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EL CONGRESO
HABLA
Adriana Marcela Ramírez Baracaldo
José Manuel Rivas
Nicolás Liendo
–Editores académicos–
Colección ACADÉMICA
ESCUELA DE FI NANZAS, E CONOMÍA Y GOBIER NO
Adriana Marcela Ramírez Baracaldo
José Manuel Rivas
Nicolás Liendo
–Editores académicos–
El Congreso habla
El Congreso habla
Primera edición: diciembre de 2022
© Adriana Marcela Ramírez Baracaldo, José Manuel Rivas, Nicolás Liendo
–Editores académicos–
© Editorial EAFIT
Carrera 49 No. 7 sur - 50
Tel.: 261 95 23, Medellín
http://www.eafit.edu.co/fondoeditorial
https://editorial.eafit.edu.co/index.php/editorial
Correo electrónico: fonedit@eafit.edu.co
ISBN: 978-958-720-809-2
ISBN: 978-958-720-810-8 (versión epub)
DOI: https://doi.org/10.17230/9789587208092lr0
Edición: Cristian Suárez Giraldo
Corrección de textos: Juana Manuela Montoya
Diseño y diagramación: Alina Giraldo Yepes
Imagen de carátula: 443808928 ©shutterstock.com.
Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Nú-
mero 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Re conocimiento
personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia.
Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante
Resolución 2158 emitida el 13 de febrero de 2018
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la
autorización escrita de la editorial
Editado en Medellín, Colombia
El Congreso habla / Javier Duque Daza... [et al.]; editores académicos Adriana Marcela Ra-
mírez Baracaldo, José Manuel Rivas, Nicolás Liendo; prólogo Manuel Alcántara Sáez –
Medellín: Editorial EAFIT, 2022.
364 p.; 24 cm. -- (Académica)
ISBN: 978-958-720-809-2
ISBN: 978-958-720-810-8 (versión epub)
1. Colombia – Congreso – 1974-2018. 2. Élite (Ciencias sociales) – Colombia. 3. Legisla-
dores – Colombia. 4. Partidos políticos – Colombia – 2006-2108. 5. Poder judicial – Co-
lombia. 6. Corrupción – Colombia. I. Duque Daza, Javier. II. Ramírez Baracaldo, Adriana
Marcela, edit. III. Rivas, José Manuel, edit. IV. Liedo, Nicolás, edit. V. Tít. VI. Serie
328.3861 cd 23 ed.
C749
Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas
155
5. La justicia bajo la lupa: Confianza en el poder
judicial y percepciones sobre su independencia
Martha Gutiérrez
Camilo Ignacio González
Resumen
Los jueces son actores políticos con una relevancia creciente. Se ha encon-
trado que uno de los factores que afianza al poder judicial como órgano de
control es el apoyo público, que puede protegerlo de posibles ataques; pero
poco se han estudiado las actitudes de los legisladores frente a los jueces.
En ese marco, el presente estudio se dirige a analizar la evolución de las
actitudes de los diputados de la Cámara de Representantes de Colombia
frente al poder judicial, haciendo uso de las seis encuestas realizadas por
el Proyecto de Élites Latinoamericanas de la Universidad de Salamanca
(PELA-USAL) entre 1998 y el 2018. Se indaga por la evolución de la
confianza del parlamento en el poder judicial y por las precepciones sobre
su independencia y los principales obstáculos que enfrenta para alcanzar
dicha independencia. Además, se contrasta la evolución de las percep-
ciones de los legisladores en materia de confianza e independencia del
poder judicial, con su ideología, con factores demográficos como la edad
y el nivel de estudios, y con el contexto de escándalos de corrupción en
la rama judicial.
Introducción
Cuáles son las percepciones del parlamento frente a los jueces y cómo
han evolucionado; cuál es la confianza que tienen en el poder judicial;
cuáles son sus creencias sobre la independencia de los jueces y los prin-
cipales obstáculos para la misma; y cómo se relacionan dichas creencias
con algunos rasgos de los parlamentarios, como la ideología, la edad y
DOI: https://doi.org/10.17230/9789587208092ch5
156
el nivel de estudios, y con el contexto de escándalos de corrupción que
involucran a miembros de la rama judicial. Este trabajo busca contestar
estas preguntas, haciendo uso de las encuestas realizadas en Colombia
entre 1998 y el 2018 por el pela-usal.
La Constitución Política de 1991 buscó fortalecer la separación de
poderes y el control recíproco entre las ramas del poder público, consagran-
do la independencia de la administración de justicia y creando instancias
como la Corte Constitucional, pero también limitando los poderes del
ejecutivo y robusteciendo las facultades de control político del Congreso,
que pasó a decidir sobre la conformación de instancias como la Corte
Constitucional y el órgano de gobierno judicial.
No obstante, este diseño institucional en la práctica resultó desequi-
librado por la introducción de la reelección presidencial y por dinámicas
informales que terminaron alterando la independencia judicial y, por lo
tanto, la confianza en el sistema de justicia. Realizar un análisis de la
evolución de la confianza del parlamento en el poder judicial puede con-
tribuir entonces a entender mucho mejor las relaciones entre las ramas
del poder público en Colombia, específicamente de las actitudes de los
integrantes de una institución representativa frente a la rama judicial.
Este capítulo está dividido de la siguiente manera: primero, se dis-
cuten la confianza y la percepción de independencia en el poder judicial,
y se construye una serie de hipótesis que buscan explicar qué factores
relacionados con los parlamentarios pueden afectar la confianza y la per-
cepción de independencia. Luego se presenta la metodología que se utilizó
para evaluar las hipótesis. Después se exponen los resultados, tanto de
la evolución de la confianza y de la percepción de independencia, como
de la prueba de la hipótesis. Finalmente, se discuten los resultados y se
presentan algunas conclusiones.
En la primera parte del análisis se explora si las distintas encuestas
muestran variaciones en relación con la confianza, las percepciones so-
bre la independencia y los obstáculos identificados para alcanzar dicha
independencia a lo largo del tiempo. A renglón seguido se indaga por la
relación entre la confianza de los legisladores en el poder judicial y las per -
cepciones sobre su independencia con respecto a factores como la ideo-
logía, la edad y el nivel de estudios. Para realizar este análisis se llevó a
157
cabo una serie de correlaciones con los resultados de las preguntas de
las encuestas. Además, se buscó entender la relación entre confianza e
independencia con base en los más sonados escándalos de corrupción de
la rama judicial.
Confianza en el poder judicial y percepciones sobre su
independencia
Varios estudios han encontrado que el apoyo público da poder a las cortes
y dificulta los ataques en su contra (Helmke y Staton, 2010), mientras
otros han documentado que las percepciones de los actores de las otras ra -
mas del poder público, y específicamente de los legisladores, pueden
incidir en las actitudes del resto de la sociedad (Jacobs y Shapiro, 2000;
Stevens et al., 2006; Armaly, 2018; Rogowski y Stone, 2019). Por lo tanto,
resulta trascendental que dicho apoyo provenga no solo del público, sino
también de las élites políticas y especialmente de las élites parlamentarias.
Mucho se han discutido el alcance y el contenido de la confianza
en las instituciones y la independencia judicial, y una de las formas de
estudiarlos es a través de la opinión de actores relevantes (Easton, 1975;
Linares, 2003). Esta metodología permite conocer la percepción de inde-
pendencia que tienen los encuestados. En ese sentido, esta aproximación
puede mostrar no solo sus posibles variaciones a través del tiempo, sino
sobre todo los obstáculos para alcanzarla. Lo anterior es relevante ya que
la legitimidad del poder judicial, entendida como sinónimo de confianza,
ha estado estrechamente relacionada con su imparcialidad y su inde-
pendencia.
Factores asociados a las actitudes frente al poder judicial
La ubicación ideológica en la escala izquierda-derecha, mecanismo de
medición ampliamente aceptado en las ciencias sociales, fue por un tiempo
cuestionada en América Latina, pero posteriormente retomada y usada
de forma habitual para predecir percepciones y actitudes de los políticos.
No obstante, de acuerdo con Alcántara y Rivas (2007), no resulta útil
para discriminar las actitudes frente a la democracia, en lo que tiene que
ver con instancias como los partidos y las elecciones como ingredientes
158
básicos para su funcionamiento. Por ello, estos autores diferencian a los
actores políticos por su proclividad a la democracia o a las formas en que
ella se desarrolla.
Pese a lo anterior, sumado a que la gran mayoría de los parlamentarios
colombianos entrevistados se autoubica en el centro, y a que conforme
a Ingram (2013) se espera que el fortalecimiento del poder judicial sea
priorizado tanto por la izquierda como por la derecha, aunque por razones
programáticas diferentes: efectividad de derechos y libertades en el caso
de la izquierda y seguridad jurídica en el caso de la derecha; teniendo en
cuenta que la izquierda colombiana ha sido históricamente excluida del
juego político institucional, y que en Colombia son muy pocos los legisla-
dores que admiten abiertamente que en contextos de crisis económica e
inestabilidad política los regímenes no democráticos son preferibles que
los democráticos, se vuelve relevante, además de contrastar las actitudes
de los legisladores frente al poder judicial con su apoyo a la democracia
en contextos de crisis económica e inestabilidad política, relacionarlas
también con su autoubicación ideológica.
En ese sentido, se espera que (H1) los legisladores más proclives a
tener un talante menos democrático, es decir, que admiten abiertamente
que en contextos de crisis económica e inestabilidad política, un Gobier-
no autoritario puede ser preferible a uno democrático, manifiesten una
confianza menor en el poder judicial y en su independencia. Esto bajo
la premisa de que tales legisladores asignan una importancia inferior al
régimen democrático en sí mismo, y en consecuencia, a uno de sus compo-
nentes, el Estado de derecho, representado por los jueces y la separación
de poderes.
Además, se espera que (H2) los legisladores que se ubican más a la
izquierda manifiesten también valores más bajos en materia de confianza
en el poder judicial e independencia del mismo, como quiera que en Co-
lombia históricamente los partidos tradicionales han tenido participación
indirecta en la conformación de las altas cortes, que a su vez inciden en
la conformación de la burocracia judicial, que se ha manejado mediante
mecanismos informales de cooptación (Nemogá, 2001; Uprimny, 2001)
e incluso de clientelismo.
Quienes investigan sobre las élites se han preguntado por sus carac-
terísticas y la influencia que tienen en el funcionamiento de los sistemas
159
políticos (Rivas et al., 2010). Así, por ejemplo, Saiegh (2010) señala que
una forma de observar las diferencias entre los factores que explican cómo
responden los legisladores a los intereses de sus electores es a través de
su nivel educativo. En el mismo sentido, Ingelhart y Welzel (2006) han
señalado que se espera que elevados niveles de estudio se vean acompa-
ñados de una mayor conciencia sobre los valores democráticos.1
Pese a que se ha llamado la atención sobre el “elevado nivel de
estudios de los diputados latinoamericanos” (Sánchez y Rivas, 2009,
p. 151),2 no deja de considerarse que el nivel educativo de los políticos es
la mejor forma de predecir un mejor desempeño de sus funciones (Mar-
tínez, 2006; Rivas et al., 2010) y, en nuestro caso, un mayor apego a los
valores democráticos. De acuerdo con lo anterior, se espera que (H3) los
legisladores con una formación más amplia demuestren mayor confianza
y reconocimiento de la independencia del poder judicial.
Finalmente, Bohigues (2018) ha asociado la edad con niveles de apoyo
irrestricto a la democracia, y ha encontrado que quienes no muestran un
apoyo irrestricto a la democracia tienden a ser más jóvenes que aquellos
que son incondicionales a ella, incluso en condiciones difíciles. Siguiendo
esta línea, y bajo la premisa de que el apoyo a la democracia va enla -
zado con la confianza en las instituciones, se espera que (H4) los legisla-
dores de mayor edad demuestren más confianza y reconocimiento de la
independencia del poder judicial.
Las anteriores variables no son ajenas al contexto, que en el caso de
la justicia en Colombia ha estado marcado por crecientes escándalos de
corrupción (Botero, 2020); es por ello que se espera que dichos escánda-
los afecten negativamente la confianza de los parlamentarios en el poder
judicial y las percepciones sobre su independencia (H5).
1 Si bien estos autores analizan los cambios culturales de la sociedad (no específicamente
de las élites) y su influencia en la consolidación y la calidad democráticas, se espera
que las élites, que no solo son parte de la sociedad, sino que se ven desafiadas por los
cambios referidos en el estudio, avancen también en el cambio de sus valores.
2 Al mismo tiempo, en América Latina, donde hay elevados niveles de desigualdad, “los
estudios pueden ser un indicador de la exclusión social y política que padece gran
parte de la población, lo que en principio no sería benéfico para el funcionamiento del
sistema político” (Rivas et al., 2010, p. 288).
160
Metodología
Para poner a prueba las hipótesis presentadas en la sección anterior se
realizó una estrategia diferenciada. Para las hipótesis 1 a 4 utilizamos los
datos de los cuestionarios por legislatura. Como la hipótesis 5 impli ca
evaluar información exógena a la de las encuestas, se efectuó una revisión
de noticias y de investigaciones previas para tratar de identificar si el au-
mento de los escándalos relacionados con el poder judicial en Colombia
está relacionado con los patrones de evolución de la confianza y percepción
de la independencia que los congresistas tienen frente al poder judicial.
En cuanto al proceso de revisión de las primeras cuatro hipótesis,
primero se revisaron los cuestionarios para identificar las preguntas que
representen las variables de interés. La tabla 5.1 presenta las preguntas
utilizadas por cuestionario. Con la información obtenida de los cues-
tionarios se realizaron dos tipos de análisis. Primero, con las variables
cuya respuesta está dada en una escala con un orden significativo, se
llevó a cabo un análisis de correlaciones. Esto se hizo con las preguntas
relacionadas con la confianza, la independencia, la ideología, la edad y la
formación. Debido a que las escalas y los textos de las preguntas varían
entre cuestionarios, este análisis se efectuó de manera diferenciada por
cuestionario.
Tabla 5.1 Variables utilizadas para el análisis
Legislatura
1998-2002
Legisla-
tura
2002-2006
Legis-
latura
2006-
2010
Legis-
latura
2010-
2014
Legis-
latura
2014-
2018
Legis-
latura
2018-
2022
Confian-
za
en el
poder
judicial
En relación con las si-
guientes personas, gru-
pos e instituciones, me
gustaría saber qué grado
de confianza, mucha (1),
bastante (2), poca (3) o
nin guna (4), le merece
su actuación en la vida
pública colombiana:
p701 = El poder judicial
La misma
pregunta
que en la
le gislatura
1998-
2002, pero
cambia el
sentido de
la escala
La
misma
pregun-
ta que
en la le-
gislatura
2002-
2006
La
misma
pre-
gunta
que
en la
legis-
latura
2002-
2006
La
misma
pregun-
ta que
en la
legis-
latura
2002-
2006
La
misma
pre-
gunta
que
en la
legis-
latura
2002-
2006
161
Legislatura
1998-2002
Legislatura
2002-2006
Legis-
latura
2006-
2010
Legis-
latura
2010-
2014
Legis-
latura
2014-
2018
Legis-
latura
2018-
2022
Percep-
ción de
indepen-
dencia
del poder
judicial
N/A
Hablando
del poder ju-
dicial, ¿po-
dría dar me
su opinión
sobre la in-
dependen-
cia del mis-
mo?
1 = Míni-
ma inde-
pendencia
5 = Máxi-
ma inde-
pendencia
La misma
pregunta
que en la
legislatu-
ra 2002-
2006
La
misma
pregun-
ta que
en la
legis-
latura
2002-
2006,
pero
cam-
bia la
escala;
se mide
de 1 a
10
La
misma
pregunta
que en
la legis-
latura
2010-
2014
La
misma
pre-
gunta
que en
la legis-
latura
2010-
2014
Talante
democrá-
tico
Con cuál de las dos si-
guientes frases está usted
más de acuerdo:
1 = La democracia es
preferible a cualquier otra
forma de gobierno
2 = En contextos de crisis
económica e ines tabilidad
política, un Go bierno auto-
ritario pue de ser preferible
frente a uno democrático
La misma
pregunta
que en la
legislatura
1998-2002
La misma
pregunta
que en la
legislatu-
ra 1998-
2002
La
misma
pregun-
ta que
en la
legis-
latura
1998-
2002
La
misma
pregunta
que en
la legis-
latura
1998-
2002
N/A
Ideología
del
legislador
Como recordará, cuando
se habla de política se
utilizan normalmente
las expresiones izquierda
y derecha. En esta tarjeta
hay una serie de casillas
que van de izquierda a
derecha. ¿En qué casilla
se ubicaría usted, tenien-
do en cuenta sus ideas
políticas?
1 = Izquierda
10 = Derecha
La misma
pregunta
que en la
le gislatura
1998-2002
La misma
pregunta
que en la
legislatu-
ra 1998-
2002
La
misma
pregun-
ta que
en la
legis-
latura
1998-
2002
La
misma
pregunta
que en
la legis-
latura
1998-
2002
La
misma
pre-
gunta
que en
la legis-
latura
1998-
2002
Ideología
del
partido
Y en esa misma escala,
dónde situaría usted a
su partido:
1 = Izquierda
10 = Derecha
La misma
pregunta
que en la
legislatura
1998-2002
La misma
pregunta
que en la
legislatu-
ra 1998-
2002
La
misma
pregun-
ta que
en la
legis-
latura
1998-
2002
La
misma
pregunta
que en
la legis-
latura
1998-
2002
La
misma
pre-
gunta
que en
la legis-
latura
1998-
2002
162
Legislatura
1998-2002
Legislatura
2002-2006
Legis-
latura
2006-
2010
Legis-
latura
2010-
2014
Legis-
latura
2014-
2018
Legis-
latura
2018-
2022
Edad Cuántos años cumplió
en su último cumpleaños
La misma
pregunta
que en la
legislatura
1998-2002
La misma
pregunta
que en la
legislatu-
ra 1998-
2002
La mis-
ma pre-
gunta
que en
la legis-
latura
1998-
2002
La
misma
pregunta
que en
la legis-
latura
1998-
2002
La
misma
pre-
gunta
que en
la legis-
latura
1998-
2002
Formación
Cuáles son los estudios
de más alto nivel oficial
que usted ha cursado:
1 = Ninguno
2 = Primarios
3 = Secundarios o asi-
milados
La misma
pregunta
que en la
legislatura
1998-2002
La misma
pregunta
que en la
legislatu-
ra 1998-
2002
La mis-
ma pre-
gunta
que en
la legis-
latura
1998-
2002
La
misma
pregunta
que en
la legis-
latura
1998-
2002
La
misma
pre-
gunta
que en
la legis-
latura
1998-
2002
Fuente: Elaboración propia
El segundo tipo de análisis se efectuó para la pregunta relacionada con
el talante democrático. Como la respuesta a esa pregunta es dicotómica
y el código numérico de cada respuesta no tiene un significado ordinal,
no es posible hacer una correlación. Por lo tanto, para poner a prueba la
hipótesis 1, se intentó llevar a cabo una prueba de comparación de medias
entre grupos.
Esta prueba busca verificar si hay una diferencia significativa en los
niveles de confianza y percepción de independencia del poder judicial,
entre el grupo de congresistas con talante más democrático y el grupo
de congresistas con talante menos democrático. Sin embargo, la variación
en las respuestas era muy limitada3 y no se cumplían los supuestos para
poder tener una prueba con resultados robustos. Por lo tanto, no se pudo
hacer una prueba formal para la hipótesis 1 y fue necesario limitarnos a
presentar la frecuencia de las respuestas a dicha pregunta en el tiempo.
3 Ante una pregunta dicotómica con opciones extremas, muy pocos congresistas marcaron
la opción que indica que “en contextos de crisis económica e inestabilidad política,
un Gobierno autoritario puede ser preferible que uno democrático”. Si bien esto
puede reflejar que los congresistas colombianos tienen un talante muy democrático,
también, por la forma como está construida la pregunta, es posible que haya un efecto
de respuesta socialmente deseable.
163
Resultados
Los resultados son presentados de la siguiente manera: primero se des-
cribe la evolución de las dos variables de interés, confianza y percepción
de independencia del poder judicial; luego se muestra la evolución de los
principales obstáculos identificados por los parlamentarios para la inde-
pendencia del poder judicial; y, finalmente, se presentan los resultados
de las correlaciones realizadas para evaluar las hipótesis planteadas.
Evolución de la confianza del parlamento en el poder
judicial
Para indagar por la confianza, las encuestas de la Universidad de Sala-
manca preguntan a los diputados de la Cámara de Representantes por
una serie de instituciones, entre las que nos concentramos aquí en las
respuestas sobre el poder judicial. Es necesario advertir que la escala se
modifica en las tres últimas encuestas, y la opción bastante cambia por
alguna. Los resultados de la evolución (tabla 5.2) permiten observar una
confianza media en los dos primeros períodos (1998-2002 - 2002-2006),
que aumenta considerablemente en el tercero y el cuarto (2006-2010 -
2010-2014), para bajar de nuevo a un punto medio, en los dos últimos
períodos (2014-2018 - 2018-2022).
Tabla 5.2 Confianza en el poder judicial 1998-2022
Año 1998-2002 2002-2006 2006-2010 Año 2010-2014 2014-2018 2018-2022
Es-
cala Freq %Freq %Freq %Es-
cala Freq %Freq %Freq %
Mu-
cha 17 19,32 13 13,68 26 24,53 Mu-
cha 31 34,07 5 6,17 45,41
Bas-
tante 21 23,86 31 32,63 55 51,89 Al-
guna 44 48,35 36 44,44 27 36,49
Poca 45 51,14 45 47,37 25 23,58 Poca 11 12,09 36 44,44 31 41,48
Nin-
guna 5 5,68 4 4,21 0 0Nin-
guna 2 2,20 4 4,94 11 14,86
NS/
NC 0 0 2 2,1 0 0NS/
NC 3 3,30 0 0 1 1,35
Total 88 100 95 100 106 100 Total 91 100 81 100 74 100
Fuente: Elaboración propia con base en datos del pela-usal.
164
Mientras el 43,18% de los encuestados en 1998 manifestó que tiene
mucha o bastante confianza en el poder judicial, el 51,14% tuvo poca y
el 5,68% ninguna. Con resultados cercanos, el 46,31% de los encuestados
en el 2003 manifestó que tiene mucha o bastante confianza en el poder
judicial, el 47,37% tuvo poca y el 4,21% ninguna. En la encuesta del 2006
el 76,42% de los entrevistados dijo que tiene mucha o bastante confianza
en el poder judicial, mientras que solo el 23,58% manifestó que tiene poca,
y no hay parlamentarios que hayan declarado que no tienen confianza en
esta institución.
La confianza reportada en el cuestionario realizado en el 2010 es
mucho mayor. Aunque hay un cambio en la escala de la pregunta, y la
opción bastante cambia por alguna, el porcentaje de quienes contestan
mucha o alguna es congruente con el período anterior, subiendo al 82,42%.
Esto se explica en parte porque la opción alguna puede atraer muchas
más respuestas que bastante, que es más exigente. En todo caso, solo el
14,29% de los encuestados dice que tiene poca o ninguna confianza en
el poder judicial.
Esta tendencia cambia en los cuestionarios realizados en el 2014 y
el 2018, donde se observa una disminución en los niveles de confianza,
llegando a niveles similares, e incluso inferiores, a los de las primeras
legislaturas. Así, en el 2014 el 50,61% de los encuestados manifiesta que
tiene mucha o alguna confianza en el poder judicial y el 49,38% se decanta
por las opciones poca o ninguna. En el 2018 el 41,9% de los legisladores
consultados manifiesta que tiene mucha o alguna confianza en el poder
judicial, y el 56,34%, poca o ninguna. El descenso en la opción mucha es
especialmente llamativo, al pasar de 34,07% en el período 2010-2014 a
6,17% en 2014-2018, y a 5,41% en el último. En cualquier caso, la con-
fianza de los parlamentarios en el poder judicial es mayor que la de los
ciudadanos en el sistema de justicia que, según los datos del Barómetro
de las Américas,4 en el 2006, el 2010, el 2014 y el 2018 alcanzó el 40,1%,
el 42,7%, el 31,8% y el 30,0%, respectivamente.
4 Disponibles en https://obsdemocracia.org/
165
Evolución de la percepción del parlamento sobre la indepen-
dencia del poder judicial
Las encuestas del pela-usal desde el período 2002-2006 indagan sobre la
percepción de los legisladores frente a la independencia del poder judi -
cial, en una escala de 1 a 5 en los dos primeros cuestionarios, que pasó a
ser de 1 a 10 en los tres últimos. Aquí, para comparar, se convirtió la escala
de los cuestionarios finales, para trabajar en todos los casos con la original.
Los resultados de la evolución (tabla 5.3) permiten observar un au-
mento constante de las percepciones sobre la independencia en los tres
primeros períodos (2002-2006, 2006-2010 y 2010-2014), que se retrae en
el cuarto (2014-2018), alcanzando el más bajo nivel del tiempo estudiado,
recuperándose levemente en la última legislatura (2018-2022).
Tabla 5.3 Percepciones sobre la independencia 2002-2022
Año 2002-2006 2006-2010 2010-2014 2014-2018 2018-2022
Escala Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %
Mínima
(1) 6 6,32 10 9,35 1 1,10 14 17,29 7 9,59
(2) 12 12,63 16 14,95 5 5,50 16 19,76 9 12,33
(3) 37 38,95 23 21,50 16 17,58 21 25,92 21 28,77
(4) 28 29,47 44 41,12 37 40,66 22 27,16 25 34,25
Máxima
(5) 12 12,63 14 13,08 30 30,97 8 9,88 10 13,7
NS/NC 0 0 0 0 2 2,20 0 0 1 1,59
Total 95 100 107 100 91 100 81 100 73 100
Fuente: Elaboración propia con base en datos del pela-usal.
En el 2003 el 42,1% de los encuestados ubica la independencia del
poder judicial en sus dos valores máximos, el 38,95% en el valor medio y
el 18,95% en sus valores mínimos. En el 2006 las percepciones sobre la
independencia aumentan y el 54,2% de los encuestados la ubica en sus
dos valores máximos, el 21,50% en el medio y el 24,3% en los dos míni-
mos. El aumento se mantiene en la encuesta de 2010, en la que el 71,63%
otorga los valores máximos a la independencia, el 17,58 % el valor medio
166
y solo el 6,60% el mínimo. Como en el caso de la confianza, la tenden-
cia cambia en el 2014 y solo el 37,04% de los encuestados ubica la
independencia del poder judicial en sus dos valores máximos, el 25,92% en
el valor medio y el 37,05% en sus valores mínimos. En el último período
la valoración sobre la independencia vuelve a aumentar, con el 47,95% de
los congresistas que manifiestan que tienen altos niveles de confianza,
el 28,77% que se ubican en el nivel medio y el 21,92% que se inclinan
hacia los valores mínimos.
Obstáculos para la independencia
Los cuatro principales obstáculos que los entrevistados identifican para
que el poder judicial actúe de forma independiente en el 2003 son la falta
de recursos materiales y humanos (24,2%), el sistema de nombramien -
to y destitución de los jueces (14,74%), su dependencia financiera
(13,68%) y la formación de los jueces (12,63%). En la encuesta del 2006
el sistema de nombramiento y destitución de los jueces pasa a ser la
opción más seleccionada (34,58%), seguida de las presiones del ejecu-
tivo (23,36%), la falta de recursos materiales y humanos (13,08%), y la
dependencia financiera (12,15%).
A partir del 2010 se incluyen dos nuevas opciones de respuesta: la
corrupción y la presión de los partidos políticos, que sin embargo no es-
tán entre los principales obstáculos seleccionados por los entrevistados
para ese período, pero sí en el siguiente. En el 2010 las cuatro opcio -
nes más seleccionadas son el sistema de nombramiento y destitución de
los jueces (28,57%), la falta de recursos materiales y humanos (13,19%),
la formación de los jueces (10,99%) y la dependencia financiera (7,69%).
Finalmente, en la encuesta del 2014 la corrupción es percibida como
el principal obstáculo para la independencia (35,90%), seguida de las
presiones del ejecutivo (19,23%), las presiones de los grupos económicos
(14,10%) y las presiones de los partidos políticos (7,69%), mientras que
en la del 2018 aparecen de nuevo la corrupción y las presiones de los
grupos económicos como principales obstáculos para la independencia
judicial, en el mismo porcentaje (12,12%), seguidas de las presiones del
ejecutivo (6,06%) y de los partidos políticos, en un porcentaje igual al
de la falta de recursos materiales y humanos (4,55%).
167
Tabla 5.4 Principales obstáculos para la independencia 2002-2022
Año 2002-2006 2006-2010 2010-2014 2014-2018 2018-2022
Obstáculos Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %
Sistema de
nombramiento
y destitución
14 14,74 37 34,58 26 28,57 4 5,13 2 3,03
Falta de recursos
materiales y
humanos
23 24,21 14 13,08 12 13,19 3 3,85 3 4,55
Dependencia
financiera 13 13,68 13 12,15 7 7,69 1 1,28 1 1,52
Formación de
los jueces 12 12,63 2 1,87 10 10,99 2 2,56 1 1,52
Presión del
ejecutivo 11 11,58 25 23,36 4 4,40 15 19,23 4 6,06
Presión de los gru-
pos económicos 6 6,32 4 3,74 3 3,30 11 14,10 8 12,12
La corrupción - - - - 4 4,40 28 35,90 8 12,12
Presión de los
partidos políticos - - - - 0 0 6 7,69 3 4,55
Fuente: Elaboración propia con base en datos del pela-usal.
La tabla 5.4 muestra cómo mientras en los primeros años las preocu-
paciones de los congresistas se centraban en el sistema de nombramien-
tos y la falta de recursos materiales y personales, en el 2014 y el 2018 los
principales obstáculos pasaron a ser la corrupción y las presiones de los gru -
pos económicos. Llama la atención, asimismo, que las presiones del
ejecutivo, que aparecen en el 2006, desaparecen en el período siguiente,
para ser consideradas de nuevo en el 2014 y el 2018 como obstáculos
relevantes para la independencia.
Factores asociados a las actitudes frente al poder judicial
Según nuestra primera hipótesis (H1), se espera que los legisladores que
admiten que en algunos contextos un Gobierno autoritario puede ser
preferible a uno democrático manifiesten que tienen menos confianza
en el poder judicial y en su independencia. No obstante, como se ve en
la tabla 5.5, el número de entrevistados que admiten lo que hemos lla-
mado talante poco democrático es muy bajo, lo que, por un lado, impide
168
hacer el análisis, y por el otro, puede ser visto como algo positivo en el
contexto colombiano. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad
de que esta pregunta, que no está incluida en el estudio del 2018, tenga
un sesgo de deseabilidad social, ya que este es un cuestionario que se
realiza en forma de entrevista.
Tabla 5.5 Relación entre confianza y talante democrático
de los legisladores 1998-2018
Año / observación 98-02 02-06 06-10 10-14 14-18
La democracia es preferible a cualquier otra
forma de gobierno 84 92 103 90 80
En contextos de crisis económica e inestabi-
lidad política, un Gobierno autoritario puede
ser preferible a uno democrático
4 3 3 1 1
Total 88 95 106 91 81
Fuente: Elaboración propia con base en datos del pela-usal.
Las siguientes hipótesis contrastan los resultados de confianza e
independencia con la ubicación ideológica, la educación y la edad de los
entrevistados, y con escándalos de corrupción judicial. Se espera enton -
ces que los legisladores que se ubican más a la izquierda asignen valores
más bajos en materia de confianza e independencia del poder judicial
(H2), que los legisladores con una formación más amplia demuestren más
confianza y más reconocimiento sobre la independencia del poder judicial
(H3), que los legisladores de mayor edad demuestren más confianza y
más reconocimiento de la independencia del poder judicial (H4), y que
los escándalos de corrupción influyan negativamente en la confianza y las
percepciones sobre la independencia (H5).
Las tablas 5.6 y 5.7 muestran los resultados de las correlaciones
entre los factores asociados a los legisladores y las variables de interés.
Lo primero que se puede observar es que las variables que tienen una
correlación significativa con la confianza y la independencia varían entre
legislaturas. Además, ninguno de ellos muestra relevancia en el período
1998-2002.
169
Tabla 5.6 Relación entre la confianza y otros factores 1998-2022
Período 98-02 02-06 06-10 10-14 14-18 18-22
Nivel de estudio 0,036 -0,076 -0,03 -0,15 -0,057 0,2788**
Edad 0,093 0,165* 0,56 0,097 -0,01 0,0365
Ideología del diputado -0,103 -0,38 0,2284*** 0,018 0,228** 0,2340*
Ideología del partido 0,205 -0,04 0,226** -0,035 0,051 0,0260
*P< 0,1 **P< 0,05 ***P< 0,01
Fuente: Elaboración propia con base en datos del pela-usal.
Tabla 5.7 Relación entre la independencia
y otros factores 2002-2022
Período 02-06 06-10 10-14 14-18 18-22
Nivel de estudio 0,179* 0,1307 0,0006 0,179 0,0489
Edad -0,194** 0,02 -0,089 0,191* 0,1039
Ideología del diputado -0,131 0,3112*** 0,267** -0,0257 0,0517
Ideología del partido -0,128 0,142 0,11 -0,08 -0,0273
*P< 0,1 **P< 0,05 ***P< 0,01
Fuente: Elaboración propia con base en datos del pela-usal.
Mientras la ideología (H2), tanto del legislador como de su partido,
aparece como relevante en el análisis de confianza en el período 2006-2010
(correlaciones significativas de 0,2284 y 0,226, respectivamente), en los
períodos 2014-2018 y 2018-2022 solo la del diputado incide en la confian-
za (correlaciones significativas de 0,228 y 0,2340, respectivamente), sin
que haya relación ni en el primer período ni el cuarto (1998-2002 y 2010-
2014). En materia de percepciones sobre la independencia, la ideolo gía
del diputado incide en los períodos 2006-2010 (correlación significativa
de 0,3112) y 2010-2014 (correlación significativa de 0,267). En todos estos
casos la relación es según la hipótesis planteada: los legisladores que se
autoubican o que ubican a su partido más a la derecha muestran mayores
niveles de confianza y mejores percepciones sobre la independencia.
En cuanto a la educación o el nivel de estudio (H3), solo incide en los
niveles de confianza del período 2018-2022 y en las percepciones sobre
la independencia del cuestionario de 2002-2006; en ambos casos en el
sentido de la hipótesis planteada: a más educación, mayor reconocimiento
170
de la independencia del poder judicial (correlación significativa de 0,2788
y 0,179, respectivamente).
Finalmente, la edad (H4) incide en los niveles de confianza e in-
dependencia en el período 2002-2006, y en las percepciones sobre la
independencia en el período 2014-2018. No obstante, los resultados del
período 2002-2006 sobre la confianza y la independencia son contradic-
torios. Mientras la hipótesis plantea que el aumento en la edad tendrá un
efecto positivo en la confianza y las percepciones sobre la independencia,
lo que sucede es que se cumple para la primera y ocurre lo contrario para
la segunda. Es decir, a más edad, hay más confianza (correlación signifi-
cativa de 0,165*), pero menor percepción de independencia (correlación
significativa de -0,194**). No obstante, en el período 2014-2018 la edad
reaparece con una relación positiva respecto de la independencia: a ma-
yor edad, más reconocimiento de la independencia del poder judicial
(correlación significativa de 0,191*).
El sistema judicial bajo la lupa
Nuestra última hipótesis (H5) plantea que se espera que los escándalos
de corrupción relacionados con el poder judicial afecten negativamente
la confianza de los parlamentarios en él y las percepciones sobre su inde-
pendencia. El aumento de la desconfianza en el poder judicial se enmarca
en un contexto de desconfianza generalizada en las instituciones. La tabla
5.8 incluye los datos del Barómetro de las Américas sobre desconfian -
za en la Corte Constitucional y el sistema de justicia desde el 2005 hasta el
2018, y refleja que a partir del 2013 la desconfianza de los ciudadanos en la
Corte Constitucional y el sistema de justicia aumentó considerablemente.
Tabla 5.8 Porcentaje de ciudadanos que no confían en
la Corte Constitucional (CC) ni en el sistema de justicia (SJ)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018
CC 27,6 29,8 30,4 26,9 24 24,9 26,8 39 50,8 50,3 27,4 45,0
SJ 29,7 35,1 33,1 27,6 30,5 33,3 34 37,2 51,6 48,1 54,6 50,0
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de las Américas.
La tendencia en el aumento reciente de la desconfianza no es exclu-
siva del poder judicial, ni de Colombia; sin embargo, la caída generalizada
171
de la confianza en las instituciones es notable, particularmente en las tres
ramas del poder público colombiano entre el 2012 y el 2013, panorama
que persiste en las encuestas del Barómetro de las Américas del 2014, el
2016 y el 2018. En el caso de los ciudadanos, esta caída en la confianza
es asociada con factores como la valoración negativa del desempeño del
Estado, las percepciones sobre la corrupción y la situación económica
del país, así como el poco interés en la política (García et al., 2016). Pero
¿cuál es el contexto específico que puede explicar las variaciones de las
percepciones de los miembros de la Cámara de Representantes sobre el
poder judicial, desde 1998 hasta el 2018?
La administración de Ernesto Samper, quien se posesionó en agos to
de 1994, resultó impactada por el llamado Proceso 8.000, en el que se
probó la financiación de su campaña electoral por parte del Cartel
de Cali, lo que generó una crisis en las relaciones con Estados Unidos y
una crisis interna entre distintos poderes del Estado.5 Como consecuencia
del escándalo, la Corte Suprema investigó y condenó a más de una docena
de congresistas del Partido Liberal, al exprocurador David Turbay y al
exministro Fernando Botero (Semana, 1997).
El Gobierno de Andrés Pastrana, quien asumió el cargo en agosto de
1998, estuvo marcado por el apoyo de Estados Unidos a la lucha contra el
narcotráfico mediante el Plan Colombia y por su fallido proceso de paz con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que inició mal
y terminó mal en enero del 2002 (Semana, 2019). Entre las propuestas
con las que fue elegido, y que sin embargo no se concretaron, se incluían
la elección popular del contralor y el procurador, y la del fiscal por parte
de la Corte Suprema, de terna enviada por la Corte Constitucional (El
Tiempo, 1998).
Uribe llegó por primera vez a la presidencia en agosto del 2002 y fue
reelegido en el 2006, luego de que en el 2005 la Corte Constitucional
avalara la reforma que le permitió aspirar a un segundo período.6 Desde
el inicio de su primer mandato había propuesto reformas tendientes a
5 El procurador de la época fue acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito y a su
vez el procurador investigó disciplinariamente al fiscal y a su círculo cercano (Uprimny,
2001).
6 Declarada constitucional en la sentencia C-1040/2005.
172
restringir las competencias de la Corte, y su ministro de justicia mostró
una directa enemistad con ella (El Tiempo, 2002).
En febrero del 2009 la revista Semana dio a conocer el escándalo de
las “chuzadas”, esto es, de interceptaciones telefónicas ilegales realiza-
das por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a pe riodistas,
políticos de oposición, líderes sociales y magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, entre otros. Las investigaciones alcanzaron a altos funciona -
rios del Gobierno, como el secretario general de la presidencia y la en-
tonces directora del das.
El escándalo de las chuzadas surgió poco después de que se hicieran
públicos los nexos entre políticos y grupos paramilitares a lo largo y ancho
del país, muchos de ellos de la coalición del presidente Uribe, quien se
mostraba contrariado por las actuaciones de la Corte Suprema y que cali-
ficaba de persecución política (Semana, 2010). La crisis de la parapolítica
afectó la legitimidad del Congreso y los partidos políticos, luego de que la
justicia emitiera más de setenta condenas relacionadas con estos hechos.
Por otro lado, la reforma constitucional sobre la reelección aprobada
en el 2005 afectó el balance de poderes diseñado por la Constitución.
La idea original era que el presidente participara en la nominación, la
designación y el nombramiento de funcionarios que ocuparían sus cargos
cuando el jefe de Estado ya no estuviese en el poder, como el fiscal, el
procurador, el defensor del pueblo y magistrados de las altas cortes, pero
ante el cambio constitucional el equilibrio se vio afectado y derivó en una
mayor concentración del poder presidencial (Botero et al., 2010).
El Consejo Superior de la Judicatura es un ejemplo de lo anterior.
Creado en 1991 como órgano encargado de gestionar la rama judicial y
ejercer el control disciplinario de jueces y abogados, con una Sala Adminis-
trativa y una Sala Disciplinaria, ha sido el centro de múltiples escándalos.
Para el 2008 todos los magistrados de su Sala Disciplinaria, elegidos por el
Congreso de ternas enviadas por el presidente, habían sido nominados por
Uribe (Botero et al., 2010). Además, debido al control difuso previsto en
materia de tutelas en Colombia, esta sala era competente para conocer y
fallar tutelas, y no en pocas ocasiones fue cuestionada su independencia.7
7 Finalmente, el Acto Legislativo N.o 2 de 2015, sobre el equilibrio de poderes, además de
eliminar la reelección presidencial, reemplazó a la Sala Disciplinaria por una Comisión
173
En octubre del 2009 la Sala Disciplinaria fue señalada por el entonces
presidente de la Corte Suprema de asumir funciones que no le corres-
ponden, luego de que mediante tutela revocara una condena penal contra
una exrepresentante. Ya antes un excongresista condenado por parapolíti -
ca había obtenido la libertad por pena cumplida, también por un fallo de
tutela de la Sala Disciplinaria (Dejusticia, 2009).
En noviembre del 2013 el entonces magistrado de la Sala Disciplinaria
Henry Villarraga renunció a su cargo al verse involucrado en un caso de
corrupción, relacionado con la exigencia de dinero para que un proceso
judicial por desapariciones extrajudiciales contra un coronel en retiro del
ejército fuera conocido por la justicia penal militar, en lugar de la ordinaria.
No era su primer escándalo, a inicios del 2012 se había visto involucrado
en “el carrusel de pensiones de la Judicatura”, donde se hizo público el
nombramiento como magistrados auxiliares de funcionarios judiciales
próximos a jubilarse, lo que les permitía incrementar notablemente el
valor de sus mesadas pensionales (El Tiempo, 2012).
En cuanto a la Sala Administrativa, como encargada de elaborar las
listas de los candidatos a jueces y magistrados, y enviarlas a la corporación
que debe hacer el nombramiento, tiene una importante influencia en la
definición de quienes ingresan y ascienden en la carrera judicial, y por
lo tanto de quienes llegan a la Corte Suprema y al Consejo de Estado,
instancias que a su vez eligen a los magistrados de esta sala (Uprimny y
Villadiego, 2015).
En un uso perverso de esta facultad, donde los magistrados de la Sala
Administrativa elaboran las listas para el nombramiento de los magistrados
de las altas cortes, que a su vez los eligen a ellos, se terminó generando
una puerta giratoria. Fueron ampliamente difundidos los casos de Fran-
cisco Ricaurte y Pedro Munar, que pasaron de ser magistrados de la Corte
Suprema a ser magistrados de la Sala Administrativa (Espinoza, 2013).
En el 2013, Ricaurte era catalogado como uno de los superpoderosos
de la justicia, y a pesar de ser ya magistrado del Consejo Superior de la
Judicatura, se le consideraba el verdadero poder en la Corte Suprema. En
la lista de superpoderosos también aparecía Alejandro Ordóñez, procurador
Nacional Disciplinaria (artículo 257, Constitución Política) y modificó los requisitos
para ser elegido como magistrado de una alta corte, haciéndolos más estrictos.
174
general, que no solo había sido magistrado del Consejo de Estado, sino
que gracias a nombramientos que hizo en el ente de control de personas
cercanas a los magistrados de las altas cortes mantenía un gran poder en
ellas (Lewin, 2013).8
Mientras todos estos escándalos se sucedían, en el 2010 Juan Manuel
Santos llegó a la presidencia,9 donde permaneció hasta el 2018. Su Go-
bierno lideró una reforma a la justicia que, luego de pasar por el trámite
legislativo completo correspondiente a una reforma constitucional, fue
objetada por el Gobierno el 21 de junio del 2012, por incluir cambios
que favorecían la impunidad de los aforados (Battle y Duncan, 2013).10
La separación de Uribe de la coalición de gobierno en julio del 2012
y las conversaciones de paz con las faRc generaron un clima de polariza-
ción que reinó en las elecciones del 2014. Mientras tanto, los escándalos
en el poder judicial seguían sucediendo. En septiembre del 2013 el fiscal
general, Eduardo Montealegre, quien había sido magistrado y presidente
de la Corte Constitucional, fue cuestionado por el otorgamiento directo
de contratos millonarios de los que se favorecieron, entre otros, magis-
trados del Consejo de Estado que incidieron en la decisión que le per-
mitió permanecer como fiscal hasta el 2016 y no hasta el 2014 (Lewin y
8 Otro nombre en la lista de superpoderosos fue el de José Leonidas Bustos, en ese
momento presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Ordóñez sería
destituido por el Consejo de Estado en el 2016, al probarse que su reelección en la
Procuraduría fue irregular por haberse valido del voto de magistrados cuyos familiares
fueron vinculados por él al ente de control. Por su parte, Ricaurte, Bustos y el también
exmagistrado Gustavo Malo terminaron investigados en el escándalo de corrupción co -
nocido como Cartel de la Toga, en el que se les señala de amañar procesos a cambio
de millonarias sumas de dinero, un escándalo que explotó con la captura, en el 2017,
del exjefe anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno.
9 Luego de que en la Sentencia C-141-10 la Corte Constitucional declarara inconsti-
tucional la ley que convocaba al referendo que buscaba una reforma a la Constitución
que permitiera la segunda reelección de Uribe, de quien Santos había sido ministro
de defensa.
10 Al final de esta frustrada reforma todos quedaron mal, el Gobierno en pleno y los
congresistas, lo que no solo llevó a la renuncia del ministro de justicia, sino que afectó
las relaciones entre el presidente y el legislativo. Pero su aprobación habría implicado
el descalabro de las investigaciones a altos funcionarios por casos como las chuzadas
del
das, Agro Ingreso Seguro y las investigaciones de la Corte Suprema a congresistas por
temas como la parapolítica.
175
León, 2015).11 Como se verá en las conclusiones, todo este devenir se
relaciona con las variaciones en los niveles de confianza y en las percep-
ciones que tienen los legisladores de la independencia del poder judicial.
Conclusiones
Aunque la Constitución de 1991 fue el resultado de un acuerdo funda-
mental entre diversas fuerzas políticas de las más opuestas tendencias que
buscaba un cambio político y social, la materialización de esas intenciones
no ha tenido un camino fácil. Colombia sigue siendo un país golpeado por
profundas desigualdades y dinámicas violentas, donde la idea de Estado
de derecho está todavía en construcción y la corrupción es un tema siempre
vigente en todos los niveles.
En este contexto, la exploración de las percepciones de los repre-
sentantes a la Cámara sobre el poder judicial desde 1998 contribuye a la
exploración de las interacciones entre ramas que idealmente deberían
controlarse unas a otras. Y lo primero que hay que decir al respecto es que
resulta positivo que los niveles de confianza que expresan los legisladores
colombianos sean superiores a los que manifiesta la ciudadanía en general.
Lo que los datos muestran es que los legisladores entrevistados en
1998 y el 2003 tienen niveles medios de confianza en el poder judicial.
El 43,18% manifiesta que tiene mucha o bastante confianza en 1998, y
el 46,31%, en el 2003. La cifra sube al 76,42% en el 2006. En el 2010 los
legisladores siguen mostrando un altísimo nivel de confianza, que alcan-
za el 82,42%, resultado que debe matizarse debido al cambio de escala
en la pregunta, ya que la opción bastante fue reemplazada por alguna.
Finalmente, en el 2014 y el 2018 la confianza se retrajo a niveles medios,
11 A inicios del 2015 se conoció que el magistrado y entonces presidente de la Corte
Constitucional Jorge Pretelt incidió en la selección de una acción de tutela, para su
revisión por la Corte, a cambio de una millonaria suma. El magistrado resultó condenado
por la Corte Suprema en diciembre del 2019 por estos hechos (Semana, 2015). Luego,
en el 2017, se destapó una trama de corrupción en la justicia penal del departamento
del Meta, que llegó hasta tres magistrados de Tribunal, señalados de recibir dinero a
cambio de sus decisiones (El Espectador, 2018).
176
con un 50,61% y un 41,9%, respectivamente, mientras esos mismos años
la confianza de los ciudadanos frente al sistema de justicia era de apenas
el 31,8% y el 30%.
Las percepciones sobre la independencia del poder judicial, por las
que se pregunta a partir de la encuesta del 2003, son positivas ese año y
los dos siguientes. En el 2003 el 42,1% de los encuestados ubica la inde-
pendencia del poder judicial en sus dos valores máximos; en el 2006 el
54,2%, en el 2011 el 71,63%, para bajar en el 2014 al 37,04% y subir en
el 2018 al 47,95%.
La exploración de posibles explicaciones a los anteriores resultados
en factores asociados a los parlamentarios, como su edad, el nivel de
educación y la ideología, no es concluyente. Sin embargo, se encontró
que el factor que mostró más consistencia fue la ideología personal del
parlamentario. Quienes en el autorreporte ubican su partido y se ubican
a ellos mismos más a la derecha muestran mayores niveles de confianza
y mejores percepciones frente a la independencia.
Este resultado sugiere la idea de que la derecha, al estar más cerca al
establecimiento y tener la posibilidad de influir en la conformación del
poder judicial, tiende a tener más confianza en él. A la vez, la izquierda,
al estar más alejada de la configuración burocrática de la rama judicial,
puede percibir que esta es menos independiente. La hipótesis sobre
la educación, por su parte, solo se confirma en un período para la in -
de pendencia y en otro para la confianza. Esto indica que este factor se
relaciona de manera muy moderada con la percepción de la independencia
y la confianza en el poder judicial.
Es más enigmático el comportamiento de la variable edad: de acuerdo
con la hipótesis planteada, se espera que a mayor edad, mayores niveles
de confianza y percepciones más positivas sobre la independencia. Esta
hipótesis se cumple para la confianza en la encuesta del 2003, pero la
relación es negativa para la independencia. Sin embargo, en el 2014 hay
una relación positiva entre la edad y la independencia. Una posible inter-
pretación de estos resultados es que los parlamentarios mayores pueden
tender a confiar en la rama judicial a pesar de no creer en su independencia.
Esto, sin duda, merece más exploración.
Más allá de las características de los parlamentarios, ¿pueden los
escándalos de corrupción judicial explicar las variaciones en materia de
177
confianza e independencia? La primera encuesta se hizo en agosto de
1998 y coincidió con el inicio del gobierno de Pastrana, cuando todavía
se investigaba y juzgaba a excongresistas por el Proceso 8.000. Pese a ello,
como ya se dijo, los niveles de confianza en el poder judicial son medios.
La segunda ola de entrevistas se hizo entre mayo y junio del 2003,
casi un año después de que Uribe llegara a la presidencia. Una época
para la cual el presidente se mostraba crítico con la Corte Constitucional,
pero no así con la Suprema. Los resultados de este año son similares a los
de las encuestas anteriores, con un leve aumento en la confianza. Aquí
se introducen las preguntas sobre la independencia y el 42% de los en-
cuestados la ubica en sus valores máximos, mientras el principal obstáculo
para la independencia se identifica con la falta de recursos materiales y
humanos.
La encuesta del 2006 se hizo entre agosto y septiembre, con Uribe
recién posesionado en su segundo mandato. En este momento los niveles
de confianza son verdaderamente altos: llegan al 76%. También las percep-
ciones sobre la independencia aumentan a más del 50% y los principales
obstáculos que los parlamentarios encuentran para la independencia
judicial son el sistema de nombramiento y remoción, y las presiones del
ejecutivo.
La siguiente encuesta se hizo entre diciembre del 2010 y abril del
2011, al inicio del Gobierno Santos. Habían estallado ya los escándalos
de la parapolítica y las chuzadas; no obstante, en este momento hay un
repunte de confianza que alcanza el 82%, que se puede interpretar como
un apoyo de los parlamentarios a la institución. También aumenta la per-
cepción de independencia, mientras se señala como su principal obstáculo
el sistema de nombramiento y remoción.
Cuando se hizo la encuesta del 2010, ya había señalamientos contra
la Sala Disciplinaria del Consejo Superior por invadir competencias de la
Corte Suprema, pero fue en el 2012 cuando empezaron a sucederse uno
a uno el escándalo del carrusel de pensiones de la Judicatura, la renuncia
de un magistrado de la Sala Disciplinaria por pedir dinero para que un
caso de falsos positivos tuviese fuero militar, los escándalos de la puerta
giratoria entre la Corte Suprema y el Consejo Superior, y los cuestiona-
mientos a la reelección del procurador gracias al voto de magistrados con
familiares beneficiados de su poder burocrático.
178
Después de estos escándalos la confianza volvió a estar en puntos
medios en las encuestas del 2014 y el 2018, mientras se señalan entre los
principales obstáculos para la independencia judicial la corrupción y
las presiones del ejecutivo y los grupos económicos, lo que corrobora la
hipótesis según la cual todos estos escándalos terminaron afectando
las percepciones de los legisladores sobre el poder judicial.
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