Bolivia es un país eminentemente urbano cuyo porcentaje de población que habita centros poblados con más de 2000 habitantes (umbral urbano desde 1976) alcanzó en 2012 el 70% aproximadamente. Se estima que para el censo del año 2022 la proporción de población urbana supere el 80% dado el proceso urbanizador de la última década, causado entre varios, por el cambio climático que impacta negativamente al desarrollo de actividades primarias y hace poco posible la permanencia en áreas rurales.
La urbanización boliviana está caracterizada también por el alto bono demográfico, una oportunidad muy grande si se logran condiciones laborales favorables para esta población, de lo contrario supondrá el engrosamiento aún mayor de la informalidad laboral. Según Medina y Schneider (2018) 62.3% de la economía en Bolivia es de carácter informal, lo mismo que el proceso de urbanización, el cual según Espinoza y Fort (2020) se caracterizaría por la irregularidad en una proporción mayor al 80%. Esta forma de urbanización a configurado ciudades con bajas densidades, rápido ritmo de expansión, altísimos niveles de autogestión de servicios e infraestructuras, y una institucionalidad actual alrededor de la planificación urbana muy reducida. Los últimos planes elaborados para
la mayor parte de ciudades bolivianas han sido formulados entre las décadas de 1980 y 1990, reemplazados por planes de ordenamiento territorial que en la forma boliviana no tienen un tratamiento a detalle del espacio y problemática urbana y las decisiones sobre la configuración de las ciudades son resultado de una serie de decisiones atomizadas, fragmentarias y sin visiones a largo plazo, pero principalmente determinadas por un libre mercado formal e informal que ha organizado las urbes en función a sus necesidades y objetivos.
