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responsável:
Profa. Dra.
Fayga
Bedê doi:10.12662/2447-6641oj.v21i37.p183-211.2023
https://orcid.org/0000-0001-6444-2631
R. Opin. Jur., Fortaleza, ano 21, n. 37, p. 183-211, maio/ago. 2023. • 183
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Submetido: 17 jan. 2023
Aprovado: 23 mar. 2023
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD EN ESPAÑA. ANÁLISIS
DESDE PERSPECTIVAS CRIMINOLÓGICAS
PUBLIC SECURITY POLICIES IN SPAIN. ANALYSIS FROM
CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVES
Juan José Delgado Morán*
1 Introducción. 2 Planteamiento del problema. 3 Consideraciones básicas
sobre las políticas públicas. 4 Ciclo de la política pública. 4.1 Identificación y
definición del problema público. 4.2 Formulación y puesta en agenda de la
política pública. 4.3 Implantación de la política pública. 4.4 Evaluación de la
política pública. 5 Políticas públicas en materia de seguridad. 6 Apuntes sobre
seguridad pública desde perspectivas criminológicas. 6.1 Las teorías de la
represión delictiva. 6.2 Las teorías de la prevención delictiva. 6.3 Las teorías
económicas del delito. 6.4 La teoría ecológica del crimen. 6.5 Resumen crítico
de las teorías. 7 Ejes estratégicos de las políticas públicas en materia de
seguridad. 8 Conclusiones. Referencias.
RESUMEN
Objetivo: La seguridad pública se considera un componente del bienestar social, donde
por lo general, mediante un Estado de derecho que genere condiciones idóneas para el
desarrollo, y generar en la ciudadanía la plena confianza de que la vida, el patrimonio y
otros bienes jurídicos estén exentos de peligros. Todo ello, junto con un buen número
de factores configuran lo que Ullrich Beck (1992), denominó la Sociedad del riesgo, que
se resumiría en el aumento de la exigencia social hacia un control de todos los
elementos peligrosos de procedencia humana. El propósito de este trabajo es observar
una panorámica sobre el proceso y diseño de las políticas públicas con el fin de reducir
la delincuencia. Las políticas de seguridad pública se convierten en el principal elemento
de cada nación para tratar de disminuir la problemática de la inseguridad pública. En
España se ha pasado de un modelo estrictamente punitivo frente a la delincuencia, hacia
* Doctor en Criminología por la Universidad Católica de Murcia (2015). Además de su formación como
Jurista/Criminólogo, también ostenta una Maestría en Derecho Penitenciario, así como una Maestría
en Análisis y prevención de terrorismo y una Maestría en análisis de riesgos. Participa en varios grupos
de investigación en Seguridad, entre otros, la Catedra Jean Monnet en EURODEFENCE, así como en
una mesa de trabajo a nivel Europeo, sobre amenazas hibridas. Actualmente ejerce como profesor a
tiempo completo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, donde es miembro del Grupo
de investigación en Ciencia penal y Criminología (CIPEC) dirigido por Juana del Carpio. En la citada
universidad imparte asignaturas del ámbito criminológico siendo esta su línea de investigación.
España. E-mail: <jjdelmor@upo.es>. https://orcid.org/0000-0002-9945-8235
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un enfoque preventivo, lo que se ha traducido en mejorar condiciones y ambiente en la
población, para fomentar otro tipo de actividades que limiten o alejen al individuo de
un comportamiento delictivo, con el objetivo, en este de identificar que plan de acción
han seguido las políticas de seguridad pública que se ha implementado en España con el
fin de reducir la delincuencia.
Metodología: Para la realización del presente trabajo se ha realizado una Investigación
pura (básica) con la finalidad de ampliar y profundizar el conocimiento de estudio. El
método utilizado ha sido el cualitativo, por medio de las fuentes materiales y culturales
se ha obtenido una información valiosa para poder exponer el problema. Por las
características externas de las fuentes consultadas, se ha utilizado la bibliográfica y
documental ya que el proceso de técnicas realizadas para la recolección, selección,
clasificación, y análisis de la información nos servirá, a priori, para la elaboración de la
investigación sobre las políticas públicas en seguridad, observando y reflexionando
sistemáticamente sobre las realidades teóricas desde distintas perspectivas
criminológicas. Toda la investigación biográfica y documental llevada a cabo para la
realización del trabajo, han seguido los criterios de selección de pertinencia,
exhaustividad y actualidad.
Resultados: Para la medición de la seguridad, debemos atender tanto a la dimensión
objetiva, relativa a la incidencia de eventos delictivos registrados, como su dimensión
subjetiva, relativa a la percepción acerca de la peligrosidad que reviste transitar por un
determinado espacio. Una parte importante de los delitos la sufre un número muy
limitado de personas que son victimizadas en repetidas ocasiones. Además, es frecuente
que un pequeño grupo de infractores sea responsable de una parte importante del total
de delitos. Si completamos esta perspectiva con el aspecto geográfico (hot spots), el
temporal y de contagio, podremos establecer mecanismos más eficaces de prevención y
reducción de la delincuencia. Encuestas de victimización recurrentes reforzarían la
visión total de la seguridad y la prevención.
Conclusiones: Para prevenir el delito los poderes públicos deben recurrir a la
Criminología y complementar sus agendas de seguridad publica mediante modelos de
prevención situacional, comprometiéndose a aplicar medidas adecuadas basadas en los
hallazgos científicos y evaluando siempre sus resultados mediante estandares de calidad,
para ser eficientes en el uso de los recursos públicos. Se anhela por la generalidad de las
políticas publicas en seguridad poder plasmar una propuesta a manera de aproximación
a medio-largo plazo con el fin de reducir la incidencia delictiva, pero necesariamente,
concibiendo al fenómeno delictivo como una actividad que en mayor o menor medida,
continuara estando presente en las sociedades.
Palabras clave: criminología; delincuencia; inseguridad ciudadana; seguridad ciudadana;
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seguridad pública.
ABSTRACT
Objective: Public safety is considered a component of social welfare, where, in general,
through a rule of law that generates suitable conditions for development, and generates
in the citizenry the full confidence that life, patrimony and other legal assets are exempt
from danger. All this, together with a number of other factors, make up what Ullrich
Beck (1992) called the Risk Society, which can be summarized as the increase in social
demand for control of all dangerous elements of human origin. The purpose of this
paper is to provide an overview of the process and design of public policies aimed at
reducing crime. Public security policies have become the main element in every nation
to try to reduce the problem of public insecurity. Spain has moved from a strictly
punitive model against crime to a preventive approach, which has resulted in improving
conditions and environment in the population, to promote other types of activities that
limit or move the individual away from criminal behavior, with the objective of
identifying the action plan followed by public safety policies implemented in Spain in
order to reduce crime.
Methodology: In order to carry out this work, a pure (basic) research has been carried
out with the purpose of broadening and deepening the knowledge of the study. The
method used was the qualitative one, by means of material and cultural sources valuable
information has been obtained to be able to expose the problem. Due to the external
characteristics of the sources consulted, bibliographic and documentary sources were
used, since the process of techniques used for the collection, selection, classification and
analysis of the information will serve us, a priori, for the elaboration of the research on
public security policies, observing and reflecting systematically on the theoretical
realities from different criminological perspectives. All the biographical and
documentary research carried out for the realization of the work, have followed the
selection criteria of relevance, completeness and timeliness.
Results: In order to measure security, we must pay attention to both the objective
dimension, related to the incidence of registered criminal events, and its subjective
dimension, related to the perception of the danger of passing through a certain space. A
significant number of crimes are suffered by a very limited number of people who are
victimized repeatedly. Moreover, it is common for a small group of offenders to be
responsible for a significant portion of all crimes. If we complement this perspective
with geographical (hot spots), temporal and contagion aspects, we will be able to
establish more effective crime prevention and reduction mechanisms. Recurrent
victimization surveys would reinforce the total vision of security and prevention.
Conclusions: To prevent crime, public authorities should turn to Criminology and
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complement their public safety agendas through situational prevention models,
committing themselves to apply appropriate measures based on scientific findings and
always evaluating their results through quality standards, in order to be efficient in the
use of public resources. It is hoped that public security policies in general will be able to
shape a proposal as a medium to long term approach to reduce the incidence of crime,
but necessarily, conceiving the criminal phenomenon as an activity that, to a greater or
lesser extent, will continue to be present in societies.
Keywords: criminology; crime; citizen insecurity; citizen safety; public safety.
1 INTRODUCCIÓN
Uno de los orígenes más representativos de la seguridad pública guarda relación
con lo que hoy en día conocemos como la policía. Se ha tendido a identificar lo policial
con la represión y a entender sus tareas como el producto de la instrumentalización
gubernamental como mecanismo de distribución de una fuerza coercitiva no negociable,
puesta al servicio de una compresión intuitiva de las exigencias de una situación
(BITTNER, 1970). “Estas definiciones arraigan en la comprensión weberiana del Estado como
organización tendencialmente monopolizadora del ejercicio legítimo de la fuerza y hacen
encarnar en la policía la diferencia específica que hace que una organización sea un Estado.”
(PALACIOS CEREZALES, 2005, p. 8). En sus orígenes, por “policía” se entendía una
técnica de gobierno propia del Estado y no como una institución que funciona dentro
del mismo (FOUCAULT, 1996).
A partir de la revolución francesa, el pensamiento ilustrado del siglo XVIII y como
consecuencia de ello, el surgimiento del Estado Liberal de Derecho, tuvo lugar una
nueva visión del ejercicio del poder estatal, un cambio de paradigma en materia de
derechos y libertades y el nacimiento de un Derecho penal, de la mano de Beccaria,
más humanitario y más justo, entendido como medio de control social del Estado y no
como mecanismo de terror social, característica propia del Antiguo Régimen”
(ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, 2001, online).
Así, a lo largo del siglo XIX “tendrá lugar el auge de los Códigos penales diseñados
bajo los postulados liberales y de la línea trazada, principalmente, por Beccaria, atribuyéndose a
la escuela clásica tan notable avance.” (MANGIAFICO; ALVAREZ, 2017, p. 40).
Los modelos policiales han ido evolucionando a lo largo de la historia de la
policía, si bien tiene más peso en cada Estado europeo un tipo u otro, las creencias y
valores que subyacen en ellos coexisten en el interior de todas las organizaciones de
policía actuales. (GUILLÉN LASIERRA, 2016). De la misma manera en que las
instituciones policiales han avanzado, también lo ha hecho la política, las formas de
gobierno, el Estado y la misma sociedad (PAYA-SANTOS; LUQUE-JUÁREZ, 2021).
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A causa de este desarrollo constante, se han establecido tres tipos de seguridad en
los Estados modernos. A manera de conceptualización: la “seguridad externa, la seguridad
interna o pública y la seguridad ciudadana” (DELGADO MORÁN, 2022; DELGADO
MORÁN; JIMÉNEZ REINA; JIMÉNEZ REINA, 2020; DELGADO MORÁN; TEANO,
2020, 2019).
a) la seguridad externa es la más antigua, y guarda una relación con la defensa
territorial de la nación de posibles amenazas del exterior, también es conocida
como la seguridad nacional;
b) la seguridad pública o interna, es aquella que se encarga de mantener el
orden público y puede ser estudiada como “el conjunto de políticas y acciones
coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz pública a través de la
prevención y represión de los delitos contra el orden público” (GAMARRA;
KINCAID, 1996), y las fuerzas policiales generalmente son las encargadas de
vigilar su cumplimiento, sobre todo en las democracias modernas
(PALACIOS CEREZALES, 2005);
c) la seguridad ciudadana, más reciente y con menor tradición, remite a la idea
de ciudadanía y “analiza a los ciudadanos como agentes activos y no como una
masa relativamente pasiva y que guarda una relación muy estrecha con la seguridad
pública”. La seguridad pública es un componente que los gobiernos deben
garantizar a todos los ciudadanos por igual.
Partiendo del concepto de la inseguridad, y debido a su complejidad y a la
pluralidad de violencias y delitos existentes, resulta sumamente complicado determinar
qué tipo de delitos o qué acciones pertenecen y corresponden a dichos tipos de
seguridad y a qué instituciones les corresponde atenderlos (LUQUE JUÁREZ; LIZ
RIVAS, 2021; LIZ RIVAS, 2018, 2020). .
Diversos autores hacen referencia al constante debate sobre si la seguridad
pública, necesita más atención, es decir, recursos materiales y humanos para perseguir
delitos que ocasionan violencia, o bien, destinar recursos desde la perspectiva de la
seguridad ciudadana, donde el involucramiento de la ciudadanía en las iniciativas
sociales a desarrollar cobra una mayor importancia, lo que generaría políticas públicas
de prevención comunitaria (CARRIÓN, 2007). Las sociedades demandan seguridad y
de manera ordinaria los gobiernos incrementan el presupuesto, pero,
desafortunadamente los índices de violencia persisten. Lamentablemente existe la
constante incertidumbre sobre si las políticas públicas en materia de seguridad y el gasto
que destinan los gobiernos realmente han intervenido en la reducción de los distintos
índices delictuales.
Otro de los múltiples elementos que es necesario tomar en cuenta dentro del
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tema de la inseguridad, es el de los costos económicos que genera la violencia criminal a
las naciones. La delincuencia representa costos muy elevados que van desde pérdidas de
capital humano, efectos nocivos de la violencia sobre la inversión, cambios en el
comportamiento social debido al temor, a la incertidumbre y a la percepción, y sobre
todo la notable cantidad de personas internas en instituciones penitenciarias, sin que
ello haga que reduzcan los índices de delincuencia. Es por ello, que las teorías
predominantes de la represión delictiva no esta exenta de críticas, ya que no han podido
intervenir de manera efectiva las tendencias delictivas, generando inseguridad en la
población. En la diversa literatura sobre el gasto publico en seguridad queda abierto el
debate sobre el impacto que tiene el gasto destinado a la seguridad, y su incidencia real
en la disminución de la actividad delictiva, en donde se reconoce que el gasto público en
seguridad no se traduce generalmente en una disminución de la delincuencia (FLORES
ORONA; SAAVEDRA LEYVA; MARTINEZ SIDON, 2022).
La inseguridad vista desde una perspectiva social ocasiona o bien, genera el
sentimiento de lo que ya es conocido como, “percepción de inseguridad”.
Indudablemente, dicha percepción se comporta con un carácter distinto en cada región,
país e incluso en organizaciones territoriales dentro de un mismo país.
De acuerdo con Martínez Paricio y Labatut, “la realidad social se ve determinada por
el clima de seguridad o de inseguridad que existe y que se percibe como tal en la sociedad”
(MARTÍNEZ PARICIO; LABATUT, 2005, p. 157 y ss). Es decir, los ciudadanos, en
muchas ocasiones se ven limitados en diversos aspectos de la vida cotidiana debido al
ambiente seguro o inseguro en el que se desarrollan. En este sentido, la inseguridad se
vive y se percibe de distintas maneras en cada país, existiendo también factores externos
que pueden repercutir en la confianza y propiciar escenarios donde se conciba un
ambiente de inseguridad y que a la larga desencadena en limitaciones de desarrollo, de
inversión, de bienestar y de cohesión social.
Otra de las diversas problemáticas con las que se enfrenta la seguridad pública
surge a raíz de las transformaciones sociales que se han generado, una de ellas, lo que
diversos autores llaman la revolución tecnológica que dibuja la llamada Ciudad
Inteligente (Smart City) donde se pretende no sólo gestión tecnológica del espacio
común también la existencia de ciudadanos inteligentes (MENDEZ ROCASOLANO,
2011, 2018, 2022a, 2022b). Si es algo obvio que la Criminología es el estudio científico
de los fenómenos delincuenciales y de las respuestas a los mismos, identifica igualmente,
la existencia de una íntima relación entre el cambio tecnológico y la delincuencia, y los
retos que este cambio pueden suponer para identificar sus tendencias y para diseñar su
prevención (MIRÓ LLINARES, 2018).
Dicha revolución ha hecho que se modifique incluso la naturaleza del delito y
por lo que las instituciones proveedoras de seguridad han tenido que reformular y
evolucionar en su campo de acción. A raíz de toda esta transformación digital, surge la
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preocupación de fortalecer la seguridad en todos los niveles de la infraestructura digital,
debido a que las prácticas delictuales han evolucionado, ahora aparecen términos como
“ciberdelincuencia”, “ciberseguridad”, “ciberterrorismo”, donde las instituciones
encargadas de proporcionar seguridad necesitan adecuarse y reformularse
constantemente debido a las persistentes y novedosas amenazas (FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ; DELGADO MORÁN, 2016; DELGADO MORÁN, 2022).
3 CONSIDERACIONES BÁSICAS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Los Estados pretenden mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. De ahí
entonces, surge la importancia de precisar y esclarecer qué es lo que se va a entender por
“público”, debido a que el término de público se usa frecuentemente y por ejemplo, se
utiliza en términos como: interés público, salud pública, orden público, etc.
Parsons considera que la “idea de las políticas públicas presupone la existencia de una
esfera o ámbito de la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva”
(PARSONS, 1995, p. 37). En síntesis, el estudio de las políticas públicas no debe de
intervenir en cuestiones meramente privadas o individuales, sino únicamente a
cuestiones donde es necesaria la intervención o regulación de ciertas medidas comunes
para el bien colectivo.
Algunos de los precursores de esta disciplina fueron Lerner y Lasswell en la
década de 1950. Ellos aspiraban con unir una ciencia interdisciplinaria con las
decisiones democráticas del gobierno. Su programa catalogado como Policy Sciences,
pretendía, en resumidos términos, que las decisiones públicas del gobierno estuvieran
apegadas a las ciencias sociales. Lerner y Lasswell, intentaban que existiera una mayor
racionalidad al momento de tomar decisiones apoyado de un conocimiento científico, y
establece la definición de “la orientación hacia las políticas” y se enfoca en dos tareas
básicas: el proceso de la política y la necesidad de inteligencia del proceso.
La primera tarea busca desarrollar la ciencia de la formación y ejecución de las
políticas, utilizando los métodos de investigación de las ciencias sociales y de la
psicología. La segunda tarea busca mejorar el contenido concreto de la información y
la interpretación disponibles a los hacedores de las políticas y, por consiguiente, rebasa
generalmente las fronteras de las ciencias sociales y de la psicología (LERNER;
LASSWELL, 1951, p. 14).
Por lo tanto, se podía decretar que “las políticas públicas se refieren a la forma en
que se definen y construyen cuestiones y problemas, y a la forma en que llegan a la agenda
política” (PARSONS, 1995, p. 39). De igual manera se podría determinar que estudian
el “cómo, por qué y para qué, los gobiernos adoptan determinadas medidas y actúan o no
actúan” (HEIDENHEIMER; HECLO; ADAMS, 1990, p. 3).
A diferencia de otros autores, Lindblom establece que, el hablar de política
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pública, es hablar de “procesos, decisiones y resultados, sin que todo eso excluya una infinidad
de conflictos e intereses, además de las tensiones entre diferentes definiciones del problema e
inconvenientes entre los diferentes actores y sus perspectivas” (LINDBLOM, 1991, p. 7).
4 CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Toda política busca generar un cambio social y normalmente existe una relación
entre la intervención pública y la problemática. Esta intervención pública no es una
decisión instantánea, es un proceso y una serie de decisiones donde interactúan gran
cantidad de actores que conlleva una serie de etapas. Estas fases de las políticas fueron
recopiladas de diversos autores y estudios de las cuales se pueden identifican
generalmente entre cuatro y cinco etapas que pueden solaparse entre ellas o
retroalimentarse unas de otras, pero en esencia, se describen grosso modo las siguientes
(MENY; THOENIG, 2017; NAVARRO GÓMEZ, 2016).
4.1 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO
La pregunta básica a formularse proviene sería la siguiente: ¿Qué tipos de
problemas privados merecen ser tratados como asuntos públicos y por lo tanto tratar de
resolverlos a través de fondos públicos? (NAVARRO GÓMEZ, 2016). Si se logra
responder la pregunta anterior de manera objetiva y consensuada se podría considerar
que se ha logrado definir un verdadero problema público. Siempre existirá una gran
cantidad de demandas por parte de los grupos sociales que resultaría imposible atender
a todas ellas, por lo tanto, los gobiernos analizan y deciden cual de todas esas
problemáticas existentes se le dará mayor prioridad.
4.2 FORMULACIÓN Y PUESTA EN AGENDA DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Conforme a lo expuesto por Meny y Thoenig (2017), las políticas son concebidas,
por lo tanto, como soluciones a los problemas públicos. La formulación de las políticas
públicas incluye fundamentalmente la valoración de la toma de decisiones, por lo que se
incluyen tres elementos importantes: Elaboración: se desarrollan una gran cantidad de
estudios y análisis sobre el fenómenos a intervenir; Valoración de alternativas: Una vez
que se han definido las opciones, sus ventajas e inconvenientes de cada una de ellas se
realiza el proceso de elección mediante generalmente un análisis que consiste en
identificar los costes y beneficios asociados y la cuantificación económica de los mismos,
con el propósito de facilitar la comparación entre las distintas opciones. La Selección:
En esta parte se hace la valoración de todas las alternativas sobre las que se basan los
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cálculos de probabilidades de que ocurran ciertos hechos o de que las políticas
produzcan determinados impactos.
Por ello, la agenda de seguridad al servicio de la comunidad, tendrá en cuenta
junto a las funciones de protección, persecución y sanción, la mediación, la asistencia y
la prevención adaptada a la evolución social, con estrategias y planes a corto, medio y
largo plazo, dependiendo de los criterios empíricos y técnicos a aplicar en cada caso, así
como el esquema de análisis, diseño, implementación, evaluación y visibilización de las
políticas preventivas que exija la problemática social del momento. La prevención en sus
múltiples formas y habilidades constituyen la principal herramienta de los programas de
seguridad ciudadana contenidos en una Agenda política de seguridad, dado que se
anticipa a la inseguridad ciudadana.
4.3 IMPLANTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Esta es una fase que se considera de las más complicadas ya que es un momento
donde todas las decisiones tomadas y evaluadas pueden desviarse de los objetivos. En ese
mismo sentido Subirats et al. (2008), confirman que la implementación es mucho más
compleja de lo que a primera vista parece, y es en este momento donde aparecen
diversos mecanismos de actuación. Por ejemplo: la no actuación o la aplicación de
medidas selectivas son formas de realizar implementación.
4.4 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Según Meny y Thoenig (2017), “la evaluación cierra el ciclo de las políticas, y puede
retroalimentar el proceso en cualquiera de sus fases”. Los autores citados sustentan que
evaluar una política implica identificar todos los elementos que en un principio se
plantearon, el impacto o los cambios presentados y la secuencia en el tiempo, es decir, el
momento adecuado para generar la evaluación. Lo que consideran Subirats et al. (2008),
va muy encaminado con todo lo anterior, ellos estiman que la evaluación busca ver los
cambios y efectos pero en términos de la búsqueda a la resolución del problema. En
conclusión, esta última etapa del ciclo no es otra cosa que recolectar datos e
información para determinar el impacto que generó la política.
5 POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
La seguridad pública es donde las instituciones gubernamentales son las
encargadas del mantenimiento de la paz; orden público y prevención situacional del
delito. Este paradigma ha sido predominante (seguridad pública) a lo largo del tiempo, y
fue hasta 1980 cuando distintos países adoptaron medidas innovadoras donde
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involucraban procesos más integrales, apelando a líneas operativas de la seguridad,
dando cabida a lo que generalmente se conoce como seguridad ciudadana.
La seguridad ciudadana pretende restablecer el tejido social como un elemento
para prevenir delitos y generar entornos seguros. Se podría sostener que las estrategias
preventivas desempeñan un papel muy importante. Es por ello que la sistematización, la
correcta generación y el análisis de información delictiva son sumamente importantes
para el diseño de las estrategias preventivas. Es de suma importancia conocer qué
medidas ha adoptado o, mejor dicho, las políticas que con base a sus características
sociales y culturales el Gobierno de España ha preferido establecer para combatir la
delincuencia, donde en los últimos años, las políticas han ido orientadas más que a
combatir el crimen como tal, a tratar de mejorar la prevención, percepción que tienen
los ciudadanos y a generar espacios de mayor tranquilidad y confianza (VIDALES
RODRÍGUEZ, 2012). En cuanto a la evaluación de las políticas publicas de seguridad
están deberán acomodarse a estandares que aseguren su calidad, viabilidad y resultados.
En esencia y de manera generalizada entre otros se aconsejan para políticas publicas en
seguridad acudir a estandares como el que representa para la unión europea el “Proyecto
Beccaria”
1
.
El estándar Beccaria pone a disposición de los entes involucrados que se dedican
a prevenir la criminalidad, pautas claras y concisas que aseguren la calidad de los
proyectos implementados, debiéndose garantizar el conjunto de ítems para conseguir
ofrecer garantía suficiente para consolidar cualquier proyecto orientado a la prevención
de la delincuencia, debiéndose orientar de la forma siguiente (BECCARIA
ESTANDARDS, 2007):
a) la planificacion, ejecucion y revision de los proyectos para prevenir la
delincuencia se orienten en funcion de los criterios de calidad que apuntan
la ciencia y la bibliografia especializadas;
b) los proyectos se conciban de tal manera que se puedan evaluar;
c) los expertos cientificos, posean una base tecnica para valorar la efectividad y
la calidad de los proyectos.
En España Martínez Espasa (2016) destacó que las políticas públicas de seguridad
ciudadana más numerosas versaban sobre convivencia urbana (23 de las 104 políticas
identificadas desde el inicio del periodo democrático en España), seguidas de las que
usaban la mediación (16) y las englobadas bajo el epígrafe de ciudad de noche y drogas
1
El Programa Beccaria, adopta el nombre de reformador del derecho penal italiano, y uno de los
fundadores de la ilustracion europea, tambien en el ambito penal. Pionero de la politica penal
moderna, Cesare Beccaria (1738-1794) acuno el dicho: “Es mejor prevenir los delitos que luego tener
que castigarlos”. Los estandares Beccaria han sido elaborados en el marco de gestion de calidad en la
prevencion de la delincuencia, y fuerón promovidos por la Comision Europea y se entienden como
una recomendacion para obtener una mayor calidad en el trabajo de la prevencion de la delincuencia
(BECCARIA ESTANDARDS, 2007).
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(un total de 10 y 9, respectivamente). De entre estos, 24 fueron los únicos programas
con información documental al respecto sobre su desarrollo y resultados, de los cuales,
solo 7 (menos de 1/3) se realizaron utilizando criterios de evaluación rigurosos como el
observado, estándar Beccaria.
La conclusión de esta revisión según Garrido Genovés, cuando refiere a términos
de la “dualidad criminología del crimen versus criminología del criminal” (o
criminología positivista versus criminología de la elección racional: prevención
situacional y ambiental) es que las políticas de seguridad navegan entre ambos mundos,
muchas veces sin un rumbo definido, interviniendo en políticas sociales amplias, donde
la prevención afecta a los individuos, pero también actuando en la llamada estructura de
oportunidad del delito, dificultando mediante la actuación policial, que los delincuentes
potenciales accedan a consumar con éxito el delito (GARRIDO GENOVÉS, 2018).
6 APUNTES SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA DESDE PERSPECTIVAS
CRIMINOLÓGICAS
La criminología intenta entender y explicar el crimen y el comportamiento
criminal, lo cual lleva a plantear preguntas como: por qué hay personas que delinquen y
otras que no; por qué hay personas que son victimizadas de manera frecuente y otras de
manera muy aislada y por qué hay lugares en los que hay muchos delitos y otros en los
que incluso no hay (GARCÍA RODRÍGUEZ, 2015; GARCÍA ÁLVAREZ, 2014). Según
Brantingham y Brantingham (1993), la respuesta a estas preguntas puede estar en
entender los patrones formados por los eventos criminales previos, por lo que cada
crimen es una oportunidad de entender las motivaciones de los victimarios y las
características ambientales de un punto en el tiempo y espacio.
Según Miro Llinares, pensar que el enfoque ambiental o situacional sólo se
puede aplicar a lo geográfico es un error que puede ser superado si pensamos en el
Ciberespacio como un nuevo lugar, como un nuevo ámbito en el que hay lugares en los
que convergen, de forma diferente, agresores, víctimas y guardianes. La investigación
criminológica en cibercrimen que, debido a sus propias características y al igual que los
espacios físicos, los ciberespacios no son homogéneos, sino heterogéneos, y que las
formas de convergencia que habilitan estos ciber lugares fomentan la formación de
patrones de delincuencia al igual que sucede en el espacio físico. Así, podemos
encontrar patrones a nivel meso en el ciberespacio como tráfico de armas o drogas en la
Dark web; radicalización en Telegram; odio en Twitter; pornografía infantil en foros;
sexting en Snapchat etc. Cuando estos crímenes se concentran en espacios y momentos
específicos forman hot spots de cibercriminalidad conforme a parámetros como lo lleno
o vacío que esté el sitio, la mayor o menor visibilidad de lo que se hace, la vigilancia
natural, el espacio de oportunidad etc (MIRÓ LLINARES, 2012).
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Otro de los debates sobre las políticas de seguridad pública es la dificultad de
definir si es mejor implementar los modelos convencionales para enfrentar la
delincuencia -modelos que buscan combatir al crimen de manera frontal- o, prestar
mayor importancia a las medidas preventivas, que si bien, los resultados pueden ser más
lentos, podrían llegar a ser más eficientes en el largo plazo que los procesos basados en
un aumento de la represión punitiva. En este sentido, Martínez Espasa señala que “las
políticas de seguridad no exigen siempre de la utilización del recurso a la organización policial,
de ahí la acertada afirmación de que seguridad no es sinónimo de Policía, aunque deban
plantearse políticas reactivas, la pauta general deben ser las políticas preventivas” (MARTÍNEZ
ESPASA, 2016, p. 48).
Partiendo de esta premisa, existen pues, cuatro principales enfoques teóricos para
estudiar la delincuencia, por una parte, existe la represión de los delitos como “mano
dura; que no es otra cosa que enfrentar al delito bajo las fórmulas clásicas de la represión y
control” (CARRIÓN, 2007, p. 11). En el otro extremo encontramos las teorías de la
prevención, que son aquellas que pretenden atacar el problema desde las causas que lo
originaron y no sus consecuencias. Después se encuentran las teorías ecológicas del
crimen, dichas propuestas explican que las zonas geográficamente críticas propagan el
desorden y el delito. Por último, se tienen las teorías económicas del delito, que son las
más estudiadas, y buscan explicar ente otras, la importancia que tiene el entorno
macroeconómico, la capacidad policial para atrapar delincuentes y la severidad en los
castigos para disminuir el crimen. Observaremos únicamente grosso modo, algunas
teorías con el animo de obtener una panorámica sobre estas y su incidencia en las
políticas se seguridad.
6.1 LAS TEORÍAS DE LA REPRESIÓN DELICTIVA
Las teorías de la represión delictiva o teoría de la disuasión, “se sustentan en la
necesidad de restablecer la funcionalidad (disfuncionalidad) y el orden (anomia) mediante el
castigo como dolor (correctivo) y como ejemplo (disuasión), de tal manera que no se vuelva a
cometer un nuevo hecho delictivo” (CARRIÓN, 2007, p. 13). Por lo general, en estos casos
aparecen políticas de “mano dura” y una gran cantidad de dotación policial intentando
mantener el orden público (MACIAS CARO, 2015), además de implementar una alta
severidad en el castigo como la creación de nuevas figuras punitivas o la expansión del
derecho penal del enemigo, o como observa Zúñiga Rodríguez (2021), la disímil
dimensión del denominado Derecho Penal de la seguridad, caracterizado por el
populismo punitivo. Estas medidas de control más severas, estadísticamente no han
rendido los resultados esperados. “Las críticas convencionales hacia este enfoque señalan que
no se analiza la violencia y el delito como un fenómeno social donde además del crimen,
convergen muchísimos otros factores sociales” (ARRIAGADA; GODOY, 2000, p. 128). En
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conclusión, se actúa reprimiendo al individuo o individuos sin impactar en otros
entornos sociales como: programas educativos, menor deserción escolar, control en el
tráfico de drogas etc, que propician que el problema no se ataque desde la raíz. Una de
las políticas más conocidas referentes a las teorías de la represión delictiva, es el plan de
tolerancia cero. El plan de tolerancia cero indicaba que una mayor detención de
delincuentes o trasgresores del orden aseguraba una mayor aceptación de la sociedad y
por supuesto más confianza al aparato policial.
Este enfoque dícese sustentaba su éxito en que cualquier crimen, delito, violencia
o perturbación del orden, por pequeño que sea, generará que se sigan cometiendo
nuevas infracciones cada vez más graves, debido a que los autores materiales del delito
consideran que no recibirán castigo alguno, basado en la “teoría de las ventanas rotas”
(WILSON; KELLING, 1982). Los planes de tolerancia cero fueron puestos en práctica y
distintas ciudades siendo la más usual mencionar la de la ciudad de Nueva York y que
fue propuesto por el ex alcalde Rudolph Giuliani como un estandarte de su política de
seguridad ciudadana. El programa resultó ser a primera vista muy efectivo, debido a que
en el periodo en el que fue puesto en práctica, los índices del delito pudieron reducir
significativamente en esa ciudad, pero después de un análisis minucioso, se pudo
corroborar que la política no fue del todo exitosa como tal, sino que fue un mero
producto de la causalidad y de otros factores no observados.
6.2 LAS TEORÍAS DE LA PREVENCIÓN DELICTIVA
Las teorías de la prevención delictiva se sustentan en el hecho de adelantarse al
evento de un hecho delictivo para que este no se produzca (CARRIÓN, 2007). Existen
dos tipos de prevención, prevención social y prevención situacional y también lo que
algunos autores han definido como “los niveles de la prevención”, que no es otra cosa
que los momentos específicos que definen en el tiempo las actividades relacionadas con
la prevención (SELMINI, 2009).
El enfoque de la prevención tiene como objetivo abordar todas aquellas
cuestiones sociales, como lo son: conflictos, desajustes y desarticulación de la vida en
sociedad que genera la inseguridad. El autor del delito y su determinación delictiva se
convierten en el centro de atención, pero, analizados desde el contexto social donde
surgen los delitos, entendido desde una perspectiva social, económica y cultural que
propician un ambiente apto para el desarrollo de actividades ilícitas (PAYÁ SANTOS;
DELGADO MORÁN; MAZURIER, 2018; GILLING, 1997). Esta forma de prevención
se puede delimitar de la como lo expresaría Sutton “La prevención social abarca casi
cualquier programa que pueda afirmar que afecta el patrón de comportamiento, los
valores y las autodisciplinas de los grupos que se consideran potencialmente ofensivos"
(SUTTON, 1994, p. 10).
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El enfoque de la prevención situacional en términos generales y de acuerdo con
Clarke, “busca reducir las oportunidades para categorías específicas de delitos
aumentando los riesgos y dificultades asociados y reduciendo las recompensas”
(CLARKE, 1995, p. 91). Este enfoque asegura que la criminalidad no es únicamente el
fruto de las decisiones meramente individuales, sino que existen diversos factores
externos que favorecen las oportunidades delictivas. En palabras de Clarke, “los factores
situacionales pueden estimular el crimen y abordar estos factores puede reducir el
crimen” (CLARKE, 1995, p. 95), comprender cómo se cometen los delitos es de vital
importancia para la prevención del delito situacional (SAN JUAN GUILLÉN, 2019).
Estos trabajos pretender dar un énfasis a los escenarios donde se dan los eventos
delictivos y también pretenden estudiar y generar información para que las autoridades
encargadas se interesen en combatir el delito desde las primeras causas que lo
ocasionaron.
Si la prevención puede ser entendida, como la interrupción del mecanismo que
produce un evento delictivo, tal mecanismo causal puede ser reconducido a tres
elementos de fondo: la estructura, la motivación individual y las circunstancias. En la
perspectiva estructural, la criminalidad es el producto de condiciones sociales y
económicas y la prevención se entiende entonces como actividad que incide sobre tales
causas de fondo. Cuando se entiende el delito como producto de las propensiones
humanas, la prevención se concentra en la intervención individual, de modo que se
debe detener, controlar o rehabilitar a los autores. En base a la tercera perspectiva, se
dice que la prevención pueda llevarse adelante a través de una intervención sobre el
contexto, físico y social y que la criminalidad es entonces el resultado de una serie de
circunstancias y oportunidades (SELMINI, 2009, p. 44).
Estas perspectivas de fondo sobre la interpretación de los fenómenos criminales
se articulan en una serie de teorías o, enfoques interpretativos, que constituyen hoy el
marco de referencia de las medidas de prevención y de las políticas de seguridad
2
.
De lo expuesto hasta ahora, podemos deducir que uno de los elementos clave al
referirnos a la ecología del delito es la oportunidad. Si no existe una oportunidad para
cometer el delito, éste no va a producirse, incluso ante la presencia de un individuo
motivado para delinquir. Si existe la oportunidad para perpetrar una infracción, será
más probable que un individuo motivado, o un individuo “potencialmente motivable”,
para delinquir acaben transgrediendo la ley.
Desde esta perspectiva, podemos concluir que se puede prevenir una parte
importante de los delitos reduciendo las oportunidades. En contra de esta
aproximación, se suele plantear que la reducción de oportunidades en un determinado
punto lo que produce realmente es un desplazamiento del delito en virtud del cual los
infractores buscan un emplazamiento alternativo para cometer el delito. Sin embargo,
2
Para más información véase: ONU: Prevención del delito y justicia penal:
https://www.unodc.org/e4j/es/crime-prevention-criminal-justice/module-2/key-issues/2a--detailed-
explanation-of-tonry-and-farringtons-typology.html
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según Miró Llinares, la evidencia empírica ha mostrado que el impacto del
desplazamiento es ciertamente limitado (MIRÓ LLINARES, 2018).
6.3 LAS TEORÍAS ECONÓMICAS DEL DELITO
La delincuencia es un fenómeno multidimensional que ha atraído a una gran
cantidad investigadores de distintos ámbitos de las ciencias sociales para tratar de ofrecer
respuestas al estudio de la actividad delictiva. Desde la década de 1960 se viene
utilizando un análisis económico que ha tenido bastante relevancia (BECKER, 1968;
EHRLICH, 1974; FREEMAN, 1994).
El enfoque que Becker le da a su teoría está encaminado a los costos económicos
que las actividades delictivas representan para el estado y para los infractores. El análisis
empírico de la actividad delictiva en la economía se remonta, según Becker, en la
ponderación del costo de oportunidad de la mejor situación que le atrae a un individuo
la relación entre beneficio o castigo. En esta toma de decisión casi espontánea; algunos
individuos toman la decisión de llevar a cabo alguna actividad delictiva (BECKER,
1968). Por otro lado, Becker menciona que, sí existen algunos elementos que son
característicos y compartidos en general. Primeramente, la obediencia a las leyes no se
cumple siempre y se deben de invertir recursos públicos o privados para prevenir delitos
para neutralizar a los delincuentes; y, en segundo lugar, la condena no suele
generalmente considerarse un castigo suficiente para los infractores, por lo que nacen
nuevos castigos. El modelo que plantea, analiza la pérdida social que los delitos generan
y halla en la inversión de recursos y castigos un minimizador de esa pérdida social. La
teoría no solamente pretende analizar delitos como el robo, o el asesinato, sino que
también, Becker es de los pioneros teóricos que brindan una importancia a los crímenes
de “cuello blanco” como evasiones fiscales, etc. En este contexto, la teoría de Becker,
argumenta que los individuos pueden alejarse de las actividades criminales, siempre y
cuando, existan mayores penas y mayores probabilidades de ser atrapados. Por lo tanto,
estas dos variables de probabilidad de captura y magnitud de la pena, han resultado
relevantes en términos de política pública.
Por su parte Ehrlich (1974), indica la existencia de un efecto disuasorio de la
actividad policial en todos los delitos y una fuerte correlación positiva entre la
desigualdad de ingresos y los delitos contra la propiedad, es decir, a mayor número de
policías en las calles la actividad ilícita disminuye y a mayor desigualdad, existirán
mayores faltas contra la propiedad. En este sentido, se sostiene por algunos
investigadores que la mayor parte del gasto público en seguridad se asigna a las policías
y, en menor medida, el gasto se asigna a la aplicación de justicia y la prevención. Por lo
anterior, se reconoce la necesidad de desarrollar políticas de prevención de delitos y
políticas en seguridad de largo plazo, que busquen atajar las causas y no las
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consecuencias de la delincuencia. Al igual que todas las teorías económicas del delito,
sostenemos el crimen no solamente puede ser visto como una conducta desviada, es
decir, un problema emocional o psicológico. Tampoco se puede considerar únicamente
las preferencias individuales de cada criminal, pues sería necesario examinar a fondo la
estructura interna de cada criminal y el impacto de sus circunstancias sociales o
familiares. Si bien, todos los ciudadanos responden a incentivos, la mayor aportación de
Ehrlich, es que afirma que la preferencia por el crimen responde a las oportunidades
existentes en la sociedad. Este análisis va más allá de lo que realizó Becker unos años
atrás. Su trabajo cobra relevancia ya que incorpora los costos que conlleva el castigo, las
ganancias tanto de realizar actividades lícitas como ilícitas y, además, predice la relación
entre la tasa de delitos con la desigualdad en los ingresos y la actividad policial. Otro de
los elementos de mayor importancia en el trabajo de Ehrlich, es que puede distinguir
entre la disuasión y los efectos preventivos del castigo por encarcelamiento sobre la tasa
de delincuencia. Ehrlich (1977, p. 746), “analiza los efectos de la presencia policial, las
sentencias y la severidad de los castigos sobre la actividad delictiva distinguiendo el
efecto disuasivo de privación de la libertad” y confirma que ambos factores tienen un
efecto negativo en las tasas de delito. En este sentido la efectividad de la privación debe
ser comparada con la tasa de rehabilitación y la tasa de reincidencia versus cambios en
los incentivos económicos, según Ehrlich, como cambios en el “precio del delito”.
De acuerdo a Ehrlich, el cometer un delito, es el resultado de un proceso de
elección entre hacerlo o realizar una acción alternativa en un momento determinado.
Por lo que se esperaría que se cometa el delito si el infractor obtiene una mayor utilidad
que la utilidad esperada de realizar una acción alternativa. Si la utilidad esperada de
cometer un delito supera a la utilidad esperada de realizar actividades legales, muchas
veces depende de las recompensas relativas, es decir, Ehrlich argumenta que en la
mayoría de los casos de asesinato, se espera que las recompensas sean en gran medida
psíquicas o emocionales y no un tanto económicas (EHRLICH, 1975).
En su teoría Freeman, plantea que el creciente número de encarcelamiento de
delincuentes es uno de los factores que propicia la desigualdad, sobre todo en las
personas con bajos niveles de educación. Los estudios coinciden con que la mayor
población carcelaria no necesariamente hace que la actividad delictiva reduzca. En
palabras de Freeman (1994, p. 5), “la duplicación de la población carcelaria debería,
haber reducido considerablemente la delincuencia debido a la incapacidad de los
delincuentes […], produjo, además, una tendencia al alza en la proporción de crímenes
que resultaron en penas de prisión.” En conclusión, estaría negando todos los anteriores
trabajos que incluían dentro de sus premisas básicas el implementar sentencias
condenatorias más rígidas ya que el tener más población encarcelada no implica que los
índices delictivos reduzcan. Con ello, el autor muestra mayores inclinaciones por los
métodos de prevención del delito.
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Volviendo nuevamente a Ehrlich, existen particularmente dos grandes aportes de
las teorías económicas a las actividades delictivas. El primero ha sido analizar el
comportamiento delictivo a través de las herramientas de optimización y análisis de
equilibrio y no depender de factores sociales y ambientales que son independientes de la
voluntad humana. En segundo lugar, un tema más complejo, encontrar políticas
óptimas sobre el control del delito, de tal manera que Ehrlich argumenta: El paradigma
económico reconoce dos conjuntos de incentivos que motivan a los delincuentes
potenciales o reales: negativos y positivos. Los incentivos negativos son aquellos que
disuaden y evitan que los delincuentes potenciales y reales entren o sigan activamente
actividades ilegítimas: la probabilidad y la gravedad del castigo, y el tipo de castigo que se
impondrá. Los incentivos positivos son aquellos que inducen la participación en
alternativas legítimas al delito: oportunidades legítimas de empleo y ganancias,
programas de rehabilitación y una menor disparidad en la distribución del ingreso en la
sociedad (EHRLICH, 1996).
Es interesante analizar los supuestos que Ehrlich propone, ya sean los incentivos
que motiven a los delincuentes, (negativos o positivos), será una de las claves para que
los gobiernos tomen decisiones en torno a políticas públicas para el combate del crimen.
En otras palabras, los tomadores de decisiones evaluarán qué es mejor, ya sea
implementar castigos más severos o crear programas encaminados a los incentivos
positivos, es decir, fomentar el desarrollo social, y crear programas integrales
(DELGADO MORÁN, 2022).
6.4 LA TEORÍA ECOLÓGICA DEL CRIMEN
La teoría ecológica del delito/crimen pretende mostrar el por qué en algunas
regiones, comunidades o lugares geográficos, concentran una gran cantidad de actividad
ilegítima en determinado tiempo a pesar de que otras variables sociales o demográficas
cambien (ya sea de manera positiva o negativa). Su principal foco de estudio se basa en
los estudios del desorden social y el desorden físico (OLAVARRÍA GAMBI et al.,
2009). Desde la década de los cuarenta, los estudios pioneros de Shaw y Mckay (1942),
mostraron evidencia empírica donde existía una relación entre la distribución de la
delincuencia y el patrón de estructura física y organización social de una veintena de
ciudades estadounidenses. Es decir, la delincuencia está altamente correlacionada con
elementos como: cambios en la población, vivienda inadecuada, heterogeneidad étnica,
pobreza, presencia de trastornos mentales y criminalidad de adultos. De acuerdo con
Olavarría Gambi, y colaboradores, la prevalencia delictiva se debía a tres factores;
“prevalencia de bajo nivel socioeconómico, heterogeneidad étnica y gran movilidad residencial.
Tales características lesionaban seriamente la cohesión social de la comunidad” (OLAVARRÍA
GAMBI et al., 2009, p. 34). Por lo tanto, las causas de la delincuencia se deben estudiar
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desde las características de la comunidad y no del infractor.
De acuerdo con San Juan Guillén (2019), hoy en día existe una amplia evidencia
empírica a nivel internacional que muestra que generalmente existe una concentración
del crimen en lugares específicos. La tecnología ha ayudado bastante a poder comprobar
dichos supuestos, ya que al rastrear las llamadas de emergencia, se evidencia de que la
delincuencia se concentra en zonas concretas.
En las teorías ecológicas del delito podemos reconocer que comparte muchos
elementos que las teorías económicas del delito mencionan. Inclusive se puede observar
que las teorías de la prevención delictiva recogen aspectos específicos del delito para
fundamentar sus investigaciones y hacen que resulten muy similares los análisis y la
selección de las variables. Es importante mencionar también, que la teoría ecológica del
delito puede ser vista como una parte de las teorías de prevención delictiva. La
necesidad de establecerlas por separado y de manera particular es debido a que las
teorías de la prevención delictiva pueden enfocarse tanto en el delincuente, en el
espacio, en el tiempo o incluso en la acción policial, mientras que la teoría ecológica del
delito en cambio, se basa únicamente en el lugar geográfico.
Otro análisis más profundo y exhaustivo, lo podemos encontrar al momento de
relacionar el desorden social de un territorio específico con el origen del delito. A este
estudio sobre dicha relación se le conoce como la teoría de las actividades rutinarias.
Esta teoría pretende analizar las tendencias y los ciclos de la tasa de criminalidad. Este
enfoque se enfatiza en las circunstancias en las que se llevan a cabo actos criminales –
Variables como el espacio, el tiempo, objetivos adecuados y la ausencia de guardianes
eficaces contra el crimen- y no en las características de los delincuentes (COHEN;
FELSON, 1979).
La teoría de las actividades rutinarias establece que realizar un pequeño cambio
en los patrones de las actividades diarias influye en los índices delictivos, pero siempre y
cuando, ese cambio impacte en por lo menos uno de los siguientes tres elementos: 1)
delincuentes motivados; 2) las víctimas (ya sean personas u objetos que cumplan ciertas
características atractivas para el delincuente; y 3) la ausencia de un vigilante eficaz, o
bien, un espacio no vigilado, que igualmente le sea atractivo al victimario.
Discrepa al respecto Garrido Genovés, cuando refiere una “dupla conceptual”
que aparece una y otra vez tanto en los trabajos de la criminología convencional como
en la criminología del control del crimen: cohesión (capital) social y control informal.
Los partidarios de luchar contra el delito sin ocuparse de los delincuentes no aciertan a
comprender que la parte de la ecuación del ‘delincuente motivado’ es tan importante
como los otros dos elementos (objetivo accesible y ausencia de vigilancia del famoso
triángulo de la prevención propuesto por la teoría de las actividades cotidianas. La razón
que argumenta Garrido Genovés (2018), estriba en que una familia que educa
correctamente a sus hijos realiza una doble función que afecta a dos de los tres ángulos
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de este triángulo: previene que los jóvenes deseen quebrar la ley (la motivación para el
delito) y realizan una labor de supervisión informal de su comportamiento, lo que
potencia la existencia de una vigilancia ante la oportunidad criminal.
6.5 RESUMEN CRÍTICO DE LAS TEORÍAS
Después de analizar diversas teorías y trabajos existentes para poder conocer los
motivos causales de la violencia y el crimen, se considerarán en mayor proporción, las
teorías económicas del delito por el hecho del papel que desempeñan las variables que
intervienen (LIZ RIVAS, 2018, 2020; LIZ RIVAS; PALACIOS GARCÍA, 2021). Como
se puede apreciar, este enfoque sugiere que un individuo delinque comparando
racionalmente los beneficios que puede tener en una actividad lícita o ilícita.
La teoría de la elección racional puede ser útil para pensar en estas preguntas
pues en ésta se supone que existe una búsqueda por tener un beneficio de los crímenes
cometidos, lo cual es lo suficientemente racional. Aunque se asume que los delincuentes
no pueden obtener todos los beneficios que buscan debido a que ni la información ni el
tiempo son suficiente para planificar sus acciones, por lo que se puede estar hablando de
delincuentes con racionalidad limitada. Esta elección racional, mencionan Cornish y
Clarke (1987), puede resultar limitada por el tiempo, las habilidades cognitivas del
ofensor y la disponibilidad de información relevante. Llevando a que los procesos y los
factores de decisión que se consideran varíen según las diferentes etapas de dicho
proceso y de los diferentes delitos. Es decir, no se puede partir que los delincuentes
potenciales están alimentados por una disposición general a ofender, lo que los
convertiría en individuos indiferentes a la naturaleza del delito que cometen, más bien
habría que partir que los delitos son elegidos y cometidos por razones específicas
3
.
Así que, en otras palabras, las decisiones de ofender están influenciadas por las
características tanto de los delitos como de los delincuentes y son el producto de
interacciones entre los dos.
3
Vicente Garrido al respecto, de lo que denomina Clarke sobre el ‘sesgo disposicional’, este se refiere al
hecho de que los criminólogos han tendido a ignorar la conducta criminal (el comportamiento que se
concreta en un delito; el acto en sí), para poner su atención en la ‘criminalidad’, es decir, la
disposición que tiene el sujeto a cometer delitos. Esta posición, de nuevo mantenida por Sutherland y
la Sociología, “tuvo como resultado que hasta el día de hoy las teorías criminológicas persiguen
explicar las causas del desarrollo de la disposición criminal, y no el por qué ocurren los crímenes” (p.
25). Clarke destaca que a partir de la obra de Kurt Lewin (1936), donde se señalaba que la conducta
era el producto de la interacción de la personalidad por la situación, la investigación posterior no ha
hecho sino confirmar la importancia de la situación (oportunidad) en el origen del crimen. Un hito en
este sentido fue el trabajo de los psicólogos sociales Nisbett y Ross (1980), quienes, con su concepto de
‘error fundamental de la atribución’, describieron el hábito de las personas a poner en la disposición o
personalidad de los individuos la causa de las conductas, desestimando el importante papel de la
situación (GARRIDO GENOVÉS, 2018).
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Por su parte, Martínez y colaboradores encontraron que el 20% de todos los
individuos en una población perpetran el 80% de todos los delitos (MARTINEZ et al.,
2017). Esta conclusión es ciertamente relevante en el campo de la Criminología
Ambiental ya que implica reconocer que, si el crimen está altamente concentrado entre
relativamente pocos individuos, son pocas las personas que reconocen oportunidades
delictivas adecuadas para cometer un crimen con respecto a aquellas que, existiendo
dichas oportunidades, no las aprecian o no desencadenan la decisión de cometer un
delito. En definitiva, la oportunidad es sustantiva, pero no decisiva para explicar el
comportamiento criminal (SAN JUAN GUILLÉN, 2019).
Debido a esto, es que los crímenes llevan a seguir patrones espaciales, generados
por un agresor racional el cual hace una evaluación sobre sus posibilidades de éxito. Esta
evaluación considera ciertas características que deben de ser conocidas y que le permitan
al posible delincuente: llegar y salir del lugar de manera rápida; esconderse tanto para
atacar a la posible víctima como para cometer el acto y/o evitar ser detenido; y alejarse lo
más posible de espacios vigilados. Por lo tanto, la decisión final de involucrarse en un
delito en particular es el resultado de un proceso en el cual se evalúa de manera
superficial, o no, los posibles cursos de acción que lleven a alcanzar algún objetivo, por
ejemplo; por dinero, sexo o emoción (GARRIDO GENOVÉS, 2018).
Por último, identificar el por qué un objetivo o un individuo es idóneo para ser
víctima debe estar ligada tanto a sus propias características como a las de su entorno. Es
por ello que se vuelve un proceso de decisión multietápico por sí mismo, el cual es
contenido en un ambiente más general. El proceso puede incluir algunos pasos o
muchos el cual involucra varios niveles ligados a la percepción actual y al aprendizaje del
ambiente alrededor del objetivo. Lo que evidencian Paul y Patricia Brantingham, en su
teoría de la geometría del crimen, en cuanto se evidencia que muchos de los delitos se
den en el entorno de la víctima o de sus patrones de movilidad (BRANTINGHAM;
BRANTINGHAM, 1993).
Por su parte, las aproximaciones económicas del delito destacan los costos de
oportunidad que tiene un delincuente al decidir la actividad a realizar. Tendrá que
evaluar elementos como: el ingreso o perdida económica comparando ambas
actividades, la probabilidad de éxito o la probabilidad de su captura. El comportamiento
delictivo puede ser visto desde diferentes perspectivas, ha sido un tema muy estudiado
desde las visiones biológicas, sociológicas y psicológicas, sin embargo, la teoría
económica del delito, generalmente lo ha acotado como reflejo de la elección individual
racional que parte de las fuerzas del mercado (oferta y demanda) (CORNISH; CLARKE,
1989).
En resumen, la teoría económica del delito considera que es la oferta-demanda lo
que produce que un individuo seleccione entre actividad lícita o ilícita. Teóricamente,
los factores socioeconómicos como la educación y el empleo ayudarían a reducir el
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crimen, ya que un aumento de esos componentes aumentaría también el ingreso
disponible para fomentar las actividades legales, así como la pobreza, hipotéticamente
conduciría a un incremento en el crimen, ya que, al no tener los ingresos necesarios, la
utilidad esperada en el crimen sería mayor que en las actividades legales. Pero este
epitafio lo desbarata James Q. Wilson quien en su célebre obra “Thinking about crime”
dijo que si los criminólogos se empeñaban en intentar cambiar causas ‘profundas’ que
son imposibles de cambiar (como la pobreza, la privación relativa o la ausencia de unos
buenos padres), entonces su aportación a la política criminal sería irrelevante (CLARKE,
2018).
7 EJES ESTRATÉGICOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD
Los altos niveles de violencia a nivel internacional han hecho que los gobiernos
en los últimos años busquen soluciones rápidas, una de ellas es el desembolso de sus
recursos para fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad. Considerando los
aportes de Stiglitz (2000), la seguridad pública es un elemento considerado como un
“bien público puro”, es decir, un factor que no se le puede negar a ningún ciudadano o
establecer diferencias entre ellos mismos. Si se plantea un análisis retrospectivo, el gasto
público en seguridad ciudadana a nivel internacional generalmente presenta aumentos
año a año, son muy pocos los países que presentan disminuciones o que han mantenido
un gasto constante. A menudo interpretadas como “consecuencia del movimiento crítico
hacia la eficacia de los distintos instrumentos penales, definido en el contexto anglo-americano
como Nothing Works”
4
.
Desafortunadamente, las estrategias de aumentar los presupuestos no han
arrojado los resultados esperados y es por ello que la inversión pública en materia de
seguridad es sin duda, uno de los grandes debates que han estado presentes en los
últimos años a nivel internacional. Hay quienes argumentan que un mayor gasto refleja
una mayor eficiencia. Pero también hay quienes sostienen que un mayor gasto en
defensa, seguridad y justicia es improductivo y ambiguo, ya que limita los recursos que
bien se podrían destinar a otras áreas de mayor impacto social que al largo plazo
influirían positivamente en el combate al crimen, a manera de prevención del delito. Lo
que la realidad nos muestra, es que desafortunadamente no ha existido una política o
4
Vicente Garrido al respecto, señala este concepto como un argumento erróneo mantenido por los
positivistas al confundir los resultados obtenidos en los años 70 y 80 del pasado siglo con respecto al
tratamiento de los delincuentes (la llamada doctrina del ‘nada funciona’, popularizada por Martinson,
1974), que arrojaron pobres expectativas de éxito, con nuestra capacidad para reducir la comisión de
los actos delictivos: “En virtud de la evidencia disponible en aquellos años, era razonable pensar que
poco o nada podía lograrse para reducir la criminalidad, pero de esto no se deducía que no se podía
hacer nada para reducir el delito” (CLARKE, 2018, p. 28). (GARRIDO GENOVÉS, 2018).
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un plan de acción lo suficientemente eficiente que pueda poner fin a la delincuencia.
En este punto de la discusión, la evidencia empírica sobre la relación e impacto del gasto
público en seguridad y la actividad delictiva parece no tener un resultado único. Por lo
tanto, estos resultados deben verse siempre con cautela, ya que las causas de la actividad
delictiva son múltiples e incluso pueden llegar a estar interrelacionadas. Por ello,
dependerá de cada análisis empírico señalar los alcances de cada medición estadística o
econométrica, y de la metodología utilizada.
En este sentido, desde la teoría se recomienda encontrar los múltiples
determinantes de la actividad delictiva y aplicar la metodología que mejor se adapte a la
naturaleza de la información disponible. Es evidente que erradicar por completo la
inseguridad es una asignatura sumamente compleja, por ello, es de carácter urgente
presentar una línea de acción distinta a las ya conocidas y utilizadas históricamente. De
acuerdo con lo anterior y debido a la necesidad de disminuir la delincuencia, el discurso
debe enfocarse ahora en las políticas preventiva, la importancia para los gobiernos radica
en no cambiar de políticas solamente por verse superados y buscar una solución
próxima y tosca, sino continuar con lo que se trabajó anteriormente y, además, con
miras al futuro mediante las prácticas preventivas, sin olvidar que dichas medidas
representan un desafío mayor (STIGLITZ, 2000).
Por otra parte es muy preocupante que el trabajo de la rehabilitación se haya
olvidado, es decir, si consideramos que la policía actuó eficientemente y puso a
disposición de las autoridades competentes al delincuente, se espera que cumpla su
condena, pero, que se trabaje en iniciativas de rehabilitación (CUTIÑO RAYA, 2021).
8 CONCLUSIONES
El crimen, la delincuencia, y la inseguridad que estos generan, es uno de los
principales problemas con los que se han enfrentado históricamente los gobiernos.
Después de explorar la literatura del enfoque económico del delito, y seleccionar
variables de disuasión, represión y entorno socioeconómico, estos presentan evidencia
consistente acerca de la relación directa con la incidencia delictiva. Se pudo concluir
que los principales determinantes del crimen son principalmente factores
socioeconómicos, aunque se podría también concluir que se evidenica un porcentaje
restante que depende de una gran cantidad de factores que quedan fuera del alcance de
la investigación, un ejemplo de ello pueden ser los problemas relacionados con el
consumo de drogas y alcohol, problemas en el núcleo familiar y en la educación, el
sistema de justicia, u otros de índole psicosocial. Comprender la enorme dificultad que
conlleva el tratar de contener el hecho delictivo a índices aceptables por las sociedades,
pasa por la necesaria implementación de diversos planes, no sólo en materia de
seguridad, sino en materia social y necesariamente con resultados a medio-largo plazo.
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Para la medición de la seguridad, debemos atender tanto a la dimensión objetiva,
relativa a la incidencia de eventos delictivos registrados, como su dimensión subjetiva,
relativa a la percepción acerca de la peligrosidad que reviste transitar por un
determinado espacio. Una parte importante de los delitos la sufre un número muy
limitado de personas que son victimizadas en repetidas ocasiones. Además, es frecuente
que un pequeño grupo de infractores sea responsable de una parte importante del total
de delitos. Si completamos esta perspectiva con el aspecto geográfico (hot spots), el
temporal y de contagio, podremos establecer mecanismos más eficaces de prevención y
reducción de la delincuencia. Encuestas de victimización recurrentes reforzarían la
visión total de la seguridad y la prevención.
Por otra parte, se puede inferir que las políticas en materia de seguridad a lo largo
del tiempo han sido representadas por un amplio abanico de posibles estrategias y líneas
de acción, sin embargo, generalmente desarrolladas a partir de políticas represivas
usualmente materializadas a través de la acción policial o la acción penal. Se esperaría
que los decisores políticos tengan una mayor concientización en abandonar políticas
cortoplacistas que es contrastado, no han arrojado una solución eficaz contra el
fenómenos delictivo en general, máxime únicamente paliar ánimos vindicativos en la
sociedad o la búsqueda a través de estos de réditos electoralistas.
Por su parte, la policía debe asumir su responsabilidad social, superando la
estrecha concepción de ser un organismo especializado en la seguridad y el
cumplimiento de las leyes, operando al margen de la voluntad y sensibilidad de los
ciudadanos, para convertirse en un agente social integrado con la comunidad a la que
sirve en sus problemas y sus necesidades. El éxito de la policía como servicio público está
directamente relacionado con la relación que sus agentes lleguen a mantener con las
comunidades y los grupos sociales. El trabajo policial debe entonces enfocarse a la
solución de problemas a través de un comportamiento profesional que cumpla con los
principios de la justicia procedimental, en sus relaciones con la comunidad para lograr
efectiva colaboración en las soluciones que se propongan.
Para prevenir el delito los poderes públicos deben recurrir a la Criminología y
complementar sus agendas de seguridad publica mediante modelos de prevención
situacional, comprometiéndose a aplicar medidas adecuadas basadas en los hallazgos
científicos y evaluando siempre sus resultados mediante estandares de calidad, para ser
eficientes en el uso de los recursos públicos. Se anhela por la generalidad de las políticas
publicas en seguridad poder plasmar una propuesta a manera de aproximación a medio-
largo plazo con el fin de reducir la incidencia delictiva, pero necesariamente,
concibiendo al fenómeno delictivo como una actividad que en mayor o menor medida,
continuara estando presente en las sociedades. Mediante la aplicación por los agentes
involucrados de estandares como el observado “estándar Beccaria”, puesto que es una
herramienta usualmente aplicada por los investigadores, y no siempre trasladándose al
Políticas públicas de seguridad en España. Análisis desde perspectivas criminológicas
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ciclo de las políticas publicas.
En definitiva, el papel de la gobernanza de la seguridad y la creación y gestión de
políticas publicas de seguridad debe estar en permanente revisión, pero no hay que
olvidar que la inseguridad y la convivencia representa una de las principales
preocupaciones de nuestra sociedad, y que esa necesidad de la ciudadanía por sentirse
segura no debe ser objeto de rentabilidad política, bien al contrario, la seguridad debe
ser sinónimo de servicio público en la resolución de problemas y conflictos, de
prevención y de educación compartida en el cumplimiento de los objetivos acordes a las
exigencias depositadas en la agenda política de seguridad.
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Como citar este documento:
DELGADO MORÁN, Juan José. Políticas públicas de seguridad en España. Análisis
desde perspectivas criminológicas. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, v. 21, n. 37, p.
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