Punitivismo, estigmatización y exclusión social en Costa Rica: reflexiones sobre la reproducción de la (in)seguridad ciudadana

Abstract

Este ensayo propone analizar críticamente el paradigma de seguridad ciudadana en Costa Rica, predominante en las últimas décadas, a la luz de la teoría del imaginario social de Cornelius Castoriadis. Específicamente, se analizan algunas de las implicaciones simbólicas y materiales que ha tenido su implementación, haciendo hincapié en cómo las significaciones sociales sobre el sujeto que encarna la inseguridad se ven reflejadas en la implementación de determinadas políticas públicas de seguridad ciudadana, y deteniéndose en las dinámicas mediáticas que las (re)producen. Finalmente, se aborda cómo este imaginario refuerza la estigmatización territorial de personas de barrios urbano-marginalizados, y cómo con esto se profundizan procesos de exclusión social urbana, reproduciendo una circularidad entre punitivismo, estigmatización, y exclusión. Metodológicamente, el artículo se nutre de la revisión de fuentes secundarias sobre la cuestión securitaria en Costa Rica de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, mediante la cual se definen tres conceptos que guían la argumentación: imaginario sobre la (in)seguridad, sujeto criminal, y estigmatización territorial. Con este trabajo se espera aportar a la reflexión sobre alternativas integrales e inclusivas que respeten la complejidad de las dinámicas sociales y económicas vinculadas al fenómeno de la criminalidad y la inseguridad ciudadana.

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Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873
Núm. 13, enero-diciembre, 2022: 42-64. DOI:10.15517/aciep.0i13.48344
Este es un artículo de acceso abierto publicado bajo los términos
de la Licencia Creative Commons 4.0 Internacional Atribución-No-
Comercial-SinDerivadas.
Recibido: 8 de setiembre de 2021 | Aceptado: 10 de marzo de 2022
Punitivismo, estigmatización y exclusión
social en Costa Rica: reexiones sobre la
reproducción de la (in)seguridad ciudadana
Punitiveness, stigmatization and social exclusión: reections on
the reproduction of citizen (in)security
Victor Cano Roblero
Universidad de Costa Rica
San José, Costa Rica
victor.canorobblero@ucr.ac.cr
RESUMEN. Este ensayo propone analizar críticamente el paradigma de
seguridad ciudadana en Costa Rica, predominante en las últimas décadas,
a la luz de la teoría del imaginario social de Cornelius Castoriadis.
Especícamente, se analizan algunas de las implicaciones simbólicas y
materiales que ha tenido su implementación, haciendo hincapié en cómo
las signicaciones sociales sobre el sujeto que encarna la inseguridad se
ven reejadas en la implementación de determinadas políticas públicas
de seguridad ciudadana, y deteniéndose en las dinámicas mediáticas que
las (re)producen. Finalmente, se aborda cómo este imaginario refuerza la
estigmatización territorial de personas de barrios urbano-marginalizados,
y cómo con esto se profundizan procesos de exclusión social urbana,
reproduciendo una circularidad entre punitivismo, estigmatización, y
exclusión. Metodológicamente, el artículo se nutre de la revisión de fuentes
secundarias sobre la cuestión securitaria en Costa Rica de nales del siglo
XX e inicios del siglo XXI, mediante la cual se denen tres conceptos que
guían la argumentación: imaginario sobre la (in)seguridad, sujeto criminal,
y estigmatización territorial. Con este trabajo se espera aportar a la reexión
sobre alternativas integrales e inclusivas que respeten la complejidad de las
dinámicas sociales y económicas vinculadas al fenómeno de la criminalidad
y la inseguridad ciudadana.
PALABRAS CLAVE. Seguridad ciudadana, imaginario social, exclusión
social, estigmatización, punitivismo.

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ABSTRACT. This article aims to critically analyze the paradigm of
citizen security in Costa Rica, predominant in recent decades, in light of
Cornelius Castoriadis's theory of the social imaginary. Specically, some
of the symbolic and material implications that its implementation has had
are shown, emphasizing how the social meanings about the subject that
embodies insecurity are reected in the implementation of public policies
on citizen security, and stopping at the media dynamics that (re)produce
them. Finally, it addresses how this imaginary reinforces the territorial
stigmatization of people from urban-marginalized neighborhoods, and how
this deepens processes of urban social exclusion, reproducing a circularity
between punitiveness, stigmatization, and exclusion. Methodologically, the
article draws on the review of secondary sources on the security issue in
Costa Rica at the end of the 20th century and early 21st century, through
which three concepts that guide the argument are dened: imaginary of
(in)security, criminal subject, and territorial stigmatization. This work is
expected to contribute to the reection on comprehensive and inclusive
alternatives that respect the complexity of the social and economic
dynamics linked to the phenomenon of crime and citizen insecurity.
KEYWORDS. Citizen security, social imaginary, social exclusion, stigmati-
zation, punitiveness.
1. INTRODUCCIÓN
Los cambios que se han dado en las políticas de seguridad de las
últimas décadas en Costa Rica han seguido principalmente una vía
punitiva en su abordaje del crimen y la (in)seguridad ciudadana,
a través del aumento de penas y tipos penales, el uso de la cárcel
como medida protagónica de castigo, y una mayor presencia poli-
cial en el espacio público (Peetz y Huhn 2008; Sánchez Ureña 2011).
Uno de los soportes de esta vía es la “seguridad ciudadana”1 —
como paradigma que dene la orientación de las políticas públicas
en materia de seguridad—, el cual ha sido predominante durante
nales del siglo XX e inicios del siglo XXI en América Latina (Dam-
mert y Salazar 2009; Peetz y Huhn 2008).
1 Peetz y Huhn (2008) identican dos connotaciones del concepto de seguridad
ciudadana. La primera de ellas “reere a una condición o un estado de un conjun-
to de seres humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad
de un conjunto de individuos. En ese sentido, el término tiene un signicado nor-
mativo.” (352). La segunda, “se reere a políticas públicas encaminadas a acercar
la situación real a la situación ideal, es decir, se reere a políticas que apuntan
hacia la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de la
población ante esas amenazas (según nuestra crítica, sólo hacia la protección de
la parte de la población considerada plenamente como “los ciudadanos”)” (353).
En este artículo, se toma esta segunda acepción a la hora de emplear el término.

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Algunas de sus implicaciones en el país, como el aumento en las
tasas de encarcelamiento —especialmente de personas jóvenes en
condición de pobreza— (PEN 2017; Sánchez Ureña 2011) y los efec-
tos limitados en la disminución de los niveles de hechos delictivos,
evidencian la necesidad de construir alternativas que atiendan de
forma integral este fenómeno, escapando a la trampa del punitivis-
mo y la “mano dura” como abordaje contra la criminalidad. Para
ello, entender cómo se inserta este paradigma en las dimensiones
material, simbólica e imaginaria de la realidad, así como las diná-
micas de poder que cristaliza y reproduce, es fundamental para de-
construir la “seguridad ciudadana”, y poner en cuestión sus efectos
y resultados.
Para esto, a lo largo de este artículo, se argumenta que este pa-
radigma se encuentra atravesado por un imaginario sobre la (in)
seguridad que (re)produce signicaciones sociales sobre el sujeto
que encarna el peligro y la criminalidad. Esta (re)producción2, en
el contexto contemporáneo, se encuentra mediada por dinámicas
mediáticas de producción de sentido, las cuales contribuyen a la
estigmatización territorial de los barrios urbano-marginalizados.
Esto termina por afectar las posibilidades de acceder a un trabajo
delas personas que habitan estos lugares (Mora Salas et al. 2018,
158-159), así como otros de sus derechos y oportunidades de parti-
cipación en la vida social.
A lo largo de este ensayo, se hará uso de las nociones de sujeto
criminal, imaginario sobre la (in)seguridad y estigmatización territorial,
las cuales permiten dar cuenta de la relación recursiva que man-
tienen las políticas de seguridad ciudadana, las signicaciones so-
ciales sobre la (in)seguridad, y la exclusión social. La relación que
mantienen estos elementos no es de causalidad, sino que se pien-
san como procesos que se retroalimentan, y cuyo resultado es la
rearmación de un orden social excluyente dentro de la sociedad
costarricense.
El objetivo del artículo es mostrar algunas de las implicaciones
sociales que tiene el paradigma de seguridad ciudadana, especí-
camente en la (re)producción de signicaciones estigmatizantes, y
2 El término “(re)producción” se utilizará para dar cuenta de cómo el imaginario
sobre la (in)seguridad y sus signicaciones sociales son producidos a través de
diferentes dinámicas sociales, y, de forma simultánea, estos se rearman y repro-
ducen a sí mismos a través de esas dinámicas. Esto se desprende del concepto de
‘reexividad objetiva’, que será explicado más adelante.

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en los procesos de exclusión social que afectan, principalmente, a
personas de barrios urbano-marginalizados. Para lograr esto, el ar-
tículo se divide en cinco apartados. El primero presenta un repaso
del paradigma de seguridad ciudadana, mostrando que algunos de
sus elementos son reejo de una ‘criminología del otro’ (Garland
2005), siendo ese ‘otro’ el sujeto que encarna la inseguridad. En el
segundo, se analiza este paradigma, y las signicaciones sociales
que lo atraviesan, a la luz de la conceptualización de Cornelius
Castoriadis sobre los imaginarios sociales. En el tercero y cuarto,
se muestran cómo la (re)producción de estas signicaciones se en-
cuentra atravesada por el rol de los medios de comunicación, y se
vinculan las signicaciones sobre el sujeto criminal con la estig-
matización territorial, viendo cómo esto se inserta en procesos de
exclusión social urbana. Finalmente, se concluye con una recapitu-
lación del argumento del artículo y una reexión sobre las posibili-
dades críticas del concepto de imaginario.
2. UN REPASO CRÍTICO DEL PARADIGMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
Para entender el surgimiento de la noción de seguridad ciudadana,
es necesario referirse al enfoque previo en el ámbito securitario:
el de la seguridad nacional. Este se da en el contexto de la Guerra
Fría en países latinoamericanos, africanos y asiáticos, asociado a
una defensa del Estado de enemigos internos que atentaran contra
la estabilidad del régimen (Neild 1999; Leal 2003). Esto dio paso a
prácticas represivas y a abusos de derechos humanos por parte de
cuerpos policiales y militares, los cuales contaban con poca legiti-
midad y escasos mecanismos de rendición de cuentas. La vocación
de este paradigma se encontraba, principalmente, en el apoyo al
régimen político, con el desarrollo de servicios militares y de inte-
ligencia enfocados en este aspecto.
Este contexto determinó la construcción de un enemigo inter-
no, con la producción de signicaciones sobre el comunismo como
contrario a la democracia y al Estado nacional, profundamente in-
uenciado por los Estados Unidos en su rol de superpotencia. El
enemigo era, entonces, “el comunista”, visto como un peligro para
el buen orden social. En este aspecto, la noción de seguridad ciuda-
dana representa una continuidad, en tanto esta construye también
un enemigo interno, denido en oposición a la seguridad de la per-

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sona y de sus bienes (Matul y Dinarte 2005).
Esto muestra similitudes con lo que Hörnqvist (2004), para el
caso europeo, plantea que es el elemento fundamental de lo que
llama las ‘políticas del orden público’: la centralidad que pasa a
tener la “mentalidad de la seguridad”3 en el abordaje de cuestio-
nes como el crimen, las drogas y la migración. Esta ‘securitización’
—que se da dentro de ambos enfoques—, reere a cómo, en un
contexto histórico y cultural, se construye de manera intersubjetiva
lo que es un “problema de seguridad”, y por lo cual pasa a ser un
problema político que autoriza el uso de medidas extraordinarias
contra las amenazas a esa seguridad, como el uso de la fuerza (Hör-
nqvist 2004; Šulović 2010). La idea de la seguridad y sus amenazas
es, entonces, producida social e históricamente, lo que hace nece-
sario entender cómo este se instituye en la realidad y las dinámicas
que lo (re)producen.
El estrecho vínculo de la seguridad nacional con los regímenes
autoritarios de la segunda mitad del siglo XX en América Latina
signicó que, con el n de estos, y con el inicio de procesos de de-
mocratización, fuera necesario replantearse el enfoque en el ámbito
de la seguridad interna (Frühling Ehrlich 2009, 16). En este aspecto
tuvo participación el Programa de Naciones Unidas para el Desar-
rollo (PNUD), con la incorporación en 1994 del concepto de ‘Segu-
ridad Humana’, del cual uno de sus componentes es la seguridad
ciudadana (ver PNUD 1994, 25-46). La Seguridad Humana incor-
pora elementos del desarrollo humano sostenible4 y del paradigma
de derechos humanos (PNUD 1994), buscando abordar algunas de
las problemáticas sociales de nales del siglo XX e inicios del siglo
3 Hörnqvist (2004) identica tres elementos en esta mentalidad de la seguridad,
que contrapone al rule of law. Primero, se interesa por identicar el grupo al que
pertenece el individuo que comete —o se piensa que comete— actos contra la ley.
Segundo, busca explicar este comportamiento a partir de rasgos esenciales del
individuo y su grupo. Y tercero, la intervención estatal no está necesariamente
precedida por la determinación de una corte, en tanto, este grupo se valora como
un riesgo en sí mismo ante el cual hay que tomar medidas.
4 El desarrollo humano sostenible se dene, según PNUD (1994), como “el desar-
rollo que no sólo suscita un crecimiento económico sino que también distribuye
equitativamente sus benecios; que regenera el medio ambiente en lugar de des-
truirlo; que fomenta la autonomía de las personas en lugar de marginarlas” (p.
iii). A partir de 2015, este enfoque se renueva y se pasa a hablar de desarrollo
sostenible y de los “objetivos de desarrollo sostenible”. Estos últimos contemplan
un rango amplio de temáticas, como la pobreza, desigualdad, igualdad de género,
cambio climático, etc.

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XXI, como las crecientes tasas de delitos, el tráco de drogas, la
violencia, y la percepción de inseguridad.
Como señala el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014
del PNUD, “la seguridad ciudadana puede entenderse como una
modalidad especíca de la seguridad humana, relacionada con la
seguridad personal y, más especícamente, con amenazas como el
delito y la violencia” (5). Aunado a esto, se habla de la protección
de un conjunto de derechos, como lo son “el derecho a la vida, el
respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho
a tener una vida digna” (5), esto a través de “la acción comunitaria
para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible,
ágil y ecaz, una educación que se base en valores de convivencia
pacíca, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción
de cohesión social” (PNUD 2013, 6).
Si bien el concepto de seguridad ciudadana propuesto por el
PNUD busca abarcar de forma integral estas problemáticas, con-
siderando aspectos como el empleo y la pobreza, lo cierto es que,
en la práctica, la introducción de este paradigma ha representado
cambios, sobre todo, en el ámbito penal y de control social de la
práctica estatal (Peetz y Huhn 2008). Esto se ve reejado en dos
aspectos: a) la incorporación del enfoque de prevención de la delin-
cuencia y la violencia delictiva; y b) reformas jurídicas y políticas,
fundamentalmente punitivas, para atender la criminalidad. Con-
viene detenerse en cada uno de ellos.
Al respecto de la ‘prevención del delito’, Partido (2018) señala
que “en torno a ella coexisten distintos discursos y perspectivas
disciplinarias, ideológicas e incluso medidas orientadas por nece-
sidades prácticas, que pueden resultar contrapuestas” (40), lo que
implica una dicultad para establecer una denición homogénea.
Sin embargo, Solís Moreira (2018) identica tres tipos de estrate-
gias de lo que llama la “nueva prevención”: la prevención situacio-
nal, ligada al diseño urbano; la prevención social, la cual va de la
mano de políticas sociales; y la prevención comunitaria, que busca
la organización local frente al delito (87-103).
Es menester rescatar algunos elementos de estas estrategias que
son de interés para el objetivo de este artículo. En primer lugar, se
encuentra el énfasis hacia la ‘comunidad’ en tanto espacio de in-
tervención y coordinación con la policía para perseguir comporta-
mientos y prácticas delictivas con lo cual se busca aumentar la per-
cepción de seguridad (Matul y Dinarte 2005, 17-18). En este giro, la

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comunidad pasa a ser uno de los lugares prioritarios desde y hacia
el cual se articulan las políticas públicas en el ámbito securitario
(Solís Moreira 2018), lo que se ve especialmente reejado en el mo-
delo anglosajón, con el concepto de neighborhood watch (“vigilancia
vecinal”).
Como se cita en Solís Moreira (2018), la comunidad pasa a ser
el referente identitario que se opone a los ‘otros’ que atentan con-
tra su seguridad, construyendo su solidaridad grupal en torno a
la percepción de inseguridad y el miedo al delito (76). Es así como
ciertos comportamientos y prácticas pasan a ser designados como
“delictivos”, lo que lleva a la construcción de un sujeto criminal que
se convierte en ese ‘otro’ que amenaza la seguridad de la comuni-
dad —y de la sociedad en general—.
Esta centralidad de la gura del sujeto criminal es reejo de lo
que David Garland (2005) llama ‘criminología del otro’, en la que
ubica que el punitivismo actual se encuentra caracterizado por la
construcción “del delincuente como perverso y del acto delictivo
como una elección igualmente perversa” (301). También, la con-
sidera como “antiliberal” en tanto da “por supuesto que ciertos
delincuentes son “simplemente malvados” y, por lo tanto, intrínse-
camente diferentes del resto de nosotros. [...] La maldad intrínseca
desafía cualquier intento de comprensión racional o explicación
criminológica” (300-301). Esto impide que se busque comprender a
ese otro, por lo que se opta por castigarlo y excluirlo. Este elemento,
como se verá más adelante, es constitutivo del imaginario sobre la
(in)seguridad, y, así también, del enfoque imperante de seguridad
ciudadana.
En Costa Rica, así como en el resto de la región, se ha dado una
importación de estos modelos dentro de las políticas públicas de
seguridad ciudadana. En este ámbito, la Política Nacional Integral y
Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz (POLSEPAZ),
del año 2010, diseñada y desarrollada por el PNUD, fue la primera
política nacional que buscó posicionar la prevención como forma
de abordar la problemática de la delincuencia y la violencia delicti-
va, al incorporar elementos de las estrategias previamente mencio-
nadas, como la prevención situacional.
Posterior a esta, se han implementado diversas políticas y proyec-
tos de corte preventivo, transitando entre las que dan un mayor
peso al papel de la policía y la relación de esta con la comunidad,
y otras que priorizan las intervenciones asociadas a las políticas

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sociales. Ejemplos de lo primero son el Sistema de Mejoramiento Es-
tratégico Policial (SIMEP), del 2012, que introduce el Plan Cuadrante
con el n de mejorar la coordinación del accionar policial preventi-
vo situacional, y la participación comunitaria en este ámbito; tam-
bién, los proyectos de Modernización del Modelo Policial Preventivo
de la Fuerza Pública y Ligas Atléticas Policiales, desarrollados a partir
del 2020, los cuales buscan actualizar las capacidades de la Fuerza
Pública de Costa Rica para prevenir la delincuencia y la violen-
cia. Estos tres proyectos han sido nanciados principalmente por la
Ocina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de
Justicia de la Embajada de Estados Unidos.
Por otra parte, el Modelo Preventivo Centros Cívicos por la Paz,
implementado a partir del año 2014 y nanciado por el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), ejemplica una política de pre-
vención social. En esta, que es dirigida a personas jóvenes de comu-
nidades denidas como “prioritarias” por sus condiciones sociales
y económicas, la policía no tiene ningún rol en la formulación ni en
la puesta en práctica de la misma, pasando a tener protagonismo
personas profesionales en áreas como el arte o el deporte.
Este breve panorama nos muestra que, por un lado, ha existido
una predominancia en el país de los modelos que incorporan un
rol activo de los cuerpos policiales y que buscan una mayor partici-
pación comunitaria en coordinación con estos. Sin embargo, es me-
nester resaltar, por otra parte, que políticas como Centros Cívicos
por la Paz demuestran que no existe una homogeneidad absoluta
en los discursos y las intervenciones que desde el Estado se ponen
en práctica en esta materia, lo cual evidencia las posibilidades de
disputa a la lógica represiva del paradigma de seguridad ciudada-
na. Eso sí, la falta de investigaciones que estudien en detalle estas
políticas deja abiertas las posibilidades de profundizar esta discu-
sión.
Como segundo aspecto sobre los cambios que ha representado
esta “securitización” de la delincuencia y la violencia delictiva, es
necesario referirse a las reformas jurídicas que se han dado en este
período y que responden al llamado por una “justicia accesible,
ágil y ecaz” (PNUD 2013, 6). Esto está asociado a una percepción
de que el sistema de justicia no responde efectivamente ante la cri-
minalidad, desembocando en reclamos que señalan que se da una
excesiva protección e impunidad al criminal, y una desprotección
de las víctimas.

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Este ‘giro hacia las víctimas’, a partir del cual estas pasan de tener
un rol pasivo a tener uno activo (Solís 2018, 58-63), es clave para en-
tender la politización de la seguridad en América Latina, así como
la emergencia del denominado “populismo penal” (Dammert y Sa-
lazar 2009, 13-41). Al respecto, como se cita en Solís Moreira (2018),
la dicotomía entre víctima y victimario lleva, en última instancia, a
la construcción de una relación antagónica entre ciudadanía y cri-
minales, donde “[e]xpresar preocupación por el delincuente y sus
necesidades signica no preocuparse por la víctima y su sufrimien-
to” (Garland 2005, 295). Como se ve, esta dicotomía profundiza el
antagonismo entre el ‘nosotros’ —comunidad, ciudadanía, etc.— y
el sujeto criminal.
En términos generales, las reformas penales de las últimas dé-
cadas en la región han seguido la vía de mayor punitividad, que
conlleva un aumento de penas y tipos penales, y el uso de la cárcel
como medida protagónica de castigo (ver Sozzo 2017). En Costa
Rica, esto se observa con claridad a partir de la década de los no-
venta, con la aprobación de las leyes N° 7389 y N° 7398. La primera,
aumentó el límite máximo de las penas de 25 a 50 años, y la segun-
da limitó las posibilidades de descuento de tiempo de condena por
trabajo (Sánchez Ureña 2011, 16). Posterior a estas reformas, otros
casos paradigmáticos de endurecimiento punitivo son la legisla-
ción que tipica los delitos asociados al tráco de drogas (Leyes N°
7786 y N° 8204), de 1998 y el 2002, y la ley N° 8204, la cual, en 2009,
crea la gura de los Tribunales de Flagrancia.
Este último caso es de particular interés, en tanto, la discusión
que se dio dentro de los poderes del Estado en su proceso de apro-
bación presentó una primacía de elementos propios del populis-
mo penal, como la apelación a las demandas ciudadanas de mayor
“mano dura” contra la delincuencia y de menor impunidad, y el
mencionado giro hacia la gura de la víctima como persona que
hay que proteger a través de estas medidas (Beltrán Conejo 2015).
En esta misma línea, tanto Beltrán Conejo (2015) para el caso de los
mencionados tribunales, como Chinchilla Calderón (2012) en la le-
gislación para combatir el narcotráco, identican la construcción
discursiva de un ‘enemigo criminal’5 que debe ser neutralizado y
5 Al respecto, Zaaroni (2006) expone cómo esta presencia de la gura del ‘ene-
migo’ es una constante en la historia del derecho penal como forma de legitimar
el ejercicio del poder punitivo del Estado. Esto signica que lo particular de esta
identicación que hacen las autoras son las características que se le atribuyen a

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sacado de las calles en aras de asegurar la seguridad de la sociedad.
En conjunto, estos cambios han tenido como resultado la sobre-
población carcelaria —con las violaciones a derechos humanos que
esto conlleva— y la erosión de garantías procesales (Sánchez Ureña
2011; PEN 2017), aspectos que se corresponden con otro rasgo de
la criminología del ‘otro’: tener una visión “antimoderna”, en la
que se perciben como fracasos los avances y valores propios del
modernismo penal, haciendo un llamado a la defensa del orden y
la autoridad (Garland 2005, 300).
El énfasis que se le ha dado a lo simbólico a lo largo de este apar-
tado es fundamental para entender la manera en que, a través de
estos cambios en los marcos jurídicos y en las políticas públicas, se
(re)produce un conjunto de signicaciones sociales sobre el crimen
y la (in)seguridad, con la construcción de un sujeto criminal que
las encarna. Esta dimensión simbólica, sin embargo, es parte de un
imaginario sobre la (in)seguridad que tiene implicaciones en dis-
tintos ámbitos de la realidad.
3. IMAGINANDO LA (IN)SEGURIDAD CIUDADANA
Cornelius Castoriadis, en La institución imaginaria de la sociedad,
plantea una conceptualización de imaginario como un “esquema
organizador-organizado” de la sociedad (Castoriadis 2013, 229).
Esto, sin embargo, no signica que la vida social se encuentre ab-
solutamente determinada por el imaginario, pero este sí instituye,
a través del lenguaje (legein) y la técnica/acción (teukhein), signi-
caciones sociales que “producen efectos en todos los ámbitos de
nuestra vida” (Arribas 2008, 4). Esta conceptualización permitirá
ofrecer una aproximación al imaginario sobre la (in)seguridad,
que, como se argumenta, es soporte del paradigma de seguridad
ciudadana de nales del siglo XX e inicios del siglo XXI.
Si bien, siguiendo a Castoriadis (2013), lo imaginario es siempre
“indeterminado” —es decir, que su constitución no puede ser tra-
tada en términos causales—, esto no impide conocer lo actual del
mismo, su expresión en lo simbólico y, en cierto nivel, los elemen-
tos que lo constituyen. Para esto, las dos dimensiones del imagina-
rio, el legein y el teukhein, son centrales6. El legein es el decir social,
ese enemigo criminal y cómo estas se insertan en la dimensión imaginaria de la
realidad.
6 En la práctica, estas dos dimensiones operan de forma interrelacionada, están

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designa palabras —signos— para referirse a objetos determinados
(Arribas 2008), y establece conjuntos entre ellos con elementos que
en cierto nivel se encuentran susceptibles de ser reunidos (Casto-
riadis 2013, 360). Por su parte, el teukhein es el ámbito del hacer
social, de la acción que “organiza las actividades humanas en tanto
que técnicas orientadas a conseguir determinados nes” (Arribas
2008, 9), siendo una de esas expresiones el accionar político-esta-
tal. El teukhein, para Castoriadis (2013), instaura la división entre lo
posible y lo imposible, lo factible y lo no-factible, con referencia a
objetivos particulares que la determinan, y que, a la vez, determina
como necesidades sociales7 (414-415).
Para referirse a un imaginario sobre la (in)seguridad es necesario
detenerse en cada una de estas dimensiones. Dentro del legein de
este imaginario se dan paralelamente dos operaciones, que Casto-
riadis (2013) denomina como ‘sobresimbolización del sentido’ y
‘sobredeterminación del símbolo’ (223-224). La primera consiste en
que el mismo signicado —“inseguridad”— es llevado por varios
signicantes, en este caso todos asociados a los signos con que se
designa al sujeto criminal8. Por el otro lado, la sobredeterminación
del símbolo reere a que a un mismo signicante —cualquiera de
los ligados al sujeto criminal— se asocian a varios signicados,
como, por ejemplo, el desorden público, la degradación moral, el
peligro, el miedo o la propia inseguridad. Esto muestra la relación
recursiva —ya sea como signicante o como signicado— que
mantienen la inseguridad y el sujeto criminal, y es en el vínculo
que se establece entre ambas donde se hace efectivo el imaginario
sobre la (in)seguridad.
Por su parte, las dicotomías de víctima-victimario, comunidad-
-criminales, o ciudadanía-criminales, mencionadas anteriormente,
designan conjuntos en los que la gura del sujeto criminal se insti-
tuye como el enemigo que debe ser perseguido y castigado. En pa-
labras de Huhn (2012), se construye “un contraste potencialmente
atravesadas entre sí (Castoriadis 2013, 393). La distinción debe entenderse en tér-
minos analíticos para dar cuenta de cómo se expresa el imaginario en lo simbólico
y lo material, pero sin perder de vista que el hacer-social está atravesado por el
decir-social, y viceversa.
7 A esta circularidad, Castoriadis la denominó como ‘reexividad objetiva’, la cual
se presenta tanto en el teukhein como en el legein (ver Castoriadis 2013, 417-422).
8 En Costa Rica, algunos de estos signicantes son “chusma”, “rata”, “chata”,
“pinta” o “golondrina”. Todos tienen una connotación peyorativa, con lo cual la
sura entre el ‘nosotros’ y el ‘otro’ se hace más intensa.

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transcendental entre los costarricenses y los criminales profanos de
la nación” (39). En este esquema, “lo costarricense” es construido
como esencialmente pacíco, frente a ‘otros’ —extranjeros o perso-
nas de barriadas urbano-marginalizadas— que se contraponen a
esa identidad nacional.
Lo que acompaña a este discurso es el llamado a una actuación
desde la institucionalidad pública, la cual se debe corresponder
con la manera en que se imagina ese problema de (in)seguridad.
En este punto, es que actúa el teukhein, determinado por las signi-
caciones sociales sobre la (in)seguridad y, a la misma vez, deter-
minante de la funcionalidad estatal. Las respuestas estatales han
sido las referenciadas en el apartado anterior, enmarcadas en el
paradigma de seguridad ciudadana descrito. Estas respuestas cor-
responden al ámbito de la acción, siendo un conjunto de técnicas
dirigidas a afectar los niveles de criminalidad y la percepción de
inseguridad. Esto permite entender las políticas públicas enmarca-
das en este paradigma como el teukhein del imaginario sobre la (in)
seguridad, las cuales (re)producen las signicaciones sociales so-
bre la criminalidad, y sobre quiénes la producen y con eso atentan
contra la seguridad de la sociedad.
Como construcción histórica, el imaginario sobre la (in)seguri-
dad toma a poblaciones que han sido construidas como peligrosas
o como “problemáticas”, como los extranjeros —principalmente
nicaragüenses— y las personas jóvenes de contextos urbanos de
exclusión social (Mora Salas et al. 2018), para dar forma a la repre-
sentación del sujeto criminal. Esto revela el conjunto de relaciones
de poder que atraviesan este imaginario, incluyendo cuestiones de
clase, nacionalidad y procedencia territorial, lo que demuestra la
naturaleza excluyente del mismo.
En el contexto contemporáneo, como exponen Couldry y Hepp
(2017), estos procesos de (re)producción de signicaciones se en-
cuentran fuertemente atravesados por las dinámicas mediáticas.
Por esto, es necesario entender el rol que tienen en la construcción
de la realidad los medios de comunicación y la forma en que esto
se expresa en el caso de la (in)seguridad ciudadana.

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4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO
MEDIADORES DE LA REALIDAD DE LA (IN)
SEGURIDAD
La relación entre la percepción sobre la inseguridad y los medios
de comunicación ha sido estudiada en diversas ocasiones en el país
(Fonseca Vindas y Sandoval García 2006; Huhn 2008; Muñoz Gui-
llén 2012; Vergara 2016). A grandes rasgos, las investigaciones en
torno al tema nos muestran que “se le da a la violencia y a la crimi-
nalidad mucha transcendencia en los medios de comunicación y en
el campo político, a pesar de que, comparativamente [con respec-
to al resto de Centroamérica], las tasas de criminalidad son bajas”
(Huhn 2008, 5). En este sentido, la manera en que se presentan estas
noticias —con un estilo marcadamente sensacionalista— es condi-
ción de posibilidad para que se despierten afectos como el miedo
o el pánico, lo que ha llevado a una percepción desproporcionada
del cometimiento de delitos violentos en el país (Vergara 2016, 13).
Se puede armar, entonces, que los medios de comunicación
median la construcción de la realidad del problema de la insegu-
ridad. A la hora de referirse a la ‘realidad’, Couldry y Hepp (2017)
apuntan a un sentido sobre el mundo social que las dinámicas de
los medios contribuyen a construir (12). Esto lleva a enfatizar que el
mundo social es signicativo, es decir, que se construye a través de
actos cotidianos de comunicación, actos que a su vez se encuentran
atravesados por el papel cada vez más preponderante que tienen
los medios en el contexto actual (Couldry y Hepp 2017, 32). Las
repercusiones que tienen los medios en este tema se pueden ver
desde dos vías: a) a través de los medios de comunicación tradicio-
nales, que tienen como principal función reportar y (re)presentar
sucesos; y b) en las plataformas digitales (p.e. Facebook, Twitter o
WhatsApp), que permiten a diferentes actores, y no solo a los me-
dios de comunicación tradicionales, transmitir información.
Sobre los medios de comunicación tradicionales, es menester
precisar que, como señalan Bourdieu (1997) y Wykes (2001), “noti-
cia” no es todo lo que pasa, sino lo que se acople a las estructuras
mentales de la audiencia y pueda ser presentado como de “interés
periodístico”9. Esto lleva a una selectividad en los hechos que se
9 Además, es necesario resaltar que los medios, en tanto empresas, siguen una
lógica de mercado que los lleva a priorizar la rentabilidad y las ganancias, prin-
cipalmente mediante la atracción de audiencias y pautas publicitarias. Esto hace

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(re)presentan ante el público, donde, en el caso costarricense, se
ha visto un “predominio de temas vinculados con actos violentos
(especialmente los homicidios, “la criminalidad de los migrantes”,
los robos y diversas formas de agresión física), los cuales se consti-
tuirían en la forma en que los medios jerarquizan los delitos” (Fon-
seca Vindas y Sandoval García 2006, 24; ver también Vergara 2016,
8). Paralelamente, se da una sobrerrepresentación de los sucesos
violentos que ocurren en contextos urbano-marginalizados, lo que
“tiende a ubicar o delimitar espacios considerados peligrosos y
crea, en consecuencia, una imagen segregada de la ciudad”10 (Fon-
seca Vindas y Sandoval García 2006, 27).
Esto ejemplica cómo las noticias deben ser concordantes con
las expectativas culturales de la audiencia, deben corresponder, en
cierto nivel, con las signicaciones sociales hegemónicas para ser
signicativas. En palabras de Vergara (2016), “se presentan unos
victimarios y posibles victimarios desconocidos, incontrolables,
violentos, todo lo que concuerda con el miedo al otro, a lo descono-
cido y caótico” (14). La estigmatización que se (re)produce a partir
de esto, que se maniesta en el lenguaje y las imágenes de las noti-
cias es expresión del legein del imaginario sobre la (in)seguridad,
donde las categorías existentes para designar a las poblaciones de
comunidades urbanas excluidas, determinan la forma en que se re-
presentan los sucesos, y, a la misma vez, potencian y naturalizan la
estraticación social (Wykes 2001, 51-52).
En el estudio de Fonseca Vindas y Sandoval García (2006), se
muestra que en las noticias de sucesos del Diario Extra y Telenoti-
cias —dos de los medios con más difusión en Costa Rica— los acto-
res de control social formal son los que tienen mayor participación
de forma activa11; lo que lleva a que la representación de la crimi-
nalidad se presente a partir de la mirada de la autoridad, lo cual, en
última instancia, refuerza la idea de que la solución debe venir des-
de el aparato represivo del Estado (Fonseca y Sandoval 2006, 26).
que la selección de lo que es de ‘interés periodístico’ se encuentre atravesado por
condiciones internas y externas a la noticia (Wykes 2001, 22-25).
10 El énfasis es propio del autor de este artículo.
11 Fonseca y Sandoval (2006) realizan una distinción entre ‘sujeto de estado’ y
‘sujeto de hacer’. El primero asume su rol “cuando en el relato se encuentra en
un cierto estado, bueno o malo, de posesión o carencia de determinados bienes o
valores, y no desarrolla en él ninguna acción para transformarlo” (24), mientras
que el segundo “consiste en que el actor desarrolla una actividad encaminada a
producir transformaciones en su propio estado o en el de otros sujetos” (25).

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56
De manera reexiva12, como el accionar estatal —el teukhein— está
centrado en reprimir estos delitos particulares, el resultado es que
lo que más se presenta son las intervenciones que los cuerpos poli-
ciales realizan, como la detención de personas o el allanamiento de
casas, particularmente en comunidades urbano-marginalizadas. Es
precisamente en esta circularidad del teukhein y el legein, en la
que el accionar represivo del Estado es visto como una “necesidad
social” frente al problema de la (in)seguridad, en donde se hace
nuevamente evidente el imaginario sobre la (in)seguridad.
En años recientes, un caso paradigmático en Costa Rica del abor-
daje mediático que (re)produce signicaciones sociales sobre la (in)
seguridad y el sujeto criminal fue el que se le dio a la reubicación
de personas privadas de libertad al programa de atención semi-ins-
titucional13, durante la gestión de Cecilia Sánchez en el Ministerio
de Justicia y Paz (2015-2017) (ver Bedoya Ureña 2019) en el período
de gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018). Esto desencadenó
una ola de críticas, y fue calicada por los medios como una “li-
beración masiva de reos”. En una nota del medio digital CRHoy
—uno de los que criticó con mayor severidad esta medida— titula-
da “Solís insiste en liberar reos: “una golondrina no hace verano””
(Ugarte 2016), se muestra la conjunción de diversos elementos que
se han expuesto a lo largo del artículo. Primero, el uso de signi-
cantes como “golondrinas”, que a partir de esto pasó a ser utili-
zado para designar de forma peyorativa a las personas privadas
de libertad. Segundo, el uso de un enfoque sensacionalista, en esta
ocasión hacia los casos de reincidencia de personas en este régi-
men, a través del cual se concibe a los privados de libertad como
un grupo homogéneo de violadores, ladrones y/o homicidas a los
cuales no se debe mostrar simpatía. Y, por último, el uso demagó-
gico y electoral que los actores políticos le dan a esta temática, ya
que la nota recoge declaraciones de Juan Diego Castro (excandi-
dato presidencial en 2018, presentaba un discurso marcadamente
punitivo en el tema la (in)seguridad) y de diputados de oposición
que le achacaban la culpa al Gobierno, pasando por alto que este
12 Recordar el concepto de ‘reexividad objetiva’, presentado en el apartado an-
terior.
13 Este programa busca una incorporación parcial y paulatina de las personas
privadas de libertad a sus comunidades, pasando estos de estar en un encierro
permanente a tener la posibilidad de dormir solamente una cantidad determinada
de días en el centro penitenciario correspondiente.

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tipo de directrices provienen del Poder Judicial. Este ejemplo pone
en maniesto las dinámicas mediáticas y políticas que recorren el
tema del crimen y la (in)seguridad.
Por otro lado, las plataformas digitales como las redes sociales
o el Internet, en tanto espacios en los que se transmite información
sin la necesaria intermediación de los medios de comunicación tra-
dicionales, son también lugares en los cuales se (re)producen sig-
nicaciones sociales de la sociedad. Eso sí, esta es una vía abierta
para ser estudiada en Costa Rica, considerando las dinámicas de
producción de sentido en torno al crimen y la (in)seguridad que
se dan en estos espacios virtuales, más allá de las propias de los
medios de comunicación tradicionales.
Esta exposición da cuenta de la relación que tienen el imagina-
rio sobre la (in)seguridad, las dinámicas mediáticas, y las signi-
caciones sociales sobre el crimen y el sujeto criminal. Como se vio,
estas signicaciones tienen un carácter estigmatizante para grupos
socialmente excluidos, lo que permite mostrar que este imaginario
tiene implicaciones materiales no solo en los diseños instituciona-
les y de políticas públicas, sino también en procesos más amplios
de exclusión social. Esto se traduce en que esta construcción media-
da de la realidad, y sus expresiones en el legein y el teukhein, tienen
implicaciones en las oportunidades de acceso al mercado de trabajo
de personas jóvenes de estos contextos.
5. LA ESTIGMATIZACIÓN TERRITORIAL Y LA
EXCLUSIÓN SOCIAL
Como se indicó, en la conformación del sujeto criminal, subyacen
relaciones de poder presentes en la sociedad costarricense. Estas
relaciones tienen una raigambre histórica a partir de estructuras
sociales y económicas que han llevado a formas de desigualdad y
exclusión a lo largo de la historia del país. Estas estructuras toman
una forma particular a partir de nales del siglo XX, en el período
que Pérez Sáinz (2019) denomina como ‘modernización globaliza-
da’ en el cual se agudizan los procesos de exclusión social y espa-
cial (Pérez Sáinz 2014; 2019), por un lado, y se da un menoscabo de
la seguridad social de grandes sectores de la sociedad por el otro
(Huhn 2012, 25-27).
Algunas de estas dinámicas son la precarización de las relacio-
nes asalariadas a través de políticas de desregularización laboral

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y las estrategias empresariales, el desempleo estructural, el ascen-
so de la informalidad laboral, que se da a partir de las primeras
dos, y las limitaciones de acceso a la ‘ciudadanía social’14 (Pérez
Sáinz 2019, 18-23). Las primeras tres tienen efectos evidentes en las
oportunidades de acumulación, —y, por ende, en las oportunida-
des de participación en la sociedad—, teniendo como resultado la
precarización de las condiciones materiales de existencia, lo que se
concreta en un número creciente de casos en una exclusión social
primaria (i. e. del mercado de trabajo) (Pérez Sáinz 2014, 457). Esta
exclusión social se expresa de igual forma en términos espaciales,
al congurar procesos de segregación urbana que son claves en la
producción y reproducción de la desigualdad social (Pérez Sáinz
2014, 550).
La ciudadanía social, por su parte, exhibe en el período de glo-
balización neoliberal dos aspectos. Primero, una preeminencia
del consumismo como mecanismo de inclusión social. Como bien
señala Hernández (2018), “[la] intensicación [del consumismo]
durante el período globalizador resulta paradójica en un contexto
de persistencia de la miseria y profundización de las desigualdades
sociales en Centroamérica” (2). Este desfase, que Queirolo (2017)
denomina como “bulimia social”, genera deseos de consumo y
acaparamiento que, en primera instancia, para grupos excluidos
socialmente, no pueden ser satisfechos. Este elemento, según Cal-
derón (2012), es clave para entender el incremento en las tasas de
cometimiento de algunos delitos violentos, como aquellos contra la
propiedad.
En segundo lugar, se da un deterioro relativizado, en términos
de clase, de las oportunidades de acceso a educación y seguridad
social, lo que se encuentra en estrecho ligamen a la precarización
de las relaciones laborales, en tanto, el empleo formal representa
una vía de acceso importante a estos benecios (Pérez Sáinz 2019).
Este factor en especial es determinante para que, como menciona
Paternain (2012) a partir del caso uruguayo, se dé un desgaste de
la cohesión social a raíz de “[l]a “precarización” de las fuentes de
bienestar” (49) de grandes sectores de la sociedad, que son preci-
samente las que brinda la ciudadanía social. Una de las recongu-
raciones de esta cohesión social en el período de modernización
14 Pérez Sáinz (2019) dene la “ciudadanía social” como las dinámicas de indi-
vidualización —como el acceso a educación o seguro social—, que relativizan las
dinámicas de clase y, por consiguiente, legitiman las desigualdades (22-23).

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globalizada se da a partir del miedo a la criminalidad, construyen-
do una solidaridad grupal en el rechazo hacia a los percibidos cul-
pables de esta (Huhn 2012, 25-26).
Estos cambios en el ámbito social se cristalizan en los medios de
comunicación, teniendo como resultado la ya detallada (re)produc-
ción del imaginario sobre la (in)seguridad. Todo esto se materializa
en una estigmatización territorial con las restricciones que esta gene-
ra para acceder al mercado laboral, especialmente para personas
jóvenes de contextos urbanos de exclusión social (Mora Salas et al.
2018). Una de las operaciones centrales que se da en este proceso
es la correspondencia entre el sujeto criminal y los barrios urbanos-
-marginalizados, lo que da paso a un desplazamiento metonímico
de las signicaciones sobre estos lugares hacia sus habitantes (y
viceversa) (Pérez Sáinz 2019, 83-85). Es así como se construyen ter-
ritorios “peligrosos” y moradores que lo son también, lo que, en
última instancia, legitima el uso de prácticas punitivas sobre estos
(Wacquant 2014).
Para el caso costarricense, Mora Salas et al. (2018) observan la
presencia de un miedo a las poblaciones jóvenes de estos territorios,
que se traduce en prácticas de discriminación laboral “por lugar de
residencia o por apariencia física -en particular por la exhibición de
la estética popular estigmatizada” (161). La investigación que lle-
varon a cabo mostró la presencia de prácticas como el rechazo ipso
facto de solicitudes de empleo de jóvenes de estas comunidades; la
búsqueda de signos físicos visibles estigmatizados como los tatua-
jes, el corte de cabello o la depilación de cejas; y el requisito de un
nivel de escolaridad mayor que no guarda relación con el puesto de
trabajo (Mora Salas et al. 2018, 161-162).
La principal respuesta estatal desde el ámbito securitario ha sido
la rearmación de la estigmatización territorial a través del aborda-
je punitivo de la cuestión securitaria en estos lugares. Es así como
el teukhein del imaginario sobre la (in)seguridad —el paradigma
de seguridad ciudadana— profundiza las dinámicas de exclusión
social, buscando “erradicar el crimen”, pero, de paso, afectando las
posibilidades de estas poblaciones de acceder a un empleo y a la
ciudadanía social. Al erigirse este paradigma de políticas como “lo
factible” y “lo necesario” por hacer, busca excluir cualquier alter-
nativa a la vía penal y represiva, (re)produciendo una circularidad
entre exclusión social, punitivismo y estigmatización.
Esto signica que esta circularidad puede verse como una di-

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60
mensión particular del contexto actual de desigualdad socioeconó-
mica y marginalidad de Costa Rica y América Latina, lo que hace
necesario investigaciones sociales que, más allá de señalar la rela-
ción, como lo hace este artículo, aborden directamente cómo las
políticas y reformas asociadas al paradigma de seguridad ciuda-
dana se insertan en estos procesos y estructuras excluyentes. Para
esto, enfoques como la economía política del castigo pueden ser de
utilidad analítica, siendo adaptados o reformulados a la luz de las
especicidades contextuales del país y la región.
6. REFLEXIONES FINALES: TRASCENDER LA
SEGURIDAD CIUDADANA
A lo largo de este ensayo, se han mostrado los efectos del imagi-
nario sobre la (in)seguridad en la vida social y en los procesos so-
cioeconómicos. Como se ha querido mostrar, este imaginario social
tiene implicaciones simultáneas en lo simbólico y en lo material,
instituyendo y siendo instituido por la complejidad de dinámicas
que se dan en la vida cotidiana. Esta reexividad mediante la que
opera el imaginario, que es intrínseca a sus dos dimensiones, se ex-
presa tanto en la construcción mediada de la realidad del problema
de la (in)seguridad, como en los procesos históricos de exclusión
social urbana.
Como legein, el imaginario instituye una relación rígida entre el
sujeto criminal, delitos como homicidios y robos, y la inseguridad,
relación que determina las signicaciones sociales que atraviesan
la discusión sobre la criminalidad y la (in)seguridad. Esto se (re)
produce, en gran medida, a partir de la forma en que los medios
de comunicación seleccionan y (re)presentan los sucesos. También,
estas signicaciones refuerzan los procesos de estigmatización ter-
ritorial que, como se expuso, tienen consecuencias materiales en las
oportunidades de acceder al mercado laboral de personas jóvenes
en contextos urbanos de exclusión social.
Como teukhein, el paradigma de seguridad ciudadana se presen-
ta como el conjunto de técnicas “necesarias” para atender el pro-
blema de la inseguridad. En los medios, esto repercute en que, al
ser el abordaje punitivo el que dene el accionar estatal frente al
crimen, las intervenciones de los cuerpos policiales —especialmen-
te en contextos de exclusión social— sea lo que más se visibilice y,
por lo tanto, se les considere como la respuesta “necesaria” ante

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lo que se ve. Por otro lado, las políticas de seguridad (re)producen
la estigmatización territorial, dicultando la posibilidad de imple-
mentar alternativas para atender la cuestión securitaria, entrando
estas últimas en el ámbito de lo no-factible.
Si bien el imaginario sobre la (in)seguridad, a través de su ree-
xividad, presenta una tendencia totalizante, esta nunca se concreta
(Castoriadis 2013); la posibilidad de agencia fuera de su “esquema
organizador-organizado” es posible. Esto se puede dar por medio
de lo que Arribas (2008) denomina como la “función crítica del
imaginario” (22-28) desde la cual se busca revelar el conjunto de re-
laciones de poder que operan en la institución de las signicaciones
que han determinado, en gran medida, las discusiones sobre el qué
hacer frente al crimen y la delincuencia, mostrando así que estas
son productos sociales e históricos y no un reejo de la realidad
objetiva en sí.
A partir de esto, nos podemos preguntar: “¿en qué medida que-
remos que esta creencia o práctica [que es profundamente estigma-
tizante y excluyente] sea la orientación efectiva de nuestra acción
política?” (Arribas 2008, 25). La respuesta a esto puede dar paso a
una subversión de este imaginario sobre la (in)seguridad, y a dis-
putar el paradigma de seguridad ciudadana con alternativas más
inclusivas e integrales que sean respetuosas de la complejidad de
este fenómeno.
El argumento teórico que se ha expuesto a lo largo de este artí-
culo busca ser un aporte en esa línea. Sin embargo, se reconoce la
necesidad de investigaciones empíricas que den paso a un mejor
conocimiento de las políticas públicas y las reformas jurídicas que
se han implementado en las últimas décadas, particularmente de
aquellas más recientes. Con esto se puede ampliar el conocimiento
de las construcciones discursivas que estas realizan, de las inter-
venciones que se llevan a la práctica, y de las implicaciones que
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VICTOR CANO ROBLERO es costarricense y panameño. Ba-
chiller en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, y
estudiante de la Maestría Académica en Ciencias Políticas por la
misma universidad.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0223-9958
AGRADECIMIENTOS. Agradezco al Dr. Sergio Salazar Araya por
sus comentarios, aportes y apoyo, los cuales permitieron llevar a
cabo este artículo.