en la parte central de las estrategias de los gobiernos para sus planes de
desarrollo y legitiman su actuar para garantizar su propia existencia.
Para los estados la afectación en sus actividades productivas o las de
las empresas que operan con su venia, se convierte en una amenaza pa-
ra su existencia, lo que les permite justificar la instalación de lógicas de
violencia en contra de quienes los afecten. Dado que los  no tienen
el objetivo de arrebatarles su papel político, entonces la policía y el ejér-
cito se convierten en instituciones con el interés prioritario de controlar
a la población.
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ALEIDA AZAMAR ALONSO
18
Así, los estados ganan la legitimidad de utilizar la fuerza pública pa-
ra reducir todas las amenazas que pudieran poner en riesgo a la sociedad,
pero no es cualquier tipo de violencia la que se utiliza, sino que se parte
de la enfocada en destruir absolutamente todas aquellas posiciones que
podrían debilitar la estrategia productiva del gobierno y de las empresas.
La policía, al contrario del ejército, se utiliza principalmente para el con-
trol social y el establecimiento de lógicas de dominio, es una institución
disuasiva que sería casi imposible de emplear para transformar de forma
tan violenta la vida pública —aunque, vale la pena resaltar que se pre-
sentan casos en este libro en los que la policía ha actuado de forma letal
y sistemática contra la población—. El ejército, por su parte, cuenta con
un entrenamiento enfocado en la eliminación de sus objetivos (asesinato
o destrucción total y parcial). No es que sea una máquina de matar, si-
no que es una institución especializada en la labor de someter de forma
violenta a quienes el Estado señale. Por otra parte, sus propios equipos,
entrenamiento y capacidades logísticas le permiten lograr acciones de di-
suasión en territorios donde a la policía le costaría mucho ingresar y ma-
niobrar; por ejemplo, montañas, selvas, desiertos, lagunas.
No obstante, el empleo del ejército debe ser legitimado en el plan de
acción del Estado, pues la población por sí misma es incapaz de aceptar
una acción violenta injustificada, por lo que el ejército se emplea en to-
do el mundo para labores humanitarias, lo que incrementa su aprobación
popular y crea una imagen de unidad nacional que, por supuesto, debe
ser avalada y apoyada. Por otro lado, su accionar destructivo se muestra
públicamente en pequeñas dosis y solo para demostrar que su actuar se
centra en la defensa de amenazas públicas, como el narcotráfico, la gue-
rrilla o para “aplacar o calmar” a las poblaciones que actúan violentamen-
te entre sí.
El ejército es un recurso de coerción que está vinculado al Estado en
tres niveles, el primero se refiere a la integración económica que benefi-
cia la tasa de ganancia, pues en la medida que este actúe y haga su trabajo
(destruir), puede fomentar inversión para incrementar su capacidad ope-
rativa. El segundo nivel se trata de su papel legitimador que ahora vie-
ne a reemplazar a los programas sociales de antaño, ya que en la medida
en que apoya a la población tiende a crear nuevamente una dependencia
hacia la institución. Por último, el tercer nivel es una garantía de que se
van a cumplir las condiciones productivas necesarias para generar recur-
sos económicos para la propia supervivencia del Estado.
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INTRODUCCIÓN. MILITARIZACIÓN Y VIOLENCIA 19
Así pues, este libro aborda diversas situaciones en México en las que
intervienen el ejército y la policía creando escenarios de violencia que
en general no operan a favor de la población sino más bien ocurren con
la intención de garantizar su propia continuidad, así sea al afectar a la so-
ciedad cuando se alían con criminales o al cometer actos de corrupción.
Debido a los evidentes riesgos asociados al análisis del fenómeno de
militarización y del extractivismo en los diversos megaproyectos en Mé-
xico, en este libro se optó principalmente por realizar análisis documental
y teórico de la situación y recopilar información sobre la militarización
en nuestro país, incluyendo la revisión de libros, artículos científicos, in-
formes de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil (),
así como otros documentos relevantes.
No obstante, en algunos casos y cuando se tuvo la oportunidad se
realizaron visitas de campo, entrevistas semiestructuradas y observación
directa en los lugares de conflicto donde ha estado involucrada la policía,
el ejército o las empresas a través de actividades extractivas que violentan
de alguna forma a la población. Los datos obtenidos en este tipo de ejer-
cicios se han transcrito como parte de la crónica de investigación y para
todos los casos se mantiene el anonimato de los testimonios para protec-
ción de las personas que amablemente brindaron información.
Para terminar, este libro también cuenta con análisis conceptuales y
de la situación práctica en los casos donde se realizan ejercicios extracti-
vos que requieren métodos específicos para su comprensión, ya sea por
medio de revisión estadística de las actividades de una empresa en un de-
terminado espacio o para la verificación de la existencia de la militariza-
ción como una práctica que se lleva a cabo en el país.
En el primer capítulo, titulado “Militarismo y extractivismo en Mé-
xico: dos caras de la continua descomposición del capitalismo y el des-
censo hacia la barbarie”, de Carlos Tornel, se realiza una amplia reflexión
sobre la militarización en América Latina y su importancia para el esta-
blecimiento de lógicas extractivas en las dinámicas políticas y económicas
de la región, terminando con algunos casos que se presentan en la actua-
lidad en nuestro país.
En el segundo capítulo, denominado “Detrás de la avaricia por los
bienes naturales: militarización silenciosa en México”, de Aleida Azamar
Alonso, se elabora un análisis histórico detallado sobre la regulación nor-
mativa que rige el actuar de las fuerzas armadas en México; asimismo,
se estudia cómo las múltiples reformas a la Constitución han permitido
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ALEIDA AZAMAR ALONSO
20
que el gobierno utilice de forma arbitraria a esta institución para la pro-
tección de proyectos extractivos y de infraestructura públicos y privados;
por último, se mencionan varios ejemplos de cómo se presenta esta es-
trategia militar y policial en el gobierno actual para poderse apropiar de
los recursos naturales.
El tercer capítulo, “Neodesarrollismo verde olivo. Ejército y mega-
proyectos en los tiempos de la cuarta transformación”, de Carlos A. Ro-
dríguez Wallenius, se presenta una revisión conceptual sobre el neodesa-
rrollismo, los megaproyectos, el militarismo y la militarización y se analiza
la diferencia entre los procesos de intervención militar que se articulan
actualmente y los del pasado en México. Así, se propone el concepto
neodesarrollismo verde olivo para caracterizar el escenario actual del país.
En “La fuerza del Estado mediante el extractivismo y el mal llama-
do desarrollo: amenaza a las comunidades indígenas de Puebla”, de Aleida
Azamar Alonso, el cuarto capítulo, se analiza la situación que se presenta en
el estado de Puebla respecto a este tema, en donde la policía y los grupos
militares de la entidad han atacado abierta y directamente a los movimien-
tos de resistencia de las comunidades que rechazan tanto las actividades
extractivas como los megaproyectos en sus territorios, y cuyos resultados
han sido varios casos de víctimas mortales o amenazas a defensores del te-
rritorio.
El quinto capítulo, “Militarización en zonas de hidrocarburos: ¿pro-
tección efectiva o medida paliativa?”, de Beatriz Adriana Olivera Villa,
expone los diferentes efectos que enfrentan las zonas que han sido mili-
tarizadas en México para enfrentar el problema de robo de combustible
o huachicoleo. Destaca el detallado análisis histórico de la situación, así
como los resultados que se han tenido hasta la actualidad con dicha es-
trategia.
En el sexto capítulo, intitulado “El ‘oro rojo’ de Industrias Peñoles”,
de Isidro Téllez Ramírez, se realiza un amplio análisis de la actividad ex-
tractiva de Industrias Peñoles, que pone énfasis de forma particular en la
Minera Penmont que en la actualidad se encuentra en conflicto con los
habitantes del ejido El Bajío en Sonora, en donde ha intervenido desde
el crimen organizado hasta la policía minera para tratar de prevenir y des-
legitimar la resistencia social del lugar.
Por último, vale la pena resaltar que en esta obra los lectores encon-
trarán argumentación teórica e histórica, así como diversos casos docu-
mentados en donde se ejerce el uso de la fuerza pública, lo que pone en
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INTRODUCCIÓN. MILITARIZACIÓN Y VIOLENCIA 21
evidencia la debilidad institucional. Por lo anterior, los invitamos a que
lean este libro, ya que consideramos que es un tema que tanto en México
como en el resto de América Latina se debe debatir debido a las implica-
ciones sociales, ambientales, culturales y políticas que tiene hoy la milita-
rización para poder obtener cada vez más bienes naturales.
Aleida Azamar Alonso
Ciudad de México, 2023.
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ALEIDA AZAMAR ALONSO
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Acto en honor de los Niños Héroes en Atemajac, Jalisco (2005).
Christian Frausto Bernal/flickr.
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Militarismo y extractivismo en México:
dos caras de la continua descomposición del
capitalismo y el descenso hacia la barbarie
Carlos Tornel
De varias formas el título de este texto es engañoso. El lector cuidado-
so podrá objetar, puesto que el capitalismo siempre ha sido un sistema
barbárico. En las tesis sobre la historia, Walter Benjamin (2003) formuló
que es precisamente el proceso civilizatorio el principal responsable de
la violencia.1 Dicho autor, siguiendo a Marx, también estableció que las
revoluciones son el motor de la historia, pero tal vez las revoluciones de-
ben convertirse en el freno de emergencia que busca “frenar el tren del
progreso”.2
Los sucesos de las últimas décadas han dejado claro el hecho de que
nos encontramos en una crisis civilizatoria (Lander, 2017). Este momen-
to podría definirse como un interludio o un impasse. Utilizando la frase
de Antonio Gramsci, nos encontramos en un momento en donde lo vie-
jo se rehúsa a morir y lo nuevo no puede nacer. Es precisamente en el
impasse, en el interregno, en el que los síntomas más mórbidos comienzan
a aparecer (Gramsci, 1999).
En el impasse es donde tenemos que formular un análisis teórico so-
bre las formas en las que los síntomas mórbidos del interregno se mani-
fiestan y de este modo procurar desarrollar una teoría y una práctica para
1 La frase original de Benjamin en las Diez tesis sobre la historia es: “no existe ningún do-
cumento de la civilización que no sea a su vez un documento de barbarie”.
2 Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia del mundo. Pero tal
vez sea de otro modo. Tal vez las revoluciones sean un intento de los pasajeros de este
tren de activar el freno de emergencia (Benjamin 2003, p. 402).
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CARLOS TORNEL
28
convertirnos en “el freno de emergencia”. Este capítulo revisa las tenden-
cias militaristas en México durante las primeras dos décadas del siglo ,
como el epítome de la descomposición del capitalismo y sus implicacio-
nes para regiones como América Latina y el Sur global; para ello se re-
curre a tres argumentos principales: a) la militarización como una forma
de asegurar acceso a los recursos naturales y a las nuevas fronteras extrac-
tivas del capitalismo, b) la militarización como un común denominador
sin importar el carácter en turno de los gobiernos en la región y c) la exa-
cerbación de la violencia y los procesos extractivos que se han convertido
en la faceta más visible del capitalismo global.
En la primera sección, se identifica la forma en que el extractivismo
ha tomado un papel central en la configuración y el carácter del capitalis-
mo en América Latina. Se discuten algunas de las principales teorías que
definen al extractivismo como una nueva fase del capitalismo, cuya sim-
plificación de vidas, conocimientos, territorios y paisajes es esencial para
comprender el papel del capitalismo contemporáneo. En este sentido, la
militarización está estrechamente articulada a lo que podemos llamar la
configuración de la división internacional del trabajo y la constitución de
un modelo económico globalizado que ha definido el papel de América
Latina como proveedor de “naturaleza barata” (Moore, 2015) durante los
últimos quinientos años. Asimismo, en esta sección se analiza la forma en
la que los megaproyectos desempeñan un papel esencial entre la dinámi-
ca del extractivismo y las contradicciones del capitalismo, así como el pa-
pel que tiene América Latina en este contexto (Gudynas, 2015; Gutiérrez
Rivas, 2020; Harvey, 2014; Svampa, 2015).
En la siguiente sección se identifica la forma en la que la militariza-
ción se ha exacerbado sin importar si los gobiernos en turno en buena
parte de la región latinoamericana son de izquierda o de derecha. Este fe-
nómeno es esencial para comprender la paradójica forma en la que, por
un lado, el neoliberalismo ha diluido progresivamente y desdibujado las
características de la soberanía nacional, mientras que por el otro, ha exa-
cerbado la dependencia en las fuerzas armadas y la violencia que surge y
se mantiene a través del Estado. En este contexto, comprender el papel
del Estado es fundamental, pues revela el carácter del capitalismo con-
temporáneo al tiempo que propone una agenda de investigación, diálogo,
pensamiento y práctica que recuperan la discusión sobre las autonomías
comunitarias en América Latina y el papel del propio Estado en su confi-
guración u obstaculización (Esteva, 2022; Gutiérrez Aguilar, 2020).
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MILITARISMO Y EXTRACTIVISMO EN MÉXICO 29
En la tercera sección se retoma un diálogo entre los dos apartados an-
teriores puesto que la reconfiguración de la economía política, asociada
con el proceso de la transición energética, la crisis climática y las estruc-
turas geopolíticas internacionales, y aunada a la disponibilidad de recur-
sos, demuestran que el militarismo, el despliegue de las fuerzas armadas
y el uso o la amenaza de la violencia, no solo se ha convertido en una
de las pocas formas en las que el capitalismo puede sostener la acumula-
ción, sino que el propio modelo se ha hecho cada vez más dependiente
de la amenaza y el uso de la violencia misma para asegurar acceso a estos
medios de desposesión. En este sentido, este capítulo trata de identificar
las formas de violencia que se perpetúan, al señalar el papel de las fuer-
zas armadas y el Estado que constituyen una fuerza indispensable para el
extractivismo y la continuación de los ciclos de acumulación necesarios
para sostener el capitalismo.
Comprender el papel del capitalismo, el extractivismo y las estructura
de la economía política que rigen el proceso de militarización en Amé-
rica Latina ofrece una contribución para, por un lado, comprender las
formas en las que las luchas por la autonomía se han distinguido de los
procesos de toma del control del Estado, con el fin de articular una alter-
nativa más allá del desarrollo y el extractivismo. Asimismo, permite com-
prender el carácter del capitalismo contemporáneo al entenderlo desde
una perspectiva histórica que recupera discusiones como la teoría de la
dependencia, la organización internacional del trabajo y la globalización
desde una perspectiva contemporánea (Cederlöf, 2021).
Este capítulo articula una propuesta sobre el militarismo en América
Latina para evidenciar el carácter material que continúa siendo necesa-
rio para su desarrollo, pero argumenta que, a pesar de ello, no podemos
restringir el análisis del mismo al carácter material del proceso extractivo.
Para hacerlo, recupera ejemplos sobre el desarrollo de dos megaproyec-
tos en México y el desalojo de la planta de Bonafont en Puebla en 2022
por las fuerzas armadas.
Aun cuando estos casos están focalizados en México, el texto argu-
menta que no son hechos aislados, sino que forman parte de una tenden-
cia regional y global que debe ser entendida desde la misma aproxima-
ción teórica. En la última sección se presenta el extractivismo como una
configuración y organización ontológica, a través de la cual es posible
identificar las múltiples fronteras materiales y no materiales de las cuales
es posible extraer valor (Acosta, 2012; Gudynas, 2021).
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CARLOS TORNEL
30
U     D   
    
Durante la primera década del siglo , América Latina se encontraba
en un proceso de transformación política. La llegada de varios gobiernos
progresistas o de izquierda al poder en el Cono Sur comenzaban a rom-
per la ilusión de que el sistema político de la mayoría de los países en la
región estaban regidos por el Consenso de Washington; es decir, un sis-
tema que pone la valorización financiera al centro de su agenda y que
incluía políticas de ajuste y privatización que redefinieron a los Estados
como un agente regulador (Svampa, 2015, p. 66). Antes de la llegada de
estos gobiernos, el extractivismo ya definía el carácter de América Latina
en la división internacional del trabajo. Un proceso que se inicia con la
configuración de las colonias en el siglo , el extractivismo puede de-
finirse simplemente como “la apropiación de los recursos y su comercia-
lización como materias primas” (Gudynas, 2015).
El paso del Consenso de Washington al neoextractivismo o lo que
también se conoce como el Consenso de los Commodities, de acuerdo
con Maristella Svampa (2015), emerge como una forma de analizar críti-
camente la transformación del capitalismo a cargo de los gobiernos pro-
gresistas de la región. En pocas palabras, el neoextractivismo se caracte-
riza por la inmensa escala de los proyectos, inversiones y las tendencias
hacia la monoproducción que es intensiva en términos de capital (pero
no en términos de trabajo). Se enfoca en la implementación masiva de
proyectos extractivos orientados a la exportación y la acumulación y uti-
lización de las rentas generadas por el gobierno. Asimismo, el neoextrac-
tivismo se entiende como un sistema complejo, cíclico y de rápida orga-
nización que reorienta a la economía hacia un sistema rentista con bajo
valor agregado, mientras que profundiza la dinámica de acumulación por
desposesión (Harvey, 2004) de tierras, recursos y territorios por grandes
corporaciones a través de alianzas multiescalares con distintos gobiernos,
lo que convierte al Estado en un mero operador de las rentas extractivas.
Por último, el neoextractivismo se articula a través de un consenso que se
manifiesta sobre el acuerdo —tácito o explícito— de que el carácter ex-
tractivo es una tendencia inevitable asociada a la enorme demanda global
de minerales y recursos (Svampa, 2015).
El proceso extractivo normalmente implica la transformación de la
naturaleza en unidades o recursos que pueden ser extraíbles, así como la
expansión de las fronteras de la mercancía hacia otros espacios que solían
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ser considerados como improductivos. De esta forma, el neoextractivis-
mo, junto con otras características del capitalismo contemporáneo, como
el supuesto del crecimiento económico infinito y la mercantilización de
casi todos los aspectos de la vida social, se ha convertido en un “sentido
común”; es decir, en una forma naturalizada de interpretar la realidad, y
ha reducido el entendimiento del mundo a las características de la mo-
dernidad capitalista, la cual concibe el progreso, el desarrollo y la moder-
nidad occidental como el único proyecto de mundo viable y existente
desde hace cinco siglos (Grosfoguel, 2018).
El neoextractivismo en la región está articulado con el surgimiento
de China en la economía mundial. Por un lado, la enorme demanda de
minerales y materias primas permitió a los Estados de la región utilizar
las rentas para invertirlas en el desarrollo de programas públicos, lo que
convirtió al Estado en un gestor de las rentas extractivas, rompiendo con
la lógica neoliberal del Consenso de Washington. El mismo proceso ex-
tractivo, sin embargo, se caracteriza por lo que Martin Arboleda (2020)
llama la “mina planetaria”, que implica la articulación de múltiples for-
mas de extracción —aparentemente desconectadas— en distintos secto-
res de la economía, desde la extracción física de minerales y la precariza-
ción de las relaciones laborales hasta la organización logística y financiera
del capitalismo (Mezzadra y Neilson, 2017). Al mismo tiempo, las formas
inmateriales de extracción se expanden rápidamente hacia las platafor-
mas (Srnicek, 2016), la vigilancia (Zuboff, 2020) y la extracción logística
de datos (Mezzadra y Neilson, 2017).
Lo anterior ha suscitado una larga discusión sobre la naturaleza del
extractivismo. Por un lado, Mezzadra y Neilson (2017; 2019) reconocen
que la extracción no puede entenderse como un concepto meramente
material, sino que tiene que ampliarse hacia otras esferas de las activida-
des humanas y económicas. Entre estas destacan la extracción de datos o
de criptomonedas. Desde una perspectiva colonial, el extractivismo susci-
ta no solo una extracción o pillaje material, sino que, al articularse con el
pensamiento occidental-céntrico, reproduce una construcción existencial
(ontológica), a través de lo que Quijano (2000) denomina la matriz co-
lonial de poder (): un sistema que replica las jerarquías, constituye la
organización internacional del trabajo y reproduce la colonialidad a tra-
vés de dos mecanismos principales: la codificación de la diferencia racial
entre los europeos y los no europeos (en donde los segundos parecen y se
autoentienden como naturalmente inferiores) y a través de la institucio-
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nalización de sistemas de dominación cultural que operan en el registro
del conocimiento, el ser y el poder (Rodríguez, 2020). Es decir, la colo-
nialidad instituye una forma de organización social en la que, aun consi-
derando el fin del colonialismo como un sistema político, opera a través
de registros culturales y simbólicos. Lo anterior se manifiesta por medio
de conceptos normativos como el desarrollo o progreso, la eliminación o
deslegitimación de otro tipo de conocimiento y en los procesos cada vez
más violentos de extracción (Mignolo, 2018). Ontológicamente, el ex-
tractivismo es “una forma de ser y estar en el mundo” (Grosfoguel, 2015).
Desde esta perspectiva, el capital y la modernidad se han estratificado e
intercalado para formar una racionalidad en donde las zonas de sacrifi-
cio se universalizan, la violencia se naturaliza y las estructuras extractivas
se convierten en una forma particular de entender la realidad (McNeish
y Shapiro, 2020).
Así, la mina planetaria surge como “una forma de articular la aparen-
te desorganización de las actividades extractivas bajo un sistema organi-
zado, internamente cohesionado de extracción de valor” (Ye et al., 2020,
p. 159). Entender el extractivismo ontológicamente permite ver la forma
en la que la extracción se ha convertido en un proceso cíclico de auge
y rupturas (boom and burst), por medio de los cuales es posible identificar
nuevas fronteras de la mercancía (materiales e inmateriales). Una vez que
se extare el valor de estas fronteras, las fuerzas del capital buscan identifi-
car nuevas fronteras, a través de la inversión en tecnología y ciclos de acu-
mulación, dejando a su paso degradación, esterilidad y desperdicio (Tsing,
2015). Este último punto es clave para comprender cómo el capitalismo se
está topando con sus límites internos así como su interacción con los lími-
tes externos (como se describe enseguida). Dicho proceso no es un fenó-
meno reciente sino que está estrechamente asociado a la modernización
capitalista: encarnada en el extractivismo, se encuentra la lógica moderna
que separa al ser humano de la naturaleza, idea esencial para comprender
cómo la modernidad eurocéntrica surge y se constituye junto con el siste-
ma-mundo capitalista (Dussel, 2015; Maldonado Torres, 2017).
C,   
Inscrita en este proceso extractivo, se encuentra una larga historia que ha
caracterizado la forma en que América Latina se ha integrado a la divi-
sión internacional del trabajo y a la configuración del capitalismo global.
Las prácticas extractivas, definidas como la creación de un monopolio
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de recursos que buscan extraer trabajo, naturaleza y energía sin reprodu-
cir las fuentes de producción, que pueden situarse materialmente con el
surgimiento de la modernidad europea y, más tarde, por su ideología, en
los periodos de revolución científica y la Ilustración (Merchant, 1983). Si
comprendemos que el colonialismo es constitutivo del capitalismo, en-
tonces se vuelve evidente que el proceso extractivo ha sido una condi-
ción esencial para perpetuar el sistema colonial que configura el capita-
lismo contemporáneo (Coulthard, 2014; Echeverría, 1989; Wallerstein,
1983).
Siguiendo el argumento de Jason W. Moore (2015), el capitalismo
no es simplemente un sistema económico, sino una forma de organizar
la naturaleza. Desde esta perspectiva, la organización colonial y patriarcal
que reproduce e instituye jerarquías se organiza íntimamente con la lógi-
ca avasallante del capitalismo (Gutiérrez-Rivas, 2020). Moore incorpora
en su definición el término naturaleza barata (cheap Nature), que se refiere
a la forma en la que las capacidades del capital, el imperio y la ciencia se
movilizaron para apropiarse del trabajo y la energía no remunerados. El
término barato se extiende al trabajo, la energía, la comida y los recursos,
los cuales se consideran como fuentes de acumulación de capital que no
deben ser (re)abastecidas. De esta forma, la idea de la dominación de la
naturaleza y la separación cartesiana es clave para construir una idea co-
lonial de extracción, dominación y explotación, que podía extenderse a
otras esferas “no productivas” de la sociedad, pero que se convirtieron en
esenciales para la reproducción de la esfera productiva del capital, como
el trabajo del cuidado asociado con las mujeres, la racialización y explo-
tación de sujetos —a quienes se consideraba más cercanos a la naturaleza
que a la esfera social— y de la naturaleza misma como productor de re-
cursos y energía (Fraser, 2014; Moore, 2015; Quijano, 2000).
De esta forma, la extracción siempre ha estado categorizada por una
constante demanda de trabajo, minerales, comida y energía baratos, que
se ha justificado a través de narrativas y regímenes jurídicos que per-
mitieron la expansión de la lógica colonial y que se manifiestan y ha-
cen perceptibles en los términos materiales y espaciales de la extracción.
Conceptos como terra nullius (Blaser y De la Cadena, 2018; Fritzmaurice,
2007) cuya traducción es “tierra de nadie”3 o “la doctrina del descubri-
3 “Territory without a Master” https://www.law.cornell.edu/wex/terra_nullius#:~:
text=Terra%20nullius%20is%20a%20term,is%20not%20owned%20by%20anyone.
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miento” (Miller, 2019), que se instituyeron como categorías de la expan-
sión colonial desde el siglo , han sido clave para permitir al sistema
de organización colonial tener acceso a distintos territorios —desde las
arenas bituminosas de Alberta, pasando por las minas de carbón en Ga-
les (Milbourne y Mason, 2017), hasta las fábricas de viento en Oaxaca y
Yucatán (Dunlap, 2017).
La simplificación asociada con este modelo se construye a través de
una alienación de la mercancía de su contexto social. Entender el extrac-
tivismo de esta forma refleja lo que Sousa Santos (2014) denomina la so-
ciología de las ausencias; es decir, las formas en las que el sistema colonial
en su interacción con la modernidad capitalista han producido activa-
mente la eliminación de ciertos tipos de conocimientos y formas de vi-
da; es decir, que se han producido como no existentes.
Desde el punto de partida de la sociología de las ausencias, surge tam-
bién una transformación de la concepción del extractivismo. Por un lado,
el extractivismo se ha expandido a una forma de extracción cognitiva o
epistémica; es decir, que busca apropiarse del conocimiento para explo-
tarlo y convertirlo en mercancía, al mismo tiempo que elimina o desle-
gitima la posibilidad de reconocer el conocimiento no moderno como
tal (Klein, 2013; Simpson, 2018). Como indica Dussel (2015), una de las
características esenciales del eurocentrismo es que es el único sistema en
la historia de la humanidad que se distingue por ser una universalización
etnocéntrica.
La extracción cognitiva se manifiesta a través de una apropiación de
conocimiento e ideas que se presentan como innovadoras en un contexto
occidental. Simpson (2018) presenta un ejemplo claro alrededor de la idea
del desarrollo sostenible: “En la mentalidad extractivista todo objeto, tec-
nología o idea producida por las culturas indígenas que les sea útil es ex-
traída y asimilada a las culturas de los colonizadores sin tomar en cuenta a
los pueblos que produjeron dichos conocimientos” (Grosfoguel, 2015, p.
39). La lógica del desarrollo en la que se insertan se articula de tal forma
que el proceso extractivo implica eliminar la alteridad del conocimiento
para expresarlo en la matriz epistémica existente. Este proceso es al mismo
tiempo una forma de perpetuar un sistema hegemónico en términos epis-
témicos, como una estrategia para reconocer de forma condescendiente
otras formas de pensar, ser, existir en el régimen dominante (Coulthard,
2014; Walsh, 2018) e incluso funciona como una estrategia para discipli-
nar a las poblaciones a través de tácticas de contrainsurgencia que permi-
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ten prevenir la organización local y que constituyen y legitiman conceptos
como “el desarrollo como un ‘sentido común’” (Dunlap, 2022).
Ecuador y Bolivia ofrecen un ejemplo: ambos países incluyeron un
sistema pluricultural y el reconocimiento de los derechos de la natura-
leza en sus respectivas constituciones, por lo que dieron un paso signifi-
cativo hacia la posibilidad de superar las características coloniales y capi-
talistas del Estado contemporáneo. Como varios teóricos han analizado,
ninguno de estos experimentos pretendió abandonar la idea del desarro-
llo —sino que promovieron un desarrollo alternativo (Dinerstein 2015;
Gudynas, 2021; Riofrancos, 2020)—. El extractivismo, según Gudynas, se
mantuvo siempre en el centro de las políticas —tanto de derecha como
de izquierda— para justificar cualquiera de sus proyectos de gobierno:
soluciones a la pobreza, empleo, desarrollo y crecimiento económico. En
ambos casos, los intereses del capital por extraer colisionaron con largas
luchas por el territorio, en donde casi siempre prevalecieron las lógicas
extractivas (Anthias, 2018). Como establece Eduardo Gudynas (2015), el
extractivismo se ha convertido en una noción naturalizada o entendida
como sentido común:
Aunque la modernidad implica una secularización de la vida social
y política, conceptos relacionados como el progreso y el desarrollo fue-
ron reformulados, para dotarlos de atributos milagrosos, lo que ha llega-
do a extremos, como creer que los seres humanos tienen el poder y las
habilidades para dominar y manejar la naturaleza, y que las ciencias car-
tesianas omniscientes y las marcas son los principales proveedores de una
buena vida. El extractivismo se apoya en esta nueva base teológica (Gu-
dynas, 2021, p. 60).
Lo anterior no solo demuestra el carácter del extractivismo más allá
de las políticas de izquierda o derecha en el contexto del Estado, sino que
deja ver cómo la colonización del imaginario que rige el extractivismo
sigue presente de tal manera que se manifiesta como un “estado natural”
(Leff, 2017).
M
Si partimos de que efectivamente el extractivismo ha sido una de las pie-
zas constitutivas que han caracterizado la época moderna y que el capi-
talismo se encuentra en una fase de crisis terminal en la que el extrac-
tivismo se ha vuelto cada vez más violento en sus formas de despojo, es
entonces necesario considerar el papel que tienen los megaproyectos en
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este sentido. Recientemente, Gutiérrez-Rivas (2020) ha formulado una
caracterización de los megaproyectos como parte esencial para compren-
der el extractivismo en América Latina. Según el investigador, para en-
tender esta dinámica es necesario retomar el carácter geográfico del ca-
pitalismo y las contradicciones que lo caracterizan como sistema social
institucionalizado.
Retomado el trabajo de Harvey (2004; 2014), Gutiérrez-Rivas argu-
menta que los megaproyectos operan dialécticamente como una estrategia
que busca resolver las contradicciones y crisis del capitalismo —sobrepro-
ducción, sobreacumulación de capital y degradación socioecológica—. Al
absorber la sobreproducción de capital a través de inversiones gigantescas
que suelen durar largos periodos, el desarrollo de proyectos de infraes-
tructura permite “diferir la reentrada del valor del capital a circulación en
el futuro” (2004, p. 109). Destaca así la inversión en infraestructura y me-
gaproyectos, los cuales permiten absorber excedentes para la creación de
nuevos mercados, instituir nuevas relaciones de producción, capacidades
y la creación de nuevas fronteras de mercancía. Sin embargo, la inversión
en estas obras de infraestructura es temporal; es decir, estas no resuelven
las contradicciones internas del capitalismo, aunque sí logran desplazar o
“mover de lugar” las crisis del capital a través de la “producción del espa-
cio” (2004, p.115).
Estos proyectos suelen ser obras de infraestructura que se regulan a tra-
vés de las llamadas Seis C: “se trata de obras colosales en tamaño y alcan-
ce; cautivadoras por los retos ingenieriles que suponen y su antiesteticis-
mo; costosas —generalmente con costos superiores a los proyectados—;
controvertidas; complejas y con problemas de control” (Frick, 2008, cita-
do en Gutiérrez-Rivas, 2020, p. 243). Los megaproyectos suelen implicar
una intensidad temporal y territorial; a diferencia del extractivismo que
suele presentarse como un fenómeno temporal, los megaproyectos suelen
incurrir en impactos de largo plazo en las zonas en las que se desarrollan.4
El arreglo espaciotemporal de Harvey es una de las formas en las que
el capitalismo puede resolver temporalmente el desarrollo de las crisis de
4 Ye et al. (2020, p. 160) incluso argumentan que “el extractivismo no está vinculado a
lugares específicos, sino que puede moverse de forma fluida en el tiempo y el espacio, a
veces de formas inesperadas, lo anterior es clave para entenderlo, pues demuestra cómo
el extractivismo implica una forma de control sobre el territorio, para exportar el valor
a otro territorio. El centro de control es desde donde se produce y opera el extractivis-
mo, es decir, el capitalismo es el control de los flujos”.
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MILITARISMO Y EXTRACTIVISMO EN MÉXICO 37
sobreacumulación. Este proceso requiere una serie de procesos, ensam-
blajes y configuraciones legales y extralegales, así como dispositivos dis-
cursivos, tecnológicos, económicos y políticos que permitan convertir
espacios en territorios legibles para la inversión. Por ejemplo, la privatiza-
ción de un territorio requiere regímenes de exclusión que distingan los
usos y a los usuarios legítimos de los ilegítimos, y la inscripción de lími-
tes mediante dispositivos como vallas, títulos de propiedad, leyes, zonas,
reglamentos, hitos y líneas argumentales (Li, 2014, p. 589). Dicho proce-
so requiere a su vez estrategias de alienación; es decir, la capacidad de se-
parar y abstraer las cosas de los entramados en los cuales existen para dar
la impresión de que existen por sí mismas e incluso que pueden ejercer
una fuerza por sí mismas —que sería una fetichización— (Tsing, 2015).
La capacidad de alienar y fetichizar son esenciales en la producción
de mercancías, puesto que implican la transformación y la modificación
del paisaje, en el que solo importa una de las características del mismo.
Esta sobresimplificación es clave para la producción de un sistema eco-
nómico que se caracteriza por la producción a través del sistema de plan-
taciones (la producción masiva de una mercancía), en donde todo lo de-
más existente en el paisaje se convierte en desperdicio o residuo (Tsing,
2015, p. 5-6).
El despliegue de megaproyectos necesariamente implica una simpli-
ficación del territorio en el que se desarrollan. Estos proyectos operan a
través de lo que se denomina economía de la plantación —que consiste
en la simplificación y alienación de la naturaleza, la demanda de trabajo
barato y no remunerado, la eliminación de conocimientos y formas de
existir, así como la producción de desperdicio— (Tsing, 2015). Su pro-
ducción no solo interactúa con las crisis internas de la sobreacumulación,
sino que incluso pueden ser utilizados para contrarrestar discursivamente
la segunda contradicción interna del capitalismo: la de agotar los medios
de producción a través de la degradación de la naturaleza.
Esta contradicción, teorizada por primera vez por O’Connor (1988),
argumenta que las dos contradicciones (la sobreacumulación y la degra-
dación de la naturaleza) se encuentran dialécticamente entrelazadas: la
necesidad de producir plusvalía al incrementar las formas de explotación
implica el agotamiento y la degradación de la naturaleza (energía, mate-
riales, trabajo, comida), que lleva al capital a expandirse hacia otras fron-
teras. El advenimiento del colapso del clima manifesta cómo hemos al-
canzado “el fin de la naturaleza barata” a través de la cual hemos agotado
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las nuevas fronteras que pueden ser mercantilizadas y extraídas (Moore,
2015; Schindler y Demaria, 2020).
La presentación de obras de infraestructura a través de conceptos
como el desarrollo sostenible suelen utilizarse para desplegar simbóli-
camente una serie de elementos que pretenden, por un lado, eliminar
el carácter controvertido de los megaproyectos y las grandes obras pa-
ra la producción y, por otro, para eliminar la discusión pública o políti-
ca, al ofrecer el proyecto en cuestión como una necesidad técnica, fuera
de la esfera de discusión política en vez debe ser desarrollado por exper-
tos (Gutiérrez-Rivas, 2020). En el caso de México, el despliegue del Tren
Maya, por ejemplo, se justifica alrededor del desarrollo sostenible como
una forma de “capitalizar no solo la naturaleza sino a los seres humanos
y sus culturas, inmersos en un crecimiento que sigue negando los límites
planetarios a pesar de que su discurso los afirma moralmente” (Ansóte-
gui, 2021, p. 117). Asimismo, la Refinería de Dos Bocas utiliza el concep-
to de seguridad energética como una forma simbólica de manifestar el
discurso de independencia, desarrollo y progreso asociado a un modelo
populista de gobierno (Tornel, 2021).
Como establece Gutiérrez-Rivas, “resultará obvio después de lo di-
cho [que] no hay megaproyectos sin violencia” (2020, p. 245). La vincu-
lación estrecha de los megaproyectos con la absorción de flujos interna-
cionales de capital opera como una forma de capturar los excedentes de
producción por medio de inversiones (como hizo China con la Iniciativa
del Cinturón y la Ruta de la Seda, véase Harvey, 2014), mientras se con-
vierten en una forma de justificar discursos populistas en nombre de la
nación, el progreso y el desarrollo e incluso en nombre de la crisis del cli-
ma (Tornel, 2021), así como una respuesta a una realidad inexorable que
debe ser atendida con urgencia (Gutiérrez-Rivas, 2020). Isla (2022), por
ejemplo, recupera el caso del ahora difunto Plan Puebla Panamá (presen-
tado en 2001 y que implicaba a nueve países), como un proyecto regional
de infraestructura dirigido al extractivismo. En este contexto, el extracti-
vismo puede entenderse como:
el robo de cuerpos y territorios en una nueva fase de la acumulación de
capital en donde las industrias extractivas se intensifican […] contribuyen
al etnocidio de pueblos indígenas, las desposesiones del campesinado, la ex-
propiación de la tierra y la destrucción de econosistemas y, al mismo tiem-
po, crean las condiciones para la violación de derechos humanos e incre-
mentan la violencia en contra de las mujeres (Isla, 2022, p. 2).
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MILITARISMO Y EXTRACTIVISMO EN MÉXICO 39
Como argumenta Isla (2022) el enverdecimiento se ha convertido en
la “forma más alta” en la que el extractivismo opera en América Lati-
na. Isla demuestra cómo la Organización de las Naciones Unidas () ,
junto con otras instituciones internacionales como el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional utilizaron el concepto del desarrollo
sostenible —vía el despliegue de “‘arreglos estructurales” para producir
espacios que sean legibles para la extracción de capital—. El enverdeci-
miento implica una nueva forma de colonización, ocupación y despose-
sión a través de la transformación radical de paisajes en el Sur global por
medio de la intensificación del extractivismo y la priorización del creci-
miento económico sobre los usos y formas de vida locales asociadas con
distintos paisajes.
El papel de la infraestructura es clave para comprender cómo el ex-
tractivismo material e inmaterial se hace posible. Por un lado, la organi-
zación de infraestructura permite el flujo o tránsito de mercancías que
son necesarias para construir distintos espacios productivos. Como ar-
gumenta Ceceña, “el tráfico de productos terminados, de mercancías, se
acompaña de un tráfico creciente de piezas en proceso de elaboración o
de ensamblaje que solo se convierten en mercancías a través del tránsito”
(Ceceña, 2019); es decir, el espacio de tránsito se convierte en un espa-
cio clave para la producción de plusvalía; al tiempo que, por otro lado, la
infraestructura —necesaria para el mapeo, medición, vigilancia, monito-
reo y protección de diversos espacios— se vuelve esencial para facilitar el
desarrollo de infraestructura física, como carreteras, ductos, vías, puntos
de carga y descarga (como puertos, aeropuertos y telecomunicaciones),
que faciliten el tránsito y la movilidad, por lo que deben ser protegidos y
vigilados para permitir los flujos de capital y mercancía para el adecuado
funcionamiento del mercado global (Isla, 2022).
Es aquí donde las fuerzas armadas comienzan a desempeñar un pa-
pel significativo. Puesto que las rutas de tránsito, así como el despliegue
de megaproyectos deben estar protegidos para garantizar las formas en
las que el capitalismo incorpora la producción de mercancía. En buena
parte de los países de América Latina, las fuerzas armadas se han desple-
gado para convertirse en los protectores de la infraestructura. En algunos
casos, como México, las fuerzas armadas han tomado incluso el papel de
la construcción y el despliegue de estas obras. De este modo, las fuer-
zas armadas han ocupado progresivamente esferas de la vida pública que
antes no requerían su presencia, lo cual demuestra la forma en la que la
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violencia (o la amenaza de esta) es necesaria para apoyar los procesos de
producción y acumulación de plusvalía, lo que se ha convertido en una
forma de “disciplinar” a la población a través de la naturalización o legiti-
mación de ciertas verdades, significados y conocimientos. Además, el uso
de las fuerzas armadas implica una continuación de las estructuras capi-
talistas-coloniales-extractivas que se han definido hasta aquí. El siguiente
apartado aborda de manera específica una tipología del militarismo para
tratar de identificar las interacciones entre el militarismo en América La-
tina y el fenómeno del neoextractivismo.
E      E   
  
Mabee and Vucetic (2018) proponen una tipología de la militarización
(cuadro 1), que busca identificar las formas en las que se utilizan las fuer-
zas armadas como parte del carácter del régimen político, el Estado y su
interacción con otros actores a escala nacional e internacional.
C I. Tipología de la militarización
Tipología Características principales
Militarismo por
excepcionalidad Suspender el órden político mediante decisiones que
instituyen un estado de emergencia con temporalidades
variables ante una amenaza “enemiga”.
Militarismo del
Estado-nación Se describe como el militarismo de facto. Se conoce como
militarismo westfaliano o keynesiano y consiste en que los
gobiernos pueden y deben aplicar políticas mediante el gasto
militar para impulsar el empleo y la actividad económica
cuando la economía se hunde. El militarismo está separado de
la vida civil.
Militarismo de la
sociedad civil Borra las líneas entre soldados y civiles. Se configura por
el despliegue de tecnologías, operaciones de inteligencia,
vigilancia y reconocimiento y cultura militar para vigilar
ciertas zonas (e.g. fronteras) y, en algunos casos, interceptar
y detener amenazas (e.g. migrantes, terroristas, etc.).
Ejemplos contemporáneos son algunos grupos civiles que
participan en actividades de antidelincuencia, antiterroristas,
contrainsurgencia, etcétera.
Militarismo
neoliberal La expansión de las ideas, instituciones y prácticas del
capitalismo neoliberal transformaron a las fuerzas sociales
movilizadas en poder militar, primero en la zona euroatlántica
y luego a nivel mundial. Se caracteriza por la mercantilización
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MILITARISMO Y EXTRACTIVISMO EN MÉXICO 41
C I. Tipología de la militarización (continuación)
Tipología Características principales
y privatización del militarismo en servicios de defensa y por
el declive del servicio militar obligatorio. También implica
el aumento de actores militares privados, como empresas
mercenarias y de seguridad. La mecánica del capitalismo
tardío va de la mano de la imaginación neoliberal de la
libertad, las creencias, los valores y las prácticas de muchas
instituciones militares.
Militarismo
neoextractivista Se caracteriza por un liderazgo del Estado por mantener
la extracción de minerales e hidrocarburos, el desarrollo
de megaproyectos y la acumulación de naturaleza barata, a
través del despliegue de las fuerzas armadas para sostener
la producción. La configuración de nuevas tecnologías de
vigilancia, extracción de datos y plataformas, se utilizan para
reproducir y disciplinar a los sujetos de extracción. Asimismo,
el militarismo utiliza el despliegue de las fuerzas armadas
para salvaguardar el desarrollo de infraestructura, que se
convierten a veces en las fuerzas encargadas de garantizar la
producción de mercancía y la modificación de paisajes que
permiten simplificar, alienar y fetichizar la producción, así
como legitimar y disciplinar a la población con una idea
hegemónica de desarrollo.
Fuente: Elaboración propia con base en Mabee y Vucetic (2018).
Al reproducir esta tipología no se busca abonar una categoría adicional
a la disciplina de los estudios de seguridad, sino interpretar la forma en
la que se ha estudiado y entendido el militarismo casi siempre desde la
perspectiva del Norte global. Abordar la militarización en América Lati-
na durante las últimas tres décadas demuestra que la tipología no solo está
limitada por un contexto histórico y geográfico, sino que la configura-
ción del capitalismo contemporáneo en la región latinoamericana ofre-
ce una interacción distinta entre los tipos de militarismo y las estructuras
que configuran la modernidad capitalista.
Para Mabee and Vucetic (2018), el punto central tiene que ver con la
forma en la que el militarismo se sitúa entre las interacciones del poder
estatal o en términos de la reconfiguración del poder político. De acuer-
do con los autores, el militarismo no responde a una propuesta puramen-
te dictada por los intereses económicos; sin embargo, su categorización
deja de lado una comprensión histórica del capitalismo. A esta tipología
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podríamos agregar algunos puntos de diferencia que operan en el con-
texto latinoamericano. La constitución de la región como parte de la di-
visión internacional del trabajo representa un tipo de militarismo distinto
al que opera en países del Norte global. En el marco del neoextractivis-
mo, el Estado se convierte en operador de las rentas extractivas, para lo
cual las fuerzas armadas funcionan como representante simbólico de la
“subjetivación”, la formación de conductas (Foucault, 2007) o la “auto-
formación de comportamientos, hábitos, capacidades y deseos de deter-
minadas categorías de individuos para fines particulares” (Huxley, 2008,
p. 1648). De esta forma la violencia asociada al extractivismo se aplica en
el territorio —al doblegar, desplazar, suprimir o disciplinar a aquellas po-
blaciones que se muestran contra el proceso—, así como a través de una
codificación simbólica en donde un determinado “orden de las cosas”
se convierte en algo aparentemente natural y se promulga como sentido
común (Van Teijlingen, 2016).
Como bien lo establece Verdes-Montenegro (2019) el papel de las
fuerzas armadas —a diferencia de lo que pudo haber sido durante los si-
glos  y — ya no es defender el territorio de sus respectivos países
vecinos, sino la perpetuación de ciertos regímenes político-económicos.
La tipología de Mabee y Vucetic puede adecuarse al carácter de algunas
de las formas en las que se ha manifestado el despliegue de las fuerzas ar-
madas; sin embargo, hace falta una categorización que nos permita vin-
cular el despliegue de las fuerzas militares con el fenómeno extractivo
contemporáneo de la región.
El neoextractivismo en América Latina, junto con el enorme desplie-
gue de la infraestructura en la región, se han caracterizado por el crecien-
te uso de la violencia para disciplinar territorios, poblaciones y grupos
con el fin de hacer legible el proceso extractivo. En buena parte de la re-
gión, el despliegue de polos de desarrollo (Álvares, 2016) ha instituciona-
lizado la creación de zonas excepcionales, en las cuales las estructuras tra-
dicionales de las leyes se aplican de forma diferenciada o incompleta, con
el fin de facilitar la inversión extranjera directa, incrementar el desarrollo
de ciertas regiones o acelerar el crecimiento económico (McEwen, 2017).
El despliegue de estas zonas económicas extralegales, excepcionales o
extemporáneas demuestra la forma en que los actores privados obtienen
poderes administrativos y la autoridad necesaria para incrementar el de-
sarrollo de infraestructura (Easterling, 2014, p. 2). En el caso de México,
el despliegue de las fuerzas armadas ha jugado un papel clave en la con-
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MILITARISMO Y EXTRACTIVISMO EN MÉXICO 43
figuración de estas zonas, así como en la construcción de infraestructura
y megaproyectos que permiten y facilitan el proceso extractivo en el país.
L   M    
   
La militarización de la vida pública que surge en México asociada a la
guerra contra el narcotráfico desde 2006 ha tenido un papel importante
en la cultura militar del país, así como en el enorme costo en vidas huma-
nas.5 La intención aquí, sin embargo, no es analizar el carácter militar que
ha tenido este proceso, sino identificar los puntos de interacción entre el
avance del militarismo y el progresivo uso de la violencia y las fuerzas ar-
madas para sostener un modelo de extracción, acumulación, desposesión
y producción articulado con el capitalismo global. Este proceso es espe-
cial y espacialmente visible en estas zonas económicas especiales () en
donde el capital puede desplazarse libremente.
Las  tienen su primera manifestación en México durante la admi-
nistración de 2012-2018, cuando su justificación implicaba no solo in-
tegrar las distintas regiones del país a un proceso global de extracción y
producción, sino la reconfiguración del territorio a través del desarrollo
de corredores multimodales, la construcción de infraestructura de trans-
porte, energía y el acceso a los recursos naturales de una zona específica
(Geocomunes, 2018).
La administración de Andrés Manuel Lopez Obrador recupera el de-
sarrollo de estas zonas reconfigurándolas como “polos de desarrollo”, que
asumen las mismas características y que buscan la reconversión del sur-
sureste del país a través del proyecto integral Tren Transístmico y el mal
llamado Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el programa Sembrando
Vida, los cuales están directamente asociados con la creación de la Guar-
dia Nacional. Como se observa en la figura 1, el despliegue de estos me-
gaproyectos se vincula con la existencia de las , lo que facilita el trán-
sito de mercancía, la intercepción de los flujos migratorios hacia el norte
y la transformación de territorios y paisajes con objeto de hacerlos legi-
bles para la inversión y la extracción.
La construcción de megaproyectos o la reactivación de infraestructu-
ra ya construida (como el caso de los trenes de la cuarta transformación),
5 Los informes más recientes establecen el costo de hasta 35 mil muertes y desaparecidos
al año en el país. https://bit.ly/3gnIfIn
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opera no solo a través de la obra misma —la cual tiene configuraciones
materiales y espaciales importantes—, sino que implica una transforma-
ción integral del territorio a través del despliegue de otros megaproyectos
energéticos, turísticos, productivos, así como de un incremento importan-
te de la inversión extranjera directa. Así, los proyectos tratan de operar de
manera articulada para permitir la extracción y mercantilización de re-
cursos, como hidrocarburos, minerales, agua, tierra, biodiversidad, etc. En
el caso de proyectos como el Tren Maya y el Tren Transístmico, la recon-
figuración del territorio como un espacio de tránsito implica dar acceso
a la mayor concentración de las reservas de hidrocarburos a nivel nacio-
nal (84%), así como facilitar el transporte de mercancías y personas hacia
los mercados asiáticos, europeos y el estadounidense (Geocomunes, 2020).
El despliegue de los polos de desarrollo sigue la misma lógica de las
; sin embargo, la gran diferencia que surge a partir de estos proyec-
tos es la forma en que la administración pública federal ha utilizado a las
fuerzas armadas para asegurar el despliegue, construcción, operación y
Fuente: Geocomunes (2020, p. 30).
F 1. El despliegue de megaproyectos
y la reorganización del territorio del sur-sureste.
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MILITARISMO Y EXTRACTIVISMO EN MÉXICO 45
desarrollo de estos. De acuerdo con Geocomunes (2018) muchas de las
 ofrecen una justificación para la obtención de trabajo barato debido
a la superimposición de las mismas con las principales rutas migratorias
hacia Estados Unidos, además de una justificación para la militarización
y el control territorial. A lo anterior podríamos agregar que en algunos
casos el despliegue de las fuerzas militares no disminuye la violencia, sino
que “la experiencia mexicana muestra que incluso, en determinadas cir-
cunstancias, el despliegue militar puede ser en sí mismo causa de que la
violencia aumente” (Centro Prodh, 2021, p. 190).
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez (Centro Prodh, 2021) la participación de las fuerzas armadas
en la vida pública del país ha jugado un papel cada vez más significativo,
pero en el sexenio de López Obrador (2018-2024) es posible identificar
cómo las fuerzas armadas han tenido un papel cada vez más prevalente
en la vida pública. De acuerdo con el informe del Centro Pro, la marina,
el ejército y la Guardia Nacional realizan al menos 27 nuevas tareas entre
las que se encuentran:
La construcción del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, la administra-
ción del Banco del Bienestar, el desarrollo de dos tramos del Tren Maya,
la remodelación de hospitales abandonados, acciones relacionadas con la
atención a la pandemia causada por el Covid-19, combate al huachico-
leo, vigilancia en fronteras, apoyo a la Guardia Nacional, distribución de
programas sociales, atención al programa Jóvenes Construyendo el Futu-
ro, apoyo en el programa Sembrando Vida, reparto de fertilizantes y ad-
ministración de puertos y aduanas.
Destaca el anuncio del presidente que, para el caso del Tren Maya, se-
rá el ejército el que construirá los tramos 5, 6 y 7 y que la administración
y operación de Tulum a Palenque estará a su cargo; además, la construc-
ción de los más de 1 500 kilómetros pasarán a ser propiedad de la Se-
dena. Lo anterior “con el propósito de que sea buena la administración
del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente y que las utilidades se
destinen a fortalecer las finanzas para sus pensionados y jubilados” (Mu-
rillo, 2021).
La creciente participación de las fuerzas armadas en el desarrollo y
protección de infraestructura, así como en el resguardo de proyectos, in-
fraestructura y actividades que se consideran estratégicas para salvaguar-
dar la integridad del crecimiento económico y el desarrollo demuestra
cómo las fuerzas armadas se han convertido en parte integral necesaria
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para asegurar los procesos productivos y suprimir oposiciones tanto de
forma física como discursiva a su desarrollo. Destaca el uso de las fuerzas
armadas a través de tres decretos publicados en abril, mayo y noviembre
de 2020, respectivamente en el Diario Oficial de la Federación ().
En el primero de estos decretos, publicado el 23 de abril en el , se
retoma el marco de la emergencia sanitaria nacional declarada por la en-
fermedad causada por el Covid-19, se anunció un recorte presupuestal de
hasta 75 por ciento para todas las agencias y programas gubernamentales,
excepto los grandes megaproyectos emblemáticos de la administración, así
como el presupuesto de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional (,
2020a). El segundo, emitido el 11 de mayo, permitía que el ejército y la
policía participaran en las tareas de seguridad pública junto con la recién
creada Guardia Nacional hasta marzo de 2024 (, 2020b). Por último,
el tercero establece como estratégico el desarrollo de estos proyectos por
ser de interés para la seguridad nacional, y otorga permisos provisionales a
toda obra y proyectos de infraestructura asociados con los sectores de “co-
municaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídri-
co, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus
modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su obje-
to, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prio-
ritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional” (, 2021).
Originalmente, el argumento de crear la Guardia Nacional era redu-
cir la cultura militar en el país que se había registrado desde 2006 con el
avance de la guerra contra el narcotráfico en México (Amnistía Inter-
nacional, 2020). Sin embargo, en 2020, tan solo nueve meses después de
que se había configurado el organismo, la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos () había registrado al menos 219 denuncias a la
Guardia Nacional, entre estas 51 detenciones arbitrarias, 28 casos de trato
cruel, inhumano o degradante, tres casos de tortura, dos homicidios ilegí-
timos y dos desapariciones forzadas.6 En 2022, el número de quejas ante
la  se había incrementado a 1 056, superando incluso a la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) (Rodríguez, 2020).
6 Además de que resulta difícil determinar el número total de violaciones de derechos
humanos que está cometiendo la Guardia Nacional, debido a la falta de transparencia
de las autoridades, la ausencia de un mecanismo especializado e independiente de vigi-
lancia, el hecho de que las víctimas a menudo tienen miedo de denunciar a las fuerzas
de seguridad por temor a represalias y los peligros que inhiben la labor periodística en
grandes zonas del país.
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El despliegue de las fuerzas armadas para la construcción y operación
de megaproyectos a través de la declaración de estados de emergencia y
excepción, coincide con la categorización de algunos territorios como
excepcionales para asegurar el desarrollo. Como establecen Man y sus
colaboradores (2019) el militarismo y el capitalismo operan en simbiosis;
desde que el capitalismo requirió el uso y tráfico de cuerpos humanos y
mano de obra su interacción ha permitido extender el legado colonial
del imperialismo al suprimir movimientos anticapitalistas, así como al
disciplinar y estabilizar los procesos productivos y extractivos de los que
depende el capitalismo.
En el caso de proyectos como el Tren Maya o la Refinería de Dos
Bocas, los cuales han recibido críticas de grupos y organizaciones indí-
genas, locales y ambientalistas, la progresiva militarización de sus opera-
ciones funciona como un método de pacificación, contrainsurgencia y
como una forma de inhibir cualquier crítica o acción de protesta (Uc,
2021). En ambos, se buscó aprovechar las circunstancias excepcionales
de la pandemia global para acelerar el desarrollo de los proyectos; López
Obrador ha asegurado que serán un símbolo del éxito de su gobierno al
fin de su mandato (Tornel, 2021) “mientras sus opositores se quedan en
casa para refugiarse de una enfermedad respiratoria altamente contagio-
sa” (Young, 2020).
La creación de espacios extrajudiciales o excepcionales es clave para lo
que Zografos y Robins (2020) describen como las “zonas de sacrificio”.
Siguiendo el argumento de que lo más significativo para el colonialismo
es el acceso a la tierra (Coulthard, 2014), la creación de  o polos de
desarrollo implica una separación entre los costos y los beneficios econó-
micos que surgen de la transformación del paisaje a nivel local. Esta trans-
formación implica el ensamble de materialidades, relaciones, tecnologías
y discursos que permiten convertir un territorio en un espacio extraíble,
invertible o productivo (Li, 2014).
La característica contemporánea del extractivismo tiene que ver con
la universalización de estas zonas de sacrificio, lo que a su vez se debe
a la forma en la que el extractivismo ha permeado en cada vez más as-
pectos de la vida pública —desde la extracción de datos, las plataformas
y la vigilancia hasta los sectores de la construcción, pasando por la pro-
ducción de monocultivos, el turismo, la financiarización, la logística y las
operaciones globales del proceso extractivo que caracterizan el capita-
lismo contemporáneo (McNeish y Shapiro, 2020)—. De forma paralela,
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los conflictos socioecológicos o ambientales se han multiplicado rápida-
mente en casi todo el territorio (Conversando con Goliat, 2018; EJAtlas,
2022; Global Witness, 2021). Tetreault por ejemplo, encuentra que:
el Estado mexicano ha facilitado al capital privado y extranjero un mayor
acceso a los recursos naturales del país en la transición de la industriali-
zación de sustitución de importaciones dirigida por el Estado al desarro-
llo orientado a la exportación por el mercado [mientras que] las tasas de
extracción nacional aumentaron significativamente durante este periodo
(1990-2018), con la excepción de los combustibles fósiles, que alcanzaron
su máximo en 2006 (Tetreault, 2020, p. 2).
El análisis de Tetreault es clave para comprender cómo la evolución de las
tasas de extracción nacional se yuxtaponen con la exacerbación de con-
flictos socioecológicos en la región. Asimismo, este proceso se debe com-
parar con el papel de las fuerzas armadas en México con el objetivo de
comprender cómo el militarismo opera en su interacción con el capita-
lismo y la lógica extractiva de la región. De esta forma, las llamadas 
o polos de desarrollo se convierten en zonas de sacrificio, espacios que,
para permitir su legibilidad, utilizan conceptos discursivos como el de-
sarrollo sostenible e incluso utilizan el cuidado del medio ambiente y la
transición energética (Ansótegui, 2021; Ávila, et al. 2022; González et al.
2022; Isla, 2022; McCarthy y Thatcher, 2019) para justificar la integra-
ción y privatización de tierras y territorios —algunos tradicionalmente
comunales y ejidales (Torres Masuera, et al. 2021)— con el fin de garan-
tizar la posibilidad del desarrollo.
De los más de 183 conflictos socioecológicos identificados en Mé-
xico por el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas, 2022) —la mayoría co-
rresponde a minería, petróleo, extracción de biomasa, construcción de
represas y desarrollo de proyectos energéticos—, casi todos se encuentran
en zonas en donde se construyen megaproyectos y la militarización se ha
movilizado como un agente contrainsurgente para transformar el carác-
ter del territorio (Conversando con Goliat, 2018). De esta forma, es po-
sible no solo reconocer el potencial de un incremento de la pacificación
y la disciplina alrededor de la imposición de un modelo único de desa-
rrollo, sino la forma en la que el nexo capitalismo-extractivismo-milita-
rismo opera a través de la construcción de zonas de sacrificio y múltiples
formas de violencia.
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Dos ejemplos pueden ser clave para comprender esta cuestión. El pri-
mero se refiere al desalojo de la casa de los pueblos Altepelmecalli en las
instalaciones de la fábrica de Bonafont en Puebla en febrero de 2022. La
forma en la que las fuerzas armadas, incluidas la policía local, federal y la
Guardia Nacional fueron desplegadas para remover la ocupaciòn “ilegal”
de los pueblos, lo que demuestra el ensamble de discursos, tecnologías,
sistemas de expulsión y cómo las fuerzas armadas se articulan para dar le-
gitimidad a un discurso sobre otro.
El desalojo de los pueblos dejó de lado el saqueo de 1’640 mil litros
diarios de agua del municipio Juan C. Bonilla, que de día y de noche ha-
bía acosado a los pobladores durante más de veinte años. Las y los pobla-
dores destacaron la forma en que algunos derechos tienen más peso que
otros, cuando el derecho a agua, al medio ambiente sano y a la vida digna
que están tipificados en la Constitución pasan a segundo plano si se trata
de la posibilidad de producir mercancía para una empresa transnacional
(Bellinghausen, 2022).
Asimismo, el segundo ejemplo refleja la continuidad entre los go-
biernos de distintos partidos políticos para sostener el avance del proceso
extractivo vía el desarrollo de infraestructura de gran escala. El Proyecto
Integral Morelos, que puede considerarse como un megaproyecto ener-
gético e hidroextractivo impulsado por el Estado mexicano en asociación
con las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás es un intento por
reconfigurar urbana e industrialmente las entidades de Tlaxcala, Puebla y
Morelos (Luna-Nemecio, 2021).
El proyecto fue propuesto por el gobierno de Felipe Calderon (2006-
2012), retomado por el de Enrique Peña Nieto como un proyecto estra-
tégico (2012-2018) y más tarde adoptado por la administración de An-
drés Manuel López Obrador (2018). Tan solo tres días antes de que se
llevará a cabo la consulta sobre la planta termoeléctrica, Samir Flores So-
beranes fue asesinado a tiros en la puerta de su casa en Amilcingo. Como
describe Tetreault: “con un lenguaje que recuerda el utilizado por Rafael
Correa y Evo Morales en su burla a los ecologistas y grupos indígenas
que se oponen a los proyectos extractivos en la región andina de Suda-
mérica, AMLO se refirió a los opositores a la termoeléctrica de Morelos
como ‘radicales de izquierda’, a los que considera ‘no más que conserva-
dores’” (Tetreault, 2020, p. 8).
Con estos ejemplos podríamos decir que las fuerzas armadas se han
convertido poco a poco en fuerzas legales para legitimar el despojo.
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C
Este texto argumenta la necesidad de articular la creciente tendencia de
militarización en América Latina con el avance de los procesos extrac-
tivos y a su vez con una larga historia que ha categorizado el papel de
la región en la división internacional del trabajo. Con base en el caso de
México, el militarismo asociado al despliegue de proyectos extractivos y
la construcción de megaobras de infraestructura se entiende como parte
del mismo proceso de configuración del capitalismo global.
Si efectivamente hemos alcanzado el fin de la naturaleza barata (Moo-
re, 2015) y, como establecen Mezzadra y Nielson (2017), el extractivis-
mo se ha convertido en el paradigma dominante del capitalismo con-
temporáneo, las formas en las que el sistema debe continuar asegurando
la producción de plusvalía para la acumulación requieren necesariamente
métodos cada vez más violentos. Estas formas de violencia, como se des-
cribió en el primer apartado, van mucho más allá de la violencia física o
directa, implican formas de violencia epistémica y ontológica. Estas in-
cluyen la extracción del conocimiento para dar legitimidad a los procesos
extractivos, la activa eliminación de otras formas de conocer y entender
la realidad, así como la opresión, deslegitimación y activa eliminación de
otro tipo de conocimientos alternativos que ven más allá del horizonte
del desarrollo como la única forma de existir y ser en el mundo (Esco-
bar, 2016; Grosfoguel, 2015; Gudynas, 2021; Klein, 2013; Santos, 2014).
La confrontación del capitalismo con sus límites internos y externos
reproduce una de sus contradicciones esenciales: el avance tecnológico im-
plica un incremento de la cantidad de productos y la acumulación de plus-
valía, pero produce alienación y degradación (Harvey, 2014; Jappe, 2017).
De esta manera, aunque es cierto que el capitalismo ha encontrado nuevas
avenidas y fronteras de mercancía y acumulación —por ejemplo, aquellas
asociadas al despliegue de tecnologías renovables (McCarthy, 2015; Sur-
prise, 2020), así como otras formas inmateriales de acumulación (Srnicek,
2016; Zuboff, 2020)—, estas siguen teniendo impactos materiales y espa-
ciales, los cuales se hacen evidentes en la transformación y en la transferen-
cia de los costos o la degradación de un paisaje a otro. Es decir, los lugares
de extracción están metabólicamente conectados a otras zonas espacial y
temporalmente distantes (Cederlöf, 2021; Zografos y Robbins, 2020).
El militarismo se ha convertido en una de las formas más efectivas
para garantizar que los procesos de acumulación y la producción de plus-
valía puedan continuar. Asimismo, el Estado es un actor clave para hacer
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MILITARISMO Y EXTRACTIVISMO EN MÉXICO 51
legible o asegurar que el capital internacional tenga acceso al territorio y
legitimar la transformación del paisaje necesario para realizar este proce-
so. En el caso de México, la creación de zee o polos de desarrollo, junto
con el despliegue de las fuerzas armadas ha permitido una reconfigura-
ción integral del sur y el sureste del país.
El despliegue de megaproyectos en estas  se entiende como una
solución espacio-temporal que permite resolver las contradicciones del
capitalismo. Así, se hace imposible separar las acciones dentro del Estado
—como aquellas que tratan de cuestionar el carácter neoliberal de las re-
formas estructurales o las que buscan confrontar el pasado colonial— de
las estructuras globalizadas que están muy arraigadas en la organización
internacional del trabajo (Anthias, 2018). En este sentido, es pertinente re-
conocer las formas en las que los discursos, como el desarrollo sostenible
y la transición energética, tienen que garantizar el acceso y la producción
de estas fronteras de la mercancía y no necesariamente reconocer otras al-
ternativas de desarrollo (Isla, 2022; Lohmann, 2022; Olivera, et al. 2022).
Como describe el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil
(), en Yucatán ya existían alternativas locales al desarrollo basadas en
distintos saberes “para mejorar la calidad de vida y construir procesos au-
ténticos del manejo sustentable de nuestros recursos naturales y por en-
de de nuestro territorio, en el marco de la Libre Determinación” (,
2020). La imposición que supone el Tren Maya en el territorio implica
eliminar o deslegitimar este tipo de conocimientos y formas de ser, ade-
más de violentar el derecho de las comunidades indígenas de decidir so-
bre su propio territorio y futuro (, 2018).
Aunque esta investigación encontró pocos casos en los que las fuer-
zas armadas encargadas de la construcción de los megaproyectos hayan
perpetrado directamente violencia física, la opacidad y la falta de transpa-
rencia, así como la politización de las fuerzas armadas, demuestra no so-
lo la creciente dificultad para monitorear cómo se produce el despliegue
generalizado en buena parte del espacio público y la vida social en Mé-
xico, sino que revelan la forma en la que la militarización funciona co-
mo un discurso de formación y producción de sujetos o para disciplinar
y moldear las conductas de ciudadanos gobernables, así como para disi-
par o incluso prevenir la resistencia o manifestación del desacuerdo (Van
Teijlingen, 2016).
Lo expuesto en este capítulo demuestra no solo que el papel del Es-
tado se ha reducido a uno que permite al capitalismo global tener acce-
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so a nuevas fronteras de la mercancía, sino que en la vuelta al neoextrac-
tivismo el Estado ha movilizado y comenzado a depender cada vez más
de las fuerzas armadas para ocupar los espacios de la vida pública. El uso
de la violencia o la impresión de que son las fuerzas armadas las respon-
sables de proteger, construir y vigilar los puntos de extracción, el desa-
rrollo de megaproyectos y la integridad de la infraestructura demuestran
que, en efecto, existe un nexo entre el creciente militarismo, en países
como México, asociado con el regreso al extractivismo en la región la-
tinoamericana.
Lo anterior demuestra que el neoextractivismo en América Latina
refleja el descenso hacia la barbarie a la que se refiere Benjamin. La posi-
bilidad de “frenar el tren del progreso” está inscrita en las posibilidades de
resistir, repensar y contrarrestar las economías de la plantación y las for-
mas en las que continúan operando a través del capitalismo contemporá-
neo. La tipología de la militarización para América Latina que se presenta
en este capítulo ofrece un paso hacia ese objetivo.
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Soldados pasan revista frente al presidente Peña Nieto en el Heroico Colegio Militar, Ciudad de México
(2018).
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Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 59Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 59 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

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61
Detrás de la avaricia por los bienes naturales:
militarización silenciosa en México
Aleida Azamar Alonso
El olvido está tan lleno de memoria
que a veces no caben las remembranzas
y hay que tirar rencores por la borda
en el fondo el olvido es un gran simulacro
nadie sabe ni puede/anque quiera/olvidar
un gran simulacro repleto de fantasmas…
Mario Benedetti
En los últimos años la extracción de los bienes naturales ha servido pa-
ra afianzar la estrategia gubernamental de militarización de los cuerpos
de seguridad civil para la protección de los espacios extractivos, generan-
do con ello procesos de violencia contra la población que podría estar
en contra. Si bien la obtención de los recursos primarios, como minera-
les, hidrocarburos, madera y agua, entre otros, son fundamentales para la
supervivencia humana, lo cierto es que la forma en que se llevan a cabo
dichas actividades de extracción actualmente superan por mucho las ne-
cesidades sociales y están orientadas sobre todo a cubrir las demandas del
mercado para garantizar la reproducción del capital. Esto provoca, por un
lado, malestar entre la población cercana a donde se realizan actividades
extractivas, pues al ser intensivas tienen efectos negativos multidimensio-
nales en la seguridad social, ambiental, económica, de salud y laboral. En
consecuencia, genera conflictos que pueden escalar hasta la violencia fí-
sica debido al despojo a las comunidades y a la apropiación de distintos
recursos, entre otras cosas.
Actualmente, la militarización en México empata con la modifica-
ción de la estrategia de seguridad pública, ya que se ha adoptado el uso
de fuerzas armadas para tareas de vigilancia y prevención del delito, entre
otras, lo que ha provocado que el ejército y la Guardia Nacional enfren-
ten a la población que rechaza las actividades extractivas o de infraestruc-
tura en sus territorios con resultados poco efectivos para resolver estos
problemas.
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ALEIDA AZAMAR ALONSO
62
Para la metodología de análisis de este trabajo se retomó la propuesta
del Centro Internacional de Bonn para la Conversión (, por sus siglas
en inglés) y el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocol-
mo, que se empleó para el análisis cuantitativo del proceso de militariza-
ción. También se revisaron varias conceptualizaciones desde el punto de
vista cualitativo sobre la militarización y la forma en que esta estrategia
se aplica en América Latina y en México en particular, ya que se consi-
dera que con la parte cuantitativa que se enfoca más en el gasto militar
el análisis estaría incompleto porque no refleja la realidad de nuestro país.
Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar el proce-
so de militarización que se ha dado en México por proyectos extractivis-
tas y grandes obras de infraestructura, específicamente desde 2018 hasta
hoy, aunque también se recuperan algunos procesos previos. Así, este ca-
pítulo se compone de tres apartados. En el primero se describe la forma
en que en los últimos veinte años el Estado mexicano ha modificado sus
regulaciones constitucionales para facilitar el actuar de las fuerzas arma-
das en labores de seguridad civil, así como para la construcción de obras
públicas. En la segunda sección se analiza el concepto de militarización,
así como las implicaciones de esta idea para el contexto mexicano; por
último, se menciona la metodología de su análisis cuantitativo y cualita-
tivo. En el tercer apartado se revisa la situación de la intervención de las
fuerzas armadas en distintas actividades extractivas y obras de infraestruc-
tura durante el actual sexenio presidencial con varios ejemplos, como el
Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el
Proyecto Intergral Morelos, el Corredor Interoceánico del Istmo de Te-
huantepec, así como el uso de la Guardia Nacional en actividades extrac-
tivas y la policía minera. Finalmente, se presentan las conclusiones don-
de se reconoce que el proceso de militarización por el que actualmente
atraviesa México es continuista respecto a lo que sucedía en sexenios an-
teriores, pero tiene como característica particular un sentimiento de na-
cionalización que intenta lavar la imagen de esta institución para aumen-
tar su aceptación social.
E     M
Desde 2014 el presidente del país tiene como una de sus principales res-
ponsabilidades establecer una Estrategia de Seguridad Pública Nacional
para la prevención del delito y la protección de la seguridad ciudadana;
entre otros muchos aspectos, cabe destacar que esto se implementa a tra-
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 62Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 62 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

DETRÁS DE LA AVARICIA POR LOS BIENES NATURALES 63
vés de las instituciones de seguridad civil. Sin embargo, debido a la actual
situación de violencia por la que atraviesa México,1 desde 2007 el ejérci-
to ha ejecutado diversas funciones exclusivas de la policía con la finalidad
de intentar frenar esta situación sin mucho éxito.
Precisamente a partir de ese mismo año, el número de homicidios en
el país se elevó de forma vertiginosa (gráfica 1) como posible resultado
de la intervención de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pú-
blica (Grayson, 2013).
El problema de esta situación es que el papel de las fuerzas armadas
ha cobrado mayor relevancia en la realización de dichas tareas. La reforma
al artículo 129 de la Constitución mexicana, publicada en 2019, estable-
ció que el presidente puede disponer del uso de las fuerzas armadas para
la realización permanente de tareas de seguridad pública. Esta cuestión es
un realce a la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal de 2018, que modificó las facultades de las diferentes institucio-
nes de seguridad en el país, pues se transfirieron de la Secretaría de Go-
1 De acuerdo con Global Peace Index, publicado por el Institute for Economics and
Peace (2022), México ocupa el lugar 137 de 163 respecto a violencia en el mundo, de-
bido sobre todo al gran número de homicidios provocados por conflictos internos.
G 1. Cantidad de homicidios intencionados en México
(2004-2021)
Fuente: Elaboración propia con datos de la  (2022).
Homicidios dolosos
Año
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 000
0
y
x
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 63Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 63 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

ALEIDA AZAMAR ALONSO
64
bernación (Segob) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
() aquellas concernientes a la creación de las estrategias para la segu-
ridad pública nacional.
En el mismo año se estableció como estrategia de seguridad públi-
ca nacional la creación de la institución denominada Guardia Nacional,
la cual reemplazaría a la policía federal como cuerpo policial con juris-
dicción nacional. La Guardia Nacional, como se señala en la ley que rige
esta organización, tiene un carácter civil y es un órgano administrativo
desconcentrado de la , cuyo fin es colaborar temporalmente en tareas
de seguridad pública en todo el país. A pesar de lo anterior, esta corpora-
ción está compuesta en su mayoría por militares activos de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar),
pues 76 por ciento de su personal pertenece a una institución castrense
del país (gráfica 2).
A pesar de que está planteada como una organización de carácter civil,
actualmente se encuentra encabezada por el general de brigada Luis Ro-
dríguez Bucio, quien está retirado de la Sedena y fue presentado para el
cargo por el general Luis Crescencio Sandoval, actual secretario de la De-
fensa Nacional, por lo que es evidente la gran influencia de la Sedena en
la organización.
G 2. Composición de la Guardia
Nacional (integrantes)
Fuente: Elaboración propia con datos de la  (2021).
24 174
16 513
59 548
Policía Federal
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 64Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 64 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

DETRÁS DE LA AVARICIA POR LOS BIENES NATURALES 65
Por otra parte, la  —que está encargada del planteamiento y eje-
cución de la estrategia de seguridad pública nacional—, no participa en
la formación, capacitación y entrenamiento de la Guardia Nacional, de
esa tarea se encargan la Sedena y la Semar; es decir, hay un proceso de
militarización en la formación de su estructura operativa y de mando sin
que esto refleje de forma específica su actuar, pero sí condiciona la mane-
ra en que responderá a las diferentes situaciones que esta agrupación en-
frente en el futuro, siendo comunes los conflictos sociales por parte de la
población que se encuentra inconforme con ciertas acciones del Estado.
Por último, para establecer que dicha organización es en realidad un
cuerpo militar de facto con disfraz civil, se puede recuperar lo investiga-
do por Rincón y Ángel (2022), quienes señalan que de acuerdo con un
plan de organización interno de la Sedena, que se completará para el año
2023, la Guardia Nacional dará de baja a todos sus miembros civiles, tan-
to administrativos como elementos activos que pertenecían a la policía
federal. Así, la estrategia de Seguridad Pública Nacional ha sido transfe-
rida directamente a manos del ejército mexicano, y dicha estrategia se ha
converido en un proceso de militarización, dejando a cargo de esta or-
ganización tareas que no requieren el uso de fuerza sino la necesidad de
establecer diálogos.
E    
Este concepto es ambiguo y carece de una definición universal; se refiere
vagamente a un proceso sobre el uso del ejército en tareas de seguridad
pública, por lo que se ha debatido sobre su alcance y operacionalización.
En la actualidad existen modelos internacionales de carácter cuantitativo
que permiten retratar una imagen parcial del tema, pero tienen varias li-
mitantes en cuanto a su aproximación sobre la realidad en la que aplica,
pues únicamente se centran en cuestiones como el gasto, la cantidad de
personal en activo o el número de armas, así como el resultado de accio-
nes directas realizadas por el ejército, dejando de lado dinámicas institu-
cionales, así como procesos sociales y la transformación de la perspectiva
normativa (Azamar, 2020; Morales y Pérez, 2014).
Vale la pena destacar que en México, de acuerdo con el gobierno
del país, el ejército es una institución armada permanente con varios fi-
nes, sus funciones se resumen en garantizar la independencia del Estado
de cualquier fuerza que ponga en riesgo su devenir, así como el apoyo
y fortalecimiento de la seguridad interior; mientras que la policía es un
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 65Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 65 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

ALEIDA AZAMAR ALONSO
66
cuerpo civil encargado de la seguridad pública para prevenir y mediar
en conflictos. Ahora bien, como señala el mismo gobierno al establecer
las características de estos cuerpos de seguridad, se manifiesta como una
particularidad en sus responsabilidades la diferenciación entre la delin-
cuencia y la criminalidad como parte de las tareas de civiles y fuerzas ar-
madas respectivamente (Gobierno de México, 2019). Esta diferencia es
importante en el margen de actuación de la policía y los militares, pues
un delincuente es un sujeto que se encuentra sentenciado, mientras que
un criminal es aquel que se presume ha cometido un ilícito que requiere
una revisión mediante un proceso judicial (Sandoval y Martínez, 2008).
Es decir, existe la distinción de la labor de seguridad en la que las
fuerzas armadas pueden intervenir en tareas de seguridad pública, como
actualmente se observa con la Guardia Nacional, cuerpo integrado en su
mayoría por militares activos y dirigido también por estos. En la obser-
vación de Hall y Coyne (2013) sobre este tema, cuando el ejército actúa
en este orden se considera que se trata de un proceso de militarización
directa en el que no solo intervienen las agencias civiles de seguridad pú-
blica, sino también el Estado.
Este análisis se enriquece con la observación de Morales y Pérez
(2014), quienes señalan que la militarización es en parte la adopción que
las instituciones de seguridad civil hacen de las lógicas castrenses de neu-
tralización, entendida como eliminación de objetivos, en vez de buscar
la contención y el desescalamiento del conflicto. Ahora bien, este punto
de análisis se refiere únicamente a la actuación de los cuerpos de seguri-
dad, por ello es importante agregar que en el proceso de militarización
directa que ocurre en México se observa que las fuerzas armadas actúan
como policía y que las instituciones de seguridad pública adoptan pro-
cesos militares, lo que deriva del cambio normativo en las máximas leyes
que regulan el actuar de todos los cuerpos armados del Estado mexicano.
Este tema es relevante, ya que desde 2019 se modificó la Constitu-
ción para facilitar la capacidad del ejército de realizar acciones de segu-
ridad pública en tanto sea el presidente quien lo solicite. Esta reforma
interviene en las dimensiones política, legal y organizacional del Estado
como lo señalan Gaussens y Jasso (2020), ya que se ha adoptado una le-
gislación que justifica y consolida la acción militar en tareas de seguri-
dad pública con autonomía sobre la autoridad civil, esto se debe a que la
Guardia Nacional opera bajo la dirección de la Sedena en vez de bajo un
mando civil como originalmente se había propuesto.
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 66Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 66 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

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Con estas consideraciones sobre el marco de actuación de las autori-
dades mexicanas, la militarización en México se trata del establecimiento
de mecanismos legales que posibilitan a las fuerzas armadas —en este ca-
so a la Sedena—, la apropiación y el dominio de las instituciones de se-
guridad pública civiles, y limita de este modo la capacidad de actuación
de la mayoría de los órganos del Estado en la regulación, planeación y
coordinación de estrategias de seguridad (Azamar, 2020).
Ahora bien, como se señaló, el proceso de militarización puede ana-
lizarse desde diversas perspectivas y aunque la de carácter cuantitativo es
la más común, lo cierto es que esta forma de análisis se encuentra limita-
da respecto a la realidad, pues es evidente que los cuerpos castrenses están
ligados de forma indisoluble al aparato estatal, por lo mismo es complica-
do establecer una diferenciación clara entre las acciones del Estado y las
de los militares; es decir, resulta complejo diferenciar las agendas entre las
instituciones políticas y militares en un país, por eso una caracterización
cuantitativa es muy limitada en cuanto a su capacidad para exponer la
realidad detrás de un proceso de militarización, a pesar de ello es impor-
tante conocerla para poder analizar la forma en que se aplica en nuestro
país y conocer sus matices.
A    
El Centro Internacional Bonn para la Conversión () y el Instituto
Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo analizan y puntúan
mediante un índice la situación de la militarización en el mundo, para lo
cual evalúan y califican aspectos como: a) la inversión pública en cuestión
militar, b) la cantidad de personal empleado y c) el tipo y cantidad de ar-
mas utilizadas, de manera que se pueda valorar el nivel de injerencia que
tiene el Estado en relación con esta práctica. De esta forma se revisa el
nivel del gasto público en la industria militar como: 1) parte del produc-
to interno bruto (), 2) el número de personas enroladas en el ejército
con respecto a la cantidad total de personas que viven en el país y 3) la
proporción de armamento en contraste con la población total.
Esta metodología está ampliamente difundida por su carácter multi-
dimensional, aunque se centra en el aspecto económico y deja de lado la
relevancia de las cuestiones políticas y sociales. No obstante, resulta ne-
cesaria su revisión para conocer la forma en que se puede valorar la mi-
litarización desde otras perspectivas. Esta metodología da como resultado
el índice de militarización  que establece el grado de militarización
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 67Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 67 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

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68
que tiene una nación y únicamente sirve para evaluar este aspecto en tér-
minos generales (cuadro 1).
El índice de militarización que utiliza  se calcula con el factor de
ponderación índice de militarización global (, por sus siglas en inglés),
que considera los valores económicos y humanos con base en un loga-
ritmo decimal, normalizando los valores para evitar las distorsiones de los
extremos. Como se muestra en el cuadro 1, el cálculo está determinado
por la importancia relativa que los investigadores del  le dieron a los
gastos particulares y generales, así como a la cantidad de personal ocupa-
do en este sector.
El carácter económico es relevante para la distinción de los indicado-
res (cuadro 1) y su análisis detallado puede revelar aspectos interesantes.
Por ejemplo, de acuerdo con el índice , Israel es el país con el mayor
índice de militarización en el mundo, pero su gasto público en defensa es
de 19 mil millones de dólares, que es el lugar número 14 en este rubro a
nivel internacional y es apenas 2.9 por ciento del de Estados Unidos. Por
otro lado, si se revisa de forma individual alguno de los otros indicadores
que se consideran en el cuadro 1, el resultado sigue siendo que Israel no
parece un país tan militarista, por lo que vale la pena preguntarse por qué
se presenta tal resultado.
Para responder a esta pregunta se debe considerar que la metodolo-
gía  recupera una perspectiva de contraste con la proporcionalidad
C 1. Índice de militarización 
Categoría Indicador Factor de
ponderación gmi
Gastos Gastos militares como porcentaje del  5
Gastos militares en relación con el gasto en salud 3
Personal
Personal militar y paramilitar en relación con el
tamaño de la población 4
Reservas militares en relación con el tamaño de la
población 2
Personal militar y paramilitar en relación con la
cantidad de médicos disponibles 2
Armamento Armas pesadas en relación con el tamaño de la
población 4
Fuente: Elaboración propia con información de .
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 68Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 68 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

DETRÁS DE LA AVARICIA POR LOS BIENES NATURALES 69
del aparato de defensa respecto a la cantidad de habitantes de una nación
y la cantidad de médicos disponibles. De esta manera se puede estructu-
rar una valoración más o menos específica respecto a la importancia que
tiene el aparato militar para cada país.
El resultado es curioso y a la vez ilustrativo, pero la observación es ta-
jante y limitada, por lo que es complejo utilizarlo como métrica para en-
tender una realidad global y heterogénea, ya que, por ejemplo, el gasto mi-
litar de Estados Unidos en 2018 fue de 650 mil millones de dólares, eso es
igual al gasto de los siguientes ocho países con mayor nivel en esta materia.
Sin embargo, Estados Unidos se encuentra en el lugar 31 de la pondera-
ción , esto se debe a la ilusión de las proporciones, ya que teóricamente
es la nación más rica del mundo y además tiene una población de más de
300 millones de habitantes. De esta forma es más fácil realizar ese tipo de
derroches sin que sea muy representativo en su nivel de gasto público, por
lo que se podría suponer que la cifra es baja en proporción a su  (3.5%).
Es evidente que Estados Unidos tiene mayor nivel de militarización
que cualquier otro país en el mundo, ya sea por su gasto o por el proceso
de militarización de todos sus cuerpos de seguridad pública (McMichael,
2016), pero la lógica de este índice nos permite conocer la proporciona-
lidad del gasto y el beneficio que obtienen las economías de mayor ta-
maño para disimular este tipo de prácticas.
G 3. Índice de militarización  en varios países
de América Latina
Fuente: Elaboración propia con datos de .
160
2000 2005 2010 2015 2017 2021
140
120
100
80
60
40
20
0
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Índice 
Año
y
x
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 69Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 69 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

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70
Por ejemplo, en la gráfica 3 se observa la clasificación  para algu-
nos países seleccionados de América Latina, cuanto más bajo sea el valor
significa que existe un mayor nivel de militarización en sus cuerpos de
seguridad civil y cuanto más alto sea el valor implica que hay un menor
nivel de militarización. Para los casos de Chile, Colombia y Brasil se pue-
de explicar por los modelos de seguridad surgidos durante las dictadu-
ras militares del siglo . Tanto los carabineros chilenos como las policías
militares brasileña y colombiana están en medio de diversas críticas ante
su actuación destructiva y violenta contra la sociedad en sus respectivas
naciones durante los últimos años.
En cambio, México parece tener un bajo nivel de militarización, pero
esto no corresponde con la realidad que se ha presentado en el país desde
2007 cuando el gobierno decidió utilizar al ejército en labores de seguri-
dad pública contra el narcotráfico, pero también contra las manifestacio-
nes de rechazo al extractivismo o a los megaproyectos de infraestructura
principalmente en comunidades rurales, indígenas o periurbanas.
Como se comentó al final del apartado anterior, el análisis cuantitati-
vo tiene una clara limitación en ciertas situaciones en las que el proceso
de militarización no deriva necesariamente de un gasto o inversión eco-
nómica, sino de un proceso que incide en la reproducción de lógicas cas-
trenses al interior de instituciones de protección civil o directamente del
uso de cuerpos militares para tareas de seguridad civil, esto ha tenido re-
sultados graves; por ejemplo, Mariano Abarca y Quintín Salgado, activistas
ambientalistas que fueron asesinados durante el desarrollo de la estrategia
de militarización emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón,
son solamente algunos casos que se han reconocido públicamente.
Por otro lado, vale la pena resaltar que la estrategia de militarización
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la más acelerada en
comparación con sus antecesores debido a las grandes reformas normati-
vas utilizadas para facilitar el actuar de las fuerzas armadas en labores ci-
viles. Sin embargo, en términos de la metodología , parece que ha
disminuido el nivel de militarización en el país, incluso por encima de
naciones como Argentina, con un gasto militar ínfimo en términos re-
gionales. Lo anterior es resultado del nivel económico y del tamaño po-
blacional. Pasa lo mismo para el caso brasileño, ya que también ha dismi-
nuido su índice de militarización de acuerdo con el método , pero
en los dos países actualmente las fuerzas armadas son las instituciones más
activas. Aquí es donde importa la consideración del giro institucional y
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DETRÁS DE LA AVARICIA POR LOS BIENES NATURALES 71
político, y no solo el aspecto económico o la valoración multidimensio-
nal de indicadores cuantitativos.
Para comprender la profundización del carácter militarista en México
se debe analizar el rechazo y debilitamiento que se produce hoy respec-
to a las instituciones de seguridad pública civiles, ya que todo el esfuer-
zo se centra en la Guardia Nacional para tareas que no le corresponden,
por ello es fundamental considerar que los actores políticos de América
Latina parecen estar conectados a estrategias de seguridad antiguas en las
que lo importante era la fuerza bruta y no el desescalamiento a través del
diálogo y el fortalecimiento del tejido social mediante la recuperación de
la confianza en los cuerpos de seguridad civiles. Este tipo de análisis re-
quiere comprender el contexto en el que se desarrollan los procesos de
militarización que para algunos casos, como el de México, se extienden
hacia diversos sectores: la construcción o la extracción de materias primas.
La militarización en nuestro país se desarrolla en un escenario en
donde existe una gran cantidad de conflictos socioambientales derivados
de actividades extractivistas, pues de acuerdo con información de Zarem-
berg y sus colaboradores (2019) hasta 2019 se contabilizaban más de 800
conflictos: mineros, de hidrocarburos, agua, forestales, infraestructura, etc.,
en algunos de los cuales se ha observado la presencia militar para tratar
de resolverlos casi siempre a favor de las empresas (Azamar, 2019, 2020).
En el siguiente apartado se aborda el papel de los cuerpos castrenses
para el desarrollo de la industria extractiva en México, que genera otro
tipo de violencia para las comunidades que enfrentan la explotación am-
biental de sus territorios.
I    
  
La militarización en nuestro país ha tenido un efecto contrario al espera-
do, pues se ha elevado el nivel de violencia (véase gráfica 1), esto en par-
te se relaciona con el uso de estrategias militares para procesos complejos
como el narcotráfico y otros crímenes, pero dichas cuestiones requieren
un análisis diferente al que aborda este trabajo, que busca revisar la in-
fluencia de la militarización en las actividades extractivistas2 en el país.
2 Una de las definiciones más comunes del extractivismo moderno es la propuesta por
Gudynas (2009) y se refiere a un modelo productivo asociado a economías en vías de
desarrollo, el cual está basado en la extracción de grandes volúmenes de recursos natu-
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72
Además, es necesario recalcar que dicha práctica requiere, por su pro-
pia naturaleza, la monopolización de grandes extensiones territoriales
para su ejecución, por lo que es fundamental la anuencia del gobierno
local y su plena cooperación para facilitar la labor de las empresas a pesar
de cualquier muestra de rechazo social hacia esta práctica.
Los procesos de militarización van más allá de las múltiples caracte-
rísticas centradas en la seguridad pública, también abordan aspectos re-
lacionados con la forma en que se emplean los cuerpos castrenses para
realizar labores en otros sectores civiles como la construcción, con efec-
tos negativos tanto para la industria pública y privada como para las pro-
pias finanzas del Estado, pues además de ampliar los sectores en los que
las fuerzas armadas tienen control en el país, también resultan fortaleci-
das económicamente sin que exista claridad específica del fin último de
dichos recursos.
Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción () menciona lo siguiente: “Los ingresos del go-
bierno disminuyen porque en las construcciones del ejército no se pagan
impuestos, no hay impuesto sobre la renta, no hay impuesto al valor agre-
gado. También está la opacidad con que se realizan estas obras amparadas
por la ley del ejército” (Bnamericas, 2022). Esta cuestión es parcialmente
cierta, ya que se deriva en parte de la inquietud que genera la forma en
que el Estado ha promovido la inclusión del ejército en el desarrollo de
la mayor parte de las obras públicas sin mediar concursos de asignación.
A continuación se mencionan varios ejemplos de la estrategia de se-
guridad militar que ha llevado a cabo el actual gobierno:
1) Tan solo en la zona norte del país el ejército ha recibido diversas
tareas, como la construcción de un libramiento ferroviario para desaho-
gar el tráfico de materiales que atravesaba la ciudad de Nogales, la modi-
ficación y reubicación de la aduana de Estados Unidos, así como la cons-
trucción de una vía elevada en la zona fronteriza de Tijuana. El conjunto
rales a fin de que estos sean exportados hacia países industrializados sin pasar por proce-
sos de transformación locales. Sin embargo, muchos especialistas han reinterpretado esta
propuesta conceptual debido a la amplitud y variación de este fenómeno en el mundo.
Es importante señalar que este fenómeno se refiere al aprovechamiento intensivo de los
bienes naturales en sectores como el petrolero, forestal, pesquero, agroindustrial, minero,
entre otros; pero, que a pesar de los volúmenes de explotación de estos recursos, ni si-
quiera una parte ínfima se utiliza para cubrir las necesidades básicas de las comunidades
inmediatas o cercanas a donde se obtienen (Azamar, 2021).
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DETRÁS DE LA AVARICIA POR LOS BIENES NATURALES 73
de estos proyectos supera un estimado 30 mil millones de pesos (Carri-
llo, 2022).
Sin embargo, los proyectos mencionados no reflejan la relevancia que
ha ganado la institución militar actualmente, pues al menos cinco de las
mayores obras de este sexenio se encuentran en manos de este grupo.
2) Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ()
ubicado en la zona centro del país, específicamente en el Estado de Méxi-
co, ha sido encargado directamente al ejército creando en el proceso más
de 40 mil empleos y una movilización de más de mil especialistas de las
fuerzas castrenses para apoyar la construcción que se encuentra inaugu-
rada en su primera etapa. El presupuesto original de este proyecto era de
75 mil millones de pesos, aunque en 2022 se calculó en 125 mil millones.
Cabe destacar que esta obra, ya inaugurada, carece de accesos ade-
cuados para transporte público, pues apenas existe un puñado de rutas en
las que se tienen que realizar múltiples trasbordos para llegar al aeropuer-
to, custodiado por la Semar y administrado por la empresa Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles SA. de CV., constituida casi en su totalidad
por aportaciones de la Sedena y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza
Aérea y Armada (Murillo, 2022).
Asimismo, para la realización de esta obra se han utilizado múltiples
terrenos y espacios sociales pertenecientes a vecinos de la localidad, por
lo que esta situación ha generado gran tensión y conflictos, pues actual-
mente los habitantes de San Miguel Xaltocan, en Nextlalpan, Estado de
México, han enfrentado con violencia a la policía militar y han cerrado
los accesos a su población para evitar que, de acuerdo con sus declaracio-
nes, se les despoje de más terrenos y se hagan obras que no necesitan, lo
que ha provocado una respuesta violenta por parte del Estado, que movi-
lizó a una gran cantidad de efectivos para detener las protestas sin buscar
un diálogo (Martínez y Camacho, 2022; Redacción infobae, 2022).
3) El segundo megaproyecto relevante en este sexenio es el Tren Ma-
ya, obra ferroviaria ubicada en varios estados de la zona sureste del país.
Este proyecto es administrado por el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur), pero la mayor parte de las actividades, incluyendo el
control de gastos y operaciones, lo lleva a cabo la Sedena. Su presupues-
to original era de 144 mil millones de pesos, aunque ya ha alcanzado la
cifra de 200 mil millones.
Esta obra se divide en siete tramos, de los cuales solamente en cuatro
trabajan compañías civiles, mientras que en los tramos 5 norte, 6 y 7 es
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ALEIDA AZAMAR ALONSO
74
donde opera de forma específica la empresa constructora militar de la Se-
dena. De acuerdo con la información de las personas que viven en los lu-
gares por donde atraviesa la obra, el ejército y Fonatur han simulado con-
sultas locales con la presencia de elementos armados para intimidar a la
población. La resistencia social es especialmente férrea en los tramos don-
de opera Sedena, por lo que se utiliza a los militares, pues de esa forma se
previene que la población pueda obstruir el proyecto; además, al mismo
tiempo existen denuncias de violencia y agresiones, sobre todo contra mu-
jeres (Frabes, 2022).
Vale la pena destacar que precisamente en estos espacios controlados
por Sedena se atraviesa parte de los territorios ocupados por el Ejército Za-
patista de Liberación Nacional ()3 quienes ven en las acciones del go-
bierno una provocación contra este grupo.
4) El tercer megaproyecto4 importante es la Refinería de Dos Bocas
en el estado de Tabasco, que se encuentra parcialmente inaugurado aun-
que no está en operación. A este proyecto se destinaron originalmente
154 mil millones de pesos, aunque ahora la cifra casi se ha duplicado y
llega casi a 293 mil millones. Esta obra, que fue parcialmente inaugurada
durante el mes de julio de 2022 ha presentado varios conflictos labora-
les durante su desarrollo, en los que ha intervenido activamente la poli-
cía militar para detener a los implicados a través de la violencia; lo más
alarmante en este caso es que, a pesar de los diversos videos en los que se
3 Este es un grupo político y militar integrado por indígenas y campesinos del estado
de Chiapas que se levantaron en armas en enero de 1994 para reivindicar los derechos
indígenas en México y mantuvo un conflicto parcial con el gobierno mexicano hasta
2005 cuando se anunció que dejaban las armas y buscarían formalizar un movimiento
político. Hasta la actualidad mantienen control sobre una amplia zona en los autonom-
brados Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas ().
4 Lo cierto es que no existe una definición estándar para referirse a un megaproyecto,
pues hay que diferenciar los urbanos de los que se desarrollan en la periferia o en terri-
torios rurales debido a las características y demandas económicas, ambientales y sociales
en cada caso. De forma institucional, la Administración Federal de Carreteras en Estados
Unidos define que estas actividades se convierten en megaproyectos al superar la barrera
de los mil millones de dólares de inversión pública-privada. Dicho parámetro se calcu-
ló en función del valor del  de ese país, de manera que cualquier proyecto pasa a ser
mega cuando su inversión es igual o superior a 0.01 por ciento del  nacional. Por lo
anterior se considera lo que señala Azamar (2019, p. 169) respecto a que los megapro-
yectos son “aquellas actividades cuya dimensión (física, así como de capital y requeri-
miento de personal) supere la capacidad de carga territorial […] y que ponga en riesgo
irreversible la sustentabilidad social, ambiental, económica y cultural, presente y futura,
del lugar donde se realizan”.
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 74Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 74 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

DETRÁS DE LA AVARICIA POR LOS BIENES NATURALES 75
observa la violencia de las instituciones de seguridad pública contra los
trabajadores, el gobierno federal ha rechazado que ellos tengan algo que
ver con tal problema, como si las corporaciones de seguridad y los mili-
tares fueran autónomos o no existiera una autoridad civil a la cual diri-
girse para revisar el problema (Redacción López Dóriga Digital, 2021).
5) Otra obra importante es el Proyecto Integral Morelos, un intento
de industrialización en la zona centro del país por medio de la reorga-
nización del territorio que abarca gran parte de los estados de Morelos,
Puebla y Tlaxcala y afecta a más de 60 comunidades campesinas e indí-
genas en estos lugares, que no solo no han sido consultadas para el mis-
mo, sino que rechazan tajantemente su realización. Este megaproyecto,
impulsado por la Comisión Federal de Electricidad () desde la déca-
da de 1990, busca construir una gran cantidad de infraestructura pública
para la generación de energía eléctrica con distintas fuentes, para ello se
instalarán centrales termoeléctricas, gasoductos y acueductos (González,
2020).
Las centrales termoeléctricas instaladas en Huexca, Morelos, se em-
pezaron a construir en 2012 y culminaron en 2015, pero no pudieron
operar hasta 2021, después de que en 2019 el gobierno realizara una
consulta ciudadana pasa saber si los pobladores aprobaban o rechazaban
la operación de la obra. Dicha consulta fue vigilada por el ejército mexi-
cano y, a pesar de eso, uno de los opositores más notables, Samir Flores
Soberanes, fue asesinado. Aún con el malestar y el rechazo por parte de
la población ante esta situación, se validó la consulta en la que supuesta-
mente la mayoría de los habitantes aprobaba la obra, aunque cabe desta-
car que la Guardia Nacional ha operado desalojando a la población que
actualmente se sigue oponiendo al proyecto (Ruiz, 2021).
6) Se puede agregar el caso del Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec (), proyecto compuesto por la rehabilitación de infraes-
tructura férrea, portuaria e industrial para unir el Golfo de México con
el de Tehuantepec y conectar así los océanos Atlántico y Pacífico con
un corredor que podría tener una importancia económica clave para el
mundo.
La Semar licita las obras para este proyecto a un grupo amplio de em-
presas civiles, aunque esta institución militar opera la empresa Ferrocarril
del Istmo de Tehuantepec () que trabajará en las líneas férreas a mejo-
rar (De la Rosa, 2022). El  ha generado también inversión en la crea-
ción de parques industriales que habían sido aprobados por las comuni-
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dades cercanas a cambio de pagos y otros compromisos que de acuerdo
con la población el Estado no ha cumplido, lo que ha generado malestar
y rechazo local.
Ahora bien, si se revisa la situación militarista en actividades extractivas
en México se puede considerar la extracción de agua, minerales, hidro-
carburos y otros recursos; por lo que uno de los casos más célebres, por
la falta de un antecedente nacional, es la policía minera, que fue creada
recientemente, en 2020, para proteger los espacios mineros públicos de
acciones ilegales de extracción y otras cuestiones.
Sin embargo, en el mismo año los efectivos que pertenecen a dicha
corporación fueron empleados para proteger proyectos privados de la
empresa Fresnillo , subsidiaria de Grupo Peñoles. Este evento se pre-
sentó en la mina La Herradura, ubicada en el estado de Sonora, y dichas
acciones se llevaron a cabo bajo el supuesto de los riesgos que tiene es-
te sector debido a los altos niveles de crimen, lo que mencionan que les
afecta por estar en lugares alejados de la ciudad. Por otro lado, vale la pena
comentar que los empresarios y la administración pública no mencionan
el gran conflicto social que tiene la mina La Herradura con la comunidad
vecina de El Bajío que ha intentado detener al proyecto extractivo debi-
do a los múltiples riesgos y costos socioambientales que genera (Azamar
y Muñoz, 2022).
Utilizar un cuerpo de seguridad parcialmente militarizado se ha jus-
tificado como parte del proyecto de pacificación del país, que además
tiene como sector estratégico a la industria minera nacional, la cual, por
si fuera poco, actualmente se enfrenta a una grave ola de criminalidad
(De Luna, 2022). Además, dicha corporación —la policía minera— en su
campaña de reclutamiento para 2022, busca específicamente a elementos
exmilitares o de la Guardia Nacional, así como de otras instituciones de
seguridad pública (Chihuahua, 2022).
Cabe destacar que el actual gobernador de Chihuahua, Alfonso Du-
razo, que en 2022 era secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
() fue el artífice de la creación de dicha corporación. Es decir, se creó
un nuevo organismo de seguridad civil para la protección de recursos
minerales públicos con integrantes exmilitares, organización que funge
ahora como proyecto de seguridad privada.
El establecimiento de un cuerpo de seguridad específico para la de-
fensa de estos espacios coincide con lo señalado en el informe Martial
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Mining (London Mining Network, 2020), el cual destaca que el extracti-
vismo y, en particular la minería, requieren tácticas militares y de contra-
insurgencia para legitimarse de forma violenta frente a la población que
podría rechazar estos proyectos y que pueden considerar también otras
actividades extractivas (Coalition Against Mining Pandemic, 2022). Es-
ta cuestión se ha vuelto clave en las últimas décadas cuando los recursos
minerales se han convertido en el aspecto que domina los sectores tec-
nológicos y productivos nacionales (Azamar, 2020, 2021).
Así pues, el uso de la policía minera no se ha orientado a disminuir
el número de conflictos mineros —tampoco se ha sugerido en ningún
momento—, de hecho vale la pena señalar que, de acuerdo con Zarem-
berg y sus colaboradores (2019), uno de los lugares con más hechos vio-
lentos es Chihuahua, estado que presenta más problemas en el país con
más de diez hechos violentos relacionados con la minería. Cabe destacar
que si se tratara de una institución dedicada a la protección civil tendría
entre sus funciones esa, pero en la realidad está orientada a la protección
de espacios privados, muchos de los cuales tienen conflictos con las po-
blaciones cercanas.
Otro caso en el que se observa el actuar de la Guardia Nacional para
la defensa de proyectos extractivistas es lo que sucedió en el municipio
de Juan C. Bonilla en Puebla, donde un grupo de veinte comunidades
locales tenía tomadas desde 2021 las instalaciones de la planta embotella-
dora de la empresa Bonafont. Los elementos de la Guardia Nacional no
dialogaron con los habitantes, tampoco verificaron el tipo de demandas
de estos, sino que llegaron a desalojar a la población por medio de la vio-
lencia y colocaron un cerco para garantizar que la empresa pudiera man-
tener su actividad.
Otro caso relevante en este tema es el de Cherán, una comunidad
indígena ubicada en el estado de Michoacán que, en 2008, se organizó
para expulsar a los talamontes ilegales de los bosques en su territorio co-
munitario y a las autoridades locales. Este proceso, que se ha mantenido
desde ese entonces, ha significado varios conflictos tanto con el gobier-
no como con los talamontes y otros criminales. Desde 2021 los habi-
tantes del lugar han manifestado su preocupación ante el notable incre-
mento de patrullas militares y de la Guardia Nacional que luchan contra
el crimen organizado en el lugar, pero que podrían tener conflictos con
la policía comunitaria local, algo que ya ha sucedido antes y que temen
que vuelva a pasar.
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78
C
El objetivo de este capítulo fue analizar el proceso de militarización en
México durante los últimos cuatro años, a partir de la llegada al poder de
Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, vale la pena resaltar que
este proceso es resultado de varias décadas, en las que la militarización se
ha normalizado tanto en su carácter legislativo como práctico, para fa-
cilitar que el fenómeno se desarrolle sin mayor resistencia legislativa, lo
que significa un rompimiento del pacto social, pues se adecuaron tanto la
Constitución como la Ley Orgánica del ejército para transformar y am-
pliar sin control las capacidades de este grupo.
El problema es que el ejército no es una institución preparada para
el cumplimiento de tareas de seguridad pública, pues su función es otra,
por lo que no buscan el diálogo sino la neutralización de su objetivo. El
actuar de las fuerzas armadas puede exacerbar los niveles de violencia, en
especial para los proyectos extractivos y de infraestructura en el país por
la oposición que suelen encontrar.
El uso de cuerpos castrenses para la defensa de los megaproyectos del
Estado, así como los privados, se presenta camuflajeado con la creación de
una supuesta corporación de seguridad civil compuesta en parte por ex-
militares que solo se han dedicado a defender intereses privados en vez de
mejorar la situación de los derechos humanos en las comunidades afec-
tadas por estas actividades. La lógica de militarización de las actividades
extractivistas y de infraestructura en México tiene un solo fin y es garan-
tizar la reproducción del capital a través de la extracción y comercializa-
ción de recursos de la tierra para su posterior transformación.
Además, vale la pena mencionar que la militarización no fortalece
las tareas de seguridad pública de forma adecuada pues, como se ha se-
ñalado, a pesar del fortalecimiento de la Guardia Nacional con una ca-
si totalidad de militares, el número de asesinatos no ha disminuido en el
país, lo que implica que si las fuerzas armadas se retiraran a sus cuarteles
en algún momento, la policía civil no podría enfrentar la ola de violencia
actual debido a que esta última no se ha fortalecido en su presupuesto ni
en su capacitación.
Por último, el uso de militares para el desarrollo de obras públicas
implica un incremento en sus actividades y presupuesto, lo que facilita la
opacidad en sus acciones; como se ha señalado, en casi todas las obras en
las que participan los militares se ha multiplicado el gasto y el tiempo de
cumplimiento de estas; es decir, no hay una mejora sustantiva en com-
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DETRÁS DE LA AVARICIA POR LOS BIENES NATURALES 79
paración con corporaciones civiles. Además, la operación de militares en
estas actividades tiende a crear fricciones económicas por la competencia
desleal que representa esta institución que se ve favorecida por el Estado.
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Cadetes del Heroico Colegio Militar hacen guardia para la llegada del presidente Peña Nieto (2018).
Chairman of the Joint Chiefs of Staff/flickr.
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Neodesarrollismo verde olivo
Ejército y megaproyectos en los tiempos
de la cuarta transformación
Carlos A. Rodríguez Wallenius
Desde antes de que tomara posesión como presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno impulsaría una
serie de políticas sociales y grandes obras de infraestructura, agrupadas en
programas prioritarios del nuevo gobierno, que fueron consultadas a ni-
vel nacional en noviembre de 2018. Este conjunto de proyectos se am-
plió con el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo ()
durante 2019, periodo en el cual se definieron las primeras características
de lo que el gobierno autodenomina la cuarta transformación.1
La propuesta gubernamental de la cuarta transformación se basa en
la crítica a las políticas neoliberales, que los gobiernos aplicaron y pro-
movieron tanto con la privatización de infraestructura y servicios públi-
cos como con las amplias concesiones de bienes naturales como mine-
rales, hidrocarburos y agua, las relaciones de contubernio con las grandes
empresas y la corrupción desatada en el aparato gubernamental (Meyer,
2019).
Frente al contexto de polarización, privatización y corruptelas deja-
do por las administraciones neoliberales, el gobierno de la cuarta trans-
formación se propuso desde el  el siguiente reto: “tenemos ante el
mundo la responsabilidad de construir una propuesta posneoliberal y de
1 La cuarta transformación hace referencia a la intención del gobierno de AMLO de
vincularse con otros periodos de grandes cambios en la historia de México: la Indepen-
dencia, la Reforma liberal y la Revolución campesina y popular.
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CARLOS A. RODRÍGUEZ WALLENIUS
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convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento
político y convivencia entre los sectores sociales” (, 2019, p. 8).
Para realizar esta propuesta, se impulsaron una serie de políticas gu-
bernamentales y acciones que vamos a caracterizar como neodesarrollis-
tas y que se fortalecieron ante las dificultades económicas y sociales que
provocó la pandemia de Covid-19, la cual limitó la movilidad social y las
actividades productivas durante 2020-2021. Esta situación afectó el des-
envolvimiento económico en el país, por lo que el gobierno priorizó y
aceleró la construcción de los megaproyectos de infraestructura, para re-
forzar la idea de que las obras serán cortinas de desarrollo; es decir, me-
canismos para la generación de empleos con el fin de que la población
no tenga necesidad de emigrar para encontrar trabajo, sobre todo en el
sureste de México, que ha sido una región históricamente marginada del
desarrollo del país (López Obrador, 2020a). En este sentido se impulsaron
megaproyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles () ,
el Tren Maya, la Refinería Olmeca y el Corredor Interoceánico del Ist-
mo de Tehuantepec ().
Así, las obras de infraestructura se convirtieron en el mecanismo gu-
bernamental para impulsar el crecimiento económico, generar empleos,
promover el desarrollo y el bienestar, pero la realización de esas obras se
vinculó con las políticas de austeridad gubernamental y de combate a la
corrupción, que también son parte central del discurso de la cuarta trans-
formación, en especial porque la realización de megaproyectos fue una
fuente de sobornos y componendas entre empresas constructoras y go-
bierno durante el periodo neoliberal, un mecanismo de acumulación por
corrupción (Rodríguez, 2020a), por lo que el gobierno actual no con-
cesionaría la administración de estas obras a empresas privadas, como se
hizo en los sexenios anteriores (López Obrador, 2020b).
Sin embargo, la narrativa de la cuarta transformación para justificar
los megaproyectos pronto mostró tensiones y debilidades, ya que la es-
tructura del aparato gubernamental, el marco normativo y los intereses
empresariales fueron una camisa de fuerza que limitaba a las instituciones
federales para cumplir sus promesas, debido a que tres décadas de políti-
cas neoliberales habían desmantelado la capacidad del gobierno para ad-
ministrar y construir las grandes obras.
En efecto, legislaciones como la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas () o la Ley de Asociaciones Públi-
co Privadas () privilegian la licitación, contratación y participación
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NEODESARROLLISMO VERDE OLIVO 87
de empresas privadas para la realización de las obras; además, las entidades
gubernamentales no tenían equipamiento ni el personal técnico adecua-
do para llevar a cabo los proyectos, en cambio las grandes constructoras
que se habían enriquecido a costa de los presupuestos públicos, presiona-
ban por tener asignaciones en las obras de la cuarta transformación.
Así, las condiciones estructurales y de inercia operativa en el gobier-
no de la cuarta transformación constituyeron un verdadero galimatías, ya
que se trasponían las promesas de megaproyectos con una débil capacidad
gubernamental para la administración y construcción de las obras, ade-
más de requerimientos de austeridad presupuestal y el desligarse de las
componendas con empresas constructoras que tradicionalmente realiza-
ban los proyectos de los gobiernos federales.
El mecanismo que se utilizaría para enfrentar este enredo fue anuncia-
do por López Obrador el 20 de diciembre de 2018: la Secretaría de De-
fensa Nacional (Sedena) sería la entidad encargada de construir el nuevo
aeropuerto en la base área militar de Santa Lucía, que sustituye al malogra-
do Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco.
Este fue el punto de arranque de una paulatina, pero creciente parti-
cipación de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar)2 en actividades y
proyectos prioritarios de la cuarta transformación, lo que mostró una es-
trecha relación entre el jefe del ejecutivo y el ejército, pues a lo largo del
sexenio el ejército se ha involucrado en la construcción de aeropuertos
( y Tulum), líneas férreas (en los tramos 5 sur y norte, 6 y 7 del Tren
Maya, así como el libramiento ferroviario de Nogales, en Sonora), las su-
cursales del Banco del Bienestar, los cuarteles de la recientemente creada
Guardia Nacional, en la construcción de un segundo piso y una aduana
en Otay, Tijuana, en la producción de plantas en viveros para el Programa
Sembrando Vida, que son obras y proyectos que representan las principa-
les apuestas programáticas de la cuarta transformación y que caracterizan
al neodesarrollismo verde olivo.
La activa participación del ejército en los proyectos gubernamentales
no se limita a la construcción de obras y la producción de plantas, tam-
bién va a administrar las empresas relacionadas con los megaproyectos,
2 Para efectos de este trabajo vamos a poner énfasis en el involucramiento de la Sedena,
aunque la Semar también tiene participación relevante en la modernización y adminis-
tración de puertos, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el ferroca-
rril de Chiapas.
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CARLOS A. RODRÍGUEZ WALLENIUS
88
como el Grupo Olmeca Maya Mexica, de participación estatal coordina-
do por la Sedena, que va a operar el Tren Maya y los aeropuertos Felipe
Ángeles, Tulum, Chetumal y Palenque.
Así, este capítulo profundiza en las implicaciones que tiene la incor-
poración del ejército en la consolidación del proyecto neodesarrollista
tanto por su participación en la construcción de obra pública y en admi-
nistración de empresas en el gobierno de la cuarta transformación como
por las repercusiones que resultan al relacionar a las fuerzas armadas con
los megaproyectos dadas sus tareas primordiales de seguridad nacional.
Este trabajo tiene una perspectiva metodológica cualitativa aplicada
a los procesos y afectaciones socioterritoriales debido a la realización de
megaproyectos de infraestructura, lo cual se analiza desde la geopolítica
de los procesos locales, que parte de las tendencias sobre cómo opera la
dinámica económica dominante, la cual requiere impulso, obras, políticas
y acciones de actores gubernamentales para disputar la posesión y con-
trol de territorios y bienes para el funcionamiento del modelo producti-
vo (Rodríguez, 2020a).
La información utilizada proviene de métodos de observación en
campo con visitas de investigación a los megaproyectos, así como de fuen-
tes secundarias, tanto de materiales hemerográficos como de documentos
de instituciones gubernamentales y versiones estenográficas de las confe-
rencias de prensa del presidente de la República. Para analizar esta infor-
mación se trabajó con el método narrativo aplicado a procesos sociales
(Blanco, 2011), con el cual se contrastaron los documentos y los discursos
gubernamentales respecto a la situación contextual de las políticas neo-
desarrollistas, la construcción de los megaproyectos y la militarización.3
Para exponer los resultados de esta indagación, se dividen en tres
apartados. El primero se refiere a la delimitación de las principales cate-
gorías de análisis, sobre todo el neodesarrollismo, los megaproyectos y el
militarismo. El siguiente apartado aborda el proceso de involucramiento
de las fuerzas armadas en los megaproyectos del gobierno federal. En la
tercera sección se hace la caracterización del neodesarrollismo verde oli-
vo que se está impulsando desde las políticas gubernamentales, para cul-
minar con las conclusiones y reflexiones finales.
3 Es importante señalar la dificultad de acceso a información de varios de los proyectos
que se catalogaron de seguridad nacional, además de la imposibilidad de hacer entrevis-
tas a personal del ejército.
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NEODESARROLLISMO VERDE OLIVO 89
N,   
La participación de la Sedena en la construcción y administración de las
grandes obras de infraestructura del gobierno de la cuarta transformación
han puesto en la palestra del debate académico categorías como políticas
neodesarrollistas, megaproyectos en el neodesarrollismo y militarización
de la vida pública.
Respecto a los proyectos neodesarrollistas, autores como Thomas
(2019) subrayan las semejanzas entre las acciones y programas de la cuar-
ta transformación y el desarrollismo como política gubernamental que
siguieron los países latinoamericanos desde la década de 1960 en el con-
texto de las teorías de la dependencia, bajo el cobijo de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (). En especial, las pro-
puestas de Cardoso y Faletto (1969), quienes proponían modificar las
condiciones estructurales de la economía y la producción que atan a los
países subdesarrollados a las economías industrializadas, impulsando un
régimen nacional desarrollista que promoviera la industrialización vía la
sustitución de importaciones y fortaleciera su mercado interno.
La perspectiva desarrollista considera que las instituciones guberna-
mentales tienen la capacidad operativa para intervenir y regular la econo-
mía e impulsar políticas de desarrollo que atiendan las necesidades socia-
les y productivas, lo que requiere cierto consenso con las élites políticas
y un respaldo social (Sikkink, 2009).
Estas características del desarrollismo del siglo  tienen similitudes
con el neodesarrollismo que proponen Bresser-Pereira (2007) y Svampa
(2019), al considerar que actualmente existe un mercado globalizado que
ya no busca la sustitución de importaciones, sino propiciar las condicio-
nes económicas de infraestructura y de capacidades sociales que cada país
requiera, en donde los capitales nacionales tienen oportunidad de rela-
cionarse con un mercado interno con mayor capacidad de consumo por
el incremento de salarios y subsidios.
En este sentido, las políticas neodesarrollistas buscan una mejor inser-
ción de la economía al aprovechar las materias primas, marcos normati-
vos, fuerza laboral o infraestructura para fomentar la extracción, transfor-
mación y comercialización para el mercado global. Así, las instituciones
estatales deben contar con suficiente capacidad de acción y maniobra,
por lo que requieren finanzas públicas equilibradas y una deuda estable
para realizar políticas públicas que atiendan las contradicciones socioeco-
nómicas que se generaron en el periodo neoliberal, con una orientación
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CARLOS A. RODRÍGUEZ WALLENIUS
90
del gasto social hacia sectores excluidos, lo que a su vez fortalece el mer-
cado interno (Féliz, 2011).
Desde la perspectiva neodesarrollista, los proyectos realizados con in-
versión pública deben atender los requerimientos de infraestructura pa-
ra garantizar los equilibrios regionales y la competencia entre los actores
económicos (Bresser-Pereira, 2007), y generar un nuevo protagonismo
del gobierno con la promoción de actividades económicas, obras de in-
fraestructura y desarrollo social, de forma que se remonte el estanca-
miento provocado por las políticas restrictivas del neoliberalismo y sus
efectos, como la privatización de bienes y servicios y la colusión con los
intereses de las corporaciones privadas (Thomas, 2019).
En términos del debate sobre los megaproyectos de infraestructura,
existen varias aproximaciones, una de ellas se refiere a los crecientes cues-
tionamientos que hacen las poblaciones y organizaciones por las afecta-
ciones sociales, económicas y ambientales que generan las obras y que po-
nen en peligro a sus comunidades. Ejemplos de estas obras cuestionadas
son autopistas, ferrocarriles, termoeléctricas, hidroeléctricas, aeropuertos,
puertos, entre otras, que construyen tanto los gobiernos como las corpo-
raciones privadas.
Por ese rechazo social, varias organizaciones de la sociedad civil: Fun-
dar, Servicios para una Educación Alternativa, Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Indig-
nación, han hecho esfuerzos por caracterizar a los megaproyectos a par-
tir de las experiencias de asesoría y acompañamiento a las comunidades
y pueblos afectados por las obras. En este sentido, los megaproyectos se
consideran como grandes proyectos de desarrollo, que se caracterizan por
ser obras de inversión de capital público o privado, para la creación o la
mejora de la infraestructura física en una región, que implica la transfor-
mación a largo plazo de las actividades productivas locales y cambios en
el uso de la tierra, extraer bienes naturales (agua, minerales, hidrocarbu-
ros), la instalación de fábricas, plantas de generación eléctrica, complejos
turísticos, puertos, etc. (Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 2020).
Desde la geografía crítica también hay caracterizaciones respecto a los
megaproyectos. Ibarra (2016) los identifica como parte de la infraestructu-
ra para el funcionamiento y reproducción del capital en diferentes fases del
proceso de acumulación (producción, circulación y consumo), proceso que
se inserta en los espacios y territorios, para refuncionalizarlos y reestructu-
rarlos en términos de la dinámica económica y de las relaciones de poder.
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NEODESARROLLISMO VERDE OLIVO 91
En este sentido, retomamos las definiciones anteriores y resaltamos
que los megaproyectos de infraestructura son obras de ingeniería civil
necesarias para el buen funcionamiento del modelo económico, que re-
quieren grandes inversiones de recursos públicos y privados, cuya cons-
trucción y operación tienen efectos locales y regionales sobre los territo-
rios en donde se asientan, en especial, debido a los daños a la naturaleza y
a los medios de vida de las poblaciones (Rodríguez, 2020a).
Para impulsar los megaproyectos de infraestructura, la cuarta transfor-
mación ha incorporado de forma creciente la participación de las fuerzas
armadas en distintas obras y actividades gubernamentales, lo que permite
que se pueda ubicar como neodesarrollismo verde olivo.4 Esto ha reno-
vado el debate público sobre la militarización en México, en especial a la
luz del impacto de tuvo la intervención del ejército en décadas pasadas
en tareas de seguridad interior, desde la guerra sucia entablada contra las
guerrillas y grupos de izquierda revolucionaria en las década de 1960 y
1970, hasta las acciones de cercamiento y desgaste al Ejército Zapatista
de Liberación Nacional () y sus bases de apoyo desde 1994, o la co-
laboración en la guerra contra el narcotráfico impulsada por Felipe Cal-
derón desde 2007 y continuada por los gobiernos de Vicente Fox y En-
rique Peña Nieto.
Así, el involucramiento durante más de seis décadas del ejército y la
marina ha ampliado sus atribuciones iniciales respecto a defender la in-
tegridad, la independencia y la soberanía nacional, para reforzar activida-
des que garanticen la seguridad interior. Este viraje hacia un mayor pro-
tagonismo de las fuerzas castrenses en la estrategia de seguridad pública
interior ha sido cuestionado por organizaciones sociales y civiles por las
reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra
la ciudadanía y las poblaciones, ya sea por represiones de actividades de
protesta social o por afectaciones a personas ajenas a la guerra del narco-
tráfico (Brewer, 2021).
4 Aparte de las tradicionales tareas que la Sedena y la Semar han desempeñado en las
operaciones de seguridad pública (e indirectamente en la Guardia Nacional), la erradi-
cación de plantíos de mariguana y amapola, el resguardo de instalaciones estratégicas, la
atención a la población en casos de desastres naturales; con el gobierno de López Obra-
dor se intensificó el papel del ejército en el control y vigilancia en puertos, aeropuertos
y aduanas, su participación en el control migratorio, la distribución de vacunas y equipo
médico contra la Covid-19, además de la construcción y administración de megapro-
yectos y de sucursales del Banco del Bienestar.
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CARLOS A. RODRÍGUEZ WALLENIUS
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En la cuarta transformación, el proceso de militarización se amplió a
una de las responsabilidades que están consideradas en la Ley Orgánica
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos referidas a realizar obras sociales
que ayuden al progreso del país (artículo 1°). Esto se expresa en las nue-
vas funciones que cumplen las fuerzas armadas como ejecutoras y admi-
nistradoras de los proyectos prioritarios del gobierno federal.
Aquí es útil retomar la diferenciación que hace Kraska (2007) entre
militarismo y militarización, ya que permite una mejor caracterización
de los procesos en el gobierno de la cuarta transformación. Según al au-
tor, el militarismo se refiere a un conjunto de ideas y concepciones cen-
tradas en que los mejores medios para resolver los problemas de las so-
ciedades (amenazas internas o externas, desastres naturales o inseguridad)
requieren el uso de las fuerzas armadas, cuyos valores —como disciplina,
honestidad, patriotismo y lealtad— son útiles; en cambio, la militariza-
ción se refiere al proceso de implementación de los valores del milita-
rismo, que incluye acciones de organizar, planificar, entrenar, amenazar
y confrontar, y la adopción de los elementos del modelo militar en una
organización o situación particular.
En este sentido, al incorporar a las fuerzas armadas en una varie-
dad amplía de actividades y proyectos prioritarios del gobierno que en-
cabeza López Obrador, se puede tener una perspectiva del militarismo
de la cuarta transformación, pues hay un rechazo a que las debilidades
y corruptelas endémicas de las instancias gubernamentales encargadas
de diseñar, construir y administrar los megaproyectos —y que impedían
su efectiva realización—, mientras que los valores militares —disciplina,
honestidad, lealtad y obediencia— aseguran la puesta en marcha de las
obras. Con ese paradigma se ha legitimado el proceso de militarización
de las instancias civiles encargadas de la realización de programas y pro-
yectos gubernamentales.
E      
   
Las restricciones que el régimen neoliberal impuso a las instituciones es-
tatales en materia de promoción de obras de infraestructura fueron me-
diante un conjunto de leyes, políticas gubernamentales y presupuestos
públicos que muestran las formas que tuvo la gobernanza del despojo en
este sector (Rodríguez, 2020a), para privilegiar la construcción y admi-
nistración de megaproyectos por parte de empresas y corporaciones pri-
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NEODESARROLLISMO VERDE OLIVO 93
vadas, negocios que les generaron ganancias extraordinarias.5 Frente a las
limitaciones neoliberales para que el gobierno impulsara la construcción
y administración de obras, así como las orientaciones del presupuesto y
las normativas gubernamentales, el régimen de la cuarta transformación
buscó resquicios legales y operativos, así como presupuestos a partir de
su política de ahorros y austeridad para financiar sus proyectos priorita-
rios. Pero la cuarta transformación requería una instancia gubernamen-
tal que pudiera coordinar, construir y operar de forma eficiente y austera
los principales megaproyectos, en una estructura de gobierno que había
desmantelado sus capacidades, recursos materiales y técnicos para cons-
truir grandes obras.
La salida a esta tensión fue una alianza con el ejército y la marina,
que constituyó un paulatino pero constante proceso de militarización de
la acción gubernamental, de la cual ya había antecedentes en materia de
seguridad interior, con la llamada guerra contra el narcotráfico durante la
administración de Felipe Calderón, pero con López Obrador se expandió
con la conformación de la Guardia Nacional en 2019 y después con el
involucramiento en los principales programas y proyectos del gobierno.
Pero ¿cuáles han sido los argumentos del gobierno de López Obra-
dor para aliarse de forma tan estrecha con las fuerzas castrenses y milita-
rizar sus principales obras y proyectos de gobierno? Podemos resumir en
tres las principales consideraciones mencionadas por el gobierno:
1) Las fuerzas armadas son instituciones que apoyan el combate a la
corrupción, lo que permite realizar las obras con los presupuestos y en los
tiempos programados. “La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría
de Marina nos están ayudando en la construcción de obras públicas, por-
que fue un desastre todo lo relacionado con la construcción de obras públi-
cas durante el periodo neoliberal, se dedicaron a robar, empresas contratis-
tas que cobraban el doble, el triple o más por obras que no las terminaban”
(López Obrador, 2020b).
2) Las capacidades técnicas y operativas de los ingenieros militares
permiten realizar mejores obras, con gran calidad y eficiencia. “La Secre-
taría de la Defensa es un pilar, junto con la Secretaría de Marina, del Es-
tado mexicano en esta etapa de transformación y por eso estamos avan-
5 Casos paradigmáticos como la empresa Ohl, Grupo Carso, Higa u Odebrecht, en el
sexenio de Enrique Peña Nieto, fueron algunas de las empresas beneficiadas con conce-
siones y asignaciones que les aseguraron importantes ingresos.
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CARLOS A. RODRÍGUEZ WALLENIUS
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zando. Son los ingenieros militares los que están supliendo deficiencias
que se fueron creando con el tiempo en todo lo que era la construcción
de obras públicas y la actuación de las empresas constructoras” (López-
Obrador, 2022a).
El Aeropuerto Felipe Ángeles “se trata de una gran obra, que tiene
tres elementos que la distinguen: primero, la calidad de la obra. Es de las
mejores obras de este tipo que se está realizando en el mundo. Segundo,
el tiempo de construcción. Tercero, el costo, porque no hay corrupción.
Estamos hablando de un ahorro de la obra de 225 mil millones de pesos”
(López Obrador, 2021a).
3) El ejército y la marina van a cuidar y defender las obras de in-
fraestructura y su administración, para evitar una posible privatización.
“Entonces, ¿cómo blindamos para que el Tren Maya no lo vayan a pri-
vatizar? […] quiero aprovechar para decirle a la gente de que tomamos
la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Secretaría de la De-
fensa Nacional […] para el manejo, la administración, van a estar a car-
go estas obras de la Secretaría de la Defensa. Todo el complejo del Istmo
de Tehuantepec […] va a quedar en custodia de la Secretaría de Marina
[…] Se va a establecer que el 75 por ciento de las utilidades de todos es-
tos complejos va a ser para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas
y 25 por ciento para el pago de pensiones de los trabajadores al servicio
del Estado, esto nos va a garantizar que no se privaticen estas obras, nos
garantiza también buena administración” (López Obrador, 2021b).
Con estos argumentos, el gobierno de AMLO ha legitimado la entra-
da plena de las fuerzas armadas en la construcción y administración de los
principales proyectos prioritarios de su sexenio. Ahora vamos a estudiar
cómo ha operado el ejército en tres megaproyectos insignia de la cuarta
transformación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Ma-
ya y el Aeropuerto Internacional de Tulum.
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
El primer proyecto en el que el ejército desplegó sus capacidades técni-
cas, operativas y logísticas fue la construcción del Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (), que se localiza a 44 kilómetros de centro de la
Ciudad de México, en el municipio de Zumpango, sobre la antigua base
aérea militar de Santa Lucía.
La importancia política de este proyecto es que resultó como la alter-
nativa de la cuarta transformación al fallido Nuevo Aeropuerto Interna-
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NEODESARROLLISMO VERDE OLIVO 95
cional de la Ciudad de México anunciado por el presidente Enrique Pe-
ña Nieto en 2014, a pesar de los cuestionamientos socioambientales por
construirlo en el antiguo lago de Texcoco. AMLO, cuando era presiden-
te electo, realizó una consulta ciudadana sobre la construcción del aero-
puerto en octubre de 2018, cuyo resultado fue el rechazo mayoritario a la
continuación de los trabajos. En la misma pregunta se incluyó la opción
para que se construyera otro aeropuerto en la base aérea militar de San-
ta Lucía, por lo que López Obrador canceló el aeropuerto de Texcoco e
impulsó el megaproyecto  (Hernández et. al., 2022).
Desde octubre de 2019, la Sedena, a través de la Dirección General
de Ingenieros y del Agrupamiento de Ingenieros Santa Lucía, fue la en-
tidad encargada de la planeación, construcción y supervisión de la obra
realizada por administración directa, la cual resultó ser de gran magnitud,
pues el proyecto del  consistió, en su primera etapa, en la construc-
ción de tres pistas de aterrizaje de 4 500 metros cada una (dos civiles y
una militar), en una superficie de 2 551 hectáreas, que incluye una termi-
nal de 44 posiciones para aviones, un edificio de servicios y una torre de
control, además de zonas comerciales, estacionamientos y una estación
intermodal, con espacio para el tren interurbano, mexibus y autobuses
foráneos, con una capacidad de atención de 19.5 millones de pasajeros
cada año. Este conjunto de obras se debió realizar en dos años y cinco
meses, para entregarlas en marzo de 2022, con un presupuesto de 75 mil
millones de pesos (Escuela Militar de Ingenieros, 2019).
La rápida construcción y puesta en marcha del  consolidó la
apuesta neodesarrollista de la cuarta transformación con los militares,
pues bajo los principios de austeridad y calidad lograron ceñirse al pre-
supuesto original, que finalmente fue de 74 535 millones de pesos, ter-
minaron el aeropuerto en tiempo y forma en el plazo comprometido (29
meses), y cumplieron una de las aspiraciones de las políticas neodesarro-
llistas referida a la generación de empleos, con un total de 167 706 di-
rectos y 251 559 indirectos durante todo el proceso de construcción (Se-
dena, 2022).
Aunque no todo han sido buenos resultados, porque han quedado
tensiones y conflictos con algunas poblaciones y comunidades cercanas
al aeropuerto, ya que cedieron tierras para la ampliación del aeropuerto a
cambio del pago de los terrenos, además de obras y apoyos. Así, estos pen-
dientes han provocado las protestas comunitarias, por ejemplo, los habi-
tantes de Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, se enfrentaron con la
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CARLOS A. RODRÍGUEZ WALLENIUS
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policía militar, porque las obras del  afectaron terrenos y construccio-
nes de la comunidad, además de que la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano no les entregó a tiempo las obras de infraestructura
comprometidas para su municipio (Camacho, 2022).
Tren Maya
El Tren Maya es el megaproyecto más importante para el gobierno de la
cuarta transformación y atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo. La entidad encargada de construirlo es
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y se calcula que la
obra costará 150 mil millones de pesos y se terminará en diciembre de
2023. Tendrá 1 554 kilómetros de vías férreas, de los cuales 660 kilóme-
tros corresponden a la antigua vía, que será modernizada, y 842 kilóme-
tros al nuevo trazado, que incluye 19 nuevas estaciones en los polos de
desarrollo. La construcción del proyecto se dividió en siete tramos pa-
ra aprovechar las secciones que ya tenían derecho de vía. La mayoría de
los tramos fueron asignados por licitación pública entre agosto de 2020
y marzo de 2021 a empresas constructoras y en administración directa a
la Sedena (Fonatur, 2021).
El Tren Maya refleja la propuesta neodesarrollista para impulsar el
crecimiento económico de la región sureste del país, así como la gene-
ración de empleos, potenciar la actividad turística y facilitar el traslado
de paseantes hacia los principales destinos de playa, arqueológicos y co-
loniales del sureste. Además, el tren transportará mercancías y combusti-
bles en la península, así como la producción agropecuaria y agroindus-
trial de la región hacia los mercados nacionales y de exportación, desde
los puertos de Progreso y Chetumal ( Hábitat, 2020), también servi-
rá para el traslado de población local a los distintos centros de comercio
y trabajo; en conjunto, se pretende transportar anualmente hasta nueve
millones de turistas y pasajeros y 10 millones de toneladas de mercancías
(Fonatur, 2021).
La relevancia de terminar en tiempo y forma el megaproyecto hizo
que, justo cuando el ejército culminó el , en marzo de 2022, el pre-
sidente anunciara el traslado del Agrupamiento de Ingenieros Militares
Felipe Ángeles a los estados de Quintana Roo y Campeche para cons-
truir los tramos 6 y 7 del Tren Maya (Tulum-Bacalar-Escárcega) que, al
igual que el aeropuerto, fueron asignados por administración directa. El
argumento para la asignación de la obra a la Sedena es que no hubo in-
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NEODESARROLLISMO VERDE OLIVO 97
terés por parte de las empresas constructoras en participar en estos dos
tramos (Murillo, 2022).
Este despliegue fortaleció la presencia castrense en la construcción
del ferrocarril, ya que a la Sedena se le había dado, también vía adminis-
tración directa, el tramo 5 norte, que va de Cancún a Playa del Carmen,
después de cancelar la licitación dirigida a empresas privadas en marzo
de 2021.
La presencia se consolidó con la asignación a la Sedena del tramo 5
sur, cuya licitación había sido ganada en 2021 por México Compañía
Constructora (perteneciente al Grupo México); sin embargo, Fonatur
C 1. Tramos del Tren Maya
Tramos Empresas constructoras Monto
Tramo 1:
Palenque-
Escárcega, 228 km
Mota-Engil en convenio con China
Communications Construction
Company, Grupo Cosh, Eyasa y Gavil
Ingeniería
15,538,133,056.79
Tramo 2:
Escárcega-Calkiní,
235 km
Carso Infraestructura y Construcción en
convenio con Fcc Construcción 18,553,738,338.84
Tramo 3: Calkiní-
Izamal, 172 km Construcciones Urales (subsidiaria de
Azvi) en convenio con Gami Ingeniería
e Instalaciones
10,192,938,694.58
Tramo 4: Izamal-
Cancún, 257 km Grupo . Adjudicación directa debido
a que tiene la concesión de la autopista
180D.
27,000,000,000.00
Tramo 5 norte:
Cancún-Playa del
Carmen, 49.8 km
Secretaría de la Defensa Nacional
Administración directa Sin especificar
Tramo 5 sur: Playa
del Carmen-
Tulum, 60.3 km
Secretaría de la Defensa Nacional.
Asignada inicialmente por licitación
a México Compañía Constructora
(Grupo México)
17,000,815,000.00
Tramo 6: Tulum-
Bacalar, 254 km Secretaría de la Defensa Nacional
Administración directa Sin especificar
Secretaría de la Defensa Nacional
Administración directa Sin especificar
Fuente: Elaboración propia con base en www.trenmaya.gob.mx
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CARLOS A. RODRÍGUEZ WALLENIUS
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terminó de forma anticipada el contrato y se lo asignó a la Sedena. Este
hecho se debió a una medida que tomó el gobierno federal frente a una
serie de amparos que interpusieron organizaciones civiles y ambientalis-
tas en Quintana Roo, en especial en contra de la construcción de los tra-
mos 5 norte y sur, por lo que el presidente definió el Tren Maya como
una obra de seguridad nacional para poder reanudar las obras en dichos
tramos a pesar de los amparos.6
De esta manera, la Sedena construirá los tramos 5 norte, 5 sur, 6 y 7,
un total de 651.1 km, que equivalen a 42 por ciento de todo el proyecto.
Es relevante señalar que los tramos asignados al ejército son aquellos don-
de no hay vías de ferrocarril previamente construidas, como en el caso
de los tramos 1 al 3 (Palenque a Izamal) en la que se avanza en el antiguo
trazado del Ferrocarril del Mayab.
Aeropuerto Internacional de Tulum
La construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum fue anunciada
por el presidente de la república en la conferencia mañanera del prime-
ro de octubre de 2020. Este aviso resultó sorpresivo porque dicho aero-
puerto no estaba contemplado en los proyectos prioritarios ni en el Plan
Nacional de Desarrollo. La justificación para su construcción fue que se
quiere fortalecer las actividades turísticas en el Caribe mexicano, así co-
mo impulsar el megaproyecto del Tren Maya, en tanto el Aeropuerto In-
ternacional de Cancún (administrado por la empresa Asur) estaba llegan-
do a niveles de saturación.
Casi desde su anuncio inicial, este proyecto fue asignado a la Secre-
taría de la Defensa Nacional, que a través de la Dirección General de In-
genieros inició los estudios de preinversión y factibilidad del nuevo ae-
ropuerto, que contempla un espacio civil con terminales nacionales e
internacionales, donde se espera una afluencia de cuatro millones de pa-
sajeros anuales, además tendrá una base aérea militar. Las instalaciones se-
rán construidas en un terreno de 1 200 hectáreas comprado a los ejida-
tarios de Chunyaxché, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, muy
cercano a la ciudad de Tulum (López Obrador, 2022b).
6 El presidente López Obrador expidió el 22 de noviembre de 2021 el acuerdo sobre
los proyectos y obras del gobierno de México considerados de interés público y de se-
guridad nacional, además de prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. El 18
de julio de 2022, el Consejo de Seguridad Nacional definió los tramos 5, 6 y 7 como
obras de seguridad nacional.
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NEODESARROLLISMO VERDE OLIVO 99
En abril de 2022 se constituyó la empresa de participación estatal ma-
yoritaria Aeropuerto Internacional de Tulum Zamá, S.A. de C.V. encabe-
zada por la Sedena y se planea que las obras empiecen en septiembre de
2022, una vez terminados los estudios (, 2022). La inauguración se hará
en diciembre de 2023, cuando tenga una pista de aterrizaje y despegue de
3 700 metros, terminal de pasajeros, oficinas de aviación, estacionamiento
y una terminal del Tren Maya. Este nuevo complejo aeronáutico opera-
rá a partir de mayo de 2024, cuatro meses después de la inauguración del
Tren Maya.
Los estudios de preinversión para definir la factibilidad del proyecto
se iniciaron a finales de 2021 con un monto de 246.4 millones de pesos
y la inversión tentativa para la construcción del aeropuerto que fue soli-
citada por la Sedena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ()
es por 985 millones de pesos. Se propone, además, construir un corredor
comercial de 10.5 kilómetros de largo, que interconectará con la carretera
federal 307, corredor que estará comunicado con el Tren Maya (Amén-
dola, 2022).
Otras obras
Para culminar las formas de inclusión de las Fuerzas Armadas en los me-
gaproyectos neodesarrollistas de la cuarta transformación, el gobierno fe-
deral dio un paso más en el involucramiento de la Sedena al asignarle la
administración de las principales obras y proyectos construidos en este
sexenio y otras vinculadas, en especial en el Grupo Olmeca-Maya-Mexi-
ca, en los que están integrados los aeropuertos Felipe Ángeles, Tulum, Pa-
lenque, Chetumal, el Tren Maya y el avión presidencial.
El objetivo de la empresa militarizada es que 75 por ciento de las uti-
lidades sean destinadas a las jubilaciones de integrantes del ejército y la
marina, aunque una importante pretensión expresada por AMLO es que,
al dejar a las fuerzas castrenses este conglomerado empresarial, se custodie
el patrimonio público y se evite que en próximos sexenios se privaticen
los aeropuertos y trenes.
El mismo día en que se constituyó legalmente el Aeropuerto Interna-
cional de Tulum Zamá (13 de abril de 2022) también se formó la empre-
sa de participación estatal mayoritaria Grupo Aeroportuario, Ferroviario
y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. (),
con un monto de un millón de pesos, de los cuales 990 000 pesos son de
la Sedena y los 10 000 pesos restantes del Banco Nacional del Ejército,
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Fuerza Aérea y Armada (Banjército). De esta manera el valor de los acti-
vos que maneje el grupo será de 305 677 millones de pesos, un verdadero
emporio comercial y de servicios (México cómo vamos, 2022).
El primer proyecto que administra el  es el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles, que ha tardado en arrancar, pues los primeros
meses de servicio solo tuvo 12 vuelos diarios, aunque a partir de agosto
subió a 46 vuelos diarios, todavía lejos de los planeados.
M      
La actividades que ha desarrollado la Secretaría de la Defensa Nacional
en apoyo a los principales megaproyectos de la cuarta transformación
mostraron una alianza estratégica en torno a su política neodesarrollis-
ta, como parte de un proceso de paulatina militarización de las acciones
y proyectos prioritarios, donde el gobierno asume las costosas obras de
infraestructura necesarias para el funcionamiento de la economía, con el
fin de generar condiciones para la inversión de los grandes capitales, y
facilitar la transportación de personas y mercancías, impulsar actividades
turísticas, trasladar productos agropecuarios, agroindustriales y petroquí-
micos, recolectar la producción, maquila y extracción de materias primas
y bienes naturales. En este sentido, el impulso del , el Tren Maya, el
, así como el  muestran que más que el desarrollo y bienestar de
las comunidades donde se establecen las obras, el objetivo de los mega-
proyectos es asegurar buenas condiciones para la reproducción del capi-
tal (Ibarra, 2016).
La mayoría de estas obras estaban planteadas en el  como parte de
una política gubernamental que muestra sus diferencias y críticas a los re-
gímenes neoliberales, pero que tuvo que enfrentar las difíciles condicio-
nes económicas, sociales y de salud pública que trajo la pandemia de Co-
vid-19 desde marzo de 2020 (un año y cuatro meses después del inicio
del régimen de la cuarta transformación), por lo que se fortaleció la estra-
tegia y narrativa neodesarrollista que prioriza la construcción de mega-
proyectos como un mecanismo para promover el crecimiento económi-
co, la generación de empleos y la redistribución de la riqueza (Thomas,
2019). Esta estrategia gubernamental también se observa al destinar los
principales megaproyectos al sureste del país, una región históricamente
olvidada de las principales políticas y prioridades económicas.
La alianza entre el ejército y el gobierno de López Obrador muestra
también las debilidades de las instituciones estatales después de cuarenta
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años de políticas neoliberales, que privilegiaron a las empresas privadas con
las mejores condiciones y financiamientos en detrimento de las capacidades
que habían adquirido las instituciones públicas, como la Secretaría de Obras
Públicas o Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en el periodo del desarrollo
estabilizador (1952-1982), cuando pudieron cumplir los retos técnicos y fi-
nancieros para realizar las grandes obras de infraestructura. En cambio, en el
periodo neoliberal, las entidades gubernamentales se convirtieron en gesto-
ras de concesiones y recursos para que las empresas privadas construyeran y
operaran los proyectos que, bajo diversos esquemas de participación públi-
co-privado, fueron licitados y concesionados, dando paso a prácticas reite-
radas de corrupción y conflictos de interés en las administraciones neolibe-
rales (Rodríguez, 2020b).
Ante los estragos y afectaciones de las prácticas gubernamentales neo-
liberales, aunado a la necesidad de llevar al cabo sus promesas de gran-
des obras en un difícil contexto económico y de salud, el régimen de la
cuarta transformación optó por una alianza con las fuerzas castrenses para
cumplir con la construcción y puesta en marcha de sus megaproyectos de
infraestructura; así se conformó el neodesarrollismo verde olivo.
Ejemplo de las limitaciones que la gobernanza neoliberal estaba im-
poniendo a las acciones neodesarrollistas fue el marco legal respecto a la
construcción de los megaproyectos, en especial con la Ley de Obras Públi-
cas y Servicios Relacionados con las Mismas,7 la cual impone condiciones
estructurales para orientar el gasto gubernamental hacia licitaciones para
empresas privadas, en tanto las entidades de gobierno no tengan capacidad
para realizar una obra (artículo 70), lo que genera una opción preferencial
para la construcción y operación de obras y servicios por las constructoras
y corporaciones privadas, que se fortalecen económicamente.
El principal elemento que condiciona a las entidades públicas pa-
ra construir y operar por administración directa (es decir, dirigida por la
misma dependencia sin licitar ni contratar empresas) es que “tengan la
capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes
en maquinaria y equipo de construcción y personal técnico […] La de-
pendencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos humanos,
7 Los megaproyectos que se señalan en la ley son obras públicas asociadas a proyectos de
infraestructura, la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles desti-
nados directamente a la prestación de servicios de comunicaciones, transportes, hidráu-
lico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético.
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técnicos, materiales y económicos necesarios para la ejecución de los tra-
bajos que realice” (artículo 70).
Debido al desmantelamiento neoliberal y el radical adelgazamien-
to de las capacidades gubernamentales, las dependencias y secretarías de
Estado encargadas de la obra pública se quedaron sin equipamiento ni
personal, así que estaban orilladas a contratar a las empresas constructo-
ras privadas. Sin embargo, la Sedena y la Semar mantuvieron los elemen-
tos necesarios para poder construir y dar mantenimiento a sus instalacio-
nes como aeropuertos, puertos, cuarteles, carreteras, con personal técnico
formado en la dirección general de Ingenieros de la Sedena.
De esta manera, las fuerzas armadas tenían la posibilidad de construir
bajo el mecanismo de administración directa, según la ley y, además, la
Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea le otorga la misión de “reali-
zar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país” (ar-
tículo 1). Esto representó un filón legal que aprovechó el régimen de la
cuarta transformación para sacar adelante los megaproyectos prometidos
por López Obrador. Sin embargo, la incorporación de lleno de las fuer-
zas castrenses a los proyectos de construcción de carácter civil requiere,
además de buscar un marco jurídico convincente, una narrativa que jus-
tifique su inclusión. En este sentido, el discurso que ha construido el pre-
sidente López Obrador respecto a la cada vez más amplia participación
del ejército en diferentes labores del gobierno civil sigue algunas coorde-
nadas clave de los valores del militarismo (Kraska, 2007).
En efecto, el militarismo al que hace referencia AMLO subraya la
honradez, la integridad, la disciplina, la responsabilidad y la lealtad de las
fuerzas armadas, valores que han sido reivindicados en el proceso de mi-
litarización de los megaproyectos. De forma especial, los temas de honra-
dez e integridad se subrayan cuando se insiste en que las fuerzas armadas
estuvieron lejanas a los hechos de la corrupción generalizada que se evi-
denciaron en los anteriores gobiernos neoliberales. Además, en la narrati-
va de la cuarta transformación el ejército está mostrando gran responsa-
bilidad al realizar en tiempo y forma los proyectos encomendados y bajo
los lineamientos de la austeridad republicana, en contraste con las dece-
nas de obras abandonadas o suspendidas en sexenios anteriores o cuyos
presupuestos se incrementaron injustificadamente.
Otros referentes importantes son la disciplina, el cumplimiento del
deber y la calidad que tienen los ingenieros militares para llevar al ca-
bo las tareas que les encomienda el gobierno federal. Así, en el caso de
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NEODESARROLLISMO VERDE OLIVO 103
la construcción del , la Sedena se apegó al presupuesto inicialmente
planteado y culminó el aeropuerto en la fecha comprometida.
Además, López Obrador utiliza la lealtad del ejército como un escu-
do contra la posible privatización de las obras públicas, pues al crear una
empresa donde la Sedena es la responsable de gestionar y manejar el Tren
Maya y cuatro aeropuertos, vinculando las ganancias a los fondos de re-
tiro del personal castrense, es una estrategia del presidente para dejar sus
obras de infraestructura prioritarias a salvo de las posibles tentaciones
neoliberales de privatizarlas.
La narrativa militarista de la propuesta neodesarrollista ha sido conve-
nientemente construida con algunos olvidos como, por ejemplo, el caso
de los señalamientos a la Sedena por manejos financieros cuestionables
en la construcción de la barda perimetral del fallido aeropuerto de Tex-
coco, mediante un contrato con Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México en febrero de 2015, bajo la modalidad de administración directa,
lo que le permitió encarecer la obra en 89 por ciento, al pasar del costo
inicial de 1 547 millones de pesos, para llegar a 2 930 millones de pesos
(Barragán, 2018).
También están las denuncias de la vinculación de algunos integrantes
de la cúpula militar, como el general Cienfuegos, quien fuera secretario
de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue
detenido temporalmente en Estados Unidos en 2020, por petición de la
Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, por sus pre-
suntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada y el narcotráfi-
co, o en México, en el que se acusó a su gestión de violación a derechos
humanos, como la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya o el ocultamiento
de información en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
(Brewer, 2021).
A pesar de estos señalamientos, lo que genera la mancuerna entre el
gobierno de la cuarta transformación y el ejército es un proceso paula-
tino de militarización en varias tareas civiles (policía y seguridad inte-
rior, distribución de medicamentos, protección de instituciones) que se
ha intensificado con las responsabilidades en la construcción y adminis-
tración de las obras de infraestructura. Este proceso de vinculación gene-
ra preocupación sobre las consecuencias que tendrá dicha militarización
para la vida pública del país, debido a una mayor incidencia y ejercicio
del poder de las fuerzas armadas en los espacios de toma de decisión gu-
bernamental.
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104
Además, la creciente presencia militar va a trascender el actual sexe-
nio, pues continuará en muchos espacios de las actividades civiles, como
en las responsabilidades de seguridad interior con la Guardia Nacional y
en la gestión de una de las empresas del Estado con mayor valor en tér-
minos de las inversiones y capital de trabajo como es el .
Como mencionan Cowper (2000) y López Portillo (2021) el invo-
lucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas civiles del gobierno repre-
senta varios riesgos, uno de los cuales es la erosión de las instituciones
militares cuando se involucran en actividades de seguridad pública, ya sea
por las constantes presiones por corromperlas o por acciones represivas
que puedan realizar sobre la población civil. Otro tema es el protagonis-
mo del ejército en la vida institucional de los gobiernos, porque significa
un mayor peso de su capacidad de decisión, así como de atención a sus
necesidades operativas y financieras.
C
El neodesarrollismo verde olivo muestra la importancia que tiene la par-
ticipación del ejército y la marina para impulsar el ambicioso programa
de megaproyectos que el régimen de la cuarta transformación se propuso
para este sexenio con el fin de promover el crecimiento económico y la
generación de empleos.
La militarización de las tareas gubernamentales muestra fuertes debi-
lidades en las capacidades institucionales de la administración federal, que
fueron socavadas en sexenios anteriores por una serie de políticas y me-
didas neoliberales que limitaron sus facultades para construir y adminis-
trar obras de infraestructura, en cambio, se benefició a empresas privadas
que concentraron las licitaciones y contratos para la construcción de los
proyectos gubernamentales y que generaron prácticas cuestionadas en los
contratos, como sobrecostos, incremento de los presupuestos y tiempos
para la terminación de las obras y ampliación de los periodos de conce-
sión, entre otros.
En contraste, la participación del ejército mediante el mecanismo de
administración directa para la realización del , mostró algunas carac-
terísticas que el gobierno de López Obrador pretende darles a sus me-
gaproyectos: que se construyan con presupuestos austeros, que se reali-
cen en los tiempos planeados, que sean de buena calidad para su correcto
funcionamiento y que generen empleos. Estas características del proceso
de construcción de los megaproyectos por parte de las fuerzas castrenses
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NEODESARROLLISMO VERDE OLIVO 105
se empalman con los valores del militarismo (disciplina, honestidad, leal-
tad y obediencia) que retoma la cuarta transformación para la puesta en
marcha de las obras.
Las capacidades y valores que demostró la Sedena con el Aeropuerto
Felipe Ángeles, se aprovechan ahora para construir las partes más comple-
jas y conflictivas del Tren Maya (los tramos 5, 6 y 7), una apuesta arries-
gada, ya que tuvo que declarar esa sección del megaproyecto como una
obra de seguridad nacional para liberarse de los amparos que grupos de
la sociedad civil interpusieron para detener la construcción de las obras
en la parte de Cancún a Tulum (la más importante en términos de turis-
mo). Para el caso del Aeropuerto Internacional de Tulum también hay re-
tos relevantes, pues se tendrá que terminar esa obra de gran importancia
y magnitud en un año y medio.
A pesar de la relativa eficacia y eficiencia que pueda tener el gobier-
no de AMLO con el activo involucramiento de las fuerzas armadas, hay
varios elementos de preocupación por el proceso de militarización de la
cuarta transformación, como son el deterioro, desgaste y pérdida de le-
gitimidad de las instituciones castrenses al participar en tareas civiles que
no son de su competencia.
Una cuestión sustantiva de la crítica a la militarización en la cuarta
transformación es la debilidad institucional actual de las entidades guber-
namentales, lo cual requiere acciones públicas para dejar de depender de
las organizaciones militares, en especial, impulsar una reforma profunda
que profesionalice y fortalezca las capacidades de las instituciones públi-
cas, junto con acciones que democraticen y transparenten el conjunto de
políticas y proyectos de los gobiernos, de forma que puedan atender las
necesidades y requerimientos sociales y económicos de la población sin
caer en corruptelas y desviación de recursos.
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La fuerza del Estado mediante el extractivismo
y el mal llamado desarrollo: amenaza a las
comunidades indígenas de Puebla
Aleida Azamar Alonso
Dice mi padre que un solo traidor/puede con mil valientes
Él siente que el pueblo en su inmenso dolor
hoy se niega a beber en la fuente/clara del honor […]
En mi país somos miles y miles/de lágrimas y de fusiles
Un puño y un canto vibrante/Una llama encendida, un gigante
Que grita: ¡Adelante, adelante…!
Alfredo Zitarrosa
El extractivismo es una actividad compleja que grosso modo se refiere a la
extracción intensiva de recursos naturales para su posterior comercializa-
ción en mercados internacionales con la finalidad de cubrir la demanda
de sectores industrializados de otros países. Si bien es un proceso que se
desarrolla en todo el mundo, lo cierto es que existen regiones —princi-
palmente países con un bajo nivel de industrialización—, que convierten
el extractivismo en la parte medular de su proyecto económico y político
bajo los supuestos de generar riqueza y desarrollo.
La realidad, sin embargo, es que el extractivismo produce efectos ne-
gativos tanto en la sociedad como en la naturaleza, por ejemplo, degra-
dación de la flora y la fauna, daño a la salud de la población y monopoli-
zación territorial —lo que afecta principalmente a millones de personas
en situación de marginación o pobreza que se ven obligadas a proteger su
territorio de todas las formas posibles—, además de la violencia, ya que se
amenaza su forma de vida, su capacidad de sustento y su propia existencia.
Esto se debe a que los recursos naturales disponibles en el mundo son
cada vez más escasos, por lo que las empresas extractivas privatizan los es-
pacios donde se encuentran, con el empleo de diferentes medidas que, en
ocasiones, llegan a acciones coercitivas para su apropiación, aunque para
ello necesitan el apoyo del Estado a través de la imposición de regulacio-
nes o de proyectos ajenos al interés de la población local.
Por ejemplo, los grupos indígenas de la zona del Amazonas se resis-
tieron a la construcción de una presa hidroeléctrica planeada por el go-
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bierno para la generación de energía bajo las exigencias de normativas
ambientales propuestas desde fuera del país que no consideraban los efec-
tos del proyecto, que privatiza el agua y desplaza a la población local; es
decir, modifica y daña el espacio al punto de que es imposible mantener
una comunidad en ese lugar, por lo que se tiene que reubicar a los habi-
tantes en otros lugares.
En cambio, Baragwanath y Bayi (2020) comprobaron que al garan-
tizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas en la ama-
zonia brasileña se fortalecieron las capacidades de defensa ambiental y se
minimizaron los costos económicos del Estado en la vigilancia ambien-
tal, pues los pobladores han realizado este tipo de acciones de forma muy
efectiva y al mismo tiempo han impulsado proyectos de vida con un li-
mitado impacto ecológico, ya que tienen una cosmovisión de apego y
respeto a la naturaleza.
Es decir, en los procesos de imposición de lógicas productivas o nor-
mativas se genera conflicto, pues no se respetan las prácticas e intereses de
los habitantes del lugar. De esta forma los desencuentros entre la pobla-
ción, el Estado y las empresas pueden escalar hasta extremos de violencia
donde intervienen activamente los cuerpos de seguridad pública, como
la policía, y en casos más graves los militares, pero estas irtenvenciones no
suelen ser para tratar de resolver el conflicto, sino para ejercer coerción
contra los que rechazan estas actividades. Este tipo de medidas para ga-
rantizar el desarrollo de proyectos extractivos y de apropiación de la na-
turaleza en las que intervienen la policía o las fuerzas armadas, a petición
de las empresas y casi siempre de forma violenta contra los inconformes,
provocan una sensación entre la población de que el gobierno solo apoya
a las empresas, generan tensión y mayores conflictos futuros.
Por ejemplo, en la zona centro de México, en la Sierra Norte de Pue-
bla, la defensa del territorio frente a los proyectos extractivos y los me-
gaproyectos se ha convertido en una realidad que tienen que enfrentar
día a día los habitantes debido a la gran cantidad de megaproyectos que
se desarrollan en esa región. Este problema ya ha cobrado la vida de va-
rias personas que defendían el territorio y se oponían a estas actividades,
la mayoría de las cuales fueron acosadas por los organismos de seguri-
dad pública; además, no intervenieron las autoridades ni los militares para
prevenir la situación ni dar con los responsables.
Resulta especialmente relevante el nivel de persecución que sufren
los activistas indígenas pertenecientes a colectivos que agrupan a comu-
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LA FUERZA DEL ESTADO MEDIANTE EL EXTRACTIVISMO 113
nidades o trabajadores del campo y que rechazan los modelos de desarro-
llo extractivistas que se imponen actualmente, tal es el caso de la Unión
de Cooperativas Tosepan; el Movimiento Indígena Obrero, Campesino,
Urbano y Popular; el Movimiento Agrario Indígena Zapatista y el Fren-
te de Pueblos Unidos —solo por nombrar algunos—, los cuales han su-
frido varias víctimas mortales o personas heridas o encarceladas solo por
expresar su rechazo a esta apropiación de sus recursos.
Lo anterior es solo una muestra de lo que sucede en esta entidad,
pues hay otros eventos violentos que se han presentado a través del uso
de policías y militares contra las comunidades rurales e indígenas en Pue-
bla que se oponen a megaproyectos de extracción minera, así como a las
infraestructuras que los acompañan, a la fracturación hidráulica (fracking)
para extraer gas de esquisto, la privatización y explotación intensiva de
los recursos hídricos, así como a la creación de infraestructura energética
para beneficio empresarial.
El objetivo de este capítulo, por lo tanto, es analizar la violencia espe-
cífica que sufren las comunidades indígenas y campesinas en Puebla por
parte del Estado debido a su resistencia al extractivismo. Se eligió esta en-
tidad por la relevancia que tiene en cuanto a violencia contra activistas
ambientales en el país, especialmente indígenas, pues es uno de los diez
estados más violentos.
En este trabajo se realizó un análisis documental y hemerográfico de
los principales casos de conflicto y violencia en los que han intervenido
la policía y el ejército mexicano de forma violenta en contra de la pobla-
ción que se resiste a los proyectos extractivos. Este proceso de documen-
tación se amplió con el análisis de crímenes letales contra los defensores
ambientales en la entidad.
Este capítulo se compone tres apartados; en el primero se analiza el
concepto de desarrollo así como su relación con el extractivismo, en el
segundo se revisan los efectos y riesgos del extractivismo como parte del
proceso de desarrollo y en el tercero se revisa la situación sobre los con-
flictos y las víctimas que ha provocado el extractivismo en el estado de
Puebla. Al final, se presentan las conclusiones.
A     
Las actividades extractivas suelen justificarse con los supuestos beneficios
económicos y productivos que generan y porque conducen hacia un
proceso de crecimiento y desarrollo, pero diversas investigaciones ponen
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en entredicho tales aseveraciones (Azamar, 2021; Gudynas, 2021; Svampa,
2019). El concepto “desarrollo” aplicado a los países nace como una jus-
tificación para el “crecimiento económico permanente”, enlazado fun-
damentalmente con el comportamiento de los mercados internacionales
y expresado en términos de riqueza material.1
Por su parte, el término “subdesarrollo” se estableció durante el dis-
curso paternalista del entonces presidente de Estados Unidos Harry
Truman,2 quien en 1949 señaló que la pobreza en el mundo es tanto
un obstáculo como una amenaza para el bienestar común. Por lo tanto,
aquellos países que se caracterizan por tener un producto interno bru-
to () bajo deben buscar la cooperación y apoyo de sus pares en mejo-
res condiciones. De esta forma el desarrollo está profundamente ligado
al crecimiento económico, por lo que se pueden diferenciar tres tipos de
desarrollo dependiendo de su inclinación productiva y social, estos son el
tradicional, el alternativo y el de antidesarrollo.
El primer concepto es el dominante actualmente en las diferentes
economías del mundo, en este los mercados desempeñan un papel cla-
ve para el establecimiento de la lógica productiva enfocada en el rápi-
do crecimiento económico, aparejado a un tímido desarrollo social que
tiene mayor efecto entre la población con más influencia económica. Al
respecto se puede mencionar que existen directrices institucionales in-
ternacionales que sugieren que el papel de las empresas y, por lo tanto,
de sus dueños en el desarrollo de políticas públicas debe ser más activo y
con mayor influencia para generar condiciones que les beneficien para la
creación de empleos y riqueza (Banco Mundial, 2019).
De esta forma han surgido políticas públicas que subvencionan acti-
vidades empresariales con limitado impacto social o económico para la
población en general, como sucede actualmente con las actividades ex-
1 Lo anterior llevó a que se impusiera un parámetro universal en el que la única forma en
que la sociedad podía seguir mejorando su calidad de vida era a través del aumento sos-
tenido de un único indicador: el producto interno bruto (), el cual depende tanto de
la capacidad productiva local como del consumo interno y la inversión. En consecuen-
cia, para una nación con una fortaleza industrial ya consolidada se trata de aprovechar
las ventajas que le brinda su propia infraestructura para aprobar y establecer dinámicas y
precios del trabajo, así como de los bienes que se comercian en el mercado nacional o
internacional.
2 En realidad, fue William Benson el primero en discutir y plantear este concepto en un
documento de análisis publicado en 1942; sin embargo, el concepto del subdesarrollo no
se utilizó de forma colectiva hasta que Truman pronunció su discurso (González, 2019).
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LA FUERZA DEL ESTADO MEDIANTE EL EXTRACTIVISMO 115
tractivas, pues estas se consideran necesarias para impulsar el crecimiento
y el desarrollo autosostenido de los países en vías de desarrollo (Campa-
nini et al., 2019; Gómez, 2019; Lander, 2014), pero solo benefician a unos
cuantos actores.
En particular, los proyectos extractivos se han considerado fundamen-
tales para la transición de las sociedades agrarias hacia las industrializadas
debido a planteamientos como los del conocido teórico Rostow (1960),
en los que se establecen lógicas de apropiación de la naturaleza como par-
te central de los modelos económicos modernos, aunque estos hayan si-
do ampliamente criticados debido a sus evidentes perjuicios de un solo
modelo de crecimiento que además genera una tendencia hacia los con-
flictos (Boehmer y Sacko, 2022; Itagaki, 2007; Uribe y Jaramillo, 2021).
Sin embargo, el impacto positivo que tienen las actividades extracti-
vas para la sociedad —por lo menos en México y América Latina—, es
cuestionable (Azamar, 2021); por ejemplo, las actividades extractivas más
modernas, al ser intensivas en capital y con un alto grado de compleji-
dad técnica, requieren procesos que disminuyen y desplazan a la pobla-
ción local tanto por la tecnología que utilizan —que en muchas ocasio-
nes no permite a las comunidades subsistir en el lugar—, como porque
no suelen contratar a habitantes de estos lugares, sino que las empresas
traen consigo a personal especializado, como lo señala el Banco Mundial
(2019, p. 28): “la automatización ha reducido de forma desproporcionada
la demanda de trabajadores menos cualificados […] el desplazamiento de
grupos étnicos puede estar entre sus consecuencias negativas, provocado
especialmente por los proyectos a gran escala”.
Asimismo, debe agregarse que en este tipo de procesos suelen ocurrir
conflictos que generan múltiples víctimas mortales derivadas de estas ac-
tividades. Actualmente, en América Latina hay más de 1 500 ambientalis-
tas y defensores de la tierra que han sido asesinados y al menos una terce-
ra parte de estas víctimas fueron resultado de conflictos, enfrentamientos
o ejecuciones realizadas por cuerpos de seguridad pública. También, vale
la pena comentar que en México se localiza casi la tercera parte de estos
casos, con cerca de cuatrocientos, dependiendo de la fuente que se con-
sulte (Global Witness, 2021).
El uso de la fuerza pública para resolver situaciones de resistencia so-
cial ante el extractivismo se ha convertido en la estrategia principal de
la mayoría de los gobiernos. Destaca la creación de fuerzas militares de-
dicadas a la protección de estos proyectos, como las policías mineras en
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América Latina, que en vez de buscar el diálogo con los inconformes pa-
ra desescalar la situación, provocan enfrentamientos violentos, lo que ha
ocasionado víctimas mortales (Azamar, 2020).
Por otra parte, en el concepto de desarrollo que se considera alterna-
tivo y que se identifica principalmente entre los denominados gobiernos
progresistas (Carrillo et al., 2016) existe una crítica formal —aunque li-
mitada a las propuestas del modelo tradicional—, por lo que se presentan
análisis más amplios de los fenómenos que aquejan a la sociedad, como
la pobreza, la inequidad o la violencia, pero sin cuestionar a fondo la raíz
específica de estos problemas que conllevaría a buscar un rompimiento
con las dinámicas políticas y productivas actuales.
Lamentablemente el extractivismo y la privatización de la naturaleza
se mantienen como dinámicas comunes en este tipo de desarrollo, espe-
cialmente en los países con menor industrialización y mayor dependen-
cia de las materias primas, ya que se financian las políticas de corte social
a través de la explotación intensiva de la naturaleza en coparticipación
con empresas privadas (Azamar y Azamar, 2016; Gómez, 2019).
Sin embargo, estas estrategias que buscan fortalecer a las poblacio-
nes marginadas a través de programas y políticas públicas que dependen
del extractivismo y de los megaproyectos terminan generando los mis-
mos perjuicios que el desarrollo tradicional, ya que continúa el despla-
zamiento social, como en los casos de Bolivia y Ecuador, que crearon
escuadrones militares para la defensa de sus megaproyectos estructurales
y extractivos, por lo que decidieron enfrentar a la población indígena y
campesina que, además, en su momento fue la que apoyó y ayudó a ga-
nar las luchas electorales. Esta situación, que se repitió tanto en Venezuela
como en Argentina y Brasil, donde el discurso de los mismos gobiernos
acusó a los opositores de los megaproyectos de promover conductas an-
tinacionalistas y marginó estas posiciones de resistencia hasta ser violen-
tadas tanto por parte de la población como por los aparatos de seguridad
del Estado (Azamar y Azamar, 2016).
Aunque el enfoque del desarrollo alternativo busca la sostenibilidad
y la democracia a través de los principios de buena gobernanza, así como
la implementación de programas para el fortalecimiento de la población
con mayores grados de marginación, lo cierto es que esto se produce a
través de acuerdos ajenos a los intereses locales, ya que se heredan de pro-
cesos como el Consenso de Washington de la década de 1990, que pro-
movía la apertura de varios sectores productivos a la inversión extranjera.
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LA FUERZA DEL ESTADO MEDIANTE EL EXTRACTIVISMO 117
Esta situación también se puede observar en el gobierno mexicano
actual, que no tuvo un giro hacia el progresismo a diferencia de la mayor
parte de sus vecinos en América Latina, sino que profundizó las dinámi-
cas extractivistas del Consenso de Washington, por lo que se ha dado un
proceso más cercano al desarrollo tradicional, lo que ha derivado en una
profunda crisis de seguridad y violencia, puesto que se ha establecido una
lógica de militarización del país para las tareas de protección ciudadana
y actualmente también para el desarrollo de sectores críticos para el go-
bierno, como el desarrollo de proyectos de infraestructura o la protección
de actividades extractivas de distinta naturaleza.
Además de los conceptos de desarrollo y subdesarrollo, está el anti-
desarrollo, el cual propone un rompimiento total con las dinámicas pro-
ductivas tradicionales basadas en el extractivismo, y busca transitar hacia
alternativas con enfoques sociales más integrales. Esto se observa princi-
palmente en comunidades campesinas y rurales que proponen modelos
de vida y de trabajo que no buscan el beneficio económico ante todo
sino la generación de bienestar colectivo y ambiental rechazando cual-
quier lógica de privatización de espacios comunes o de monopolización
del territorio (Ávila, 2021; Toledo y Ortiz, 2014).
Un ejemplo es lo que sucede en la Sierra Norte de Puebla con la po-
blación indígena, ya que no está interesada en enfoques de desarrollo al-
ternativos, sino en alternativas al desarrollo. Para las comunidades de es-
tos territorios, así como de buena parte de América Latina, la situación
de marginación y empobrecimiento no se ha resuelto a través de trans-
ferencias económicas; además, los procesos políticos tradicionales no han
aliviado las múltiples injusticias y la violencia que enfrentan, por eso han
emprendido procesos que rechazan el supuesto desarrollo que histórica-
mente no los ha beneficiado.
Esta posición social tiene una clara base en la experiencia histórica de
dichas comunidades, algo que Esteva (1996, p. 59) destaca al señalar que
“el subdesarrollo es la creación del desarrollo”; es decir, el crecimiento
económico no reparte los beneficios ni las cargas por igual, en este caso
la población rural o indígena que renta, vende o a la que se le expropian
sus territorios donde hay riqueza natural de algún tipo, no recibe com-
pensación o es muy poco lo que se le ofrece a pesar de que las empresas
o el Estado obtendrán beneficios millonarios derivados de la explotación
de dicha riqueza. La modificación de los sistemas culturales y de vida pa-
ra imponer procesos productivos es una suerte de colonización basada en
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esquemas políticos de desarrollo y crecimiento económicos. En Puebla,
tanto en la Sierra Norte como en el resto del estado, las comunidades
campesinas e indígenas enfrentaron una transformación de su proceso y
estilo de vida durante la década de 1970, cuando se impulsó un acele-
rado desarrollo agroindustrial en el país que benefició principalmente a
caciques y empresas con la monopolización de territorios y también de
los apoyos económicos para el desarrollo productivo, lo que provocó una
serie de abusos y violencia contra dichas comunidades (Monguel y Bar-
tra, 1995).
Ante esta situación destaca la organización de la Sierra Norte de
Puebla, donde se crearon organismos y cooperativas para proteger a la
población del lugar de los abusos tanto del Estado como de las empresas
y se promovió un proceso de desarrollo basado en la colectividad y la so-
lidaridad con gran éxito, pues dichas cooperativas operan hasta la actua-
lidad. Esta situación se ha reproducido en varias partes de la entidad a lo
largo del tiempo; sin embargo, las personas que han optado por rechazar
y oponerse al modelo de desarrollo tradicional enfrentan la amenaza de
violencia pública y privada.
En este escenario se desarrolla la situación de vida de la mayoría de
las comunidades indígenas en Puebla, las cuales se enfrentan tanto a la
política tradicional cargada de violencia como a la crítica de los promo-
tores del desarrollo alternativo, que tratan de incorporar modelos extrac-
tivistas en sus sistemas de vida. A continuación se revisa la caracterización
del extractivismo y su relevancia para el modelo de desarrollo actual, para
comprender su influencia en el proceso de militarización.
R      
El extractivismo se ha convertido en un aspecto central para la mayoría
de los países en el mundo. Si bien son las naciones menos industrializadas
las que adoptan este modelo de desarrollo, lo cierto es que no existe un
país en el mundo que no dependa del extractivismo de una u otra ma-
nera, pues todas las actividades industriales modernas requieren materias
primas para su funcionamiento, de forma que la extracción de estos bie-
nes es la parte central del desarrollo tradicional y también del alternativo
(Azamar, 2018).
El interés por la obtención de estos recursos ha generado una com-
petencia entre varios países latinoamericanos —cuya dotación de ta-
les bienes se encuentra entre las más importantes del mundo (Mazzuca,
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LA FUERZA DEL ESTADO MEDIANTE EL EXTRACTIVISMO 119
2013)—, que se disputan la atención para atraer la inversión internacio-
nal con el fin de planear actividades, así como recibir los supuestos bene-
ficios tecnológicos y económicos derivados de su ejecución. El proble-
ma es que las evidencias contemporáneas señalan que el extractivismo se
opone al desarrollo (Azamar, 2021; Bebbington, 2009; Blanco et al., 2017;
Svampa, 2019). Entre los riesgos que genera se encuentran la reducción
de las tasas de crecimiento económico, la generación de condiciones de
subalternidad,3 desgobernanza y conflictos, a los que se enfrentan los paí-
ses que fomentan este tipo de actividades (Auty, 2001; López y Vértiz,
2017; Sachs y Warner, 2001; Weber, 2002).
Si se considera la suma de estos impactos negativos y que la prácti-
ca extractiva es inevitable, es evidente que los Estados más desarrollados
tenderán a trasladar estos riesgos a las naciones que no lo están,4 y gene-
rarán tensiones y violencia hacia la población local que enfrenta las con-
secuencias de estos problemas.5 En este mismo sentido, Azamar (2019,
p. 5) considera que el extractivismo se refiere a aquellas actividades que
extraen un volumen de materias primas superiores a las que son necesa-
rias para cubrir la demanda local de estos recursos; que además, durante
el proceso de extracción, contaminan de forma irreversible el área don-
de este se lleva a cabo; debilitan de manera estructural a la naciones; fo-
mentan el vínculo de dependencia externo, puesto que está enfocado al
3 En este contexto se utiliza el concepto subalternidad propuesto por la Escuela de Estu-
dios Subalternos de la India, debido a que desde esta perspectiva conceptual se reconoce
la invisibilidad de los fenómenos de resistencia social que no se consideraban políticos y
que en el estudio clásico de lo subalterno se ignoraban o trataban de forma tangencial.
Así, la subalternidad se entiende como la subjetivación derivada de la relación de domi-
nancia política, económica o violenta sobre los actores excluidos del escenario público
común; es decir, de los que carecen de cuerpo representativo robusto o de capacidades
de acción decisivas (Guha, 2002). A pesar de las evidentes carencias teóricas de esta in-
terpretación del término marxista-gramsciano (Modonesi, 2012), es destacable el recha-
zo a los procesos históricos y el estatismo que la visión clásica de subalternidad propone.
En este sentido, cabe recuperar el papel del campesino y el indígena, no como luchado-
res revolucionarios conscientes en busca de la emancipación del gran capital, sino como
sectores históricamente subordinados que actúan en busca de su propia identidad e in-
dependencia contra los procesos extractivos que amenazan su territorio.
4 Concepto conocido como “deuda ecológica”, es lo que las naciones desarrolladas
—del Norte del mundo— le deben a los países subdesarrollados —ubicados en su
mayoría en el Sur— por la apropiación y explotación intensiva de sus recursos natu-
rales sin retribución desde los periodos coloniales hasta la actualidad.
5 Vale la pena destacar que si bien todos los seres humanos extraemos recursos de la tie-
rra para nuestra subsistencia, la diferencia con el extractivismo es la de su intensidad y la
violencia socioambiental durante su desarrollo.
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comercio internacional; dependen de un marco normativo local que res-
palda el despojo territorial a través de la violencia y, aún más, el extracti-
vismo resulta fundamental para evitar la caída de la tasa de beneficio del
capital.
El extractivismo es una forma de desarrollo, aunque tiene un enfo-
que reprimarizante,6 pero a pesar de ello ha obtenido un carácter de tan
alta importancia que puede modelar las políticas nacionales (Arsel et al.,
2016). Además, Azamar (2017, 2018, 2019) señala que la industria mine-
ra tiene un importante papel en el establecimiento de políticas públicas
industriales y de seguridad pública.7 De esta forma el extractivismo se ha
convertido en la base de mayor relevancia para entender el desarrollo que
se lleva a cabo en México y América Latina durante las últimas décadas.
La justificación del extractivismo como palanca
para “salir de la pobreza”
El extractivismo suele justificarse debido al aporte que supuestamente ha-
ce para impulsar el desarrollo y ayudar a mitigar la pobreza en los espacios
donde se lleva a cabo siguiendo los principios de que: a) la creación de
empleo conducirá a la reducción de la pobreza, b) impactará en el creci-
miento de la educación, c) reducirá el sector informal, d) fomentará los de-
sarrollos técnicos, e) promoverá la protección social y f) fortalecerá la in-
clusión, además de disminuir las tasas de pobreza (Banco Mundial, 2019).
6 Slipak (2013, p. 6), explica el origen de la reprimarización de la siguiente forma: “Las
primeras apariciones concretas de la expresión ‘reprimarización’ de la economía, apare-
cen en alusión a las consecuencias que han traído las políticas de liberalización financie-
ra que han seguido varias dictaduras de América Latina y posteriormente la aplicación
de las prescripciones del Consenso de Washington. Precisando, la expresión ‘reprima-
rización de la economía’, aparece describiendo las etapas de valorización financiera, en
donde simultáneamente se observaba una tendencia a la reorientación de la economía
hacia las actividades agropecuarias, con la consecuente destrucción del tejido industrial,
pérdida de empleos y efectos regresivos en la distribución del ingreso”.
7 A pesar de que no hay consenso en la literatura actual sobre el extractivismo, este con-
cepto se enriquece de un gran campo de estudio enfocado en diferentes perspectivas de
la explotación territorial y ambiental. Autores como Acosta, Alimonda, Azamar, Balan-
yá y Ortega, Composto, Giarraca y Teubal, Gómez, Gudynas, Portillo, Seoane, Svampa,
entre otros, crean y nutren diversas formas y perspectivas de estudiar este fenómeno. De
manera común y a grandes rasgos, se entiende que se trata de todas aquellas actividades
antropogénicas que emplean o extraen grandes cantidades de materias primas para co-
merciarlas, sin ningún tipo de transformación, en el nivel internacional, sin favorecer a
los mercados locales de donde se obtienen utilizando medidas de coerción públicas o
privadas para llevarlo a cabo.
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LA FUERZA DEL ESTADO MEDIANTE EL EXTRACTIVISMO 121
Sin embargo, la creación de empleos a través del extractivismo es mí-
nima, además se ha estancado la lucha contra la pobreza, el sector infor-
mal sigue existiendo y algunas de las comunidades extractivas más im-
portantes de México han aumentado su tasa de subdesarrollo durante la
última década. Al ser actividades intensivas en capital y requerir perso-
nal altamente capacitado, así como complejas piezas técnicas, no pueden
apoyar el desarrollo ni el crecimiento económico local, pues en las zonas
rurales e indígenas no existen ni los recursos ni la formación humana, lo
que coincide con el supuesto de que en “economías de bajos ingresos” y
en zonas rurales e indígenas “los ingresos agrícolas son, por lo tanto, una
forma eficaz de reducir la pobreza” (Banco Mundial, 2019, p. 99).
Por otro lado, las empresas extractivas afirman que podrían contribuir
indirectamente a la mitigación de la pobreza a través de la inversión en
programas sociales por medio del aumento de las exportaciones y de los
ingresos fiscales. Sin embargo, la corrupción y la mala gobernanza tienen
una gran repercusión en estas supuestas ventajas. De este modo, las cre-
cientes tasas de crecimiento como resultado de la extracción no tienen
implicaciones positivas sobre el bienestar de la población. En conjunto,
la creencia de que el extractivismo conducirá al desarrollo económico es
incorrecta, ya que las desventajas superan en gran medida a las (potencia-
les) ventajas; especialmente si se añaden los impactos negativos ambienta-
les, sociales y culturales derivados de los proyectos de extracción.
Por último, el extractivismo, al ser una actividad que requiere una
gran cantidad de recursos (agua, madera y energía eléctrica) para su de-
sarrollo, suele generar tensiones con la población debido a que dichas ac-
tividades consumen, monopolizan y contaminan la mayor parte de estos
recursos que son fundamentales para las comunidades cercanas. Estas si-
tuaciones conducen al conflicto que, en la mayoría de los casos, se resuel-
ve por medio de la violencia, ya que interviene la policía o el ejército pa-
ra desplazar a la población y destruir su proceso de vida. A continuación
se menciona cómo en este gobierno se ha presentado y validado el poder
de la Guardia Nacional y de la polícia en contra de la población.
M    
   
En 2019 en México se fundó la agrupación denominada Guardia Nacio-
nal, que vendría a reemplazar a la policía federal para realizar acciones de
seguridad pública en todo el país. Este organismo que originalmente te-
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 121Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 121 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

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122
nía un carácter civil y estaba bajo el mando de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana () estaba compuesto hasta en 76 por ciento
de militares activos (, 2021).
Esta agrupación, coordinada por el exgeneral de brigada Luis Ro-
dríguez Bucio, lleva a cabo acciones de protección civil, vigilancia y pre-
vención del delito a nivel nacional, enfocándose de forma particular en
la lucha contra el narcotráfico y el robo de combustible (, 2021). Sin
embargo, es común ver a los efectivos haciendo retenes o protegiendo a
las empresas extractivas; por ejemplo, se les ha visto desalojando a trabaja-
dores mineros que estaban en huelga por inconformidades con las empre-
sas; también han participado en la defensa de megaproyectos de infraes-
tructura, estuvieron en el bloqueo del movimiento obrero que protestaba
por las inadecuadas condiciones laborales en la Refinería de Dos Bocas.
Resulta especialmente llamativo que el presidente López Obrador
busque transferir la dirección civil a un mando militar centralizado con
las limitantes que eso implica, esta cuestión es relevante porque la Guar-
dia Nacional es una agrupación que debería responder al interés de la
población, pero en cambio parece que el Estado utiliza a este grupo pa-
ra intimidar a la sociedad civil, como ha sucedido en varios lugares del
país durante los últimos cuatro años. Destaca el caso del estado de Puebla:
desde 2019 se han desplegado cientos de militares en esta entidad, orga-
nización que ha ejercido un alto grado de violencia, especialmente con-
tra defensores indígenas del territorio, pero las principales actuaciones de
este grupo militar han sido desalojar a la población inconforme que ha-
bía tomado una embotelladora de la empresa Bonafont. Por otra parte, la
Guardia Nacional no solo no ha podido frenar la ola de violencia que se
vive en el lugar, sino que incluso con su presencia la policía de la enti-
dad masacró a un grupo de pobladores inconformes con la política local.
A continuación se analiza la violencia que enfrentan las comunidades
indígenas y campesinas del estado de Puebla, las cuales han sido afectadas
por diferentes proyectos extractivos o de creación de infraestructura por
parte de la seguridad pública y las fuerzas armadas. Asimismo, se analizan
los casos de varios activistas asesinados en la misma entidad por defender
sus propios recursos naturales.
Víctimas mortales del extractivismo y militarización en Puebla
Puebla es una entidad que se encuentra en la zona centro del país, destaca
por su gran riqueza cultural y social; cerca de 5 por ciento de su población
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LA FUERZA DEL ESTADO MEDIANTE EL EXTRACTIVISMO 123
Poza Rica
Papantla
Tecolutla
Tlacuilotepec
Xicotepec
Tlapacoya
Tepetzintla
Zacatlán
Ixtepec
Cuetzalan
Zacapoaxtla Hueytamalco
Zaragoza Teziutlán
Ayotoxco Acateno Martínez de la Torre
Misantla
Perote
10 km Xalapa
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Sener (2016) y Sistema de Administración Minera (2015).
Presencia de la Unión Tosepan
Sede: Almacenamiento de café y productos
del agro, producción de materiales de
construcción, centro de formación
Kaltaixpetaniloyan, escuela, centro ecoturístico
Tosepan Kali y radio comunitaria.
Comunidades con socios de Tosepan.
Sucursales de la cooperativa de ahorro
y crédito Tosepantomin.
Exploración de hidrocarburos
convencionales
Mazatepec (220 mw)
El área de los círculos
es proporcional a su
potencia en megavatios
Olintla (75 mw)
menos de 5 mw
Exploración de hidrocarburos no
convencionales (fracking)
Extracción
Polígonos de explotación vigentes en
2015
Licitación de hidrocarburos (2015-2016)
Presas hidroeléctricas
Concesiones mineras
En operación
En proyecto
F 1. Megaproyectos en la Sierra Norte de Puebla
Océano
Atlántico
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124
es o se percibe como indígena (, 2020). También es un espacio con
riqueza natural en el que existe una gran cantidad de territorio concesio-
nado para la extracción hídrica y minera; de igual forma, debido a su es-
tratégica posición territorial es un paso para gasoductos. Por tales motivos
existe una gran cantidad de proyectos y megaproyectos extractivos y de
infraestructura que se llevan a cabo actualmente en el estado, en especial
en espacios que pertenecen a comunidades indígenas y campesinas y que
amenazan la seguridad territorial y la vida de la población.
La mayoría de los megaproyectos en Puebla son estructurales y ener-
géticos, los cuales se extienden desde la zona centro de la entidad hacia
la Sierra Negra y Norte, en esta última es en donde se ubica la Unión de
Cooperativas Tosepan, en la ciudad de Cuetzalan, integrada por 26 mu-
nicipios organizados en ocho cooperativas regionales, así como 410 coo-
perativas locales al interior de la Sierra Norte de Puebla que agrupan a
395 comunidades indígenas del lugar, las cuales se ven rodeadas por una
gran cantidad de estos proyectos (figura 1).
En la figura 1 se observa la ubicación de los distintos megaproyectos
en la Sierra Norte de Puebla. Cabe mencionar que estos territorios al ser
de comunidades indígenas tienen el derecho constitucional de autode-
terminación; sin embargo, se observa que en el mismo corazón del terri-
torio de estas comunidades existen actividades de exploración de hidro-
carburos, presas hidroeléctricas, minería y otros procesos de extracción o
de generación de energía como la central de energía solar de Kuyoaco.
Vale la pena destacar que la Sociedad Cooperativa Tosepan ha man-
tenido un proceso de resistencia y lucha contra los megaproyectos en las
últimas cinco décadas y actualmente se enfrenta a una militarización de
facto en la zona, pues desde 2019 se han desplegado por lo menos 450
miembros de la Guardia Nacional bajo el supuesto de apoyar en la pro-
tección y controlar la violencia sin tener ningún efecto positivo visible
(Aguilar, 2019).
Históricamente los habitantes de estos espacios han estado acosados
por el Estado al grado de que Amnistía Internacional (2018) tuvo que
intervenir públicamente para solicitar a las autoridades mexicanas el ce-
se de hostilidades contra la Asamblea de los Pueblos maseual, totonaku y
mestizo, ya que dicho acoso había desencadenado diversos ataques vio-
lentos tanto de la policía como de otros actores desconocidos que habían
cobrado varias víctimas mortales entre estas organizaciones. A contunua-
ción se mencionan algunos casos:
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LA FUERZA DEL ESTADO MEDIANTE EL EXTRACTIVISMO 125
El primero de estos fue Antonio Esteban Cruz, miembro de la Coo-
perativa Tosepan, quien fue atacado en Cuauhtapanaloyan, municipio de
Cuetzalan, en 2014, Antonio había denunciado públicamente el acoso
que había sufrido por parte de la policía desde 2005 por su activa defensa
del territorio en contra de los megaproyectos extractivos que amenazan
la Sierra Norte (Peláez, 2014).
Otro evento importante de este mismo tenor se presentó en abril de
2018, cuando ocurrió la ejecución de Manuel Gaspar Rodríguez, diri-
gente del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular
(), miembro de la Cooperativa Tosepan y que se oponía activa-
mente a la instalación de una hidroeléctrica en Cuetzalan del Progreso,
la cual solamente iba a servir para beneficio de una mina cercana (Veláz-
quez, 2018).
El tercer caso fue en mayo de 2018 con el asesinato de Adrián Tili-
huit, destacado activista de los derechos indígenas que apoyó en la resis-
tencia y el rechazo a la construcción de hidroeléctricas en el río Apulco,
lo anterior incentivó el acoso policial y las amenazas anónimas que reci-
bía (Velázquez, 2018).
Estos casos tienen en común que el gobierno de Puebla, a través de la
Fiscalía General del Estado, emprendió una campaña de criminalización
contra los activistas de las organizaciones comunitarias de la población
indígena en la Sierra Norte de Puebla y los municipios cercanos. Cabe
destacar que ninguna de estas situaciones se resolvió de forma rápida y
los esfuerzos por parte de la institución policial fueron limitados, pues
no se realizaron las investigaciones adecuadas para esclarecer la situación
(Velázquez, 2018).
Por otro lado, en la Sierra Negra, donde también se extienden los
megaproyectos mineros e hidroeléctricos con un alto grado de violencia,
la población de Coyomeapan, que se encuentra en resistencia a dichos
proyectos, solicitó la intervención de la Guardia Nacional para tratar de
frenar los actos de violencia, pero ni así se han detenido, además se han
tenido víctimas mortales, encarcelados y criminalización pública por par-
te de las autoridades locales.
Es decir, a pesar de la amplia presencia de este cuerpo militar para la
supuesta protección de la población, el problema no se ha resuelto, sino
que los casos de violencia se han multiplicado. Si bien esta agrupación no
está vinculada directamente a las agresiones, se supone que está vigilando
estos lugares para prevenir dichos problemas, que ya están ampliamente
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localizados debido a la larga historia de violencia de las autoridades mu-
nicipales y estatales contra estas comunidades. A continuación se men-
cionan algunos ejemplos:
Destaca el caso de Sergio Rivera Hernández, miembro del Movi-
miento Agrario Indígena Zapatista (), un activo defensor de los de-
rechos indígenas en la región de Coyolapa, lugar en donde fue amena-
zado públicamente por familiares del alcalde de Zoquitlán; después, en
agosto de 2018 desapareció sin que se volvieran a tener noticias de él has-
ta la fecha; además, en 2020 los señalados como responsables de su desa-
parición fueron absueltos (Front Line Defenders, 2020).
Por otro lado, en mayo de 2022 ocurrió una masacre contra la po-
blación de Coyomeapan, cuando un grupo de al menos nueve policías
emboscaron a varios pobladores y asesinaron a Marcelo Carrera Bolaños,
Teófilo Barrera Herrera y Omar Herrera Raymundo (este último de solo
15 años); asimismo, hirieron a otras siete personas debido a su resistencia
al cacicazgo político en su comunidad. Además, se pueden encontrar no-
tas periodísticas que los criminalizan alegando que eran miembros de una
agrupación criminal fuertemente armada que agredió a la policía (Vargas,
2022). Pocos días después fueron aprehendidos los policías involucrados,
pero hasta ahora no se sabe más sobre el caso.
Además de estos asesinatos se reporta que se ha arrestado y encarcela-
do a cuatro habitantes de la comunidad sin que existan motivos justifica-
dos para ello. También es relevante mencionar que la periodista Claudia
Martínez Sánchez —quien ha denunciado activamente la violencia que
sufren estas comunidades por su resistencia civil—, ha tenido que aban-
donar su hogar debido a las amenazas recibidas (Ojarasca, 2022).
Todos los casos comentados ocurrieron aun con la presencia de la
Guardia Nacional que supuestamente se desplegó para ayudar a mante-
ner el orden y que por ser un cuerpo militarizado posee una elevada ca-
pacidad táctica y de inteligencia que debería permitirle evitar este tipo de
abusos y violencia, pero sucede precisamente lo contrario, como se men-
ciona en el siguiente apartado.
Estrategia de militarización y la lucha por el agua
Durante la última década se han elevado las concesiones de agua en el
estado entidad de Puebla para actividades privadas, lo que ha dado lugar
a más de 12 mil concesiones activas, de las cuales 58 por ciento se des-
tinan a la agricultura, 18 por ciento al uso industrial y el resto al sector
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LA FUERZA DEL ESTADO MEDIANTE EL EXTRACTIVISMO 127
público urbano. Esto ha provocado que se desaten diversos conflictos por
el uso de este recurso, ya que no es pública la información sobre la can-
tidad específica del volumen extraído por cada concesión, lo que sugiere
que podría ser mucho más de lo que se afirma en los permisos públicos
y que es lo que ha provocado la intensificación de la escasez del líquido
en la entidad.
Así pues, en las comunidades de San Andrés Cholula y Santa Clara
Ocoyucan, la población se ha enfrentado a las empresas inmobiliarias que
extraen agua de forma clandestina para los desarrollos familiares y dejan
a los habitantes de las mencionadas comunidades virtualmente sin agua
(Llaven, 2022).
Un caso destacable es el de las comunidades nahuas en el municipio
de Juan C. Bonilla, que reciben el líquido que usan del río Metlapana-
pa que nace en el volcán Popocatépetl. En 2008 comenzaron a notar la
disminución del cauce y decidieron emprender una denuncia contra la
empresa Bonafont, que se encuentra asentada en la comunidad. Ante la
ausencia de apoyo de las autoridades, la población decidió clausurar sim-
bólicamente las instalaciones en 2008 como un acto de protesta por la
falta de acciones; en 2021 las comunidades se agruparon en el Frente de
Pueblos Unidos para tomar las instalaciones de forma definitiva tras orga-
nizar un plantón que terminó convirtiendo la embotelladora en La Casa
de los Pueblos, un espacio que serviría como ejemplo para los procesos
de resistencia.
Por su parte, la empresa Bonafont promovió acciones legales contra
la comunidad; además animó a sus trabajadores a realizar bloqueos viales
exigiendo que se retomaran las instalaciones del plantón que mantenía la
población, lo que finalmente se logró en febrero de 2022 por medio de
la Guardia Nacional, la cual desalojó a estas comunidades de manera vio-
lenta y desplazó a las agrupaciones indígenas sin escuchar sus demandas,
además de garantizar a la empresa la libertad y protección para realizar sus
actividades a pesar del rechazo de la población (Expansión Política, 2022).
Está claro que este grupo militar no ayuda a la sociedad, más bien parece
que se encuentra al sevicio del capital.
C
El extractivismo va mucho más allá de ser una o varias actividades intensi-
vas de extracción de la naturaleza, actualmente se ha convertido en la base
del sistema productivo y económico moderno, creando una dependencia
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128
estructural externa entre las naciones que lo toman como elemento fun-
damental para su modelo de crecimiento y desarrollo. En México esto ha
tenido repercusiones graves, pues además de la intensificación del extrac-
tivismo en su modelo de desarrollo tradicional durante las últimas déca-
das, también se ha generado gran violencia por los conflictos que estas ac-
tividades provocan; asimismo, se observa que las fuerzas armadas sirven de
respaldo para permitir con mayor facilidad la apropiación de los recursos
naturales por parte de las empresas o del mismo Estado.
La estrategia de desarrollo tradicional que se ha mantenido en Mé-
xico desde hace décadas no ha hecho sino profundizar la grave crisis de
violencia que enfrenta el país, pues lo único que se ha propuesto para
tratar de paliar este problema es fortalecer el papel de los militares en las
tareas de seguridad pública. Esto no ha tenido resultados efectivos, ya que
en la actualidad ha generado más conflictos que beneficios, pues muchas
de las estrategias que utilizan los cuerpos castrenses han sido adoptadas
por los grupos de policías civiles que en vez de tratar de desescalar la si-
tuación de conflicto o violencia han incrementado los enfrentamientos
que tienen como resultado víctimas mortales.
De forma particular respecto a este problema de violencia destaca el
estado de Puebla por el gran número de megaproyectos extractivos y de
infraestructura que tiene y que se siguen desarrollando, lo que ha llevado
a una elevada cantidad de víctimas mortales que se han producido tan-
to por la actuación de la policía militarizada como por las omisiones del
Estado. Como se ha podido observar, en todos los casos en que hay asesi-
natos, desapariciones y criminalización ha intervenido tanto el gobierno
municipal como el estatal sin que se resuelvan dichas situaciones, y en al-
gunos casos se ha llegado hasta el extremo de liberar a los presuntos cul-
pables. Además, llama la atención que, a pesar de que la Guardia Nacional
se encuentre en estos lugares, no ha podido proteger a la población, sino
al contrario, en algunos casos ha actuado en contra de las comunidades
para promover la extracción de bienes naturales.
Las comunidades indígenas y campesinas de Puebla que se oponen
a los proyectos extractivos y a los megaproyectos en sus distintos terri-
torios también rechazan el desarrollo tradicional mexicano, así como
las propuestas alternativas que se han aplicado en otros países de la re-
gión, debido a que dichos modelos no rompen con las dinámicas de
violencia militar y extractivista. Al parecer la resistencia de las comuni-
dades ha llevado a la triste consecuencia de que se presenten casos de
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LA FUERZA DEL ESTADO MEDIANTE EL EXTRACTIVISMO 129
víctimas mortales únicamente por tratar de defender su modelo de vi-
da local, esto nos indica con absoluta claridad que la militarización y el
extractivismo no son la respuesta.
Por último, el escalamiento de la violencia sistemática por parte del
Estado contra opositores a los proyectos extractivistas o megaproyectos
es parte del proceso de análisis que se propuso en este trabajo, un aspec-
to que queda demostrado con los múltiples casos mencionados, los cua-
les también representan la importancia de un problema de militarización
en nuestro país.
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ALEIDA AZAMAR ALONSO
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Soldado patrullando las calles.
Eneas de Troya/flickr.
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 135Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 135 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 136Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 136 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

137
Militarización en zonas de hidrocarburos:
¿protección efectiva o medida paliativa?
Beatriz Adriana Olivera Villa
Quién controla las fuentes del petróleo
y de las otras energías fósiles
y sus vías de circulación, tiene el poder.
Investigación y acción por la paz y el desarme
El petróleo y los hidrocarburos todavía están considerados como un re-
curso estratégico para México, y está muy lejos de materializarse una ver-
dadera transformación energética que permita diversificar el uso de com-
bustibles fósiles y con ello ampliar las opciones energéticas del país y, en
consecuencia, reducir los ilícitos en torno a este recurso.
En el mundo, alrededor del petróleo han ocurrido numerosas gue-
rras, conflictos y disputas, que han generado una militarización de las zo-
nas donde los hidrocarburos se exploran, extraen, procesan, distribuyen
o transportan.
En México, un problema actual es el robo de combustible, llamado
comúnmente huachicoleo, el cual ha puesto en evidencia que la militari-
zación de oleoductos es más un paliativo —con graves consecuencias e
importantes costos—, que una solución a largo plazo. Las desigualdades
estructurales de los pueblos, la extrema pobreza y la marginación, así co-
mo las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico emprendida ha-
ce más de una década por mandatarios anteriores, han favorecido la pro-
liferación del mercado ilícito de combustibles por el crimen organizado,
que actúa de manera coordinada con comunidades y pueblos, policía e
incluso militares y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) in-
volucrados al más alto nivel en la empresa paraestatal. Muestra de ello es
el caso Palmarito, descrito en este capítulo.
El papel del ejército no se limita a la custodia de instalaciones petro-
leras estratégicas, sino que es más amplio y tiene consecuencias en los te-
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BEATRIZ ADRIANA OLIVERA VILLA
138
rritorios; por ejemplo, se describe cómo en 2018, a raíz de la presencia
de camionetas de Pemex custodiadas por el ejército, las comunidades in-
dígenas de la Huasteca potosina sur defendieron férreamente sus territo-
rios, ricos en hidrocarburos no convencionales —asentados en la Cuenca
Tampico-Misantla—, cuya extracción requiere el uso de fracking o frac-
turación hidráulica. Pemex y los militares representaban una amenaza y
un riesgo para su forma de vida y su territorio.
Este capítulo expone la disyuntiva, ¿es la militarización de las zonas
huachicoleras un asunto de seguridad nacional, estratégica o se trata una
medida paliativa que desvía la atención de los recursos de una verdadera
transformación energética?
El capítulo se divide en seis breves apartados, en el primero se dis-
cute el papel del ejército en la protección de la industria petrolera, en el
segundo se describe cómo diferentes leyes nacionales consideran el pe-
tróleo un recurso estratégico, en el tercero se analiza de manera más am-
plia el papel del ejército en las labores de combate al huachicoleo, para
ello, en el apartado subsecuente se expone el caso de Palmarito, en Pue-
bla, ocurrido en 2017 y que repercutió en graves violaciones a derechos
humanos; en la quinta sección se describe el plan contra el huachicoleo
del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para cerrar el capítulo se
aborda el tema de los hidrocarburos no convencionales y el rol que han
jugado los militares en el manejo de estos recursos; a manera de ejem-
plo, se expone el caso de la Huasteca potosina, zona rica en recursos no
convencionales que se pretenden extraer mediante fracturación hidráu-
lica o fracking.
E        
En una época en que la crisis climática es una de las principales preocu-
paciones de la humanidad, la política de protección de los intereses de la
industria petrolera, ya sea privada o estatal, es una apuesta peligrosa.
En el país hay casos documentados de violación de los derechos hu-
manos cometidos por el ejército contra la población civil, más adelan-
te se describe, como ejemplo, el caso Palmarito Tochapan, municipio de
Quecholac, Puebla.
Por otra parte, el despliegue de militares implica un enorme costo pa-
gado por las y los ciudadanos. Los recursos invertidos en la militarización
son grandes, el informe de seguridad del primero de noviembre de 2021
al 19 de enero de 2022 señala que, para actividades de apoyo a Pemex, se
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MILITARIZACIÓN EN ZONAS DE HIDROCARBUROS 139
Fuente: Informe de seguridad, Gobierno de México (2022a).
Servicios Personal
Operaciones para la construcción de la paz 93 813
Seguridad de instalaciones estratégicas 5 303
Operaciones de combate al mercado ilícito de combustible 2 068
Plan de migración y desarrollo en las fronteras norte y sur 28 397
Atención a desastres 10 269
Entrega de enseres en 11 estados 1 330
Erradicación intensiva de plantíos ilícitos 3 765
Estrategia de fortalecimiento de aduanas 1427
Vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional 2 165
Total 148 537
Presencia en 59 instalaciones aeroportuarias
proporcionaron 2 830 escoltas de seguridad a 25 362 autotanques de Pe-
mex, en 632 rutas de abastecimiento. Asimismo, del 21 de diciembre de
2021 al 20 de enero de 2022, había 2 068 integrantes del ejército reali-
zando operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible y
F 1. Personal militar desplegado en el territorio nacional.
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BEATRIZ ADRIANA OLIVERA VILLA
140
5 303 en instalaciones estratégicas. De estas, 41 por ciento (133) corres-
ponden a Pemex (Gobierno de México, 2022a).
Asimismo, en la sonda de Campeche y Coatzacoalcos se incrementa-
ron las operaciones de seguridad en instalaciones estratégicas de Pemex
contra el mercado ilícito de combustibles, pasando de 312 en 2018 a 545
en 2021 (Gobierno de México, 2022a). Para 2023, el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación () destina cuantiosos recursos pa-
ra Pemex y las fuerzas armadas.
La paraestatal recibe 52.2 por ciento del gasto del sector energético,
el cual presenta un aumento de 1.5 respecto respecto al  2022 y cu-
yo monto es de 586 034 millones de pesos (Ciep, 2022). Por su parte, la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibirá un presupuesto de
111 911 millones de pesos (, 2023).
Ante estas cifras, el abandono del petróleo y el gas y la correspon-
diente militarización de estas instalaciones se vislumbra lejano. No obs-
tante, de realizarse, implicaría ampliar la participación de otras fuentes
energéticas de manera mucho más democrática, que enfatizaría un carác-
ter comunitario, popular y democrático. Esto tendría varios beneficios no
solo ambientales sino también en el ahorro de recursos financieros para
otras necesidades de la población y en la reducción de delitos asociados
al robo de combustibles.
No obstante, parecería que la transformación energética, entendi-
da como una serie de medidas, acciones o políticas que apuntan hacia el
declive de los combustibles fósiles, está bastante lejana todavía, en parti-
cular en países como México, donde el petróleo está considerado como
un elemento más del nacionalismo e, incluso, como un recurso estratégi-
co, establecido así en diversos ordenamientos jurídicos; esta situación se
aborda en la siguiente sección.
E      
La exploración y extracción de petróleo y en general de los hidrocar-
buros es una actividad estratégica establecida así en el artículo 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las actividades
estratégicas son actividades económicas que exclusivamente realiza el go-
bierno federal a través de organismos públicos descentralizados y unida-
des de la administración pública, por imperativos de seguridad nacional,
interés general o beneficio social básico para el desarrollo nacional (Sán-
chez, 2015).
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MILITARIZACIÓN EN ZONAS DE HIDROCARBUROS 141
El artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública considera como instalaciones estratégicas aquellos espacios,
inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes destinados al
funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades conside-
radas como estratégicas por la Constitución. Dicha ley señala que serán
las entidades federativas las que coadyuvarán en la protección y desarro-
llo de las acciones necesarias para la vigilancia de las instalaciones estra-
tégicas y para garantizar su integridad y operación. Asimismo, dice que el
resguardo de las instalaciones estratégicas queda a cargo de la federación,
que se coordinará con las instituciones locales y municipales.
En ese entendido, Pemex opera en todo el territorio nacional en
instalaciones consideradas estratégicas para desarrollar actividades de ex-
ploración, extracción, procesamiento y distribución de hidrocarburos. Se
trata de campos petroleros, zonas productoras, pozos, plataformas, termi-
nales de operaciones, estaciones de rebombeo, refinerías, centros procesa-
dores, complejos petroquímicos, terminales de almacenamiento y repar-
to, terminales marítimas y una red de ductos con longitud superior a 17
mil kilómetros, por los cuales se transportan hidrocarburos, petrolíferos y
petroquímicos (Pérez, 2021).
Al ser consideradas estratégicas, el monitoreo, la custodia y la protec-
ción de las instalaciones petroleras adquiere la relevancia de la seguridad
nacional, con el objetivo de impedir o minimizar los riesgos y ataques
contra dichas instalaciones. No obstante, actos delictivos como el hua-
chicoleo y las tomas clandestinas son muestra de la vulnerabilidad que
guardan algunos tipos de instalaciones petroleras. En el robo de combus-
tible de ductos intervienen las fuerzas de seguridad locales, federales y el
ejército, que desempeñan un papel relevante. En las siguientes secciones
se discute con mayor detalle esta problemática.
H  
El huachicoleo es una actividad ilícita que tiene por objeto el robo de
combustible de las instalaciones de Pemex, en la cual se encuentran invo-
lucrados habitantes de comunidades, crimen organizado, policías, militares
y, en ocasiones, el propio personal de Pemex. Pérez (2021) comenta que
las instalaciones petroleras son casi la mitad de las instalaciones de México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (, 2018) ad-
vierte que la sustracción de combustibles se presenta básicamente por dos
métodos: a través del robo de pipas, el cual es denunciado por el personal
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BEATRIZ ADRIANA OLIVERA VILLA
142
de Pemex a quien se le despoja del vehículo, y por medio de la extrac-
ción directa del combustible de los ductos de transportación a través de
la utilización de tomas clandestinas.
En el huachicoleo existe una participación cada vez más activa de
mujeres, en particular en el comercio ilícito de combustibles, así como
la utilización de menores de edad como “halcones” o vigilantes del cri-
men organizado (, 2018).1 International Crisis Group (2022) señala
que el auge del huachicoleo pone de manifiesto una tendencia alarmante
entre los grupos criminales mexicanos, que en las últimas dos décadas se
han alejado del narcotráfico en un esfuerzo por diversificar sus fuentes de
ingresos. Estos grupos libran guerras entre sí, porque “el crimen organi-
zado le disputa al Estado espacios de poder y el ejercicio legítimo de la
fuerza; además, busca construir un poder paralelo basado en el terror, el
asesinato y el control territorial” (Benítez, 2009).
La organización International Crisis Group (2022) apunta que al in-
tentar expandise por todo el país, ciertos grupos criminales se involu-
craron en el huachicoleo, lo cual propició enfrentamientos y elevó drás-
ticamente las tasas de homicidios en los municipios con presencia de
oleoductos, esta tasa ha sido mayor que en aquellas áreas donde no existe
esta infraestructura. Además de grupos criminales, la organización revela
que, en el caso del robo de combustible, “los funcionarios de Pemex les
proporcionan a los grupos criminales el equipo y la información necesa-
ria para manipular ductos o asaltar caravanas de carrotanques”.
En 2018, el presidente López Obrador dijo que un año antes habían
sido robadas 600 pipas diarias de combustible, de 15 mil litros cada una,
que representan una pérdida de 200 millones de pesos diarios. El presi-
dente además enfatizó en su conferencia de prensa matutina del 27 de
diciembre de 2018: Si pensamos en 600 pipas diarias, no estamos solo ha-
blando del llamado huachicol, la ordeña de ductos; estamos hablando de
un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y que se apoya en
un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil distribuir,
vender 600 pipas de gasolina diarias.
Asimismo, se ha podido documentar que algunos militares también
formaron parte de la red de huachicoleo durante el sexenio de Enrique
Peña Nieto, por operar una red de protección de huachicoleros al inte-
1 Afirmación basada en la investigación realizada por la  en 2018, a raíz del caso
Palmarito, descrito más adelante en este capítulo.
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MILITARIZACIÓN EN ZONAS DE HIDROCARBUROS 143
rior de Pemex. Entre los funcionarios involucrados, Milenio (2021) señala
al general Eduardo León Trauwitz, Emilio Cosgaya Rodríguez y Arturo
Villa Adame, todos ellos encargados de diversas funciones en seguridad
estratégica de la paraestatal.
León Trauwitz fue señalado por crear una organización criminal para
robar y encubrir el robo de hidrocarburos de ductos de Pemex. En 2017,
una veintena de funcionarios habían sido denunciados por militares que
afirmaban haber sido testigos de actos ilícitos en la paraestatatal (Expan-
sión Política, 2022). Al respecto International Crisis Group (2022) refiere
como modo de coacción el hecho de que los oficiales acepten sobor-
nos por medio de violencias o amenazas o bien “miren hacia otro lado”
mientras ocurren los ilícitos.
Sin duda, el robo de combustible representa un riesgo para el país y
para la población, eventos como el de Tlahuelilpan demuestran los ries-
gos e impactos para la gente de las comunidades que se dedican al hua-
chicoleo, mediante la perforación de ductos, manipulación de válvulas e
incluso en la distribución y comercialización del combustible robado. El
robo de combustible ha experimentado un crecimiento exponencial con
respecto a los niveles de 2008, las tomas clandestinas detectadas en los
ductos de Pemex pasaron de un promedio de 30 al mes en 2008, a 702
Fuente: Elaboración propia con base en Cartocrítica (2019).
G 1. Tomas clandestinas por año
9 000
y
x
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Tomas
Año
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 143Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 143 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

BEATRIZ ADRIANA OLIVERA VILLA
144
mensuales en 2015, esto es un aumento de 2 197 por ciento en siete años
(Cartocrítica, 2019). Estas tomas ocurrieron principalmente en los esta-
dos de Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, Puebla y Jalisco.
Para contextualizar mejor el tema del huachicoleo y las redes de ac-
tores involucrados, principalmente la participación de las fuerzas armadas,
es importante comprender el alcance que la guerra contra el narcotráfi-
co, emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón, tuvo en el
incremento del mercado ilícito de combustibles durante parte de su se-
xenio y el siguiente. La guerra contra el narco en la cual el ejército tuvo
un papel fundamental provocó la fragmentación de grupos criminales, lo
cual los llevó a buscar fuentes de ingresos más estables, como el robo de
combustible.
Pérez (2021) comenta que una organización llamada La Compañía,
integrada por el Cártel del Golfo y Los Zetas, fue la primera en involu-
crase “corporativamente” en el robo de combustibles y en su comerciali-
zación en Estados Unidos. Esta organización reclutó exmilitares, técnicos
y expertos de Pemex para que les facilitaran la sustracción de conden-
sado en la Cuenca de Burgos. Integrantes de La Compañía asaltaban los
pipa-tanques y sus volúmenes de robo representaban en promedio 40 por
ciento de la producción en la Cuenca de Burgos.
En la siguiente sección se describe el caso Palmarito, muestra recien-
te de violaciones graves de los derechos humanos de la población civil,
a raíz del delito de robo de combustible. Llama la atención el hecho de
que en este caso, la  logró documentar ampliamente las violaciones
ocurridas; no obstante, la impartición de justicia a los responsables sigue
pendiente.
C P:  
   
En mayo de 2017, en la comunidad Palmarito Tochapan, del municipio
de Quecholac, Puebla, ocurrió un enfrentamiento entre civiles dedicados
a la sustracción ilegal de hidrocarburos (huachicoleo) y militares y servi-
dores públicos federales y estatales; cuatro militares y seis civiles murie-
ron, 26 personas resultaron lesionadas y 13 más fueron detenidas (,
2018). Después de la detención, pobladores y huachicoleros bloquearon
la carretera que comunica Puebla con Veracruz, prendieron fuego a unos
neumáticos y rechazaron moverse hasta que no fueran liberadas las per-
sonas detenidas (Ferri, 2017).
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 144Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 144 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

MILITARIZACIÓN EN ZONAS DE HIDROCARBUROS 145
La Sedena informó lo ocurrido en varios comunicados, explicando
que los huachicoleros los habían agredido. En el primer comunicado di-
jeron incluso que sus contrarios se habían ocultado entre mujeres y ni-
ños. Entre las personas fallecidas se encontraban una mujer y un menor
de edad (Sedena, 2017a).
Por las tierras de Palmarito, Quecholac, atraviesa el poliducto de Mi-
natitlán-México, que corre de la refinería de Minatitlán, Veracruz, hasta
la Delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México. “Es un área de tra-
bajo en donde los huachicoleros ofertan litros y litros de gasolina y dié-
sel como si fuera agua para llevar, pues es aquí donde pasa 40 por ciento
del combustible que recibe la Ciudad de México” (Reporte Índigo, 2017).
Quecholac es parte del llamado triángulo rojo, el cual comprende
otros cinco pueblos (Tepeaca, Palmar de Bravo, Acatzingo, Acajete y Te-
camachalco). Los huachicoleros han convertido una actividad marginal,
de ambiente familiar, en un negocio parecido al tráfico de drogas, mi-
grantes o armas. En el lugar, en poco tiempo surgieron bandas que adop-
taron costumbres del mundo del hampa (Ferri, 2017). Las autoridades
han señalado que el aumento de la violencia en el estado está relacionado
con el huachicoleo y argumentan que se ha producido un efecto dominó
con el tráfico de combustible como el primero de una cadena de delitos,
como robos, asesinatos y secuestros (Camhaji, 2017).
Fuente:  (2018).
F 2. Triángulo rojo del huachicoleo
AcajeteAcajete
TepeacaTepeaca
AcatzingoAcatzingo
QuecholacQuecholac
TecamachalcoTecamachalco
Palmar de BravoPalmar de Bravo
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 145Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 145 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

BEATRIZ ADRIANA OLIVERA VILLA
146
La  (2018) advierte que los índices de marginación y rezago
social que imperan en diversas comunidades del municipio de Quecho-
lac, Puebla, en particular en la población de Palmarito, explican, pero
no justifican el hecho de que existan agrupaciones delictivas dedicadas
al huachicoleo. No obstante, el problema del robo de combustible en el
estado de Puebla se extendió, conformándose la denominada “franja del
huachicol”, que abarca 23 municipios: Acajete, Acatzingo, Ahuazotepec,
Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Esperanza, Huauchinango, Huejo-
tzingo, Jalpan, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Puebla, Quecho-
lac, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla,
Tecamachalco, Tepeaca, Tlahuapan, Tlaltenango, Xicotepec y Venustiano
Carranza.
En el caso Palmarito, algunos testimonios refirieron que la ordeña
de gasolina operó con la complicidad de las autoridades y funcionarios
públicos: “precisamente quienes empezaron todo fueron trabajadores de
Pemex hace años, ellos llegaban, hacían el agujero, ponían la válvula y ya.
Todo eso lo hacían por 250 mil pesos” (Ferri, 2017).
Carbajal (2019) apunta que los testimonios de los pobladores de Pal-
marito aseguran que en realidad el ejército estaba asentado en su territo-
rio desde 2016, pero que su actuar no pasaba de realizar retenes revisando
los vehículos, a pesar de saberse en el pueblo dónde se encontraban las
tomas ilegales y hasta quiénes se dedicaban a la extracción o venta ilegal
de gasolina. Fue después, en 2018, cuando el ejército actuó de manera
frontal contra el huachicol.
En este caso, ocurrido hace más de cinco años, hubo acusaciones
importantes contra los militares por parte de la población de Palmarito,
quieres indicaron que “los militares los habían atacado sin que ellos los
agredieran” (Ferri, 2021). En esos días, diversos medios de comunicación
difundieron un video de 2017 en el cual “se observaba el brutal inter-
cambio de balazos y, al final, cómo un militar remataba a uno de los cri-
minales heridos” (Ferri, 2021).
Otro aspecto importante señalado por la  en este caso fue que,
a partir de los informes proporcionados por la Sedena, el ejército y las
fuerzas de seguridad pública llevaron a las personas detenidas, a quienes
tenían en custodia en la planta de rebombeo de Pemex, acto en el cual
también intervino personal de Pemex. Esta acción representa una actua-
ción indebida al transportar a detenidos a instalaciones de Pemex, en lu-
gar de ponerlos a disposición del Ministerio Público correspondiente.
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 146Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 146 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

MILITARIZACIÓN EN ZONAS DE HIDROCARBUROS 147
La  inició una investigación en el caso y, derivado de esta con-
cluyó que ocurrieron:
Violaciones graves a derechos humanos, a la libertad personal y a la pre-
sunción de inocencia; a la verdad; a la vida; a la integridad personal; a la
legalidad y seguridad jurídica; al interés superior de la niñez y a la debida
procuración de justicia, consistentes en la ejecución arbitraria de dos per-
sonas, el trato cruel contra doce personas incluidos tres menores de edad,
la detención arbitraria de dos infantes, la manipulación de un cadáver y la
colocación de las armas largas que se relacionaron con dos personas falleci-
das, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla
(, 2018).
Asimismo, la  acreditó otros hechos violatorios, consistentes en vio-
laciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia
y a la verdad atribuibles a servidores públicos de Pemex, la Procuraduría
General de la República (), la Fiscalía General de Justicia, la Secreta-
ría de Seguridad Pública y del Tribunal Superior de Justicia, estos tres úl-
timos del estado de Puebla.
Finalmente, la  recomendó al titular de la Sedena y al goberna-
dor de Puebla la reparación integral del daño a todas las víctimas, inclui-
da indemnización, asistencia médica y psicológica; colaboración en las
investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el
personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuer-
po de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadá-
veres, y “que el titular de la Sedena colabore en la investigación por falta
de veracidad en la información proporcionada a la ” (, 2018).
El caso Palmarito muestra cómo la militarización de la zona, en su-
puesto resguardo de un recurso estratégico para la nación, derivó en una
serie de violaciones graves a los derechos humanos, incluida la ejecución
arbitraria de dos personas.
En la próxima sección, se describe el plan de acción emprendido por
el gobierno federal frente al huachicoleo, problema que estalló en las ma-
nos del presidente López Obrador en su primer año de gobierno.
E   AMLO   
El 27 de diciembre de 2018, el presidente presentó el Plan Conjunto del
Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos de Pe-
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 147Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 147 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

BEATRIZ ADRIANA OLIVERA VILLA
148
mex. A la par, en los años siguientes impulsó una serie de medidas para
hacer frente al huachicoleo, tales como endurecer las sanciones penales,
establecer medios alternativos para el transporte de combustible y des-
plegar al ejército para proteger ciertas secciones de oleoductos. De más
de 54 mil kilómetros de oleoductos en el país, el gobierno calificó 13 mil
kilómetros como problemáticos y seis mil como críticos. En esos tramos
es donde se desplegaron al menos cinco mil elementos del ejército mexi-
cano (Urrutia, 2019).
En 2018, algunas de las acciones implementadas por Pemex respecto
del robo de combustible en diversas zonas del país, fueron (, 2018):
• Despliegue de sistemas terrestres de vigilancia electroóptica2 en los
sistemas de ductos en coordinación con personal militar.
• Vuelos diurnos y nocturnos con sistemas de vehículos aéreos no
tripulados con el fin de orientar los esfuerzos de los patrullajes te-
rrestres en coordinación con personal militar.
• Vigilancia aeroterrestre a través de medios aéreos tripulados y te-
rrestres en coordinación con personal militar.
• Establecimiento de puestos de mando y centros coordinadores de
operaciones avanzados para coordinar acciones interinstitucionales
y obtener información de las áreas de incidencia.
• Monitoreo permanente de los sistemas de transporte por ductos
para determinar y detectar en tiempo real las variaciones de flujo,
presión y temperatura en un punto determinado.
La Sedena en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y con
Pemex establecieron sistemas de seguridad en 73 instalaciones, de las cua-
les 58 fueron prioritarias para recibir atención: seis refinerías, 39 termi-
nales de almacenamiento y despacho, doce estaciones de rebombeo, así
como quince sistemas de distribución (López, 2018).
A partir de 2018 el gobierno de México emprendió acciones para
combatir el robo de combustible y logró disminuirlo en 17.4 por ciento
para el mes de diciembre de ese mismo año (gráfica 2).
2 Sistema electroóptico de torre diseñado para el ejército, la policía o servicios de segu-
ridad. Se emplea especialmente para el monitoreo y vigilancia de lugares importantes
como fronteras, aeropuertos y otros, bajo cualquier condición climática y a largas dis-
tancias.
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 148Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 148 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

Fuente: Sitio oficial del presidente Andrés Manuel
López Obrador (López, 2018).
F 3. Instalaciones estratégicas de Pemex, 2018
Tipo de instalación Apoyada por Personal
 Pemex Semar 9 46
Refinerías Semar 2 92
subtotal 11 138
 Pemex Sedena 30 399
Refinerías Sedena 4 184
Estaciones de bombeo Sedena 12 144
Centros de control Sedena 1 30
subtotal 47 757
Total 58 895
Instalaciones
6 refinerías
39 terminales de
almacenamiento y despacho
(una marítima)
12 estaciones de rebombeo
1 centro de control
total 58
2
4
4
6
6
8
2
Mexicali, 30
Hermosillo, 11 Zacatecas, 30+19=49
2
Santa Catarina, 22 Reynosa, 19
Zaragoza, 12
Victoria, 19
González 12
Rosarito, 34
Guaymas, 34
Topolobampo, 34
Culiacán, 30
Guamúchil, 9
Mazatlán, 34
El Castillo, 30+19=49
Ocotlán, 10+19=29
Salamanca,
94+46=160
León, 19
Celaya, 19
Irapuato, 11
Querétaro, 19
Manzanillo, 34
Morelia, 30
Lázaro Cárdenas, 34
Acapulco, 34
Centro de Monitoreo México, 30
Azcapotzalco, 22+19=41
Satélite Oriente, 22
Satélite Sur, 22
Satélite Norte, 22+19=41
Toluca, 19
Santa Ana, 19
Puebla, 30+19=49
Ceiba, 21+12=33
Zoquital, 21+12=33
Catalina, 31+12=43
Beristáin, 22+12=34
Independencia, 21+19=40
San Martín, 12
Cima de Togo, 12
Salina Cruz,
33+46=79
Ing. Lara Sosa,
30+46=76
TAD Cadereyta,
30+19=49
Aguascalientes,
30+19=49
Cd. Madero,
33+46=79
Tula, 23+46=69
(Miguel Hidalgo)
Tula, 10+19=29
Pachuca, 19
Tuxpan, 34+46=80
Tierra Blanca, 30+19=49
Poza Rica, 19
Arroyo Moreno, 12
Zapopita, 12
Juan Díaz Covarrubias, 12
Escamela, 19
Lerma, 34
Loma Bonita, 11+12=23
Minatitlán,
50+46=96
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 149Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 149 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

BEATRIZ ADRIANA OLIVERA VILLA
150
Asimismo, en el reporte diario del desvío de hidrocarburos reporta-
dos por Pemex se muestra cómo los niveles se han reducido de 56 mi-
llones barriles diarios en 2018 a 5.7 Mdb para septiembre de 2022. No
obstante, el problema continúa siendo relevante en varias partes del país.
Muestra de la gravedad del problema del huachicoleo es el caso de
Tlahuelilpan, Hidalgo. En 2019 tuvo lugar una fuga descontrolada y ex-
plosión de gasolina en el oleoducto Tuxpan-Tula, que dejó un saldo de
137 decesos (Gobierno de México, 2022b). La tragedia implicó que el
gobierno federal implementara una estrategia de vigilancia en ductos y
de control de combustible, por lo cual algunos ductos fueron cerrados o
minimizado su uso para dar paso a otras formas de distribución de gaso-
lina a través de pipas (Peschard et al., 2021).
Jiménez (2022) reportó que, tan solo en Hidalgo, hay más de mil mi-
litares ubicados a lo largo de los ductos Tuxpan-Tula, Tuxpan-Azcapot-
zalco, Tula-Salamanca y Tula-Azcapotzalco, y que se recibe una alerta de
tomas clandestinas en estos ductos cada 15 minutos en promedio. No
obstante, el delito del huachicoleo parece no tener fin, más allá de la ex-
periencia de Tlahuelilpan, el robo ahora comienza a realizarse a través de
túneles para ordeñar los ductos (Jiménez, 2022).
Fuente: Elaboración propia con base en López (2018).
G 2. Disminución del robo de combustible
en diciembre de 2018
Millones de barriles
0
-20 000
-40 000
-60 000
-80 000
-10 0000
-120 000
-140 000
25179 21135 24168 20124 23157 19113 22146 181021
y
x
Días
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 150Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 150 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

MILITARIZACIÓN EN ZONAS DE HIDROCARBUROS 151
Por último, en la próxima sección de este capítulo se desarrolla el caso de
los hidrocarburos no convencionales, que pueden obtenerse mediante la
técnica de fracturación hidráulica, popularmente conocida como fracking.
En este apartado se da a conocer, con base en la experiencia obtenida a tra-
vés del trabajo de campo, cómo el ejército operó de manera coordinada
con la paraestatal Pemex para realizar los primeros trabajos de exploración
en comunidades de la Cuenca Tampico-Misantla, y cómo a raíz de la or-
ganización comunitaria, las comunidades lograron defender sus territorios.
H  : 
     
En 2014 la Secretaría de Energía (Sener) publicó el Plan Quinquenal de
Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-
2019. Con este documento, el gobierno peñista sentaba las bases pa-
ra la exploración y extracción de hidrocarburos convencionales y no
convencionales,3 en campos terrestres, aguas someras y aguas profundas
3 Los hidrocarburos no convencionales son aquellos que están contenidos en formacio-
nes rocosas que requieren técnicas especiales de explotación y, por lo tanto, demandan
G 3. Disminución del robo de combustible de 2020 a 2022
Fuente: Elaboración propia con base en el reporte diario del desvío de hidrocarburos reportados por Pemex.
y
x
dic-20
dic-21
Promedio 2019
Promedio 2020
Promedio 2021
ene-22
feb-22
mar-22
abr-22
may-22
jun-22
jul-22
ago-22
sep-22
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Miles de barriles
Meses
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 151Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 151 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

BEATRIZ ADRIANA OLIVERA VILLA
152
del país. En este plan se preveía, por primera vez, la realización de una
práctica de extracción de hidrocarburos: la fracturación hidráulica mejor
conocida como fracking.
El fracking cobró relevancia en México en el sexenio de Enrique Pe-
ña Nieto (2012-2018), durante el cual se estimaron 24 grandes áreas pa-
ra la exploración de recursos no convencionales que abarcarían una su-
perficie de aproximadamente 34 830 km2, distribuida en los estados de
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y
Puebla. Para 2015, la Sener comentaba que la inclusión de proyectos de
hidrocarburos no convencionales representaría un gran potencial para
acelerar la transferencia tecnológica en el país, con eso la apuesta ener-
gética para extraer hidrocarburos no convencionales a través de fracking
se hacía cada vez más palpable. Los datos sobre el enorme potencial con
el que contaba México, señalaban la existencia de recursos no descubier-
tos y que eran técnicamente recuperables, los cuales equivalían al doble
de los hidrocarburos extraídos en el país en los últimos cien años4 (Se-
ner, 2015).
Las estimaciones de la Sener trataban de sustentar el interés del go-
bierno peñista por explotar hidrocarburos no convencionales, sin aportar
información sobre los múltiples riesgos que la práctica del fracking traería
a las poblaciones y al medio ambiente. El fracking se inserta en una lógi-
ca de saqueo, dependencia y recolonización característica de las últimas
décadas principalmente en América Latina. Seoane (2012) la denomina
ofensiva extractivista y la define como un ciclo de profundo y acelerado
avance de la expropiación, mercantilización y depredación de los bienes
comunes naturales de una región como una estrategia del capital.
En 2018, la voz de alerta con respecto al fracking comenzó en los mu-
nicipios huastecos de Tanlajás y San Antonio, los habitantes notaron la
presencia de “camionetas de Pemex custodiadas por el ejército, los hom-
bres le tenían miedo al ejército, así que dos de las compañeras más ague-
rridas que se van, se armaron de valor y una se fue manejando en la mo-
to y otra tomando fotos y encontraron que estaban acampando en San
Antonio”.5
mayores inversiones en comparación con la explotación de recursos convencionales.
4 De 112 834 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes (Mmbpce), en tér-
minos porcentuales esta distribución corresponde a 53 por ciento de recursos no con-
vencionales.
5 Entrevista realizada a autoridad comunitaria. Comunicación personal.
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 152Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 152 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

MILITARIZACIÓN EN ZONAS DE HIDROCARBUROS 153
Las fotos a las que alude el testimonio anónimo fueron publicadas
por varios medios locales. En ellas se aportaba la evidencia necesaria para
señalar que Pemex, con la protección del ejército, ya se estaba preparan-
do para colocar explosivos en una zona de San Pedro, en el municipio de
San Antonio, e incluso contaba con un permiso otorgado por la Sedena
para hacerlo.
No obstante, jamás se consultó a la población, predominantemen-
te indígenas nahuas y téenek, tampoco se obtuvo su consentimiento pa-
ra desarrollar actividades de exploración o explotación de hidrocarburos,
violando con ello obligaciones del Estado adquiridas en el convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y
tribales.
El documento SM/0006, emitido por la Dirección General del Re-
gistro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Sedena,
en el campo militar número uno, es un oficio dirigido a Pemex Explora-
ción y Producción en el cual se revalida el permiso 63-SLP para autorizar
la compra y consumo (sin almacenamiento) de material explosivo: 190
mil toneladas de alto explosivo, 500 metros de cordón detonante, 195 mil
piezas de iniciadores y mil piezas de cargas de ciclonita.
La Sedena señalaba en el referido oficio que el material explosivo
“que consumirá en las asignaciones petroleras otorgadas por la Secretaría
de Energía (Sener) a Petróleos Mexicanos, de conformidad a los títulos
de asignación para realizar las actividades siguientes: Exploración y ex-
tracción de hidrocarburos” (Astrolabio, 2018) AE-0391-M-Ébano en los
municipios de Ébano, San Antonio, Tamuín y Tanlajás.
Los explosivos serían utilizados solo para extracción de hidrocarburos
en la misma asignación, pero en los municipios de Ébano, Tamuín y San
Vicente Tancuayalab y en la asignación AL-0392-M-Panuco ubicada en
el municipio de Ébano.
Ante la inminente exploración y explotación de hidrocarburos en sus
tierras, la población se movilizó en defensa de su territorio como nunca
antes lo había hecho. Este caso pone en evidencia cómo el ejército tra-
baja de manera coordinada con Pemex sin respetar los derechos colecti-
vos de pueblos y comunidades. En este caso, la movilización de los pue-
blos nahuas y téenek detuvo las intenciones de extraer hidrocarburos en
la zona. Posteriormente, el presidente López Obrador adquiriría al inicio
de su administración el compromiso número 75, en el cual señalaba: “no
usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la na-
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 153Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 153 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

BEATRIZ ADRIANA OLIVERA VILLA
154
turaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking” (Gobierno de
México, 2022a).
No obstante, la amenaza de que el fracking se vuelva realidad al ter-
minar el sexenio del presidente López Obrador es un fantasma que se
encuentra presente en las comunidades, por eso insisten en demandar la
creación de una ley o reforma a nivel constitucional mediante la cual se
prohiba el fracking en todo el país, de tal forma que brinde una mayor
certeza legal.
C
Si bien parte importante de la militarización de las instalaciones estraté-
gicas petroleras obedece a una necesidad, como la protección de oleo-
ductos frente al huachicoleo orquestado por el crimen organizado con
la participación de habitantes de pueblos y comunidades empobrecidas,
también es cierto que la presencia militar representa un riesgo para la
población que vive en esas zonas, como lo demostró el caso Palmarito,
donde según la , se cometieron diversas violaciones graves a los de-
rechos humanos; es decir, la presencia del ejército en este tipo de insta-
laciones puede representar hasta ahora la única manera de hacer frente
al robo de combustible; no obstante, es preciso reconocer que la actua-
ción de los militares no garantiza la paz social, la seguridad ni los dere-
chos humanos.
La militarización en los ductos e instalaciones estratégicas de Pemex
debe entenderse, entonces, más como una medida paliativa, que no va a
garantizar la protección de las personas ni tampoco de la infraestructura
a largo plazo. En otros casos, como el del fracking, el ejército no tuvo una
actuación represora contra la población indígena que pudo manifestar-
se y defender sus territorios de la exploración y subsecuente explotación
petrolera.
Probablemente, debido al compromiso presidencial de no permitir
el fracking; no obstante, la presencia militar, siempre al servicio de la pa-
raestatal Pemex, representa una amenaza constante para la población civil
que vive en las comunidades asentadas a lo largo de la Cuenca Tampico-
Misantla y en territorios ricos en hidrocarburos.
Para terminar, es preciso señalar que para 2023, los presupuestos des-
tinados a Pemex y al ejército son exorbitantes, así como la cantidad de
recursos financieros y humanos orientados a sostener una política ener-
gética cuya prioridad son los combustibles fósiles en detrimento de la
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 154Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 154 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

MILITARIZACIÓN EN ZONAS DE HIDROCARBUROS 155
diversificación energética ante la grave crisis climática que amenaza a la
humanidad. Como medida de corto plazo, la militarización de los recur-
sos energéticos provenientes de combustibles fósiles resulta, efectivamen-
te, un paliativo, tal vez necesario, pero que distrae del objetivo de po-
der realizar inversiones en otros aspectos que el país necesita, como es la
transformación del sistema energético.
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Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 155Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 155 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

BEATRIZ ADRIANA OLIVERA VILLA
156
dación Núm. 12VG/2018. Sobre la investigación de violaciones
graves a los derechos humanos, por la ejecución arbitraria de V13 y
V14, el trato cruel cometido en agrvio de diez personas incluidos
dos menores de edad, la retención ilegal de nueve adultos y cuatro
infantes, la indebida procuración de justicia por la irregular inte-
gración de diversas indagatorias y la no preservación del lugar de
los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017, en Palmarito Tochapan,
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BEATRIZ ADRIANA OLIVERA VILLA
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161
El “oro rojo” de Industrias Peñoles
Isidro Téllez Ramírez
El oro tiene ciertas propiedades únicas que lo hacen un metal codicia-
do y por el que se han librado muchas guerras y masacres desde la An-
tigüedad. Además de su brillo, este metal precioso se caracteriza por su
alta maleabilidad y ductilidad: puede ser golpeado repetidamente hasta
convertirlo en una hoja de 0.00001 milímetros de espesor y es tan dúctil
que una onza de oro puede estirarse 56 kilómetros de longitud (Geomi-
met, 1985). No se oxida ni sufre de corrosión y posee una conductividad
eléctrica difícil de encontrar en otros metales.
La producción del metal áureo en el mundo se duplicó a partir de
1970, al pasar de 1 250 toneladas en 1974 a cerca de 3 000 toneladas en
2015 como efecto de los avances tecnológicos en la exploración y ex-
tracción minera (Benavides, 2016), pero también por el incremento de su
valor a raíz de la crisis económica mundial registrada en esos años (Téllez
y Sánchez-Salazar, 2022). En la actualidad el precio de este metal superó
los 1 800 dólares por onza, en especial porque sigue siendo el bien que
mejor resguarda el valor del dinero. Aunque su principal uso en 2021 fue
la joyería, con 50 por ciento del consumo mundial, 37 por ciento del oro
producido se destinó para formar las reservas de los bancos nacionales y
privados, así como para respaldar los fondos cotizados que se negocian en
los mercados financieros internacionales (Bhutada, 2021). El metal áureo
restante se empleó para fabricar chips de teléfonos celulares, componen-
tes de computadoras, bolsas de aire de los automóviles y en las “sales de
oro” para el tratamiento de la artritis, entre otras aplicaciones (, 2020).
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ISIDRO TÉLLEZ RAMÍREZ
162
En México, dos terceras partes de la producción aurífera fueron ex-
traídas únicamente durante la primera década del siglo . La mayor
parte provino de minas de tajo a cielo abierto debido a la escasez de ve-
tas y filones (Fundar, 2018). De esta manera, la minería de oro registró un
crecimiento inédito al pasar de 3.8 por ciento del valor de la producción
minerometalúrgica en 1980, a registrar una participación de 32 por cien-
to en 2018 (Sánchez y Casado 2018).
Sin embargo, esta “aurificación” de la minería mexicana trajo consi-
go un aumento de la oposición social debido, entre otros factores, a los
impactos socioambientales negativos que caracterizan a la minería de oro,
en especial por el elevado consumo y contaminación de recursos natura-
les asociados a proyectos de minado superficial (Delgado, 2013). Se esti-
ma así la ocurrencia hasta 2018 de 374 hechos conflictivos en 134 sitios
mineros distribuidos en prácticamente todo el territorio nacional (Zar-
emberg y Guarneros, 2019).
Una amplia bibliografía se ha dado a la tarea de revisar las reacciones
y posturas de las poblaciones afectadas por la actividad minera y ha iden-
tificado lenguajes de valoración desplegados a través de diferentes esca-
las (Svampa, 2013). Se ha avanzado también en distinguir los efectos de
los cambios en los marcos institucionales (Composto y Navarro 2012) y
brindado evidencias sobre el impacto de los recursos filantrópicos otor-
gados por las empresas mineras, así como sobre la periodización e iden-
tificación de los actores que desatan los conflictos sociales (Saade, 2013;
Tetreault, 2015; Zaremberg y Guarneros, 2019).
Investigaciones recientes, por otro lado, han avanzado en el entendi-
miento de los efectos de la violencia en la implantación del extractivis-
mo minero por medio de conceptos como extrahección (Azamar y Mu-
ñoz, 2022). Con ello se han sumado estudios que, al buscar evidencias
sobre las estrategias expropiatorias utilizadas por las empresas mineras y
la colusión con los grupos del crimen organizado, identificaron de ma-
nera preliminar el papel de la militarización y la contrainsurgencia en el
control de los territorios donde se emplazan las operaciones extractivas
(Composto y Navarro 2012; Global Initiative against Transnational Or-
ganized Crime, 2016).
En el marco de estos estudios, el objetivo de este capítulo es analizar
el efecto de la yuxtaposición de la minería de oro y la militarización en
la configuración social del territorio. El estudio de esta relación se hace
desde la perspectiva del conflicto social surgido entre los habitantes del
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EL “ORO ROJO” DE INDUSTRIAS PEÑOLES 163
ejido El Bajío, localizado en el municipio de Caborca, Sonora, y Mine-
ra Penmont, compañía subsidiaria de Industrias Peñoles. Se enfatiza en
el impacto de las prácticas vinculadas con la militarización en el control,
adecuación y apropiación de este territorio y de los recursos minerales
que resguarda, así como en la relevancia de la organización social para
poner un límite a esta forma de hacer minería. En este sentido, el aporte
de esta investigación es analizar, desde una dimensión territorial, la mi-
nería de metales preciosos en Caborca (el fenómeno en particular), co-
mo vehículo para exponer los problemas inherentes a la militarización de
áreas mineras en México (fenómeno en general).
De esta manera, además de estas líneas, el capítulo se divide en cinco
apartados complementarios. En el primero se exponen los conceptos y
la metodología que sustentan el análisis, en el segundo se analizan la es-
tructura y relevancia económico-territorial de Industrias Peñoles, grupo
minero que a través de Fresnillo  controla la Minera Penmont. En el
tercer apartado se describe el origen y la evolución del conflicto entre los
habitantes del ejido El Bajío y la empresa minera, diferenciando entre las
prácticas asociadas con el despojo encubierto y abierto. En el cuarto, se
analiza la relación de la minería aurífera con la violencia ejercida por los
grupos del crimen organizado y la instalación de la policía minera pre-
cisamente en esta parte del desierto de Sonora. Al final se revisan las es-
trategias de resistencia llevadas a cabo por los ejidatarios para defender su
territorio. Se concluye que la violencia ejercida por los grupos criminales
y el ingreso de elementos policiales para prevenirla, forman parte de una
misma estrategia gubernamental-corporativa que, por medio de canales
militares, posibilita la acumulación de capital minero.
D  
En este capítulo se explora la relación entre la minería aurífera y la mili-
tarización entendiendo esta última como el control militar, ya sea por el
ejército o la policía, de un territorio con el fin de apropiarse de sus re-
cursos naturales, la infraestructura de comunicación o energética u otro
bien de valor estratégico para la acumulación de capital de las grandes
empresas y los estados nacionales (Pulido, s.f.). Este concepto se centra,
por lo tanto, en el papel que juegan el predominio y la influencia de lo
militar en la configuración material y simbólica de un territorio mine-
ro, sin reparar en la distinción tradicional entre fuerzas armadas y civiles
(Selwyn, 2020).
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ISIDRO TÉLLEZ RAMÍREZ
164
De igual manera, partiendo del llamado “estándar para oro libre de
conflictos”, establecido por el Consejo Mundial del Oro para garantizar
que la producción de este metal no motive ni financie conflictos sociales
(World Gold Council, 2012); así como para aludir a la expresión “carbón
rojo” con la que los trabajadores de Coahuila se refieren al altísimo costo
humano y ambiental que ha traído y dejado la extracción del carbón en
esta zona del país (Organización Familia Pasta de Conchos, 2018); en esta
investigación se entiende por “oro rojo” al metal áureo extraído de forma
violenta o en un contexto de militarización, lo cual genera y prolonga la
conflictividad social y viola los derechos humanos, además de que puede
estar usándose para subvencionar la economía criminal, la cual hoy cons-
tituye un rasgo no secundario de preocupación exclusiva de jueces y po-
licías, sino uno de los ejes de la acumulación de capital en México (Ga-
lindo, 2005).
Esta propuesta de “oro rojo” se enmarca, por un lado, en los estudios
que, a partir de la tesis de “la maldición de los recursos naturales” o “para-
doja de la abundancia”, postulan que los países ricos en recursos minera-
les son más proclives a experimentar conflictos sociales e incluso guerras
civiles (Arellano, 2008; Le Billon, 2005; Ross, 2004).
Estas indagaciones argumentan que la vulnerabilidad de una empresa
minera a la extorsión y la propensión a realizar pagos deliberados a gru-
pos criminales con el objetivo de seguir en operación son factores que
favorecen no solo el incremento de la violencia, también su prolongación
debido a que el dinero extraído voluntaria o violentamente puede servir
para comprar armamento o financiar otras actividades ilícitas de los gru-
pos criminales.
Con estas intervenciones la conflictividad en las áreas mineras conti-
núa y, posiblemente, empeora (Ross, 2004). Efecto que también generan
las fuerzas de seguridad privada o las fuerzas militares y policiales pagadas
por las empresas como una forma de proteger las instalaciones mineras,
en el sentido de que al armar a estas agrupaciones que pueden cometer
violaciones a los derechos humanos, como se ha documentado en distin-
tos países mineros (Crost y Felter, 2020), contribuye a extender la con-
flictividad social (Holden y Jacobson, 2007).
Por otro lado, el “oro rojo” es una propuesta que en esta investigación
se concibe como parte del proceso de acumulación de capital por despo-
jo presente en la minería. Este proceso, identificado por distintos autores
tanto en México como en otras naciones (Composto y Navarro 2012;
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EL “ORO ROJO” DE INDUSTRIAS PEÑOLES 165
Núñez, 2017; Sacher, 2015; Téllez, 2021), se refiere al conjunto de dispo-
sitivos por medio de los cuales las empresas disponen de los medios de
vida y de trabajo de la población como condición necesaria para obtener
ganancias. Estas estrategias y sus expresiones materiales y simbólicas, aquí
se denominan prácticas territoriales de despojo, ejercidas por una empre-
sa o por el Estado con la intención de garantizar el control y la apropia-
ción de un determinado espacio. Para un mejor entendimiento de este
proceso, estas estrategias se dividen en dos grupos complementarios: a) las
prácticas relacionadas con el despojo encubierto, y b) las prácticas vincu-
ladas al despojo que se presenta de forma directa (Téllez, 2022).
Sobre la base de este marco teórico se siguió una metodología cua-
litativa centrada, en primer lugar, en la revisión documental de artículos,
libros y notas de periódico, además del material videográfico que sobre el
conflicto minero se encuentra en redes sociales. En segundo lugar, se ana-
lizó la información estadística provista en los informes anuales tanto de
Industrias Peñoles como de su subsidiaria Fresnillo , así como por el
Servicio Geológico Mexicano con el propósito de conocer la relevancia
económico-territorial de estas empresas en el país, en Sonora y en la zo-
na de estudio. Por último, la información se interpretó cartográficamente
con el apoyo del programa Qgis.
I P:    G 
Industrias Peñoles se fundó el primero de marzo de 1887 en el muni-
cipio de San Pedro El Gallo, Durango, como una filial de la American
Metal Company (Amax), corporación minera de capital alemán, inglés y
estadounidense. Junto con American Smelting and Refining Company
(Asarco) y Anaconda Copper Mining Company, Amax fue parte de las
tres empresas de capital extranjero que hasta 1961 dominaron la minería
mexicana (Ceceña, 2007).
En abril de ese año, gracias a la reforma a la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en materia de explotación y aprovechamien-
to de recursos minerales, mejor conocida como Ley de mexicanización
de la minería, 51 por ciento de las acciones que Amax poseía de Indus-
trias Peñoles pasaron a manos de los empresarios mexicanos Raúl Baillè-
res, José A. García, Bernard Rohe, Roberto Garza Sada, Manuel Senderos
y Alberto Baillères. Nació así Metalúrgica Mexicana Peñoles, resultado
de la fusión de la Compañía Minera de Peñoles y la Metalúrgica Peñoles.
Tres décadas después, en 1996, el capital social que todavía quedaba en
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ISIDRO TÉLLEZ RAMÍREZ
166
manos de Amax fue adquirido por Alberto Baillères, el cuarto hombre
más rico de México (Téllez, 2021).
Si bien Industrias Peñoles perdió el peso relativo que tenía antes de
1980, cuando prácticamente dominaba la minería mexicana, posición
que ahora ocupa Grupo México, en la actualidad continúa figurando co-
mo la principal empresa productora de plata afinada del mundo con 8
por ciento de la producción total, y es también líder latinoamericano en
la producción de afinados de oro y plomo y uno de los principales pro-
ductores globales de cinc afinado, bismuto y sulfato de sodio (Industrias
Peñoles, 2020).
Pese el creciente ingreso de empresas extranjeras en el sector, Indus-
trias Peñoles continúa aportando 24 por ciento, 35 por ciento, 34 por
ciento y 42 por ciento de la producción nacional de oro, plata, plomo y
cinc, respectivamente. Los metales preciosos son los principales produc-
tos del grupo minero, al significar 62.5 por ciento del total de sus ven-
tas, 50.2 por ciento de las cuales se realizaron a Estados Unidos y el resto
a Canadá (12.5%), Europa (13.5%), Asia (9.2%) y América Latina (1.1%)
(Industrias Peñoles, 2020).
En cuanto a la producción metalúrgica, Industrias Peñoles produjo
97 por ciento del oro afinado del país, 89 por ciento de la plata afina-
da, 69 por ciento de cinc afinado y el 100 por ciento del plomo afina-
do. La división encargada de la fundición y afinación de metales pro-
cesa incluso los concentrados de empresas extranjeras, como Newmont
Goldcorp, Pan American Silver, GoGold Resources, Glencore y Tra-
figura Group, así como de Grupo México y Minera Frisco. Respecto
a los productos químicos, Peñoles aporta al mercado nacional 76 por
ciento del sulfato de sodio, 56 por ciento del sulfato de magnesio y 32
por ciento de la producción total de óxido de magnesio (Industrias Pe-
ñoles, 2020).
Esta participación monopólica en la producción minerometalúrgica
nacional ha posicionado al conglomerado mexicano en el sitio 49 en la
lista de las 500 empresas más importantes de México de 2020 (Expan-
sión, 2019) y en el lugar 119 en América Latina, con ventas por un valor
de 4 673 millones de dólares (Industrias Peñoles, 2020). De igual mane-
ra, el monopolio ejercido por Industrias Peñoles se ha visto reflejado en
el aumento notable de las ganancias de Alberto Baillères, que hasta 2021
controlaba 61.3 por ciento de las acciones del grupo (el resto representa
el capital flotante en la Bolsa Mexicana de Valores).
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EL “ORO ROJO” DE INDUSTRIAS PEÑOLES 167
Como se aprecia en la gráfica 1, el empresario mexicano, fallecido en fe-
brero de 2022, multiplicó por 15 su fortuna personal, al pasar de 1.2 mi-
llones de dólares en 2000, a 10.4 millones de dólares en 2021, que al-
canzó un máximo de 18.2 millones de dólares en 2013 empujado por
los precios internacionales del oro y la plata, los principales productos de
Industrias Peñoles. Por su parte, su posición en la lista mundial de multi-
millonarios de la revista Forbes mantuvo claramente una tendencia ascen-
dente también como parte del auge de sus negocios mineros, pues pasó
del lugar 279 en 2000 a ocupar la posición 32 en 2013.
Uno de los pilares que sustenta este nivel de concentración de capital
es la red de operaciones integradas para la extracción, beneficio, fundi-
ción y afinación de metales no ferrosos que controla Industrias Peñoles,
además de las minas y plantas químicas que posee el grupo. Este conjun-
to de instalaciones están administradas por Industrias Peñoles a través de
cuatro empresas tenedoras: 1) Fresnillo  controladora de seis subsidia-
Fuente: Elaboración propia con datos de Forbes (varios años).
G 1. Evolución de la riqueza personal de Alberto Baillères,
2000-2021
500 20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
400
300
Miles de millones de dólares
Año
Posición en el ranking de la revista Forbes
200
100
0
2000
2010
2014
2018
2001
2011
2015
2019
2008
2012
2016
2020
2009
2013
2017
2021
Riqueza neta (Baillères) Posición (Baillères)
y
x
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ISIDRO TÉLLEZ RAMÍREZ
168
rias que poseen ocho unidades mineras de metales preciosos en opera-
ción, entre ellas Soledad-Dipolos; 2) Minas Peñoles, administradora de
ocho empresas que explotan cuatro minas de metales base; 3) Química
Magna, tenedora de las seis plantas de Met-Met Peñoles, el tercer com-
plejo metalúrgico de plata y oro a nivel mundial, y cinco de Magnelec,
la planta de sulfato de sodio más grande del mundo, más la refinería de
sulfato de amonio Fertirey y 4) Infraestructura Peñoles, controladora de
seis proyectos vigentes de transporte y energía del grupo, entre ellos tres
parques eólicos. A estas empresas se suman cuatro oficinas de exploración
que el grupo minero tiene en Perú y Chile, así como las siete oficinas
comerciales distribuidas en cinco países de tres continentes, entre ellas
la establecida en Reino Unido luego de listar públicamente una cuarta
parte de las acciones de Fresnillo  en la Bolsa de Valores de Londres
(Téllez, 2021).
En la figura 1 se muestra la evolución espacio-temporal de la territo-
rialización de esta red de empresas de Industrias Peñoles. Se distingue un
cambio en la distribución geográfica de las minas del grupo durante el
periodo neoliberal. De una amplia presencia territorial en el centro del
país registrada hasta antes de 1989, en las últimas décadas el grupo exten-
dió sus operaciones de extracción y beneficio hacia las entidades fede-
rativas del norte y noroeste, de gran tradición e importancia minera. En
ellas se localizan las unidades mineras Fresnillo, Saucito, La Ciénega y La
Herradura, yacimientos de clase mundial que en conjunto contribuyen
con 75 y 56 por ciento de la producción de oro y plata del grupo, res-
pectivamente.
El establecimiento de este “territorio-red” (Castillo, 2020, p. 6) se
sustenta a su vez en el control constante y extensivo de títulos de conce-
sión minera. Se estima que, hasta 2020, Industrias Peñoles controlaba 2.7
millones de hectáreas en concesión para desarrollar actividades extracti-
vas y metalúrgicas. Este enorme territorio se extendió sobre el territorio
nacional principalmente durante la primera década del siglo . En los
sexenios de los presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto
Zedillo, Peñoles y su subsidiaria Fresnillo  lograron controlar en total
62 837 hectáreas en concesión, concentradas en Chihuahua y Zacatecas
con 19 490 y 12 542 hectáreas, respectivamente (gráfica 2).
Sin embargo, cuando Vicente Fox asumió la presidencia, las hectá-
reas concesionadas a Industrias Peñoles se incrementaron 1 753 por cien-
to respecto al sexenio anterior, al registrar un total de 948 mil hectáreas,
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EL “ORO ROJO” DE INDUSTRIAS PEÑOLES 169
F 1. Principales operaciones de Industrias Peñoles, 1961-2020
Fuente: Elaboración propia con base en Industrias Peñoles (1988 y 2020).
Soledad-Dipolos
32
N28
N24
N20
N16
N
32
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O
La Herradura
Noche Buena
Hermosillo
Mexicali
Chihuahua
Culiacán
Durango
Ciudad Victoria
Saltillo
Monterrey
Mazatlán
Tepic Aguascalientes Tampico
San Luis
Potosí
Milpillas Bismark
Ávalos
Pinos Altos
La Encantada
Gochico
Reforma La Esmeralda Magnelec (Química del Rey)
Línea Coahuila-Durango
Karrenamex
General Products
Refmex
Fibrarex
Eólica de Coahuila
Minas de
California
Met-Mex
Fertirey
Aleazin
Ref. H.W. Fllr
La Ciénega
Velardeña
Sabinas
San Julián
Bermejillo
Guanaceví
Topia
Naica
Juanicipio Mesa La Paz
Química del Mar
Guatemala
Mar Caribe
Istmo
de
Tehuantepec
Océano Pacífico
Mar de Cortés
Belice
Ref. Green
Fluorita del Río Verde
Río Colorado
Zimapan
Terminar
Vetagrande
Termoeléctrica Peñoles
Peregrina y Cebada
Grupo Guanajuato
Bolañitos
Calabaza
El Cuale
La Minita
La Guitarra
Tizapa
Sultepec
Capela Mezcala
Campana de Plata
Fuerza Eólica del Istmo
Petrobal
La Negra
San José
Madero
Saucito
Guanajuato
Querétaro Pachuca
Veracruz
Oaxaca
Acapulco
Chilpancingo
Tuxtla Gutiérrez
Villahermosa
Campeche
Chetumal
Mérida
Jalapa
Guadalajara
Colima
Morelia
Toluca
Cuernavaca
Ciudad de México
Tlaxcala
Puebla
Operaciones del Grupo Peñoles
Unidad Minera
Planta Química
Infraestructura
Oficina Internacional
1961-1980 1981-2000
2001-2020
1961-1980
1981-2000
2001-2020
1981-2000
2001-2020
1961-1980
1981-2000
Planta Metalúrgica
Golfo
de
México
Fresnillo
Chile
Peñoles do
Brasil
Quirey do
Brasil
Fresnillo
Perú
Fresnillo
Management
Sulquisa
Peñoles
Venezuela
Bal
Holdings
Fresbal
Wideco
Grefar
Océano
Atlántico
Océano
Pacífico
Peñoles
Metals &
Chemicals
Estados Unidos
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 169Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 169 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

ISIDRO TÉLLEZ RAMÍREZ
170
Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Economía (2018).
G 2. Superficie concesionada a Industrias Peñoles
por entidad federativa, 1982-2000
Miguel de la Madrid Ernesto Zedillo
Carlos Salinas
Hectáreas
40 000
Chihuahua
Zacatecas
Sonora
México
Guanajuato
Durango
Hidalgo
Guerrero
Querétaro
Sinaloa
Coahuila
Nayarit
080 000 120 000 160 000 200 000
y
x
Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Economía (2018).
G 3. Superficie concesionada a Industrias Peñoles
por entidad federativa, 2001-2018
Millones de hectáreas
y
x
Zacatecas
Sonora
Chihuahua
Durango
Guerrero
Guanajuato
San Luis Potosí
Coahuila
Michoacán
México
Sinaloa
Aguascalientes
Nayarit
Baja California
Chiapas
Colima
Jalisco
Hidalgo
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Morelos
0.2 0.4 0.6 0.8 10
Vicente Fox Enrique Peña Nieto
Felipe Calderón
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 170Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 170 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

EL “ORO ROJO” DE INDUSTRIAS PEÑOLES 171
la mayoría otorgadas en Zacatecas con 356 491 hectáreas. La tenden-
cia continuó en el gobierno del presidente Felipe Calderón, cuando el
grupo recibió en concesión un total de 1.7 millones de hectáreas. Es-
tas concesiones se concentraron en Sonora (495 116 hectáreas), Zacate-
cas (402 183 hectáreas) y Chihuahua (253 585 hectáreas), aunque destaca
la expansión hacia San Luis Potosí, Michoacán, Chiapas, Colima, Jalisco,
Oaxaca y Puebla que, hasta entonces, no habían figurado en los planes de
la corporación minera.
Por último, como parte de la caída de las cotizaciones internaciona-
les del oro y la plata, durante la administración de Enrique Peña Nieto
se registró un descenso de 56 por ciento, al registrar un total de 539 326
hectáreas localizadas principalmente en la frontera entre Durango y Chi-
huahua (gráfica 3).
Entre 2008 y 2018, el subsuelo controlado por Industrias Peñoles se
extendió más allá del territorio de México, al agregar un total de 94 300
hectáreas concesionadas en Sudamérica: 84 300 hectáreas en Perú como
parte de los trabajos de exploración en los proyectos Huacravilca, Ama-
ta, Pilarica, La Pampa, Santo Domingo, Supaypacha y Alto Dorado; y 10
mil hectáreas en Chile para el desarrollo de los prospectos Condoriaco y
Capricornio (Fresnillo , 2018).
El último rasgo a mencionar sobre la territorialidad de Industrias Pe-
ñoles es su pertenencia al Grupo Bal. En efecto, la formación de Peñoles
sucedió de manera paralela al crecimiento de la compleja red de empre-
sas que constituyen al grupo económico formado por la familia Baillères.
Después de que en 1968 controlara un total de diez filiales, este conglo-
merado tenía bajo su control 27 compañías independientes, entre las que
destacan Grupo Nacional Provincial (seguros), Grupo Profuturo (fondos
para el retiro), Palacio de Hierro (tienda departamental), Petrobal (ener-
gía) y Energía Eléctrica BAL (energía) (Téllez, 2021).
De esta manera, la lucha por el territorio ocupado por la mina So-
ledad-Dipolos no se puede entender sin contemplar esta extensa e in-
trincada red de compañías tenedoras, filiales y subsidiarias que compo-
nen el tejido empresarial y productivo de Industrias Peñoles y el Grupo
Bal. Una red que, por lo menos desde 1961, ha recibido de manera per-
manente el apoyo estatal, por lo que desde el punto de vista geográfico y
económico, es una modalidad de organización territorial que determina
la impunidad y las prácticas de despojo aplicadas para controlar y adecuar
territorios como el del ejido El Bajío.
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ISIDRO TÉLLEZ RAMÍREZ
172
E  E B:  
  
El estado de Sonora posee una extensión de 189 055 km2, equivalente a
9.4 por ciento del territorio nacional. La riqueza de sus yacimientos de
oro y de cobre y la proximidad con Estados Unidos, en particular con
Arizona y Nuevo México, han sido factores clave en el auge de más de
270 proyectos de exploración y la apertura de 48 minas, así como en el
otorgamiento de 3.8 millones de hectáreas en concesión que representan
22 por ciento de la superficie estatal (, 2020).
En el territorio sonorense confluye una gran cantidad de empre-
sas, principalmente de capital canadiense y estadounidense, pero también
mexicanas que han aprovechado el potencial geológico y las ventajas
otorgadas por la ley minera, como concesiones por cincuenta años, con
posibilidad de renovarse por el mismo periodo. Entre estas empresas des-
tacan Minera Frisco, Grupo México, Industrias Peñoles y su filial Fresni-
llo , así como las extranjeras Alamos Gold, First Majestic, Agnico Ea-
gle, Argonaut Gold y Newmont Goldcorp.
De esta manera, Sonora es hoy la principal entidad minera con una
participación de 30 por ciento del valor de la producción minera nacio-
nal. Igualmente es el mayor productor de oro y cobre del país con 34 y
81 por ciento del valor de la producción nacional respectivamente. Es el
único estado donde se extrae grafito, wollastonita y molibdeno, el segun-
do productor nacional de barita y el cuarto de plata, entre otros minera-
les en los que Sonora también destaca (, 2020).
Este escenario de bonanza estuvo acompañado del incremento de
la conflictividad social, al grado de que hasta 2018 se tenía registro de la
ocurrencia de 22 conflictos ambientales en doce sitios de Sonora, de los
cuales Lugo y Lara (2022) identifican ocho como problemas mineros.
Entre ellos destaca el conflicto surgido por el derrame de 40 mil metros
cúbicos de sulfato de sodio sobre el río Sonora proveniente de la Unidad
Minera Buenavista (antes Cananea), propiedad de Grupo México, que
debido a la severidad de sus impactos se considera como el peor desastre
ambiental ocurrido en México (Luque y Murphy, 2020).
Industrias Peñoles también ha contribuido con la generación de dos
conflictos mineros en Sonora. Uno de ellos es la confrontación entre los
dueños del rancho El Tordillo y Minera La Parreña, subsidiaria del gru-
po, luego de que en 2015 derramara desechos tóxicos al arroyo Milpillas
en el municipio de Santa Cruz, a menos de 15 kilómetros de la frontera
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EL “ORO ROJO” DE INDUSTRIAS PEÑOLES 173
entre México y Arizona (Lugo y Lara, 2022). La oposición entre los inte-
grantes del ejido El Bajío y Minera Penmont por el control del territo-
rio ocupado por la mina aurífera Soledad-Dipolos es otro conflicto social
ocasionado por Industrias Peñoles, que sobresale debido a la magnitud de
la violencia y la impunidad del caso, así como por la resistencia social que
los ejidatarios han mantenido durante más de una década.
El ejido El Bajío se localiza entre los municipios de Caborca y Puer-
to Peñasco. Fue constituido el 20 de agosto de 1971 cuando el Estado
mexicano otorgó a 77 familias más de 21 mil hectáreas bajo el régimen
de propiedad social. En la década de 1990 una nueva asignación de tie-
rras tuvo verificativo como parte de un proceso de repoblación. Así, re-
cibieron tierras campesinos y choferes provenientes de Oaxaca, Guerre-
ro, Yucatán, Sinaloa, Jalisco y Nayarit. Varios de ellos hablan únicamente
en su lengua “por lo que de inicio tienen dificultades para comprender
documentos de las empresas o del propio gobierno” (Azamar y Muñoz,
2022, p. 124).
F 2. Localización del ejido El Bajío
LOS NORTEÑOS
RÍO
ESCONDIDO
GRAL. ÁLVARO
OBREGÓN
LÁZARO CÁRDENAS
CERRO DE LA
HERRADURA
GENERAL JUAN
ÁLVAREZ
EL BAJÍO EL INDIO
Soledad-Dipolos
La Herradura
Mar
de
Cortés
FRANCISCO
I. MADERO
ESTACIÓN
ALMEJAS
ROSA BLANCA DEL DESIERTO
Puerto
Peñasco
Hermosillo
Caborca Oquitoa
Altar
Pitiquito
Trincheras
Mar de Cortés
Mar de Cortés
Caborca
Nogales Agua
Prieta
Guaymas
Ejido El Bajío
Restos de ejidos
Operaciones mineras
Superficie concesionada
0 2.5 5 km
1:150,000
San Luis Río Colorado
General Plutarco
Elías Calles
Puerto Peñasco
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ISIDRO TÉLLEZ RAMÍREZ
174
Esa misma década, Minera Penmont, empresa nacida de la alianza
entre Fresnillo  y Newmont, inició trabajos de exploración avanzada
gracias a los múltiples títulos de concesión minera que controla en esta
región de Sonora (figura 2). El resultado fue la identificación de tres de-
pósitos de oro diseminado que permitieron la apertura de tres minas. La
primera en operar fue La Herradura, en 1996, justo cuando Industrias
Peñoles adquirió el resto de las acciones que todavía estaban en manos de
Amax. Hasta el día de hoy esta mina de oro de tajo a cielo abierto es la
más grande de México y la sexta a nivel mundial. Soledad-Dipolos em-
pezó a operar en 2010 también como mina a cielo abierto dentro de las
tierras del ejido El Bajío. La tercera fue la unidad minera Noche Bue-
na cuyos trabajos se iniciaron en 2012 bajo minado superficial (Fresnillo
, 2018).
La producción de las tres unidades posicionó a Caborca, desde 2004,
como el municipio de mayor producción de oro del país, con una par-
ticipación de 25.8 por ciento de la producción nacional en 2019, lo
que equivale a un volumen total de 216 toneladas del metal áureo (,
2020). Sin embargo, de acuerdo con los ejidatarios de El Bajío (2021), la
apertura de Soledad-Dipolos estuvo basada en la ocupación ilegal de sus
tierras, aproximadamente 3 205 hectáreas de un total de 16 mil hectáreas.
De esta manera, esta problemática derivó en el estallido de un con-
flicto social en 2009, cuando comenzaron los trabajos de construcción.
Minera Penmont, al poseer únicamente el control sobre el subsuelo
mediante concesiones mineras, previamente celebró con los ejidatarios
acuerdos de ocupación temporal por los que pagó a cada uno un monto
de 804 dólares anuales (a un tipo de cambio de 19.8 pesos por dólar); es
decir, 67 dólares al mes. Sin embargo, cuando la construcción y la ope-
ración de la mina dieron inicio, la empresa no firmó un nuevo contra-
to aludiendo a la propiedad sobre el territorio ejidal (Azamar y Muñoz,
2022).
Los miembros del ejido El Bajío iniciaron entonces acciones legales
contra Minera Penmont. Del primer juicio interpuesto se reveló que los
acuerdos con lo que la empresa respaldaba la propiedad del territorio no
habían sido ratificados por la Asamblea Ejidal, único órgano autorizado
para aprobar este tipo de transacción, sino que la minera los firmó con
particulares (Ejido El Bajío, 2021).
A partir de este momento la empresa inició una serie de prácticas de
despojo encubierto con el objetivo de mantener el control efectivo del
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EL “ORO ROJO” DE INDUSTRIAS PEÑOLES 175
territorio. Además del mencionado pago de renta —medida monetaria
que aprovecha la falta de empleo en la región—, Penmont inició una es-
trategia de distinción entre los habitantes que estaban a su favor, prin-
cipalmente trabajadores, y quienes se oponían a la minera. La diferen-
ciación implicó, entre otros rasgos, que a los ejidatarios les fuera negado
trabajar en las operaciones de Fresnillo , ya sea como mineros, contra-
tistas o proveedores. Al mismo tiempo, la corporación minera emprendió
una campaña de desprestigio al señalar a los ejidatarios de ser indígenas
no originarios de Sonora, de ser avecindados (Ejido El Bajío, 2021). Di-
cho con otras palabras, la empresa ejerció un trato discriminatorio por
motivos de origen étnico con el objetivo de descalificar la lucha judicial
emprendida por estos habitantes. Con ello, se estableció un espacio divi-
dido, confrontado, propicio para que la empresa restableciera el control
de la tierra y de sus recursos.
Empero, en 2011 el Tribunal Agrario sentenció que Minera Penmont
debía desalojar las tierras ejidales. Este mandato se llevó a cabo en 2013,
tras 44 sentencias nuevas a favor de los demandantes. Se resolvió además
retornar las tierras ocupadas al Estado previo a la explotación minera y la
indemnización de los ejidatarios por el pago de rentas de sus tierras (Eji-
do El Bajío, 2021).
Estas órdenes marcaron un precedente en la historia de las luchas
contra la gran minería en México, en este caso ante Industrias Peñoles.
Pero contraviniendo lo indicado por el “estándar para oro libre de con-
flictos”, el fallo no fue acatado por la empresa, pues de acuerdo con su
versión de los hechos el área explotada por Soledad-Dipolos y la mina
La Herradura ocupa únicamente 300 hectáreas del ejido y no las 3 205
hectáreas que indicaron los peritajes topográficos solicitados por el Tri-
bunal Agrario. Esta última superficie para los ejidatarios incluso es mayor,
pues no contempla las 16 mil hectáreas que ocupan los depósitos de resi-
duos y las perforaciones realizadas por la empresa (Ejido El Bajío, 2021).
Lo que sí ocurrió fue un aumento de la violencia debido a la aplica-
ción de estrategias que reflejan un despojo que ya no fue encubierto, si-
no explícito, con la intención de asegurar de forma directa el control del
territorio y con ello de los medios de vida y de trabajo de los habitantes
involucrados en los planes mineros. El despojo abierto se presentó prime-
ro bajo la forma de criminalización y represión de los habitantes opuestos
al emprendimiento minero. En 2016, Rafael Pavlovich Durazo, tío de la
entonces gobernadora de Sonora, se presentó como ejidatario con la in-
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 175Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 175 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

ISIDRO TÉLLEZ RAMÍREZ
176
tención de apoderarse de 1 824 hectáreas. Esta acción fue apoyada por la
policía estatal, así como por un acta avalada por el Registro Agrario Na-
cional que resultó ser apócrifa, lo que para los ejidatarios es una muestra
de la complicidad entre las autoridades federales y estatales y la empresa
minera (Ejido El Bajío, 2021; Sirenio, 2020).
Al mismo tiempo, cuatro miembros del ejido fueron encarcelados
por motivo de despojo agravado (Ruiz, 2021). También fueron señalados
por mantener vínculos con los grupos criminales que operan en el mu-
nicipio de Caborca (Ruiz, 2021), “comenzando una narrativa en contra
de ellos para poder ‘justificar’ el uso de la violencia” (Azamar y Muñoz,
2022, p. 128). Pese a ello, los ejidatarios lograron salir libres por la vía le-
gal: “El ejido logró combatir la especulación que hizo la mina y se com-
probó que fueron mentiras y fuimos absueltos”, señaló un ejidatario en
entrevista (Ruiz, 2021). Las hectáreas asignadas por el Tribunal Agrario a
Rafael Pavlovich también fueron anuladas. De esta manera, a la campaña
de criminalización, hostigamiento y persecución a los opositores, sobre-
vino una ola de violencia franca que hizo explícita la militarización y la
guerra social presente en este territorio sonorense.
En octubre de 2014, ocho ejidatarios fueron “levantados” por mili-
tares. Uno de los miembros del ejido capturado, que no sabe leer ni es-
cribir en español ni cuenta con un traductor que lo asista, fue enviado al
penal de máxima seguridad El Rincón en Nayarit, acusado de la porta-
ción de un arma de uso exclusivo del ejército. De acuerdo con Thomas
González, abogado de los integrantes del ejido El Bajío, los elementos
militares “solo se dedican a realizar funciones de seguridad privada para
la minera, ya que esa empresa les proporciona alimentos, gasolina y otros
‘beneficios’ por cuidar sus instalaciones” (Cedillo, 2014). Es decir, que las
fuerzas militares desplegadas para brindar seguridad a las rutas de trans-
porte y a las instalaciones mineras cometieron abusos contra los derechos
humanos, con lo que la empresa además contravino uno de los criterios
establecidos por el “estándar para oro libre de conflictos”: no financiar la
conflictividad social.
Más tarde, en septiembre de 2017, el entonces comisario ejidal de
El Bajío y su esposa fueron secuestrados y torturados. “Ese día pedimos
auxilio pero los militares nunca llegaron. Los que sí llegaron fueron los
municipales, estatales, federales [pero] en lugar de preguntar qué pasaba
conmigo, empezaron a insultar a mis compañeros”, relata un ejidatario
(Sirenio, 2020). Siete meses después, el 27 de abril de 2021, ambos miem-
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EL “ORO ROJO” DE INDUSTRIAS PEÑOLES 177
bros del ejido fueron asesinados, mientras que en 2018 otros dos desapa-
recieron sin que hasta ahora hayan sido localizados sus cuerpos. Como
observan Azamar y Muñoz (2022), esta violencia aceptada por omisión o
comisión por la policía y los militares tuvo de fondo el control territorial:
Sus familiares [del comisario ejidal] cayeron en cuenta de que la sucesión
de su parcela no pertenece a nadie de la familia, ni siquiera a alguien del
ejido El Bajío, y el nombre que aparece del dueño es totalmente descono-
cido para ellos. Esto implica que la empresa está trabajando con institucio-
nes de gobierno para apropiarse del territorio a través de la opacidad (Aza-
mar y Muñoz, 2022, p. 128).
D     
La violencia con la que se buscó “pacificar” la resistencia emprendida por
los ejidatarios de El Bajío también ha dejado huellas indelebles en el te-
rritorio. Así lo demuestra la manipulación física del espacio por medio de
la construcción de un cerco de alambre de púas y tela ciclónica, así como
de una zanja de un metro de profundidad con la que la empresa impidió
el acceso a las tierras ocupadas, de manera ilegal, por la mina Soledad-
Dipolos. El cerco está vigilado por la guardia privada de la compañía que
en no pocas ocasiones ha disuadido con violencia los intentos de ingreso
de los ejidatarios (Sirenio, 2020).
A esta situación se sumó que, después de que Minera Penmont sus-
pendiera la extracción de oro de esta mina debido a las sentencias en su
contra, grupos del crimen organizado sobrepasaron el cerco establecido
por la empresa en busca del metal áureo depositado en las presas de li-
xiviación. Esta acción fue denunciada por los ejidatarios y por la propia
empresa en razón de la multiplicación de asaltos y agresiones tanto a los
habitantes como a los trabajadores que quedaron en medio de los enfren-
tamientos entre los grupos criminales que operan en la región (Azamar
y Muñoz, 2022).
El primer asalto se registró en 2015, cuando un grupo armado ro-
bó un camión que transportaba una carga de cuatro kilogramos de oro y
cien onzas de plata provenientes de La Herradura y Noche Buena. Cua-
tro años después fue asaltado otro camión con 47 lingotes de oro, pro-
piedad de la minera Noche Buena. Ambos cargamentos estaban “asegu-
rados de acuerdo con los protocolos de seguridad que sigue la empresa”
(Escobar, 2019).
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ISIDRO TÉLLEZ RAMÍREZ
178
Asimismo, los ejidatarios han denunciado el recrudecimiento durante
los últimos años de los “levantones”, amenazas, balaceras, “cobro de piso”
y el incendio de vehículos. Conjunto de prácticas que, sumadas a la vio-
lencia ejercida por la empresa, ha ido moldeando el actual espacio minero
de Caborca. Como señala Jano Valenzuela, “el crimen organizado no so-
lo vela por sus intereses económicos (el tráfico de drogas y de migrantes)
sino [también] despliega la violencia por intereses mineros” (Ruiz, 2021).
Esta ola de violencia causada por los enfrentamientos entre grupos
del crimen organizado y entre estos y las fuerzas militares y civiles, no es
un fenómeno exclusivo de las minas de oro de Fresnillo  en Caborca.
En Fresnillo, Zacatecas, donde el grupo minero posee también tres minas
que en conjunto representan el yacimiento argentífero más importante
del mundo (Téllez, 2021), el 12 de febrero de 2022 un comando armado
asesinó a dos trabajadores mineros fuera del Parque Ecológico Los Jales,
instalación recreativa propiedad de la empresa. Por su parte, en la mina
Capela, que Peñoles controla en el municipio de Teloloapan, Guerrero,
los trabajadores son escoltados por personal de seguridad a manera de
autodefensas (De Luna, 2022) debido a la violencia registrada en la zona
(Barrera, 2020).
La respuesta del gobierno federal a esta violencia abierta, que expresa
el tránsito de un conflicto minero a uno armado, fue la construcción de
un cuartel de la Guardia Nacional y la creación y despliegue de la poli-
cía minera precisamente en Caborca, con el objetivo de dar seguridad a
la extracción y transporte de oro de la mina La Herradura. La policía mi-
nera, agrupación que recuerda a la Policía Rural del porfiriato —encar-
gada de controlar el bandolerismo y toda agresión que pudiese surgir en
los caminos que comunicaban los centros mineros y agropecuarios de la
época—, nació en 2020 con 118 agentes equipados con fusiles de asalto
y entrenados por la marina y el ejército (Mundo Minero, 2020).
El servicio de seguridad prestado por esta policía no es gratuito. La
empresa minera paga por cada elemento entre 47 y 172 dólares al día
(Morbiato, 2021). Costo ínfimo respecto a los ingresos que obtiene la
empresa, pero también si se toma en cuenta que la creación de esta agru-
pación castrense no contempla la seguridad de los ejidatarios de El Bajío,
sino únicamente del oro que se extrae de este territorio y que se exporta
en beneficio de Industrias Peñoles.
La policía minera brinda así seguridad a la corporación minera in-
dependientemente del malestar y las demandas de justicia social. Es de-
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 178Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 178 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

EL “ORO ROJO” DE INDUSTRIAS PEÑOLES 179
cir, los esfuerzos del gobierno al crear este destacamento policial van di-
rigidos a buscar que el territorio sea nuevamente “invertible” (Dunlap,
2019), y no para garantizar a los ejidatarios el acceso a la justicia (Holden
y Jacobson, 2007). De esta manera, los intereses de los grupos del crimen
organizado y de la policía minera no difieren, sino que se complemen-
tan para cumplir un mismo propósito: reforzar el control militarizado del
territorio disputado y ganado en los tribunales por los ejidatarios, e im-
poner una pacificación adecuada por y para la acumulación del capital
minero.
Con esto se verifica que ambas agrupaciones, armadas directa o in-
directamente por los recursos provenientes de la minería de oro, son un
factor que ha contribuido a la prolongación del conflicto social y la re-
configuración del territorio tanto en términos materiales como simbóli-
cos. Por un lado, mediante el establecimiento de una geografía del miedo
construida, además de cercos y cuarteles, por medidas violentas que han
transformado por las armas la vida de quienes llaman hogar a este terri-
torio. Por el otro, porque el control del territorio mediante estas accio-
nes de violencia extrema representa un símbolo de profunda impunidad,
síntoma de un Estado ausente.
L   D
Ciertamente se puede señalar que la violencia implica una relación de
poder, pero la violencia en sí misma no equivale a poder (Dunlap, 2019).
Así lo ha demostrado la lucha de los ejidatarios de El Bajío por la rea-
propiación de su territorio, misma que comparte similitudes con la his-
toria de la victoria de David sobre Goliat, e igualmente con el óleo de
Caravaggio titulado David con la cabeza de Goliat. En este cuadro el pintor
italiano se autorretrató en la cabeza cortada de Goliat, misma que no pa-
rece viva ni muerta. David la sostiene con la mano izquierda mientras la
contempla con repugnancia, pero sin afán vencedor. Con la derecha em-
puña una espada en la que se lee la inscripción “H-AS OS” que, en latín,
abrevia la frase Humilitas occidit superbiam: La humildad mata a la soberbia
(Priego, 2010).
La estrategia legal ha sido la principal herramienta utilizada por los
ejidatarios para hacer valer sus derechos colectivos sobre el territorio, así
como para defenderse de la militarización y la estela de violencia que
han ido estructurando el espacio minero. El principal resultado de esta
resistencia es, sin duda, la orden judicial definitiva de devolver el territo-
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180
rio ejidal y, con él, las 236 709 onzas de oro extraídas por Fresnillo , el
mayor productor de este metal áureo en México y el principal de plata
del mundo. La justicia ganada en los tribunales, sin embargo, ha sido de-
negada durante ocho años. Ante esta situación los opositores se dieron a
la tarea de escalar las denuncias con el objetivo de informar a la pobla-
ción sobre los actos de violación de los derechos humanos ocurridos en
esta parte del país.
El 17 de mayo de 2022, tres representantes del ejido viajaron a Lon-
dres, al edificio donde como cada año Fresnillo  rinde cuentas a sus
accionistas. Desde 2008, 25 por ciento del capital social de esta empresa
cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, el principal mercado de oro del
mundo. Para poder ingresar a la junta los ejidatarios necesitaron comprar
algunas acciones del conglomerado minero. Dentro pudieron denunciar
la extracción ilegal del metal precioso vendido por el conglomerado, la
violencia extrema contra los activistas y la incapacidad del Estado mexi-
cano para ejecutar las sentencias que desde 2014 obligan a la empresa
a restituir las tierras ejidales. Esta acción estuvo apoyada por las asocia-
ciones locales London Mining Network y London Mexico Solidarity
(Siddique, 2022).
Asimismo, los ejidatarios se manifestaron en el Palacio Nacional para
exigir al presidente López Obrador el cumplimiento de las resoluciones
judiciales y cuestionarle la creación de la policía minera que, de acuerdo
con ellos, únicamente sirve para custodiar la ocupación ilegal de su terri-
torio (La Jornada, 2022).
En la escala estatal, los ejidatarios se articularon con los represen-
tantes de la Gran Nación Yaqui, la Comunidad Yoreme Mayo de Sono-
ra, el Concejo Indígena de Buen Gobierno de la comunidad de Masia-
ca, el Ejido Turicachi, las Madres buscadoras de Sonora, la Sección 65
del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Simila-
res de la República Mexicana, el Colectivo Jamut Bo’oo y los Comités
de Cuenca Río Sonora, entre otras organizaciones sociales que también
defienden sus territorios de la expansión de los grandes capitales, la cual
ha dejado una estela de violencia reflejada en masacres (caso de la fami-
lia LeBarón), asesinatos, desplazamientos forzados, despidos injustificados,
desapariciones y afectaciones ambientales graves, como el derrame mine-
ro en el río Sonora (Paredes, 2022).
De esta articulación se conformó el llamado Frente Sonora que, en
una declaración conjunta, llamó a la población a sumar esfuerzos para
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que las exigencias y demandas “sean cumplidas por las autoridades esta-
tales y federales, las cuales están al servicio del pueblo mexicano y no al
servicio de intereses del capital privado, las industrias extractivas y trans-
nacionales” (Ejido El Bajío, 2021).
Por último, en la escala local, los ejidatarios han solicitado a la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Protegias el reconocimiento de 18 mil
hectáreas de El Bajío como Área Destinada Voluntariamente a la Con-
servación (). Este territorio desértico, además de metales preciosos,
alberga sahuaros, matorrales, el camaleón cola blanca, el borrego cima-
rrón, así como el berrendo sonorense, único antílope de América del cual
el ejido conserva la mayor población (Ruiz, 2021). De manera que, an-
te el incumplimiento de las sentencias, la intención de esta estrategia de
conservación ambiental es que no solo se restituyan las tierras en disputa,
medida que ya obtuvieron; sino también poner un cerco territorial a lar-
go plazo a la explotación de Industrias Peñoles.
C 
El presente capítulo logró cumplir con el objetivo de revisar el efecto so-
bre el territorio de la relación entre minería aurífera y militarización en
el ejido de El Bajío. Se mostraron las prácticas territoriales de despojo en-
cubierto y abierto desplegadas por Minera Penmont para apropiarse del
oro contenido en el subsuelo del ejido. Se identificó que, además de ju-
dicializar la protesta y organización colectiva, la empresa ejerció un trato
discriminatorio por motivos de origen étnico con el objetivo de desca-
lificar a quienes rechazan la apropiación del territorio ejidal, a la vez es-
tableció un espacio social dividido y confrontado. Estas prácticas exhiben
una violencia “blanda”, pero que de igual manera ha determinado mate-
rial y simbólicamente el territorio.
Sin embargo, el aspecto que más resalta es que la empresa minera y el
Estado en sus distintos niveles se encuentran relacionados, por mandato u
omisión, con la ejecución de prácticas extremadamente violentas con el
objetivo de controlar este territorio sonorense. Un espacio que, además
de la producción aurífera, la mayor a nivel nacional, se caracteriza por lo-
calizarse próximo a la frontera con Estados Unidos, principal destino de
las exportaciones de metales preciosos de Industrias Peñoles y de México.
Esta violencia, ejemplo evidente de un estado de “guerra social” no
declarada, nació como respuesta al cuestionamiento y escalamiento de la
movilización social que logró, de manera histórica, revertir por canales
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182
judiciales la apropiación minera de las tierras de propiedad social. Pero
también se gestó como parte de la militarización e inseguridad que per-
mea esta parte del desierto sonorense, como una especie de “matrimo-
nio secreto” que exacerva el despojo para la acumulación de capital a la
vez que refuerza la persistencia de la violencia y la conflictividad social.
En este sentido, la militarización vista como un momento procesual
en desarrollo y no como un acto o resultado, así como una práctica terri-
torial asociada a lo que se denominó “oro rojo”, es una propuesta teóri-
co-metodológica de este capítulo que busca contribuir al entendimiento
de cómo se constituyen la militarización y la violencia a través del es-
pacio, y cómo el espacio da forma a la militarización y a la violencia, lo
que implica ir más allá de la forma instrumental de analizar los patrones
espaciales como herramienta para explicar estas temáticas, en especial en
un contexto en el que la militarización policial se está consolidando en
México como la respuesta del Estado ante la incapacidad de satisfacer las
necesidades de seguridad pública, la cual inexorablemente debe incluir la
defensa de los derechos colectivos al territorio.
Por último, el análisis del conflicto entre el ejido El Bajío y Minera
Penmont permitió explicar que la pacificación del territorio mediante
el emplazamiento de la policía minera, además de ser una medida apli-
cada sin hacer valer la justicia ganada en los tribunales por los ejidatarios,
es una práctica militar que no discute la apropiación ilegal sino más bien
busca que el territorio siga siendo invertible, que se encuentre de nue-
va cuenta bajo el control de la empresa, por lo tanto se concluye que la
violencia ejercida por los grupos del crimen organizado y la instalación
de la policía minera para revertirla forman parte de una misma estrategia
gubernamental-corporativa o al menos confluyen en el mismo objetivo,
esto es, imponer una pacificación social por medio de canales militares
que posibilita la acumulación de capital. Si este tipo de minería se sigue
reforzando como hasta ahora, el conflicto social en Caborca se prolon-
gará, mientras que el oro del mayor productor de México seguirá sien-
do “rojo”.
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187
Acerca de las y los autores
Aleida Azamar Alonso es doctora en Economía Internacional y Desa-
rrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Investiga-
dora de la Universidad Autónoma Metropolitana (). Coordinadora
de la Maestría en Sociedades Sustentables en la misma institución. Inte-
grante de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Economía
Ecológica. Miembro de la Red de Energía y Poder Popular de América
Latina. Integrante del grupo de trabajo Pensamiento Geográfico Crítico
Latinoamericano y del grupo de Estudios Críticos del Desarrollo Ru-
ral del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Cuenta con más de
150 artículos científicos y de divulgación publicados en México y en el
extranjero. Ha obtenido distintos galardones, como el premio de publi-
cación Miradas Latinoamericanas, de Clacso y Editorial Siglo XXI, en
2020, por Economía ecológica latinoamericana; el Premio por investigación
de área en tres ocasiones: 2017, 2019 y 2021 de la , y el Premio a
la Docencia en 2021 por la misma institución. Sus líneas de investiga-
ción son: economía política, economía ecológica, extractivismo, minería,
energía, ecofeminismo y conflictos socioambientales.
Beatriz Adriana Olivera Villa es estudiante del doctorado en Desarro-
llo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana (). Maestra en
Ingeniería egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México
(). Cuenta con varios diplomados y cursos internacionales sobre
política pública, género y desarrollo sustentable. Ha trabajado en orga-
nizaciones ambientalistas como Greenpeace, como coordinadora de la
campaña de cambio climático y energía para México. También coordinó
la campaña Crece para Oxfam en América Latina y el Caribe. Se desem-
peñó como investigadora en Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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DISPUTA POR LOS BIENES NATURALES
188
en el programa Territorio, Derechos y Desarrollo. Actualmente es inte-
grante de la Alianza Mexicana contra el Fracking y directora de la Aso-
ciación Civil Engenera (Energía, Género y Ambiente).
Carlos A. Rodríguez Wallenuis es doctor en Ciencias Sociales y maes-
tro en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco (-X). Profesor investigador del Departamento de Pro-
ducción Económica de la misma institución, docente del posgrado en
Desarrollo Rural, de la maestría en Sociedades Sustentables y de las li-
cenciaturas en Economía y Administración. Integrante del Área de Inves-
tigación Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado de la -
Xochimilco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, y
de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (), de la que fue in-
tegrante del Comité Ejecutivo Nacional 2015-2017. También es parte de
la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Fue coordinador del
grupo de trabajo Desarrollo Rural: Disputas territoriales, campesinos y
decolonialidad, de Clacso, y presidente del Comité Organizador del IX
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 2014.
Ha publicado Defender los territorios frente al despojo. Luchas socioambientales
y disputa de proyectos de sociedad en México (2020) y Geopolítica del desarrollo
local. Campesinos, empresas y gobiernos en la disputa por territorios y bienes na-
turales en el México rural (2015).
Isidro Téllez Ramírez es doctor en Geografía por la Universidad Na-
cional Autónoma de México () y economista por la misma casa de
estudios. Obtuvo el primer lugar en el II Concurso Reinaldo Carcanho-
lo para Jóvenes Investigadores organizado por la Sociedad de Economía
Política y Pensamiento Crítico de América Latina (). Su investiga-
ción se especializa en geografía económica, geografía minera, economía
mexicana y conflictos socioambientales. En los últimos años ha desarro-
llado la veta de investigación de la expansión geográfica de la minería
metálica y sus efectos sociales en México. Resultados de este trabajo los
ha presentado en distintos eventos y foros académicos nacionales e in-
ternacionales —XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina 2019,
III Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales 2018, Jor-
nadas Internacionales sobre Extractivismo Minero, Recursos Naturales
y Disputas Territoriales 2018—. Actualmente se desempeña como pro-
fesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de
Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 188Disputa de los bienes naturales 17x23.indd 188 06/09/23 12:2006/09/23 12:20

ACERCA DE LAS Y LOS AUTORES 189
Economía de la . Es miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores, nivel 1.
Carlos Tornel es candidato a doctor e investigador en la Universidad
de Durham. Sus líneas de investigación son: decolonización de la justicia
energética y transición energética más allá del capitalismo. Ha colaborado
con movimientos y organizaciones en México desde 2012.
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Disputa por los bienes naturales:
militarización y fuerzas armadas en México
se terminó de imprimir en la Ciudad de México
en septiembre de 2023 en los talleres de Impresora
Peña Santa S.A. de C.V., Sur 27 núm. 475, Col. Leyes
de Reforma, 09310, Ciudad de México.
En su composición se utilizaron tipos
Bembo Regular y Bembo Italic.
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Mi itarización y
fuerzas armadas
en México
Disputa por
los bienes naturales
Aleida Azamar Alonso
COORDINADORA
ALEIDAAZAMAR ALONSO
Es doctora en Economía Internacional
y Desarrollo por la Universidad
Complutense de Madrid. Se desempeña
como profesora investigadora de la
Universidad Autónoma Metropolitana
() y coordinadora de la Maestría en
Sociedades Sustentables de la misma
institución. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores Nivel II.
Ha sido reconocida, entre otros, con
el premio de publicación Miradas
Latinoamericanas: Un Estado al Debate
2020, por Clacso y Siglo XXI Editores;
el Premio por Investigación de Área
en tres ocasiones (2017, 2019 y 2021)
por la , y el Premio a la Docencia
en 2021 por la misma institución. Ha
coordinado más de una decena de
libros y cuentacon cinco libros de
autoría y coautoría, así como más de 150
publicaciones entre artículos científicos,
de divulgación y capítulos de libro.
Aleida Azamar Alonso
COORDINADORA
Disputa por los bienes naturales
Militarización y fuerzas armadas en México
Títulos más recientes
Territorios violentos en México.
El caso de Tierra Caliente, Michoacán
Enrique Guerra Manzo
Diálogos interartísticos entre cine
y literatura
Araceli Soní Soto (coord.)
Los proyectos católicos de
nación en el México del siglo xx
María Gabriela Aguirre Cristiani
y Nora Pérez Rayón (coords.)
La solemnidad del poder
y sus fisuras en el fotoperiodismo
de Christa Cowrie
Elsie Marguerite Mc Phail Fanger
Ética y política en Karl Marx
Gerardo Ávalos Tenorio
Maquiavelo: Sociedad y política
en el Renacimiento
Roberto García Jurado
Entre la desigualdad
y la meritocracia: rutas y huellas
de la equidad
Roberto Rivera del Río, Angélica Buendía Espinosa,
Ana Beatriz Pérez Díaz
Esta obra presenta un análisis profundo de la intersección entre mili-
tarismo, extractivismo y violencia. En sus páginas se explora cómo
la apropiación y despojo de la naturaleza a través del uso de las fuerzas
armadas ha tomado un papel central en la configuración de la política
mexicana durante las últimas décadas.
Sus autores, bajo la coordinación de la investigadora Aleida Azamar
Alonso, examinan cómo la militarización se ha exacerbado en nuestro
país y se ha utilizado como una estrategia de seguridad pública interior,
revelando el debilitamiento de las regulaciones que garantizaban la so-
beranía institucional civil frente al aparato castrense.
Los temas se abordan desde el estudio de las acciones de gobierno
que han dado pie a la militarización en México, así como la forma en que
el Ejército poco a poco se ha fortalecido hasta desplazar a las policías
locales en la protección de varios megaproyectos extractivos. Esto se
traduce en una amenaza constante en contra de comunidades rurales e
indígenas que se oponen a esta lógica destructiva del Estado.
Este libro es esencial para cualquier persona interesada en compren-
der la complejidad del extractivismo en México como núcleo del capita-
lismo depredador que utiliza la violencia como su principal instrumento.
9786077135920
ISBN 978-607-713-592-0
los bienes naturales
Disputa por
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