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La urbanización
de las aguas en Colombia
La urbanización de las aguas en Colombia
Alejandro Camargo, Denisse Roca-Servat
y Kathryn Furlong (editores académicos)
Alejandro Camargo, Denisse Roca-Servat y Kathryn Furlong (editores académicos)
Autores
21
La urbanización
de las aguas en Colombia
La urbanización de las aguas en Colombia
Alejandro Camargo, Denisse Roca-Servat
y Kathryn Furlong (editores académicos)
Alejandro Camargo, Denisse Roca-Servat y Kathryn Furlong (editores académicos)
Autores
21
Alejandro Camargo
Camila Patiño Sánchez
Denisse Roca-Servat
Esmeralda Hincapié
Jeimy Alejandra Arias Castaño
Juan David Arias-Henao
Kathryn Furlong
María Botero-Mesa
Renata Moreno Quintero
Tatiana Acevedo-Guerrero
Vladimir Sánchez-Calderón
Yésica Pérez Correa
Alejandro Camargo, Denisse Roca-Servat
y Kathryn Furlong (editores académicos)
La urbanización de las aguas
en Colombia
21
© Alejandro Camargo
© Camila Patiño Sánchez
© Denisse Roca-Servat
© Esmeralda Hincapié
© Jeimy Alejandra Arias Castaño
© Juan David Arias-Henao
© Kathryn Furlong
© María Botero-Mesa
© Renata Moreno Quintero
© Tatiana Acevedo-Guerrero
© Vladimir Sánchez-Calderón
© Yésica Pérez Correa
© Editorial Universidad Ponticia Bolivariana
Vigilada Mineducación
La urbanización de las aguas en Colombia
ISBN: 978-628-500-066-9 (versión web)
DOI: http://doi.org/10.18566/978-628-500-066-9
Primera edición, 2022
Escuela de Ciencias Sociales.
Facultad de Trabajo Social
Doctorado en Ciencias Sociales
CIDI. Grupo: Territorio. Proyecto: Historizando Urbanismos en el Sur Global: El derecho
al agua en Colombia y su legado contemporáneo a partir de los casos de Cali, Medellín, y
Bogotá. PARTE 2. Radicado: 101C-05/18-12.
Gran Canciller UPB y Arzobispo de Medellín: Mons. Ricardo Tobón Restrepo
Rector General: Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda
Vicerrector Académico: Álvaro Gómez Fernández
Decano de la Escuela de Ciencias Sociales: Omar Muñoz Sánchez
Director de Trabajo Social: Silvia María Castañeda Rivillas
Editor: Juan Carlos Rodas Montoya
Coordinación de producción: Ana Milena Gómez Correa
Diagramación: Ana Mercedes Ruiz Mejía
Corrección de estilo: Fernando Aquiles Arango
Fotografía portada: "Agua y Ciudad" 2017 María Botero Mesa
Dirección Editorial:
Editorial Universidad Ponticia Bolivariana, 2022
Correo electrónico: editorial@upb.edu.co
www.upb.edu.co
Telefax: (57)(4) 354 4565
A.A. 56006 - Medellín - Colombia
Radicado:
2183-20-04-22
Prohibida la reproducción total o parcial, en cualquier medio o para cualquier propósito, sin
la autorización escrita de la Editorial Universidad Ponticia Bolivariana.
333.911
U72
La urbanización de las aguas en Colombia / Alejandro Camargo [y otros 11]
– Medellín: UPB, 2022 – 268 páginas; 14 x 23 cm. (Ciencias Sociales No. 21
y Fractales)
ISBN: 978-628-500-066-9 (versión digital)
1. Utilización de agua – Colombia – 2. Conservación del agua – Colombia –
3. Agua – Aspectos culturales – Colombia
CO-MdUPB / spa / rda
SCDD 21 / Cutter-Sanborn
5
Contenido
Presentación............................................................................7
Prólogo ...................................................................................9
Agradecimientos ...................................................................14
Introducción .........................................................................16
Historias ...............................................................................32
Cuestionando tendencias universales desde la historia
de la regulación de los servicios de acueducto
y alcantarillado en Colombia .....................................................33
Jeimy Alejandra Arias Castaño, Tatiana Acevedo-Guerrero,
Kathryn Furlong
El gran apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas
y crisis en el sector eléctrico colombiano ....................................57
Camila Patiño Sánchez
Deuda por goteo: infraestructura, desarrollo
y nanciarización, Medellín 1960-2013 ....................................87
Kathryn Furlong
6
La urbanización de las aguas en Colombia
Paisajes ...............................................................................110
Entre el control, la tragedia y la negación. La desigual
urbanización de tres ríos bogotanos en el siglo XX ...................111
Vladimir Sánchez-Calderón
Del campo a la ciudad: desarrollo y gobernanza
del agua en el bajo río Magdalena ............................................136
Tatiana Acevedo-Guerrero, Alejandro Camargo
Agua y poder en el crecimiento urbano de Cali .......................151
Renata Moreno-Quintero
Prácticas ..............................................................................178
Análisis crítico del discurso de la gestión urbana
del agua en Colombia: ¿mercancía, bien público
o relación comunitaria? ...........................................................179
Denisse Roca-Servat, Juan David Arias-Henao,
Yésica Pérez Correa
El derecho humano al agua como prácticas cotidianas:
el caso del barrio El Faro en la ciudad
de Medellín, Colombia ............................................................207
María Botero-Mesa, Denisse Roca-Servat
“Fluir como el agua y hacerse invisibles”: la gestión de
los desastres y del agua en los bordes urbanos de Medellín .......234
Esmeralda Hincapié, Denisse Roca-Servat
Sobre las y los autores ..............................................................263
7
La Colección Fractales del Doctorado en Ciencias
Sociales de la Universidad Ponticia Bolivariana se
ha congurado desde 2019 como una apuesta de di-
vulgación académica, no solo de las tesis doctorales
que se realizan en el programa, sino también del tra-
bajo investigativo que llevan a cabo profesores vincu-
lados al Doctorado, en colaboración con sus redes de
trabajo nacionales e internacionales.
En consonancia con lo anterior, La urbanización de
las aguas en Colombia es una publicación resultado
de un ejercicio colaborativo entre el Doctorado en
Ciencias Sociales, el Grupo de investigación Territo-
rio y la Maestría en Desarrollo de la UPB, en alianza
Presentación
8
La urbanización de las aguas en Colombia
con la Cátedra de Agua y Urbanización del Departamento de Geo-
grafía de la Universidad de Montreal de Canadá, a través de un
proyecto de investigación en conjunto.
De esta forma, el libro que estamos introduciendo representa de
manera clara la intencionalidad de la Colección Fractales de visibi-
lizar la producción investigativa realizada dentro del Doctorado en
Ciencias Sociales, sustentada en una perspectiva interdisciplinaria
y compleja, soportada en el diálogo entre disciplinas sociales y de
otros ámbitos, y en el reconocimiento de los contenidos situados y
los saberes alternativos, con el n de enriquecer la comprensión y
la posible transformación de fenómenos sociales, fruto de una in-
terpretación crítica de las subjetividades, la cultura y la sociedad
colombiana y latinoamericana.
En este sentido, este libro editado académicamente por Alejandro
Camargo, Denisse Roca-Servat y Kathryn Furlong, evidencia la
consolidación del trabajo realizado con investigadoras e investiga-
dores que hacen parte de distintas universidades y centros de inves-
tigación nacional e internacionalmente, poniendo en el centro del
debate al agua y a los procesos urbanísticos que se han desarrollado
a partir de esta, con el n de estudiar dichas categorías desde las
historias, los paisajes y las prácticas.
El acelerado proceso de urbanización, las tensiones entre distintas
aproximaciones sobre la concepción de la naturaleza, las nuevas expre-
siones de los conictos sociales en los territorios, así como la intensi-
cación de movimientos sociales que reclaman derechos en contextos
que imponen lógicas de poder restrictivas y una cultura extractivista,
acentúan la importancia de que las ciencias sociales analicen las temá-
ticas que están presentes en este libro. Por esta razón, se espera que el
mismo sea un aporte para dar sentido a una gran cantidad de procesos
y fenómenos que encubren una serie de intencionalidades, pero que
también ponen de relieve una amalgama de interacciones y de reivin-
dicaciones en torno a la urbanización del agua.
Juan Felipe Mejía Giraldo
Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales
Universidad Ponticia Bolivariana, Medellín, Colombia
9
Colombia es un territorio que se propone como an-
bio (Jaramillo Villa et al., 2015), donde la abun-
dancia y diversidad de las aguas determinen las for-
mas de habitar y moldeen la cultura y el carácter de
los pueblos. Sin embargo, las ciudades nos muestran
que la identidad anbia es una cción y en el mejor
de los casos una aspiración lejana. En este inquie-
tante recorrido por las aguas de cuatro ciudades co-
lombianas, las autoras y los autores nos muestran
cómo el proceso de urbanización en Colombia ha
llevado la relación agua-ciudad en direcciones di-
vergentes y en la mayoría de los casos contradicto-
rias. Son al menos tres ámbitos en los que el libro
analiza las relaciones agua-ciudad. Por un lado, las
relaciones con los cuerpos físicos y el movimiento
de las aguas, es decir, la materialidad de la relación
que siempre va acompañada de imaginarios con po-
deres diferenciados para su realización. Un segundo
ámbito referido a las ontologías del agua, o las for-
mas en las que se concreta el signicado del agua
para la vida individual y colectiva en las ciudades
inuenciadas por tradiciones culturales indígenas,
afro y europeas. Y un tercer ámbito relacionado con
el uso instrumental que se le da a los discursos sobre
el agua para propósitos alejados de la relación con
el agua misma.
Prólogo
10
La urbanización de las aguas en Colombia
Las cuatro ciudades de las que se ocupa el libro: Barranquilla, Bo-
gotá, Cali y Medellín, se establecieron y desarrollaron en territo-
rios de enorme riqueza hídrica, pero el avance de la urbanización
ha desplazado los cuerpos de agua, los ha sepultado, represado o
contaminado en un devenir histórico en el que las ciudades hablan
de sus ríos de forma mítica, pero les dan la espalda a sus cauces y
movimientos. Así, Cali, que se autodenomina la ciudad de los siete
ríos, en realidad se ha ido quedando sin agua para beber o recrearse
a medida que la infraestructura urbana desplaza humedales y ma-
dreviejas del Cauca y que los seis ríos, que bajan de los majestuosos
Farrallones, se convierten en receptores de desechos urbanos. Bogo-
tá, la ciudad de ríos legendarios de las altas montañas paramunas y
de gran diversidad morfológica y biológica, los fue convirtiendo en
tragedias ambientales y sociales a medida que avanzó el saneamien-
to, la minería y la agricultura, procesos asociados con la expansión
urbana. Barranquilla, la puerta de entrada y salida del río Magdale-
na como la columna vertebral de la zona Andina del país, y la gran
cuenca en la que se ubican las otras tres ciudades de este libro, recibe
tanta contaminación que sus aguas llegaron a no poder ser tratadas
por medios convencionales para su uso doméstico. Medellín, con
una huella hídrica que se expande a todo el valle del río Aburrá-
Medellín con sus 254 auentes, ha represado 25 ríos con el n de
generar energía para la empresa EPM convirtiendo a Antioquia en
el departamento generador del 70 % de la energía hidroeléctrica en
el país, silenciando y negando las vidas de comunidades de pesca-
doras y campesinas. Frente a las relaciones con los cuerpos físicos
de agua que han permitido su crecimiento, las urbes colombianas
hacen alarde de su riqueza hídrica, pero han perdido la noción de la
hidro-dependencia y más aún, la ética de hacerse cargo y la capaci-
dad de agradecer.
En el ámbito ontológico, el libro da cuenta de un espectro de sig-
nicados del agua que van desde comprenderla como un produc-
to o servicio para vender y nanciar el aparato nanciero interna-
cional, hasta el agua como el elemento articulador de territorios
para la vida. A pesar de que la mayoría de los casos analizan lo que
está profundamente mal en las relaciones urbanas con el agua, con
un origen en visiones dominantes del agua como commodity, los
ejemplos de resistencias desde ciudades como Medellín con la Mesa
11
Prólogo
Interbarrial de Desconectados, e iniciativas nacionales como el re-
ferendo por el agua y la Red Nacional de Acueductos Comunitarios
dan luces sobre ontologías alternas. La comprensión del derecho
humano también depende de visiones ontológicas, pues no es lo
mismo interpretarlo como el mínimo vital al que se tiene acceso
como un servicio público que el Estado garantiza bajo el modelo del
Estado de bienestar como en el caso de Bogotá, o al que se accede
contradictoriamente bajo condiciones probadas de vulnerabilidad y
estando al día en los pagos a la empresa que presta el servicio, como
en el caso de Medellín. Desde el lado más solidario del espectro,
el derecho humano al agua se relaciona con una comprensión del
agua como una construcción colectiva para la satisfacción de una
necesidad básica a través de una economía popular, y una gestión
ecológica y cultural del agua. Con el paisaje ontológico de fondo,
los casos interpelan la mercantilización neoliberal del agua y ponen
de relieve la agencia material y política de los grupos que en su ex-
periencia urbana acceden al agua por sus propios medios.
También aparece con mucha claridad el ámbito del uso instrumen-
tal del agua para nes diferentes a su acceso y gestión sustentable,
un tema espinoso para los nanciadores internacionales de la in-
fraestructura en el sur global y los dueños de la tierra en las ciudades
colombianas. Los casos en los que ha intervenido la banca inter-
nacional para el nanciamiento de grandes proyectos de infraes-
tructura no siempre parecen haber priorizado el acceso al agua y
al saneamiento por encima de los rendimientos nancieros por los
créditos. La deuda para la construcción de infraestructura del agua
parece repetir los mismos errores de la crisis de la deuda de América
Latina, pero en una escala atomizada pues en este caso son las ciu-
dades o empresas estatales las que reciben directamente los créditos.
Al igual que en los años 80 con los préstamos para la transformación
productiva de los países de América Latina, los créditos para la cons-
trucción de infraestructura que se otorgaron de forma paralela han
tenido un impacto directo en los bolsillos de la gente, a medida que
se ajustan las tarifas para cumplir con metas nancieras de la em-
presa local o de las instituciones nancieras internacionales, como
lo demuestra el caso de EPM en Medellín. El agua también ha sido
el medio para impulsar agendas de desarrollo del Banco Mundial,
aunque no necesariamente con éxito, cuando se enfrentan a pode-
12
La urbanización de las aguas en Colombia
rosos entramados políticos locales, como en el caso de Barranquilla.
En el contexto local, la identicación de nuevas fuentes de agua
para la expansión urbana de Cali se muestra como el resultado de la
conuencia de intereses económicos de los dueños de la tierra y las
empresas constructoras alrededor de la expansión urbana, que han
ido creando enclaves de privilegio y exclusión alrededor del agua.
De los tres ámbitos que cubre el libro se podría decir que las cuatro
ciudades estudiadas han establecido relaciones desagradecidas con
los cuerpos de agua que las han surtido, relaciones conictivas entre
diversas ontologías del agua y relaciones instrumentales con el agua
para nes rentísticos y de posicionamiento de agendas políticas de
desarrollo.
Además de los aportes especícos en estos tres ámbitos, el libro reco-
ge un reclamo urgente desde las ciudades del sur global de teorizar
sobre sí mismas y de emanciparse de las miradas coloniales para po-
der describir e interpretar fenómenos propios. Los capítulos revelan
y analizan prácticas y concepciones del agua cada vez más agonistas:
por un lado, la instrumentalización del agua para nes de control y
poder económico que trascienden la gran corriente mercantilizado-
ra del neoliberalismo, y en el otro extremo la razón popular anclada
en relaciones comunitarias y territoriales. Este libro da cuenta de la
interacción tensa entre estas visiones sobre el agua, de la que surge
un paisaje hídrico enmarañado característico de las ciudades del sur
global (Bocarejo, 2018). La enorme y creciente demanda de agua
para limpiar, alimentar, iluminar, transportar y recrear a los habitan-
tes de las ciudades moldeadas bajo el paradigma de la modernidad,
y sobre todo la inexorable creatividad neoliberal para reinventarse
después de cada crisis, sitúan a las ciudades cada vez más lejos del
agua y al agua cada vez más lejos de la empatía humana.
Finalmente, es importante también resaltar dos cosas que le dan
trascendencia a este libro: por un lado, que del grupo total de auto-
res y autoras, nueve sean mujeres que, con perspectivas críticas de
las ciencias sociales del agua, están abriendo nuevos horizontes de
indagación teórica para abordar su complejidad. Y, por otro lado,
que reúne las voces propias que emergen de una escuela del agua,
que si bien se ubica en la Universidad de Montreal y alrededor de la
13
Prólogo
profesora Kathryn Furlong, vienen con la profundidad observadora
de aquellas personas a quienes les duele la injusticia hídrica en sus
ciudades y están acompañadas del respeto y la solidaridad de quien
la siente como propia.
María Cecilia Roa-García
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
Referencias
Bocarejo S., D. (2018). “Gobernanza del agua: pensar desde las uctuacio-
nes, los enmarañamientos y políticas del día a día”. Revista de Estudios
Sociales 63: 111-118. https://dx.doi.org/10.7440/res63.2018.09
Jaramillo V., U. Cortés-Duque, J. y Flórez-Ayala, C. (compiladores).
(2015). Colombia anbia. Un país de humedales. Instituto Humboldt,
Bogotá.
14
Quisiéramos agradecer a las entidades que han apo-
yado la realización de esta investigación, sobre todo
al Consejo de investigaciones en Ciencias Sociales
y Humanidades de Canadá (SSHRC), al Centro
de Investigación para el Desarrollo y la Innovación
(CIDI), de la Universidad Ponticia Bolivariana,
Sede Medellín, en Colombia, y al programa cana-
diense de Cátedras de Investigación (CRC).
Gracias a todos los y las estudiantes que hicieron
parte de los cursos de Estudios Interdisciplinares del
Agua de la Maestría en Desarrollo de la Universi-
dad Ponticia Bolivariana, con diferentes énfasis en
“Ecología Política del Agua” en 2016, “Gobernabi-
lidad Sustentable del Agua” en 2018 y de “Agua:
Estudios de Ciencia y Tecnología” en el 2019.
Igualmente, agradecemos a quienes han participa-
do en este proyecto de investigación y quienes han
compartido su tiempo y su conocimiento. Gracias a
Olga Pérez Molano, Juliana Gil Gutiérrez, Elizabeth
Restrepo, Isabel Pérez Alves, Juan Esteban Santa, y
Érika Meneses-Granados, quienes aportaron como
miembros del Grupo de Estudio en Ecología Polí-
tica y Justicia Hídrica en las discusiones, el levanta-
Agradecimientos
15
Introducción
miento de información de archivo histórico y otras tareas de inves-
tigación.
Gracias también a María Cecilia Roa-García por su compañía en esta
travesía de construcción colectiva por las aguas de Colombia.
Asimismo, reconocer a Chloé Nicolás-Artero y Lina María Bedoya
Zuluaga por su lectura detallada y sus agudos comentarios que nos
permitieron mejorar este libro de manera importante.
Finalmente, gracias a quienes participaron en esta investigación que
amablemente compartieron sus conocimientos, experiencias y sen-
tires sobre la gestión del agua urbana en Colombia.
16
El problema histórico de la desigualdad en el acceso
al agua en el contexto global se ha hecho más evi-
dente durante el momento actual de la pandemia
de Covid-19. Medidas preventivas aparentemente
básicas, como el lavado constante de manos y la
limpieza de los espacios domésticos, en realidad no
son posibles para miles de personas en el mundo.
Problemas de inseguridad hídrica especialmente en
países de ingresos bajos y medios conllevan obstácu-
los para la higiene personal y ambiental, tales como
la necesidad de pedir agua a vecinos, lo cual afecta
el distanciamiento social (Stoler et al., 2021). Aun-
que el acceso a servicios de saneamiento gestionados
de forma segura ha aumentado en los últimos años,
este indicador aún permanece bajo y por lo tanto
aún constituye una de las principales necesidades en
materia hídrica en la actualidad (Grabinsky y Borja-
Vega, 2020; ver también Naciones Unidas, 2020).
Estos problemas son aún más críticos en las ciuda-
des, donde la desigualdad y la alta concentración
de población y de actividades económicas generan
mayor vulnerabilidad en momentos de pandemia
(Shari y Khavarian-Garmsir, 2020). Es así como
la reexión sobre la provisión de servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y saneamiento básico espe-
Introducción
17
Introducción
cialmente, a los habitantes más pobres de las ciudades del sur global
(Cooper, 2020) adquiere hoy una relevancia particular por la natura-
leza del momento histórico en el que vivimos.
Este libro se pregunta por la manera como el agua se entreteje en
el proceso de formación y transformación de las ciudades, y cómo
a su vez las dinámicas de la urbanización dan forma al agua. La
urbanización del agua ha sido un proceso heterogéneo, con matices
locales anclados a procesos globales, en el cual han conuido diver-
sos procesos de regulación, descentralización, privatización, corpo-
ratización, y de movilización y resistencia social. Estos procesos han
ocurrido junto a la transformación de cuerpos de agua como ríos,
pozos y humedales, los cuales se han puesto al servicio de la ciudad,
o simplemente han sido vistos como obstáculos para el crecimien-
to urbano. Desde este punto de vista, el libro busca entender las
tensiones, acuerdos y debates que se han presentado en torno de la
responsabilidad histórica de gobernar y garantizar el acceso al agua
a los habitantes urbanos. El crecimiento y transformación de las
ciudades colombianas se ha dado en medio de fenómenos como la
desigualdad en el acceso a los servicios públicos, el conicto arma-
do, la corrupción, la contaminación, las fricciones entre lo público
y lo privado, y la informalidad de la ocupación urbana. El libro
busca examinar cómo estas particularidades nos ayudan a entender
el fenómeno más amplio de la urbanización del agua en el sur global
en tiempos de reajustes neoliberales, como la privatización de los
servicios y de transformaciones ambientales aceleradas, el deterioro
y la contaminación de los cuerpos de agua. Por urbanización de las
aguas entendemos la multiplicidad de procesos históricos, ambien-
tales y sociales mediante los cuales el agua se entrelaza con la forma-
ción y transformación de los espacios urbanos. Ese entrelazamiento
tiene que ver no solo con la manera como la urbanización incorpora
el agua en sus lógicas, sino también en la manera como el agua da
forma a los procesos de cambio urbano. Nuestro enfoque parte de
la premisa de que el agua se maniesta de diversas maneras en su
encuentro con la sociedad. La lluvia, el agua potable, los ríos y hu-
medales, así como las aguas estancadas, son solo algunos ejemplos
de la pluralidad de los mundos hidrológicos.
18
La urbanización de las aguas en Colombia
En su conjunto, los diferentes estudios sobre la urbanización del
agua compilados aquí contribuyen a la discusión teórica más am-
plia sobre el lugar del agua en la urbanización en el sur global. Los
últimos años han visto el surgimiento y consolidación de enfoques
“descentrados” desde el sur global que buscan desestabilizar la apli-
cación de normas y patrones desde el norte en la teoría urbana.
Esta nueva teorización de las ciudades (qué son, cómo funcionan
y qué impulsa su transformación) ha creado un espacio intelectual
para nuevas ideas que explican mejor la dinámica de las ciudades en
una variedad de contextos (Roy y Ong, 2011). Esto es importante,
ya que las teorías sobre la urbanización basadas en experiencias del
norte han demostrado ser insucientes y, en ocasiones, contrapro-
ducentes cuando se aplican a las ciudades del sur (Myers, 2014). De
hecho, “la circulación global de saberes expertos, mejores prácticas,
modelos y tecnologías relacionadas con la mejor manera de desarro-
llar y gobernar las ciudades” a menudo proviene de lugares donde
las circunstancias son muy diferentes a las de las ciudades del sur a
las que se aplican (McCann et al., 2013, p. 582). En ese sentido, el
libro busca contribuir al “descentramiento” del desarrollo histórico
del abastecimiento de agua urbano.
Los casos estudiados aquí sitúan la experiencia del sur global en el
centro del desarrollo teórico en pie de igualdad con la teorización
existente basada en experiencias del norte. La teoría urbana des-
centrada ofrece la oportunidad de reexionar sobre cómo las expe-
riencias de las ciudades del sur pueden cambiar la forma en que se
analizan y perciben los procesos históricos relacionados con la ur-
banización del agua. Los académicos que piden una descentración
de la teoría urbana argumentan que tanto la teoría como la práctica
se distorsionan al “tratar los lugares fuera del corazón angloameri-
cano como fuentes de datos en lugar de sitios de teorización en sí
mismos” (Parnell y Robinson, 2012, p. 596). El resultado es “un
desajuste particular entre la teoría urbana actual y los impulsores del
cambio que identican los académicos locales” (p. 597). Según Mc-
Cann et al. (2013), corregir los límites de la teoría del norte requiere
tomar las ciudades del sur como sitios de desarrollo teórico, tomar
la riqueza de las actividades cotidianas de los habitantes urbanos
como base para repensar la teoría urbana y poner las ciudades del
19
Introducción
sur en pie de igualdad con sus contrapartes del norte en los imagi-
narios epistémicos de investigadores y profesionales. Este potencial
para repensar las ideas aceptadas es un motivo clave por el que va-
rios autores han pedido un desarrollo teórico desde el Sur, en temas
que van desde la planicación (Watson, 2009) hasta la modernidad
(García Canclini, 1999).
Mientras que los desafíos en la provisión del agua en América Latina
han sido ampliamente estudiados, los análisis históricos del desa-
rrollo de servicios urbanos a lo largo del siglo XX se han centra-
do casi exclusivamente en ciudades de altos ingresos en Europa y
América del Norte (Acevedo-Guerrero, Furlong y Arias, 2016). Más
recientemente, historias ambientales urbanas de la ciudad de Méxi-
co muestran que una perspectiva latinoamericana puede ampliar-
se para incluir temas clave como la historia colonial y los desafíos
tecnoambientales en la relación agua- sociedad (Candiani, 2014;
Vitz, 2018). En los estudios sobre historia urbana desde el norte
global, se da testimonio de tendencias amplias que se consideran
universales: la nacionalización (o municipalización) a principios del
siglo XX, seguida de desarrollos de infraestructura a gran escala y
extensión de servicios que conducen a una cobertura total a media-
dos de siglo, y la descentralización y neoliberalización de la gober-
nanza desde nales de la década de 1970 en adelante (Tarr y Dupui,
1988; Melosi, 2000; Gandy, 2002; Goubert, 1986). La historia del
abastecimiento de agua en Colombia parece seguir estos patrones
(salvo en lo que tiene que ver con el logro de la cobertura univer-
sal). Sin embargo, tras un examen más detenido, nuestra investiga-
ción inicial muestra que la experiencia colombiana desestabiliza las
tendencias usualmente aceptadas de varias maneras (Acevedo et al.,
2015), lo que demuestra la relevancia de un enfoque histórico de los
urbanismos del sur y de Colombia con respecto a la relación entre
lo público y lo privado.
En Colombia, los servicios públicos todavía estaban en manos pri-
vadas a principios del siglo XX. Al igual que en Europa y América
del Norte, a pesar de la presencia de múltiples proveedores privados,
la cobertura del servicio era tanto inadecuada como muy desigual.
El acceso limitado al agua potable y al saneamiento condujo a bro-
tes de cólera y tifoidea en muchos países (Gandy, 2004; Goubert,
20
La urbanización de las aguas en Colombia
1986), lo que generó reclamos populares por el acceso a los servicios
básicos y por su nacionalización. Así, desde nales del siglo XIX has-
ta principios del siglo XX, los estados local, regional o nacional, no
solo tomaron el control de los servicios privados existentes, sino que
también asumieron la tarea de instalar y administrar nueva infraes-
tructura de agua (Gagnon, 2006; Goubert, 1986). Como arman
Budds y McGrahanan (2003, 92), “estos esfuerzos se instituciona-
lizaron en países y ciudades de todo el mundo, y las redes de agua
y alcantarillado pasaron a ser gestionadas casi exclusivamente por
el sector público”. Colombia hizo lo mismo. Bogotá fue la primera
ciudad en empezar la municipalización en 1910. Tres años después,
el gobierno central otorgó a todos los municipios la autoridad legal
para asumir el control de las redes de agua y electricidad a través de
la Ley 4 de 1913.
Sin embargo, los municipios tuvieron que comprar las redes a sus
propietarios privados y la mayoría, incluida Bogotá, carecía de los
recursos necesarios. La insuciencia del nanciamiento guberna-
mental en todos los niveles persistió hasta bien entrada la segunda
mitad del siglo XX, lo que provocó que las ciudades dependieran
cada vez más de los bancos privados para obtener préstamos para
comprar, ampliar y mejorar la infraestructura. Esta dependencia
vendría a estructurar los servicios públicos de formas particulares,
dando a los bancos privados (y a las familias industriales que los
controlaban) una inuencia importante sobre su administración.
En la década de 1920, los bancos prestamistas nacionales insistie-
ron en que las empresas de servicios públicos urbanos se organiza-
ran como entidades autónomas y corporativas y que los bancos tu-
vieran el control mayoritario sobre las juntas de servicios públicos.
De esta manera comenzó un proceso de treinta años para convertir
los servicios públicos en corporaciones municipales “totalmente”
autónomas. La corporativización del agua culminó con el Acto Le-
gislativo 5 de 1954, en el que la Asociación Nacional de Industria-
les (ANDI) fue un cabildero principal (López Díez et al., 1998).
Actores privados adinerados han tenido una inuencia tan signi-
cativa en los servicios urbanos en Colombia, incluido el suministro
de agua (Jorge y Santa, 2013), que se cuestiona la factibilidad de
distinguir entre el sector público y el privado en la primera mitad
del siglo XX (Botero Herrera, 1996).
21
Introducción
El nanciamiento inadecuado también llevó a las empresas de ser-
vicios públicos a buscar la medición universal, precios basados en
el consumo y recuperación total de costos a partir de la década de
1920. Estas técnicas, típicamente asociadas a la neoliberalización,
buscaron limitar el consumo, facilitar la extensión del servicio y po-
sibilitar los subsidios cruzados desde la década de 1980. En Bogotá
y Medellín, la capacidad de tratamiento fue limitada. Se argumentó
que sin la facturación medida para controlar el consumo “excesivo”
de los hogares ricos y aumentar los ingresos, la extensión del servi-
cio sería imposible (Acuerdo 25 de 1929). Ese mismo año, Bogotá
instituyó medidas para utilizar la medición como base para el sub-
sidio cruzado de los barrios ricos a los desfavorecidos (Acuerdo 48
de 1929). Por lo tanto, la medición, introducida en la década de
1920, fue vista como una herramienta de inclusión en oposición
a la exclusión, como suele ser el caso en el neoliberalismo contem-
poráneo (Loftus, 2006). El hecho de que la corporativización, la
recuperación de costos totales y la facturación medida comenzaron
en Colombia en la década de 1920, y no en las décadas de 1980 y
1990, demuestra la relevancia del enfoque histórico. Esto sugiere
que las técnicas asociadas con la neoliberalización también tienen
antecedentes históricos más prolongados, constituyéndose así en re-
laciones sociotécnicas más complejas y variadas.
La experiencia colombiana también sitúa la descentralización en
una trayectoria histórica más larga, contradiciendo la idea de una
transición unidireccional de la gobernanza centralizada a la des-
centralizada en la última parte del siglo XX (por ejemplo, Herrera
y Post, 2014). Por el contrario, esta experiencia muestra que la des-
centralización es iterativa en lugar de lineal y que adopta diferentes
trayectorias a través de las escalas. Después de la municipalización
en las décadas de 1920 y 1930, se desarrolló una nueva legislación
de servicios públicos en las ciudades colombianas más grandes y no
por el gobierno central. Este desarrollo regulatorio descentraliza-
do antecedió a una regulación más centralizada a través de nuevas
agencias estatales a partir de la década de 1940. Sin embargo, la
capacidad de muchas de estas agencias se mantuvo débil hasta la
década de 1990 (LeGrand, 2013). Solo entonces se pudo hablar
de una centralización efectiva de la regulación del agua a través de
la acción de agencias estatales fuertes. Al mismo tiempo, se llevó a
22
La urbanización de las aguas en Colombia
cabo la descentralización administrativa mediante la devolución de
responsabilidades a los municipios. Lo que se ve es una autoridad
descentralizada en la primera mitad del siglo, seguida de esfuerzos
para centralizar a mediados de siglo que solo tuvieron éxito en la
década de 1990, justo cuando se implementó la descentralización
administrativa.
Este panorama histórico de las particularidades del ámbito institu-
cional de la gobernanza del agua urbana en Colombia enmarca pro-
cesos más localizados en las ciudades y sus márgenes que no distan
de otros lugares similares en el mundo. En el territorio nacional aún
hay miles de familias que no tienen acceso apropiado a agua potable
y saneamiento básico. Por ejemplo, junto a Brasil y Haití, Colombia
es uno de los países latinoamericanos con más población que prac-
tican la defecación al aire libre, y junto a Perú y Ecuador es donde
hay más gente que bebe aguas superciales (Unicef y Organización
Mundial de la Salud, 2016). En otros lugares hay intermitencia en
el servicio, lo cual obliga a las familias a almacenar agua y eso a su
vez aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos.
Donde no hay acceso a agua apta para el consumo humano aumen-
ta el riesgo de enfermedades. De esta manera, la vida cotidiana en
muchos barrios urbanos transcurre en medio de ajustes tecnológi-
cos informales, suspensión e intermitencia en el servicio, recorridos
diarios en búsqueda de fuentes de provisión de agua, promesas de
conexión en épocas electorales y conictos en torno al acceso al
agua entre diferentes actores. Esas experiencias son, a su vez, la ma-
nera como fenómenos de más larga duración y magnitud, como los
descritos atrás, se materializan en la vida de la gente. Por lo tanto,
entender la urbanización del agua requiere una mirada histórica y
multiescalar en la que el agua se considere no solo como un recurso,
sino como un terreno de alianzas, luchas, conictos y aspiraciones.
Este libro es una contribución a ese entendimiento.
En las últimas dos décadas, desde la geografía, la antropología, los
estudios sociales de la ciencia y la tecnología y otros campos cerca-
nos, investigadores e investigadoras han analizado cómo múltiples
aguas urbanas se entrelazan con procesos políticos, económicos y
sociales en diferentes escenarios y momentos históricos. Los Estu-
dios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESCT), por ejemplo,
23
Introducción
han contribuido a develar cómo la integración de los mundos social
y material ha ayudado a comprender la manera cómo las personas
navegan los desafíos de la vida urbana y sus relaciones con el Es-
tado (Anand, 2011; Farías y Bender, 2010; Meehan, 2014). Los
ESCT ofrecen herramientas para pensar críticamente sobre cómo
las tecnologías - desde los medidores de agua (Jaglin, 2008) hasta
las leyes y políticas (Jasano, 1995; Latour, 2010) - se constituyen
y adquieren relevancia a través de redes dinámicas de relaciones que
involucran tanto elementos humanos como no humanos (Harman,
2009). De esta manera, los ESCT complementan los marcos de
la ecología política, en los que el mundo biofísico es un agente de
cambio histórico y social, y no simplemente sujeto a él. Ambos en-
foques han sido importantes en la geografía urbana, donde lo urba-
no se entiende como constituido a través de sus interacciones con la
naturaleza y mediado por la infraestructura y la tecnología (Gandy,
2002; Swyngedouw, 2004).
Estos enfoques, junto con el de la historia urbana, facilitan un acer-
camiento a la urbanización del agua como un proceso relacional,
lo que revela la interdependencia de los espacios urbanos y no ur-
banos y los artefactos –humanos y no humanos, técnicos y biofí-
sicos– que median y se conectan con los procesos de urbanización
(por ejemplo, Cronon, 1991). En este sentido, las infraestructu-
ras del agua en las ciudades aparecen no solo como objetos, sino
también como entramados de relaciones sociales entre ciudadanos,
técnicos, burócratas e ingenieros (Anand, 2017). Conexiones ile-
gales se combinan con evasión del pago de las facturas y formas
de movilización social para hacer de las infraestructuras espacios
políticos y de tensión social (Von Schnitzler, 2016). A su vez, las
infraestructuras son también medios para entender la desigualdad,
la escasez, la privatización, y las formas especícas de la gobernanza
y los paisajes urbanos (Björkman, 2015).
En Colombia, los estudios sobre el agua urbana tuvieron un auge
importante en las décadas de los años 1980-1990, a partir de un
gran proyecto de investigación liderado por un conjunto de inves-
tigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (CI-
NEP), quienes escribieron sobre la economía política y la gestión
de los servicios públicos domiciliarios del agua (Cuervo, Jaramillo,
24
La urbanización de las aguas en Colombia
González, Rojas, 1988; Cuervo, Bernal, Maldonado, 1991). Más
recientemente se han dado contribuciones desde los debates sobre
la tensión entre la comercialización de los servicios públicos (Ló-
pez, 2016) y la garantía al derecho humano al agua en las ciudades
(Motta, 2010; Restrepo y Zárate, 2016).
Este libro busca contribuir al desarrollo de los estudios del agua en
las ciudades del sur global en general y, a través de estudios de caso
de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla (ver Figura 1), ampliar el
análisis académico de la historia y la realidad de las relaciones hidro-
sociales en las ciudades. El libro está organizado en tres secciones,
las cuales a su vez delimitan las principales contribuciones de la
colección de artículos.
25
Introducción
Figura 1. Mapa de Colombia y principales ciudades estudiadas
Fuente: elaboración por Rodrigo Amado
La primera sección se llama “Historias”. Esta sección sitúa el debate
sobre la urbanización del agua en una perspectiva histórica que per-
mite trazar trayectorias que contrastan con narrativas dominantes
sobre el neoliberalismo y la gobernanza pública y global del agua.
26
La urbanización de las aguas en Colombia
En ese sentido, la sección problematiza la aparente linealidad sobre
la descentralización y las políticas neoliberales del agua en la que se
asume que estos son fenómenos que se cristalizan principalmente
en la década de 1980. El caso colombiano analizado por Arias, Ace-
vedo-Guerrero y Furlong muestra que las reformas e intervenciones
que se atribuyen hoy a la descentralización y al neoliberalismo ya
habían sido concebidas y puestas en marcha desde al menos la dé-
cada de 1920. En segunda instancia, en esta sección se propone un
análisis de instituciones nanciadoras como el Banco Mundial, no
solo como facilitadoras de la expansión de infraestructuras hídricas
y de desarrollo, sino también, como arma Patiño en su artículo,
como actores centrales en la producción de conictos territoriales
y regionales. En tercer lugar, la sección cuestiona la narrativa que
sostiene que los problemas en la gestión pública de los servicios
públicos tienen que ver con la ineciencia de las instituciones a su
cargo. Furlong muestra en su capítulo cómo la deuda externa y la
nanciarización de las deudas, impactadas por la devaluación de
la moneda, afectó signicativamente el desempeño de las empresas
prestadoras del servicio de agua en las ciudades colombianas.
La segunda sección se llama “Paisajes”. Aquí, las autoras y los auto-
res se aproximan al fenómeno de la urbanización del agua desde una
mirada que considera la geografía, la materialidad y la ecología del
agua, los ríos y humedales. Mediante el estudio histórico de tres ríos
urbanos en Bogotá, Sánchez propone ver la urbanización del agua
como un fenómeno socioecológico. La interacción entre la ciudad y
los ríos devela un proceso en el que las relaciones sociales, políticas y
económicas, así como los ideales sobre la ciudad moderna, se entre-
lazan con la transformación (en ocasiones negativa) biofísica de los
ríos. La perspectiva sobre la geografía y los paisajes del agua en esta
sección permite tener una mirada espacial más amplia que vincula
procesos locales y globales. Acevedo-Guerrero y Camargo analizan
la manera como los objetivos y expectativas del desarrollo inter-
nacional, materializado en intervenciones locales de instituciones
como el Banco Mundial, se reconguran en su encuentro con paisa-
jes y relaciones sociales locales. Para ello examinan el caso de la des-
embocadura del río Magdalena en donde las conexiones históricas
y geográcas entre lo rural y lo urbano permiten comprender cómo
27
Introducción
la gobernanza del agua de la ciudad de Barranquilla está relacionada
con sus conexiones más amplias a través del río Magdalena y las mi-
graciones de poblaciones rurales de la región. Finalmente, Moreno-
Quintero propone un enfoque de ecología política para comprender
cómo el deterioro de cuerpos de agua en Cali ha estado íntimamen-
te vinculado con la producción de la desigualdad y el aanzamiento
de los desequilibrios del poder y la tenencia de la tierra en la zona.
La autora traza la manera como los cuerpos de agua han pasado
de ser espacios estratégicos para la reproducción de la vida social y
económica de las comunidades, a volverse factores de riesgo en esa
historia de degradación ambiental, poder y desigualdad.
La última sección se titula “Prácticas”. Allí, las autoras y los autores
abordan el fenómeno de la urbanización del agua desde la expe-
riencia cotidiana de las comunidades que a diario enfrentan pro-
blemas de acceso y manejo del recurso. Roca-Servat, Arias-Henao y
Pérez Correa combinan marcos teóricos de la ecología política y el
análisis crítico del discurso para examinar las relaciones de poder y
las prácticas discursivas en la gestión urbana del agua en Colombia,
identicando tres grandes metadiscursos: el agua como mercancía,
como servicio público y como relación territorial y comunitaria. En
ese contexto, evidencian controversias o tensiones que surgen entre
estas distintas narrativas y diversos actores, resaltando la incidencia
de las comunidades, sus conocimientos y formas de movilización.
Botero-Mesa y Roca-Servat visibilizan las prácticas cotidianas de
los habitantes del barrio El Faro, quienes garantizan su derecho
al agua desaando los postulados universales. En ese sentido, este
estudio confronta ideas que generalmente se asumen libres de dis-
cusión, como las referidas a la cobertura universal, los mecanismos
estandarizados de acceso al agua o los criterios de asequibilidad en
la denición de tarifas. Por último, Hincapié y Roca-Servat pre-
sentan la potencia creativa de comunidades que aprenden a vivir
en zonas de riesgo y que desde prácticas cotidianas nos enseñan a
repensar la gestión urbana de los desastres y la del agua. A partir del
diálogo entre la ecología política urbana y los estudios de ciencia,
tecnología y sociedad, este capítulo cuestiona la atención guber-
namental del riesgo y nos exige reexionar sobre otras maneras de
interpretar y enfrentar la vida.
28
La urbanización de las aguas en Colombia
Mediante el análisis de historias, paisajes y prácticas, este libro bus-
ca proveer una mirada sobre la urbanización del agua multiescalar,
atenta a la pluralidad epistemológica y a las contradicciones. De esta
manera, el libro es una contribución a la comprensión de la urba-
nización del agua en Colombia y más ampliamente del sur global.
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can las tarifas del Acueducto Municipal.
Acuerdo 48 de 1929. Concejo Municipal de Bogotá. Por el cual se reforma
el Acuerdo número 25 sobre tarifas del acueducto.
Historias
33
Cuestionando tendencias
universales desde la historia
de la regulación de los
servicios de acueducto y
alcantarillado en Colombia1
Jeimy Alejandra Arias Castaño2
Tatiana Acevedo-Guerrero3
Kathryn Furlong4
Introducción
A través de un breve repaso sobre la historia de la
regulación de los servicios de acueducto y alcanta-
rillado en Colombia, este capítulo cuestiona ciertas
tendencias que se presentan como universales en
1 Este capítulo se basa en información contenida en dos artículos
ya publicados: Acevedo-Guerrero, T., Furlong, K., y Arias, J.
(2016). Complicating neoliberalization and decentralization:
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fue nanciada a través del apoyo del Canada Research Chair in
Water and Urbanization y del Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada.
2 Universidad de Montréal, Canadá. Correo electrónico: jeimy.
alejandra.arias.castaao@umontreal.ca
3 Universidad de Utrecht, Países Bajos y Universidad de los An-
des, Colombia. Correo electrónico: t.acevedoguerrero@uu.nl
4 Universidad de Montréal, Canadá. Correo electrónico:kathryn.
furlong@umontreal.ca
34
La urbanización de las aguas en Colombia
gran parte de la literatura sobre servicios públicos y urbanización
del agua. Esta historia comienza a inicios del siglo XX y se divide
en cuatro períodos que ayudan a reexionar sobre la forma como se
ha gobernado el agua urbana en el país, poniendo especial atención
a los casos de Bogotá y Medellín. Se muestra que Colombia siguió
caminos distintos a otros países, cuestionando planteamientos teóri-
cos sobre la implementación de medidas neoliberales o la descentra-
lización de la gestión del agua. Este trabajo reconoce la importancia
de descentrar la producción teórica, examinando las experiencias y
trayectorias históricas de ciudades diversas (Robinson, 2006; Roy y
Ong, 2011) en las reexiones sobre la forma como se ha dado esa
urbanización del agua.
Desde comienzos del siglo XX, en Bogotá y Medellín se implementa-
ron modelos corporativos, es decir se aplicaron principios de gestión
comercial y empresarial en el manejo de los servicios públicos. En
gran medida, esto se dio por las condiciones que los bancos plantea-
ron para otorgar los créditos necesarios para municipalizar los ser-
vicios y para extender las infraestructuras. Aparecen mecanismos de
medición del consumo, subsidios cruzados y tarifas pensadas para la
recuperación total de costos. En países del norte global algunas de
estas medidas son asociadas con políticas neoliberales posteriores a
la década de 1970 (Graham y Marvin, 2001, Larner, 2000; Peck,
2008). Ese no fue el caso en Colombia, donde dichas medidas se aso-
cian a las condiciones particulares de gobiernos con débil autoridad
scal y control territorial limitado (Gutiérrez S., Acevedo-Guerrero y
Viatela, 2007) y a la historia de ciudades con grandes desigualdades
económicas y procesos de rápida urbanización.
Un segundo punto clave es que la centralización y descentralización
no es un proceso lineal ni unívoco. Estudiar la regulación del agua
en perspectiva histórica permite cuestionar esa visión porque invita
a reexionar sobre las relaciones complejas entre los distintos nive-
les e instituciones estatales. En el caso de la gestión de los servicios
públicos, a veces los municipios tomaron la iniciativa en la produc-
ción de regulaciones que luego se nacionalizaron. En otros casos,
desde lo local se resiste la implementación de políticas nacionales
que luego tienen que ser reformuladas. La regulación del agua tam-
bién es el resultado de negociación de intereses de distintos actores
35
Cuestionando tendencias universales desde la historia de la regulación
de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia
públicos y privados. Así, al revisar los casos vemos que en el segundo
período (1936-1985) el Estado nacional centralizó la regulación,
nanciación y gestión de servicios públicos, pero lo hizo nacionali-
zando políticas que ya habían comenzado a implementarse en Bo-
gotá y Medellín. En el tercer período (1986- 2002) encontramos
que mientras se implementa la descentralización político-adminis-
trativa, se consolida la regulación centralizada y se crean órganos
de control fuertes para vigilar el funcionamiento de las empresas
de servicios públicos. Por estos años el gobierno central promueve
la implementación de medidas neoliberales, como la privatización
de las empresas estatales. Sin embargo, ciudades como Bogotá y
Medellín mantuvieron empresas de propiedad pública. Finalmente,
en el cuarto período (que inicia en 2003) muchas de las medidas
neoliberales que intentaron imponerse en la década de 1990 son
reformadas para posibilitar la reincorporación de objetivos sociales
que habían sido dejados de lado. Allí la Corte Constitucional juega
un rol preponderante al limitar los impulsos del gobierno central,
y nuevamente desde los municipios se lideran decisiones como las
políticas de mínimo vital de agua.
Estas reexiones son el resultado del análisis de la información siste-
matizada en dos bases de datos que hacen parte del proyecto “Histo-
rizando los urbanismos del agua en Colombia: 1909-hoy”. La primera
contiene alrededor de 1350 normas producidas en diferentes niveles
de gobierno y en diversas instituciones del Estado (Acevedo-Gue-
rrero et al, 2014). La segunda base recopila más de 3500 noticias de
distintos periódicos, entre ellos El Tiempo, El Espectador, El Mun-
do y El Colombiano. La información de estas bases fue organizada
cronológicamente y clasicada a partir de palabras clave tales como
“nanciación”, “subsidios”, “municipalización”, “derechos”, entre
otras. Se buscó entender cuáles eran los temas y discusiones cen-
trales a través del tiempo y se reconstruyeron las tendencias y mo-
mentos de cambio en la regulación. Este trabajo de análisis mostró
que la evolución de la historia de la regulación del agua urbana en
Colombia ha sido una historia compleja, que no siguió los mismos
patrones que otros países. De ahí este llamado sobre la necesidad
de descentrar la producción teórica y pensar el agua urbana desde
distintos escenarios e historias.
36
La urbanización de las aguas en Colombia
-. Municipalización y corporatización de los servicios
A comienzos del siglo XX en muchos países del mundo, incluyen-
do Colombia, los servicios de acueducto y alcantarillado eran pres-
tados por pequeñas compañías privadas. Los primeros acueductos
habían aparecido a nales del siglo XIX, pero no lograban suplir
la demanda de agua de calidad en las ciudades que crecían rápida-
mente (CRA, 2001; Ellis, 1953). Bogotá tenía una población de
más de 100.000 habitantes, y la cobertura de las redes de acueducto
solo llegaba a los barrios más ricos de la ciudad. En Medellín la
población se triplicó entre 1910 y 1930 y se cuadruplicaría hacia
1960. Enfermedades asociadas a la calidad del agua, como la ebre
tifoidea, la disentería y el cólera se extendían rápidamente (Felacio,
2017; El Tiempo, 5 de agosto 1912; El Espectador, 14 de febrero
1913, 2 de octubre 1913).
Ante este panorama, los gobiernos de Medellín y Bogotá tomaron
la decisión de comprar las empresas de acueducto y alcantarillado
y así municipalizar los servicios. A diferencia de otros países donde
hubo una fuerte intervención de los gobiernos centrales (Budds y
McGranahan, 2003), en Colombia esa intervención fue limitada.
Mediante la Ley 4 de 1913 el gobierno nacional dio autoridad a
los concejos municipales para crear juntas administradoras de las
empresas de servicios públicos, por lo que el liderazgo sobre la ges-
tión del acueducto y alcantarillado recayó en los gobiernos locales.
Uno de los problemas para lograr la municipalización era la falta de
recursos económicos. Las dos ciudades solicitaron apoyo nanciero
de la Nación y buscaron préstamos con bancos locales. Esa relación
de crédito y deuda entre gobiernos locales y bancos es un factor
clave para entender la corporatización temprana de las empresas de
servicios públicos. Al otorgar los créditos, los bancos exigieron ser
parte de las juntas administradoras de las empresas participando
así en las decisiones sobre tarifas, manejo nanciero y extensión
de infraestructuras.
En ese contexto, y frente a los múltiples problemas para exten-
der las redes de infraestructura hacia nuevos barrios, mecanismos
como la medición de consumo, la recuperación total de costos de
operación y los subsidios cruzados hicieron parte de la gestión cor-
porativa de las empresas desde este período. Este es un caso atípico
37
Cuestionando tendencias universales desde la historia de la regulación
de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia
que cuestiona la literatura hegemónica que entiende este tipo de
medidas corporativas como una característica de las políticas neo-
liberales posteriores a 1970, pero que en Colombia respondieron
más bien a los desafíos de la prestación de los servicios en ciuda-
des caracterizadas por recursos escasos, rápida urbanización y altos
niveles de desigualdad. A continuación, se detallan los procesos
en Bogotá y Medellín como dos ejemplos de municipalización y
temprana corporatización.
En el caso de Bogotá, la municipalización de los servicios a comien-
zos del siglo enfrentó múltiples desafíos. Ante la poca cobertura del
acueducto en la ciudad y el aumento de las enfermedades, en 1911
el concejo municipal decidió terminar los contratos y concesiones
con las compañías privadas que prestaban los servicios de acueducto
y alcantarillado (El Tiempo, 31 de marzo 1911). En el proceso de
municipalización, la administración local se comprometió a pagar
una indemnización por la terminación temprana del contrato, com-
prar los bienes e infraestructuras ya construidas y hacerse cargo de
las deudas ya adquiridas por la compañía privada. El valor de traspa-
so del acueducto se jó en el Acuerdo 1 de 1912, pero la ciudad no
contaba con el presupuesto para pagarlo. Se intentó obtener prés-
tamos con bancos franceses y británicos que no fueron aprobados
por el gobierno nacional y que luego se hicieron imposibles por la
Primera Guerra Mundial (García, 2000; El Tiempo, 1 de febrero
1912). Se recurrió entonces al gobierno nacional que aprobó un
apoyo nanciero para la ciudad, autorizado por la Ley 97 de 1913,
y se logró un préstamo a quince años con el Banco Hipotecario de
Colombia (Acuerdo 15, 1914).
La compra del acueducto marcó el comienzo de la corporatización.
Las condiciones del préstamo implicaban que el Banco podría inter-
venir en las políticas de agua. El Acuerdo 16 de 1914 estableció que
el acueducto sería manejado por una “administración autónoma y
especial” y se creó la junta administradora que estaría conformada
por tres miembros nombrados uno por el Banco prestamista, uno el
concejo municipal y un tercero escogido por acuerdo de las partes.
La intervención del Banco en la junta era considerada como garan-
tía para asegurar el pago de la deuda en un contexto de corrupción
local (Buitrago Mora, 1978). En 1923 se prorrogó el contrato por
38
La urbanización de las aguas en Colombia
15 años más (EAAB, 1996). Los años siguientes, ante la necesi-
dad de hacer mayores inversiones en infraestructuras se gestionaron
nuevos créditos. Uno de ellos con un banco de Nueva York que con-
dicionó los recursos a la contratación de la Empresa Ulen y Co que
debía informar sobre el lado económico de las obras (EAAB, 1996).
Esto implicó cambios en la junta administradora que ahora estaría
conformada por el interventor de las obras y por tres representantes
del concejo municipal (Acuerdo 57, 1924).
A pesar de los intentos por crear una empresa autónoma y tecnocrá-
tica, esta no funcionaba bien. En 1929 el rendimiento de las Empre-
sas Municipales era negativo, se habían acumulado nuevas deudas y
había fallas constantes en la prestación de los servicios (El Tiempo,
5 de junio 1929a). Se dijo que había interferencia del gobierno local
y que el gerente vivía dedicado a la política: “No es posible ser admi-
nistrador del acueducto municipal y jefe de partido” (El Espectador,
5 de junio 1929). Los liberales acusaron a los conservadores de usar
la empresa como “botín burocrático” en las campañas electorales
(El Espectador, 4 de junio 1929). Además, hubo manifestaciones
de rechazo al pago de las facturas de agua por la mala condición del
servicio (El Tiempo, 5 de junio 1929b, 7 de junio 1996a, 7 de junio
1996b). Esto coincidió con un momento de incertidumbre política
en Colombia que se vio afectada por la crisis de 1929; entre 1929 y
1931 Bogotá estuvo dirigida por diez alcaldes.
En ese contexto se estableció un nuevo préstamo con tres bancos:
Hipotecario de Colombia, Bogotá y Colombia. La exigencia de los
bancos fue ser parte de la dirección autónoma de las empresas, la
cual sería administrada en forma comercial. El Acuerdo 15 de 1929
estableció que la junta administradora estaría conformada por cinco
miembros que representarían al alcalde, al concejo y a cada uno de
los bancos. Estos últimos consolidaron una mayoría importante en
la toma de decisiones de la Junta. Entre esas decisiones estaba el
nombramiento del gerente y la determinación de las tarifas. Este
tipo de acuerdos para compartir el poder se mantuvo hasta 1955.
La preocupación constante por aumentar la cobertura a nuevos
barrios y, a la vez, garantizar el pago de las deudas llevó a buscar
soluciones a través de las tarifas. Uno de los problemas que se identi-
caron en ese momento era que los vecindarios de alto ingreso con-
39
Cuestionando tendencias universales desde la historia de la regulación
de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia
sumían agua en exceso, muchas viviendas no pagaban el servicio y el
agua no llegaba a los barrios de bajo ingreso (EAAB, 1996). Aunque
se habían buscado nuevas fuentes de abastecimiento para atender la
falta de agua, las obras eran costosas. Una de las soluciones propues-
tas fue comenzar a cobrar de acuerdo con el consumo y el valor de
los inmuebles. Con los Acuerdos 25 y 48 de 1929 se estableció la
obligación de instalar medidores y un sistema de tarifas con precios
diferentes para el consumo básico (de máximo 30 metros cúbicos
de agua al mes) y el consumo excesivo. En este nuevo esquema de
tarifas también se estableció un sistema de subsidios cruzados que
contemplaba precios diferentes de acuerdo con el avalúo catastral
(es decir, el precio de los inmuebles) y su actividad residencial o co-
mercial. Diez años después el problema de “desperdicio de agua” no
había sido resuelto (EAAB, 2003; Acuerdo 19, 1938). Nuevamente
se realizaron campañas para la instalación de medidores de agua y
se autorizó suspender el servicio a las viviendas que no los instalaran
(Acuerdos 19, 1938; Acuerdo 8, 1939). Los esquemas de tarifas di-
ferenciadas y subsidios cruzados se mantuvieron.
En el caso de Medellín, entre los motivos para la municipalización
del acueducto y alcantarillado estaba la necesidad de atender las fa-
llas del manejo privado en la construcción de las redes y mejorar la
higiene, buscando crear una ciudad industrial y moderna (Ospina,
1966; Botero, 1996). El camino hacia la municipalización comen-
zó en 1901 cuando se restringió la venta de agua y se la declaró
propiedad del municipio (García, 2000; Márquez y Santa, 2013).
En 1913 se creó la Empresa de Tubería de Hierro y Alcantarillado
mediante el Acuerdo 127 del concejo de Medellín en el que se esta-
bleció que esta sería manejada por una junta autónoma que tenía la
“completa y absoluta dirección” y “podía hacer todo aquello que no
fuera contrario a las leyes” (Ospina, 1966, p. 115).
Esta ciudad también tenía dicultades económicas para lograr la
municipalización y expandir las infraestructuras. Para hacer frente a
la dicultad para obtener préstamos, en 1916 se crearon los prime-
ros bonos de deuda pública del país y se aprobó un empréstito con
la Mutual Nacional para la formación de una corporación que agru-
paba las empresas de suministro de agua, electricidad, teléfonos, el
matadero municipal, el mercado, la feria y el tranvía (Acuerdo 57,
40
La urbanización de las aguas en Colombia
1919). Se planteó la importancia de que esta nueva empresa fuera
una corporación independiente del gobierno municipal.
A pesar del intento por lograr la autonomía, tanto el sector público
como el privado mantuvieron una importante inuencia sobre la
junta de las Empresas Municipales. Por ejemplo, el concejo inter-
venía en las negociaciones de los préstamos y en el establecimien-
to de las tarifas, buscando asegurar que se invirtieran recursos en
la expansión de infraestructuras. Los partidos políticos estuvieron
constantemente implicados en la contratación del personal de las
empresas, llegando incluso a reglamentarse la paridad partidista
(Ospina, 1966; López Bermúdez, 2000).
Del lado privado, los sectores industrial y bancario estuvieron
siempre activos en el manejo de las Empresas Municipales, y sus
intereses en el desarrollo del sector eléctrico eran evidentes en las
contribuciones para la construcción de plantas hidroeléctricas. Por
ejemplo, la empresa textil Coltejer contribuyó económicamente al
proyecto de Río Grande en 1945 (López Díez et al., 1998, p. 37).
Los empresarios locales buscaron que la empresa de electricidad se
separara de las otras empresas municipales que ellos consideraban
menos rentables, por lo que en 1940 se creó la Empresa de Energía
Eléctrica (Ospina, 1966: 186). Sin embargo, en 1942 las empresas
volvieron a reunirse, pero se adoptó el modelo corporativo de la
Empresa Eléctrica que había sido exitoso (Acuerdo 87, 1942). En
los años posteriores, los acuerdos del concejo municipal posibilita-
ron la participación de representantes de los bancos prestamistas y
de miembros de la Asociación Nacional de Empresarios Colom-
bianos – ANDI en la junta administradora (Acuerdo 66, 1945;
Acuerdo 47, 1947).
1936-1985: Intervención
del gobierno nacional
Entre 1936 y 1985 el gobierno central asumió un papel más fuerte
y preponderante centralizando la regulación de los servicios y la -
nanciación de las infraestructuras. Durante este período se naciona-
41
Cuestionando tendencias universales desde la historia de la regulación
de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia
lizaron algunas medidas que ya habían comenzado a implementarse
en Bogotá y Medellín. Esta experiencia cuestiona visiones aceptadas
sobre la descentralización y la idea de que esta comenzó en la década
de 1980. Vemos aquí que las políticas sobre servicios públicos esta-
ban descentralizadas y luego esas iniciativas locales fueron tomadas
como ejemplo para la regulación nacional.
Este período comienza con el Acto Legislativo 1 de 1936 que abrió
la posibilidad para que el gobierno central tuviera mayor injerencia
en la provisión de los servicios públicos, especialmente en torno a
la extensión de infraestructuras, el funcionamiento de las empresas
y la determinación de tarifas. Con la Ley 65 de 1936 se dieron
funciones al Ministerio de Obras Públicas para vigilar el sector y
se estableció la obligación para que la Nación, los departamentos
y los municipios concurrieran en la nanciación del suministro de
agua que por esos años comenzó a considerarse como un servi-
cio fundamental (ver por ejemplo los decretos 1831 y 1832 de
1940). Adicionalmente las empresas debían enviar informes nan-
cieros y de avance en la construcción de infraestructuras (Decreto
1606, 1937) y someter sus tarifas a la aprobación del gobierno para
que no se dieran excesos que afectaran la “conveniencia colectiva”
(Ley 109, 1936).
Esa intervención del gobierno central se profundizó cuando se creó
el Fondo de Fomento Municipal adscrito al Ministerio de Hacienda
(Decreto 503, 1940). En 1950 este fue renombrado como Instituto
de Fomento Municipal (INSFOPAL), entidad que tenía entre sus
funciones el manejo y distribución de los recursos económicos que
permitieran la extensión de infraestructuras en todos los municipios
del país. Una de las razones para crear el INSFOPAL era frenar
la corrupción local. Por eso, el instituto centralizaba la compra de
los materiales de construcción y exigía a los municipios y empresas
la entrega de planes de obras, que debían ser acatados so pena de
que el instituto interviniera y asumiera directamente las tareas de
construcción y gestión de las obras (ver Decretos 289 de 1950, 837
de 1952 y 2658 de 1953). En la década de 1960, el INSFOPAL
asumiría directamente la nanciación de las infraestructuras, cen-
tralizando las negociaciones de los créditos (Ley 9, 1962).
42
La urbanización de las aguas en Colombia
Una de las reformas más importantes durante la década de 1950
llegó con el Acto Legislativo 5 de 1954 que estableció la posibilidad
de crear empresas del Estado autónomas, que debían ser dirigidas
con criterios técnicos y rigurosos para garantizar la eciencia admi-
nistrativa. Esta decisión fue impulsada por el Banco Mundial en
conjunto con representantes de la ANDI y las familias industriales
de Medellín (López Díez et al., 1998). Esto implicó la uniformiza-
ción del modelo de empresas corporativas y autónomas que ya se
había iniciado en Bogotá y Medellín y que con esta norma se centra-
lizó y extendió en el contexto nacional. Para aplicar esta norma, las
empresas se transformaron. En 1955 en Bogotá se creó la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y en Medellín se
conformó Empresas Públicas de Medellín (EPM).
En 1960 muchas de las funciones del Ministerio de Obras Públi-
cas se trasladaron a la Superintendencia de Regulación Económica
(SRE), que debía vigilar el establecimiento de las tarifas. Se buscaba
que estas fueran diferenciales de acuerdo con los ingresos de los
usuarios, pero a la vez que permitieran asegurar el funcionamiento
de las empresas, la extensión de las infraestructuras, las inversiones
futuras y el pago de las deudas (Resolución SRE 001 de 1961). Estas
ideas fueron la base para el posterior establecimiento del sistema
nacional de subsidios cruzados que comenzó a funcionar en 1968,
cuando la SRE se convirtió en la Junta Nacional de Tarifas a través
del Decreto 3069 de 1968. Este decreto estableció que las empresas
de servicios públicos deberían asegurar la protección de sus activos
estableciendo tarifas que cubriesen los costos reales de prestación
de los servicios, pero que al tiempo tuvieran en cuenta la capacidad
económica de los diferentes sectores sociales.
En las ciudades, algunas de las medidas para aplicar los cobros di-
ferenciados generaron reticencias de los gremios económicos. En
Medellín, por ejemplo, el gremio de la construcción CAMACOL
intentó frenar la implementación de cobros diferenciados de cone-
xión de EPM que servían para nanciar las infraestructuras. EPM
argumentaba la necesidad de cobros diferenciados ante la pobreza
generalizada en la ciudad. En Bogotá, la EAAB pasaba por un mo-
43
Cuestionando tendencias universales desde la historia de la regulación
de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia
mento de crisis nanciera. Se intentó entonces establecer un cobro
de conexión, al tiempo que se ofreció la condonación de las deudas
a casi 500 vecindarios de bajo ingreso. En respuesta, la Federación
Nacional de Comerciantes (FENALCO) respondió agresivamente
señalando que la empresa no podía hacer cobros diferenciados y
distinciones entre zonas urbanas desarrolladas a las que se les co-
braba y otras deprimidas a las que se eximia de los pagos (Cabrera,
13 de agosto 1980). FENALCO logró que la Alcaldía apoyara su
argumento y EAAB tuvo que desmontar el cobro por conexión por
orden judicial (Arenas, 15 de octubre 1980). En los años siguientes
los subsidios cruzados siguieron siendo tema de discusión, princi-
palmente en torno a la desactualización de las mediciones de los
precios de las propiedades y la poca información sobre los ingresos
de los hogares (Yunda, 2019). Por esta razón, en 1983 la Ley 14
ordenó la desvinculación de los avalúos catastrales para la jación
de las tarifas de servicios públicos. En adelante, la Junta Nacional de
Tarifas estableció que las empresas debían utilizar las estraticacio-
nes establecidas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) (Álzate, 2006).
La descentralización del sector de agua potable comenzó en 1975,
cuando se reformó al INSFOPAL y se crearon las Empresas de Obras
Sanitarias (EMPOS), que se ocuparían de la realización de obras de
acueducto y alcantarillado local. De acuerdo con lo establecido en
los decretos 2804 de 1975 y 1157 de 1976, las EMPOS tenían
la nalidad de fortalecer los municipios, para que estos pudieran
manejar ecientemente sus servicios. La creación de las EMPOS no
implicaba una autonomía municipal completa, ya que estas entida-
des serían vigiladas por delegados del INSFOPAL y del Ministerio
de Salud. En este momento de transición hacia el siguiente período,
otras leyes como la 01 de 1975 y 25 de 1977 intentaron fomentar
el desarrollo regional, posibilitando la generación de alianzas entre
diferentes municipios y empresas para llevar a cabo obras de infraes-
tructura conjunta. Además, el Decreto 2275 de 1978 dio funciones
a los gobernadores para crear comités que atendieran temas relacio-
nados con este asunto.
44
La urbanización de las aguas en Colombia
1986-2002: Implementación
de políticas neoliberales y la primacía
de objetivos comerciales
Este tercer período comienza con las reformas tendientes a la des-
centralización administrativa y la posterior neoliberalización de las
políticas tarifarias y corporativas que se habían iniciado en la década
de 1920. Entre las medidas de descentralización, en 1986 se posibi-
litó la elección popular de alcaldes, se crearon los consejos regionales
de planeación y se promovió la participación pública en la vigilancia
y observación de la actuación de las empresas. En el sector de agua
potable el cambio hacia la descentralización había iniciado en 1975,
pero se hizo más evidente en 1987 cuando el INSFOPAL fue liqui-
dado (Decreto 77, 1987; Decreto 1723, 1987). Las funciones que
ese instituto había asumido fueron transferidas a la nueva Dirección
de Agua Potable, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
Sin embargo, aunque hubo descentralización este fue el momento
en el que se logró consolidar realmente la centralización de la re-
gulación, especialmente con la aprobación de la Ley 142 de 1994.
Esta ley empoderó dos nuevas agencias regulatorias. Por un lado, la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA)
que reemplazó a la JNT y que actualmente es responsable de asegu-
rar la eciencia del sector, evaluar el rendimiento de las empresas y
aprobar las tarifas de los servicios. Por el otro, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), creada por la Cons-
titución Política de 1991, que tiene facultades para intervenir las
empresas de servicios públicos, liquidarlas y venderlas en los casos
en que estas incumplan las normas establecidas. Entre los casos em-
blemáticos de actuación de la Superintendencia están las interven-
ciones a EMCALI y Electricaribe.
En este período la normatividad e instituciones se adecuaron a las
políticas neoliberales, por lo que se enfatizó la obtención de ob-
jetivos comerciales. Con el Decreto 951 de 1989 se hizo obliga-
torio el cobro de las tarifas y la suspensión de los servicios por falta
de pago. En años anteriores las empresas no aplicaban la suspensión
45
Cuestionando tendencias universales desde la historia de la regulación
de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia
(González, 1988), pero la SSPD podía intervenir a las empresas que
incumplieran sus obligaciones. Con la Ley 142, además, el gobierno
nacional buscó limitar el nivel de los subsidios cruzados generando un
aumento importante en las tarifas: un 213 % en Medellín (El Mundo,
1996a) y 11 % en Bogotá. Las medidas afectaron evidentemente a los
grupos de población más pobre (Gilbert, 2007, p. 1568).
La entrada del neoliberalismo se consagró en gran medida con la
apertura económica de la década de 1990, reejada en la Constitu-
ción Política que estableció la libertad económica y abrió la puerta
a la participación del sector privado en la prestación de los servicios
públicos. La Ley 60 de 1993 posibilitó que los municipios privatiza-
ran los servicios, pero la Ley 142 fue más allá y exigió a los munici-
pios transformar sus empresas en una de las tres opciones siguientes:
1. Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE), de pro-
piedad estatal, departamental o municipal; 2. Empresas de carácter
mixto, con participación pública y privada; y 3. Empresas privadas.
Sin importar el régimen que los municipios decidieran, las empre-
sas debían comenzar a regirse bajo el modelo corporativo y con las
normas del derecho privado. Se argumentó la necesidad de poner
n al monopolio del Estado sobre los servicios públicos y aplicar
principios de libre competencia.
Desde el gobierno nacional también se promovió el ingreso de capi-
tal privado a las empresas de servicios públicos a través de diversos
mecanismos, tales como los incentivos a inversores del Programa de
Modernización Empresarial y el mandato directo de que las agen-
cias reguladoras estatales promovieran la inversión privada estipula-
do en los Conpes 2765 de 1995 y 2852 de 1996.
A pesar de eso, las grandes ciudades resistieron e intentaron pre-
sionar para que se excluyera el requisito de privatización parcial.
De hecho, cuando se estaba discutiendo en el congreso el proyecto
de la Ley 142, representantes de las empresas de servicios públicos
intervinieron para que se dejara abierta la posibilidad de mantener
la propiedad estatal de las empresas. En los años siguientes los traba-
jadores y sindicatos de las empresas de servicios públicos intentaron
bloquear las reformas y se dieron grandes movilizaciones sociales. El
46
La urbanización de las aguas en Colombia
asunto fue tema de discusión en los concejos municipales. Por ejem-
plo, en el caso de Medellín el alcalde encabezó una poderosa coali-
ción de actores, entre los que se encontraba el gobernador de Antio-
quia Álvaro Uribe Vélez y el gerente de EPM, quienes abogaban por
la creación de una corporación mixta y la separación de la empresa
de telecomunicaciones. Se argumentó la necesidad de fortalecer la
empresa ante la pérdida del monopolio estatal y la necesidad de
liquidez para que la ciudad realizara mayor inversión social (Cock,
19 de junio 1996; El Colombiano, 13 de febrero 1996, 14 de junio
1996; Sánchez, 12 de junio 1996). Sin embargo, el concejo tomó la
decisión de que la ciudad continuaría siendo propietaria del 100 %
de EPM, aunque la empresa se manejaría con criterios comerciales
y corporativos (Acuerdo 69, 1997). La decisión fue respaldada por
los sindicatos de trabajadores de EPM, académicos, grupos comuni-
tarios, exgerentes de EPM y exalcaldes de la ciudad5.
Otras ciudades como Bogotá y Cali también mantuvieron la pro-
piedad estatal de las empresas locales de agua. La movilización social
y la tradición de autonomía de las empresas en Cali, Bogotá y Me-
dellín ayudó a que los concejos municipales tomaran la decisión de
mantenerlas como entidades públicas (EAAB, 2003; Vélez, 2013;
El Colombiano, 12 de junio 1996). A pesar de sus intentos por
privatizar las empresas, el gobierno central consideró que el nivel de
privatización fue insatisfactorio (Rozo, 2007, p. 100).
Después de 2003: Reformas a las políticas
neoliberales y un nuevo balance entre
los objetivos comerciales y sociales
En este último período de análisis encontramos que muchas de las
reformas neoliberales que se habían impuesto en el período anterior
se revisaron y modicaron, posibilitando que ciertos objetivos so-
ciales volvieran a aparecer en la agenda. Especialmente, los intentos
5 El caso de Bogotá fue similar y puede encontrarse detallado en el trabajo de Colme-
nares y Mira (2007).
47
Cuestionando tendencias universales desde la historia de la regulación
de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia
de acabar con los subsidios cruzados fueron infructuosos y estos
han logrado mantenerse como un esquema que posibilita el cobro
diferenciado de las tarifas y a la vez, permite la recuperación de los
costos de operación de las empresas. También la descentralización
administrativa fue revisada y funciones que habían sido asignadas
a los municipios pequeños se trasladaron nuevamente a un nivel
intermedio y regional. Por ejemplo, se estableció que las empresas
de servicios públicos de municipios pequeños que no administraran
ecientemente sus servicios pasarían a ser dirigidas por los depar-
tamentos. También se crearon los planes departamentales de agua
(Ley 1151, 2007; Bonilla, 2014).
En este período se consolidaron múltiples medidas en torno de la
calidad de agua, se buscó aumentar la cobertura extendiendo las
infraestructuras en las ciudades e implementando programas de me-
joramiento de barrios informales, que han posibilitado la conexión
a los servicios públicos para los habitantes de las periferias urbanas.
Muchas de esas medidas han estado en manos del Viceministerio de
Agua y Saneamiento Básico (Decreto 3137, 2006).
Un elemento importante para el análisis es entender que muchas
de las reformas de este período fueron el resultado de procesos de
movilización social y de acciones jurídicas desde distintos sectores
sociales por medio de diferentes mecanismos, como las acciones
de tutela, las acciones populares o las acciones de grupo. La Corte
Constitucional y el Consejo de Estado revisaron en múltiples oca-
siones la constitucionalidad de normas como la Ley 142 de 1994 y
demandas sobre las garantías de los derechos fundamentales y los
derechos sociales, económicos y ambientales de la población afecta-
da por la implementación de las medidas neoliberales.
Varias sentencias de la Corte Constitucional6 reconocieron de algún
modo el derecho fundamental al agua y la importancia de la pres-
tación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Esos recono-
cimientos llevaron a que, por un lado, se limitase el alcance de las
6 Por ejemplo, las sentencias C-493/1997, C-041/2003, T-410/2003, C-150/2003,
T-270/2007, T-546/09.
48
La urbanización de las aguas en Colombia
normas que exigen la suspensión de los servicios por falta de pago,
entendiendo que en algunos casos esa suspensión podría afectar los
derechos fundamentales de población vulnerable. En otros casos,
han servido como jurisprudencia para el establecimiento de pro-
gramas de mínimo vital de agua que han comenzado a implemen-
tarse en varias ciudades. En Medellín, por ejemplo, el Acuerdo 16
de 2008 estableció el consumo mínimo vital de agua, como parte
de las medidas para la superación de las brechas de desigualdades.
Posteriormente el Acuerdo 06 de 2011 institucionalizó el programa
de mínimo vital señalando que el municipio patrocinaría hasta 2.5
metros cúbicos de agua mensual a la población en estado de vulne-
rabilidad y pobreza. En Bogotá, con los decretos distritales 485 de
2011 y 64 de 2012, se planteó que el distrito reconocería 6 metros
cúbicos a cada suscriptor de los estratos socioeconómicos 1 y 2 para
asegurar a las personas una subsistencia digna.
Conclusiones
La historia de la regulación de los servicios de acueducto y alcanta-
rillado en Colombia muestra trayectorias distintas a las que han se-
guido países del norte global, cuyos ejemplos son considerados como
casi-universales en la literatura. A comienzos del siglo XX el desarrollo
regulatorio fue impulsado por las grandes ciudades. Luego de 1936
muchas de esas medidas fueron adoptadas a escala nacional. El estado
central retomó las políticas desarrolladas en las principales ciudades e
intentó aplicarlas en todo el país. Sin embargo, la centralización real
de la regulación solo se consolidó en la década de 1990, al tiempo que
iniciaba la descentralización administrativa.
Uno de los elementos centrales en esta historia es la corporatización
temprana de las empresas de servicios públicos. Desde la década de
1910 aparece la idea de crear empresas de servicios públicos autó-
nomas y separadas de la política y la corrupción. Esta idea estuvo
ligada a la necesidad de los bancos para lograr el pago de los prés-
tamos otorgados para la expansión de las infraestructuras urbanas.
Junto a la corporatización, se encuentran medidas como las tari-
fas pensadas para la recuperación total de los costos, los subsidios
49
Cuestionando tendencias universales desde la historia de la regulación
de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia
cruzados y la medición del consumo. Estas medidas se asocian con
políticas neoliberales posteriores a la década de 1970, pero en Co-
lombia, como vemos aparecen desde inicios del siglo. De hecho, esa
larga tradición de los subsidios cruzados y de corporatización hizo
difícil que en 1990 se aplicaran algunas medidas neoliberales como
la privatización. En muchas ciudades las empresas siguieron siendo
de propiedad estatal. Los subsidios cruzados tampoco fueron elimi-
nados y, de hecho, en ciudades como Bogotá y Medellín se logró
la consolidación del mínimo vital de agua que garantiza el acceso a
gran parte de la población de bajo ingreso.
Esta historia de la regulación del agua en Colombia invita a consi-
derar el contexto social y político en el que se dan las reformas legis-
lativas. La regulación se construye a partir de innovaciones, experi-
mentaciones, conictos y negociaciones donde participan múltiples
actores públicos y privados. En esta historia el Estado no puede
entenderse como unitario o monolítico, y como lo hemos visto, las
decisiones que se toman en algunos niveles o entidades pueden ser
limitadas por otras. Analizar la urbanización del agua desde Colom-
bia permite cuestionar las ideas que tenemos sobre la implementa-
ción del neoliberalismo o la corporatización. Más aún, invita a abrir
la reexión sobre los factores que han llevado a las formas particula-
res de gestión del agua urbana desde otros contextos que no siempre
aparecen reejados en la literatura académica hegemónica.
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Normatividad referenciada
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• Constitución Política de Colombia de 1991.
• Ley 4/1913. Sobre régimen político y municipal.
• Ley 97/1913. Que da autorizaciones especiales a ciertos concejos mu-
nicipales.
• Acto legislativo 1/1936. Reformatorio de la Constitución.
• Ley 65/1936. Por el cual se dictan normas sobre abastecimiento de
agua potable a los municipios de la República y se conceden unas au-
torizaciones al Gobierno Nacional.
• Ley 109/1936. Sobre tarifas y reglamentos de empresas de energía
eléctrica y de acueductos a domicilio.
• Acto legislativo 5/1954. Por el cual se coneren unas autorizaciones.
• Ley 9/1962. Por la cual se coneren unas autorizaciones al Gobierno
Nacional para celebrar operaciones de crédito externo.
• Ley 1/1975. Por la cual se reglamenta el inciso 3o. del artículo 198 de
la Constitución, sobre asociaciones de municipios.
• Ley 25/1977. Por la cual se reglamenta el numeral 20 del artículo 76
de la Constitución Nacional y se conforman programas de fomento
regional y de empresas útiles y benécas.
• Ley 14/1983. Por la cual se fortalecen los scos de las entidades terri-
toriales y se dictan otras disposiciones.
• Ley 60/1993. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribu-
ción de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de
la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos
356 y 357 de la Constitucióel n Política y se dictan otras disposiciones.
• Ley 142/1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios pú-
blicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
54
La urbanización de las aguas en Colombia
• Ley 1151/2007. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010.
Decretos Presidencia de la República.
• Decreto 1606/1937. Por el cual se reglamenta la Ley 109 de 1936.
• Decreto 503/1940. Por el cual se crea el Fondo de Fomento Municipal.
• Decreto 1381/1940. Sobre aprovechamiento, conservación y distribu-
ción de aguas nacionales de uso público.
• Decreto 1382/1940. Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre
aprovechamiento, conservación y distribución de aguas nacionales de
uso público.
• Decreto 289/1950. Por el cual se organiza el Instituto de Fomento
Municipal.
• Decreto 837/1952. Por el cual se reorganiza el Ministerio de Industrias.
• Decreto 2658/1953. Por el cual se dictan disposiciones sobre fomento
municipal.
• Decreto 3069/1968. Por la cual se aprueban las tarifas para el cobro
de los excesos de consumo en el servicio de acueducto en el Distrito
Especial de Bogotá.
• Decreto 2804/1975. Por el cual se reorganiza el Instituto Nacional de
Fomento Municipal.
• Decreto 1157/1976. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto
2804 de 1975.
• Decreto 2275/1978. Por el cual se atribuyen unas funciones a los go-
bernadores de los departamentos.
• Decreto 77/1987. Por el cual se expide el Estatuto de Descentraliza-
ción en benecio de los municipios.
• Decreto 1723/1987. Por el cual se reglamenta el Decreto Extraordi-
nario número 77 de 1987, en cuanto a la reorganización del sector
administrativo relativo al agua potable y al saneamiento básico.
• Decreto 951/1989. Por el cual se establece el reglamento general para
la prestación de los servicios de acueducto y de alcantarillado en todo
el territorio nacional.
55
Cuestionando tendencias universales desde la historia de la regulación
de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia
• Decreto 3137/2006. Por el cual se modica la estructura del Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y se dictan otras
disposiciones.
Sentencias de la Corte Constitucional:
• Sentencia C-493/1997.
• Sentencia C-041/2003.
• Sentencia T-410/2003.
• Sentencia C-150/2003.
• Sentencia T-270/2007.
• Sentencia T-546/2009.
Otros:
• Resolución 001/1961. Superintendencia de Regulación Económica.
Por la cual se adoptan normas generales para la jación de tarifas y
reglamentos de los servicios de acueductos y alcantarillados en el país
• CONPES 2765/1995. Departamento Nacional de Planeación. Parti-
cipación del sector privado en infraestructura física.
• CONPES 2852/1996. Departamento Nacional de Planeación. Parti-
cipación privada en proyectos de infraestructura: seguimiento.
Acuerdos del Concejo de Bogotá:
• Acuerdo 1/1912. Aprobatorio del contrato de compraventa de la Em-
presa de Acueducto.
• Acuerdo 15/1914. Por el cual se aprueba una póliza de contrato (el de
compra del Acueducto).
• Acuerdo 16/1914. Por el cual se organiza la Administración Municipal
del Acueducto.
• Acuerdo 57/1924. Por el cual se organiza la administración de las em-
presas municipales y la intervención del municipio en las obras contra-
tadas con la casa Ulen & Co.
• Acuerdo 15/1929. Por el cual se aprueba un contrato (el celebrado con
los bancos de Bogotá, Colombia e Hipotecario de Colombia, sobre
administración delegada de las Empresas del Tranvía y Acueducto).
56
La urbanización de las aguas en Colombia
• Acuerdo 25/1929. Por el cual se modican las tarifas del Acueducto
Municipal.
• Acuerdo 48/1929. Por el cual se reforma el marcado con el número 25
de 1929 sobre tarifas del acueducto.
• Acuerdo 19/1938. Por el cual se modican las tarifas del Acueducto
Municipal, se derogan el Acuerdo número 48 de 1929 y el artículo
1 del Acuerdo número 10 de 1929 y se autoriza la celebración de un
contrato.
• Acuerdo 8/1939. Por el cual se modican las tarifas del Acueducto
Municipal y se dictan otras disposiciones.
Decretos Alcaldía Mayor de Bogotá:
• Decreto Distrital 485/2011. Por el cual se adopta el Plan Distrital del
Agua.
• Decreto Distrital 64/2012. Por el cual se modica parcialmente el De-
creto 485 de 2011, se reconoce el derecho al consumo mínimo vital de
agua potable a los Estratos 1 y 2 de uso residencial y mixto y se toman
otras determinaciones
• Acuerdos del Concejo de Medellín:
• Acuerdo 127/1913. Por medio del cual se creó la junta autónoma de la
Empresa de Tubería de Hierro y Alcantarillado.
• Acuerdo 57/1919.
• Acuerdo 66/1945. Por el cual se modica el acuerdo 87 de 1942 sobre
organización de las empresas y se fusionan unas juntas.
• Acuerdo 47/1947. Por el cual se modica el Acuerdo No. 66 de 1945 y
se dictan otras disposiciones sobre organización municipal.
• Acuerdo 69/1997. Por medio del cual se transforman las Empresas
Públicas de Medellín y se dictan otras disposiciones.
• Acuerdo 16/2008. Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo
2008-2011 “Medellín Es Solidaria y Competitiva”.
• Acuerdo 06/2011. Por medio del cual se institucionaliza el programa
mínimo vital de agua potable.
57
El gran apagón: tecno-
políticas, hidroeléctricas y
crisis en el sector eléctrico
colombiano1
Camila Patiño Sánchez2
«Recordemos que no somos capital, ni tenemos
puerto, ni estamos en un exuberante valle a tres
horas de distancia de un puerto. Somos un de-
partamento cuyos recursos principales son su
gente trabajadora y una riqueza hidroeléctrica
que debe contribuir a soportar su desarrollo».3
Carlos Enrique Moreno Mejía, Gerente general
de EPM (1990-1992)
Introducción
En 1992, el sector eléctrico colombiano experi-
mentó una de las crisis más impactantes de su his-
toria. Inicialmente esta crisis estaba asociada con la
sequía provocada por el fenómeno del Niño que se
había prolongado desde noviembre de 1991 hasta
1 Este estudio es una versión resumida de la tesis de maestría El
Gran Apagón: Techno-politiques, crises et infrastructures dans le
secteur d’énergie électrique en Colombie (1940-2000).
2 Universidad de Concordia, Canadá. Correo electrónico: cami-
la.patino@mail.concordia.ca
3 Citado en Jiménez Morales, 1992.
58
La urbanización de las aguas en Colombia
mediados de 1992. El resultado de la escasez de agua en los embalses
que alimentaban hasta el 78 % del sistema eléctrico fueron 13 meses
de racionamientos cotidianos de más de 8 horas al día. Paradójica-
mente, en 1987, el ministro de Minas y Energía, Guillermo Perry,
había anunciado la suspensión del plan de expansión previsto para
los años 1990. Según él, el sistema de energía estaba “sobreinstalado”,
lo cual signicaba que se producía demasiada energía con respecto
a la demanda y había considerables pérdidas dada la obsolescencia
de ciertas instalaciones. La producción energética no era rentable y
no generaba ganancias sucientes para pagar la deuda del sector que
alcanzó ese mismo año, en 1987, 29,7 % de la deuda externa total de
la Nación. Así, los grandes créditos provenientes del Banco Mundial
y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para desarrollar ma-
sivamente el “enorme potencial” hidroeléctrico en Colombia habían
puesto al sector en una situación de insolvencia crítica.
Esta transición repentina en un momento en el que la hidroelec-
tricidad se asumía como abundante a una situación de escasez pro-
longada generó fuertes controversias en cuanto a la gobernanza del
sector energético. Rápidamente la crisis fue denida por actores po-
líticos y expertos como la acumulación de errores y omisiones por
parte de los actores implicados en la gestión del sector eléctrico, y
aunque había sequía, la crisis no fue interpretada principalmente
como una cuestión de variaciones climáticas. Pero más allá de re-
saltar estas “fallas” técnicas o políticas que produjeron el llamado
“Gran Apagón”, la crisis tuvo un efecto momentáneo y discursivo
que permitió, por un lado, acelerar la introducción de políticas de
privatización del sector, adelantadas desde 1990 por el presidente
electo Cesar Gaviria (1990-1994); y por otro lado, permitió que
diferentes actores rediseñaran un plan de expansión del sector eléc-
trico donde las hidroeléctricas volvían a aparecer en escena, posibi-
litando así la construcción de tres grandes proyectos que se habían
suspendido desde 1987, la Miel II, Urrá I y Porce II. Este estudio se
concentrará principalmente en el proyecto de la hidroeléctrica Porce
II, adelantado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM), cuya
construcción inició en 1994 y terminó en el 2001.
En el marco de este proyecto de investigación se analizaron memo-
rias anuales e informes nancieros y de expansión del Ministerio de
59
El gran Apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas y crisis en el sector eléctrico colombiano
Minas y Energía desde 1941 hasta el año 2001 (antes del 1963 eran
los informes del Ministerio de Obras Públicas). En el mismo periodo
también se analizaron informes relacionados al sector eléctrico del
Banco Mundial, del BID y de las empresas electricadoras como
ISA y EPM en momentos clave (con atención particular en los años
1980-1990). De manera paralela también fueron revisados artículos
de prensa nacional y de Antioquia para analizar los debates públicos
y discusiones en torno a al sector eléctrico.
A través del estudio de caso de Porce II, se cuestionan ciertos supues-
tos sobre la idea de que la predominancia de la energía hidroeléctrica
sea el simple resultado de razones técnicas vinculadas con la abun-
dancia de ríos y agua en Colombia o por la idea de que la hidroelec-
tricidad sea el tipo de energía más rentable. El argumento central de
esta investigación es que los poderes político y económico que se han
producido alrededor del agua, también explican esa preponderancia
sobre otras fuentes de energía. Este análisis se hará desde una mirada
de Estudios de Ciencia y Tecnología (STS por sus siglas en inglés de
Science and Technology Studies) y de Ecología Política.
Tecno-políticas, infraestructura
y crisis en el sector eléctrico
Dentro de los discursos que se encuentran en los informes y artí-
culos de prensa relacionados con el sector eléctrico parece asumirse
que el progreso del sector eléctrico se ha dado por sus avances tec-
nológicos, el rigor y el criterio técnico del cuerpo de ingeniería que
lo constituye. En cambio, sus fallas serían causadas por la “politiza-
ción” del sector (lo cual se atribuye normalmente a irregularidades
de corrupción, clientelismos, etc.). Estas concepciones del sector
eléctrico ilustran bien la idea de que la tecnología –y por ende la
infraestructura– es un campo aparte del mundo de lo político, lo
cual se ha cuestionado profundamente en los Estudios de Ciencia y
Tecnología y en la Ecología Política.
Estos dos campos cuestionan la separación dicotómica entre socie-
dad y naturaleza, o más ampliamente entre el mundo humano y no
60
La urbanización de las aguas en Colombia
humano, que hace que la sociedad sea pensada como el campo de
lo político, aparte de un mundo de fenómenos naturales que solo
puede ser entendido por la ciencia (Latour, 1991). Por eso, en estos
estudios se cuestiona cómo el control, el acceso, los discursos y las
representaciones sobre la naturaleza tienen que ver con procesos de
movilización de la ciencia y la tecnología que emergen y que son
producidos por múltiples formas de relaciones de poder (Goldman
y Turner, 2011). En ese sentido, el concepto de tecno-políticas con-
siste en entender que la tecnología y la infraestructura son una ma-
terialización de políticas (Bakker y Kooy, 2010), y a la vez, el poder
político se congura a través de las tecnologías, de la ciencia y de la
“experticia” (Mitchell, 2002; Von Schnitzler, 2016).
Esta perspectiva resulta interesante para entender las complejida-
des que constituyen infraestructuras como las hidroeléctricas. Estos
objetos son extensiones materiales y símbolos de estas relaciones
profundas entre tecnología y política (Larkin, 2013). Son redes que
conectan actores humanos a no humanos y procesos de transfor-
mación entre diferentes espacios, como en este caso espacio rurales
y urbanos. Movilizan y son el producto de promesas (a menudo
contradictorias) de desarrollo, de modernidad y de abundancia de
recursos, mientras que transforman y delimitan territorios y órdenes
sociales, económicos y políticos (Anand, Gupta y Appel, 2018).
También concentran y aseguran el ujo de naturalezas (como el
agua), de capital, conocimientos y de poder (Mitchell, 2002). Así, la
proliferación de estas infraestructuras no puede ser entendida como
neutra y estática en el tiempo y en el espacio. Estas están incorpo-
radas en contextos histórico-geográcos y son negociadas, tanto en
escalas globales como locales. Es en este sentido que Star y Ruhleder
(1996) denen las infraestructuras como objetos relacionales, mate-
riales y conceptuales, que deben ser analizadas y problematizadas en
sus contextos espacio-temporales.
Por ejemplo, los programas de desarrollo que han promovido la
multiplicación de las represas a través del mundo reejan dinámicas
políticas, en las cuales el control del ujo del agua ha catalizado
conictos y relaciones de poder socio-ambientales, aunque el carác-
ter técnico de los discursos establecidos por expertos y cientícos
que las promueven tienden a despolitizarlos (Swyngedouw, 2015).
61
El gran Apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas y crisis en el sector eléctrico colombiano
En la Ecología Política se ha mostrado cómo los discursos de abun-
dancia y de escasez del agua se normalizan como hechos técnicos
que legitiman proyectos de infraestructura sin problematizar cómo
responden a intereses de ciertos grupos de actores (Alatout, 2008,
2009). De la misma manera, los discursos de crisis que son gene-
ralmente asociados a la escasez del agua han sido vectores de acción
política y justicación de intervenciones que se producen a través de
discursos y representaciones dominantes de la naturaleza (Bakker,
2016). Además, los discursos de crisis también tienen como efecto
de asociar los problemas de la naturaleza, a problemas que pueden
simplemente ser “reparados” desde intervenciones técnicas sin nece-
sariamente cuestionar las fuentes de representaciones de la crisis y
las causas político-económicas y sociales que producen estas situa-
ciones (Kaika y Swyngedouw, 2000). Tal como lo argumenta Carse
(2017) las sequías, por lo menos aquellas que llaman la atención
de los seres humanos, son en realidad “eventos” infraestructurales.
Es a partir del momento en que la sequía afecta el funcionamiento
usual de las infraestructuras que las prácticas sociales y económicas
se vuelven visibles y delimitables en el tiempo y en el espacio.
Volviendo al caso de análisis de este capítulo, como lo aseguraron las
comisiones que investigaron las causas del Apagón, este episodio no
solamente fue el resultado de la sequía provocada por el fenómeno
del Niño, aunque haya sido un elemento detonante. La Comisión
de “Alto Nivel” y la Comisión de la Contraloría de la República
llegaron al consenso de que ciertos actores en las empresas electri-
cadoras y entes de planeación gubernamentales fueron culpables de
los racionamientos del 1992 por errores y omisiones de carácter téc-
nico-administrativos (Contraloría General de la República, 1992).
Siguiendo a Roitman (2014), más allá de la búsqueda de culpables
y errores, este estudio propone analizar los efectos que tuvo la crisis
en los procesos de decisiones y en las propuestas de “soluciones”.
Para entenderlo, es necesario tener en cuenta quiénes y cómo se
denen las crisis, cómo se delimitan sus causas, temporalidades y
soluciones. Tal perspectiva nos permite ver cómo en contextos de
“crisis” se pretende poner en marcha procesos de despolitización de
ciertas medidas que al n y al cabo resultan perpetuando órdenes
políticos y económicos, pero que también permiten redenir cier-
tas prácticas, normas y nociones que enmarcaran los procesos de
62
La urbanización de las aguas en Colombia
toma de decisiones. En este caso, si bien las comisiones señalaron
incoherencias de carácter político en las decisiones que llevaron a la
crisis energética, las reformas para recticar la situación pretendían
justamente despolitizar el sector para asegurar un funcionamiento
con criterio técnico y económico. Sin embargo, la implementación
de estas medidas “técnicas” tampoco son tan neutras y netas como
se aparenta. Tal como lo plantea Callon (1981), es importante inte-
resarse en lo que él llama las “controversias tecnológicas”. Es decir,
aquellas ocasiones en las cuales se revelan las contradicciones en los
hechos y saberes técnico-cientícos. Según él, las controversias son
un terreno privilegiado para entender cómo grupos de actores lo-
gran imponer, negociar y seleccionar métodos y nociones dentro de
esos espacios “técnicos”.
Adoptando estos puntos de vista, el estudio de las raíces históri-
cas y los efectos de crisis energética del Apagón resulta pertinente
para ilustrar cómo opera lo político dentro y a través del sector de
energía eléctrica en Colombia. De esta manera, también es posible
explorar cómo la misma crisis fue denida, a través de narrativas
sobre racionamientos que legitiman políticas privatizadoras y, a la
vez, la perpetuaron las grandes hidroeléctricas como fuente de ener-
gía dominante. De manera más amplia, este estudio alimenta las
reexiones en torno de los múltiples procesos de urbanización del
agua en cuanto al proceso de concentración de los ujos de agua ri-
bereña para nes de producción eléctrica principalmente destinada
a los centros urbanos. Siguiendo la idea de William Cronon (1991),
las infraestructuras hidroeléctricas pueden ser entendidas como un
ejemplo más de cómo la urbanización está íntimamente entrelazada
con la transformación de espacios rurales donde el agua es usual-
mente embalsada. Este caso muestra particularmente cómo la esca-
sez o abundancia del agua no son absolutas, sino también producto
de materialidades y representaciones íntimamente entrelazadas con
ciertas dinámicas políticas y modelos de desarrollo territorial. Las
cuales han tenido como resultado profundos cambios en paisajes
hídricos, en las vidas en los territorios que dependen de estas aguas
y en la naturaleza de la relaciones urbano-rurales a través de la pro-
liferación de estas complejas infraestructuras.
63
El gran Apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas y crisis en el sector eléctrico colombiano
Hacer de la hidroelectricidad
un recurso abundante
La energía hidroeléctrica fue una de las primeras fuentes de energía
que se explotaron en Colombia. Las primeras instalaciones, que se
remontan a 1880, pertenecían a la United Fruit Co. en los cultivos
bananeros del Caribe. En las siguientes décadas, la generación de
energía se concentró en los principales centros urbanos, especial-
mente en Bogotá y Medellín. Las primeras redes crecieron de ma-
nera localizada para responder a la demanda de ciertas actividades
industriales y alumbrados públicos. No fue sino hasta los años 1950
que la expansión de la energía eléctrica, principalmente hidráulica,
se volvió un proyecto de modernización a escala nacional. Este pro-
yecto respondía a las políticas económicas de desarrollo industrial y
de sustitución de importaciones que se implementaron en la década
de 1930 para relanzar la economía nacional después de la crisis -
nanciera del 1929 (Cuervo G., 1992).
En 1946, el presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950) estable-
ció el primer instituto nacional de gestión de agua, llamado Institu-
to de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico (Electraguas)
con el objetivo de coordinar el desarrollo y la distribución nan-
ciera de proyectos de energía eléctrica en diferentes regiones del
país. Estos proyectos se realizaban para responder al crecimiento de
actividades industriales de transformación de alimentos, textiles y
manufacturas (altamente concentradas en Bogotá y Medellín), con-
siderando justamente que la oferta energética era insuciente para el
desarrollo industrial del país. Esta iniciativa fue una de las primeras
que se emprendieron desde el gobierno nacional para promover el
desarrollo eléctrico en el país. A la par, también se realizaron los pri-
meros estudios del potencial hidráulico en el territorio colombiano,
buscando reemplazar combustibles tradicionales como la leña –con-
siderada como arcaica– por energía eléctrica y a gran escala. Una de
las dicultades eran la incapacidad nanciera y técnica del gobierno
y de Electraguas para llevar a cabo semejante proyecto. En 1949, el
gobierno nacional acordó la primera visita del Banco Mundial al
64
La urbanización de las aguas en Colombia
país. Esta primera misión que el Banco realizó en el extranjero fue
liderada por el economista canadiense Lauchlin Currie, quien pre-
sentó el informe Bases para un programa de fomento para Colombia,
publicado en 1951.
En el informe, Currie presenta un extenso diagnóstico de los “pro-
blemas” sociales, estatales y económicos del país. Estos incluyen te-
mas como estándares de vida, vivienda, salud, agricultura, desarrollo
urbano, infraestructura, servicios públicos, explotación minero-ener-
gético, scalidad y estructuras estatales. A partir de ese diagnóstico
propone un plan de desarrollo y de modernización de cada uno de
esos aspectos. En sus sugerencias, Currie señala, entre otras, que la
geografía colombiana presenta un gran potencial hidroeléctrico dada
su topografía y gran riqueza hídrica (Currie, 1950, p. 14), y declara
que la energía eléctrica es probablemente el elemento singular más
importante en el desarrollo y la modernización de todas las activida-
des económicas, de servicios públicos urbanos, de la salud, educación
y del trabajo (Currie, 1950, p. 514). A partir de este diagnóstico, el
Banco Mundial y el BID se volvieron las principales fuentes nancie-
ras y de apoyo técnico en el desarrollo hidroeléctrico del país. De la
totalidad de los créditos otorgados a Colombia por estas dos agencias
multilaterales, 45,2 % fueron destinados a proyectos hidroeléctricos
entre 1950 y principios de los años 1990.
Sin embargo, estos apoyos fueron condicionados por la reestructu-
ración del sector energético. Según el Banco Mundial, para rentabi-
lizar los costos y para asegurar una mejor gestión técnica y nancie-
ra, era necesario centralizar la totalidad de las instalaciones y redes
eléctricas del país. Esta condición se fundaba en los estudios reali-
zados por la rma de ingenieros francesa Gibbs & Hill Enginee-
ring, que estableció el primer plan de expansión nacional para un
período de 15 años (1954-1970). Este plan concebía la triplicación
de la generación de energía en ese periodo y la interconexión de los
mayores sistemas de generación eléctrica que se encontraban en los
departamentos de Antioquia, Cundinamarca y el Valle del Cauca.
En 1963, el Banco Mundial exigió ocialmente la unión de las prin-
cipales empresas electricadoras del país bajo la hoy conocida In-
terconexiones S.A. (ISA). Aquella exigencia implicaba entonces a la
65
El gran Apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas y crisis en el sector eléctrico colombiano
Empresas de Energía Eléctrica de Bogotá (EEEB) las Empresas Pú-
blicas de Medellín (EPM), la Corporación Valle del Cauca (CVC)
y el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (Icel). De acuerdo
con el testimonio del primer gerente designado de ISA, Germán
Jaramillo Olano (2014), las negociaciones entre las empresas fueron
“altamente políticas” y tomó cuatro años en formalizar la unión.
Efectivamente, cada empresa y los actores políticos al mando de
cada una de ellas se oponían a la idea de ceder el acceso y el control
al recurso hidroeléctrico, que representaba más que nunca un gran
potencial de crecimiento económico y, por ende, de poder político
para cada región. Al cabo de las negociaciones, se acordó que cada
una de estas empresas serían las principales accionistas de ISA, es
decir de 25 % cada una (las acciones de Icel fueron cedidas a Corelca
en 1978). Sin embargo, el otorgamiento de proyectos en los planes
de expansión futuros fue siempre el resultado de negociaciones y
tensiones. En los reportes del Banco Mundial y del Ministerio de
Minas y Energía, se informaba frecuentemente sobre las dicultades
en la gestión de ISA dados aquellos conictos de carácter político.
Asimismo, el sector eléctrico heredó de cierta manera las tensiones
políticas regionalistas que caracterizan la geopolítica colombiana,
especialmente entre las élites de Medellín y de Bogotá a través de
EPM y la EEEB. Era claro que ninguna de las empresas existentes
quería ceder su autonomía en la gestión y del desarrollo de sus pro-
pios proyectos en sus regiones respectivas ante una empresa centra-
lizada. La tensión era tan fuerte que, en 1979, se llegó al Acuerdo
de Cali. Por medio de este acuerdo, y tras difíciles negociaciones
entre las juntas directivas de las empresas electricadoras, cada em-
presa exigió el otorgamiento de un proyecto hidroeléctrico mayor en
su territorio para calmar las disputas dentro de la junta directiva de
ISA. Con este acuerdo, la EEEB quedó con el proyecto Guavio, EPM
con Playas y Guadalupe IV, la CVC con Urrá e ICEL con Betania.
Si bien ISA tenía la facultad de efectuar la interconexión de todas las
redes existentes, llevar a cabo y coordinar los proyectos del sector, las
empresas accionarias tenían poder de decisión en la junta directiva y
entraban constantemente en discusiones. Estas dinámicas revelan los
motores políticos que se incorporan en el desarrollo y el control de
infraestructuras como las hidroeléctricas, dando lugar a la congura-
ción de tecno-políticas negociadas entre actores “expertos” y políticos.
66
La urbanización de las aguas en Colombia
Durante el período entre 1970 y nales de 1980, se registraron las
mayores tasas de expansión de generación de energía hidroeléctrica.
La capacidad instalada pasó entre 1970 y 1987 de 2077 MW a
8589 MW (Poveda Ramos, 1993). También se realizaron gran parte
de los estudios más completos sobre el potencial hidroeléctrico del
país. Vale la pena mencionar en particular el Estudio del Sector de
Energía Eléctrica (ESEE), en 1979, que hoy en día sigue siendo
un referente en cuanto al potencial de energía hidroeléctrica dentro
del territorio colombiano. Ese estudio estableció un inventario de
todos los proyectos hidroeléctricos potenciales de más de 100 MW
en todo el país. Según el estudio, Colombia tendría un potencial
de 93000 MW con 308 proyectos identicados de los cuales, en
esa época, se habían desarrollado solo el 3,1 %, y actualmente hasta
2018, el 11,8 %.
Además, es importante considerar los efectos de estos procesos de
producción de conocimientos y cartografías, que resultan siendo
procesos de representación, de simplicación de los territorios –de
las vidas y los ecosistemas– reduciéndolos a una imagen homogé-
nea de datos cuantitativos y estadísticas hidrográcas, topográcas
y geológicas, traducibles en cifras de costos de potencial hidroeléc-
trico. Estos estudios hicieron inteligible la idea de la “riqueza” hi-
droeléctrica de Colombia, en especial en las regiones de Antioquia
y Cundinamarca donde se sitúan más de la mitad de los proyectos,
generando una especie de dinámica especulativa en la competencia
por los recursos nancieros que incitaban a la inversión en este re-
curso como fuente de desarrollo.
De tal manera, el auge que hubo por las hidroeléctricas y la idea
de abundancia hídrica en esa época produjo lo que el ministro de
Minas y Energía, Guillermo Perry, denunciara en 1987 como una
situación de sobreinstalación. En el mismo año, la deuda provenien-
te del sector eléctrico alcanzó el tercio de la deuda externa nacional,
pero las ventas de energía con respecto a los costos de producción
no permitían rentabilizar aquellas inversiones. En ese contexto, el
ministro Perry, siguiendo las sugerencias del Banco Mundial, decla-
ró la suspensión del plan de expansión previsto para los años 1990
y decidió invertir en el mantenimiento de las instalaciones, llevar a
cabo programas de reducción de pérdidas de energía y sobre todo
67
El gran Apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas y crisis en el sector eléctrico colombiano
reducir la deuda de las empresas del sector. Esta decisión fue alta-
mente cuestionada por EPM que veía de nuevo aquellas políticas
del gobierno central como perjuicio a su autonomía.
A continuación, se mostrará cómo la sequía, provocada por el fenó-
meno del Niño en 1991, se presentó como una ocasión ideal para
que el gobierno central pudiera promover políticas neoliberales y
“solucionar” los problemas de solvencia nanciera del sector. Ade-
más, fue una ocasión para que las empresas electricadoras, en par-
ticular EPM, reinsertaran la construcción de proyectos hidroeléctri-
cos en el plan de expansión de la década de 1990, bajo el discurso
de prevención de crisis y racionamientos futuros.
El gran Apagón y la introducción
de privatizaciones en el sector eléctrico
En 1990 Cesar Gaviria llegó a la presidencia anunciando el princi-
pio de una década llena de cambios y de progreso. Bajo su gobier-
no se promulgó la Constitución del 1991 que, si bien fomentaba
temáticas de inclusión social y cultural, protección ambiental y de
derechos humanos, también abrió la puerta a políticas neoliberales.
En el sector de los servicios públicos y del sector eléctrico se pro-
yectaron reformas sustanciales en ese sentido. Así, se inició una era
de apertura del sector de servicios públicos y del sector eléctrico
a actores privados, además del establecimiento de un régimen de
competencia y de libre mercado como modelo de gestión en aque-
llos sectores. El rol del Estado se convirtió más que todo en el de
regulador del mercado, del acceso y de la cualidad de los servicios
públicos (Acevedo, Furlong, & Arias, 2015).
Como se mencionó anteriormente, en los primeros años de la dé-
cada de los 1990 ocurrió una transición drástica entre la idea de
la sobreinstalación declarada por el ministro Guillermo Perry en
1987, y la situación de escasez tras la llegada del Fenómeno del
Niño a mediados de 1991. El cual provocó una disminución sustan-
cial del nivel de los embalses llevando al país a una larga temporada
de racionamientos. También es interesante mencionar que, aunque
68
La urbanización de las aguas en Colombia
esta variación climática se había manifestado en el pasado, antes de
1991 no se discutía ni aparecía como un elemento determinante en
la planeación del sector eléctrico. Pues no hay mención ninguna de
este fenómeno en las memorias e informes de planeación del sector
antes de esta época. Después del apagón de 1992, este fenómeno se
convirtió en un elemento crítico de las previsiones que dan forma a
los planes de expansión eléctrica. Regresando a la evolución del gran
Apagón, como se puede ver en la Figura 2, desde nales de 1990 el
nivel de las reservas de agua en los embalses del Sistema Interconec-
tado Nacional (SIN) estaba en descenso hasta llegar a un estado crí-
tico a nales de 1991. Ninguna de las empresas había reaccionado o
reportado el estado “anormal” del nivel de los embalses. La situación
se hizo pública en la prensa cuando se anunció el inminente colapso
de varias centrales, y se dieron entonces las primeras medidas de
“urgencia” que se limitaban a cortos racionamientos en los sectores
residenciales en todas las ciudades, incluyendo Bogotá y Medellín.
En las primeras semanas de racionamientos, se anunció que las me-
didas se limitarían a 2 horas diarias de racionamiento por 3 meses
(El Espectador, 1992a). Pero dada la ausencia de precipitaciones
hasta el mes de abril 1992, Gaviria declaró el estado de emergencia
y recticó que los racionamientos se prologarían hasta junio, y se
aumentarían los cortes de energía de 8 a 9 horas diarias, además
de exigir racionamientos al sector industrial, so pena de suspen-
sión del servicio (El Espectador, 1992b). Los racionamientos se
prolongaron hasta nales de año. Durante el cual la cotidianidad
tomó el ritmo de los horarios de los apagones. Fue tan así, que en
la memoria colectiva se reere aún a ese periodo como “la época de
la hora Gaviria”4. Los apagones tuvieron implicaciones laborales,
educativas, de seguridad en los espacios públicos debido a los cortes
generales de energía en las tardes hasta el amanecer (El Espectador,
1992c). Pero igualmente en la socialización en los barrios y hogares
en momentos de oscuridad, durante los cuales la gente se reunía en
casa a escuchar el conocido programa de radio La Luciérnaga.
4 Una de las medidas de racionamiento fue el cambio de hora en el país, de una hora
más, para aprovechar más luz del día.
69
El gran Apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas y crisis en el sector eléctrico colombiano
Figura 2. Evolución de las reservas de los embalses del Sistema In-
terconectado Nacional - SIN.
Fuente: Contraloría General de la República, 1992, p.33.
De todos los efectos que tuvieron los apagones de 1992, se desco-
noce generalmente cómo la “crisis” que provocaron estos raciona-
mientos fueron determinantes en las reformas que se anunciaban
con la llegada del gobierno neoliberal de Gaviria. Ante la situación
de crisis, la comisión Quinta del Senado llevó a cabo una investiga-
ción sobre las causas de la situación. Además, la Contraloría Gene-
ral de la República estableció otra comisión y el presidente Gaviria
convocó a “expertos” externos (personajes de la élite empresarial y
gremial) a participar en una comisión de “Alto Nivel” con el obje-
tivo de determinar las causas y también soluciones a corto y largo
plazo para prevenir racionamientos en el futuro. Estas comisiones
concluyeron que, si bien la sequía asociada al fenómeno del Niño
70
La urbanización de las aguas en Colombia
fue un detonante, las causas de los racionamientos residían en errores,
omisiones y discrepancias por parte de funcionarios, pero también en
la falta de comunicación y de colaboración entre las empresas electri-
cadoras dentro de la junta directiva de ISA, especialmente por parte
de EPM (Contraloría General de la República, 1992). Así mismo, se
señaló que EPM tuvo intereses económicos que llevaron a un desem-
balse apresurado del agua de la represa El Peñol cuando ya se presen-
taban los primeros signos de sequía. Además, EPM tenía retrasos en
la ejecución del proyecto Riogrande II, así como la EEEB lo tenía con
el proyecto Guavio. Entre las causas del apagón también se señalaron
otras razones como la deuda del sector energético, los ataques de la
guerrilla a la infraestructura o los abusos de los sindicatos. En total se
determinaron 23 culpables, entre los que se encontraban: funciona-
rios del Ministerio de Minas y Energía, el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) y las juntas directivas de las principales empresas:
ISA, EPM, EEEB, CVC, Emcali y Corelca.
En este contexto, los discursos que promovían la privatización de
las empresas de servicios públicos estatales se fundamentaron en la
controversia del Apagón. Se tomaron medidas de urgencia ancladas
en discursos de que la crisis fue provocada por un sector público co-
rrupto, ineciente, politizado y altamente endeudado (El Especta-
dor, 1992g), justicando así la implementación de nuevos modelos
de gestión. Esto apalancó la idea de la necesidad de la intervención
de actores privados como una solución de corto y largo plazo, con
base en su supuesta autonomía de esas dinámicas del mundo políti-
co, que además podía invertir capital para aliviar las deudas.
Dadas las condiciones del sector eléctrico, el Banco Mundial anun-
ció el cierre de todos sus créditos al sector, con excepción de progra-
mas de privatización (El Espectador, 1992e). Por su lado, el BID
acordó con la EEEB y el gobierno central un crédito para nalizar
la represa del Guavio y para la reparación de centrales térmicas si-
tuadas en la Costa, bajo la condición de que se garantizara la pues-
ta en marcha de programas de reestructuración de Icel y Corelca
para asegurar su “rentabilidad y ecacia” (El Espectador, 1992d).
En concordancia con esos condicionamientos, y como iniciativas de
“emergencia” ante la crisis, el gobierno Gaviria, la Comisión Nacio-
nal de Energía (CNE) y el DNP avanzaron en los primeros procesos
71
El gran Apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas y crisis en el sector eléctrico colombiano
normativos de inserción del sector privado y promovieron la crea-
ción de la empresa Proeléctrica Ltda. compuesta por inversionistas
privados estadounidenses y colombianos para la construcción de la
primera central hidroeléctrica privada. Por su parte, el ministro de
Minas y Energía, Restrepo Salazar, autorizó a industriales costeños
para construir sus propias centrales, con la posibilidad de vender los
excedentes de energía a ISA. También se inició el proceso de venta
de la hidroeléctrica Betania (de Icel) a inversionistas extranjeros. Por
el lado de las centrales térmicas, también se iniciaron procesos de
ventas. En 1992, el presidente de Carbocol, Antonio Pretelt, viajó
a España para presentar ante 70 inversionistas un portafolio de 15
centrales térmicas para construir, que se concentraban en la Costa
Atlántica y el suroccidente del país (El Espectador, 1992h).
Igualmente, desde el gobierno central se fomentó la creación de em-
presas particulares y de capital mixto para que se encargaran de las
nuevas plantas que necesitaban US$ 3000 millones. Los empresa-
rios que deseaban generar energía para su consumo podían ahora
acometer los proyectos libremente, con la única condición de regis-
trarlos ante el Ministerio de Minas y Energía. Con estas medidas, el
ministro Restrepo Salazar anunció que “no vamos a caer en un nue-
vo acuerdo de Cali, donde se repartieron alegremente los proyectos,
pero el país no tendrá más racionamientos” (El Espectador, 1992h).
Según el ministro, la inclusión de empresas privadas en el sector
eléctrico era “una modalidad nueva que se va a experimentar en el
país y que [confían] exitosa, puesto que construiría un precedente
importante para que el sector privado se vincule con el proceso de
generación de energía” (El Espectador, 1992f). En estos comenta-
rios de la prensa, el ministro también hizo referencia al proyecto
de “Ley Eléctrica”, que se concretaría luego como la Ley 143 de
1994, que estableció el régimen para la generación, interconexión,
transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el
territorio nacional.
Estos ejemplos ilustran cómo las deniciones, debates y negocia-
ciones en torno de las causas de la crisis permitió establecer bases
discursivas y legislativas para promover las primeras iniciativas de
privatización del sector eléctrico. Como lo indica Roitman (2014),
los grupos de actores que intervinieron en las deniciones de las
72
La urbanización de las aguas en Colombia
causas de la crisis y sus soluciones participaron en la despolitización
de este programa político neoliberal transformándolo en un pro-
grama de urgencia y de prevención de racionamientos. Desde ese
entonces la “prevención” de racionamientos asociados a fenómenos
del Niño entraron en el lenguaje común de los planes de expansión
y de informes del sector, casi como un nuevo índice de eciencia.
Por ejemplo, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME)
señalaba en su boletín estadístico de 1994-2004, que las leyes 142
y 143 de 1994 habían sido exitosas para superar el fenómeno del
Niño de 1997-1998 (UPME, 2004).
Racionamientos como discursos
de legitimación de Porce II, Antioquia
Dada la situación de escasez de agua en los embalses, el programa
del ministro de Minas y Energía Luis Fernando Vergara Munárriz
(1990-1991) y de su viceministro Amylkar Acosta, ambos costeños,
pusieron en disputa la necesidad de priorizar la energía térmica para
equilibrar la dependencia a la energía hidroeléctrica. Según la me-
moria al congreso de Munarriz y los escritos de Acosta, el desarrollo
masivo de las hidroeléctricas no era tan rentables como se pretendía
y resultaba problemático en cuanto a la concentración geográca de
estos proyectos (Acosta M., 1994; Vergara M., 1990). Con base en
estas premisas, el ministro y el viceministro apoyaban la idea de redu-
cir las inversiones en proyectos hidroeléctricos que hasta ese entonces
habían absorbido 45 % de la totalidad de los créditos acordados entre
el Banco Mundial y la BID. De esta manera, se reclamaban proyectos
de energía térmica para la región de la Costa donde esta fuente de
energía ha prevalecido tradicionalmente. Recordemos que en 1987
se suspendieron los proyectos hidroeléctricos previstos para los años
1990, para privilegiar la energía térmica y los programas de dismi-
nución de pérdidas de energía. Para una empresa como EPM y las
elites políticas antioqueñas y medellinenses, este tipo de restricciones
provenientes de políticas centralizadas resultaba molesto.
73
El gran Apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas y crisis en el sector eléctrico colombiano
Desde la década de 1970, EPM ya exploraba el potencial hidráulico
del río Porce y desde 1983 se habían establecido los primeros estu-
dios de factibilidad para desarrollar el proyecto de Porce II que se
reconocía como uno de los proyectos más rentables en el panorama
de la empresa (Porce I ya había sido descartado). Se estimaba que
la puesta en marcha de Porce II aumentaría en 18 % la producción
eléctrica de EPM en Antioquia, y en 3 % a escala nacional. Aunque
se había suspendido la ejecución de los proyectos hidroeléctricos
para la década de 1990, en 1989 la junta directiva de EPM logró
acordar con el DNP la inserción del proyecto para el plan de expan-
sión de 1998-2002. Este proyecto con capacidad de generación de
392 MW fue ubicado en la zona de inuencia de los municipios de
Yolombó, Amal y Gómez Plata, poblaciones de larga tradición de
pesca y de minería artesanal, a 120km al nororiente de Medellín.
En medio de las controversias de la situación energética de 1992,
el gerente de EPM y el alcalde de Medellín movilizaron discursos
de crisis para acelerar y legitimar la puesta en marcha del proyec-
to. Como vemos en los siguientes ejemplos en febrero de 1992, el
gerente de EPM, Carlos Moreno Mejía, denunció en varias publi-
caciones en la prensa regional la actitud pasiva del gobierno con
respecto al apagón por no otorgar las autorizaciones que el proyec-
to Porce II requería. Según la prensa, el proyecto Porce II no era
simplemente un “capricho antioqueño” sino una necesidad para el
país (El Colombiano, 1992). Se categorizaba como necesario para
prevenir toda posibilidad de racionamientos en los años 2000 (El
Mundo, 1996). Según el alcalde de Medellín, Luis Alfredo Ramos
Botero, y el gerente de EPM, Moreno Mejía, la negativa del gobier-
no nacional era simplemente un tema de falta de voluntad política
por parte del gobierno central, porque según EPM, Porce II era
el más avanzado en sus estudios y más viable todos los proyectos
factibles en ese periodo. Es interesante mencionar que este tipo de
artículos sobre Porce II, como un proyecto “indispensable” para el
país estaban solamente presentes en la prensa antioqueña, más no
en la prensa nacional cómo El Espectador y El Tiempo en el mismo
periodo. Así como lo vemos en la Figura 3 y la Figura 4.
74
La urbanización de las aguas en Colombia
Figura 3. Según el gerente de EPM: ¡El país necesita a Porce II, ya!
Fuente: Tamayo, J. A. (1992, 19 de febrero) Según el gerente de EPM: ¡El país necesita a
Porce II, ya!El Colombiano, p.1B. Colección Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
Figura 3. “Moreno Mejía aseguró que las Empresas cuentan con el
dinero suciente para atender las demandas de este proyecto, así
como las garantías técnicas y logísticas que se requieren para aco-
meterlo. Insistió, así mismo, en que ahora solo se requiere de una
voluntad política del gobierno nacional, con el n de que avale les
préstamos necesarios y ponga punto nal en el negativismo que ha
impedido proseguir con esta idea, aún a costa de los grandes bene-
cios que proveería a Antioquia y al país”.
75
El gran Apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas y crisis en el sector eléctrico colombiano
Figura 4. Sostuvo gerente de las E.P.M: El país necesita más energía.
Fuente: Tamayo, J. A. (1992, 20 de febrero) Sostuvo gerente de las E.P.M: El país necesita
más energía.El Colombiano, p.2B. Colección Biblioteca Pública Piloto de Medellín.
Figura 4. “Como un hecho inaplazable y que requiere de la ejecución
urgente de proyectos hidroeléctricos como Porce II, calicó ayer el
gerente de las Empresas Públicas de Medellín, Carlos Enrique Mo-
reno Mejía (…). El gerente de E.P.M. agregó que el país no puede
seguir con el cliché de la sobreinstalación y urgió a los testamentos
estatales a que apoyen los proyectos hidroeléctricos que han sido
programados para esta década, antes de abocar a la nación a unos
irreversibles y drásticos racionamientos de energía”.
76
La urbanización de las aguas en Colombia
Luego de negociaciones y presiones dentro del contexto del Apa-
gón, a nales de 1992, la CNE y el DNP otorgaron todas las auto-
rizaciones requeridas para el proyecto, así como para los proyectos
Miel II (Icel) y Urrá I (Corelca). Se dio así la reinserción de los
proyectos hidroeléctricos en el plan de expansión de 1994-2000, y
así la perpetuación de la preponderancia hidroeléctrica dentro del
sistema de energía eléctrica colombiano. El contexto del Apagón
resultó una ocasión propicia para poner en disputa y negociar las
tecno-políticas del sector, que se materializaron en las proyecciones
y los fundamentos para delimitar qué proyectos podían realizarse.
Vemos que estas decisiones no son neutras, ni simplemente técni-
cas. Más bien canalizan tensiones políticas, en este caso de carácter
regionalistas. Por otro lado, vemos igualmente cómo los discursos
de “crisis” tuvieron el efecto de instrumentalización para la legiti-
mación del proyecto Porce II en la región, planteándolo como una
necesidad inmediata.
Vale la pena mencionar que Porce II también promocionó discursos
típicos de “desarrollo” económico y social, pero además emergió
con discursos ambientales que lo legitimaron. Tanto en la prensa
como en panetos informativos que se distribuyeron en las locali-
dades afectadas a lo largo de la realización del proyecto, se menciona
que este proyecto se destacó en su gestión social y de impacto medio
ambiental. Por ejemplo, en la creación de empleos, la construcción
de nuevos pueblos con instalaciones “modernas” y el mejoramiento
al acceso a servicios públicos domiciliarios, de educación y salud (El
Colombiano, 2001; El Mundo, 2001). Las ilustraciones siguien-
tes son representativas de la manera reduccionista e infantilizan-
tes como se justicó el proyecto ante las poblaciones locales. Son
informaciones técnicas que parecieran ser indiscutibles y llenas de
promesas de un futuro mejor donde no caben las actividades tradi-
cionales de pesca y minería artesanal.
77
El gran Apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas y crisis en el sector eléctrico colombiano
Figura 5. Folleto informativo de EPM distribuido a las comunidades locales.
Fuente: Monsalve, F. (1996, junio) Proyecto Hidroeléctrico Porce II. Ocina de Comunicaciones EPM, pp.6-7.
78
La urbanización de las aguas en Colombia
Figura 6. Folleto informativo de EPM distribuido a las comunidades locales.
Fuente: Monsalve, F. (1996, junio) Proyecto Hidroeléctrico Porce II. Ocina de Comunicaciones EPM, pp.12-13.
79
El gran Apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas y crisis en el sector eléctrico colombiano
Figura 7. Folleto informativo de EPM distribuido a las comunidades locales.
Fuente: Monsalve, F. (1996, junio) Proyecto Hidroeléctrico Porce II. Ocina de Comunicaciones EPM, pp.14-15.
80
La urbanización de las aguas en Colombia
Figura 8. Folleto informativo de EPM distribuido a las comunidades locales.
Fuente: Monsalve, F. (1996, junio) Proyecto Hidroeléctrico Porce II. Ocina de Comunicaciones EPM, pp.26-27.
81
El gran Apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas y crisis en el sector eléctrico colombiano
De hecho, se reconoce por agencias como el BID que Porce II fue
efectivamente un proyecto que se realizó en “armonía” con las lo-
calidades y con el medio ambiente (BID, 2010). Sin embargo, esas
versiones pueden ser discutidas por testimonios que han sido silen-
ciados en esos discursos ociales y hegemónicos. En 2006, cuando
se proyectó la construcción de Porce III, miembros del Concejo de
Amal, uno de los municipios afectados, convocaron una audiencia
en el Concejo de Medellín para reivindicar mejores garantías en
cuanto a las compensaciones previstas para la realización del pro-
yecto dadas sus experiencias con Porce II. Según los relatos de esta
audiencia, el proyecto de Porce II había sido la fuente de la preca-
rización de centenas de familias en las comunidades ribereñas de la
región. Estos reclamos abordaban dimensiones de transparencia y
de falta de cumplimiento por parte de EPM, dicultades en cuanto
a acceso a procedimientos legales para estas poblaciones y la mala
calidad de las propiedades ofrecidas a las familias que aceptaron este
tipo de indemnización. Además, reportaron el aumento de violen-
cia y amenazas por parte de grupos armados situados en la región.
Finalmente, de forma paradójica, también se cuestionó la ausencia o
mala calidad de los servicios públicos domiciliarios de EPM, como
el de energía, en aquellos municipios.
“El desarrollo de un país está basado en el número de kilovatios de
energía generados y consumidos por habitante, de manera que el
desarrollo del país está ligado a la energía eléctrica y por lo tanto
su progreso. […] Pero no todo es gloria ni se vive en un edén. Para
construir estos macroproyectos es necesario impactar drásticamente
el medio ambiente, desarraigar, desplazar toda una comunidad que
rompe con su cultura, su pasado, su ancestro y deja su medio de
subsistencia. Se dice que nos preparan psicológica y socialmente
para este duro trance de desalojo, pero nunca se sobreponen a esto”.
(Concejal de Amal, Concejo de Medellín, 2006, p. 20)
Estos cuestionamientos desde lo local a los discursos movilizados
por los expertos y por actores políticos más poderosos hacen par-
te de esas contradicciones en las promesas que incorporan las in-
fraestructuras, que se revelan como materializaciones de relaciones
de poder desiguales. Mientras los expertos consideran que las hi-
droeléctricas son fuente de progreso, modernización, desarrollo eco-
82
La urbanización de las aguas en Colombia
nómico y mejoramiento de las condiciones de vida, desde lo local se
reivindican las formas de vida tradicionales, y actividades como la
pesca y la agricultura como fuente de vida y medio de subsistencia y
se denuncia el desarraigo y el rompimiento con la cultura. El silen-
ciamiento de ciertas voces y hechos muestra justamente cómo las in-
fraestructuras se imponen en las localidades tras largos y complejos
procesos de negociaciones tecno-políticas en las cuales ciertos gru-
pos de actores, como las comunidades locales, pierden su territorio.
Conclusiones
De manera general este análisis del gran Apagón tiene como ob-
jetivo desnaturalizar las nociones de abundancia y de escasez del
recurso hidroeléctrico y, como lo sugiere Alatout (2008, 2009), per-
mite exponer cómo se incorporan intereses y acciones políticas en
torno a estas representaciones y materialidades del recurso hídrico.
Igualmente muestra la “crisis” como un proceso que en su momento
se integró como herramienta de negociación de las tecno-políticas
e infraestructuras del sector eléctrico colombiano. Con el propósito
de entender los procesos que han posibilitado la preponderancia
de la energía hidroeléctrica en Colombia, este estudio expone cier-
tos motores que llevan a grandes transformaciones en los ujos del
agua, en su acceso y su control. En este caso, tanto los discursos
de abundancia y de escasez (o racionamientos) han sido elementos
que han permitido la proliferación de estas infraestructuras que se
maniestan como procesos de urbanización del agua. En la produc-
ción de estos discursos se destaca la producción de conocimientos,
tecno-políticas y métodos que se materializan en infraestructuras
que extienden modelos de desarrollo y de modernización territorial
que generan conexiones asimétricas urbano-rurales.
De esta manera, repensar las causas y los efectos de la crisis del gran
Apagón resulta enriquecedor. No solamente lleva a cuestionar los
procesos que la precedieron, sino también los efectos que tuvieron
en las tecno-políticas del sector. Se sostiene que esta crisis llevó a
congurar un contexto de negociaciones entre diversos actores den-
tro del sector y se constituyó como un instrumento discursivo para
83
El gran Apagón: tecno-políticas, hidroeléctricas y crisis en el sector eléctrico colombiano
legitimar acciones políticas materializadas en reformas de gestión e
infraestructuras en el sector eléctrico: en este caso, para promover
políticas neoliberales y la construcción de nuevas hidroeléctricas,
como Porce II. Finalmente, el análisis de estos procesos de negocia-
ciones y de legitimación muestra cómo se efectúan las subordina-
ciones de las comunidades locales que padecen los impactos socio-
ambientales de este tipo de proyectos destinados más que todo al
crecimiento urbano. Así, se concluye que es necesario ir más allá
de explicaciones técnicas para una comprensión más profunda de
las relaciones de poder que enmarcan estas conguraciones socio-
naturales y socio-técnicas.
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87
Deuda por goteo:
infraestructura, desarrollo
y nanciarización, Medellín
1960-20131
Kathryn Furlong2
Introducción
“Es posible que las deudas que gotean de grandes
deudores no sean grandes en sí mismas, pero lo
son para aquellos sobre quienes gotean.” Atwood
(2008, p. 103)
En la cita anterior, Atwood invierte la bien conocida
ideología de la economía del goteo (traducción de
Trickle-down economics). Al hacer énfasis en el go-
teo, la autora señala que incluso para los discípulos
de la teoría, se espera muy poca transferencia de ri-
queza. En cuanto al goteo de la deuda, el caso es
completamente diferente. Aunque la transferencia
de riqueza sea imperceptible para quienes supuesta-
mente deberían aprovecharla, los impactos del ujo
descendente de la deuda pueden ser devastadores. Si
bien Atwood se enfoca en la deuda privada, su idea
1 Este capítulo fue publicado originalmente como “Furlong, K.
(2020). Trickle-down Debt: Infrastructure, Development and
Financialization,” Medellín 19602013. Transactions of the
Institute of British Geographers, 45(2), 406-419. https://doi.
org/10.1111/tran.12352” . Traductora: Jeannette Insignares M.
2 Universidad de Montréal, Canadá. Correo electrónico: kathryn.
furlong@umontreal.ca
88
La urbanización de las aguas en Colombia
reeja igualmente los efectos de la deuda pública acumulada por
entes estatales, la cual se transere a los ciudadanos a través de pro-
gramas de austeridad, recuperación total de costos y nanciariza-
ción. Este traslado de la deuda pública hacia los hogares puede darse
a través de impuestos, tarifas de usuarios, cortes en los servicios y
reducción de la asistencia social (Lazzarato, 2015).
El ejemplo en particular de la “deuda por goteo” al que se interesa
este capítulo es el de la deuda de la infraestructura urbana y los me-
canismos para transferirla a los hogares en Medellín. Al examinar las
experiencias a lo largo de varias décadas, este capítulo demuestra la
relación estrecha entra la deuda y la urbanización inequitativa del
agua. En Medellín, la gobernanza de las empresas de servicios públi-
cos comenzó a orientarse al pago de la deuda desde la década de 1970
hasta nes de la década de 1990, y luego a la gerencia de la deuda a
través de la nanciarización a partir del año 2000. Lo anterior impul-
só la adquisición de nuevas deudas (aunque en formas diferentes), así
como aumentos en las tarifas siguiendo la lógica de la recuperación
total de los costos. Esto convirtió a los usuarios en deudores de las
empresas de servicios públicos, sometidos a nuevas formas de recaudo
de tarifas con cargas de intereses, y a posibles suspensiones del servicio
en caso de falta de pago. La recuperación total de los costos, basada
en discursos sobre la ineciencia de las empresas públicas, ocultan
el hecho de que los principales “costos”, para los que se diseña la re-
cuperación, son los de las crecientes obligaciones de la deuda. Esto
es importante porque arroja nuevas luces sobre las realidades que se
encuentran detrás de los discursos predominantes, como el de la re-
cuperación total de costos, que constituyen un elemento clave de la
neoliberalización. Además, agregan un nuevo elemento a los debates
biopolíticos acerca del suministro de agua, especícamente, el papel
que desempeña la deuda en disciplinar a las poblaciones a través de
sus relaciones con el agua y energía domiciliaria.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha sido reconocida interna-
cionalmente por su eciencia administrativa y la calidad del servi-
cio. Sin embargo, un gran número de residentes urbanos carecen
de acceso a los servicios, bien sea porque se les han suspendido, o
por falta de conexión. Este capítulo se basa en una investigación
realizada durante la década pasada. Se centra en el análisis de datos
89
Deuda por goteo: infraestructura, desarrollo y nanciarización, Medellín 1960-2013
económicos consignados en los informes de EPM de 1960 a 2018,
y se basa ocasionalmente en otras fuentes, tales como el análisis de
material de archivos, actas de los debates del concejo municipal, y
entrevistas realizadas de 2010 a 2012 y en 2016. Además, en 2012,
se llevó a cabo el estudio de 283 encuestas en tres barrios de bajos
ingresos: Granada, El Picacho II parte alta y Picachito parte alta.
En seguida, se planteará la relación entre la urbanización del agua
y la deuda, por el papel de esta última en el desarrollo de infraes-
tructuras urbanas. La deuda y su nanciarización resultan en nue-
vas formas de extraer valor en las infraestructuras, pero también la
producción de ciudadanías diferenciadas frente al acceso al agua.
Luego, se analizará en profundidad la trayectoria de la gestión de
la deuda por parte de EPM entre 1960 hasta 2016. Los discursos
de recuperación total de costos y de eciencia administrativa para
la recuperación de la deuda serán cuestionados, teniendo en cuenta
otros factores como el impacto de la devaluación de divisas y las
reformas impuestas por acreedores en la implementación de nuevos
instrumentos para capitalizar la deuda misma. Finalmente, se discu-
tirán los efectos de desigualdad que estos mecanismos exacerban al
convertir a los usuarios en deudores de EPM.
Desde préstamos para el desarrollo hacia
la nanciarización de la deuda
Desde la crisis nanciera de 2008 han proliferado los estudios sobre
la deuda. Para Harvey (2018), la importancia contemporánea de la
deuda exige pensar de nuevo la producción capitalista, según la cual
nos vemos obligados a producir, no para generar utilidades, sino
para servir a la deuda. Aun cuando este escenario es cada vez más
importante en los países del norte global, los ciclos de deuda y de
“crisis” no son nada nuevos. De hecho, han sido un rasgo constante
de la relación entre los países latinoamericanos y las economías del
“norte” al menos desde el siglo XIX.
Las crisis de la deuda no son recientes, de hecho vinculan direc-
tamente los préstamos para el desarrollo de la posguerra con la -
90
La urbanización de las aguas en Colombia
nanciarización contemporánea de la deuda, aquello a lo que Peck
y Whiteside (2016) se reeren como “las dinámicas de la máquina
de la deuda” (p. 235). Este vínculo se omite a menudo, pues la ma-
yor parte de los estudios sobre la nanciarización contemporánea
tienden a centrarse en la experiencia del Norte global (Bortz y Kal-
tenbrunner, 2018), y pasan por alto la nanciarización del Estado,
centrándose más bien en la de la economía, las corporaciones y la
vida cotidiana (Fastenrath et al., 2017). Quizás estos asuntos estén
relacionados; si bien la nanciarización de la deuda pública ha sido
signicativa en los países de la OECD, ha avanzado con mayor cele-
ridad en el Sur global como reacción a la crisis de la deuda mexicana
de los años 1994-95 (Cruz y Walters, 2008). En efecto, múltiples
estudios han mostrado que la nanciarización de la deuda en los
países del sur es “preventiva”, mas no mercantilista (Bortz y Kalten-
brunner, 2018; Muñoz M., 2016).
Ciertamente, las crisis de la deuda latinoamericana de la década de
1980 están vinculadas a algunos de los mismos procesos que desen-
cadenaron la nanciarización de la economía estadounidense. En
particular, el n del patrón oro y las enormes alzas en las tasas de
interés de nes de la década de 1970 no solo sirvieron para trans-
ferir riqueza de los prestatarios a los acreedores en Estados Unidos
(Cooper, 2017), sino también desde los países latinoamericanos a
las entidades internacionales de empréstitos radicadas en el norte
(Escobar, 1995). Más aún, estimularon el nuevo enrutamiento de
“ujos de capital nanciero de regreso al mercado [estadouniden-
se]” conriendo al FMI un poder signicativo sobre la política de
los países deudores (Cooper, 2008, p. 58). Durante la década de
1980, los países de América Latina pagaron un promedio de $30
miles de millones de dólares más cada año de lo que recibieron en
nuevos empréstitos (Escobar, 1995). La posterior liberalización del
mercado y la nanciarización de la deuda pública (destinada a “pro-
teger” contra los efectos de las uctuaciones de la tasa de cambio y
la devaluación de la moneda) no invirtieron estos ujos de riqueza,
sino que, por el contrario, continuaron “haciendo que los pobres
paguen por los ricos” (Cho, 2014, p. 823).
Estas relaciones se materializan a través de sus efectos sobre la in-
fraestructura y los servicios asociados con ella. La infraestructura fue
91
Deuda por goteo: infraestructura, desarrollo y nanciarización, Medellín 1960-2013
el locus principal de los préstamos para el desarrollo en el período de
la posguerra, centrándose en los servicios públicos, en especial en la
generación y transmisión de energía hasta la década de 1970, cuan-
do se amplió para incluir proyectos adicionales de agua y acueducto,
bienestar social y desarrollo urbano y rural. A pesar de enfocarse en
infraestructura, muchos de los proyectos asociados con ella fueron
considerados como poco exitosos según el propio análisis del Banco
Mundial (Kapur et al., 1997). Para Bakker (2013), el problema era
inherente al modelo de desarrollo impulsado por la deuda misma,
en la medida en que exigía un rendimiento sobre la inversión para
proyectos intensivos en capital con “bajas tasas de rendimiento,” y
estaba basado en una recuperación de costos donde había “falta de
capacidad de pago,” divisas consideradas “blandas,” y donde las “ex-
ternalidades ambientales y de salud pública” impedían la reducción
de los costos (Bakker, 2013, p. 293).
Es mediante esta lógica que la deuda de la infraestructura “gotea.”
La deuda acumulada debía recaudarse a través de las tarifas. Este
costo, por lo general, se pasa por alto en los debates acerca de la recu-
peración total de los costos. Los defensores de la recuperación total
de los costos argumentan que las empresas públicas son capturadas
políticamente y, por lo tanto, asignan a los servicios tarifas inferiores
a lo necesario, poniendo en peligro su sostenibilidad. Además, según
esta línea de pensamiento, los costos del suministro de los servicios
son articialmente altos (aunque las tarifas sean bajas) debido a una
gerencia ineciente, por ejemplo, por costos excesivos de administra-
ción y de mano de obra que tienen como resultado una inversión in-
suciente en infraestructura. A lo que se oponen quienes critican este
tipo de reformas es a los impactos negativos del aumento de tarifas
y de los recortes presupuestales sobre la igualdad y el sustento de las
personas vulnerables (Annez et al., 2010), una realidad admitida en
las propias fuentes del Banco Mundial (Foster y Yepes, 2006).
En el caso de EPM, el propósito de la recuperación total de los costos
del aprovisionamiento de los servicios públicos consiste en asegurar
la sostenibilidad económica de la empresa a través del aumento en
las tarifas y recortes presupuestales. Sin embargo, la recuperación de
la deuda era el principal objetivo –y el principal costo– cuando se
implementó esta política en Medellín a mediados de la década de
92
La urbanización de las aguas en Colombia
1970 (ver Figura 10). Como lo argumenta Bear (2015), “muchos de
los cambios recientes en las políticas del sector público atribuidos al
‘neoliberalismo’ están vinculados con modicaciones especícas en
las relaciones y mecanismos de la deuda” (p. 7). Por lo tanto, estas
dinámicas constituyen aquello que Lazzarato (2015) denomina “go-
bernar por deuda,” es decir, el manejo de la deuda se convierte en un
factor organizador central de la gobernanza. En la satisfacción de estas
obligaciones de la deuda estatal, “la carga más grande corresponderá
a los empleados, los usuarios del Estado de bienestar y los segmentos
más pobres de la población” (Lazzarato, 2011, p. 88).
Este modo de gestión y uso de la deuda es un factor importante
en la nanciarización de la infraestructura. Mientras que la mayor
parte del trabajo sobre el tema se ha enfocado en la infraestructura
como una “clase de activo” (Allen y Pryke, 2013; Ashton et al.,
2016), el fenómeno está concentrada tanto geográcamente como
en ciertos tipos de infraestructura. Esto hace que resulte importante
examinar otras formas de nanciarización que pueden afectar cómo
están cambiando las economías de la infraestructura en un conjunto
de contextos más amplio. Entre esas formas está la nanciarización
de la deuda de la infraestructura pública. Para Bear (2015), este tipo
de nanciarización extrae valor de la infraestructura, conformando
“infraestructuras de austeridad” que plantean riesgos cada vez ma-
yores para la seguridad de los trabajadores. En Estados Unidos, va-
rios estudios resaltan la combinación de nanciarización de la deuda
municipal y la “des-democratización” como elementos fundamen-
tales de la “nueva crisis scal urbana” (Kirkpatrick, 2016; Ponder y
Omstedt, 2019), mediante la cual las ciudades –que dependen de
la deuda para nanciar la infraestructura– son llevadas a realizar
actividades nancieras cada vez más especulativas por las presiones
de la austeridad. Las consecuencias son enormemente desiguales a
través de las ciudades, según los niveles de ingreso, vecindarios, raza
y género (Kirkpatrick, 2016; Ponder y Omstedt, 2019).
Este tipo de deuda se extrae de los individuos y de los hogares a
través de facturas mensuales, de la amenaza de suspender el servicio,
y de tecnologías como los contadores prepagados. A través de estos
mecanismos, los hogares pueden quedar endeudados con la empresa
de servicios públicos o con la ciudad en cuestión. En Detroit, por
93
Deuda por goteo: infraestructura, desarrollo y nanciarización, Medellín 1960-2013
ejemplo, se usan tarifas de servicios públicos exageradamente altas
dirigidas a poblaciones de bajos ingresos para extraer pagos para
la deuda municipal adquirida por medio de pérdidas causadas por
permutas nancieras de intereses (Interest-rate swap). En este proce-
so, los residentes pierden acceso a los servicios y son estigmatizados
como consumidores derrochadores y económicamente incompe-
tentes (Ponder y Omstedt, 2019).
Lo anterior extiende el pensamiento biopolítico sobre la infraestruc-
tura al conectarlo con la deuda. Brevemente, en la línea de pen-
samiento foucaultiana, la biopolítica implica una acción estatal al
nivel de la población. El Estado interviene a través de abstracciones
estadísticas tales como la tasa de natalidad y la riqueza relativa (PIB,
deuda, etc.) pretendiendo mejorar la “salud” general de la pobla-
ción. Esto signica promover la vida junto con la reforma o remo-
ción de aquellos a quienes se considera dañinos para la salud de la
población, tales como los pervertidos, los criminales o los pobres
(Foucault, 1997). Respecto a los servicios de infraestructura, los
académicos han resaltado cómo se instrumentaliza el agua de ma-
nera biopolítica: al segmentar la calidad del agua y su accesibilidad
entre las poblaciones, se segmentan igualmente la salud y la expec-
tativa de vida, que disminuyen para las comunidades marginadas
en particular (Hellberg, 2014). Esto se realiza a través de una regla-
mentación jurídica formal, un manejo desigual por parte del Esta-
do de la ilegalidad/informalidad (Meehan, 2013), artefactos tecno-
económicos como facturación por contadores (Loftus, 2006), así
como la autorregulación a través de discursos sobre “salud, higiene
y desarrollo,” utilizados para formar un tipo particular de residente
urbano y “gobernar su comportamiento” (Bakker, 2013, p. 283).
La deuda puede añadirse a la biopolítica de los servicios de in-
fraestructura, pues se utiliza simultáneamente en la segmentación
de las poblaciones y en la formación de ciertos tipos de ciudada-
nos. A este respecto, el creciente trabajo sobre la biopolítica de la
deuda y la nanciarización resulta constructivo. Justicada a través
de discursos de inferioridad y culpabilidad, “la deuda se convierte
en un instrumento biopolítico […] que justica preservar las pro-
visiones de bienestar y servicios públicos –es decir, la vida– para
unos, mientras se perturba la de otros” (Mavelli, 2017, p. 506). En
94
La urbanización de las aguas en Colombia
efecto, como lo muestra Glenn (2009), mientras que los gobiernos
del norte han continuado invirtiendo en servicios sociales bajo el
neoliberalismo, los recortes más severos se han dado en el sur. Las
razones de ello incluyen el poder de las bancas multilaterales y de
los inversionistas, así como el impacto negativo de las cargas de la
deuda sobre el gasto social (Glenn, 2009).
El presupuesto estatal se encuentra en el centro de estos procesos
de producción de ciertos tipos de ciudadanía. Siguiendo a Collier
(2005), el presupuesto estatal “está orientado a los objetivos distin-
tivos de la administración del Estado—salud, bienestar y condicio-
nes de existencia de las poblaciones nacionales” (p. 377). Desarro-
llada en el transcurso del siglo XX, la biopolítica del presupuesto
del sector público dio un importante giro en el Sur global del de-
sarrollismo al “ajuste estructural” durante las décadas de 1980 y
1990, según el cual la transformación social habría de organizarse
a través de “las opciones individuales calculadas de actores formal-
mente libres” en lugar de hacerlo a través de una “planeación sus-
tantiva” (p. 380). La lógica de la responsabilización del individuo
por los impactos de procesos económicos de más grande escala sur-
ge de la producción neoliberal de “sub-ciudadanías” (Sparke, 2017,
p. 287), de la deuda pasada y presente, y de su nanciarización
(Joseph, 2014). En términos de la biopolítica de los servicios de
infraestructura, la lógica del pagador de tarifas responsable, cuyo
comportamiento ha de ser regulado a través de la educación, la
facturación por contadores, y los recortes del servicio, es una lógica
que está íntimamente vinculada con las lógicas y ujos de la deu-
da y de su nanciarización, y es enmascarada por discursos sobre
“buenos” y “malos” ciudadanos (López, 2016).
Desde empresas de servicios públicos
endeudados hacia usuarios endeudados
En 1948, el Banco Mundial elaboró su primer “plan nacional” para
el desarrollo económico de Colombia, bajo la dirección de Lauchlin
Currie. Durante las décadas posteriores, Colombia se convirtió en
el prestatario más importante del Banco Mundial, obteniendo em-
95
Deuda por goteo: infraestructura, desarrollo y nanciarización, Medellín 1960-2013
préstitos casi cada año desde 1949 en adelante (Londoño y Perry,
1985). A comienzos de 1970, la carga de la deuda, combinada con
la devaluación de la moneda, comenzó a impulsar reformas polí-
ticas, atribuidas por lo general al neoliberalismo. Sin embargo, en
los registros de la deuda y de las crisis bancarias e inacionarias, las
estadísticas colombianas se asemejan más a las de un país europeo
que a aquellas de sus contrapartes latinoamericanas, pues evita repe-
tidas crisis de deuda e incumplimientos, así como la hiperinación
(Reinhart y Rogo, 2009, p. 186). No obstante, detrás de estas es-
tadísticas generalizadas, existen contradicciones. Primero, como lo
enfatizan Reinhart y Rogo (2009, p. 170), evitar el incumplimien-
to es más costoso de lo que se imagina; en promedio, la carga de la
deuda de un país aumenta en un 86 % en tres años. De los catorce
países estudiados, Colombia tuvo el peor desempeño respecto “a la
existencia real de la deuda,” la cual se incrementó el doble del pro-
medio durante un período de tres años. Segundo, con el aumento
de la deuda vienen las disminuciones en gasto social, en 23 centavos
por “cada dólar adicional de servicio de la deuda,” cuando Colom-
bia se encontraba entre los niveles más bajos de gasto social como
porcentaje del PIB en América Latina (Glenn, 2009, p. 43).
EPM obtuvo sus primeros empréstitos del BID en la década de
1960, incluyendo dos en 1961 destinados a “diversas obras” (Livar-
do Ospina, 1966). La aprobación del préstamo dependía de medidas
adoptadas en 1960 para incrementar el rendimiento, que incluían
una tarifa de conexión y un incremento del 30 % en las tarifas. Si
bien estas medidas generaron un aumento del 43 % en rendimien-
tos, un año más tarde fue necesario solicitar un nuevo préstamo para
mantener los pagos del préstamo anterior y continuar con las obras
planeadas (Maldonado, 1991), no como resultado de una mala ge-
rencia, sino de la devaluación de la moneda. En 1963, el peso perdió
más del 29 % de su valor frente al dólar estadounidense, ocasionan-
do “un importante desorden en los planes del servicio público de
agua” (Livardo Ospina, 1966, p. 214). Nuevos préstamos del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, en 1964 y del
Banco Mundial en 1965 ayudaron a estabilizar la situación. Al ini-
ciar el proceso de “deuda por goteo,” las empresas dependían de los
incrementos en las tarifas implementados en 1963, de dudosa acep-
tación pública (EPM, 1964). La devaluación continuó, y el peso
96
La urbanización de las aguas en Colombia
perdió 700 % de su valor entre 1960 y 1980, otro 4300 % entre
1980 y 2000, y luego uctuó. En una entrevista a personal retirado
de las divisiones de nanzas y contabilidad de EPM, resaltaron que
la deuda se mantenía en cestas de monedas diferentes, y que, hasta
nes de la década de 1970, los bancos acreedores tendieron a exigir
el pago de la deuda en la moneda que era más desfavorable para la
empresa de servicios públicos domiciliarios.
La Figura 9 puede leerse en dos períodos: el efecto de la deva-
luación sobre la deuda a largo plazo (1960-2000) y los esfuerzos
por contener ese efecto a través de la nanciarización de la deuda
(2000-2013). En veinticuatro de los veintinueve años para los que
hay datos sobre la deuda a largo plazo de EPM y el impacto de
la devaluación, se muestra que la devaluación es casi directamente
responsable del incremento (o la reducción) de la deuda a largo
plazo. Hasta la excede considerablemente, especialmente a nales
de los 1960 y mediados de la década de 1980. En ese sentido, es
claro que ningún tipo de “eciencia” en la gerencia de las empresas
les hubiera permitido controlar los costos que se acumulaban. En
lugar de ello, EPM recurrió a la nanciarización de la deuda. En
1997, el gobierno colombiano estableció una reserva para la deuda
externa, aumentando el costo del crédito. A lo cual EPM respondió
con su primera emisión de bonos en dos décadas; y una segunda
emisión en 2000 que fue explícitamente dirigida al pago de su deu-
da. Abrumada todavía por la devaluación, en 1999 desarrolló una
estrategia consistente en invertir en dólares estadounidenses para
protegerse de la devaluación. Esto tuvo un efecto casi inmediato,
pues el impacto de la devaluación sobre el aumento de la deuda fue
neutralizado por primera vez en 1999. En 2002 se introdujeron
los primeros instrumentos derivativos centrados en swaps de divisas
para el manejo de la deuda. Durante el transcurso de la década,
estas actividades llegaron a representar una importante cantidad de
capital detentado y una parte considerable de la deuda a largo plazo.
Aun cuando EPM insiste en que las “operaciones no constituyen
una deuda nueva, sino que buscan mejorar el perl externo de la
compañía” (EPM, 2003, p. 60), son contabilizadas como deuda y
obligaciones sujetas a interés. Para 2013, las pérdidas acumuladas
sobre los swaps de divisas (ver “instrumentos derivativos”, Figura
9) habían alcanzado poco más de $US 800 millones. En todas las
97
Deuda por goteo: infraestructura, desarrollo y nanciarización, Medellín 1960-2013
“economías emergentes”, los instrumentos derivativos hacen parte
de una “acumulación masiva… [que] representa una enorme reser-
va de recursos “improductivos” invertidos en bonos del tesoro de
estadounidenses en lugar de invertirlos en oportunidades locales de
inversión” (Bortz y Kaltenbrunner, 2018, p. 385). Estos aseguran
la deuda pública mientras que, a la vez, apartan el dinero de in-
versiones sociales de maneras menos visibles que la privatización
o la austeridad (Muñoz M., 2016). Bajo este sistema, la inquietud
en cuanto a la deuda no se reere ya al nivel de endeudamiento
público, “sino a la manipulación de su composición estructural”
(Fastenrath et al., 2017, p. 274).
98
La urbanización de las aguas en Colombia
Figura 9. Manejo de la deuda de infraestructura (1960-2013)
Fuente: elaboración propasada en los datos de EPM Informes anuales 1960-2018. Conver-
sión hecha usando Banco de la República, Series: Índice de la tasa de cambio real.
El proceso de goteo de la deuda de EPM se inicia en la década de
1970. Para ese momento la carga creciente de la deuda, el interés y la
devaluación, estaba poniendo presión sobre las tarifas. Entre 1967 y
1975, la devaluación hizo que la deuda externa de EPM aumentara
en cerca de CP$ 2 billones (US$250 millones, valor de 2010).3 En
respuesta a este aumento, se introdujo un nuevo sistema de incre-
mentos mensuales en las tarifas a través de un contrato de préstamo
suscrito con el BIRF en enero de 1973. El contrato exigía que las
tarifas cubrieran los costos administrativos y operativos (incluyendo
impuestos), transferencias a la ciudad de Medellín, y también el
costo de nuevas inversiones y su depreciación (Londoño, 1995).
Estos acontecimientos coincidieron con los retos al orden políti-
co establecido, el deterioro industrial y el aumento del desempleo
(Roldán, 2003). En 1970, la Alianza Nacional Popular (ANAPO),
conformada por el dictador Gustavo Rojas Pinilla (1953-1954), ob-
tuvo el control del concejo municipal de Medellín, y buscó congelar
3 Calculado a partir de los informes anuales de EPM (1967-1975).
99
Deuda por goteo: infraestructura, desarrollo y nanciarización, Medellín 1960-2013
las tarifas de los servicios públicos domiciliarios y otorgar al concejo
una mayor inuencia sobre EPM (El Colombiano, 1970).
Los bancos acreedores utilizaron su inuencia nanciera para in-
tervenir, reorientando la gobernanza de las empresas públicas para
centrarla en el servicio de la deuda. En 1974, el Banco Mundial
y el BID se opusieron al congelamiento de las tarifas amenazan-
do los empréstitos existentes (EPM, 1975), estableciendo estrictas
condiciones para los nuevos préstamos. Especícamente, el Banco
Mundial suspendió su crédito por $US 56 millones (US$197 mi-
llones, 2010) y el BID canceló un préstamo de $US 20 millones
(US$70,4 millones, 2010) destinado a agua y saneamiento (López
Díez et al., 1998). Al recordar el análisis de Harvey (2018), según
el cual no se está obligado a producir para generar utilidades, sino
para reducir la deuda, el Banco Mundial estipuló un rendimiento
del 9 % sobre los activos para reanudar los ujos de crédito; esto
signicó un incremento tarifario del 35 % para el 1 de enero de
1975 (López Díez et al., 1998, p. 97). Si bien las EPM tenían poca
opción, dado que los préstamos internacionales representaban del
50-60 % de su nanciamiento (López D. et al., 1998), la gerencia
acogió con agrado los incrementos en las tarifas, esperando que
garantizaran buena parte del servicio de la deuda en pesos para la
represa de Guatapé II (EPM, 1974).
Dos años más tarde, deseando “reparar” su relación con el Banco
Mundial, voceros de EPM realizaron una serie de reuniones con su
representante en Colombia, Ian Scott, los ministros de Finanzas y
de Minas y Energía, y funcionarios del Departamento de Planea-
ción Nacional para establecer incrementos en las tarifas que garan-
tizaran la obtención del préstamo para la represa de Guatapé II y el
manejo de la carga de la deuda de la empresa. La devaluación seguía
siendo un asunto urgente. De 1967 a 1976, EPM informó que esta
había ocasionado un incremento en su deuda externa de $CP 1.766
miles de millones (US$231 millones, 2010), así como un incre-
mento diario de su deuda de $CP 1.215 millones durante 1975
(US$159,000, 2010). Así, entre las razones presentadas a la Junta
Nacional de Tarifas (JNT) para incrementar las tarifas, “compensar
la devaluación” apareció en primer lugar, seguido de incrementos
normales en el índice de precios y el costo de la vida (EPM, 1976,
100
La urbanización de las aguas en Colombia
p. 5). La empresa enfatizó que los incrementos resultantes no tenían
como propósito una “ganancia en las tarifas,” lo cual estaría “mal,”
sino, más bien, satisfacer los tres propósitos de las empresas públicas
según la ley colombiana: mantener los servicios, cumplir con las
inversiones existentes y extender los servicios a las poblaciones no
conectadas (EPM, 1976, p. 29). Quizás más importante aún, había
una armación del poder de la deuda proveniente de bancos basa-
dos en países más ricos, por la integración de todos los usuarios en
una transferencia de riqueza a acreedores externos, y por el papel de
la deuda en la neoliberalización de la gobernanza.
En la década de 1980, las tarifas aumentaron drásticamente para
cumplir con el servicio de la deuda creciente de EPM. En 1981,
el contrato para el empréstito del BIRF destinado al proyecto hi-
droeléctrico de Playas exigió que se aumentaran las tarifas para ga-
rantizar los siguientes rendimientos: 7 % en 1981, 10 % en 1982,
14 % en 1983-1984, y 12 % de 1985 a 1998, cuando vencería la
deuda (Londoño M., 1995). Los acuerdos contractuales fueron sus-
tentados por la legislación. La Resolución 014/1984 estableció un
índice mensual del 1,88 % en las tarifas de agua de 1984 a 1988,
2,01 % para 1989 y 1,8 % de 1990 a 2005, como lo establecían
los contratos de los préstamos IDB 499-OC-CO y BIRF 2449-
CO. Adicionalmente, la Resolución 014/1989 impulsó aumentos
adicionales del 5 % en las tarifas en mayo de 1989, 1990 y 1991
(Londoño M., 1995). En 1984, las resoluciones 074, 051 y 046
eliminaron la posibilidad de “exoneración del pago de la tasa ... para
ninguna persona natural o jurídica” por concepto de desechos sóli-
dos, telefonía, energía y agua y acueducto—de manera que nadie, ni
siquiera el hogar de más bajos ingresos, sea exonerado del pago de la
deuda (EPM, 1987, p. 30). En 1986, la Resolución 086 de la JNT
estableció una indexación de la tarifa mensual basada en el costo
incremental promedio de la provisión del servicio a largo plazo, que
dio como resultado los siguientes requisitos de indexación mensual:
residencial 1,67 %; no residencial 1,81 %; y de ventas en bloque
1,74 % (EPM, 1987).
La Figura 10 puede leerse también en dos momentos: 1960-1999
y 1999-2018. En el primero, los ingresos operativos, que represen-
tan aquellos provenientes de tarifas y cargos, se comparan con los
101
Deuda por goteo: infraestructura, desarrollo y nanciarización, Medellín 1960-2013
gastos totales y administrativos, y con el costo de los intereses y la
devaluación (que disminuye después de 2000). El ingreso operativo
comienza a incrementarse signicativamente después de 1975 y de
nuevo luego de 1989, mientras que los gastos administrativos per-
manecen relativamente estables, comenzando con un incremento
comparativamente modesto después de 1991, mientras que aumen-
tan los gastos totales. A lo largo de este período, el costo de la de-
valuación y los intereses equivale o excede con frecuencia los gastos
administrativos. Incluso alcanza o excede el ingreso operativo de
EPM en 1966 y 1967, después de las devaluaciones de mediados de
la década de 1960; este mismo costo fue casi igual a los costos totales
de la provisión del servicio a mediados de la década de 1970, cuan-
do el IFI insistió por primera vez en incrementos tarifarios mensua-
les compuestos, momento en el cual el ingreso operativo aumentó
drásticamente. De nuevo, el costo de la devaluación y los intereses
excedió el ingreso operativo en los años que siguieron al punto más
alto de los problemas de la deuda en 1984-85. En efecto, en 1985,
los intereses sobre la deuda a largo plazo se incrementaron en un
111 % respecto al año anterior, y la deuda a largo plazo aumentó en
un 99 %, debido en gran parte a la devaluación que alcanzó el 28 %
en 1984, y el 41 % en 1985 (EPM, 1986).
Sin embargo, los cambios más dramáticos se dieron en 2000 cuando
EPM adoptó los “costos basados en actividades” (ABC – aplicados
retroactivamente a 1999) para determinar el costo de la provisión
del servicio y, por lo tanto, las tarifas correspondientes. Brevemente,
este ABC busca “contabilizar” todos los costos indirectos implica-
dos por una actividad determinada, extendiendo por lo general los
costos de los gastos generales –una vez considerados jos– a todas
las “actividades” o “productos” de una entidad (Armstrong, 2002).
Desarrollado en los años 1980 en respuesta a las presiones de la
globalización sobre la industria estadounidense, este método fue
bastante difundido para mediados de la década de 1990 como una
manera de justicar reducciones de personal (Armstrong, 2002),
eliminación de productos, rediseño de productos o aumentos en
los precios (Jones y Dugdale, 2002) para beneciar los dividendos
de los accionistas (Ezzamel et al., 2008). Para una entidad regulada
de propiedad del gobierno como EPM, justicar costos más altos
justica simultáneamente precios más altos para los “productos”
102
La urbanización de las aguas en Colombia
que—por ser esenciales—no pueden eliminarse. Lo cual garantiza
simultáneamente mayores dividendos para sus accionistas, en este
caso la ciudad, la cual ejerce una importante presión al respecto
(entrevistas en EPM, 2010-11). Como lo enfatiza Sierra G. (2008),
los objetivos de las normas internacionales de contabilidad, como
aquellas adoptadas en Colombia, son garantizar simultáneamente
la acumulación capitalista a través de la nanciarización y que el
gobierno obtenga su participación de las ganancias. Estas normas
hacen también parte de aquello que Fastenrath et al. (2017) llaman
un “marco de atribución de sentido basado en la economía nancie-
ra” para reorganizar la deuda gubernamental (p. 273). Por ejemplo,
con la aplicación de derivativos (incluyendo swaps) y métodos mo-
dernos de contabilidad.
Figura 10. Ingreso y gastos para la provisión del servicio, EPM
1960-2018
Fuente: elaboración propia basada en los datos de EPM Informes anuales 1960-2018.
Conversión hecha usando Banco de la República, Series: Índice de la tasa de cambio real.
103
Deuda por goteo: infraestructura, desarrollo y nanciarización, Medellín 1960-2013
A medida que aumentaron las tarifas, EPM se convirtió en un de-
tentor y recaudador de deuda, desarrollando nuevas relaciones con
los usuarios, especialmente en los vecindarios de menores ingresos
de Medellín. El endeudamiento de los usuarios con EPM incre-
mentó de manera importante después de cambios fundamentales de
política en torno a las tarifas desde mediados de la década de 1970
hasta mediados de la década de 1980, y luego de nuevo en la década
de 1990, aumentando dramáticamente después de la aplicación del
método ABC de contabilidad en 1999-2000. En su informe anual
para 1975, las empresas reconocieron que el 62 % del incremento
en la deuda de los usuarios por concepto de facturas de servicios no
pagadas era el resultado del reciente aumento en las tarifas (EPM,
1976). Para rastrear la evolución de la deuda “por goteo” a lo largo
del período de estudio, la suma de la deuda por servicios detentados
por EPM cada año aparece en la Figura 11. La línea gris muestra el
nivel de endeudamiento de la empresa como una fracción del in-
greso operativo total para el año en cuestión, con un promedio del
12,4 % durante el período.
La deuda de los usuarios es muy difícil de evitar. El recaudo se ase-
gura a través de nuevas leyes y tecnologías que empoderan a EPM
para recaudar la deuda que ha redistribuido entre los usuarios. En
una entrevista con un representante de la Mesa Interbarrial de Des-
conectados (MID) en mayo de 2011, se evidenció que, antes de
1994, las cuentas por lo general no se cortaban, y que ni EPM ni la
ciudad imponían multas por las conexiones desreguladas. Hasta ese
entonces, la MID se ocupaba de los desconectados (en el sentido de
hogares sin conexiones), pero no enfrentaba un problema del corte
de servicios. Los requisitos para el recaudo de las tarifas y la suspen-
sión del servicio por falta de pago fueron establecidos mediante el
Decreto 951 de 1989. No obstante, en Medellín, fue únicamente
con la expedición de la Ley 142 de 1994 cuando la desconexión se
convirtió en un asunto de importancia. A comienzos de la década
de 2000, la suspensión del servicio empezó a enfrentar una impor-
tante oposición, que consiguió reversar con éxito ciertas políticas,
como sucedió en el caso de los hogares donde había menores de
edad (Acevedo G. et al., 2016). Durante este período, proliferaron
también los contadores prepagados (especialmente para la electrici-
dad), que tuvieron como primeros objetivos aquellos hogares que
104
La urbanización de las aguas en Colombia
habían incumplido en el pago de sus facturas (Velásquez A., 2016).
Las tarjetas de prepago adquiridas para reanudar la prestación del
servicio no solo incluyen acceso a cierta cantidad de electricidad; el
10 % se destina a pagar la deuda contraída con EPM (López, 2016).
De esta manera, los usuarios que dependen del servicio entran en
una relación casi permanente e ineludible con sus porciones indivi-
dualizadas de la deuda de EPM.
Esta deuda y su efecto más visible, la desconexión, se concentran
desproporcionadamente en los vecindarios de menores ingresos de
la ciudad, es decir los estratos uno a tres. Mientras que el producto
de EPM en ventas se incrementó en un 30 % de 1993 a 1994,
en 1994 casi 84.000 usuarios, todos en los estratos uno a tres,
experimentaron cortes en el servicio. De estos usuarios, el 35,7 %
pertenecía al estrato uno, 34,6 % al estrato dos, y 29,8 % al estra-
to tres (Londoño M., 1995). El 11 de junio de 1996, el concejal
municipal Luis Carlos Díaz advirtió que la situación podría llevar
a la violencia:
“La desnutrición que hay actualmente en las poblaciones infantiles
marginales no es cualquier cosa; los salarios se degradaron y por su-
puesto aumentaron los desempleados; la deuda externa la estamos
pagando a costa de crear una deuda social; se sabe que las dicultades
que tiene el sector nuestro no son pocas por los altos costos de los
servicios públicos. Ya hay cifras donde se tiene conocimiento de que
se ha incrementado el uso de la leña, porque no hay con qué pagar
los servicios”. (Concejo de Medellín, Acta 211, 11 de junio de 1996)
Argumentando que en Colombia la extensión del servicio había
sido instrumental para frenar la violencia urbana, a Gilbert (1990),
al igual que al concejal Díaz Mora, le inquietaba que la disminu-
ción del acceso en respuesta a la crisis de la deuda contribuiría a la
agitación social.
Actualmente, la situación es muy similar. De 2007 a 2011, en cual-
quier año determinado, del 3 al 5 % de las conexiones del servicio
de agua, electricidad y gas fueron desconectadas, traduciéndose en
más de 870.000 experiencias de desconexión durante cinco años.
De estas, cerca del 90 % correspondió al sector residencial y, de es-
105
Deuda por goteo: infraestructura, desarrollo y nanciarización, Medellín 1960-2013
tas, 95 % experimentadas en hogares ubicados en los vecindarios
de menores ingresos4. En las encuestas realizadas en 2012, en tres
vecindarios que habían obtenido recientemente servicios de agua,
acueducto y electricidad, muchos de quienes respondieron hicieron
énfasis en sus altos costos. En efecto, aun cuando los servicios ha-
bían sido instalados solo recientemente, cerca de una cuarta parte
de las personas que respondieron ya estaban endeudadas con EPM,
muchas por más de lo que la mayor parte de las personas del ve-
cindario dijeron ganar al mes, esto es, más de 600.000 pesos. Los
precios impagables de los servicios limitan su acceso, llevando a la
gente a quemar madera y a los problemas respiratorios consiguien-
tes, a depender de otras fuentes de agua que pueden ejercer presión
sobre los suministros adyacentes a la comunidad (Botero-Mesa y
Roca-Servat, 2019), así como a limitar el acceso a otras necesida-
des. En entrevistas con la gerencia de la empresa de servicios, se
indicó con frecuencia que la cultura del pago estaba tan arraigada
que los hogares preferían pasar sin comida para pagar las facturas
del agua y de la electricidad. Esto se publicitaba como un signo de
“amor” por la empresa. Para las “mujeres del barrio,” entrevistadas
por Velásquez A. (2016), pasar sin comida revelaba más bien los
impactos destructivos de las tarifas impagables sobre los residentes
marginados de la ciudad. Como lo muestra López (2016, pp. 162,
189) la desconexión se persigue como un mecanismo de recaudo
de la deuda que busca crear una “cultura de pago” al imponer la
“responsabilidad moral” de pagar los propios servicios. Para quienes
no pueden pagar, la consecuencia es el abandono, no habiendo te-
nido el 28 % de las personas que respondieron ningún contacto con
EPM en más de tres años. La deuda con estas empresas tiene, a la
vez, un elemento temporal y uno espacial, recongurando el hogar a
través de la desconexión y los contadores prepagados que afectan las
posibilidades de sustento de los habitantes de vecindarios de bajos
ingresos, constituyéndose así en una forma de biopolítica que se im-
pone no solo internamente, sino a través de medidas disciplinarias
que son tanto jurídicas como técnicas.
4 Datos compilados a partir de los informes anuales de las EPM (2007-2011).
106
La urbanización de las aguas en Colombia
Figura 11. Deber a las EPM, deuda con las empresas 1960-2018
Fuente: elaboración propia basada en los datos de EPM Informes anuales 1960-2018.
Conversión hecha usando Banco de la República, Series: Índice de la tasa de cambio real.
Conclusiones
Este capítulo analiza cómo la deuda de la infraestructura inuyó
desde 1960 en EPM y en sus relaciones con quienes dependen de
ellas para sus servicios. Se mostró que pedir créditos para nanciar
la infraestructura está sujeto a una inestabilidad que, en particular
como resultado de la devaluación, dio en última instancia a las en-
tidades acreedoras una inuencia suciente como para reorientar
la gobernanza de EPM hacia una “gobernanza por deuda”. En tér-
minos de servicios públicos urbanos tales como agua y electricidad,
esta deuda, cada vez mayor debido a nuevos préstamos, intereses
y devaluaciones, debía recuperarse a través de aumentos tarifarios,
así como de nuevos mecanismos jurídicos y técnicos para obligar al
pago. Esto signicó que muchos hogares se endeudaron con EPM,
experimentando desconexiones y decisiones difíciles entre servicios
públicos y otras necesidades del hogar. De esta manera, la recupe-
ración total de los costos no se reere sencillamente a los costos de
107
Deuda por goteo: infraestructura, desarrollo y nanciarización, Medellín 1960-2013
suministro, determinados por la eciencia del operador o por su ca-
pacidad para frenar salarios y gastos, sino también a los del servicio de
la deuda que están gobernados generalmente por una serie de circuns-
tancias más allá de su control; una situación que habría de alentar la
nanciarización de la deuda y la introducción de nuevos mecanismos
de contabilidad que incrementaron aún más las tarifas.
Con esto en mente, se introduce la “deuda por goteo” para captar
cómo el endeudamiento de EPM se transere a los usuarios en can-
tidades que, aunque pequeñas relativamente a la deuda total, pueden
resultar dañinas para el sustento de hogares vulnerables. Los usuarios
de bajos ingresos pagan por la deuda contraída por infraestructuras
a través de elementos como facturas cada vez más costosas, la deuda
incurrida por estas facturas, así como los costos sociales y económicos
de la suspensión del servicio o su desconexión. Como lo resalta At-
wood (2008), la cancelación de la deuda ha estado en el corazón de
las revueltas populares desde la antigüedad. A lo largo de este estudio,
las protestas por las tarifas de los servicios públicos y por la suspensión
de los servicios podrían considerarse como reivindicaciones por los
efectos debilitantes de las ideologías de la deuda que colocan el riesgo
en los prestatarios y ciudadanos, y el poder en los bancos y acreedores.
Así, este capítulo cuestiona los discursos dominantes en torno de la
gestión y el uso de la deuda, y pone a la luz los efectos de poder en ella
en cuanto a la regulación de la vida. Estos incluyen los discursos sobre
la eciencia y la recuperación total de los costos.
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Paisajes
111
Entre el control,
la tragedia y la negación.
La desigual urbanización
de tres ríos bogotanos
en el siglo XX
Vladimir Sánchez-Calderón1
Introducción
Como la mayor parte de las ciudades andinas
colombianas, Bogotá ha crecido en un entorno
uvial rico y diverso. Decenas de quebradas y ria-
chuelos que nacen en los cerros orientales tributan
sus aguas a algunos de los tres ríos principales que
atraviesan el actual perímetro urbano de la ciudad:
Tunjuelo, Fucha y Juan Amarillo. Los tres son tri-
butarios a su vez del río Bogotá, la principal arteria
uvial de la región. Las relaciones que se han tejido
entre los ríos y la ciudad han sido y son complejas
como en cualquier caso donde este tipo de cursos
de agua ha sido partícipe del desarrollo urbano.
Muchas ciudades se han erigido en torno de uno
o varios ríos, y en ese proceso, los han moldeado
física y materialmente; pero los ríos no han sido
sujetos pasivos del deseo, la ingeniería y las técni-
cas humanas (Capilé, 2015; Lubken, 2012).
1 Universidad Industrial de Santander, Colombia. Correo elec-
trónico: fabiosac@uis.edu.co
112
La urbanización de las aguas en Colombia
Diversos estudios hechos desde la historia ambiental urbana mues-
tran que “aunque las ciudades han buscado domesticar y regular a
los ríos urbanos, estas no han logrado controlarlos de manera com-
prehensiva, como lo muestran las inundaciones y otros recurrentes
desastres ligados con los ríos” (Knoll, Lübken y Schott, 2017, p. 3).
Así, los ríos urbanos son verdaderos actores de la historia de la ciudad,
y particularmente visibles en el proceso de la urbanización del agua.
Como lo ilustran los demás capítulos que componen este volumen,
ello implica abandonar las dicotomías entre naturaleza y sociedad. En
este caso, no se trata de hacer en particular una historia de los ríos de
Bogotá, sino más bien una historia de la urbanización de Bogotá en la
que se incluyan, entre otros elementos y dinámicas, sus cursos de agua
(Gallini, Felacio J., Agredo y Garcés, 2014; Leal, 2019).
Esta propuesta parte de la consideración de que las dinámicas urba-
nas son a la vez procesos históricos, políticos y ambientales (Gandy,
2003; Harvey, 1996). En el caso particular de las relaciones históri-
cas entre ríos y ciudades ello signica tener en cuenta el entrelaza-
miento entre (i) el ritmo particular de cada río –que se expresa, por
ejemplo, en la secuencia irregular de épocas de menor y mayor cau-
dal; (ii) los espacios únicos que crean las corrientes de agua (a través
de los cambios geomorfológicos, la sedimentación y la erosión); y
(iii) las múltiples intervenciones humanas en esas dinámicas “natu-
rales” (Knoll etal., 2017, p. 7). Pero además, considerar la urbani-
zación de los ríos desde la perspectiva expuesta, implica reconocer
que ese proceso de urbanización, material y simbólico a la vez, no es
neutro (Heynen, Kaika y Swyngedouw, 2006; Swyngedouw, 2004),
lo que conlleva a identicar benecios y afectaciones experimenta-
das por cada curso de agua y las secciones de ciudad con las que se
relacionan directamente (Boone, 2011; Vitz, 2018).
Este capítulo, se propone entonces abordar la desigual urbaniza-
ción del agua, tomando como ejemplo la comparación entre tres
ríos “bogotanos”: el San Francisco, el Tunjuelo y el Bogotá, cada
uno de los cuales puede ser entendido como una asociación socio-
natural o socio-ecológica, con unas características físicas particula-
res: longitud, caudal, régimen de lluvias, áreas de inundación, in-
tensidad de los procesos de erosión o sedimentación; condiciones
que se conjugaron con su localización particular en el entramado
113
Entre el control, la tragedia y la negación
socio-espacial de la ciudad, y que conjuntamente condicionaron la
manera en que se insertaron en la ciudad que se fue creando en el
siglo XX. En ese sentido, busca aportar una lectura histórica a las
propuestas críticas del cambio urbano construidas desde la ecología
política urbana, como las elaboradas por Davis (2015) y Holield y
Schuelke (2015). Igualmente, mostrar tres casos diferentes del pro-
ceso de urbanización de ríos en una misma ciudad busca aportar
a las discusiones sobre las múltiples maneras en que se urbaniza el
agua, más allá de la infraestructura (Furlong y Kooy, 2017). En este
texto en particular, se hace énfasis en cómo la urbanización de los
ríos implicó tanto cambios materiales como simbólicos en las co-
rrientes de agua y en las secciones de ciudad que atravesaban o con
las que colindaban. En términos de fuentes, este capítulo combina
estudios técnicos sobre las condiciones físicas de los ríos analizados
con historiografía de la urbanización de Bogotá y reportes de prensa
del siglo XX.
Bogotá: la Sabana y la ciudad
Bogotá es la capital de Colombia y su ciudad más populosa con casi
ocho millones de habitantes, que se amplían a casi diez si se tienen
en cuenta los municipios cercanos (Secretaría Distrital de Planea-
ción, 2018). Está ubicada en el interior del país, en la Cordillera
Oriental a una altura estimada de 2.600 metros sobre el nivel del
mar (msnm) y a varios cientos de kilómetros de los principales puer-
tos marítimos del país. La región en la que se ubica se conoce como
la “Sabana de Bogotá”, que en término siográcos corresponde a
una zona plana dominada por coberturas de tipo pastizal. La Figura
12 muestra un panorama general de la Sabana de Bogotá. En ella se
pueden resaltar tres elementos: unos cerros que la circundan, espe-
cialmente al oriente y al occidente; una parte plana, de la que deriva
el nombre de “Sabana” y una red de ríos que convergen hacia el
centro, en el río Bogotá, principal curso de agua de la región (Guhl,
1975, p. 75). Como se puede observar en esa gura, la Sabana de
Bogotá es un espacio relativamente cerrado, forma que se deriva del
hecho de que, técnicamente hablando, la Sabana es un altiplano.
Los altiplanos son formas representativas de las partes medias y altas
114
La urbanización de las aguas en Colombia
de las montañas de los Andes, y consisten precisamente en áreas
planas rodeadas por montañas y localizadas en alturas superiores a
los 2.000 metros sobre el nivel del mar (Flórez, 2003, pp. 115-118).
Figura 12. Sabana de Bogotá.
Fuente: Guhl, 1975, p. 75.
En el caso de la Sabana de Bogotá, su origen se debe a diversos plie-
gues y fracturas que se dieron a lo largo de quince millones de años,
cuando inició el levantamiento de la Cordillera Oriental. Como
consecuencia de estos movimientos surgió una depresión entre dos
sistemas de montañas, los actuales cerros orientales, de un lado, y
una serie de serranías al occidente, más bajas que los primeros (Fló-
rez, 2003, pp. 115-118; Guhl, 1975, pp. 74-80). Dicha depresión
conguró un lago que se ha ido rellenando con el aporte de los
diferentes cursos de agua, incluido el río Bogotá mismo, la principal
corriente de la región y que atraviesa la Sabana de norte a sur, en un
lento proceso que continúa hasta hoy y cuyos remanentes más apre-
ciables son los humedales, denidos técnicamente como “cuerpos
de agua permanente o estacional de poca profundidad” (Alcaldía
Mayor de Bogotá y Departamento Administrativo del Medio Am-
biente - DAMA, 2006, p. 23; Van der Hammen, 2003).
115
Entre el control, la tragedia y la negación
En la Figura 12 se encuentran resaltados tres cursos de agua de entre
los muchos que se pueden observar. Asimismo se observa la ubica-
ción de la ciudad y su extensión aproximada para comienzos del
siglo XX. Como puede verse, cada uno de los tres ríos tiene una
posición particular frente a la capital. El San Francisco es más corto,
pero atravesaba a la ciudad justo en el centro, antes de entregar sus
aguas al río Fucha, tributario del Bogotá. El Tunjuelo, más largo que
el anterior, y que también desembocaba en el Bogotá, se encontraba
al sur de la capital, pero separado físicamente de la urbe. Situación
similar sucedía con el río Bogotá, que se ubicaba al occidente de la
ciudad. El siglo XX representó un cambio profundo en la relación
de esos ríos con la ciudad, derivado especialmente del crecimiento
físico y demográco de la capital en ese periodo.
A pesar de grandes cambios entre la fundación española (1538) y
el n del periodo colonial (1830), el tamaño físico y demográco
de Bogotá puede ser considerado modesto si se compara con otras
ciudades latinoamericanas como México o Lima. Así, en 1801, se
estima que 21.394 habitantes vivían en un área cercana a las cua-
trocientas hectáreas (Vargas Lesmes, 2007, capítulo 2 y 3). Duran-
te el siglo XIX, Bogotá experimentó un alto crecimiento demográ-
co, pues entre 1801 y 1912 la población se quintuplicó, aunque
la expansión física apenas creció un veinte por ciento (Mejía P.,
1998, p. 230, 340). Desde entonces el crecimiento de la ciudad fue
mucho más intenso que en cualquier otro momento de la historia.
Hacia 1999, cerca de seis millones de personas habitaban Bogotá
y ocupaban cerca de 30.000 hectáreas (ver Figura 13) (Saldarriaga,
2000, p. 87). En ese periodo, los ríos Tunjuelo y Bogotá entraron
a hacer parte física de la ciudad, mientras que el San Francisco
fue sepultado y cubierto por una avenida, y solo al nal del siglo
volvió a hacer parte del paisaje urbano en el denominado “Eje am-
biental”. La historia de la expansión de Bogotá ha sido abordada
en diferentes estudios y con diferentes perspectivas, por lo que acá
sólo remitimos a algunas de esas investigaciones (Mejía P., 1998;
Saldarriaga, 2000; Zambrano, 2007).
116
La urbanización de las aguas en Colombia
Figura 13. Crecimiento urbano de Bogotá
Fuente: Elaboración propia basada en la gura 2 de Garavito G., L., & De Urbina G., A.
(2019).
A continuación, ahondaré en la manera en que esos ríos se trans-
formaron con la ciudad, especialmente a mediados de siglo XX.
Para ello, consideramos tanto su ubicación en el entramado socio-
espacial de la capital como las características físicas de los ríos, pues
ambas se combinaron para calicar o valorar el comportamiento de
cada corriente. Mostraré cómo el río San Francisco, ubicado en el
centro de la ciudad y que terminó sepultado por la misma, pasó de
tener una valoración negativa por sus niveles de contaminación y
por ser visto como un obstáculo al progreso y la higiene de la ciu-
dad, a ser un río invisible; el Tunjuelo, pasó de estar asociado con la
modernización de la ciudad gracias al agua potable que proveía, a
ser la imagen de la tragedia recurrente de los más humildes del sur
de la ciudad, la zona asociada a la pobreza y la marginalidad; y el
río Bogotá, el más lejano y de más tardía incorporación al paisaje
urbano, también terminó siendo valorado negativamente por su alta
contaminación y malos olores.
117
Entre el control, la tragedia y la negación
En cuanto a las características físicas de cada río es necesario tener
en cuenta unas consideraciones técnicas generales. La Figura 14
muestra el recorrido esquemático de un río, el cual se puede dividir
en tres secciones (Charlton, 2008; Flórez y Suavita, 1997; Huggett,
2007). La primera, llamada cuenca alta, es la de mayor altura y
pendiente. Allí dominan los procesos de erosión y aporte de mate-
rial, pero la cantidad de agua (caudal) que transportan las corrien-
tes no es tan grande, pues han recibido pocos auentes. La segunda
parte, llamada cuenca media, se caracteriza por tener una pendien-
te un poco menor que la anterior, pero con mayor caudal debido a
que ya recibe el aporte de más auentes. En esta sección también
dominan procesos erosivos, pero se combinan con el transporte de
sedimentos y fragmentos de roca hacia partes más bajas. En ambas
secciones, además el curso del río suele estar encauzado y sigue un
recorrido lineal, aunque no necesariamente recto. Esto obedece a
que en muchos casos, los ríos en la parte montañosa corren sobre
los ejes de fallas geológicas, precisamente porque son áreas don-
de las rocas están más fragmentadas y es más fácil erodarlas. En
esta sección es donde son más comunes los movimientos en masa,
nombre técnico que agrupa deslizamientos, derrumbes, ujos de
lodo y otros procesos de aporte de material.
Finalmente, la parte baja de la cuenca, corresponde a una zona de
topografía plana, en la que los procesos que dominan son los de de-
positación del material que ha traído el río. En esta zona, el caudal
es mayor y el cauce, es decir el curso que sigue el río, suele ser más
ancho y variable, debido a que no está controlado, dando lugar a
un río sinuoso. Por su topografía plana esta parte del recorrido es
la más proclive a las inundaciones por desborde. Como se expone
enseguida, la manera en que se transformó cada uno de los ríos acá
considerados se vio inuenciada por la parte de cada cuenca que
participó más directamente del proceso de urbanización.
118
La urbanización de las aguas en Colombia
Figura 14. Perl esquemático de un río.
Fuente: Elaboración propia basada en Flórez y Suavita 1997, p. 74.
El río San Francisco y los inicios
de la modernización urbana
El río San Francisco jugó un papel central en la historia de la ciudad
desde su fundación en 1538, pues fue proveedor de agua para el
consumo humano y para diversas actividades que iban desde el la-
vado de ropas hasta la generación de energía para el funcionamiento
de molinos ribereños y la disposición de residuos animales del mata-
dero municipal ya en el siglo XIX. También fue fuente de materiales
de construcción por la arena y la grava depositada en sus márgenes y
fondo, y de madera y leña, por los bosques que integraban su cuen-
ca de drenaje (Martínez, 1968; Mejía P., 1998, 2012). El río nace
en zona de páramo, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar en
los cerros orientales y entra a la ciudad en una zona conocida como
el “Boquerón”, punto que divide las montañas tutelares de Mon-
serrate y Guadalupe (Alcaldía local de La Candelaria y Fundación
Alma, 2013; Montaña Cuéllar y Armenteras Buades, 2015). En su
119
Entre el control, la tragedia y la negación
conjunto, el río no tiene más de diez kilómetros de longitud, antes
de unirse con el San Agustín, el otro río fundacional de la ciudad,
y luego tributar al Fucha. Es un “típico” río de montaña, en el sen-
tido de que su recorrido es corto y su pendiente relativamente alta,
por lo que su cauce está entallado y sus riberas son estrechas. Este
tipo de ríos tiene un comportamiento torrencial, es decir, que son
muy susceptibles a verse afectados por aumentos rápidos del caudal
debido a aguaceros fuertes en sus partes altas, generando desbordes
ocasionales aunque violentos, pero retornando rápidamente a las
condiciones “normales” una vez deja de llover (Charlton, 2008).
El intenso cambio demográco de la ciudad en el siglo XIX señala-
do antes, que no se correspondió con una expansión física similar,
implicó grandes retos relacionados con la salud pública y privada y
el deterioro de varias fuentes cercanas de recursos cruciales para la
ciudad, especialmente los bosques de las montañas circundantes,
lo cual afectó a su vez la cantidad y calidad del agua de la que se
abastecía la ciudad (Osorio, 2008). A nales del siglo, los usos del
río entraron en una serie de conictos crecientes relacionados con
la ubicación de actividades a lo largo del mismo. Por ejemplo, en
la parte alta, justo antes de entrar a la ciudad, se ubicaban acti-
vidades agropecuarias que contaminaban las aguas y dicultaban
usos domésticos e industriales. Luego, la entrada de la ciudad estaba
ocupada sobre todo por molinos y lavanderas que hacían su traba-
jo de forma artesanal (Atuesta, 2011, 2018; Gallini etal., 2014;
Rodríguez Gómez, 2003a).
Atuesta (2018) ha mostrado cómo esa situación física del río se vol-
vió un objetivo de política bajo la conformación de una naciente
sociedad burguesa que buscaba construir una ciudad moderna. Así,
el San Francisco se convirtió en un objetivo estratégico de las polí-
ticas higienistas de las primeras décadas del siglo XX. La Ley 10 de
1915 ligó explícitamente la canalización del río con su cubrimiento
y posterior construcción de una avenida sobre el curso transforma-
do. Pero este proyecto de modernización no fue tan fácil como se
esperaba en un comienzo. Fue un proceso que tomó más de tres
décadas en ser llevado a cabo y en el que participaron diferentes
motivaciones técnicas, políticas y económicas. Frente a la imposi-
bilidad nanciera de la administración municipal para llevar a cabo
120
La urbanización de las aguas en Colombia
el proyecto bajo los preceptos técnicos establecidos, que sugerían
hacer el trabajo de canalización de arriba hacia abajo, la canaliza-
ción se hizo por sectores, dependiendo de la capacidad y el interés
de los vecinos ribereños de cada cuadra por aportar en el proyecto,
mediante la modalidad de valorización. Al nal, los diferentes trazos
de canal unieron la parte central del proyecto, aquella ubicada entre
la carrera 4ª y la plaza de San Victorino (carrera 12), precisamente
la más conectada con las actividades económicas de mayor prestigio
en la ciudad “moderna”.
Pero en este proceso de canalización parcial y segmentada, el río
San Francisco fue muy activo. Un río corto cuyo caudal se veía
grandemente afectado por aguaceros fuertes inuyó en el avance y
construcción del canal. Al no ser intervenido de arriba hacia aba-
jo, el agua y demás materiales que arrastraba en los episodios de
lluvia se desbordaban en aquellas partes donde había un cambio
de dirección o donde el cauce había sido articialmente estrecha-
do para su canalización. Fue común que los aguaceros destruyeran
los trabajos realizados y generaran caos sobre los vecinos ribereños
(Atuesta, 2011; Montaña C. y Armenteras B., 2015). No obstante,
la historia dominante construida sobre el río San Francisco fue la
del triunfo de la técnica y la ingeniería sobre la naturaleza. Desde
mediados del siglo XX, la imagen que dominó esa parte del centro
de Bogotá fue la de la Avenida Jiménez de Quesada, nombre del
fundador español. Las curvas suavizadas de la avenida apenas per-
mitían recordar el río que le dio origen. El San Francisco terminó
siendo un río domesticado y controlado por la ciudad. De hecho,
un río invisible para los ciudadanos.
El río Tunjuelo: de “héroe” a “villano”
El río Tunjuelo también nace en el ecosistema de páramo, en este
caso en el páramo de Sumapaz a más de 3.800 metros sobre el ni-
vel del mar (msnm). Después de recorrer 73 kilómetros entrega sus
aguas al río Bogotá en la actual localidad de Bosa, al suroccidente
de la ciudad (Calvachi Z., 2012; Guhl, 1982; IDEAM y Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2007). Se ubica aproximadamente a diez kilóme-
121
Entre el control, la tragedia y la negación
tros en línea recta del centro histórico de la ciudad y su relación con
Bogotá ha sido de larga data, como lo muestran diferentes estudios
históricos y arqueológicos (Herrera, 2005; Luque T., 2009; Martí-
nez M., 2008; Vargas O., 2011; Zambrano, 2004). A diferencia del
río San Francisco, el río Tunjuelo (y su cuenca) solo se incorporó
físicamente a la ciudad en el siglo XX, periodo en el que jugó tres
roles principales: abastecedor de agua, abastecedor de materiales de
construcción y proveedor de suelo urbanizable en sus riberas. Cada
uno de esos roles fue desarrollado en una sección particular de la
cuenca del río: el abastecimiento de agua en la parte alta, la extrac-
ción de materiales en la transición entre la parte media y la baja, y
la de tierra urbanizable en la zona baja, aunque después de la década
de 1970 también se construyeron sectores de la cuenca media.
La decisión de volver el Tunjuelo la principal fuente de agua de la
ciudad se dio en medio de un álgido debate a lo largo de las tres
primeras décadas del siglo, fruto del deterioro de las condiciones
de los ríos céntricos de la ciudad, como el San Francisco (Osorio,
2007; Rodríguez G., 2003b). Tres elementos fueron evaluados posi-
tivamente para la elección del Tunjuelo como la fuente del “primer
acueducto moderno” de la ciudad, o Acueducto Nuevo, como se
conoció en su momento. Primero, el Tunjuelo estaba lejos de la
ciudad por lo que los niveles de contaminación debían ser menores.
Segundo, esa distancia se estimó superable en términos técnicos y
económicos, de manera que el traslado del agua a la ciudad era posi-
ble. Tercero, se suponía, porque no había estudios que lo demostra-
ran, que su caudal era mucho mayor que el de los ríos de los que se
había abastecido la ciudad. En 1938 como parte de la celebración
del IV Centenario de fundación de Bogotá se inauguró La Regade-
ra, represa de cuatro millones de metros cúbicos, y que fue promo-
cionada como la solución denitiva a los problemas de agua potable
para una urbe que se modernizaba y crecía sin precedentes, pues
entre 1905 y 1938, la ciudad pasó de cerca de 100.000 habitantes a
más de 330.000, según los censos nacionales (Saldarriaga, 2000, p.
82). El embalse fue construido cerca de los 3.000 msnm, justo en
la zona de transición de la parte alta a la baja, en un área donde el
río arrastraba un caudal constante promedio cercano a los 2-3 m³/s,
considerado suciente por las autoridades técnicas de la época. Pa-
recía que el Tunjuelo era un río controlado, bueno, útil a la ciudad.
122
La urbanización de las aguas en Colombia
Sin embargo, el júbilo duró poco. En los siguientes años, fuertes
periodos secos llevaron a que La Regadera fuera insuciente. La
solución planteada fue un nuevo embalse en el Tunjuelo, llamado
Chisacá, aguas arriba de La Regadera. Este embalse fue inaugurado
en 1951 y también fue celebrado por el gobierno y la prensa. Pero
tampoco fue la solución. En la década de 1960 se hizo una nueva
intervención en la parte alta del río, en la laguna de Los Tunjos,
en el nacimiento del río. Los tres embalses representaban cerca de
once millones de metros cúbicos, pero para 1960 el aporte del Tun-
juelo apenas representaba el 13 % de los 386.000 metros cúbicos
diarios que demandaba la ciudad (Departamento Administrativo
de Planicación Distrital, 1964). La solución para garantizar abas-
tecimiento permanente de agua potable fue encontrada primero
al norte de la ciudad, en el río Bogotá, y luego en el páramo de
Chingaza al nororiente.
Pero Bogotá demandaba no solo agua, también alimentos, energía,
entre otros insumos. Las condiciones geológicas del Tunjuelo ju-
garon a favor del desarrollo de la industria extractiva de materiales
de construcción, especialmente de grava, gravilla y arena de río, los
cuales hacen parte de un conjunto de materiales denominados téc-
nicamente como agregados, y que son profusamente utilizados para
la fabricación de concreto y concreto reforzado, uno de los materia-
les insignes de la modernización urbana del siglo XX (Slaton, 2001;
Smith y Collis, 1993; Vargas C., 2006). El hecho de nacer a más de
3.000 msnm hizo que el Tunjuelo estuviese sometido a la inuencia
directa de glaciaciones periódicas en los últimos tres millones de
años. Durante este tiempo, los glaciares erosionaban las montañas,
mientras que en los periodos más cálidos el río arrastraba esos ma-
teriales aguas abajo y los acumulaba en la zona de transición entre
la parte media y baja de la cuenca, área que representa un cambio
fuerte de pendiente, pues es la entrada al altiplano.
Se conguró así el mayor cono de depositación en los alrededores
de la ciudad, y además el de mayor calidad, el cual comenzó a ser
explotado tímidamente en la década de 1930, pero que desde la
década de 1950 se convirtió en la fuente casi exclusiva de este tipo
de materiales para toda la ciudad (Bolaños B. y Forero V., 2003;
Escovar W. y Cárdenas, 2006; Parra y Royo y Gómez, 1942; Res-
123
Entre el control, la tragedia y la negación
trepo Posada, 1988; Sanz de Santamaría, 1983; Vargas C., 2006).
Este uso representó también una lectura positiva del Tunjuelo por
su aporte para la ciudad, pues estaba ayudando a su modernización.
No obstante, al mismo tiempo que el papel de abastecedor de agre-
gados se consolidaba, lo hacía la oferta de suelo urbanizable, lo cual
incidiría para que la valoración del río cambiara por completo.
Desde mediados de la década de 1940, algunos sectores ubicados
inmediatamente aguas abajo de las minas de agregados, que aún no
se habían consolidado, se empezaron a urbanizar con el surgimien-
to de barrios periféricos destinados principalmente a personas de
ingresos bajos. Estos asentamientos se consideraban “clandestinos”
por las autoridades de la ciudad porque no cumplían las disposi-
ciones de las emergentes normativas de planeación (Cardona G.,
1969; Stevenson, 1969; Torres T., 2009; Zambrano, 2004, 2007).
Sin embargo, su proliferación por toda la periferia de la ciudad era
resultado de la participación activa y compleja de muchos actores
urbanos, dentro de los que sobresalían los urbanizadores privados,
quienes aprovechaban tanto la necesidad de los pobladores como los
vacíos normativos y la poca capacidad de control de las autoridades
locales para vender sectores cercanos a la ciudad. Muchas ciudades
colombianas y aun latinoamericanas han crecido y siguen hacién-
dolo por ese mecanismo (Gilbert, 1997; Jaramillo, 2012; Romero,
2001; Torres Carrillo, 1993). En el caso que nos atañe, los barrios
ribereños del río Tunjuelo y vecinos de las minas de agregados tejie-
ron una particular historia alrededor del curso de agua.
Aunque el terreno es casi plano en esa parte de la cuenca no es
homogéneo y está ligeramente inclinado hacia el occidente, hacia
donde uye el Tunjuelo buscando el Bogotá. Esa inclinación hace
que las áreas de las minas estén por encima de los barrios. Pero, ade-
más, el terreno es irregular debido al constante cambio de curso del
río en esa zona a lo largo de los últimos miles de años impulsado por
el cambio de pendiente, condición normal de los ríos que ingresan
a la parte baja de una cuenca, la más susceptible a inundarse. Esa
situación inuyó para que desde mediados de la década de 1950,
la principal imagen de esa parte de la ciudad y del río fuese la de la
tragedia, pues el sur de la ciudad terminó asociado con la pobreza,
la marginalidad y la imagen de una ciudad que no era moderna
124
La urbanización de las aguas en Colombia
(Osorio, 2007; Sánchez-Calderón, 2019). Del río apacible y “bo-
gotanísimo” (“Los ríos Tunjuelito y Fucha se desbordaron”, 1959)
que contribuía a la modernización de la ciudad, se pasó muy rápido
a considerarlo como la principal causa del desastre recurrente de los
más humildes. El caudal del río, valorado unas décadas atrás porque
permitía abastecer a la ciudad a través de los embalses, empezó a
ser un problema, pues en las épocas de lluvia crecía y se desbordaba
sobre los humildes barrios (“Aislados tres barrios por el invierno
ayer”, 1968; “Graves inundaciones en el sur de Bogotá, anoche”,
1962). En la ocurrencia de los desastres incidían las modicaciones
al río hechas por las represas y las minas, pero en la representación
dominante reejada en la prensa, el culpable era el río (Sánchez-
Calderón, 2017, 2018). El Tunjuelo pasó así de ser un río “bueno”
a un río “malo”, incontrolable y castigador.
El río Bogotá: el río negado
El río homónimo de la ciudad curiosamente fue el último en ar-
ticularse con la malla urbana, lo que sucedió desde la década de
1960. Como en los casos anteriores el río no era desconocido para
los habitantes y sus autoridades e instituciones, pero la distancia
física condicionaba las representaciones dominantes en la urbe, que
hasta mediados del siglo solía agruparse en dos conjuntos de imá-
genes contrastantes. De un lado, era percibido como un obstáculo
al transporte interregional debido a las inundaciones que causaba
sobre los caminos del occidente (Luque T., 2009; Mora P., 2015a).
De otro, era la fuente de inspiración para artistas, académicos y
otras personalidades debido a sus paisajes dominados por activida-
des agropecuarias (Caballero C., 1985; Delgado, 2015; Hernández
de Alba, 1985. Esas representaciones estaban asociadas, como en los
dos casos analizados antes, con la sección del río cuya relación era
más evidente a los “ojos” de la ciudad. El río Bogotá también nace
en un páramo, en este caso el de Guacheneque, a 3.300 msnm y
después de recorrer 380 kilómetros descarga sus aguas al río Mag-
dalena a la altura del municipio de Girardot a 280 msnm (Corpo-
ración Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 2006, p. 82).
La parte alta de la cuenca corresponde a los primeros 170 kilóme-
125
Entre el control, la tragedia y la negación
tros de recorrido, lo que signica que va desde su nacimiento hasta
el sector denominado como Puente del Común, en Chía. La parte
media, que representa los siguientes 90 kilómetros de su recorrido,
a diferencia del perl esquemático presentado en la parte inicial del
capítulo, tiene un cauce meándrico, característico de una zona de
acumulación, normalmente asociado a la parte baja de la cuenca.
Sin embargo, el hecho de estar ubicado dentro de un altiplano con-
diciona que precisamente en esa parte del río la pendiente sea muy
poca, favoreciendo el relleno lento pero constante del antiguo lago
que constituye el origen del altiplano. Esta parte media va hasta el
salto de Tequendama, uno de los puntos de referencia más impor-
tantes en la historia de la relación entre la ciudad, la región y el río,
pues es una hermosa cascada donde el río abandona la Sabana, para
dar paso a la parte baja de su recorrido (Caballero C., 1985; Guío
y Palacio, 2008, p. 223). De esta manera, las imágenes dominantes,
tanto la del obstáculo a la comunicación y el transporte, como la de
los paisajes bucólicos, están enraizadas en las condiciones siográ-
cas del río en su parte media.
Pero progresivamente esas imágenes cambiaron, en la medida que las
conexiones materiales entre la ciudad y el río también cambiaron a
lo largo del siglo XX (Vélez P. y Sánchez-Calderón, 2020). Como se
mencionó antes, desde la década de 1950, el río Bogotá se convirtió
en la mayor fuente de abastecimiento de agua para la ciudad y para
los municipios cercanos. En la zona de transición entre la parte alta y
media de la cuenca se construyó la planta de tratamiento de Tibitoc
inaugurada en 1959 (Rodríguez G., 2003b). Pero la cuenca del río
Bogotá no solo ofrecía agua a la ciudad. La sabana era la principal
despensa de lácteos y de legumbres, alimentos que requieren cerca-
nía con los centros de consumo, pero también de tierras fértiles para
incrementar la productividad. La sabana ofrecía ambas condiciones.
Las mismas características que hacían que las inundaciones fuesen
comunes en los periodos lluviosos permitían que los suelos aluviales
se renovaran constantemente. El exceso de humedad presente se fue
transformando desde el siglo XIX con sucesivos, aunque inconexos,
proyectos de irrigación, control y desecamiento, dentro de los que
sobresale el distrito de riego de La Ramada, en la margen occidental
de la cuenca media (Corporación Autónoma Regional de Cundina-
marca - CAR, 2006, p. 83; Delgado, 2015; Mora P., 2015b).
126
La urbanización de las aguas en Colombia
Paralelo a este uso, el río se fue contaminando de manera creciente.
De un lado, las poblaciones ribereñas localizadas en la parte alta
estaban más pobladas, y algunas de ellas como Zipaquirá y Villa-
pinzón experimentaban procesos de industrialización, de productos
químicos en el primer caso, de cueros en el segundo. Pero de otro, la
ciudad misma crecía y se industrializaba. El Bogotá, como principal
arteria de la región, se convirtió progresivamente en la principal
cloaca tanto de la capital como de la sabana. (Carrizosa, 1985; Cor-
poración Autónoma Regional - CAR, 1999; Rodríguez G., 2003b).
Se estima que la ciudad pasó de verter poco más de medio metro cú-
bico –es decir, quinientos litros– por segundo a los auentes del río
Bogotá en 1940, a liberar más de dos metros cúbicos por segundo
en 1960. El caudal promedio del río Bogotá al llegar a Chía, al norte
de la capital, es de 10 metros cúbicos por segundo, es decir, que las
aguas vertidas por la ciudad representaba un incremento del 20 %
del total de agua, con el agravante de que eran aguas contaminadas
(Preciado B., Leal y Almanza, 2005, p. 151).
Para ese momento, lo más importante para la ciudad no era tratar
sus aguas usadas, sino garantizar agua potable para sus habitantes.
Sin embargo, comenzaban a aparecer alertas por las consecuencias
que tenía la contaminación del río sobre la ciudad. Puede parecer
paradójico que el río pudiese afectar a la urbe, pues esta se locali-
za aguas arriba de este. Pero un informe de 1952 publicado en la
revista de la Sociedad de Ingenieros advertía que “Con esas aguas
pestilentes y saturadas de toda clase de virus y bacterias patógenas,
se van a regar las hortalizas de muchísimos cultivos situados al occi-
dente de la ciudad y [...] con esos mismos líquidos cloacales se abas-
tecen numerosos hatos lecheros para todas sus necesidades” (citado
en Rodríguez Gómez, 2003b, p. 121). El río seguía estando lejos de
la ciudad, pero los contaminantes retornaban a los bogotanos a tra-
vés de los vegetales y la leche que consumían. No obstante, esa voz
siguió siendo distante para la prensa de la ciudad y la ciudadanía.
En la década de 1970 la contaminación del río Bogotá y su impacto
tanto en la ciudad como en la cuenca baja del mismo comenzaron a
inuir en la percepción del problema, haciendo que su recuperación
se posicionara dentro de la agenda urbana y regional. Sin embargo,
entre 1970 y 1993 la cobertura del alcantarillado de Bogotá aumen-
tó del 60 al 85 por ciento de hogares sin que se construyera ninguna
127
Entre el control, la tragedia y la negación
planta de tratamiento para las aguas residuales, lo que agudizó aún
más la polución del río, haciendo que básicamente perdiera la capa-
cidad para albergar vida no microbiana.
En la década de 1980 comenzaron a aparecer notas de prensa e
informes que catalogaban al Bogotá como uno de los “más conta-
minados del mundo” (Carrizosa, 1985), en los cuales se incluían
fotografías del río con sus aguas negras y espumas blancas, signos
de la contaminación. A esta imagen se sumaba el olor de sus fétidas
aguas cada vez que los bogotanos salían de la ciudad por el norte,
el occidente, y especialmente el suroccidente en la zona del embalse
del Sisga, en el municipio de Sibaté. El desprecio de la ciudad por
el río se acentuó conforme el siglo terminaba y nalmente la trans-
formación física del río en sus cualidades físico-químicas reforzó la
transformación de la imagen que de él tienen los habitantes de la
ciudad: un río que continúa siendo lejano para muchos, una alcan-
tarilla, un “río feo”, si es que no muerto.
Conclusión
Al nalizar el siglo XX, los tres ríos acá analizados se habían trans-
formado denitivamente en ríos urbanos, corrientes cuya dinámica
hídrica dependía de las modicaciones hechas, directa e indirecta-
mente, consciente o inconscientemente, en el proceso de urbaniza-
ción de Bogotá. Estos tres cursos de agua participaron activamen-
te de la vida urbana, ofreciendo agua, materiales de construcción,
alimentos, suelo para vivienda y avenidas. El resultado concreto
dependió del entramado socio-ecológico particular en el que se
insertaron en la ciudad. Así, el San Francisco, río corto y torren-
cial, ubicado en el centro de la ciudad, fue sometido a un proceso
de invisibilización como parte del anhelo de construir una ciudad
moderna a comienzos del siglo XX. El Tunjuelo, río más largo y
caudaloso, ubicado al sur de la ciudad, fue valorado positivamente
cuando le dio sus aguas a la ciudad, pero fue desdeñado cuando
sus desbordes, causados en parte por las alteraciones de embalses
y minas aguas arriba, causaban tragedias a los más humildes de la
ciudad. El Bogotá, principal arteria de la región, siempre estuvo
128
La urbanización de las aguas en Colombia
lejos de los ciudadanos, quienes no sintieron nada al convertirlo
en la principal cloaca de la ciudad. Ni siquiera inuyó de manera
determinante el hecho que el río poluido se les devolviera en forma
de leches, quesos y legumbres contaminados.
Las historias de estos tres ríos “bogotanos” ilustran la heterogenei-
dad del proceso de urbanización del agua. En este texto en parti-
cular, se hace énfasis en cómo la urbanización de los ríos implicó
tanto cambios materiales como simbólicos en las corrientes de
agua y en las secciones de ciudad que atravesaban o con las que
colindaban. En ese sentido contribuye a propuestas recientes que
buscan ir más allá de los temas relacionados con la infraestructura de
aprovisionamiento y desecho que han dominado las investigaciones
sobre estudios sociales del agua, en especial en la historia ambiental
urbana y la ecología política urbana, campos principales con los que
busca dialogar este trabajo.
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Del campo a la ciudad:
desarrollo y gobernanza
del agua en el bajo río
Magdalena
Tatiana Acevedo-Guerrero1
Alejandro Camargo2
Introducción
Al menos desde la década de 1950, la historia de
la gobernanza del agua en Colombia ha estado
directamente relacionada con el avance y trans-
formación del proyecto global del desarrollo. Es
decir, las prácticas de coordinación y de toma de
decisiones frente a la distribución del agua en el
país se han denido en un contexto de alianzas
gubernamentales con instituciones internaciona-
les como el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Banco Mundial, USAID con el n de alcanzar
el desarrollo económico y social en el país. En esas
alianzas no solo circula dinero, sino también co-
nocimientos, expertos, reformas y prescripciones
sobre cómo deben funcionar la economía, la socie-
dad y el Estado. En particular, el agua ha estado en
el centro de las preocupaciones que han llevado a
la formación de esas alianzas. Esto tiene que ver no
solo con el hecho elemental de que el agua es vital
1 Universidad de Utrecht, Países Bajos y Universidad de los An-
des, Colombia. Correo electrónico: t.acevedoguerrero@uu.nl
2 Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Correo
electrónico: fcamargoa@uninorte.edu.co
137
Del campo a la ciudad: desarrollo y gobernanza del agua en el bajo río Magdalena
para la supervivencia humana, sino también con que el agua impul-
sa el desarrollo, la urbanización y la industrialización mediante, por
ejemplo, represas e infraestructuras de irrigación, y porque el acceso al
agua es un indicador de desarrollo y superación de la pobreza.
Este capítulo se basa en trabajo etnográco y de archivo para reexio-
nar sobre la manera como se han encontrado e intentado engranar los
objetivos del desarrollo internacional en el campo de la gobernanza
del agua con los paisajes hídricos, expectativas, intereses y formas de
hacer locales. Mostraremos que ese encuentro no ocurre como una
imposición unidireccional de unas ideas hegemónicas sobre cómo go-
bernar el agua. Por el contrario, estas ideas son resignicadas y mol-
deadas en su encuentro con realidades locales concretas. Para ello,
analizaremos dos proyectos nanciados por el Banco Mundial en la
cuenca baja del río Magdalena: el proyecto Atlántico Número 3 im-
plementado en la década de 1970, y el proyecto de Abastecimiento de
Agua en Barranquilla desarrollado en la década de 1980.
En el primer proyecto el gobierno nacional junto con el Banco
Mundial se propusieron generar un emporio agrícola orientado a
la exportación en el sur del departamento del Atlántico, al sur de la
ciudad de Barranquilla. Para ello fue necesario construir distritos de
riego y drenaje en una zona donde se asumió el control de inunda-
ciones. En el segundo proyecto estos actores buscaban rehabilitar y
extender las infraestructuras de provisión de agua, alcantarillado y
manejo de residuos en la ciudad de Barranquilla.
138
La urbanización de las aguas en Colombia
Figura 15. Mapa de Atlántico (capital: Barranquilla).
Fuente: IGAC - Instituto Geográco Agustín Codazzi. Creative commons.
Aunque parecen de naturaleza distinta, estos dos proyectos están
relacionados de al menos tres maneras. Primero, ambos fueron de-
sarrollados en el departamento del Atlántico y están conectados con
el río Magdalena. El proyecto Atlántico Número 3 estuvo estrecha-
mente relacionado con las aguas que viajan desde el río por el Canal
del Dique, las cuales han moldeado la historia de la región y el des-
tino del proyecto agrícola. La ciudad de Barranquilla, por su parte,
está ubicada en el delta del río y de allí se abastece de agua para sus
habitantes. Este proyecto urbano de hecho tiene como un punto
139
Del campo a la ciudad: desarrollo y gobernanza del agua en el bajo río Magdalena
de partida los problemas en el manejo del agua que provenía del río.
Segundo, estos dos proyectos reejan un proceso de cambio en los
patrones de población y producción impulsado desde el Banco Mun-
dial: la migración del campo a la ciudad. El Banco Mundial esperaba
que mediante proyectos de modernización agrícola como el Atlántico
Número 3 se liberara mano de obra rural que pudiese migrar a las
ciudades a trabajar en la industria (López Acero, 2011). De allí la
importancia de nanciar proyectos de servicios públicos en ciudades
como Barranquilla, a donde llegaron migrantes del campo y quienes
demandaron la ampliación de las redes de agua y saneamiento básico
(ver Meisel, 2011). Tercero, el proyecto Atlántico Número 3 propuso
que una de sus ventajas era la ubicación cerca de Barranquilla, un im-
portante centro industrial para el procesamiento y comercialización
de productos agrícolas (IBRD, 1967: 10).
Mediante el análisis de estos dos casos reexionamos de forma más
amplia sobre las relaciones entre desarrollo y gobernanza del agua y
sus implicaciones para comprender la urbanización de las aguas en
las ciudades del sur global. Al presentar las conexiones entre los dos
casos buscamos mostrar que, para comprender el lugar del agua en
una ciudad como Barranquilla, debemos considerar cómo esta ciu-
dad se conecta con una región más amplia a través del río y los ujos
migratorios de personas. Igualmente, buscamos resaltar que además
de estas conexiones espaciales, hay una conexión histórica que ubica
la gobernanza del agua en Barranquilla en una historia más amplia
de intentos de embarcar el país en la ruta del desarrollo y de conec-
tar el campo con la ciudad. En esa historia, el Banco Mundial ha
tenido un papel protagónico. Algunos aspectos generales sobre esta
organización y su incidencia en la gobernanza del agua son necesa-
rios para comprender los dos proyectos objeto de análisis.
Gobernar el agua
Las transformaciones institucionales, nancieras, infraestructurales
y ambientales de la gobernanza del agua en Colombia han estado
relacionadas con los lineamientos provenientes de instituciones in-
ternacionales de desarrollo. En términos generales, la gobernanza
140
La urbanización de las aguas en Colombia
se reere a la manera de organizar, tomar decisiones y mantener el
orden en una sociedad y tiene que ver con el problema de la coor-
dinación política y económica en la vida social (Perreault, 2016:
476). El concepto de gobernanza ha sido objeto de diversos debates
y críticas, pero para los efectos de este capítulo nos interesa ver las
decisiones, el orden y la organización en su dimensión institucional
(ver Zwarteveen et al., 2017). En este sentido, el Banco Mundial ha
sido una institución de soporte nanciero, técnico y epistemológico
de la gobernanza del agua en países como Colombia.
La intervención del Banco Mundial en la gobernanza del agua de
diferentes países ha sido diversa y al mismo tiempo objeto de múl-
tiples críticas. De hecho, el Banco es el prestamista multilateral más
grande en el campo del suministro del agua (Bakker, 2013). Su in-
tervención se ha dado en ámbitos como el agua urbana y rural y
en el campo de las hidroeléctricas. Sobre este último ámbito han
surgido álgidos debates, pues en varias ocasiones los proyectos hi-
droeléctricos apoyados por el Banco han estado asociados con el
reasentamiento forzado de comunidades, el deterioro ambiental y
con la violación de derechos humanos (Baird et al., 2015: 1081).
La conciencia sobre estas críticas llevó al Banco a recongurar su
accionar y hacia nales de la década de 1980 su enfoque giró ha-
cia el lado “verde” (Zawahri, N., y Weinthal, 2014: 56). Este giro
coincide con el aanzamiento de otro de los ámbitos de acción del
Banco que ha recibido considerables críticas: su rol en la privatiza-
ción del agua. Goldman (2008) plantea que, ante el problema de
la falta de acceso al agua en muchas partes del mundo, las institu-
ciones globales han privilegiado la privatización del servicio como
la solución deseada. Esta forma de “neoliberalismo verde”, como
lo llama Goodman, aplicado a las políticas del agua ha implicado
diversas reformas en los Estados, cambios en la “cultura de los ne-
gocios” e incluso incremento de tarifas (Larner and Laurie, 2010:
222; ver también Sangameswaran, 2009). Por su cuenta, Budds y
Sultana (2013) y Bakker (2013) abogan por un enfoque en el que
los proyectos de desarrollo del Banco Mundial centrados en el agua
no se entiendan simplemente como una serie de mecanismos para
proporcionar agua, sino como medios para reelaborar las relaciones
de poder en formas nuevas o de reproducir desigualdades existentes.
141
Del campo a la ciudad: desarrollo y gobernanza del agua en el bajo río Magdalena
En el caso de Colombia, la historia de las intervenciones del Banco
en la gobernanza del agua reeja los diferentes cambios en las priori-
dades institucionales sobre el desarrollo. Arias et al. (2020) cuentan
cómo los primeros proyectos sobre agua nanciados por el Banco
en la década de 1950 se enfocaron en su mayoría en la hidroelec-
tricidad. Esta fue una respuesta al crecimiento de las ciudades y la
demanda de energía, principalmente del sector industrial urbano. A
partir de nales de la década de 1960, el Banco enfocó su atención
en la nanciación de proyectos de acueducto y alcantarillado en es-
pecial en las nuevas áreas de urbanización de los sectores más pobres
de las ciudades. Hacia nales de la década de 1980, además de los
proyectos de desarrollo rural y la continuidad de las inversiones en
acueducto y alcantarillado, el Banco inició una serie de intervencio-
nes para nanciar proyectos de desarrollo institucional y reformas
institucionales, algunas de ellas orientadas a privatizar el servicio
de agua. En cierta manera la necesidad de implementar reformas
institucionales mostró que el proceso de urbanización en Colombia
no resultó como el Banco esperaba. Ni todas las personas que mi-
graron del campo a la ciudad lo hicieron para mejorar su calidad de
vida, ni la provisión de agua funcionó de forma eciente y oportuna
(Acevedo Guerrero, 2019). Pero el problema de la disonancia entre
los objetivos del desarrollo internacional y las realidades locales no
surgió exclusivamente en lo urbano. La transformación del campo
presentó también fracturas y resultados inesperados. El proyecto At-
lántico Número 3 fue uno de esos ejercicios adversos.
La condición rural de la urbanización
En la década de 1970, el sur del departamento del Atlántico se con-
virtió en un escenario central para la implementación de estrate-
gias de modernización agrícola tendientes a mejorar la calidad de
vida de los habitantes y contribuir al desarrollo económico del país.
Esto se hizo mediante un préstamo que solicitó el gobierno colom-
biano al Banco Mundial con el n de nanciar la introducción de
un esquema de agricultura intensiva. Este esquema incluía diversas
infraestructuras de manejo del agua como sistemas de irrigación,
drenaje y control de inundaciones ocasionadas por las aguas del río
142
La urbanización de las aguas en Colombia
Magdalena, así como maquinaria agrícola, programas de capacita-
ción técnica y la creación de granjas piloto (IBRD, 1967). Una de
las metas del proyecto, conocido como Atlántico No. 3, era produ-
cir alimentos para exportar, para lo cual diseñaron una estrategia de
mercadeo que proyectaba la cercanía con el puerto de Barranquilla
como un factor favorable para la comercialización. Este proyecto
estuvo enmarcado también en un programa de reforma agraria por
medio del cual varios campesinos de la zona accedieron a la pro-
piedad de la tierra después de un periodo de conicto intenso con
terratenientes (World Bank, 1982; ver también Zamosc, 1983:40).
El proyecto Atlántico No. 3 fue creado en un momento histórico
en el que el fenómeno de la migración del campo a la ciudad to-
maba fuerza. De hecho, “entre mediados de las décadas de 1950 y
1960 las ciudades más grandes crecieron a una tasa del 7 %, más
del doble del crecimiento natural” (World Bank, 1972: 17). El
avance de proyectos de modernización agrícola hacia formas de
producción que requieren menos mano de obra liberó trabajadores
rurales, muchos de los cuales se convirtieron en potenciales mi-
grantes hacia las ciudades (McGreevey, 1976: 395). De acuerdo al
Banco Mundial (1972), la pobreza rural, así como el acceso de-
ciente a servicios de salud, educación, agua potable y en general a
servicios públicos en las áreas rurales, motivaron la migración de la
gente del campo a las zonas urbanas, donde en muchas ocasiones se
encontraron con el problema del desempleo. La escasez de vivienda
también fue un problema asociado al crecimiento de las ciudades
que indudablemente contribuyó como limitante de la calidad de
vida de los migrantes rurales (Eder, 1965: 32). La migración del
campo a la ciudad ha sido un factor de gran incidencia en el proce-
so de urbanización de los países del sur global. Esto reeja cambios
económicos y sociales estructurales asociados a la predominancia
del sector de manufactura y servicios en comparación con el sector
agrícola (Lall et al., 2006: 1).
El Proyecto Atlántico No. 3 no fue ajeno a este proceso de migra-
ción del campo a la ciudad. Pero no constituyó necesariamente el
ejemplo de liberación de mano de obra rural como consecuencia de
la mecanización en la agricultura. Para el Banco Mundial (World
Bank, 1983) el Proyecto Atlántico No. 3 fue un fracaso económi-
143
Del campo a la ciudad: desarrollo y gobernanza del agua en el bajo río Magdalena
co, aunque permitió algunos benecios a la población como incre-
mentar sus ingresos. El fracaso resultó principalmente porque los
costos de operación de los distritos de riego y drenaje fueron muy
altos y los usuarios no los pudieron solventar. Además, el proyecto
no prestó suciente atención a las particularidades climáticas y de
los suelos, lo cual impidió producir cultivos para exportación. El
proyecto operó con base en un sistema cooperativo, pero este no
funcionó como se esperaba. El Banco Mundial admitió que fue un
riesgo introducir “sistemas modelados adaptados de los de otros
países y que no están adaptados a las condiciones socio-ecológicas
locales” (1983: 2). Adicional a estos problemas, las inundaciones
nunca fueron controladas totalmente. En repetidas ocasiones las
aguas del río Magdalena que viajan por el Canal del Dique cau-
saron estragos en el área del proyecto (Camargo, 2020). El agua
fue un pilar sobre el que se construyó la idea de una agricultura de
exportación basada en el riego y el drenaje, y al mismo tiempo el
agua fue la razón por la que el proyecto fracasó. Con el fracaso del
proyecto varios agricultores perdieron todo y abandonaron el área.
Mientras algunos migraron hacia Venezuela, otros fueron a buscar
un futuro diferente en otras ciudades.
Hacia Barranquilla
A lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX, Barranquilla
fue el principal puerto marítimo y uvial del país. Barranquilla era
entonces la ciudad de Colombia con mayor crecimiento en tér-
minos de población, y su ingreso per cápita era uno de los más
altos del país (Meisel, 2009). El crecimiento de la ciudad abrió un
importante mercado que estimuló el desarrollo industrial (Meisel,
1994). Sin embargo, a partir de la década de 1940, la ciudad se
sumió en el declive económico. En 1942 la ciudad de Buenaven-
tura, en la costa pacíca del país, reemplazó a Barranquilla como
principal puerto de carga internacional de Colombia. El declive del
puerto marítimo provocó una recesión industrial en Barranquilla
(Meisel, 1994, 2009). A pesar del estancamiento económico de
las décadas de 1950 y 1960, la población urbana siguió creciendo
debido a la migración interna. Personas de las zonas rurales del de-
144
La urbanización de las aguas en Colombia
partamento del Atlántico continuaron llegando a Barranquilla en
busca de mejores oportunidades laborales, pese a que rara vez las
encontraron en el sector formal (Torres, 2009). Entre estas perso-
nas, estuvieron aquellas en busca de un mejor futuro tras el fracaso
del proyecto Atlántico 3.
Durante las décadas de 1970 y 1980, personas provenientes de
áreas rurales llegaron a Barranquilla en búsqueda de oportunidades
de empleo y de tener una vida mejor (Arias Trujillo, 2011; Torres,
2009). Muchas de estas personas se asentaron en el suroccidente
de la ciudad, donde hacia la década de 1980 habitaban cerca de
400,000 (Banco Mundial, 1985a) personas de las 927,233 que
componían la ciudad (DANE, 1985). Los treinta y cinco vecinda-
rios del suroccidente carecían de suministro de agua, conexiones de
alcantarillado y drenaje adecuado. Dos habían construido fuentes
públicas, que eran administradas por organizaciones comunales y
cobraban alrededor de COP $ 50 ($ 0,78 en USD constantes de
2016) por familia al mes. Sin embargo, todos los demás barrios de la
zona compraban agua a los vendedores, por aproximadamente COP
$ 1.200 ($ 18,8 en USD constantes de 2016) por familia al mes,
gastando alrededor del 8,9 por ciento de sus ingresos mensuales en
agua (Escobar, Reales y Solórzano, 1985; Banco Mundial, 1985a).
En este contexto, el Banco Mundial nanció un proyecto en la
ciudad con el objetivo de ayudar a las Empresas de Servicios Públi-
cos de Barranquilla (EPMB) a expandir los servicios de agua a los
barrios del suroccidente (Banco Mundial, 1985b; Banco Mundial,
1985a). Anticipándose a la duración (y posibles retrasos) de las
obras, que incluían un nuevo tanque de almacenamiento, una es-
tación de bombeo y redes de distribución, el proyecto incluía una
solución a corto plazo: instalaría cincuenta tomas públicas durante
los primeros meses de ejecución para complementar los dos exis-
tentes. Según los planes iniciales, la ubicación de las fuentes y su
manejo dependería de las organizaciones comunales y EPMB les
proporcionaría agua tratada a un precio subsidiado (Banco Mun-
dial, 1985b; Banco Mundial, 1985a). Las decisiones sobre el pro-
yecto solo se tomaron cuando la contaminación del río Magdalena,
la fuente de agua de la ciudad, alcanzó niveles tan altos que los
químicos utilizados para tratar el agua de la ciudad se volvieron in-
145
Del campo a la ciudad: desarrollo y gobernanza del agua en el bajo río Magdalena
sucientes. Durante este período, toda la ciudad se quedó sin agua
y los grupos de interés en competencia coincidieron en la necesidad
de hacer reformas. El proyecto del Banco Mundial prometía un
cambio en la gobernanza de la ciudad.
Esta iniciativa generó varias reacciones. Algunos miembros del go-
bierno local y facciones de partidos políticos propusieron ignorar
los problemas del sector suroeste, ya que sus barrios estaban fuera
del límite municipal, y acordaron recibir fondos del Banco Mundial
para utilizarlos en la mejora del suministro de agua en los barrios del
norte de la ciudad, donde se concentran los estratos socio-económi-
cos más altos. Otros querían utilizar los fondos del Banco Mundial
en campañas electorales intercambiando infraestructura de agua
por votos. El sector industrial y comercial se resistió al proyecto, ya
que implicaba la instalación de medidores de agua en su propiedad.
Finalmente, se forjó un nuevo movimiento político en la lucha por
el acceso a los servicios de agua y por la correcta implementación
del proyecto del Banco Mundial en los barrios del suroccidente. Sin
embargo, este programa nunca se llevó a cabo porque, en 1988,
tanto la EPMB como la alcaldía de Barranquilla solicitaron que el
Banco Mundial lo cancelara. Sin consultar al concejo ni al gobierno
central, el alcalde armó en una carta al Banco Mundial que “el pro-
grama de fuentes públicas no era necesario” y que “la ciudad preferi-
ría enfocarse sobre la rápida instalación de conexiones residenciales
modernas” (Banco Mundial, 1993: 7). Los objetivos del desarrollo
internacional no lograron engranarse con los entramados políticos
locales en función del objetivo del proyecto.
Para 1991, los barrios marginados del suroccidente, hogar de apro-
ximadamente 500.000 personas, obtenían agua de vendedores
de agua y sufrían desbordamientos de aguas residuales sin tratar
(Bernal Forero, 1991). La comunidad tenía poca conanza en la
calidad del agua de los vendedores, ya que almacenaban el agua en
latas de metal que originalmente contenían productos aceitosos.
Estas latas se almacenaban en camiones y, a menudo, se ltraba
cierta cantidad de agua de las latas, y la gente protestaba por recibir
menos agua de la que pagaban (Bernal Forero, 1991). Las familias
que vivían en este sector, muchas de estas migrantes del sur del
Atlántico, vivían en condiciones precarias y estaban expuestas a en-
146
La urbanización de las aguas en Colombia
fermedades relacionadas con la calidad del agua y con la presencia
de vectores. Algunas de estas habían asistido al fracaso del Proyecto
Atlántico 3, que buscó manejar el agua en un contexto rural a tra-
vés sistemas de irrigación, drenaje y control de inundaciones. Casi
una década después asistían al fracaso de un segundo proyecto del
Banco Mundial, esta vez uno que pretendía manejar el agua en
un contexto urbano, a través de infraestructuras para proveer agua
potable y controlar aguas servidas.
Conclusiones
La historia de la gobernanza del agua en Colombia ha reejado las
transformaciones globales de las prioridades cambiantes del desa-
rrollo. El país se ha insertado en esas coyunturas mediante el ujo
de recursos nancieros, conocimientos expertos, infraestructuras y
tecnologías sobre la manera como se debe gobernar el agua. En ese
sentido, el Banco Mundial ha sido un actor central no solo como
nanciador sino también como actor de gobernanza que incide en
el rumbo y ritmo de los países. Sin embargo, las historias contadas
aquí nos muestran también que la implementación de ideas no es
una labor fácil. Por el contrario, el encuentro de modelos inter-
nacionales de gobernanza con las realidades locales produce ten-
siones, reconguraciones y resultados adversos. En este escrito no
queremos limitarnos a entender ese encuentro entre lo global y lo
local como una historia de fracaso. Por el contrario, nos interesa ver
cómo las decisiones sobre cómo gobernar el agua son multivocales,
heterogéneas y conectadas con una realidad en la que tanto las re-
laciones de poder, el lugar donde ocurren los hechos y el momento
histórico en el que se dan juegan un papel central en la producción
de nuevas realidades.
En esta historia podemos identicar la manera como la materiali-
dad el agua se entrelaza en el destino de la gobernanza. Tanto en el
Proyecto Atlántico No. 3 como en el Proyecto de Barranquilla la
manera como el agua uye o no incide en el rumbo de las relaciones
sociales. Mientras que en el primer caso el intento por controlar el
agua resultó ser limitado (pues las inundaciones minaron el éxito
147
Del campo a la ciudad: desarrollo y gobernanza del agua en el bajo río Magdalena
del proyecto), en el caso de Barranquilla la calidad del agua del río
Magdalena estuvo en el centro del debate sobre la necesidad de traer
recursos internacionales para la ciudad. De igual manera, la pregun-
ta sobre cómo los humanos toman decisiones acerca de la forma
como el agua debe uir o no es fundamental para comprender la
producción de la desigualdad tanto en el campo como en la ciudad.
La posibilidad de entender las conexiones entre dos proyectos apa-
rentemente diferentes nos permite situar el agua en el espectro y las
fronteras difusas de lo rural y lo urbano. En este sentido, la urbani-
zación de las aguas en una ciudad como Barranquilla nos habla no
solo sobre cómo el agua se conecta con las transformaciones espa-
ciales, sociales y políticas de la ciudad, sino que la urbanización nos
habla también sobre cómo el agua de la ciudad se conecta histórica
y espacialmente con una región y una historia más amplias. La gente
que migra del campo a la ciudad es parte de la manera como esas
aguas se conectan en el tiempo y en el espacio. Los migrantes del
campo a la ciudad llevan consigo una historia de desigualdad en el
campo que se encuentra con la desigualdad en las ciudades. En este
sentido, la urbanización de las aguas en Colombia da cuenta tam-
bién de los ujos de personas, ideas, tecnologías e infraestructuras a
diferentes escalas.
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151
Agua y poder
en el crecimiento urbano
de Cali
Renata Moreno-Quintero1
Introducción
Santiago de Cali, la capital del departamento del
Valle del Cauca y la más importante del surocci-
dente colombiano por su dinamismo económico,
es la tercera ciudad con mayor cantidad de habi-
tantes del país. Aunque mundialmente es conoci-
da como la capital de la salsa, localmente se conoce
también como la ciudad de los 7 ríos, adjetivo con
el que empiezan muchos recuentos de su historia.
La ciudad está asentada desde la Colonia en las
postrimerías del río Cali, del que primero tomó
agua para abastecer las necesidades de su pobla-
ción; está bordeada en su costado oriental por el
río Cauca, pieza clave en la consolidación de la
ciudad como capital del departamento por la na-
vegación a vapor que en él tuvo lugar desde nales
del siglo XIX hasta nales de la década de 1920;
está además atravesada de occidente a oriente por
los ríos Cañaveralejo, Meléndez, Lili y Pance, que
nacen en la impresionante cordillera de los Fara-
llones que separa a la ciudad del mar Pacíco y
1 Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia.
Correo electrónico: rmorenoq@uao.edu.co
152
La urbanización de las aguas en Colombia
que han sido muy importantes para la recreación de los caleños, así
como para el abastecimiento de agua potable. Todo esto sin men-
cionar los 61 humedales urbanos que completan su gran riqueza
hídrica, aunque estos últimos son poco mencionados en la historia
de la ciudad y permanecieron como víctimas sin voz del desarrollo
de esta hasta años recientes.
Figura 16. Plano de la ciudad de Cali, año 1937
Fuente: Archivo Histórico de Cali.
A pesar de dicha riqueza y la importancia de los ríos para la vida
de los caleños y el posicionamiento de la ciudad, el crecimiento
de esta ha conllevado un progresivo deterioro de sus fuentes de
agua, resumido por la autoridad ambiental del Departamento de
la siguiente manera:
153
Agua y poder en el crecimiento urbano de Cali
La ciudad está frente a una situación de pérdida progresiva de la
calidad del recurso hídrico y un eventual desabastecimiento del mis-
mo, lo anterior se evidencia con los resultados de los monitoreos
realizados en 2015 y 2016 de acuerdo con los cuales, de 13 puntos
de monitoreo, 7 estaciones arrojaron un ICA (índice de calidad del
agua) malo y 6 de las estaciones un ICA regular. (CVC, 2018, p. 9)
Además de esto, Cali vive actualmente un conicto socio-ambiental
por el deterioro de la calidad del agua y la pérdida de acceso a las
riberas del río Pance, producto del avance de la urbanización sobre
este sector al sur de la ciudad. Las imágenes transmitidas durante
el año 2019 por las redes sociales de tuberías provenientes de con-
dominios para estratos altos vertiendo aguas residuales al río y de
los desalojos a familias campesinas e indígenas de las riberas de este
para construir las vías de estos condominios han provocado la in-
dignación de caleños de todos los estratos, ya que, además de ser un
ícono de la ciudad, este río es considerado como el último río que
les queda a los habitantes para su recreación.
En este capítulo uso una perspectiva de ecología política urbana
para analizar cómo la pérdida y deterioro de las fuentes hídricas
como bienes comunes de los caleños está relacionada con formas de
poder ligadas a la tenencia de la tierra y con la creación de desigual-
dades sociales, en donde la renta de la tierra es el principal motor
que impulsa el crecimiento de la ciudad y la urbanización del agua,
la cual ha pasado de ser fuente de sustento y recreación para los
grupos más vulnerables a factor de riesgo. La metodología empleada
fue principalmente un análisis documental de fuentes secundarias
que incluyó reseñas históricas, tesis y notas de prensa, complemen-
tado con entrevistas semiestructuradas a ingenieros sanitarios y po-
bladores afrodescendientes. También se analizó información que se
obtuvo de la participación en espacios de planeación, el Consejo
de Cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo y el Comité
Ambiental de la Comuna 22 desde el año 2016. La información
fue organizada cronológicamente y codicada de acuerdo con cate-
gorías de análisis que permitieron una primera aproximación en el
rastreo de cómo se asocian los cambios en los ujos del agua en la
ciudad con la creación de desigualdades sociales y la renta del suelo.
154
La urbanización de las aguas en Colombia
Perspectiva teórica
La ecología política ha sido muy importante para explicar los pro-
cesos de deterioro ecológico y la creación de desigualdades sociales
relacionadas con el crecimiento de las ciudades. Los académicos de
esta corriente entienden el proceso urbano como un proceso socio-
natural, que va más allá de las mediaciones técnico-administrativas
de las relaciones socio-ecológicas que se dan en las ciudades (Swyn-
gedow y Kaika, 2014). Dicha perspectiva ha mostrado cómo el pro-
ceso de urbanización se soporta en la movilización social de todas
las formas de naturaleza que son incorporadas económicamente y
transformadas o metabolizadas físicamente. De ahí que el creci-
miento urbanístico vaya acompañado de la construcción de redes de
infraestructura que aceleran el movimiento del agua y otras formas
de naturaleza dentro y fuera de la ciudad. De esta forma, la ciudad,
concebida como proceso socio-espacial, funciona a partir de ujos
metabólicos socio-ecológicos que operan en múltiples escalas, con
frecuencia estructurados más allá de los límites que la enmarcan.
Según Swyngedow y Kaika (2014, p. 75) las infraestructuras para
metabolizar el agua están mediadas por arreglos políticos que por lo
general están comprometidos con asegurar la continua expansión
de la circulación del capital, de ahí que el crecimiento urbanístico
en contextos capitalistas tienda a rebasar necesariamente los límites
físicos y sociales de sus propias pre-condiciones de existencia. La
urbanización, mercantilización y domesticación del agua como pro-
ducto del proceso urbanístico crea así continuamente dinámicas de
degradación socio-ecológica.
Para entender la circulación del capital en las ciudades es impor-
tante retomar a Harvey (2007) quien desarrolla una teoría com-
prensiva de la propiedad y la renta, mostrando que la inversión en
propiedades y el desarrollo urbano han sido una solución clave para
la sobreacumulación, reriéndose al “arreglo espacial” como la fun-
ción que permite canalizar la plusvalía en el ambiente construido,
que operaría como un circuito secundario del capital distinto a la
producción directa. En este movimiento de capitales, el suelo urba-
no (cuya relación con el agua es fundamental) es tratado como una
mercancía y se reduce a un mero instrumento nanciero sujeto a la
155
Agua y poder en el crecimiento urbano de Cali
especulación y las demandas de inversión, lo que usualmente crea
contradicciones con las necesidades locales y los distintos valores
que le dan los habitantes de las ciudades al suelo (y por supues-
to al agua también). Gibbons (2016) analiza estas contradicciones
utilizando el concepto de valor de uso para referirse a las conexio-
nes materiales, espirituales, sociales y sicológicas que forman los
habitantes con el lugar dentro del espacio urbano. Los conictos
aparecen porque la generación de ganancias a través del desarrollo
inmobiliario adquiere predominancia en la política local y el poder
de los desarrolladores para crear el valor máximo de cambio va en
contradicción con los valores de uso de los ciudadanos (Gibbons,
2016, p. 867). Goldman y Narayan (2019), entre otros, también
han mostrado cómo los procesos de conversión del suelo y el agua
urbana en mercancías también van a veces aparejados con el des-
mantelamiento de los bienes comunes, con graves consecuencias
para poblaciones pobres y para la sostenibilidad de las ciudades.
Según Swyngedow y Kaika (2014), el poder político se entrelaza
de formas particulares en la transformación de la naturaleza den-
tro de los procesos de circulación y acumulación del capital. En
este capítulo mostramos indicios de cómo ese poder político en la
ciudad reeja aún vestigios de la estructura de tenencia de la tierra
heredada de la Colonia. Como lo describe Vásquez (1990), la región
del valle del Cauca en el siglo XIX se caracterizó por una estructu-
ra socioeconómica dominada por grandes hacendados que poseían
vastas extensiones de tierra que dedicaban principalmente a la ga-
nadería y a la producción de cultivos de pancoger y caña para hacer
panela y aguardiente. Esta estructura social dio como resultado que
el prestigio y el poder estuvieran asociados a la tenencia de la tierra,
con efectos de largo plazo en las estructuras políticas de la ciudad.
En este sentido Sáenz (2010) encuentra que entre 1910 y 1980, la
misma concentración de la propiedad raíz opera en la concentración
del poder municipal, coincidiendo con Aprile-Gniset (1990) quien
ya había descrito la constante presencia de miembros de las familias
de la élite (Carvajal, Buenaventura, Sinisterra, Borrero, Garcés, Llo-
reda) en altos cargos de la administración municipal o en agremia-
ciones inuyentes en la política local.
156
La urbanización de las aguas en Colombia
Lo anterior habría tenido efectos en las modalidades de transformación
de la naturaleza para el crecimiento de la ciudad con profundos rasgos
de desigualdad y segregación racial. En su estudio sobre la extensión del
perímetro urbano de Cali, Sáenz (2010, p. 269) concluye que:
Los espacios para vivienda ofrecida desde la élite política para las cla-
ses subalternas, han sido en zonas no aptas técnicamente para asenta-
mientos humanos. Son terrenos anegados, fangosos, aledaños al río
Cauca, propios de las llamadas “madreviejas” que, como reservorios
de aguas importantes, tienen un gran valor en términos ecológicos
para la ora y la fauna de la región.
Por su parte, el estudio de Jiménez (2005) permite además agregar
que estos espacios en los que se ha ubicado la población más pobre
la han hecho más vulnerable físicamente comparada al resto, tanto
por el tipo de suelo como por la presencia de inundaciones y otras
amenazas en esas zonas.
En este capítulo argumento que en el caso de Cali estos procesos de
creación de desigualdades en la urbanización del agua continúan en
las décadas siguientes y son el resultado de la forma como las estruc-
turas de largo plazo del poder político interactúan con las nuevas
formas de acumulación del capital en la ciudad. También argumen-
to que estas conguraciones socio-ecológicas altamente desiguales
están asociadas a la degradación de los bienes hídricos de la ciudad.
Los inicios de la ciudad
A diferencia de otras grandes ciudades, la gran riqueza hídrica sobre
la que está asentada Cali (ver gráca No. 2) ha permitido que la
ciudad no haya tenido que importar hasta ahora agua para su con-
sumo desde cuencas exógenas, pero ha impuesto grandes retos desde
la Colonia para el asentamiento de una población que no buscó
adaptarse a su medio natural, sino modicarlo según imaginarios y
formas de vida traídos de otros contextos.
157
Agua y poder en el crecimiento urbano de Cali
Como nos recuerda Swyngedow (2006) el proceso de urbanización
conlleva la transformación y la búsqueda de control de los ujos
de agua que sostienen la vida en las ciudades. La historia de Cali,
en particular, desde su asentamiento en la Colonia al margen de-
recho del río del mismo nombre de la ciudad, se ha enmarcado en
una “lucha” constante contra las inundaciones, cuyo resultado ha
sido la transformación del paisaje de la ciudad con infraestructuras
hidráulicas para domesticar sus ríos, que van a marcar profunda-
mente la relación de los habitantes con el agua. Al respecto, Patiño
(2012) relata las recurrentes intervenciones y obras emprendidas
desde la fundación de la ciudad para proteger la villa de las uctua-
ciones naturales del río Cali que eran percibidas como amenazas
que era necesario regularizar. Estas obras consistieron en la cons-
trucción de puentes, desvíos del cauce del río y reglamentaciones
para controlar su desbordamiento. En 1741 por ejemplo se ordena
desviar el curso del río Cali para alejarlo de la emblemática iglesia
de la ciudad: La Ermita (Vásquez, 1982, p. 60). Jiménez (2005, p.
76) también describe en su obra como Cali estuvo sometida hasta
mediados del siglo XX a los desbordamientos del río Cali en la
parte urbana y del río Cauca y sus tributarios en los alrededores de
la ciudad, al sur y el oriente.
Los trabajos de ingeniería que se hicieron en la zona urbana para
evitar inundaciones y proveer de agua potable a la creciente ciudad
se enmarcaron en el tipo de narrativas del ser humano versus la na-
turaleza, en un esfuerzo del primero por dominar al segundo y en las
que principalmente fueron hombres los principales protagonistas.
El control de los ujos de agua en la ciudad sucedía dentro de un
contexto regional marcado por la evolución del sistema de hacienda
que incidiría en el control de los ujos a una escala mayor. Al igual
que los primeros asentamientos urbanos, las haciendas habían bus-
cado las zonas más secas del territorio para asentarse y desarrollar
sus actividades ganaderas y el cultivo de la caña de azúcar. Mientras
en las zonas inundables del río Cauca y cerca de los humedales se
ubicaron poblaciones de negros cimarrones que encontraron refu-
gio allí y luego establecieron poblados que orecerían a través del
cultivo del cacao.
158
La urbanización de las aguas en Colombia
Este mismo patrón dual de asentamiento se dio en la parte urbana.
Mientras las familias más pudientes se asentaron alrededor de la
Plaza Mayor, las orillas de la margen izquierda del río Cauca empe-
zaron a habitarse a principios del siglo XIX por población antigua-
mente esclavizada que escapó de las haciendas cañeras en el Valle
del Cauca. En 1883 se funda el puerto uvial de Puerto Mallarino
del que participaron activamente estos pobladores comerciando con
otras comunidades a lo largo del río Cauca.
Los trabajos de Vélez-Torres et al (2014), Patiño (2016), Moreno-
Quintero (2016) han mostrado cómo ciertas comunidades afroco-
lombianas en el sur del Valle y norte del Cauca lograron desarrollar
formas de vida adaptadas a las uctuaciones del río, en las que
aprovechaban la fertilización de los suelos que dejaban las inun-
daciones para sembrar, mientras complementaban sus actividades
agrícolas con la pesca en los humedales; de modo que las obras em-
prendidas para el control de las inundaciones y el desecamiento de
humedales tanto para la expansión agrícola como urbana, afectaría
negativamente no solo a estos ecosistemas, sino también a estas
poblaciones subalternas.
Con la modernización de las haciendas en ingenios azucareros en
el siglo XX2, a partir de las transformaciones que la familia Éder
hizo de la hacienda La Manuelita y los cambios en el contexto
internacional que colocaron a la región dentro de los circuitos del
creciente mercado del azúcar y los proyectos de intervención para
el desarrollo de los Estados Unidos, se dan las condiciones para
ampliar la producción de la caña de azúcar sobre las tierras inun-
dables del Valle. En este contexto, las inundaciones comenzaron
a ser vistas como un obstáculo para el desarrollo al igual que los
humedales (Tobasura, 2006).
El Ingenio Manuelita comienza a operar en 1864; el Ingenio Providencia en 1926,
fundado por Modesto Cabal y un grupo de socios; el Ingenio Río Paila en 1928,
fundado por Hernando Caicedo, quien además fundó Colombina S.A.; el Ingenio
Mayagüez en 1937, fundado por Nicanor Hurtado y Ana Julia Holguín; el Ingenio
Meléndez en 1949, fundado por la familia Garcés Giraldo.
159
Agua y poder en el crecimiento urbano de Cali
En la Cali antigua, hasta mediados del siglo XX, el oriente de Cali
representó un enclave natural de 5.600 ha con numerosos cuerpos
de agua como las ciénagas Cascajal, Mocoa, Marucha, Aguablanca,
Mojica, Potrerogrande, Salomina y Pinogordo. Dichos cuerpos de
agua, junto al caño Cauquita cumplían funciones de regulación del
nivel del río Cauca, a la vez que eran usados en épocas secas para el
pastoreo del ganado de las haciendas aledañas y eran aprovechados
por los habitantes más pobres para la caza, pesca y recreación:
Algunos antiguos pobladores de Cali como Jorge Díaz, recuerdan
que no solo se nadaba y se navegaba en época de lluvia, sino que
también se pescaba y cazaba en canoa, entre pantanos del río Caña-
veralejo en una ruta que va desde la ahora Cll 9 con Crr 44 hasta la
laguna de Aguablanca y el río Cauca (Jiménez-Rosero, 2019, p. 29).
Estas zonas lagunosas del oriente junto a extensos terrenos en la la-
dera occidental de Cali constituían los ejidos de la ciudad, los cuales
han sido señalados de haber sido apropiados en buena medida por
los hacendados. Aprile-Gniset (1990, p. 7) describe los conictos
que se han dado por estas tierras en batallas jurídicas o abiertas de
forma continua en 1706, 1711, 1770, 1778, 1829, 1848-53, 1871,
1915-27, 1946-48 y desde los años 50 hasta los 90. La lucha actual
por estos terrenos la libra el conocido ingeniero civil Claudio Borre-
ro que junto a otros denunciantes han logrado la devolución de 2.2
millones de metros cuadrados de estas tierras comunales destinadas
al goce colectivo (El Tiempo, 1998).
Además de este tipo de apropiaciones, Corrales-Molina (2014, pp.
34-35) describe cómo la construcción del acueducto metálico a pre-
sión para la ciudad en 1915 se llevó a cabo con recursos provenientes
de la venta o arrendamiento de los ejidos de la ciudad, entre otras
fuentes, en momentos en que habitantes pobres reclamaban acceso a
los terrenos ejidales para solucionar el problema de la carencia de vi-
vienda. La necesidad de tener un acueducto con mejores condiciones
higiénicas toma fuerza por las enfermedades intestinales y la ebre
tifoidea que azotaban a la población a comienzos del siglo XX debido
a que el agua era conducida por acequias abiertas, lo que las hacías
susceptibles a toda clase de contaminantes (Vásquez et al, 1995).
160
La urbanización de las aguas en Colombia
De esta forma, para conanciar la obra, el concejo municipal auto-
rizó la venta de ejidos en Siloé, Salomia y El Pueblo que entraron en
remate entre 1915 y 1920. Dicha autora argumenta entonces que
desde inicios del s. XX, la construcción del primer acueducto metá-
lico para la ciudad tuvo relación con el cambio de sentido que se dio
en esa época de los ejidos como “una especie de despensa colectiva de
productos de primera necesidad para los habitantes de la ciudad a un
bien intercambiable para proveer otro tipo de bien o servicio público
percibido como de primer orden”, en este caso el acueducto.
También en 1915 llega el Ferrocarril del Pacíco a Cali, conectan-
do la ciudad con el Puerto de Buenaventura, lo que facilitó el auge
comercial al convertir a Cali en el paso obligado de la ruta para la
exportación de café, azúcar y otros productos agrícolas, lo que a
su vez atrajo la inversión industrial. Según Becerra (2014) el Fe-
rrocarril fue el primer detonante de desarrollo urbano que exigió
adecuar el sistema de abastecimiento de agua como preparación al
crecimiento que traería.
La operación del ferrocarril demandó la extracción de recursos en
la periferia rural con consecuencias para las fuentes de agua. Este
incremento en los ujos metabólicos de materia y energía por el di-
namismo comercial provocado por la modernización de los sistemas
de transporte desencadena procesos de degradación ambiental en la
periferia. Si el desarrollo naviero en el río Cauca había incentivado la
tala de bosques para la explotación de la madera, despejando tierras
que luego se cultivarían con caña de azúcar (Sandoval y Ramírez,
2007), el ferrocarril por su parte indujo la extracción de madera
en los Farallones y la extracción de carbón en las minas ubicadas
en Siloé, Las Golondrinas, Cañaveralejo, Santamaría, La Buitrera y
Los Chorros, como combustible para este y las demás industrias que
orecieron por la época, lo que provocó afectaciones a los caudales
de los ríos por la deforestación causada y la contaminación de estos
(en especial el Lili) por los residuos de la actividad minera.
El decaimiento de la navegación por el río Cauca por la llegada del
Ferrocarril no solo afectó los suelos y el agua de las zonas rurales de
la cordillera Occidental, también tuvo efectos sobre los pobladores
negros que vivían del comercio que permitía esta navegación a las
161
Agua y poder en el crecimiento urbano de Cali
orillas del río en Puerto Mallarino, quienes asumieron actividades
menos rentables, como la extracción de arena y la pesca3 y crecieron
en forma de tugurios en tierras consideradas de escaso valor.
Primera expansión de Cali
El rápido crecimiento económico que tiene Cali en la primera mi-
tad del siglo XX se debe ubicar dentro del contexto global de n
de la crisis económica mundial (1929-1932), la implementación
de medidas proteccionistas como parte del modelo de sustitución
de importaciones en la década de 1940, pero también con la dis-
ponibilidad de agua potable y de energía eléctrica que permiten la
industrialización de la ciudad en ese contexto más amplio. Aun-
que el agua potable se obtenía de fuentes locales, los consumos
de energía ya para 1931 contaban con suministro desde la planta
de Palmira que usaba al río Nima, complementando la energía
obtenida a partir del agua de los ríos Cali y Meléndez hasta ese
momento (Vásquez, 1990).
En la zona urbana la población se multiplica aceleradamente (5,7
veces) entre 1931 y 1958 y se inicia el proceso de industrializa-
ción al norte de la ciudad en Yumbo. El intenso crecimiento de la
ciudad, asociado al deterioro de la cuenca del río Cali, hizo que
hacia 1941 ya se previera una crisis de desabastecimiento, por lo
que el equipo norteamericano que asesoraba a la ciudad en temas
de acueducto desde 1926, sugiere buscar nuevas fuentes y reducir
consumos de agua (Pérez et al., 2012, p. 72). De igual forma, el
suministro de energía eléctrica se hacía insuciente, por lo que
se inicia en 1944 la construcción de la Central Hidroeléctrica de
Anchicayá (terminada en 1955), ampliando así el alcance de los
ujos metabólicos de la ciudad.
3 Una parte de esta población se organizaría en el Consejo Comunitario Playa Rena-
ciente en el año 2007.
162
La urbanización de las aguas en Colombia
Las actividades de agricultura comercial de exportación y las acti-
vidades ganaderas crearon ujos de capital que pasaron a fortalecer
el naciente sector industrial de la ciudad. A su vez, Arroyo (2006,
p. 196) señala que desde 1924 se empieza a observar una fuerte in-
versión en tierra urbana de capitales acumulados en la esfera comer-
cial. Según Vásquez (2001, pp. 237-238), con el auge industrial y
demográco que vive Cali entre 1944 y 1958, el crecimiento de los
precios del suelo urbano hizo además apetecible la transformación
de las tierras de haciendas (rurales) en tierras urbanas. El interés por
el desarrollo del suelo urbano hace que una parte de los capitales
generados en la actividad industrial sean invertidos en el desarrollo
inmobiliario de la ciudad, para lo cual se requiere la ampliación del
perímetro urbano.
En 1949 se contrata a los arquitectos Paul Lester Wiener y José Sert
de la rma “Town Planning Associates” (TPA), quienes desarrollan
el Plan Piloto de Cali. Sobre este plan April-Gniset (2012, p.119)
haría la siguiente observación:
La ciudad no pasaba de mil hectáreas, pero se dilata su zona de
expansión a un perímetro de más de tres mil hectáreas, sin justi-
cación de ninguna especie y sin soporte en las modestas propuestas
de Brunner. Lo cierto es que sus vértices del sur y del oriente, traza-
das en forma arbitraria en la geografía atraviesan, o engloban en su
totalidad como zona urbana, las haciendas que de allí en adelante se
integrarían a la ciudad y a la próspera renta urbana.
Según Vásquez (2001, pp. 237-238), con el auge industrial y demo-
gráco que vive Cali entre 1944 y 1958, el crecimiento de los pre-
cios del suelo urbano hizo apetecible la transformación de las tierras
de haciendas (rurales) en tierras urbanas. Esto iría aparejado con la
ampliación de la oferta de agua a través de la Planta de Tratamiento
de Agua Potable Cauca que se inaugura en el año 1957.
163
Agua y poder en el crecimiento urbano de Cali
La década de los 50 y el gran cambio
en el paisaje hídrico de la región y la ciudad
En el contexto regional a mediados del siglo XX, la industria azu-
carera se posicionaba como el principal proyecto económico de la
región, por lo que se emprendió una transformación del medio na-
tural y social de forma que le garantizara a esta industria un acceso
privilegiado al agua, lo que se reejó en las concesiones de agua
otorgadas a esta, la infraestructura hidráulica instalada para dirigir
los ujos del agua, así como en los discursos acerca de la necesidad
de controlar al poderoso río Cauca.
Esos discursos también oscurecieron los roles de otros grupos socia-
les que se relacionaban de maneras distintas con los humedales y las
inundaciones, los cuales se verían afectados por las transformaciones
a gran escala emprendidas en la región que inundaron sus zonas de
cultivo, redujeron los bosques y cambiaron la dinámica hidráulica
de la región, alterando sus actividades de pesca y afectando sus sis-
temas de nca tradicional.
Para adecuar las tierras inundables del valle, una parte de las élites
locales se inspiraron y obtuvieron apoyo de ingenieros de Estados
Unidos que estaban interesados en expandir el modelo de la Tennes-
see Valley Authority como estrategia de desarrollo económico para
contener el avance del comunismo en países del sur global. Copian-
do este modelo, en 1954 se crea la CVC (Corporación Autónoma
del Valle del Cauca), más adelante se construye la represa de la Sal-
vajina (1985) y se emprenden trabajos de control de inundaciones
consistentes en un conjunto de canales, diques y sistemas de drenaje
conocidos como el Plan Lilienthal, que cambiaría profundamente el
paisaje e intensicaría los ujos metabólicos de la región.
En la escala urbana estos proyectos de control de inundaciones
resultarían en la intervención del paisaje y transformación de los
ujos de agua más drásticos en la historia de la ciudad. Aunque
el Plan Piloto proponía extender la ciudad sobre la zona de pie-
demonte cordillerana y dejar las zonas orientales e inundables sin
intervención alguna, el proyecto Aguablanca sería más benecioso
164
La urbanización de las aguas en Colombia
para la renta de los hacendados con tierras anegadizas al oriente de
la ciudad, por lo que esta recomendación no se implementaría. En-
tre 1958 y 1962, la CVC emprendió el Proyecto Distrito de Riego
de Aguablanca. Las principales obras para desecar y proteger de las
inundaciones 5.600 has de tierra fueron:
1. Jarillón de aproximadamente 17 km en la margen izquierda
del río Cauca, desde Navarro hasta el Paso del Comercio.
2. Canal CVC-Sur (ahora Interceptor Sur) de 9 km que inter-
ceptó el curso de los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lili.
3. Canal interior de drenaje que lleva las aguas hasta la estación
de bombeo del Paso del Comercio.
4. Adecuación de las lagunas del Pondaje y Charco Azul como
lagunas de regulación.
5. Entre 1964 y 1971 se construye el Canal Interceptor Orien-
tal I y II, entre otras.
Este proyecto buscaba permitir el aprovechamiento de los suelos
fértiles de la zona inundable del río Cauca al oriente de Cali, con
la visión de que en un futuro fuera el principal centro de abasto de
víveres de la ciudad. Sin embargo, la ejecución del proyecto coinci-
dió con un período de intensa violencia en el campo que provocó la
migración de muchos campesinos a la ciudad. Ante la disponibili-
dad de suelos no ocupados que permitió la ejecución del proyecto y
la escasez de vivienda de bajo costo en la ciudad, muchos migrantes
se establecieron en los suelos recién desecados, proceso que fue fa-
vorecido por los grandes hacendados de las tradicionales familias
Garcés, Domínguez, Caicedo y tres o cuatro más dueños de estos
terrenos que aprovecharon la oportunidad para vender sus tierras
(Aprile-Gniset, 1990, p. 23). Este proceso fue promovido también
por miembros de los dos partidos tradicionales mediante acuerdos
con organizaciones de invasores, que consistían en el intercambio
de obras de urbanización y servicios públicos en contraprestación
de votos en las elecciones (Urrea y Murillo, 1999).
Con las obras del Proyecto Aguablanca se impidió la formación de
ciénagas en la zona baja, destruyendo importantes ecosistemas para
la biodiversidad de la ciudad y la regulación hídrica, pero además
se afectó especialmente la salud y formas de vida de antiguos pobla-
165
Agua y poder en el crecimiento urbano de Cali
dos de afrodescendientes al margen del río Cauca, como Navarro
y Puerto Mallarino, por el vertimiento de aguas residuales a través
del Canal Interceptor Sur y el Canal Oriental que desembocaron en
estas zonas respectivamente.
El Canal Oriental recibe buena parte de aguas residuales de zonas
de asentamiento de viviendas informales que aún no se han regu-
larizado, este canal pasa por los barrios de la Comuna 7 y vierte
sus aguas en el río Cauca a la altura de Puerto Mallarino, de igual
forma en esa misma zona un canal de aguas residuales procedente
del Distrito de Aguablanca vierte una fuerte descarga a la cual se
suman aguas no utilizables de la Planta de Tratamiento de Puerto
Mallarino, por lo anterior unos metros después de esta Planta el vo-
lumen de vertimientos en esa zona, la convierten en un punto de
alta contaminación ambiental, en esta zona se asienta la comunidad
Afrodescendiente de Puerto Mallarino, de la cual la zona de La Playa
ha constituido el Consejo Comunitario de Playa Renaciente (CVC,
2018, p. 99).
En Navarro, además, se ubica posteriormente el botadero a cielo
abierto en 1969. Investigadores de la Universidad del Valle han
reportado casos de teratogénesis (niños sirena y niños cíclopes)
cerca al viejo vertedero de Navarro que se relacionan con la pre-
sencia de metales pesados en el río Cauca (Canaval, 2008; Jiménez
et al., 2015).
La urbanización de la antigua zona inundable y de humedales del
oriente también puso en situación de riesgo a las familias pobres
que se asentaron allí, en su mayoría provenientes del Pacíco. Las
características de los suelos los hace susceptibles a la licuación, y
la insuciencia de las estructuras de desagües y el desborde de los
canales de aguas lluvias y negras provocó constantes inundaciones,
recordemos que se trata de una zona más baja que el río Cauca. A
pesar de estas condiciones poco favorables para el desarrollo urbano
en el período 1985-1993 la densicación poblacional se concentró
en el oriente (Sáenz, 2010). Según este mismo autor, el oriente se
constituye en la salida para enmarcar la pobreza, mientras el sur se
cierra para la vivienda popular.
166
La urbanización de las aguas en Colombia
De haciendas a empresas constructoras,
la urbanización del sur de Cali.
En 1962 nace la Constructora Meléndez S.A. como una sociedad
entre Cuéllar, Serrano, Gómez y el Ingenio Meléndez para urba-
nizar el sur de Cali, en donde han construido cerca de 20.000 vi-
viendas (Rojas et al., 2010, p. 63). Más tarde los Sardi, antiguos
propietarios de haciendas como El Asombro, La Viga, El Castillo
y el Marañón, entre otras, fundan la constructora El Castillo, que
urbaniza importantes terrenos en Jamundí al sur de Cali. Alfredo
Domínguez Borrero, importante dueño de grandes extensiones de
tierras, funda la constructora Alpes S.A y los dueños de la Hacienda
El Limonar fundan la Constructora Limonar. Otras familias asocia-
das a los negocios agrarios y la gran propiedad si bien no se trans-
forman en constructoras, invierten parte de su capital en negocios
relacionados con el sector de la construcción. El Ingenio Mayagüez
de la familia Holguín adquiere acciones en varias siderúrgicas, la
Sociedad A. Lloreda y Compañía añade a su línea el hierro y acero
en 1958 (Arroyo, 2006). Estas transformaciones de capital las hacen
a la vez que continúan participando activamente en la política de la
ciudad. Alfredo Domínguez por ejemplo es alcalde de Cali en 1981.
En 1966 la fundación Garcés Giraldo dona unos terrenos que ha-
cían parte del Ingenio Meléndez al sur de la ciudad para lo que
sería la sede Meléndez de la Universidad del Valle, lo que, junto a
la construcción del centro comercial Unicentro en 1978 (también
desarrollado por esta constructora) se convierte en una forma de
presionar por la expansión hacia el sur de la ciudad, contrario a los
planes de crecimiento de esta que eran hacia el norte.
Con esto vemos cómo importantes propietarios de la tierra dueños
de haciendas se convierten en empresarios de la construcción, desde
donde ejercen inuencia en los espacios de planicación de la ciudad.
Los propietarios de Meléndez consiguen en 1983 de parte de la
Ocina de Planeación Municipal los cambios de zonicación que
estaban presionando desde la donación del campus universitario:
167
Agua y poder en el crecimiento urbano de Cali
cambios que son nada menos que decir que zonas agrícolas pasan a
ser zonas residenciales. Logrado eso la constructora Meléndez S. A.
puede reactivar sus operaciones. (Santacruz, 1999, p. 59, citado en
Uribe y Holguín, 2019)
La urbanización de antiguas haciendas en sectores como La Selva,
El Limonar, Meléndez y la Avenida Guadalupe hicieron que se ex-
tendieran los servicios públicos hacia esos sectores, raticando la
tendencia descrita por Camacho (2006) para Cali, en donde según
este, en la historia de la ciudad, los servicios públicos usualmente
siguen a la urbanización y no al contrario.
Las antiguas tierras de la hacienda Meléndez en el sur se destinan
además para las clases altas de la ciudad, por lo que se urbanizan
bajo un esquema de densidades más bajas que el resto de la ciudad
y bajo el concepto de vivienda campestre. De esta forma aparece
el barrio Ciudad Jardín en 1962, diseñado bajo el concepto de la
“ciudad jardín de la posguerra” con generosos espacios verdes, a di-
ferencia del resto de la ciudad.
En la zona aledaña a este exclusivo barrio, descendientes de perso-
nas esclavizadas en las haciendas Cañasgordas y San Joaquín habían
establecido sus viviendas desde el año 1851 en tierras cedidas por el
Alférez Real a orillas del río Lili en lo que hoy se conoce como Ur-
banización Río Lili. Estos pobladores relatan cómo con la llegada de
la urbanización, el río Lili ya no pudo ser más utilizado por ellos de-
bido a que se contaminó por las descargas de aguas residuales prove-
nientes de algunos condominios y casas. La urbanización del sector
también está asociada a la pérdida de tierras para esta población. En
entrevistas realizadas por la autora4, líderes del barrio relatan cómo
los dueños del Ingenio Meléndez se apoderan de buena parte de sus
tierras que las tenían a modo de préstamo para el cultivo de la caña
y luego las escrituran a nombre del Ingenio para incorporarlas al
mercado de tierras que se dinamiza hacia esta zona de la ciudad. De
4 Entrevistas realizadas en abril de 2019 en el barrio Urbanización Río Lili con líderes
comunitarios.
168
La urbanización de las aguas en Colombia
igual forma, algunos líderes de la cuenca interpusieron una Acción
Popular en el año 2006 en la que denuncian la apropiación del Club
Campestre de áreas de importancia ambiental y zonas ejidales.
La urbanización de Ciudad Jardín y parcelaciones de Pance llevaron
al municipio a tener que resolver la provisión del agua para este
nuevo polo de crecimiento, lo que hace a través de la extensión de
redes de alcantarillado y de la nueva planta de tratamiento de Puerto
Mallarino inaugurada en 1976.
El incremento en el valor de los suelos hacia el sur y la dedicación
de estos suelos para viviendas de estrato alto se hace al tiempo que
se presenta en la ciudad un alto décit de vivienda popular, que
ya para 1990 correspondía a alrededor de 118.000 unidades (Ca-
macho, 2006, p. 59). Este décit lleva a que crezcan las invasiones
en la zona del jarillón de protección de los ríos Cauca y Cali en el
oriente y al poblamiento masivo de las zonas de la ladera occidental,
las cuales han sufrido más que otras zonas de problemas de desabas-
tecimiento de agua. La creciente contaminación del río proveniente
de estos asentamientos hizo que los tradicionales sitios de paseo y
baile en el río Meléndez decayeran y los caleños se dirigieran ahora
principalmente al río Pance para disfrutar de los “paseos de olla”.
Además de la degradación ambiental, la ocupación de zonas para la
regulación hídrica coloca nuevamente a habitantes pobres en una
situación de riesgo, esta vez por deslizamientos (Jiménez, 2005).
Nueva expansión urbana y la crisis
del agua en Cali
La inuencia de los propietarios de la tierra en la expansión de la
ciudad y por tanto en la transformación de los ujos de agua en ella
continúa a partir del nuevo milenio con la ampliación del perímetro
urbano sobre suelos de grandes propietarios de la tierra, algunos in-
cluso con origen en antiguas haciendas. Esta vez los nuevos proyec-
tos se promocionan como ecológicos o sostenibles de acuerdo con
el discurso dominante de desarrollo sostenible, mientras paradóji-
camente aumentan las denuncias ciudadanas y conictos por los
169
Agua y poder en el crecimiento urbano de Cali
daños a humedales y fuentes hídricas que ocasionan en este proceso
expansivo sobre todo en el sur de Cali, hacia donde se desplaza la
frontera urbana de la ciudad formal5.
El POT del año 2000 (Acuerdo No 069) declaró como área de ex-
pansión al Corredor Cali-Jamundí en tierras de grandes propieta-
rios de unas cuantas familias tradicionales como los Carvajal, Gó-
mez, Escarpeta, Martínez Morriones, entre otros, con un área de
1.652,85 hectáreas y el borde del Cinturón Ecológico al oriente, en
tierras de Meléndez S.A.
Al igual que en procesos pasados de expansión de la ciudad, según
Becerra (2014, p. 59) la nueva área de expansión también responde
a un desarrollo urbano a partir de la concentración de la tierra y la
alianza familiar con sectores económicos de la ciudad. Buena parte
de los suelos de esta zona corresponden a antiguas haciendas que
han mantenido la propiedad del suelo entre las mismas familias. La
evidente cercanía entre constructores y propietarios es la que motiva
el desarrollo del suelo:
Meléndez tiene la particularidad de que el propietario del suelo es
el mismo promotor y constructor, por lo cual es la Constructora
Meléndez S.A. quien asume casi la totalidad del desarrollo. De ma-
nera similar El Verdal es promovido y construido en su mayoría por
Jaramillo Mora S.A., quien guarda cercanía con Alianza Fiduciaria
S.A., uno de los propietarios mayoritarios del suelo… a pesar que
Bochalema surtió desde los propietarios, la cercanía familiar con la
constructora Alpes y otra de carácter familiar denieron la formula-
ción. (Becerra, 2014, pp. 42, 59)
La fuerte demanda de agua prevista para esta zona desborda las
posibilidades de abastecimiento del recurso a través de las maltra-
tadas fuentes locales, llevando a que, con apoyo del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), la autoridad ambiental regional
(CVC) estudie en años recientes el proyecto de traer agua del río
Cauca, pero desde una nueva captación en una zona con mejor
5 Para un recuento de estas infracciones y conictos ver: Moreno-Quintero, 2019.
170
La urbanización de las aguas en Colombia
calidad del agua en el sitio conocido como La Balsa, ubicado en el
departamento vecino del Cauca6.
La urbanización de la zona de expansión es posible gracias a la Ley
142 de 1994 que permite la prestación de los servicios públicos
por parte de privados, aumentando así la intensidad de los ujos
metabólicos más allá de la capacidad del Estado para regularlos y
además creando nuevos riesgos para la población del oriente de la
ciudad. A partir de esta ley varias empresas constructoras crean sus
propias empresas para prestar el servicio de tratamiento de aguas
residuales como es el caso de Jaramillo Mora con su empresa Ozono
y constructora Meléndez con la Sociedad Aguas del Sur. Sin em-
bargo, rápidamente se hacen evidentes los altos costos de este tipo
de soluciones y el deciente servicio que prestan. En el caso de la
planta de la constructora Jaramillo Mora para sus nuevos conjun-
tos residenciales en la zona de Pance, (permitidos por el POT de
2014), la ciudadanía empieza a denunciar en 2019 los malos olores
en los vertimientos que realiza al río Pance, lo que causa la apertura
de un proceso sancionatorio por parte de la CVC y nalmente la
declaratoria del Río Pance como sujeto de derechos ante una tutela
interpuesta por un concejal de la ciudad.
Ante esto la empresa propone al municipio entregar la planta y co-
nectar sus aguas residuales al Colector Cauca de EMCALI7 para
llevar las aguas a la PTAR de Cañaveralejo. De acuerdo con una
entrevista realizada con un ingeniero de ACODAL8, dicho colector
no tendría la capacidad para recibir estos vertimientos y de romper-
se inundaría Aguablanca con estas aguas negras.
De nuevo, mientras el área de expansión al sur se proyecta princi-
palmente para viviendas de estratos altos, los proyectos de vivienda
6 Ver: “Agua para Cali y Jamundí en los próximos 50 años se tomaría del río Cauca en
La Balsa”, febrero 5 2019. Recuperado de https://www.cvc.gov.co/acueductoriocauca
7 Es la entidad de carácter estatal que presta los servicios de telecomunicaciones, ener-
gía, acueducto y alcantarillado, creada en 1931.
8 Entrevista a Hugo Salazar, presidente de ACODAL Suroccidente, junio 24 de 2020.
171
Agua y poder en el crecimiento urbano de Cali
popular se ubican al oriente o en la ladera. La ola invernal de 2010-
2011 crea la urgencia de reubicar un gran número de familias a tra-
vés del Plan Jarillón de Cali, que busca el reasentamiento de 8.777
familias y el reforzamiento de esta estructura para prevenir inun-
daciones. Los nuevos proyectos para ubicar las viviendas de interés
social, se proponen en las mismas zonas de riesgo del oriente y la
ladera donde históricamente se ha concentrado la pobreza y que
coinciden además con áreas de gran importancia ambiental como
cerros, humedales, corredores ambientales y ecoparques (ver grá-
co No. 3), creando varios conictos con residentes de los sectores
donde se implementan estos proyectos. Uno de estos proyectos está
ubicado en el corregimiento de Navarro, históricamente habitado
por campesinos negros.
Ver gura 17, siguiente página.
A pesar de que los predios que posee en la zona de Navarro (420
has) son considerados ejidos (Aprile-Gniset, 1990, p. 7) el grupo
Meléndez, que en las décadas de los ochenta y noventa se estructura
como un holding empresarial9, consigue que en el POT del año
2000 el área sea calicada como de expansión urbana, lo que le da-
ría viabilidad a la constructora de edicar allí. Sin embargo, la CVC
y el Ministerio del Medio Ambiente reversan esa decisión por care-
cer del soporte adecuado (Hidro-Occidente, 2005). El interés por
urbanizar esta zona persiste y en el POT de 2014 se designa como
área para la localización de vivienda de interés social y prioritario, lo
que se llevaría a cabo a través del Macroproyecto de Interés Social
Nacional Ecociudad Navarro, que hasta ahora no se ha desarrollado
por la incertidumbre frente a los riesgos ambientales.
9
Conformado por las empresas Meléndez S.A., Constructora Meléndez S.A., Ladrillera Meléndez, Inversiones Meléndez y la Socie-
dad Aguas del Sur.
172
La urbanización de las aguas en Colombia
Escala 1: 77000
VIS y áreas de importancia ambiental
POT 2014
Humedales
Rios
Colinas y cerros
Corredores ambientales
Areas forestales protectoras AFP del recurso hidrico
AFP de Nacimientos - 100m AFP Rio Cauca - 60m
AFP Rio Jamundi - 50m AFP Humedales - 30m
AFP de Quebradas y Rios - 30m AFP Corrientes de agua - 15m
AFP Corrientes de agua - 10m
Figura 17. Áreas para la ubicación de viviendas de interés social y
áreas de importancia ambiental en Cali según POT 2014
Fuente: elaboración propia en plataforma IDESC.
173
Agua y poder en el crecimiento urbano de Cali
Conclusiones
El proceso de urbanización, visto desde la óptica del metabolismo
urbano, maniesta la interconexión y transformación mutua de los
procesos físicos y sociales, pero no como un proceso neutro sino
como resultado de relaciones de poder. En este capítulo examiné
cómo los procesos de transformación y domesticación de los ujos
de agua para el crecimiento de Cali han ido a aparejados con proce-
sos de exclusión social y acumulación capitalista.
Aunque es importante hacer un estudio más sistemático para de-
mostrar las relaciones entre los dueños de la tierra, el gremio de la
construcción y la élite política, de acuerdo con las fuentes secun-
darias consultadas, el movimiento del capital en la ciudad parece
haber resultado en la conuencia de dos actores usualmente encon-
trados aparte en otras ciudades: los dueños de la tierra y las empresas
constructoras, que desde los años 60 se empiezan a constituir para
urbanizar suelos de alto valor provenientes de antiguas haciendas.
El interés por la rentabilidad del suelo adquiere predominancia en
la historia urbana de Cali al ser representado por los mismos actores
que ya dominaban el poder político en la ciudad, lo que facilita su
inuencia en los espacios de planicación del desarrollo urbano.
Las decisiones que resultaron de la primacía de estos intereses en la
planicación de la ciudad tuvieron como consecuencia la construc-
ción en zonas que por sus condiciones geográcas han provocado
un deterioro de las funciones de regulación hídrica del territorio,
como sucedió con la urbanización del oriente de la ciudad y actual-
mente en la zona de expansión y Pance. Pero también han empu-
jado a muchos habitantes pobres a ocupar zonas no aptas para los
asentamientos humanos, que han agravado los procesos de degrada-
ción de las fuentes hídricas e incrementado las situaciones de riesgo
para estas poblaciones en buena medida racializadas.
Cali ha crecido entonces creando enclaves de privilegio y exclusión
que guardan una relación estrecha con el control de los ujos del
agua. Sin embargo, la lógica expansiva del capital ha empujado la
frontera urbana en los últimos años hasta los barrios donde las cla-
ses altas se habían refugiado del deterioro ambiental de la ciudad,
174
La urbanización de las aguas en Colombia
creando contradicciones entre las mismas élites y conictos por el
daño provocado a ecosistemas con alto valor de uso como ríos y hu-
medales, que están teniendo repercusiones en la dinámica política
de la ciudad.
Por último, es preciso complementar este análisis con las historias
de la ciudad que narran las transformaciones del paisaje hídrico y
que muchas veces, como sus ujos, quedan escondidas debajo de la
malla urbana (Gandy, 2002). En el caso de Cali hay una tarea pen-
diente por recuperar las historias asociadas a la pérdida de los bienes
comunes en el proceso de urbanización del agua y las de sectores
subalternos que convivían de manera diferente con el agua.
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Prácticas
179
Análisis crítico del
discurso de la gestión
urbana del agua en
Colombia: ¿mercancía,
bien público o relación
comunitaria?1
Denisse Roca-Servat2,
Juan David Arias-Henao3
Yésica Pérez Correa4
1 Este trabajo fue desarrollado en el marco del proyecto de in-
vestigación “Historizando urbanismos en el sur global: Eel
derecho al agua en Colombia y su legado contemporáneo a
partir de los casos de Cali, Medellín, y Bogotá. PARTE 2.”,
bajo el número radicado 101C-05/18-12 en el Centro de
Investigación para el Desarrollo y la Innovación de la UPB
adelantado en el marco del convenio entre la Universidad
Ponticia Bolivariana (UPB) sede Medellín, Colombia y la
Universidad de Montreal de Canadá. Quisiéramos agradecer
a todas las personas que amablemente participaron en esta in-
vestigación accediendo a compartir sus conocimientos sobre la
gestión y el derecho al agua en Colombia.
2 Universidad Ponticia Bolivariana sede Medellín, Colombia.
Correo electrónico: denisse.roca@upb.edu.co
3 Universidad Ponticia Bolivariana sede Medellín, Colombia.
Correo electrónico: juandavidariashenao@gmail.com
4 Universidad Ponticia Bolivariana sede Medellín, Colombia.
Correo electrónico: yesicaperez6@gmail.com
180
La urbanización de las aguas en Colombia
Introducción
En el año 2008 tomó fuerza el movimiento por el referendo del
agua en Colombia, el cual buscaba consagrar este líquido vital como
bien común y público, y a su vez garantizar el derecho al agua pota-
ble como derecho fundamental. Los debates al respecto demostraron
posiciones encontradas. Por un lado, los promotores del referendo de-
fendían la importancia de considerar el agua siguiendo al Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC, 2002) “como
un bien social y cultural indispensable para la garantía de otros dere-
chos como la salud, la alimentación y el ambiente sano” (El Tiempo,
2008, párr. 2). Por otro lado, los opositores alegaban que la gratuidad
beneciaría el mal manejo del agua y que limitar el mercado pondría
en riesgo el mecanismo de los subsidios cruzados (El Tiempo, 2008).
Al nal, el proyecto fue archivado en la Cámara de Representantes
por falta de consenso. Todo ello en el contexto de un país catalogado
como potencia hídrica (e Economist, 2016), pero que con el paso
de los años observa un deterioro en términos de distribución equitati-
va, incremento de sedimentos e inclusive en muchos lugares desabas-
tecimiento o escasez de este líquido vital (IDEAM, 2019).
Pero la escasez no es “naturalmente producida” o simplemente resul-
tado de cambios del clima, sino de una serie de situaciones interre-
lacionadas en donde la geopolítica de la distribución y producción
económica interviene signicativamente. Por ejemplo, el Estudio
Nacional de Agua de 2018 identicó al sector agrícola como el ma-
yor consumidor de agua (43,1 %), y en segundo lugar el energético
(24,3 %) (IDEAM, 2019). A su vez se sabe que en las cuencas de los
ríos Magdalena y Cauca se encuentran Bogotá, Medellín y Cali, las
tres principales ciudades de Colombia, en donde vive el 80 % de la
población y se produce el 86 % del Producto Interno Bruto (Sema-
na, 2016). Sin embargo, estas cuencas solo representan el 13,5 % de
la oferta total del agua. El 77 % del agua del país está en la Amazo-
nía, la Orinoquía y el Pacíco (IDEAM, 2019). Esta paradoja nos
lleva a pensar sobre el papel de la urbanización del territorio en la
distribución desigual del agua.
La gestión del agua en las ciudades pasa por un proceso de metabo-
lismo hidrosocial, convirtiéndola en un servicio dentro de las lógi-
181
Análisis crítico del discurso de la gestión urbana del agua en Colombia:
¿mercancía, bien público o relación comunitaria
cas de la administración del Estado y de la acumulación del capital.
En Colombia al comienzo de la década de los 1900, los servicios bá-
sicos todavía estaban en manos privadas. Así, desde nales del siglo
XIX hasta principios del XX, el Estado local, regional o nacional,
no solo tomó control de las compañías privadas existentes, sino que
también asumió la tarea de instalar y administrar la infraestructura
del agua (Acevedo et.al., 2016). En los años de 1920, los bancos de
préstamos insistieron en que los servicios básicos urbanos fueran
organizados como entidades autónomas y que los bancos tuvieran
mayoría en los comités ejecutivos (Furlong, et.al., 2018).
Así, comenzó un proceso de treinta años para convertir los servicios
públicos en corporaciones “plenamente” autónomas de propiedad
municipal. La corporatización del agua culminó en el Acto Legis-
lativo 5 de 1954, en el cual la Asociación Nacional de Industriales
(ANDI) fue un grupo de interés fundamental (López Díez et al.,
1998). La insuciente nanciación condujo también a la medición
universal, a la cuanticación del precio basado en el consumo y al
cálculo del costo total por recuperación. Estas técnicas, normalmen-
te asociadas a la neoliberalización, a partir de los años 1980, busca-
ron limitar el consumo, facilitar la extensión del servicio y permitir
la subsidiarización. Más adelante, la Ley de los servicios públicos
142 de 1994, fue fundamental para plasmar los servicios públicos
en la lógica del mercado global.
A pesar de todas estas normas nacionales, su aplicación en los territo-
rios es disputada a partir de discursos y prácticas en tensión. De esa
manera la historia de la urbanización del agua tiene trayectorias dis-
tintas en las diferentes ciudades colombianas. Por ejemplo, en el caso
de Medellín, fue un modelo tecnocrático controlado por las élites
empresariales (Valencia, 2010). En Bogotá en cambio, fue un modelo
más burocrático afectado por un alto número de alternancia política
(Felacio, 2011). Las particularidades geográcas y biofísicas de estas
ciudades, las características de sus élites y movimientos barriales, las
ideologías hegemónicas en cada lugar, así como las relaciones de fuer-
za entre actores propician matices en la gestión urbana del agua.
Este breve recuento histórico de los servicios públicos domicilia-
rios nos permite evidenciar una serie de disputas y transformaciones
182
La urbanización de las aguas en Colombia
tanto materiales como discursivas sobre la gestión del agua urbana
con trayectorias diferentes en cada ciudad. El objetivo central de
este capítulo es develar los principales metadiscursos en la gestión
urbana del agua en Colombia, y evidenciar algunas de las contro-
versias o tensiones que surgen entre estos a través de las ciudades
de Medellín y Bogotá. Este estudio combina marcos teóricos de la
ecología política y el análisis crítico del discurso, proponiendo una
reexión que examine las relaciones de poder, los discursos y las
prácticas discursivas que guían las percepciones de los problemas
ambientales y las soluciones propuestas (Zwarteveen & Boelens,
2013). Desde el punto de vista metodológico, se realizaron entre-
vistas en profundidad a distintos expertos en la gestión del agua en
las ciudades de Medellín y de Bogotá en Colombia. Las transcrip-
ciones de las entrevistas fueron luego codicadas y analizadas bajo el
método de análisis crítico del discurso (Fairclough, 1993).
A continuación, presentamos los resultados obtenidos. En la pri-
mera parte exponemos el marco de referencia teórico que relaciona
la ecología política con el análisis de discurso. En la segunda parte,
explicamos la metodología empleada para responder la pregunta de
investigación. Luego, presentamos los tres discursos predominantes
identicados en los debates sobre la gestión urbana del agua en Co-
lombia: a) el agua como mercancía, b) el agua como bien público, y
c) el agua como relación comunitaria. Concluimos este capítulo con
una discusión sobre las controversias, las tensiones y yuxtaposiciones
entre estos tres discursos en el marco de los servicios públicos domici-
liarios en dos de las ciudades más importantes de Colombia: Medellín
y Bogotá. Esta discusión genera reexiones nales acerca de las impli-
caciones en las diferentes trayectorias de la urbanización de las aguas.
Marco teórico
La ecología política es entendida como un campo interdisciplinar
de conocimiento que se interesa por trascender la visión dualista
de la relación cultura-naturaleza. Además, permite desaar la com-
prensión de la ciudad como algo completamente opuesto a la na-
turaleza (Ostos, 2014). En este sentido, las actividades urbanas no
183
Análisis crítico del discurso de la gestión urbana del agua en Colombia:
¿mercancía, bien público o relación comunitaria
pueden ser entendidas como algo externo de la naturaleza, sino que
es necesario analizarlas a través de la mirada ecológica, ya que estas
se construyen a partir del uso de bienes comunes naturales y gene-
ran a su vez residuos que causan impactos ambientales negativos.
Tal como señala Villar (2017), la ecología política urbana ha sur-
gido para “aportar nuevos objetos de investigación” (p. 174) que
contribuyen a entender las ciudades como un tipo de naturalezas
producidas socialmente y que conforman híbridos socionaturales
que se dan bajo relaciones de poder especícas. De esa manera, los
ujos del agua en espacios urbanos tienen implicaciones sociales y
ecológicas, por lo que es preciso estudiar los sistemas discursivos,
socioeconómicos, ambientales e institucionales que terminan de-
niendo el suministro, la gestión, el acceso y los conictos por el
líquido vital.
De otro lado, con la nalidad de entender la relación entre la ecolo-
gía política y el análisis crítico del discurso, conviene en primer lugar
distinguir de manera general dos corrientes epistémicas (Romero
T., 2014). Por un lado, el enfoque estructuralista, y, por otro lado,
el enfoque postestructuralista. Desde el enfoque estructuralista, la
ecología política se interesa por analizar la degradación ambiental
producto de una economía política capitalista, y sus efectos sobre la
población local (Blaikie, 1985; Zimmerer, 1993). Ello implica tener
en cuenta la materialidad de las condiciones para la reproducción
de la vida humana como son el acceso a recursos, el rol del poder
económico, las distintas formas de coerción y violencia, las políti-
cas estatales, así como las instituciones y arreglos legales sobre las
políticas ambientales (Blaikie y Springate-Baginski, 2007). Desde
este enfoque, el sistema capitalista se reproduce a partir de discursos
como representaciones semánticas y como modelos mentales cogni-
tivos de los objetos, personas, acciones, hechos o situaciones deno-
tadas (Van Dijk, 2010).
El enfoque postestructuralista, en cambio, se centra en reconocer
la inuencia de la historia y la cultura en la construcción concep-
tual, y en las representaciones/imaginarios de la naturaleza/sociedad
más que en las explicaciones económicas (Escobar, 1999; Haraway,
1985). De esta corriente epistémica, Escobar (2010) llama la aten-
ción sobre la importancia de tener en cuenta los discursos y las prác-
184
La urbanización de las aguas en Colombia
ticas desde donde se produce y se conoce la naturaleza. Los discursos
de desarrollo sostenible y de biodiversidad, por ejemplo, se estable-
cen a partir de una compleja articulación cultural y discursiva de
los sistemas socionaturales con el capital y la tecnociencia (Escobar,
1996). En esta misma línea de reexión, se considera la conexión
inseparable entre el discurso y el poder, por lo tanto, la naturaleza
es construida a partir de relaciones de poder (Foucault, 1977). Si-
guiendo a Foucault (1977), como principal referente teórico de esta
corriente, el poder es visto como un fenómeno relacional que uye
dentro de una red de correlaciones de fuerza. En esa línea, Fletcher
(2010) se interesa por evidenciar el efecto del sistema neoliberal
como una formación discursiva que conlleva a la implementación
de distintas estrategias económicas de mercado en una variedad de
campos, como el de las políticas de conservación de la naturaleza.
Para esta investigación, se elabora una aproximación híbrida que re-
coge, como indican Scoville-Simonds (2009) y Romero T. (2014),
la existencia de condiciones materiales bajo las cuales se producen
los cambios socioambientales, pero al mismo tiempo se integra un
análisis semántico de las construcciones sociales y representacio-
nes culturales que legitiman estas transiciones. Para tal propósito
se toma la teoría del Análisis Crítico de Discurso propuesto por
autores como Fairclough y Wodak (1997), quienes se han intere-
sado por estudiar el uso del lenguaje, es decir del discurso, como
una práctica social. Esto implica comprender que el discurso es un
modo de acción que tiene un lugar histórico y social, y que a su vez
es modelado dialécticamente por la sociedad, así como constitutivo
de ella (Fairclough, 1993). El poder, según este enfoque, enfatiza el
cambio social como un asunto crucial para el devenir de la sociedad.
Esta investigación pretende contribuir a estos estudios interdiscipli-
nares mediante una propuesta de análisis crítico del discurso que
intenta trascender la deconstrucción de los términos hegemónicos
para ahondar en las tensiones, controversias, y/o yuxtaposiciones
entre prácticas discursivas inmersas en relaciones de poder (Fair-
clough, 2003).
Desde esta perspectiva quisiéramos hacer énfasis en comprender las
controversias, tensiones, disputas o conictos que se generan entre
distintas prácticas discursivas. Esta posición reconoce que los dis-
185
Análisis crítico del discurso de la gestión urbana del agua en Colombia:
¿mercancía, bien público o relación comunitaria
tintos actores o sujetos políticos no solo tienen intereses en conic-
to, sino que tienen ideas y creencias fundamentalmente diferentes
sobre la naturaleza misma del problema en cuestión. Por otro lado,
también partimos del presupuesto que las controversias proveen no
solo espacio para la discusión e intercambio de distintas ideologías y
discursos (interdiscursivo), sino que evidencian el ejercicio inequita-
tivo de relaciones de poder que determinan cómo el debate se lleva
a cabo y cómo es resuelto (Scoville-Simonds, 2009). En ese sentido,
se requiere de un análisis del discurso que permita enfatizar su rol
en la construcción de cosmovisiones y de prácticas sociales, que den
cuenta de sus procesos interactivos, y que revelen los diversos lazos
entre discurso y poder (Scoville-Simmonds, 2009).
Metodología
El método propuesto partió por identicar a una serie de exper-
tos en la gestión urbana del agua, para realizarles una entrevista en
profundidad. En total se realizaron 32 entrevistas semiestructuradas
con diversos actores relacionados a la gestión del agua en las ciu-
dades de Bogotá y Medellín. Estas dos ciudades fueron selecciona-
das debido a su importancia como centros urbanos y al condensar
un número importante de las instancias administrativas, políticas
y empresariales del país. Los entrevistados provenían de diferentes
entornos y segmentos de la sociedad los cuales son descritos a con-
tinuación: magistrados de la corte constitucional, magistrados au-
xiliares, académicos, líderes sociales, asesores del gobierno nacional,
representantes de organizaciones no gubernamentales, movimientos
sociales, abogados activistas, empresarios, funcionarios públicos de
instituciones como el Fondo Nacional de Adaptación, Ministerio de
Ambiente, Secretarías de Ambiente, Municipios, Empresas de Ser-
vicios Públicos, Comisión Reguladora del Agua (en adelante CRA),
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante
SSPD), Departamento Nacional de Planeación, entre otros.
Las entrevistas fueron transcritas y codicadas a través del método
de Análisis Crítico de Discurso (descrito anteriormente en el marco
teórico) (Fairclough, 1993), prestando atención a cómo se cons-
186
La urbanización de las aguas en Colombia
truyen los problemas en la gestión urbana del agua en Colombia y
sus posibles soluciones. Las transcripciones de las entrevistas fueron
tratadas como textos capaces de ser analizados de manera semiótica
e interdiscursiva. En un primer momento se procedió a clasicar los
textos de manera inductiva abriendo la posibilidad de encontrar di-
versos sentidos del agua utilizando de soporte el software de análisis
de contenido Atlas ti. Las categorías que emergieron en esta primera
etapa fueron las siguientes: agua como asunto político, agua como
asunto económico, agua como cultura, agua como eje del ordena-
miento territorial, agua como derecho, agua como organización so-
cial, agua como bien común, agua como mínimo vital, y agua como
servicio. En un segundo momento, se pasó a compilar todas las citas
codicadas por categoría, y a profundizar en el análisis por cada
una de las categorías creando subcategorías. En un tercer momento,
se identicaron los órdenes de discursos dominantes transversales
a todo el análisis. Ello se realizó empleando una metodología que
consistía en identicar todos los extractos discursivos que concen-
traban más de tres de las categorías iniciales. Por último, se pasó
a identicar las controversias, tensiones o yuxtaposiciones de estos
tres discursos relacionados especícamente con el tema de los servi-
cios públicos domiciliarios en las ciudades.
A lo largo de toda la investigación se llevó a cabo una triangulación
interpretativa entre los coautores de este capítulo. Es importante
resaltar que cada uno de nosotros venimos de profesiones distintas
como el derecho, la medicina veterinaria y la antropología. Los ha-
llazgos presentados a continuación son fruto de un trabajo colectivo
que requirió discusión constante entre consensos y disensos para
interpretar los resultados. En términos éticos se diseñó un protocolo
de relacionamiento con los entrevistados que incluyó consentimien-
to informado y un manejo seguro de la información. Con el n
de garantizar el anonimato de las personas entrevistadas se les ha
asignado un seudónimo a partir de códigos que indican procedencia
sectorial y orden de realización de las entrevistas.
187
Análisis crítico del discurso de la gestión urbana del agua en Colombia:
¿mercancía, bien público o relación comunitaria
Metadiscursos o grandes narrativas
sobre la gestión del agua
Luego de un exhaustivo análisis de discurso se encontraron por lo
menos tres grandes metadiscursos o narrativas. El primero de ellos
entiende el agua como un producto o servicio inserto en la lógica de
la economía de mercado. El segundo percibe el agua como un ser-
vicio público que debe ser garantizado por el Estado como entidad
política suprema. Y el último, comprende el agua como relación
territorial y comunitaria, que va más allá o a veces se encuentra en
tensión con el poder del Estado y el mercado (ver Tabla 1). Estos
metadiscursos fueron analizados teniendo en cuenta el modo de
conocimiento o tipo de argumento que emplean; los términos lin-
güísticos, semánticos y la estructura que utilizan; y la manera cómo
denen el problema que debe resolver dicha postura.
Tabla 1: Metadiscursos o grandes narrativas de la gestión del agua
en Colombia
El agua como
producto/servicio
del mercado
El agua como
servicio público
del Estado
El agua como
relación territorial
y comunitaria
Modo de conocimiento/tipo de argumento
Base epistémica y tipo
de argumentación:
* Garrett Hardin –
La tragedia de los
comunes
* Conocimiento
de expertos,
cientícos, técnicos;
conocimiento
occidental
* Cuanticar/medir
para mercantilizar
Base epistémica
y tipo de
argumentación:
* John Keynes
– Estado de
Bienestar
* Conocimiento
de los tomadores
de decisiones;
expertos,
cientícos,
técnicos;
conocimiento
occidental
Base epistémica
y tipo de
argumentación:
* Elinor Ostrom –
Bienes comunes
Raquel Gutiérrez
– Entramados
comunitarios
* Conocimiento
a través de
las prácticas
cotidianas; saberes
populares
188
La urbanización de las aguas en Colombia
El agua como
producto/servicio
del mercado
El agua como
servicio público
del Estado
El agua como
relación territorial
y comunitaria
Modo de conocimiento/tipo de argumento
Criterios que regulan
el discurso
* Leyes: Ley 142
* Papel del Estado
como agente
“regulador” de las
fallas del mercado
* Institucionalidad
garante del mercado
Criterios que
regulan el discurso
* Marco
normativo:
Sentencias
de la Corte
Constitucional;
acuerdos
municipales;
derecho
internacional;
Constitución
política
* Papel del
Estado como
garante de la
distribución
equitativa y el
bienestar de la
población
* Balancear el
derecho humano
y el derecho
económico
Criterios que
regulan el discurso
* Ley propia
* Papel de las
comunidades
con sus criterios
de vecindad y
solidaridad
* Autoridades
comunitarias;
organizaciones de
hecho; pactos y
arreglos colectivos
189
Análisis crítico del discurso de la gestión urbana del agua en Colombia:
¿mercancía, bien público o relación comunitaria
El agua como
producto/servicio
del mercado
El agua como
servicio público
del Estado
El agua como
relación territorial
y comunitaria
Modo de conocimiento/ tipo de argumento
Términos de
elaboración de los
argumentos:
* Cultura de pago/
clientes
* Lo público dentro
de la lógica del
mercado
* Cobertura universal,
accesibilidad y
comprabilidad
* Agua producida:
“core del negocio”
Términos de
elaboración de los
argumentos:
* Usuarios
* Lo público
como
redistribución
por parte del
Estado
* Mínimo vital
* Derecho al
agua
Términos de
elaboración de los
argumentos:
* Gestión
comunitaria del
agua
* Autogestión
* Derecho
fundamental
* Muchas aguas
* Mecanismos
participativos
autonómicos
Términos del discurso
* Derecho humano
empresarial
Deniciones atribuidas
a los términos del
discurso:
* Cultura de pago/
Clientes: relación de
transacción comercial
y el humano en su
capacidad adquisitiva
* Lo público
administrado bajo
régimen privado
* Cobertura universal:
acceso al agua para
todos con el pago
como requisito;
Accesibilidad:
expansión de
infraestructura;
Comprabilidad:
capacidad de pagar
por el servicio
* Mecanismos
de participación
ciudadana
Deniciones
atribuidas a los
términos del
discurso:
* Usuario: con
derecho a los
servicios públicos
* Lo público es
visto como un
mecanismo de
redistribución de
riqueza (subsidios
cruzados)
* Mínimo vital:
acceso a una
cantidad mínima
de agua gratuita
a partir de un
análisis costo/
benecio
* La naturaleza
como sujeto de
derechos
Deniciones
atribuidas a los
términos del
discurso:
* Gestión
comunitaria
del agua: el
derecho al agua
garantizado a través
de acueductos
comunitarios
* Autogestión:
gestión autonómica
en tensión con
el Estado y el
mercado
190
La urbanización de las aguas en Colombia
El agua como
producto/servicio
del mercado
El agua como
servicio público
del Estado
El agua como
relación territorial
y comunitaria
Términos del discurso
* Agua producida:
el agua es entendida
como un recurso,
un producto y un
servicio, que es
objeto de transacción
comercial
* Derecho humano
empresarial: el
derecho al agua
condicionado al pago
y a la cuanticación
* Derecho
al agua: en
conexidad con
otros derechos
fundamentales
y balance entre
derecho humano
y económico
* Mecanismos
de participación
ciudadana:
referendo por
el agua; cabildo
abierto; consulta
previa; consulta
popular
* Soberanía
del Estado:
denición del
uso del suelo,
del subsuelo y
recursos naturales
* Derecho
fundamental:
derechos
ecosistémicos,
ambientales;
derechos
territoriales;
derechos
autónomos de
todos los seres
vivos al agua
* Muchas aguas:
bien común, bien
mayor, sagrado,
inteligencia del
agua, santuarios
naturales
* Mecanismos
participativos
autonómicos:
consultas populares
autónomas, trabajo
colectivo (mingas,
convites)
* Naturaleza como
sujeto de derechos:
los derechos más
allá de lo humano
191
Análisis crítico del discurso de la gestión urbana del agua en Colombia:
¿mercancía, bien público o relación comunitaria
El agua como
producto/servicio
del mercado
El agua como
servicio público
del Estado
El agua como
relación territorial
y comunitaria
Términos del discurso
Rol de los términos en
el sistema general del
discurso:
El rol de cada uno
de los términos en el
discurso es garantizar
una argumentación
lógica que justique
la mercantilización
del agua y del servicio
público.
Rol de los
términos en el
sistema general del
discurso:
El rol de cada
uno de los
términos en
el discurso es
construir una
argumentación
sólida sobre
la necesidad
de garantizar
proceso de
urbanización
ordenada y el
derecho al agua
para toda la
población, como
una misión
fundamental del
Estado social de
derecho.
Rol de los términos
en el sistema general
del discurso:
El rol de los
términos en
este discurso
es demostrar
que existe una
autogestión
comunitaria de las
múltiples aguas,
con criterios de
solidaridad y
vecindad, que se
encuentran en
tensión/disputa
con el Estado y el
mercado.
192
La urbanización de las aguas en Colombia
El agua como
producto/servicio
del mercado
El agua como
servicio público
del Estado
El agua como
relación territorial
y comunitaria
Denición del problema
Problema central en
el discurso:
De qué manera llevar
a cabo una presta-
ción del servicio del
agua teniendo como
eje fundamental la
rentabilidad exponen-
cial (relación costo/
benecio).
Problema
central en el
discurso:
Cómo garantizar
el proceso
urbanización
ordenado y el
acceso al derecho
al agua, tenien-
do como eje
fundamental el
bienestar y la
equidad entre la
población.
Problema central
en el discurso:
Cómo gestio-
nar las aguas de
manera autónoma,
comunitaria y bajo
el criterio de la
solidaridad.
Elaborado por los autores con base en Scoville-Simonds, 2009.
El agua como producto/servicio del mercado
El agua bajo este discurso es entendida como un “servicio”, “pro-
ducto” e inclusive “core5 del negocio”, que debe ser gestionada para
generar rentabilidad en el juego del mercado. Los actores que se
asocian mayormente a esta visión son el sector empresarial, o las
empresas prestadoras del servicio, además del Estado en su versión
de aparato regulador del mercado, con instituciones tales como la
CRA y la SSPD. Para ello, utilizan una serie de herramientas dis-
cursivas, que tienen una base epistémica en la conocida idea de “la
tragedia de los comunes” de Hardin (1968). Un exfuncionario de
5
Hace referencia a una palabra en inglés que signica “centro”, y que se usa
ampliamente en el lenguaje empresarial para denotar su centralidad en el
negocio.
193
Análisis crítico del discurso de la gestión urbana del agua en Colombia:
¿mercancía, bien público o relación comunitaria
la CRA, lo expresaba de esta manera: “usted conocerá, más que yo,
la tragedia de los comunes, imagínese si todos tuviéramos acceso
deliberado a un recurso, pues tarde o temprano termina agotándose,
y eso es lo que no puede ocurrir con el agua” (CRA2, comunicación
personal, 24 mayo, 2019).
Este discurso privilegia un modo de conocimiento particular: el de
los expertos, cientícos y técnicos. La idea general que sustenta este
tipo de discurso radica en la importancia de cuanticar o medir el
agua para poder mercantilizarla, es decir asignarle un valor mer-
cantil. El modo de conocimiento y tipo de argumentación que se
construye, se reejan en una serie de criterios normativos e institu-
cionales, como por ejemplo la Ley 142 de 1994, la CRA, la SSPD,
entre otros. El papel que asume el Estado bajo esta lógica es el de un
regulador de las fallas del mercado. Desde este discurso, la institu-
cionalidad garantiza que funcione la lógica del mercado, a través de
un conglomerado de normas, expertos y reglas de juego que funcio-
nan supuestamente en contraposición al clientelismo o favoritismo.
Como lo ilustra un funcionario de la CRA:
Bajo la lógica de una economía de mercado se avizora la necesidad de
establecer un organismo regulador que tenga las características que
tiene el regulador moderno, y en especial un carácter de indepen-
dencia frente al gobierno, porque a pesar de que las comisiones de
regulación son parte del gobierno, en la medida en que la regulación
económica es un asunto técnico, estas pretenden tener cierta inde-
pendencia de manera que sus decisiones de intervención económi-
ca obedezcan a criterios técnicos y no a decisiones de tipo político.
(CRA1, comunicación personal, 04 julio, 2018)
Este tipo de imaginarios acerca de la gestión técnica y económica
del agua, con el Estado como un agente regulador, implican a su vez
una eliminación de los límites entre lo público y lo privado, pues tal
como lo indica un funcionario de la Empresas Públicas de Medellín
(EPM), “aquí dicen que público es que es de todos, pero eso es un
eufemismo. O sea, la realidad la pone son las reglas de juego, es de-
cir, somos una empresa pública, pero administrada bajo un régimen
privado” (ESP3, comunicación personal, 19 marzo, 2019).
194
La urbanización de las aguas en Colombia
Existen también unos términos a través de los cuales se elaboran
los argumentos para dar coherencia al discurso. Esto implica, por
ejemplo, desarrollar una visión sobre “la cultura de pago” necesa-
ria para que los “clientes” puedan acceder al servicio del agua. Tal
como lo señala un funcionario de EPM: “nosotros lo que hacemos
es intervenciones y acompañamiento, y organizamos con el museo
para hacer pedagogía social… Que aprendan a tener la cultura del
pago, porque al no haber pago pues empezamos a tener problemas
de sostenibilidad del modelo” (ESP4, comunicación personal,15
marzo, 2019). De este modo es que la universalidad y la accesibili-
dad quedan atadas al criterio de la comprabilidad, condicionando el
servicio del agua a un acceso a través del pago. Una buena manera
de explicar la lógica general con la que funcionan los términos de
este discurso es como lo expresa uno de los funcionarios de EPM:
Se obra en función de la Ley 142 del 94 de servicios públicos do-
miciliarios. De entrada, es una ley de mercado; es decir, es una ley
para el mercado del agua. Una ley que considera el agua como un
producto-servicio de mercado, objeto de una transacción comercial
que está limitada por la capacidad de pago. Tiene agua potable una
persona que tiene la capacidad de pagarla. Digamos que, bajo esa
lógica, hay que hablar de derecho al agua desde una entidad presta-
dora que tiene el agua no solamente como objeto social empresarial,
sino que lo tiene también como core del negocio; es decir, el agua
como producto que renta. Porque también estamos hablando de una
sostenibilidad económica, es decir, que yo produzco el agua potable,
pero en función de tener un retorno a través del mecanismo de venta
(ESP3, comunicación personal, 19 marzo, 2019).
El rol de los términos de este discurso es garantizar una argumenta-
ción lógica que justique la mercantilización del agua y del servicio
público, lo que implica plantearse el problema de cómo llevar a
cabo una prestación del servicio del agua teniendo como eje funda-
mental la relación costo/benecio que posibilite la rentabilidad ex-
ponencial, es decir, generar siempre un mayor margen de ganancias.
El agua como servicio público del Estado
Los actores sociales vinculados a este metadiscurso, por un lado,
representan de manera institucional al Estado Bienestar, como en
195
Análisis crítico del discurso de la gestión urbana del agua en Colombia:
¿mercancía, bien público o relación comunitaria
el caso de la Corte Constitucional; por otro lado, se relacionan con
organizaciones de la sociedad civil como las ONG y los movimien-
tos sociales. La base epistémica sobre la que se sustenta este discurso
es la de los conocimientos expertos, cientícos, técnicos y de los
tomadores de decisiones, bajo un enfoque del Estado de bienestar
de Keynes (1943). En este sentido, uno de los entrevistados quien
es economista y profesor universitario indicaba sobre el servicio pú-
blico del agua que: “el Estado aparece y dice: yo voy a redistribuir,
voy a reasignar, voy a equilibrar. Y eso es lo que dice Keynes con su
teoría” (ACA1, comunicación personal, 14 marzo, 2019).
Por esta razón, el papel del Estado bajo este discurso es el de ser
un garante de la distribución equitativa del agua y del bienestar de
la población a través de ella; lo que implica a su vez un intento por
balancear el derecho económico con el derecho humano al agua. A
pesar de que la Ley 142 de 1994 implementó un marco general para
la mercantilización del servicio del agua, la Corte Constitucional a
través de distintas sentencias ha jugado un papel más garantista del
derecho humano al agua bajo la lógica del Estado de bienestar. Como
expresa un magistrado de la Corte Constitucional, “el Estado debe
garantizar y promover la participación de todos en las decisiones que
los afectan. La constitución obliga al Estado a garantizar esos esce-
narios, y a partir de esos ejercicios se determinan esos casos en los
que la Corte ha garantizado el derecho a la participación” (MAG1,
comunicación personal, 7 marzo, 2018). Además de las sentencias de
la Corte Constitucional, el marco normativo que dene los criterios
del discurso de servicio público desde el Estado, están contenidos en
instrumentos jurídicos como los acuerdos municipales, el derecho in-
ternacional y la Constitución Política de Colombia.
El papel redistribuidor del Estado implica el diseño de mecanismos
como los subsidios cruzados en la prestación del servicio público del
agua. Al respecto, un funcionario de EPM señala que “el esquema
regulatorio que tiene Colombia es un esquema solidario porque hay
aportes, hay subsidios para los estratos uno, dos y tres, entonces es
un esquema solidario. Los estratos altos están subsidiando a la gente
de estratos bajos” (ESP4, comunicación personal, 15 marzo, 2019).
Pero también, el Estado social de derecho implica la construcción
de una serie de argumentos sobre la importancia de las políticas del
196
La urbanización de las aguas en Colombia
mínimo vital, como mecanismo para intentar balancear la sosteni-
bilidad económica y la garantía del derecho al agua. Al respecto, un
académico indicaba que:
Sé que el agua es vital, sé que es central, sé que es importante, y por
lo tanto el Estado, y como sociedad, deberíamos buscar que la gente
tenga acceso al agua. En el trabajo que hice sobre el mínimo vital
del agua, cuento que con 10 horas que la gente deje de consumir
agua, o que se merme un 12 o un 7 % de la cantidad de agua en
nuestro cuerpo, que son dos o tres vasos al día, nos podemos morir
y podemos empezar a tener deciencias. El asunto es que eso no lo
podemos permitir, la gente debe tener derecho al servicio. El tema es,
¿será gratuito? Pues para el que no tenga un peso deberíamos dárselo
gratuito, y ahí está el mínimo vital. Pero para el que tenga, que pague
por él. (ACA1, comunicación personal, 14 marzo, 2019)
De igual modo, dentro de los términos que garantizan los argumen-
tos que se construyen en este discurso, se encuentran los mecanis-
mos de participación ciudadana, entre los que cabe mencionar el
cabildo abierto, la consulta previa, la consulta popular y el referendo
por el agua. Este último, realizado en el año 2009, ha sido uno de
los más importantes mecanismos de participación de la ciudadanía
en Colombia alrededor del tema del agua. Sobre este asunto un
funcionario de una ONG ambientalista señala que:
El referendo por el agua tenía cinco puntos. A ver si recuerdo, uno
era el tema de que la prestación del derecho al agua fuera solamente
a través de acueductos públicos y comunitarios; había otro punto
acerca de incluir el agua en un apartado especíco de la Constitución
que dijera derecho fundamental al agua. Y había otro punto muy
interesante sobre el cuidado de las cuencas, que era una apuesta por
un cuidado estatal para el derecho fundamental al agua. (ONG2,
comunicación personal, 27 mayo, 2019)
El rol de cada uno de los términos en este discurso es construir una
argumentación sólida sobre la necesidad de garantizar un proceso de
urbanización ordenada y el derecho al agua para toda la población
como misión fundamental del Estado social de derecho. El proble-
ma con que se encuentra el discurso es cómo garantizar el proceso
197
Análisis crítico del discurso de la gestión urbana del agua en Colombia:
¿mercancía, bien público o relación comunitaria
de urbanización organizado y el acceso al derecho al agua, teniendo
como eje fundamental el bienestar y la equidad entre la población
.
El agua como relación territorial y comunitaria
La base epistémica sobre la que se sustenta este discurso se carac-
teriza por un conocimiento a través de las prácticas cotidianas en
relación con el agua, y los saberes populares y comunitarios. Este
discurso es elaborado principalmente por activistas ambientalistas,
líderes sociales y comunitarios. De todos modos, también existen
sujetos de ONG y de movimientos sociales, e inclusive algunos fun-
cionarios públicos, que adhieren a los postulados de este discurso.
La teoría de la gobernanza de los bienes comunes de Elinor Ostrom
(2000) y la de los entramados comunitarios de Raquel Gutiérrez
(2017), son dos de los referentes conceptuales del agua como rela-
ción territorial y comunitaria, en la que los pactos y arreglos colec-
tivos, así como los criterios de vecindad y solidaridad resultan ser
fundamentales para la gestión del agua. Al respecto, un funcionario
de una ONG ambientalista, señala lo siguiente:
El agua ordena la vida de la comunidad, implica obligatoriamen-
te pacto, resolución de conictos. Nadie se puede quedar sin agua,
pactas o pactas. Y eso ha creado en los usos y costumbres, en lo
consuetudinario, una serie de arreglos, que leídos por ejemplo desde
Elinor Ostrom, es un caso típico que se puede leer qué arreglos hay.
La gente sabe -y en cierto sentido pacta-, la regulación de los cauces,
qué se hace en el nacimiento y qué no se hace (…) Esa es otra lógi-
ca porque entonces, ¿qué encontramos nosotros en una vereda?: un
acueducto comunitario, que por ejemplo en el lenguaje de Raquel
Gutiérrez, es un entramado comunitario, una institución de econo-
mía popular y solidaria. Tienen unos acuerdos, unos arreglos, que
permiten hacer una gestión económica, ecológica y cultural del agua.
(ONG1, comunicación personal, 13 marzo, 2019)
Bajo la lógica de este discurso, el agua es entendida como un bien
común a través del cual es posible realizar una gestión comunitaria.
Así lo señala un representante de una ONG ambientalista: “nosotros
no le llamamos al agua un recurso. No buscamos que sea una expre-
198
La urbanización de las aguas en Colombia
sión economicista porque estamos en contra de la mercantilización
del agua, y sí hablamos del bien común; el bien común que ha sido
gestionado por comunidade” (ONG2, comunicación personal, 27
mayo, 2019). Esto implica entender a su vez que existen distintos
relacionamientos con el agua, y que, por lo tanto, las formas de
apropiación y manejo son igualmente diversas. Otro representante
de una ONG decía que los acueductos comunitarios “mantienen
aguas comunitarias en sus manos, y se autoabastecen para muchos
usos del agua. Ahí habría que hacer una arqueología de tecnologías
y todo del agua hechas por las comunidades en todos esos procesos
de autogestión” (ONG1, comunicación personal, 13 marzo, 2019).
Sobre este punto, una lideresa de un acueducto comunitario expre-
saba de esta manera las diferencias entre la gestión comunitaria y la
gestión empresarial del agua:
La diferencia es grande porque un acueducto comunitario es la
unión de un grupo de personas de la misma comunidad que bus-
can satisfacer una necesidad. Es como yo se los planteaba cuando
nuestro acueducto no tenía misión ni visión, y yo les decía: a ver,
¿qué misión le ponemos y qué visión?, entonces, ¿cuál es el objeto
de nuestro acueducto y de nuestra organización? Precisamente es la
construcción colectiva para la satisfacción de una necesidad básica,
eso es lo que yo identico como un acueducto comunitario. Es la
unión de esos vecinos y vecinas, que se unen para satisfacer una ne-
cesidad que el Estado no te ha satisfecho. Entonces, se juntan estos
vecinos, miran la necesidad, buscan la fuente, miran cómo van a
abastecerse y empiezan a gestionar. (OS1, comunicación personal,
21 marzo, 2019)
En el discurso del agua como relación territorial y comunitaria, los
criterios a través de los cuales se gestiona el agua son propios, y
cuestionan la lógica empresarial de la Ley 142 de 1994. Por este
motivo, los acueductos comunitarios exigen la declaración de una
ley propia en la que se tengan unos criterios diferenciales para eva-
luar la gestión comunitaria del agua. Al decir de una lideresa social y
presidenta de un acueducto comunitario, “nos está rigiendo una ley
que nos mide como a las empresas, pero no tenemos la capacidad ni
técnica, ni operativa, ni administrativa, ni mucho menos nancie-
ra, para hacer ese mismo trabajo. Entonces empezamos a construir
199
Análisis crítico del discurso de la gestión urbana del agua en Colombia:
¿mercancía, bien público o relación comunitaria
colectivamente una ley propia” (OS1, comunicación personal, 21
marzo, 2019). Lo anterior también ha implicado la defensa del agua
con un carácter más bien autonómico, en la que cobran relevancia
también los derechos de la naturaleza (en especial de los ríos), la
discusión sobre los derechos fundamentales, y los mecanismos de
participación ciudadana autonómicos.
El rol de cada uno de los términos en este discurso es demostrar que
existe una autogestión comunitaria de las múltiples relaciones con
el agua, con criterios de solidaridad y vecindad, que se encuentran
en tensión con el Estado en su rol de regulador del mercado y de
intereses privados que aspiran a la acumulación del capital.
Discusión y reexiones nales
En la práctica los metadiscursos descritos anteriormente se mate-
rializan a partir de políticas públicas, leyes u ordenanzas especícas,
con resultados distintos en cada contexto. En ese sentido, es im-
portante traer a colación la movilización nacional por el referendo
por el agua que vivió Colombia durante los años 2006 - 2009. Si
bien este movimiento histórico no logró su cometido de refrendar
la Constitución, sí abrió los referentes discursivos, tanto lingüísticos
como semánticos, al cambiar los términos de la discusión para in-
cluir y visibilizar las prácticas cotidianas de los acueductos comuni-
tarios y la visión del agua como relación cultural y social con el terri-
torio. De tal modo, no se habla de “servicio” ni privado ni público,
sino de “derecho humano fundamental” así como de “garantía de
un mínimo vital” de suministro de agua potable. Esta apertura de
los términos de la discusión se materializó años después en distintas
políticas del “mínimo vital de agua” en las ciudades.
En el caso de la urbanización del agua en Colombia, estas trayec-
torias se diferencian según las particularidades de cada ciudad. Por
ejemplo, las políticas urbanas sobre el mínimo vital de agua potable
en ciudades como Medellín y Bogotá han sido delineadas a par-
tir de una serie de circunstancias tanto históricas, socioculturales,
políticas, geográcas y ambientales especícas, que de cierta ma-
200
La urbanización de las aguas en Colombia
nera responden a los metadiscursos anteriormente señalados. Así
mismo, estas políticas se lograron crear e implementar mediante
debates públicos y una contienda de fuerzas urbanas que incluye la
voluntad política de los gobiernos locales, regionales y nacionales, y
la movilización socio-política de asociaciones y organizaciones co-
munitarias en defensa del agua. Estas disputas no estuvieron exentas
de controversias y tensiones.
En el caso de Bogotá, la iniciativa del mínimo vital se consolida en el
año 2012, tres años después de la gran movilización por el referendo
del agua, bajo el gobierno distrital de izquierda de Gustavo Petro, y
consistió en proporcionar 6 metros cúbicos de agua de forma gratuita
a los hogares de los estratos 1 y 2 de toda la ciudad; así mismo, eliminó
la morosidad como causal de exclusión (Decreto 064 de 2012). Ac-
tualmente, el mínimo vital cubre todas las localidades de Bogotá, pero
se concentra en aquellos lugares con mayor número de personas de
estratos bajos. Dicha iniciativa se corresponde mayoritariamente con la
narrativa del agua como servicio público del Estado, ya que a través de
ella se intenta garantizar el derecho al agua para los sectores sociales me-
nos favorecidos, lo que corresponde a un mecanismo de redistribución
de los bienes naturales bajo la lógica del Estado de bienestar.
En cambio, el mínimo vital en Medellín fue creado en el año 2011
bajo el gobierno municipal de centro-izquierda de Alonso Salazar,
quien en respuesta a la multitudinaria participación popular por el
derecho al agua, estableció el programa “Litros de Amor”. Este esque-
ma incluye el pago por parte de la Alcaldía de hasta 2,5 metros cúbi-
cos mensuales por el servicio de agua y alcantarillado, cualquier costo
adicional debe ser asumido por los hogares (Decreto 1889 de 2011);
así mismo, solo cobija a las familias que se ubican en los niveles 1 y
2 del SISBEN en las zonas rurales, o en el nivel 1 en la zona urbana
y que demuestren que se encuentran en un estado de vulnerabilidad.
Además, los hogares deben estar conectados ocialmente a la red de
servicios públicos domiciliarios y estar al día con los pagos.
Debido a los numerosos requisitos, movimientos barriales reunidos
en la Mesa Interbarrial de Desconectados (MID), expusieron ante
el concejo municipal en noviembre del 2011 su rechazo y preo-
cupación ante dicha política que, según ellos, se quedaba corta en
201
Análisis crítico del discurso de la gestión urbana del agua en Colombia:
¿mercancía, bien público o relación comunitaria
garantizar el derecho al agua (Corporación Jurídica Libertad, 2012).
De este modo, es posible observar la forma en que la iniciativa del
mínimo vital en Medellín se corresponde de manera general con el
discurso del agua como un producto y un servicio del mercado. Ello
en la medida en que el acceso al agua depende de estar conectados
a una red estatal y estar al día con los pagos, lo que vincula directa-
mente la posibilidad de tener agua con criterios como la comprabi-
lidad, la cuanticación y la cultura de pago.
Trascendiendo el pensamiento dicotómico que divide lo público
de lo privado, se posiciona un tercer metadiscurso que reclama el
agua como una relación comunitaria y territorial. Esta postura se
ve plasmada en diferentes movimientos por la justicia hídrica6 en
las áreas urbanas y rurales; desde organizaciones urbano-populares
agrupadas en movimientos como la MID de Medellín, hasta asocia-
ciones de acueductos comunitarios como la Red Nacional de Acue-
ductos Comunitarios (RNAC), quienes congregan organizaciones
en las cabeceras urbanas, así como en la frontera urbano-rural y te-
rritorios rurales. Estas organizaciones y movimientos han elaborado
propuestas como la “Ley Propia”7 que busca reivindicar y proteger
las diversas formas de relacionarse con el agua mediante la garantía
del derecho individual, el colectivo y el respeto a la autogestión co-
munitaria del agua (RNAC, 2017).
De otro lado, el análisis crítico del discurso de la gestión urbana del
agua en Colombia en clave de la ecología política, permitió desna-
turalizar presupuestos y/o problematizar verdades tildadas de “ab-
solutas” o “dominantes” en los sectores hegemónicos, tales como:
a) la idea de que existe una sola forma de gestionar el agua en las
6 La justicia hídrica no es entendida mediante una perspectiva normativa o prescriptiva
única, sino bajo un lente situado que permita entender las complejas relaciones de
poder en la gestión del agua, así como las prácticas, los discursos y las asignaciones
desiguales en su acceso, distribución y en el sentido/signicado que ella tiene según
cada lugar y sociedad (Roca-Servat, 2015).
7 Esta ley es una propuesta de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Co-
lombia, la cual articula asociaciones, redes y acueductos comunitarios en el ámbito
nacional, con el n defender y fortalecer la gestión comunitaria del agua. Al respecto
ver http://redacueductoscomunitarios.co/
202
La urbanización de las aguas en Colombia
ciudades que es “la más eciente o adecuada”, b) que la lógica del
mercado es la única vía para la “sostenibilidad” del sistema, c) que
solo los conocimientos de los técnicos versados en la ciencia moder-
na pueden solucionar los problemas ambientales, y d) que el Estado
es la máxima autoridad que regula, controla y protege los intereses
de todos incluido el del “recurso natural” del agua.
En consecuencia, esta perspectiva crítica posibilitó visibilizar otras
formas de conocer y de llevar a cabo una gestión del agua desde
territorios urbanos especícos, ampliando tanto los fundamentos
epistémicos como las prácticas y las acciones colectivas que esta con-
lleva. Así mismo, el análisis crítico del discurso hizo posible develar
el uso manipulador o tergiversador de las palabras, o de términos
que se usan para legitimar una acción. Como en el caso de la movi-
lización jurídica que implementó la MID en la ciudad de Medellín
en el año 2009 mediante derechos de petición y acciones de tutela,
una de las cuales fue revisada por la Corte Constitucional de Co-
lombia y dio lugar a la Sentencia T-717 de 2010. Esta sentencia deja
claro que no se puede desconectar el servicio público domiciliario
del agua a una familia con menores de edad o con sujetos de espe-
cial protección si se ven en incapacidad de pagar la factura ya que
el agua es un derecho fundamental. No obstante, la empresa pres-
tadora del servicio, Empresas Públicas de Medellín, lo que hizo fue
no cortar o desconectar el servicio a la familia, pero siguió sumando
la deuda, y ofreciendo programas de renanciación (CJL, conversa-
ción personal, 06 septiembre, 2017). Como lo decía un funcionario
de EMP: “tienes derecho al agua, pero si puedes pagarla” (MUN,
conversación personal, 19 de marzo de 2019).
Los resultados también indican que los tres metadiscursos no tie-
nen el mismo nivel de penetración en los poderes dominantes o
hegemónicos de la sociedad colombiana. En ese sentido, esta inves-
tigación mostró que ciertos discursos están más relacionados con
ciertos actores sociales que con otros. Y estos discursos se expanden
mediante relaciones de poder desiguales y muchas veces en contra-
dicción y otras veces se yuxtaponen. Por ejemplo, si bien el discur-
so de garantizar el servicio público domiciliario de agua potable es
compartido por las empresas prestadoras de servicio, como EPM y
203
Análisis crítico del discurso de la gestión urbana del agua en Colombia:
¿mercancía, bien público o relación comunitaria
la población urbana, sus intereses son distintos. Para EPM está rela-
cionado con el mandato empresarial de asegurar cobertura universal
en términos de comprabilidad, y para la población urbana con el
mandato de proteger el derecho fundamental al agua más allá de la
lógica del mercado.
Finalmente, este estudio aporta por lo menos dos elementos claves
para el estudio de la urbanización del agua. Por un lado, argumenta
sobre la importancia de estudiar la inseparable relación entre dis-
cursos y prácticas, para poder evidenciar cómo ambos conguran
relaciones semiótico-materiales concretas en torno del agua en las
ciudades, las cuales terminan inuyendo en las dinámicas de apro-
piación y distribución del agua por parte de diversos actores. De
otro lado, este estudio ha permitido señalar la relevancia que tienen
las organizaciones sociales y sus formas de conocimiento, quienes
han tenido inuencia en los discursos y prácticas estatales sobre el
derecho al agua a través de diversos mecanismos de movilización y
acción. Hay un camino muy interesante para seguir explorando en
el discurso del agua como relación comunitaria, ya que, al calor de
estas luchas de los movimientos sociales, se producen saberes y prác-
ticas hidrosociales que van más allá de la comprensión hegemónica
de la gestión urbana del agua.
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El derecho humano
al agua como prácticas
cotidianas: el caso del barrio
El Faro en la ciudad de
Medellín, Colombia1
María Botero-Mesa2
Denisse Roca-Servat3
Introducción
El 28 de julio de 2010, en la Asamblea General,
los miembros de las Naciones Unidas aprobaron
de manera contundente declarar al agua como un
derecho humano fundamental (A/RES/64/292).
Ese día por n se expidió la resolución que pon-
dría n a la larga y dolorosa espera de quienes du-
rante años venían exigiendo desde todas partes del
1 Una versión mucho más extensa de este capítulo fue publicada
en la revista Water bajo la siguiente referencia: Botero-Mesa,
M.; Roca-Servat, D. (2019) “Water Rights and Everyday
Ch’ixi Practices in the Barrio El Faro in Medellín, Colombia”
Water, 11, 2062. Este trabajo fue desarrollado en el marco del
proyecto de investigación “Historizando urbanismos en el sur
global: el derecho al agua en Colombia y su legado contempo-
ráneo a partir de los casos de Cali, Medellín, y Bogotá. PARTE
2”, bajo el número radicado 101C-05/18-12 en el Centro de
Investigación para el Desarrollo y la Innovación de la UPB
adelantado en el marco del convenio entre la Universidad Pon-
ticia Bolivariana (UPB) sede Medellín, Colombia y la Uni-
versidad de Montreal de Canadá.
2 Universidad Ponticia Bolivariana sede Medellín, Colombia.
Correo electrónico: bmmaria@live.com
3 Universidad Ponticia Bolivariana sede Medellín, Colombia.
Correo electrónico: denisse.roca@upb.edu.co.
208
La urbanización de las aguas en Colombia
mundo el reconocimiento jurídico del derecho al agua. Lograr una
norma internacional como esta fue una contienda de escala inter-
nacional larga, y pese a que es considerada la fuente de derecho con
mayor contundencia en el reconocimiento del derecho al agua, no
es la primera norma en hacerlo4.
En Colombia, los ecos de la existencia de un derecho al agua empeza-
ron a escucharse desde 1991 con la expedición de una Constitución
Política amplia en el reconocimiento de derechos y garantías, y en la
asignación de responsabilidades coherentes con el Estado Social de
Derecho. De acuerdo con la norma suprema, el Estado tiene la obli-
gación de garantizar acceso al agua potable para todas las personas que
habiten en su territorio. Para ese cometido el municipio de Medellín,
segunda ciudad más grande del país, tiene una posición especial: es
dueño de Empresas Públicas de Medellín (EPM), caracterizada por
ser una de las empresas multiservicios de mayor eciencia y rentabili-
dad en América Latina (Unipymes, 2014; Forbes, 2014).
El Municipio, en tanto propietario de EPM, recibe anualmente
una suma que uctúa entre el 40 % y el 50 % de sus multibillo-
narios ingresos con el n de destinarlos a programas de inversión
social, de acuerdo con los resultados nancieros del 2019, al año
siguiente la transferencia fue de 1,5 billones de pesos (Grupo EPM,
2020). Sin embargo, para el 2019 la empresa reportó que en la
ciudad existían más de 17.503 familias desconectadas del servicio
de acueducto y 19.411 viviendas con servicio de agua prepago, es
decir, sin agua hasta tanto no hagan un pago anticipado del cual
4 Las bases legales para armar su existencia pueden ubicarse desde 1948 con la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona
a la vida y a gozar de salud y bienestar. Dicha norma, solo por nombrar algunos ejem-
plos, fue seguida por la expedición del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, por sus siglas PIDESC (1966), el plan de acción de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en Mar de Plata (1977), la Convención
de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), la
Convención sobre los derechos del niño (1989), la Observación General No14 sobre
el derecho a la salud del PIDESC (2000), la Observación General No15 sobre el de-
recho al agua del PIDESC (2002) y la convención sobre los derechos de las personas
con discapacidades (2006). Todas estas normas caracterizadas por su compromiso
explícito con la protección del derecho humano al agua.
209
El derecho humano al agua como prácticas cotidianas:
el caso del barrio El Faro en la ciudad de Medellín, Colombia
dependerá la cantidad y duración del líquido en el hogar (EPM,
2019). Lo anterior, sin contar el número de familias sin acceso al
agua por falta de infraestructura o por estar ubicadas en barrios
populares de la ciudad que quedan por fuera del área de prestación
del servicio de la empresa.
Esta situación no es solo una particularidad de Colombia. Siete años
después de la declaración del derecho humano al agua, Leo Heller,
relator especial de Naciones Unidades en el VI Foro de Economía
del agua armó: “Uno de los más importantes logros de la década
[2000-2010] fue el reconocimiento explícito del derecho al agua y
saneamiento, aunque esto no ha implicado que las personas sin esos
recursos hayan accedido a ellos hasta el momento” (ONU, 2015,
s.p.). Según informó el relator, para el año 2017, 800 millones de
personas en el mundo seguían sin acceso a una fuente mejorada de
agua en términos de conexión (Heller, 2017). ¿Por qué las conquis-
tas en el reconocimiento formal del derecho al agua no han signi-
cado la materialización de su garantía?
Actualmente el agua está entre las preocupaciones centrales de to-
das las ciudades, y los problemas de acceso y gestión son comu-
nes incluso en las ciudades de países del Norte geográco como
Estados Unidos (CNN, 2016; e Hungton Post, 2017), entre
otros. Ante este contexto las orientaciones globales para la gestión
del agua elaboradas bajo los postulados del desarrollo sostenible y
la seguridad hídrica apuestan por la Gestión Integrada del Recurso
Hídrico (GIRH) y la gobernanza como respuestas efectivas, ecien-
tes y participativas (OECD, 2015). Estas formas de gestión al ser
implementadas tienden a dar menor prioridad a la equidad social
(WGF, 2012). El discurso institucional global de la GIRH se basa
principalmente en los estándares de modernización, así como en
expectativas muchas veces de enfoque capitalista (Roca-Servat y
Botero-Mesa, 2020). Localizar el análisis de las políticas, normas,
derechos relativos al agua, así como de las prácticas comunitarias y
cotidianas, en lugares especícos es apremiante.
El énfasis de las palabras tanto en el discurso que, en el contexto
internacional proclama que ya no existen dudas sobre la existencia
del derecho humano al agua, como en el discurso local que asigna
210
La urbanización de las aguas en Colombia
obligaciones concretas al Estado en la implementación de dicha ga-
rantía, no se ha traducido en prácticas que respondan a las aspiracio-
nes de las luchas locales por la justicia del agua. ¿Qué dicen entonces
las palabras? Para la autora Silvia Rivera Cusicanqui (2010a), esa
pregunta en contextos latinoamericanos exige comprender que “el
colonialismo [asigna] una función muy peculiar para las palabras:
ellas no designan, sino que encubren” (p. 6). “Las palabras [se han
convertido en un registro ccional porque] suelen desentenderse de
las prácticas” (2010a, p. 6). De ahí que Rivera Cusicanqui (2019)
sea insistente en señalar la necesidad de emprender una forma de
pensar que atienda menos a las palabras y más a las prácticas: decla-
rar un derecho no equivale a garantizarlo, al contrario, su mención
puede incluso enmascarar su vulneración.
Ante esta situación, en este capítulo se expondrá el caso de El Faro,
un barrio autoconstruido por sus habitantes en un territorio de fron-
tera urbano rural en el municipio de Medellín. Dicho barrio no ha
sido reconocido ocialmente dentro del perímetro urbano, y por lo
tanto parte de su población está excluida del sistema de prestación
de servicios públicos (incluido el suministro de agua) operado por
EPM. Sin embargo, sus habitantes, muchos de los cuales provienen
de diversas partes del país al haber sido desplazados forzosamente
por causa del conicto armado interno, han trabajado para garanti-
zar su derecho al agua a partir de prácticas cotidianas, organizativas
y comunitarias que entremezclan estrategias de exigencia y de auto-
nomía. La organización comunitaria en torno a la gestión del agua
en este barrio es parte de un movimiento de justicia urbana más
grande en la ciudad llamado Mesa Interbarrial de Desconectados
(MID) que está redeniendo los principios de equidad y justicia en
la provisión de servicios públicos domiciliarios.
El objetivo principal de este capítulo es comprender cómo a tra-
vés de prácticas cotidianas los habitantes de El Faro garantizan su
derecho al agua desaando los postulados universales que preten-
den denir los contenidos imaginables y las posibilidades de com-
prender la relación con el agua y sus formas de suministro. En ese
sentido, este estudio confronta ideas que generalmente se asumen
libres de discusión, como las referidas a la cobertura universal, los
mecanismos estandarizados de acceso al agua o los criterios de ase-
211
El derecho humano al agua como prácticas cotidianas:
el caso del barrio El Faro en la ciudad de Medellín, Colombia
quibilidad en la denición de tarifas. Todo ello a partir de las prác-
ticas cotidianas de derecho al agua que desde el contexto latinoa-
mericano invitan a repensar tanto al derecho como al agua misma
(Botero-Mesa y Roca-Servat, 2020).
De lo que se trata es de empezar a pensar el derecho al agua como
una práctica. La reexión propuesta intenta superar algunos binaris-
mos excluyentes en la teoría social. Primero, este estudio reconoce la
relación de interdependencia y bidireccionalidad entre la sociedad y
la naturaleza que permite el surgimiento de nuevas formas de enten-
der el agua (Botero-Mesa y Roca-Servat, 2020). En segundo lugar,
desafía la monocultura del poder revelando la coexistencia de múl-
tiples sistemas normativos que interactúan con la ley estatal y exigen
nuevas formas de entender el derecho. Tercero, permite la expresión
de la identidad ch’ixi (Rivera-Cusicanqui, 2010a) de quienes viven
en las fronteras, cuestionando a través de sus prácticas cotidianas la
disyuntiva del proyecto colonial que solo concibe una posibilidad
entre modernidad y tradición. Por estas razones, este capítulo repre-
senta una contribución a la comprensión de las prácticas cotidianas
en el contexto latinoamericano.
Metodología
Nuestro enfoque etnográco incluyó una inmersión profunda en
lo cotidiano a través de la observación participante y la realización
de entrevistas semiestructuradas y en profundidad con líderes del
barrio El Faro y de la MID. La información producida se com-
plementó con cuatro recorridos territoriales organizados por aso-
ciaciones vecinales, involucrando al Comité del Agua, la Junta de
Acción Comunal (JAC) y una organización juvenil de arte callejero
llamada “Elemento Ilegal”. Además, organizamos y participamos en
tres talleres basados en el arte titulados “El Faro: Agua-Territorio-
Cuerpo”5. El arte, esencial para despertar las sensibilidades y para
5 Los talleres basados en el arte fueron diseñados con el apoyo del artista Fer Álvarez,
consistieron en tres talleres que experimentaron con diferentes métodos y técnicas
artísticas, como la producción de esculturas de arcilla, el dibujo de cartografías del
212
La urbanización de las aguas en Colombia
abrir formas de expresión intuitivas y más creativas, puede ser un
canal para conocer nuestra relación con el agua (Roca-Servat y Go-
lovátina-Mora, 2019). A través del arte se pidió a los vecinos que
expresaran el signicado de sus relaciones socio-espaciales como ha-
bitantes de El Faro, identicando cómo son transformadas a partir
del ujo de agua en la vida cotidiana.
Estos encuentros se registraron sistemáticamente en notas de campo
o grabaciones de audio que luego se transcribieron. La fase de aná-
lisis contó con un trabajo de triangulación con fuentes secundarias,
y de confrontación entre los datos y los fundamentos teóricos que
orientan el estudio. Las fuentes secundarias iban desde informes
de organizaciones internacionales y ONG, estudios académicos,
marcos legales nacionales y mundiales, entradas de blog, así como
ensayos, artículos, folletos y otros trabajos textuales o visuales pro-
ducidos por los movimientos locales de justicia hídrica.
Finalmente, se aseguró el cumplimiento estricto del código ético a
partir de la garantía de condencialidad y anonimato en los casos
en que fuese preciso, además de la jación y respeto de límites so-
bre accesibilidad a espacios, concertación previa de los aspectos a
analizar y atención a los cambios eventuales que pudieran implicar
replanteamiento de los acuerdos iniciales con las personas del barrio
y de los movimientos sociales.
Estudio de caso: el barrio El Faro
Medellín, ubicada en el departamento de Antioquia es distinguida,
por un lado, como una de las ciudades más innovadoras del mun-
do (e Wall Street Journal, 2013). No obstante, por otro lado,
está clasicada como la más desigual en Colombia y una de las más
desiguales en el continente (ONU-Hábitat, 2014). A pesar de la e-
ciencia y el éxito internacional de EPM (EPM, 2013), los residentes
cuerpo-territorio y una técnica de pintura de vidrieras guiado con el propósito de co-
nocer cómo los vecinos se relacionan con su agua, territorio y cuerpo experimentando
y compartiendo sus experiencias y creaciones.
213
El derecho humano al agua como prácticas cotidianas:
el caso del barrio El Faro en la ciudad de Medellín, Colombia
locales de la ciudad exigen un enfoque de derechos humanos y denun-
cian las prácticas de desconexión de la compañía (Velásquez, 2009).
Estas prácticas consisten en desconectar del suministro de agua a las
personas en condiciones de vulnerabilidad que se ven imposibilitadas
para asumir el pago de las facturas. Los estudios han demostrado que
la falta de pago se debe al hecho de múltiples y complejas razones,
tales como tarifas de agua inaccesibles, sistemas de facturación in-
exibles y complejos, desconocimiento de los mecanismos legales, así
como conexiones informales (López, 2016a; 2016b).
Ante estos desafíos y buscando la eciencia económica, EPM im-
plementó un programa prepago de agua que propició que las pobla-
ciones con escaso acceso a los recursos se adaptaran a los enfoques
de consumo basados en el mercado (Furlong, 2015). Estadísticas
ociales recientes proporcionadas por EPM estiman que entre los
meses de enero a junio del año 2019 fueron desconectadas del servi-
cio de acueducto 196.765 viviendas y a otras 15.709 se les cortó el
servicio (EPM, 2019). Sin embargo, las comunidades vulnerables se
han organizado a través de la MID para exigir acceso al agua como
un derecho humano, y la no mercantilización de este bien público.
Figura 18. Barrio El Faro
Fotografía tomada por María Botero-Mesa, 2017.
214
La urbanización de las aguas en Colombia
El Faro es una de estas comunidades situadas en lo alto de una de
las montañas cerca del perímetro urbano-rural de la ciudad de Me-
dellín (ver Figura 18). Está ubicada en la subcuenca de Santa Elena
y a través de su territorio corren varias quebradas como La Castro
que es su auente principal.
En 2015, EPM instaló un tanque de agua en El Faro para suministrar
agua a las comunidades cuesta abajo que se habían incluido con la
expansión del perímetro urbano (C. Velásquez, comunicación perso-
nal, 28 octubre, 2017). Esto impulsó una movilización social de los
habitantes de El Faro, alertados sobre el posible desalojo de residentes
ubicados en el sitio donde se planicó el trabajo (C. Velásquez, co-
municación personal, 28 octubre 2017). Además, según el presidente
del Comité del Agua del barrio, la construcción de este tanque afectó
la presión y la disponibilidad del agua para el acueducto comunitario
(R. Díaz, comunicación personal, 15 octubre 2017).
Excluidos de los servicios públicos domiciliarios, la gente de El Faro
se organiza a través de prácticas cotidianas para traer agua de ma-
nera comunitaria. En ese sentido, deenden la gestión comunitaria
del agua en su territorio, mientras que al mismo tiempo impugnan
la visión del agua como mercancía y el alto costo de las tarifas impul-
sadas a través de reformas neoliberales en la legislación, como la Ley
142 de 1994 (Furlong, 2013). Conscientes de los efectos de las tarifas
del agua en sus vecinos del barrio Golondrinas (incluidos en la am-
pliación del perímetro de servicios prestados por EPM) y descona-
dos de las implicaciones de estar conectados a esa infraestructura del
agua en el futuro, se unieron a la MID. La MID es una articulación
de organizaciones vecinales y personas “desconectadas” de los servi-
cios públicos en la ciudad de Medellín, que se organiza a favor de una
vida digna para todos los sectores populares urbanos (Corporación
Jurídica Libertad, 2010; Zapata, Pérez y Builes, 2013).
Desde sus inicios en 2008 la MID ha diseñado repertorios de acción
que articulan estrategias organizacionales, comunicación popular,
investigación participativa, litigios legales de alto impacto, movili-
zación y educación política (Zapata, Pérez y Builes, 2013). La MID
reconoce dos formas de “desconexión”, una es por facturas impagas
y la otra porque el asentamiento se encuentra fuera de la cota de ser-
215
El derecho humano al agua como prácticas cotidianas:
el caso del barrio El Faro en la ciudad de Medellín, Colombia
vicios públicos y carece de infraestructuras ociales de acceso (Serna,
2013). Para quienes forman parte de la MID, el acceso a los servicios
públicos es un paso obligatorio en la lucha por una vivienda digna, y
esto a su vez sólo puede pensarse a partir de su ubicación en un entor-
no que se corresponda con los valores, las relaciones y las necesidades
de sus habitantes (MID, 2017). Por lo tanto, el accionar de la MID
conlleva exigir, por un lado, acciones estatales para garantizar el agua
como un derecho humano, y, al mismo tiempo, respaldar las acciones
de autonomía que surgen dentro de los territorios.
Marco teórico
En este escrito la idea es reconstruir el signicado de las palabras “de-
recho humano al agua”, partiendo de las prácticas cotidianas de los ha-
bitantes de El Faro. En ese sentido, para Rivera-Cusicanqui (2010a),
la lengua es siempre un acercamiento aproximado a la realidad en
el que utilizamos metáforas para construir el pensamiento, pero en
la crisis actual las palabras dejaron de ser metáforas para convertirse
en simulacros. Tal como ella misma lo señala, “en este momento de
crisis, casi toda palabra ocial suena a mentira, a falsedad, a parodia, a
simulacro. Hacemos “como si” hubiera democracia, “como si” hubie-
ra respeto por los derechos humanos” (2018, sp).
La ética de la comunicación propone, además de la elevación del
cuidado en el uso de las palabras, un ejercicio constante por reins-
cribirlas en el ujo de la acción y por tejerlas cuidadosamente en las
tramas colectivas que nos permiten pensar en comunidad (Rivera-
Cusicanqui, 2019). Para ello es necesario tomar distancia de ciertas
verdades que se han dado por sentado. Por ejemplo, es importante
apartarse de la visión de mundo que desde el derecho moderno está
anclado al futuro al construirse como un conjunto de promesas, por
el contrario, es vital redescubrir y hacer visibles en las experiencias
del presente ese mundo, “no que deberíamos ser o aspiramos llegar a
ser, sino que en efecto ya somos” (2018, sp).
Rivera-Cusicanqui deende la necesidad de un análisis más histo-
ricista y menos estructural de las relaciones sociales en sociedades
216
La urbanización de las aguas en Colombia
“abigarradas”. El concepto de “abigarramiento” o “sociedad abiga-
rrada” propuesto por Zavaleta se reere a una desorganización de la
teleología lineal de los modos de producción narrativa, y la super-
posición de momentos históricos (1986). Desde esta línea de pen-
samiento Rivera-Cusicanqui también considera que las sociedades
heterogéneas son ilegibles y, por lo tanto, irrepresentables, o, me-
jor dicho, son legibles sólo durante una crisis (Rivera-Cusicanqui,
2012). En ese sentido, “es la persistencia de una inconmensurabi-
lidad lo que impide el cierre total de lo constituido y, por lo tanto,
garantiza la posibilidad de la desconstitución y reconstitución de la
acción colectiva” (Freeland, 2014, p. 68).
Según Rivera-Cusicanqui (2012), las sociedades en América Latina
son el resultado de mezclas abigarradas y contenciosas entre lo que
se impone y lo que se hereda. Para esta pensadora lo ch’ixi responde
al entendimiento aymara para expresar la dinámica contenciosa que
agrupa lo occidental y lo indígena sin llegar a acuerdos. Responde
a la “lógica del tercero incluido” (2010a, p. 69) presente ante una
cosa que es y no es al mismo tiempo: “una activa recombinación
de mundos opuestos y signicantes contradictorios, que forma un
tejido en la frontera misma de aquellos polos antagónicos” (Rivera-
Cusicanqui, 2010b, p. 85). De ese modo, la teoría de prácticas coti-
dianas de Rivera-Cusicanqui nos permite, como menciona Furlong
et.al. (2019) “permanecer atentos a percibir las diferencias donde
todo parece uniforme, a celebrar las manchas, las contradicciones,
los imprevistos y la creatividad” (p. 13).
Aunque el caso no se trata en particular de una comunidad indíge-
na sino de una población urbana, desde esta conceptualización las
prácticas diarias ch’ixi dan cuenta de una realidad en la que “coe-
xisten en paralelo múltiples diferencias culturales [u ontológicas],
que no se funden, sino que antagonizan o se complementan” (Ri-
vera-Cusicanqui, 2010a, p. 7). Por lo tanto, dichas prácticas con-
tienen tanto los usos y las resistencias que las personas construyen
localmente en relación con las posibilidades que ofrece el discurso
global del derecho humano al agua (lo que llamaremos prácticas de
exigencia), así como las tradiciones e innovaciones que constituyen
su vida diaria independientemente de los proyectos institucionales
dominantes (y que llamaremos prácticas de autonomía).
217
El derecho humano al agua como prácticas cotidianas:
el caso del barrio El Faro en la ciudad de Medellín, Colombia
Prácticas cotidianas de derecho
al agua en El Faro
En esta sección presentamos los resultados de nuestro análisis so-
bre cómo las prácticas cotidianas de derecho al agua en El Faro de-
safían las ideas globales sobre el derecho humano al agua expresado
a través de principios y estructuras reguladoras tales como la cober-
tura universal, la potabilización o los mecanismos estandarizados
para el acceso al agua. La descripción etnográca detallada del de-
recho al agua y las prácticas cotidianas en los niveles multiescalares
de la familia, la organización del vecindario y el movimiento social
de la MID (Botero-Mesa, 2019) se exponen a partir de temas ana-
líticos emergentes.
Autoconstrucción del barrio
Situado en la frontera del perímetro de la ciudad y bajo la etiqueta
de “barrio de invasión” asignada por los funcionarios del Estado, El
Faro fue construido lentamente por sus propios habitantes en la dé-
cada de los 90. Diversos migrantes de zonas rurales y urbanas, a ve-
ces desplazados de sus territorios por grupos armados y la violencia,
llegaron a este territorio y comenzaron a construir sus casas y poco
a poco satisfacer sus necesidades básicas, tanto individuales como
colectivas. Este proceso de autoconstrucción tuvo lugar al margen
e incluso a veces en contravía de las normas, políticas y acciones
estatales (MID, 2012). Consciente de esta situación, Oscar Zapata,
un habitante de El Faro, arma que los “convites” (trabajo colectivo
recíproco) se constituyeron rápidamente en la principal estrategia
popular de autoconstrucción del barrio.
Según menciona Robinson Díaz, presidente de la Junta de Acción
Comunal (JAC), la comunidad continúa autogestionando sus nece-
sidades a través de diversas acciones basadas en la solidaridad local y
de organizaciones e instituciones sensibles a los procesos del barrio
(comunicación personal, 15 de octubre 2017). Entre las estrategias
más recientes para apoyar y mejorar la infraestructura del acueducto
comunitario se encuentran: la venta de bonos de solidaridad, even-
tos culturales, sancochos comunitarios (actividades de convivencia),
218
La urbanización de las aguas en Colombia
así como recorridos territoriales por el vecindario para aprender so-
bre la historia de gestión comunitaria del agua, etc. (R. Díaz, co-
municación personal, 15 de octubre 2017). El dinero recaudado a
través de estas actividades se usa para diversas necesidades, como la
compra de materiales para reemplazar tuberías y mejorar los tan-
ques de agua (C. Serna, comunicación personal, 07 de abril 2017).
A través de estas actividades, los habitantes de El Faro han logrado
construir, adaptar y mantener un entramado de relaciones entre ve-
cinos y con la cuenca hidrográca que hasta la actualidad posibilita
que el agua llegue desde el arroyo hasta sus hogares.
Infraestructura, acceso y usos diferenciados del agua
Con la prioridad de llegar a la mayoría de las viviendas posibles, el
sistema comunitario de suministro de agua empezó con la construc-
ción de la bocatoma que capta el agua de la quebrada La Castro para
conducirla hasta un tanque desarenador. Allí, luego de pasar varias
rejillas de ltración, el agua continúa por un sistema de tuberías que
la transportan hasta el tanque de distribución donde están instala-
das las válvulas que determinaban el paso del agua hasta los cuatro
sectores originalmente abastecidos: Llanaditas, Pacíco, Altos de la
Torre y El Faro. El Faro es el último barrio en constituirse como tal
en el territorio, pero actualmente es el único que continúa aprove-
chando las oportunidades de tener un agua propia.
Dado que el acueducto no cuenta con planta de potabilización,
Claudia Serna, también habitante en este territorio, explica que ac-
tualmente las familias del barrio acuden a diversos modos para ac-
ceder a agua apta para el consumo humano en términos de salubri-
dad (comunicación personal, 02 abril, 2017). Al preguntarle a doña
Blanca cómo llega el agua a su vivienda ella rememora contando
que “antes nos tocaba ir hasta más abajo del colegio allá en Llanadas
para conseguir el agua para cocinar”, y agrega, “eso usted se asomaba
desde acá arriba y todo el día podía ver gente saliendo a diferentes
horas con las pimpinas para el agua, cargando agua por todas esas
escalas pa’ abajo y pa’ arriba” (comunicación personal, 10 noviem-
bre, 2017). Con la reciente ampliación de EPM, la vivienda de doña
Blanca fue una de las incluidas. Al igual que ella, otras familias que
quedaron ubicadas dentro de los nuevos márgenes del perímetro
219
El derecho humano al agua como prácticas cotidianas:
el caso del barrio El Faro en la ciudad de Medellín, Colombia
urbano automáticamente adquirieron el estatus legal adecuado para
poder contratar con la empresa en calidad de usuarias de sus servi-
cios y acceder a la infraestructura ocial de suministro de agua.
En términos generales, la ampliación de las redes de EPM signicó
la instauración de sistemas mixtos de acceso al agua. Así, con el pro-
pósito de disminuir los costos del consumo muchas de las familias
usuarias de los servicios prestados por la empresa restringen el agua
potable a la preparación de alimentos y continúan utilizando el agua
comunitaria para el resto de las actividades. Sin embargo, la inter-
vención de EPM no solo tuvo impactos tangibles para las familias
que lograron acceder directamente al servicio formal, pues también
es usual encontrar que fruto de las relaciones vecinales algunos ho-
gares que no quedaron incluidos ya no van a recoger el agua hasta
el tanque, al encontrar la posibilidad de intercambiar un baldado de
agua potable con el vecino que quedó conectado a la red. O bien,
pese a haber quedado por fuera de dicha delimitación legal para
acceder al servicio, algunas familias se conectan informalmente a las
nuevas tuberías dado que están al alcance material de ser interveni-
das por mano propia.
Así, entre las familias no conectadas a las redes de la empresa muni-
cipal algunas optan por acceder a aguas diferenciadas de acuerdo con
los usos que le darán, “Yo para cocinar lo hago con agua de EPM,
voy por 4 garrafas y pago mil pesos -arma doña Rosalba- pero
para las demás cosas sí utilizo la de la bocatoma” (comunicación
personal, 10 noviembre, 2017). Otras familias acceden a una única
agua, la de la bocatoma, pero aprovechan sistemas de ltración en
casa para poderla consumir. “Bueno, eso es una hermosura de fuen-
te. Yo hago el aguapanela y el arroz con el agua comunitaria. Y uno
sabe que está tomando de esa fuente, así, natural, eso es lo bonito”,
con esas palabras Robinson se reere al agua que surte al acueducto
comunitario (comunicación personal, 15 octubre, 2017).
Materialidad del agua
Dependiendo del clima el agua de la bocatoma que llega a las vi-
viendas puede ser transparente y cristalina o turbia y amarillenta. El
color y la materialidad del agua tienen una relación directa con las
220
La urbanización de las aguas en Colombia
emociones o pensamientos de quienes la reciben y esto, de acuerdo
con múltiples relatos, puede contenerse en expresiones de frustra-
ción, en anhelos de intervención estatal, en reclamos de inclusión
en las redes del servicio público ofrecido por EPM, en angustias
por los riesgos de contraer enfermedades o en desmotivación frente
a la labor prestada por el acueducto comunitario. Pero al mismo
tiempo, la que podría creerse la misma agua, es nombrada y re-
conocida desde expresiones totalmente contrarias: “el agua de la
bocatoma [acueducto comunitario] es vida porque está viva, no la
han matado con químicos y uno que la aprende a tomar aprende
también a tener mejores defensas”, arma Óscar (comunicación
personal, 03 junio, 2017) al protestar frente a la credulidad de la
gente sobre la “pureza” que se vende en publicidades sobre agua
embotellada o agua entubada.
Si bien no hay nadie en el barrio que desconozca o desapruebe la
necesidad de mejorar la calidad del agua comunitaria, para muchos
antes que ser reducida a la expresión de agua sucia, se trata de una de
las más importantes conquistas para la garantía de autoconstrucción
del barrio: “yo me imagino que cuando consiguieron ese acueducto
hace 30 años ¡eso debió haber sido una esta!!!” arma Serna (co-
municación personal, 06 septiembre, 2017). De este modo, aunque
el agua de la bocatoma es vista en ocasiones como la alternativa
imperfecta pero asequible para los hogares de El Faro que por razo-
nes múltiples no tienen acceso a las redes de EPM, más allá de un
conformismo temporal, para muchos de sus beneciarios existe un
aprecio hacia ella por valores que trascienden la racionalidad eco-
nomicista, cientíca o tecnológica: “El agua propia es autonomía”
sentencia Serna (comunicación personal, 06 septiembre, 2017).
Múltiples aguas
Los habitantes que además o en lugar del agua de la bocatoma tie-
nen otras formas de acceso al agua suelen referirse a ellas como el
agua de las empresas públicas, el agua del tanque o el agua de contra-
bando. Cada una de estas expresiones alberga una realidad distinta,
pero coinciden en expresar una distancia frente al agua que se con-
sume: no se sabe de dónde proviene, qué contiene, cómo es gestio-
nada y en el imaginario colectivo esa agua tiene dueño. Cumplir
221
El derecho humano al agua como prácticas cotidianas:
el caso del barrio El Faro en la ciudad de Medellín, Colombia
los requerimientos de ese dueño es la posibilidad de ser reconocido
como cliente y a la vez como ciudadano, de lo contrario se es con-
siderado como ilegal o como invasor. El carácter de empresa públi-
ca que tiene EPM y el símbolo de orgullo que representa para la
identidad Paisa6, genera contrariedad en los ciudadanos que se ven
en imposibilidad de continuar pagando la factura. La verdad que
muchas veces se asume sobre el éxito, la bondad y grandilocuencia
de la Empresa, aunada a las campañas sobre la “cultura de pago” que
esta dirige, también genera sentimientos de vergüenza o culpa en
quienes no pueden asumir sus tarifas (C. Velásquez, comunicación
personal, 30 de octubre, 2017).
Escuchar hablar de agua comunitaria, agua potable, agua propia,
agua de EPM, agua de contrabando, agua lluvia, etc., es presenciar
la coexistencia de diversos tipos de agua -no solo de diversos modos
de nombrarla- y esto tiene implicaciones concretas a la hora de de-
nir los contenidos del derecho al agua. Tal como ha argumentado
Vandana (2004), “la forma en que se conceptualiza y representa
el agua es fundamental para determinar quién accede a ella y en
qué términos” (p. 2). Para la perspectiva moderna multicultural,
“la calidad primaria del agua es que es un recurso sobre el cual se
unen cualidades secundarias, como las creencias culturales” (Bone-
lli, Roca-Servat y Bueno de Mesquita, 2016, p. 84). En esa lógica,
se necesita una comprensión universal del agua y el derecho al agua.
En cambio, en El Faro el agua se vive como algo más que un recurso
con signicados culturales. Siguiendo esta línea de pensamiento, el
“agua” aparece como un objeto múltiple que no se puede conocer
de manera unívoca, pero que se puede practicar de manera diferente
(2016, p. 85). En ese sentido, cada forma de agua que se practica
de manera diferente en El Faro nos hace pensar en la necesidad
de derechos y normas diferenciadas. Así, por ejemplo, la normativa
desarrollada para regular el suministro de agua garantizado bajo es-
tructuras empresariales no puede ser la misma aplicada a las comu-
nidades organizadas sin ánimo de lucro en torno al acceso al agua.
6 “Paisa” se les denomina a las personas oriundas del departamento de Antioquia, Co-
lombia, las cuales se caracterizan por su ascendencia campesina, por ser “buen co-
merciante”, y echar para adelante. Desde el punto de vista externo, pueden ser vistos
como pedantes y aprovechados.
222
La urbanización de las aguas en Colombia
Normas cotidianas
Las diferencias entre los hogares e incluso dentro de estos en las
formas de abastecerse del líquido se moldean de acuerdo con las
necesidades, las condiciones climáticas, y las concepciones sobre el
agua y el bienestar, así como las posibilidades geográcas y físicas
de acceder a ella. Mientras que algunos habitantes concentran su
energía en el cuidado y mantenimiento del acueducto comunitario,
otros insisten en exigir al Estado la garantía del derecho al agua me-
diante el suministro operado por la empresa municipal de servicios
públicos. La variabilidad en los modos de acceder al agua determina
a su vez la coexistencia de diversas normas cotidianas sobre el re-
lacionamiento con ella. En tiempos de lluvia suele suceder que la
presión del agua no permite que el tanque desarenador del sistema
comunitario cumpla bien su función, por lo tanto, el agua llega
muy enlodazada hasta las casas, de un color amarillo y con algunos
sólidos (C. Serna, comunicación personal, 2 de abril, 2017). Para
evitar esto muchas veces en las casas se utilizan permanentemente
ltros individuales que son cambiados o limpiados con regularidad
para obtener un líquido más limpio frente a los pequeños materiales
que se cuelan en el recorrido previo del agua (R. Díaz, comunica-
ción personal, 15 de octubre, 2017).
Además, en algunas viviendas antes de terminar las labores del día
se dedica un tiempo para recoger agua en canecas para dejarla repo-
sar durante la noche, de modo que al día siguiente el material más
denso se ha ido al fondo de los recipientes y el agua en la supercie
está en mejores condiciones para ser aprovechada (M. Ángel, comu-
nicación personal, 04 de noviembre, 2017). Igualmente se recoge
agua lluvia y, en general, de acuerdo con la apariencia del agua, se
le dan usos diversos que pueden ir desde la complementación con
otros procedimientos para adecuarla al consumo humano, hasta el
aseo personal, el aseo en la vivienda (lavada de ropa, pisos, utensi-
lios), el riego de los jardines, las huertas o las plantas ornamentales,
la alimentación e hidratación de los animales domésticos, etc.
Cuando son tiempos de verano sucede que en ocasiones la presión
del agua no es suciente para llegar hasta todas las viviendas, en esos
tiempos es común que en la rutina diaria se preste mayor atención a
223
El derecho humano al agua como prácticas cotidianas:
el caso del barrio El Faro en la ciudad de Medellín, Colombia
las prácticas de reciclaje de aguas con el n de lograr el mayor apro-
vechamiento posible del líquido con el que se cuenta. Así, frente
a casos agudos de falta de agua en las tareas cotidianas una misma
cantidad de agua puede servir a varias funciones. Además, también
se presta mayor atención a las prácticas de conservación de agua en
la vivienda, de este modo se busca tasar su uso para impedir su ago-
tamiento acelerado y, antes de que se acabe por completo, se busca
la forma de recuperar la cantidad gastada. Es común que en las casas
se conserven recipientes separados para diferenciar los tipos de agua,
así, la que se destina para cocinar se separa de la demás para evitar
su destinación a otros usos o que se ensucie con facilidad (Marta,
comunicación personal, 28 de octubre, 2017).
Las viviendas que además o en lugar del acueducto comunitario
contratan la prestación del servicio ofrecido por EPM organizan
su relación cotidiana con el agua bajo otras reglas. Muchas veces
las prácticas de reciclaje de aguas se hacen con base en la diferencia
entre agua de EPM y agua de la bocatoma y se realizan solamente
para evitar un uso inadecuado o excesivo de la primera que se vea
reejado en el aumento del cobro en las facturas. Así, las prácticas
de cuidado o reciclaje del agua realizadas por el primer grupo de
personas se diferencian de las que son promovidas desde la insti-
tucionalidad y practicadas por este segundo grupo en la medida en
que una de las ventajas valoradas a favor de las redes del acueducto
comunitario, sobre todo después de varios esfuerzos comunitarios
por el mejoramiento de su infraestructura, radica en la posibilidad
de hacer un uso no-medido del agua, es decir, sin la preocupación
que representan los contadores que asignan a cada litro de agua un
equivalente en dinero. Además, en este caso las prácticas de reciclaje
de aguas tienen lugar de acuerdo con las condiciones de la cuenca,
de modo que no se consume más agua de la que la cuenca permite.
Justicias hídricas y autoridad comunitaria
Estas diferentes normas cotidianas y la existencia de múltiples aguas
dan lugar a otro tipo de práctica del derecho al agua que trasciende,
aunque no completamente, el alcance de la escala de la vivienda al
responder a la resolución de conictos y la denición de lo que es
justo. Estas discusiones surgen a escala organizativa y se tratan en
224
La urbanización de las aguas en Colombia
espacios comunitarios como los JAC y el Comité de Agua local. Los
debates sobre la legitimidad de acceder a las redes comunitarias de
agua o de acceder a redes solidarias de agua potable desde el sistema
EPM, surgen de manera persistente y se estipulan, contrastan o ne-
gocian múltiples reglas en cada calle del barrio. La diferenciación de
los tipos de agua y los diversos usos o valores asociados con ellos, no
operan bajo estándares claramente denidos, o de acuerdo con un
patrón de coherencia y univocidad.
De esta manera, las prácticas de derecho al agua que ordenan la rela-
ción con el agua más allá de lo que opera en cada vivienda, es decir,
en espacios de reunión y debate colectivo, nos llevan a pensar en los
acuerdos concretos bajo los cuales funciona el acueducto comuni-
tario. En ese sentido, hay aspectos importantes que deben conside-
rarse a la hora de denir las normas comunitarias, como los criterios
para distribuir adecuadamente el líquido, la denición o no de una
cuota económica, los métodos para obtener recursos para asumir los
costos de mantener la infraestructura de agua de la comunidad, los
propósitos para los que se destinan estos recursos, el nombramiento
y la asignación de funciones del fontanero, y el reconocimiento de
fuentes de autoridad dentro del barrio, etc.
Sobre el último punto, además de los liderazgos derivados de la his-
toria de autoconstrucción del barrio, las mujeres son símbolo de au-
toridad especial en relación con la gestión del agua. Al experimentar
en el propio cuerpo las implicaciones de caminar loma abajo y loma
arriba con baldes llenos de agua y en la propia mente las derivadas
de la imposibilidad de atender a cabalidad las necesidades de su fa-
milia, las mujeres son las primeras interesadas y comprometidas con
el cuidado del agua para el cuidado de la vida. Ellas deciden cómo
administrarla en los hogares y participan activamente en los debates
sobre cómo gestionar soluciones de agua colectivas.
Si bien en cada vivienda existen criterios particulares en la deni-
ción de los usos y el cuidado del agua, y en la distribución de res-
ponsabilidades entre sus miembros, la mayoría de las normas que
rigen la distribución del líquido en El Faro son decididas siempre
por mayoría en asamblea. Fue así como se eligieron los cargos de la
JAC, la conformación del Comité de Agua, y la persona dedicada
225
El derecho humano al agua como prácticas cotidianas:
el caso del barrio El Faro en la ciudad de Medellín, Colombia
al trabajo de fontanero del barrio. Igualmente, luego de debatir so-
bre la pertinencia de cobrar un monto periódico de dinero para el
mantenimiento del sistema de acueducto comunitario, se denió
un aporte por vivienda que idealmente debía consistir en una suma
de cuatro mil pesos colombianos mensuales destinados a pagar una
remuneración al trabajo del fontanero, a la compra de materiales
para conservar en buen estado las redes y a la constitución de una
pequeña cartera de ahorros para contribuir a la nanciación de la
planta de potabilización añorada. Sin embargo, también se acordó
que dicho aporte, eventualmente, de acuerdo con las posibilidades
de cada vivienda, podría consistir en tiempo de trabajo asociado a
los requerimientos del acueducto.
Múltiples normatividades
Como se ve en la descripción etnográca, lo que podría considerarse
una escala familiar en las prácticas de derecho al agua, evidencia que
dicho orden normativo consiste en una modalidad de derecho no
estatal. Por lo tanto, no existe un documento escrito dotado de au-
toridad que guíe el adecuado accionar de las personas en la manera
de administrar su relación con el agua de la vivienda. En este caso
el quehacer cotidiano se constituye en fuente fáctica del derecho
vivido, el cual, sea bajo formas tales como costumbres o acuerdos
transitorios y cambiantes, orientan el día a día de relacionamiento
con el agua. Estas prácticas no son uniformes, las variaciones en
dichos modos atienden tanto a las necesidades y posibilidades pro-
pias de cada hogar como a los múltiples orígenes culturales de las
personas que por diversos motivos y desde diversas regiones llegaron
a integrar el territorio.
Por otro lado, en la escala organizativa, que el trabajo de campo et-
nográco también hace visible, el derecho vivido ordena la realidad
a una escala mayor que la familiar pero menor que la estatal. Esto
posibilita identicar con mayor claridad las zonas de interacción
entre las normatividades múltiples que se presentan y que Santos
(1991) ha explicado desde el concepto de interlegalidad. Un ejem-
plo de lo anterior es en el encuentro contradictorio entre las prác-
ticas obligatorias por ley para la formalización de la organización
comunitaria como la JAC con personería jurídica reconocida por
226
La urbanización de las aguas en Colombia
parte del Estado, y las prácticas tradicionales de direccionamiento
de una reunión asamblearia en las que formalidades como la veri-
cación del quorum es inocuo para identicar el compromiso real de
los integrantes de la organización y se percibe solo como un obstá-
culo en el cumplimiento de los objetivos comunitarios.
Otro ejemplo lo constituye el vacío normativo que existe en el de-
recho estatal sobre la gestión comunitaria del agua, que los buró-
cratas y funcionarios que aplican la ley optan por suplir mediante
la aplicación analógica de la normatividad destinada a la gestión
empresarial del agua. En este caso los requerimientos estatales an-
tagonizan de lleno con los principios comunitarios que ordenan el
suministro del agua bajo criterios ajenos al ánimo de lucro y que
buscan el benecio de toda la comunidad. No sucede lo mismo en
el caso de las directrices constitucionales sobre la imposibilidad jurí-
dica prescrita para una empresa prestadora de servicios públicos, de
negar el mínimo vital de agua a una persona de especial protección
constitucional bajo el argumento del no pago de la tarifa. Este de-
sarrollo jurisprudencial del derecho humano al agua, impulsado en
gran medida por exigencias de movimientos sociales como la MID,
ha sido utilizado por los habitantes del barrio que sufren la desco-
nexión del servicio de agua por parte de EPM ante la imposibilidad
económica de asumir el pago (López, 2016a). Mediante el mecanis-
mo de la acción de tutela habitantes de El Faro han logrado órdenes
judiciales que protegen sus derechos y ordenan la reconexión del
servicio. Ello desde una concepción de múltiples normatividades,
es decir desde una interlegalidad como yuxtaposición de diversidad
formas de “reglar” o “normar” la cotidianidad (Santos, 1991).
En términos generales, lo descrito en la cotidianidad de El Faro se
trata de un derecho autonormativo, es decir, quienes asumen las
consecuencias de las normas son los mismo que las producen. De
este modo, la denición de sus contenidos se realiza con base en la
experiencia directa de quienes participan de la gestión comunitaria
del agua y goza de la exibilidad para adecuarse desde las demandas
cotidianas. Junto a este derecho autonormativo basado en prácticas
de autonomía, encontrar prácticas de exigencia mediante mecanis-
mos estatales como los derechos de petición o las acciones de tutela,
es revelar la coexistencia de prácticas que, como diría Rivera-Cusi-
227
El derecho humano al agua como prácticas cotidianas:
el caso del barrio El Faro en la ciudad de Medellín, Colombia
canqui, son contradictorias y como tal constituyen la experiencia
ch’ixi que acá describimos. Por ello, el de los habitantes de El Faro es
un derecho en constante negociación con los postulados del derecho
estatal que busca generalizar ciertas prácticas de vigilancia y control,
de imposición de marcos tarifarios, de evaluación de la calidad del
agua con independencia de los usos y de las condiciones geográcas,
de denición de marcos de responsabilidad para quienes garantizan
el derecho al agua sin enfoques diferenciales para quienes cumplen
una labor de autogarantía, pero que, a su vez, posibilita oportunida-
des de exigencia como las relatadas con el uso de la acción de tutela.
Exigencia y autogarantía – con Estado y sin Estado
En El Faro las diferencias entre los hogares e incluso dentro de es-
tos en las formas de abastecerse del líquido se moldean de acuerdo
con las necesidades, las concepciones sobre el agua y el bienestar
y las posibilidades socionaturales. Mientras que algunos habitantes
concentran su energía en el cuidado del agua desde su gestión do-
méstica, otros apuestan por el fortalecimiento del acueducto comu-
nitario, y otros insisten en exigir al Estado la garantía del derecho al
agua mediante el suministro operado por la empresa municipal de
servicios públicos. Estas tres escalas entremezclan las individualida-
des y la colectividad en un complejo y en ocasiones contradictorio
tejido comunitario que se inicia en las viviendas, pasa por la orga-
nización barrial, se articula al movimiento de ciudad de la MID, y
desde ahí regresa a lo barrial y familiar con nuevos componentes.
La articulación con la MID ha signicado la variación en las prác-
ticas de derecho al agua de acuerdo con los aprendizajes del tiem-
po. En un principio signicó el empoderamiento de las organiza-
ciones barriales y de los líderes comunitarios en un repertorio de
reivindicación de derechos desde la formulación de exigencias al
Estado. Con estas prácticas emergió la conciencia en los habitan-
tes de El Faro de ser sujetos titulares de derechos habitantes de un
territorio donde el Estado, en lugar de representar la amenaza del
desalojo, se empieza a reconocer como actor responsable del bien-
estar social, y, en consecuencia, aparece como necesario y natural
exigirle actuar de conformidad con ello. Sin embargo, por la expe-
riencia del trabajo comunitario y el aprendizaje de los límites de
228
La urbanización de las aguas en Colombia
la movilización jurídica, dicha nueva conciencia de los derechos se
complementa y a la vez antagoniza con la conciencia histórica de
la autonomía territorial.
Lo descrito hasta ahora, sin ser exhaustivo sobre todas las posibles
prácticas de derecho al agua en El Faro, es revelador sobre los funda-
mentos principales del sistema normativo comunitario. Este, al ser
un derecho predominantemente autonormativo, es decir producido
directamente por sus destinatarios, opera en constante reformula-
ción, transformación y adaptación a las necesidades del barrio. Por
ello, los elementos que aporta para la discusión sobre el derecho al
agua cumplen con la exigencia ética de comunicar a partir de palabras
respaldadas por la acción. Es a eso a lo que nos referimos cuando
señalamos que, en lugar de constituirse en un derecho positivo, es
decir, derecho pronunciado, promulgado o formalizado, el de El Faro
se trata de un derecho vivido, anclado en prácticas cotidianas de or-
denación de la vida social a partir de criterios concretos de justicia.
Reexiones nales
A lo largo de este capítulo, la discusión es planteada en términos
de analizar y superar la paradoja inscrita en los años de declaración
del derecho humano al agua y la simultánea continuación e inclu-
so profundización de las circunstancias de su vulneración. El pri-
mer cuestionamiento que emerge de la descripción anterior, y que
constituye el marco general del resto de planteamientos, consiste
en problematizar la pretensión internacional por crear patrones de
solución y criterios de evaluación que sean aplicables y vericables
indistintamente en todos los Estados. El derecho humano al agua ha
sido promulgado en singular, reproduciendo formas coloniales de
dominación y homogenización como las derivadas de la Ley 142 de
1994 y su reglamentación. Con él se pretenden abarcar todos los va-
lores que se consideren indispensables para garantizar dignidad en la
relación humano-agua. Sin embargo, las palabras que describen sus
contenidos difícilmente describen la realidad regulada. Además, las
prácticas instauradas para su cumplimiento difícilmente se ajustan a
la enorme diversidad social que habita en los territorios.
229
El derecho humano al agua como prácticas cotidianas:
el caso del barrio El Faro en la ciudad de Medellín, Colombia
Ante la pregunta de qué nos dicen los urbanismos del agua sobre
el derecho al agua, este caso en particular, nos ayuda a comprender
de manera distinta el derecho al agua pues confronta una normati-
va estatal cuyo enfoque responde a una idea moderna de lo urbano
y del agua (aún ajena a las contradicciones y abigarramientos de
las ciudades en escenarios latinoamericanos), con unas prácticas
de garantía y acceso al líquido vital que entremezclan las condicio-
nes y posibilidades del marco jurídico estatal con las condiciones
y posibilidades de las normas surgidas de la cotidianidad y la or-
ganización comunitaria.
En conclusión, las prácticas cotidianas de derecho al agua en El Faro,
al revelar la pluralidad de maneras de vivir y rechazar la imposición
de una sola forma de gestionar el agua (Botero-Mesa y Roca-Servat,
2019), son en sí mismas experiencias que, en el presente y desde la
ciudad, conrman la existencia de otras epistemes, formas ontológi-
cas y normativas de comprender el agua. En segundo lugar, el carácter
comunitario o colectivo de las prácticas, a diferencia del carácter indi-
vidualista derivado de las principales políticas mundiales o discursos
institucionales del agua, contiene el poder disruptivo necesario para
enfrentar y rebasar las lógicas de acumulación de capital y mercanti-
lización que están aumentando la inequidad e injusticias planetarias.
Finalmente, las contradicciones dentro de estas prácticas ch’ixi, en lu-
gar de responder a estrategias de cooptación, alienación o dominación
del capitalismo son expresiones de la consubstancial indocilidad de las
sociedades abigarradas latinoamericanas.
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“Fluir como el agua y
hacerse invisibles”: la
gestión de los desastres
y del agua en los bordes
urbanos de Medellín1
Esmeralda Hincapié2
Denisse Roca-Servat3
Introducción
En el siglo XXI las ciudades globales vienen ex-
perimentando un crecimiento acelerado y caó-
tico, generado por el brutal y complejo sistema
expulsor neoliberal (Sassen, 2015). Un sistema
nanciero que expulsa a los seres humanos y no-
humanos de sus territorios, hábitats, pertenen-
1 Este capítulo es producto del diálogo entre dos proyectos de
investigación: 1) “Comunidades transformadoras de ciudad”,
con radicado número 737B-02/17-09, publicada en el libro
de investigación con el mismo nombre en 2019 y 2) “His-
torizando urbanismos en el sur global: el derecho al agua en
Colombia y su legado contemporáneo a partir de los casos
de Cali, Medellín, y Bogotá. PARTE 2”, con radicado 101C-
05/18-12 en el Centro de Investigación para el Desarrollo y
la Innovación de la UPB, en el marco del convenio entre la
Universidad Ponticia Bolivariana (UPB) sede Medellín, Co-
lombia, y la Universidad de Montreal, Canadá.
2 Universidad Ponticia Bolivariana sede Medellín, Colombia (ju-
bilada adscrita al grupo de investigación GTI de la Facultad de
Ingeniería). Correo electrónico: esmeralda.hincapie@upb.edu.co
3 Universidad Ponticia Bolivariana sede Medellín, Colombia.
Correo electrónico: denisse.roca@upb.edu.co
235
“Fluir como el agua y hacerse invisibles”: la gestión de los desastres
y del agua en los bordes urbanos de Medellín
cias y afectos obligándolos a sobrevivir en la incertidumbre. En
Colombia, las ciudades como fenómenos globales son receptoras
de personas desterradas y desplazadas, ya sea por guerras, conic-
tos armados, pauperización y más recientemente por proyectos de
desarrollo. Estas personas construyen asentamientos urbanos en
condiciones en los que cada momento trae su propio afán, es una
vida de incertidumbre, en búsqueda de una vivienda digna y de
servicios públicos domiciliarios básicos como el agua, la energía
eléctrica y el alcantarillado.
A través de conexiones instantáneas, fuertes e imprevisibles forman
comunidad y aprenden a mutar con cada situación de emergencia,
volviéndose “camaleónicos”. De esa manera sobreviven deslocali-
zándose del lugar donde los ubica el sistema que los expulsa. Estas
tácticas de deslocalización les da cierta autonomía parcial sobre el
orden establecido, el cual, a su vez, constantemente renueva sus for-
mas de desalojo (Hincapié, 2019). En su andar van transformando
los territorios, entrelazando las características propias de los suelos,
de la geografía, de las aguas, de la temperatura y altura biofísica, etc.
con sus propias condiciones sociales, económicas y culturales.
Este capítulo presenta la potencia creativa de comunidades que
aprenden a vivir en zonas de ladera, en los bordes de la ciudad de
Medellín sin acceso a servicios básicos, en terrenos inestables, junto
a ríos y quebradas que arrastran sus ranchos4, o en medio de tempes-
tades que los derrumban. Allí construyen sus viviendas con tablas
y hojas de zinc, toman la energía eléctrica de contrabando y, a falta
de acueducto, hacen colectores de aguas lluvia o la toman de los
tanques más cercanos. Una de estas prácticas creativas, forjadoras
de esas ciudades posibles, es la relación que construyen con los mal
llamados “desastres naturales” en donde el agua en forma de desliza-
mientos, tempestades, quebradas y ríos deja ver su poder y agencia.
Los desastres nunca son solo “naturales” sino, como veremos desde
la ecología política urbana, son fenómenos socio-naturales o híbri-
4 Rancho es la palabra coloquial que usan en Medellín para referirse a las viviendas
improvisadas, construidas con elementos básicos de baja calidad donde se asientan las
personas de bajos recursos en la ciudad, como palos, plásticos, cartones y zinc.
236
La urbanización de las aguas en Colombia
dos producidos por la interrelación de procesos químicos, biológi-
cos, económicos y políticos (Romero y Romero, 2015).
En ese sentido, los asentamientos urbanos también son espacios
socio-naturales producidos por comunidades capaces de vivir en
medio del riesgo, de autoorganizarse para garantizar las necesidades
básicas en sus hogares, de cuestionar las formas de prevención de
desastres establecidas, y de proponer un nuevo sentido a la inesta-
bilidad, por fuera de un orden de ciudad en el que no caben y al
que muchos ya no quieren entrar. Todo ello, a partir de prácticas
aprendidas en momentos en los que “ya no tienen nada que perder”,
momentos en los que se ven forzados a tomar decisiones súbitas,
muchas veces no localizables ni identicables tales como autoor-
ganizarse para proveerse de agua, y cubrir sus necesidades básicas
garantizando la reproducción de la vida.
En el diálogo entre la ecología política urbana (Castillo, 2019) y los
estudios de ciencia, tecnología y sociedad (Tironi, 2015), entendere-
mos los desastres en las ciudades como procesos heterogéneos, pro-
ducto del fenómeno de la urbanización, en donde los aspectos sociales
y ambientales están interrelacionados tanto en las formas de domina-
ción estructurales, como en su entramado de relaciones volátiles que
incluyen el sistema nanciero, las infraestructuras, las corrientes de
agua, la fuerza de la gravedad, las laderas, los no-humanos, la agencia
del ser humano, etc. La planeación urbana gubernamental intenta
controlar el agua desde la lógica de la modernidad, ya sea a través de
la infraestructura hidráulica que garantiza el servicio de agua potable
o a través de un sistema con base en infraestructura y normas de ries-
go. Sin embargo, este intento permanente de control se les sale de las
manos, como lo demuestra este capítulo. Esta situación exige repensar
la gestión urbana no solo de los desastres, sino también la del agua ya
que están íntimamente conectadas, y con ello entender, por un lado,
que la ciudad es una construcción socio-natural, y por el otro, tener
en cuenta las formas de participación y la capacidad de agencia del
agua y de los habitantes de las laderas para uir y hacerse invisibles en
momentos de calamidad.
El capítulo está dividido en cuatro partes. Primero, se empieza expli-
cando los referentes teóricos y la metodología empleada. En segundo
237
“Fluir como el agua y hacerse invisibles”: la gestión de los desastres
y del agua en los bordes urbanos de Medellín
lugar, se presenta el contexto urbano actual en el que se propician los
desastres haciendo una crítica a los presupuestos de orden con que se
planea la atención de desastres y la expansión urbana. En tercer lugar,
se describen los resultados proponiendo ver en los asentamientos for-
mas alternativas de enfrentar los desastres que cuestionan las formas
ociales, con prácticas intermitentes, difusas, móviles, transitorias,
imprevistas, con las que se deslocalizan o se ponen fuera de los presu-
puestos del orden moderno. Ello, a partir de la problematización a la
atención gubernamental a los nuevos asentamientos urbanos, lo que
conlleva enumerar los desencuentros entre la debilidad del gobierno
y la fortaleza de expulsados. Y cuarto, en las conclusiones, se indaga
por la emergencia de nuevas formas de denir y de hacer frente a
los desastres y la gestión del agua a partir de las transformaciones no
planeadas y creativas de las comunidades en los bordes, es decir, en
la pérdida de certezas convertidas en oportunidad.
Referentes teóricos
Esta investigación parte de una perspectiva crítica y situada, en su
interés por deconstruir versiones de la ciudad establecida, para ver
la complejidad de los retos que nos impone un sistema que a partir
de los años ochenta reclama nuevas categorías para ser entendido.
Es decir, exige nuevas formas de pensar el espacio urbano y de cons-
truir ciudad, teniendo en cuenta la gestión de los desastres, parti-
cularmente con relación al agua. En ese sentido, se apoya en dos
tradiciones críticas: la Ecología Política Urbana (EPU) y los estudios
de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).
De la EPU se toma la idea de que la ciudad es producto de procesos
de urbanización que son a la vez sociales y ambientales, a través de
los cuales se va transformando el espacio (Heynen, Kaika y Swyn-
gedouw, 2006). Estos procesos de perpetua transformación, hacen
parte del metabolismo urbano, y están mediados por relaciones de
poder (Delgado, 2014). El agua tiene un papel fundamental en la
construcción del fenómeno urbano (Swyngedouw, 2004) a partir
de la construcción de redes de drenaje o abastecimiento de agua,
de diversas infraestructuras como represas o de la gestión del ser-
238
La urbanización de las aguas en Colombia
vicio público domiciliario (Castillo, 2019). Entre los problemas
socioambientales que se presentan en las ciudades, se encuentra el
riesgo y el posible desastre como “manifestación de determinadas
condiciones de vulnerabilidad socioambiental” (Castillo, 2019, p.
8), que se incrementan producto de las amenazas biofísicas y de la
volatilidad del sistema nanciero (Harvey, 2007) que intenta con-
trolar los ujos del agua.
De los estudios de CTS se parte haciendo una crítica al enfoque
tecnocrático de la gestión de desastres o de riesgo en dos direccio-
nes. Por un lado, se considera que el conocimiento cientíco y/o de
expertos en “gestión de desastres” se produce en un contexto social
situado y atañe consecuencias sociales y ambientales (Tironi, 2015).
Este conocimiento pretende establecer orden y control, sin embar-
go, en su ejecución entra en disputas y controversias con los saberes,
prácticas y las materialidades de los humanos y no-humanos del
territorio (Latour, 2004). Y, por el otro lado, se reconoce el papel
que tienen los conocimientos, las prácticas y la participación de las
comunidades en los bordes urbanos, es decir de los llamados “no-
expertos”, en la construcción de formas alternativas de enfrentar
estos desastres (Tironi, 2010).
En este horizonte de pensamiento entendemos que las prácticas so-
ciales son discursivas, históricas y situadas. Se asume, por lo tanto,
que lo que hacen los expulsados durante sus desplazamientos, asen-
tamientos, desalojos y reasentamientos, son prácticas que se posicio-
nan o no en un momento histórico, susceptibles de ser interpretadas
por ellos, y de ser reinterpretadas en diversas direcciones, con sus
conictos y contradicciones (Hincapié, 2019). Desde esta posición,
investigar las prácticas sociales asociadas a condiciones singulares
de inestabilidad espacio/temporal en el contexto urbano, capta el
conocimiento que los actores construyen en la reexión y al mismo
tiempo reconoce las prácticas de otros actores anclados en discursos
cientícos, políticos y económicos.
En ese sentido, existen estrategias de planeación desde el orden y
el equilibrio, así como tácticas de gestión comunitaria del agua y
los desastres que emergen en situaciones de inestabilidad. Las tácti-
cas, son denidas por De Certeau (2007) como acciones o prácticas
239
“Fluir como el agua y hacerse invisibles”: la gestión de los desastres
y del agua en los bordes urbanos de Medellín
difusas, azarosas, inasibles, artes de hacer minúsculas, dispersas y
cotidianas, que juegan con los mecanismos de las estructuras. Los
habitantes de los bordes urbanos se conectan por las condiciones ex-
tremas de necesidad. Conexión que les da poder de gestión y trans-
formación, poder moverse con lógicas y tácticas diferentes a las del
orden y control formal.
Metodología
El trabajo de campo para identicar estas prácticas se llevó a cabo en
dos momentos distintos en el borde occidental de Medellín en los
asentamientos ubicados en los límites de los barrios Fuente Clara,
Santa Margarita, Olaya Herrera y Vallejuelos, que limitan con las
áreas de expansión de Altos de Calasanz y Pajarito y tienen como
elementos estructurantes la quebrada La Iguaná y la vía al mar. Tie-
ne un primer momento, entre los años 1997 y 2005, en los que se
realizaron procesos de investigación-acción-participación y de siste-
matización. Y un segundo momento, entre los años 2012-2016 en
el que se realizaron entrevistas individuales, conversatorios en grupo
y jornadas intensivas de reexión.
La información recogida fue triangulada con once líderes comuni-
tarios que se convirtieron en investigadores populares5, y a partir de
varias técnicas y mediaciones se discutieron los mismos temas de
manera individual y colectiva (Hincapié, 2017). Posteriormente, se
pasó a cotejar estos hallazgos con fuentes secundarias de investiga-
ciones realizadas por otros investigadores sobre el tema y el territo-
rio, así como con los hallazgos obtenidos por el proyecto “Histori-
zando los urbanismos del agua en Colombia” en los barrios de las
laderas nororientales de Medellín, tales como Llanaditas, El Faro,
Golondrinas. (Furlong y Roca-Servat, 2015).
5 Se reconoce el aporte invaluable de líderes comunitarios que se citan en este tex-
to: Héber Benítez, Mery Muñoz, Oliva Agudelo, Herminia Asprilla, José Sánchez,
Olduara Polanco, Ana Liria Osorio, Diana Moreno, Ómar Bedoya. Así como de la
religiosa de la comunidad de las hermanas carmelita misioneras Amparo Montoya y
del misionero de la comunidad de los hermanos franciscanos Diego Ospina.
240
La urbanización de las aguas en Colombia
Contexto urbano que favorece desastres:
paisajes hídricos desbordados
En el siglo XXI asistimos al crecimiento acelerado de ciudades a
las que llega gente de todas partes, debido a las expulsiones que el
sistema económico global acomete contra poblaciones enteras en
sus territorios. Es un sistema que funciona con capitales tan grandes
que la plusvalía se regenera a sí misma y con ello puede desechar a
seres humanos, ya sean productores o consumidores (Sassen, 2015)
así como provocar la extinción de múltiples especies. Tal es el caso
de las burbujas inmobiliarias, grandes proyectos hidráulicos y mine-
ros, plantaciones de monocultivos, pesca y ganadería a gran escala,
cultivos ilícitos, etc. Un sistema caracterizado por la segmentación
del conocimiento, la hiper especialización, la estandarización y au-
tomatización de los procesos, la privatización, la desregulación, la
nanciarización, la apertura de nuevos mercados, el debilitamiento
del Estado-Nación y la transnacionalización.
Figura 19. Panorámicas de asentamientos urbanos en laderas de
Medellín en 2008 y en 2019.
Fuente: a) Panorámica de las laderas en el sector Vallejuelos en la zona occidental de Medel-
lín. Foto tomada por Senia Salazar Maldonado en el año 2008. Galería de Imágenes Escuela
del Habitat - CEHAP - Facultad de Arquitectura - Universidad Nacional de Colombia -
Sede Medellín., b) Panorámica de las laderas en el sector de La Cruz en la zona nororiental
de Medellín. Foto tomada por Denisse Roca-Servat en el año 2019.
241
“Fluir como el agua y hacerse invisibles”: la gestión de los desastres
y del agua en los bordes urbanos de Medellín
Se generan así otras espacialidades localizadas en ciudades, merca-
dos globales y zonas de libre intercambio, que reevalúan territorios
estratégicos para el mismo sistema, con efectos de devastación so-
cio-ecológica (Harvey, 2007). Las trampas de estas formas brutales
de acumulación y expulsión, propias de estos tiempos, son muy di-
fíciles de localizar por su complejidad y sobrepasan las categorías de
exclusión y marginalidad con las que estos problemas fueron anali-
zados en el siglo pasado.
Hoy, en el sistema económico neoliberal, de alcance planetario, lo
que le queda a un expulsado es la incertidumbre, pues no hay es-
pacio/tiempo para él en el sistema. Ellos se ubican y constituyen un
borde de sombra en el sistema, allí sobreviven muchos mientras el
sistema ve con indiferencia cómo crece una nueva forma de asenta-
miento urbano que emerge de una manera extraña y no planeada.
Sobre esa mancha, las autoridades diseñan la malla urbana, pero ahí,
debajo y en la supercie, como en la cinta de Moebius, la mancha
crece cuando creen partirla. Es una mancha hecha de una diversidad
de gente en movimiento en constante interrelación con el contexto
geográco, histórico, climático y físico. Estos movimientos nos re-
cuerdan que la ciudad es contingencia a pesar de la ciudad estable-
cida por la racionalidad moderna, esa racionalidad que hizo la urbe
para imponer su idea de orden.
Los expulsados crean nuevas espacialidades en el borde del sistema,
es la vida en los asentamientos urbanos, enfrentada al riesgo de los
inviernos, los deslizamientos, las inundaciones, su manera de vi-
vir con los ríos y quebradas, de procurarse el acceso a agua y a los
servicios básicos, etc. Una vida caracterizada por la aglomeración
caótica y cohesionada, altamente densicada, laberintos de casas,
unas sobre otras, conectadas por caminos y escaleras externas e in-
ternas, con enmarañados cables de energía y creativos sistemas de
acueducto que conectan una cantidad de mangueras. La presencia
constante del riesgo que los pone al acecho de los desastres, los acto-
res armados, las autoridades que los desalojan; la demanda incesante
de suplir sus necesidades, les enseña a buscar de manera creativa el
agua, el abrigo, los alimentos y medicamentos.
242
La urbanización de las aguas en Colombia
Los asentamientos urbanos los construyen en terrenos de alto ries-
go, junto a ríos y quebradas que en invierno se desbordan, en pen-
dientes de montañas cuyos terrenos se deslizan, sobre el pantano
de quebradas subterráneas que hacen de sus ranchos casas móviles,
lugares a los que no llegan los servicios básicos de agua, energía ni
alcantarillado. Si bien estas condiciones de los asentamientos urba-
nos son conocidas desde el siglo pasado, es nueva la velocidad del
fenómeno tanto social como climático, la diversidad de la gente que
llega (por sus lugares de origen, culturas, etnias, clases sociales, etc.)
y la imposibilidad de identicar a los perpetuadores de la expulsión,
solo se pueden ver a los autores materiales de las amenazas, de los
enfrentamientos armados, de las masacres o deudas.
El agua es un elemento transversal para entender la producción de
ciudades globales como Medellín, no solo porque el espacio urbano
es producto de la canalización, desviación y capacidad de reserva de
la cuenca del río Aburrá-Medellín y de su gran número de quebra-
das, sino también porque es crucial para manufacturar los bienes y
servicios de consumo que mantienen el sistema económico-político
funcionando. El río es el eje estructurante de la ciudad, en donde se
ubican la infraestructura vial, así como la industrial y nanciera. Sin
embargo, el agua está asociada a la vez a riesgos por inundaciones,
sequías y con el desafío que representa su falta de disponibilidad o
abundancia (Castillo, 2013). En los bordes urbanos se forma algo
así como otra ciudad dentro de la ciudad, con dinámicas subterrá-
neas, conexiones efímeras en momentos de crisis, formas inestables
y de adaptación a las corrientes de agua. En este sentido, los expul-
sados son nuevos actores sociales que emergen en este nuevo sistema
económico global, que resisten desde una condición muy elemental
pero también muy compleja (Sassen, 2015). Van uyendo como el
agua, garantizando el acceso a ella y deslocalizándose del sistema
nanciero que los acecha.
Entender qué está pasando en los espacios de los expulsados, en
los espacios de la ciudad compleja, incompleta y anárquica, es en-
tender las prácticas “camaleónicas” con las que le están inyectando
otra lógica a la ciudad moderna, simple y ordenada, formas de estar
emergente en las que están pasando distintas cosas a la vez, prácticas
inéditas que pueden estar haciendo historia, que no vemos porque
243
“Fluir como el agua y hacerse invisibles”: la gestión de los desastres
y del agua en los bordes urbanos de Medellín
no tenemos categorías para entenderlas y seguimos usando catego-
rías que se construyeron para entender el contexto de la exclusión,
la división anacrónica entre la sociedad y la naturaleza, así como de
la desigualdad del siglo pasado (Sassen, 2015; Swyngedouw, 2004).
Las historias de los expulsados pueden ser el inicio de la nueva his-
toria de organización compleja del espacio urbano, contra una his-
toria de planeación moderna dominante en la que es inadmisible
mantener grupos concentrados y a la vez dispersos, en un espacio
urbano demasiado denso, grupos que se mueven y se transforman,
aguas que son incontrolables y a la vez transitorias. En estos ciclos
de destrucción y regeneración, los expulsados han aprendido a ser
cada vez más móviles e invisibles, ingeniando tácticas de camuaje
que les permiten encontrar conexiones y resonancias para transitar.
El riesgo y el poder según los expulsados
en los nuevos asentamientos urbanos
Para quienes vivimos en la ciudad del orden establecido, los nuevos
asentamientos urbanos han pasado a ser parte del paisaje, lugares
que de lejos vemos desordenados y llenos de carencias básicas, en
los que sospechamos que se ocultan la violencia y la delincuencia.
Perdemos la capacidad para ver que en esa ciudad de los expulsa-
dos se vive al acecho, porque están en terrenos y casas con riesgo
permanente de desastre; porque los actores armados los acusan de
ser informantes del enemigo, reclutan a los jóvenes y los obligan a
pagar la “seguridad” que les ofrecen, comúnmente llamadas “vacu-
nas”; porque las equivocadas políticas de seguridad y prevención de
desastres se limitan a criminalizarlos y desalojarlos.
En los asentamientos se oculta el rostro de expulsados que se organi-
zan para enfrentar los supuestos “desastres naturales”: vigilan en las
noches, construyen sistemas comunitarios de tuberías de acueducto,
arreglan sus ranchos después de las lluvias o los incendios, transitan
de un asentamiento a otro. Ellos nos enseñan lo que no queremos
ver: una ciudad construida con el ingenio de prácticas de sobrevi-
vencia inéditas, de vida al borde del sistema, de formas inestables de
ocupar espacios signados por el peligro, a fuerza de tener que ha-
244
La urbanización de las aguas en Colombia
cerse invisibles, a fuerza de ser arrojados a vivir en condiciones que
les obliga a ampliar sus márgenes de libertad, y con ello, nos dan la
oportunidad de ver que están poniendo en duda el orden estable-
cido. Como lo recuerda Diana Moreno, de la Junta de Acción Co-
munal de Mirador de Calasanz, desplazada del Urabá Antioqueño:
Todos estábamos juntos, como más revueltos, yo tenía una necesidad
y entonces iba donde tal, esta conocía los problemas míos y yo los
de ella […], sin conocernos nos teníamos que cuidar, y así aparecía
gente de todo lado cuando había un desastre […] hasta nos hacía falta
cuando pasaban días sin que pasara nada porque ahí es cuando pasan
muchas cosas. (Diana Moreno, comunicación personal, 2016)
Una ciudad de expulsados que sobreviven el día a día, se organizan
para hacer sus ranchos, senderos, conectarse a acueductos y a luz
eléctrica; hacen conexiones entre ellos, con barrios vecinos y con
instituciones; se juegan la vida en la incertidumbre, en las relacio-
nes con la inclemente y bondadosa naturaleza, en la dispersión y el
caos, “en la diversidad que hace cuerpo” (Diego Ospina, conversación
personal, 2016). En donde “el orden no es control, no es imponer de
manera violenta, el orden es armonía, creación, vida” (Amparo Mon-
toya, conversación personal, 2016).
Figura 20. Asentamientos urbanos y viviendas en las laderas de Me-
dellín en 1999.
Fuente: a) Organización comunitaria frente a los desastres, b) Un rancho típico en el año
1999 en las laderas occidentales de la ciudad. Foto tomada por Esmeralda Hincapié.
245
“Fluir como el agua y hacerse invisibles”: la gestión de los desastres
y del agua en los bordes urbanos de Medellín
Mientras sortean la fuerza destructora de ríos, lluvias y quebradas,
que ponen la vida al límite, emerge una fuerza de gestión del riesgo,
pues solo les queda aprender a vivir en lugares de desastre. Allí cons-
truyen sus ranchos, sin tiempo todavía para llorar sus destierros, por-
que la velocidad de los sucesos solo les dio tiempo de escapar, buscar
dónde llegar, conseguir madera, zinc y plástico para “hacer habitable
lo inhabitable para jugarse la vida (Ana Liria Osorio, comunicación
personal, 2016), así también lo recuerda José Sánchez, “yo me escapé
de la vereda […] estaban matando a todo el mundo […] llegamos y nos
hicimos toderos en la ciudad” (comunicación personal, 2016).
Tienen una fortaleza no sucientemente comprendida por las au-
toridades, ni por la sociedad que vive en la ciudad del orden establecido,
fuerza que emerge cuando la vida misma es la que se pone al límite.
Al respecto recuerda Oliva Agudelo, madre de 4 hijos, tres niños y
una niña, expulsada de su nca en Ituango en los años 80, territorios
en los que luego se harían las adecuaciones de lo que sería el proyecto
Hidroituango, construyó un rancho en el asentamiento de Moravia
ubicado al lado del río Medellín, luego fue trasladada por la admi-
nistración municipal al barrio Vallejuelos, un barrio improvisado en
terrenos fangosos e inestables dada la premura en desalojar a la gente
de Moravia para realizar las obras del Metro de Medellín:
Armé un rancho en la orilla del rio Medellín, y cuando el río se crecía
se me llevaba la casa, y yo tenía que volverla a armar porque no tenía
más para donde irme [...] Una vez mis tres hijos ya estaban acostados
en la cama y el río se los iba a llevar. ¿Sabe dónde paró la cama? En el
palo que yo había clavado al borde del río para cuando se creciera. El
río se llevaba todo, me pasó como siete veces […] Cuando yo llegaba
encontraba la casa llena de lodo y volvía a empezar de nuevo (Oliva
Agudelo, comunicación personal, 2016).
La fuerza de la gente para superar las crisis está en su capacidad para
volver a intentar de nuevo, porque no tienen otra alternativa. Es
una vida de alerta frente a desastres que parecen repetirse, pero no
es así, porque con sobrevivir a cada uno van aprendiendo a mejorar
las condiciones del terreno, aprenden a hacer desagües, poner tube-
rías y bocatomas de los tanques del acueducto, usar madera menos
pesada, etc. (Velásquez, 2011). Seguir sus tácticas de sobrevivencia
246
La urbanización de las aguas en Colombia
es importante porque nos da una guía para entender su fortaleza, su
manera de interrelacionarse con el entramado de actores humanos
y no-humanos con los que construyen ciudad. De esta manera lo
indica Herminia Asprilla, aguerrida mujer de la comunidad afro,
expulsada del Urabá Antioqueño, que llegó a asentarse en las lade-
ras del occidente de Medellín, en terrenos fangosos por corrientes
subterráneas que bajan de la alta montaña:
Cada vez que llovía había que forrarse los pies con bolsas para uno
subir a la carretera, coger palos pa’ uno irse sosteniendo […] avanza-
ba un paso y daba dos pa´tras (risas), a veces esos pedazos de bolsa se
rompían y tocaba bajar a lavarse y volver otra vez. Luego subía uno
allá y le tocaba dejar los chécheres que llevaba escondidos por ahí en
una manga y cambiarse los zapatos e irse a trabajar […] luego fuimos
haciendo caminos, escalas y así. (Herminia Asprilla, comunicación
personal, 2015)
Llegan a la ciudad sin nada más que perder, construyen asentamien-
tos en los que están acechados por vecinos de barrios aledaños, go-
bierno y actores armados, “cada que se cruzaban las balas pasaba de
todo y no nos podíamos dejar morir” (Olduara Polanco, comunica-
ción personal, 2016), así como por la falta de acceso a agua potable,
por un sistema que les cobra deudas “gota a gota”, así como por las
corrientes de agua y los suelos movedizos, todo ello acelera su capa-
cidad para reinventarse.
247
“Fluir como el agua y hacerse invisibles”: la gestión de los desastres
y del agua en los bordes urbanos de Medellín
Figura 21. Situaciones de emergencia y desastre en las laderas occi-
dentales Medellín (2001-2003)
Fuente: a) Carpas en Vallejuelos para albergar a gente afectada por deslizamientos o incen-
dios (2001). Foto tomada por Esmeralda Hincapié, b) Comunidad desbaratando el asen-
tamiento para dejar el terreno saneado y sembrado para poderse trasladar a Mirador de
Calasanz (2003). Foto tomada por Esmeralda Hincapié.
Aunque son expulsados, borrados del sistema, se ubican en la som-
bra y desde allí lo impugnan, delineando posibilidades no previstas.
Así lo explica Mery Muñoz, mujer cabeza de hogar expulsada de
su barrio con cuatro hijos, dos niñas y dos niños, que llegó a pedir
espacio en el asentamiento de Vallejuelos que empezaba a formarse
entre 1997 y 1998, allí sus líderes le asignaron un lote de 6x5 mts2,
le entregaron palos y plástico, y plantó su nuevo hogar con la ayuda
de quienes estaban en la misma situación.
Cuando se trata de asentamientos amenazados por desalojos, ries-
gos geológicos, violencia armada [...] creo que ahí sí se genera un
sentimiento de zozobra en las personas, pero a su vez creo que esto
genera también una destreza para vivir en esa zozobra, se va haciendo
callo y se saben torear las amenazas, casi que se hace como con-
natural, porque no hay otra opción, entonces toca es instalarse allí,
sobrevivir allí, enfrentar allí. Obvio que si resulta una opción afuera
pues la toman. (Mery Muñoz, comunicación personal, 2015)
248
La urbanización de las aguas en Colombia
Esta forma de estar en movimiento diluye la frontera adentro/afue-
ra, esa que forjó Occidente, la de las esferas pública y privada, la de
la identidad monolítica y la adaptación a la naturaleza. A una vida
del orden y del equilibrio, controlada por el “deber ser” instituido,
basada en la planeación estratégica y el control de la naturaleza, hay
una vida paralela formada por tácticas que emergen en situaciones
de inestabilidad, antecedidas por el acecho de expulsados que no
tienen un lugar seguro y que aprenden a convivir con las corrientes
de agua y los deslizamientos.
Tal es el caso del Movimiento de Laderas de Medellín, un acumu-
lado de procesos y organizaciones barriales, que le apuestan a la
gestión comunitaria del riesgo “como la posibilidad de entablar una
relación diferente con las dinámicas propias de la vitalidad ecológi-
ca, para dejar de ver a la naturaleza como una amenaza y a los desas-
tres como algo natural e inevitable” (Escuela Territorial de Barrios
de Laderas [ETBL], 2018, p. 19). A través de estas tácticas de De
Certeau (2007), los expulsados se apropian del espacio organizado
y modican su funcionamiento, llevando a cabo macro y micro re-
sistencias. Estas últimas fundan micro libertades, que movilizan re-
cursos ocultos en la gente logrando cada día ser con el territorio que
habitan. Es interesante pensar en qué radica la fuerza de estas tácti-
cas que la estructura, tanto desde la modernidad y el conocimiento
cientíco, no puede controlar porque no están en su racionalidad.
Las tácticas de los expulsados ligan acciones de vida y convivencia
para suplir necesidades básicas y enfrentar el riesgo, y de reivin-
dicación para ganar el acceso a la ciudad formal. Son tácticas de
sobrevivencia inéditas, incluso para ellos mismos. Dicen que para
vivir en medio de la muerte hay que hacerse “invisibles”, “mudos” y
“camaleónicos”, moverse de lugar en lugar y hacerlo al ritmo de los
peligros que los acechan, ya no es el ritmo de la vida cotidiana en
el sentido de rutinas diarias y planeadas, pues la rutina ya no existe
entre ellos.
249
“Fluir como el agua y hacerse invisibles”: la gestión de los desastres
y del agua en los bordes urbanos de Medellín
Figura 22. Viviendas laderas bordes urbanos ladera nororiental Me-
dellín (2019)
Fuente: a) Rancho típico en el año 2021 en las laderas nororientales de la ciudad. Foto to-
mada por Érika Meneses. b) Infraestructura artesanal para la gestión del agua en territorios
de alto riesgo (2019). Foto tomada por Denisse Roca-Servat.
Esta vida los lleva a tomar conciencia de que el tiempo existe como
posibilidad, presente y futuro incierto. Se corrobora que toda deter-
minación siempre es parcial y que la brutalidad de las expulsiones
no solo destruye, sino que incide en la reorganización de vidas y
relaciones. Así lo explica Ana Liria, mujer que tenía una vida esta-
blecida en la cabecera de un pueblo de Antioquia, pero que quedó
en medio del conicto armado y en un instante cambió su vida ra-
dicalmente, mataron a su hermano y les dieron 24 horas para aban-
donarlo todo si querían salvar sus vidas:
Caminar sin caerme en esos caminos de pantano, vivir en una casita
de madera carente de las comodidades que yo tenía, convivir con
personas de toda clase de formas de vivir, de costumbres […] tocaba
tener humildad y optimismo, vivíamos diferente a los de la ciudad
250
La urbanización de las aguas en Colombia
normal porque carecíamos de todo, pero, aunque fue una experien-
cia dura fue bonita, marcó mi vida, me cambió. (Ana Liria Osorio,
comunicación personal, 2017)
La amenaza o el riesgo los pone al acecho, los hace conscientes de
la vulnerabilidad humana pero también de la dependencia del otro
que constituye el nosotros, incluyendo las relaciones con los no-
humanos y elementos biofísicos, como la casa, el agua, el viento, la
lluvia. Pero esto sucede en momentos de emergencia, sucede en el
sentido estricto del término, no se planea, no son conocidos, es más,
son extraños, por clase social, región y etnia, se diría que todo los
divide y de hecho así viven, pero en momentos de emergencia la co-
nexión es instantánea, es como si se hubieran observado en silencio
y supieran cómo conectarse.
La atención gubernamental frente
a los desastres
El discurso ocial justica los desalojos armando que lo hacen
para salvar vidas que están en peligro de ser arrastradas por ríos y
quebradas, en peligro de terminar tapadas por deslizamientos de
tierra, asxiadas y quemadas por incendios producidos por cables
de contrabando, pipetas de gas y velas, en n, en riesgo de que tarde
o temprano sean víctimas de un desastre. Sería congruente que estas
fueran las razones, pero en la práctica, muchos de los desalojos no
los hacen por prevenir los riesgos, los hacen cuando hay solicitud
de los dueños a los que les han ocupado sus terrenos o cuando hay
obras de espacio público que pasan por ahí. Es decir, el discurso de
la prevención oculta el uso ilegal de las vías de hecho después de
calicarlos como “invasores” o “ilegales”. Las acciones de destruc-
ción de viviendas se impusieron a la falta de reconocimiento de las
adecuaciones hechas a terrenos peligrosos, del arte arquitectónico de
ranchos adecuados a terrenos fangosos y de alta pendiente.
Las expectativas de los expulsores son opuestas a las expectativas
de los expulsados, ello engendra una paradoja para los gobernantes
de las ciudades: participar en el mercado global como antrión de
251
“Fluir como el agua y hacerse invisibles”: la gestión de los desastres
y del agua en los bordes urbanos de Medellín
los expulsores (mercados nancieros) y cumplir la función de pro-
tección de los expulsados. Esta paradoja explica una de las razones
por las cuales los discursos, propósitos, programas y proyectos de la
planeación urbana, basada en los modelos de desarrollo de la mo-
dernización, no llegan a materializarse, porque privilegian el mundo
del mercado y con ello sacrican el mundo socioambiental, cultural,
y comunitario de la ciudad, no dan espacio a la población expulsada,
deterioran ecosistemas, encarecen el suelo y hacen inviable la inte-
gralidad de los programas de vivienda.
En los municipios, el marco legal y normativo contempla el dere-
cho a la vivienda, a los servicios públicos domiciliarios, la gestión
del riesgo y reasentamientos, la prevención, atención y mitigación
de desastres, el ordenamiento territorial, y los planes sectoriales y
especiales. Para hacerlo efectivo, el Ministerio de Vivienda (2014)
establece las deniciones básicas de asentamientos humanos, asen-
tamientos de origen informal y asentamientos en alto riesgo, los li-
neamientos para la evaluación de la amenaza (peligro latente de que
un evento físico genere pérdida de vidas o lesiones), la vulnerabili-
dad (fragilidades física, económica, social, ambiental o institucional
de la comunidad), los elementos expuestos (localización de todo
lo que puede ser afectado por la amenaza), el riesgo de desastres
(daños o pérdidas potenciales determinados por la amenaza y la
vulnerabilidad), la mitigabilidad (posibilidad de intervenir un terri-
torio para reducir el riesgo), y la zona de alto riesgo (espacialización
y asentamientos implicados). Sobre esto, diseña los planes especiales
de atención, que deben estar incluidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) (Banco Mundial et al, 2014).
Estas deniciones y lineamientos, de acuerdo con el orden institu-
cional que normaliza las formas establecidas de intervención, exige
a los expulsados un comportamiento adaptado a los valores y presu-
puestos de la planeación moderna de la ciudad ello incluye entender
el riesgo “como manifestación de uno o varios eventos naturales o
antrópicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias
de vulnerabilidad generan alteración grave” (DAFP, Ley 1523 de
2012, s.p.). En la intervención, se diagnostica lo evidente: “están en
zona de alto riesgo”, pero su alternativa no es habilitar los terrenos,
252
La urbanización de las aguas en Colombia
como se hace en las zonas de riesgo de los estratos altos, sino el des-
alojo. Donde hay asentamientos urbanos con gente que se resiste al
desalojo, el gobierno se ve forzado a ofrecer reubicación.
Estas reubicaciones se planean según los criterios de la economía,
los mercados, la propiedad de los terrenos, el costo de llevar a esos
lugares los servicios públicos, y el estilo de vivienda en altura para
mayor hacinamiento, en detrimento de los criterios de vivienda
para cultivar hogares, preservar cultura, unir familias, hacer rela-
ciones sociales. Además, generalmente son reubicaciones incomple-
tas con traslados prematuros a lugares donde solo está el inicio de
las viviendas y no hay espacios comunitarios, educativos, de salud,
recreación ni deporte. Este abandono y aislamiento los convierte
nuevamente en zonas de riesgo, además de un espacio propicio para
que los actores armados lleguen a controlar.
Desde esta postura, el gobierno es incapaz de ver la inoperancia de
su intervención, por el contrario, la deende contra toda evidencia,
degradando la imagen de quienes viven en los asentamientos, seña-
lándolos como ilegales y carga económica que frena el desarrollo,
cuyo desorden e irresponsabilidad ponen en riesgo el orden de la
ciudad. Al respecto, es importante reconsiderar la informalidad en
la complejidad de la ciudad actual, para desnaturalizar la asociación
de esta categoría a la de ilegalidad, siendo más bien una política de
localización (Brah, 2011) del discurso ocial que asigna la responsa-
bilidad del riesgo a los expulsados.
Desencuentros entre debilidad del gobierno
y fortaleza de los expulsados
Precisamente por sus nuevas formas de sobrevivencia, los expulsa-
dos no responden a las exigencias que les impone el orden estableci-
do, las instituciones modernas en las que descansa la administración
pública, la ciudad planeada, la ocial prevención de desastres con
sus presupuestos tradicionales de participación, organización y teji-
do social. Ellos no se mueven ya en esos presupuestos de lo estable,
habitan la realidad de lo imprevisto, móvil, fragmentario y diverso.
253
“Fluir como el agua y hacerse invisibles”: la gestión de los desastres
y del agua en los bordes urbanos de Medellín
En consecuencia, los expulsados del sistema, ocultos en su borde os-
curo, están en total desencuentro con las instituciones sociales que
tienen la función de proteger su vida, pues son opuestos sus modos
de comprender las formas de habitar la ciudad: para los expulsados
es inestabilidad, incertidumbre, improvisación y posibilidad, para la
administración pública es estabilidad, certeza, planeación y orden.
Contra el discurso ocial que los estigmatiza, los expulsados mues-
tran el incumplimiento de la misión institucional del Estado como
protectora de la vida, y su tergiversación puesta al servicio de planes
urbanos e inmobiliarios. En la revisión de los informes técnicos del
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre
(DAGRD) de Medellín (2015) y de la Unidad Nacional para la Ges-
tión del Riesgo de Desastres (UNGRD) (2013), se verica contra-
dicción en el cumplimiento del marco legal que da la Constitución
de 1991 a la participación, el derecho a la vivienda y la protección
de la vida en los asentamientos. Si bien se menciona la importancia
de estos derechos y mecanismos de participación, la tendencia en
el trabajo de campo sugiere, por un lado, que se lleva a cabo una
forma de participación supercial anclada en ver las comunidades
como agentes irracionales, a los que “hay que educar”, lo que Callón
(1999) ha denominado el modelo de la alfabetización. Y, por el otro
lado, se evidencia el mecanismo de los desalojos, en vez de atención
y mitigación, pero solo en los predios donde hay asentamientos de
pobres. En los predios de estratos altos, donde también hay terrenos
de alto riesgo, predominan las acciones de mitigación, ello tiene que
ver con fenómenos de segregación territorial producto de la estrati-
cación socioeconómica (García, 2019).
En ese desencuentro con las instituciones, los expulsados aprenden
a vivir cada día, a sobrevivir a los desastres, a los desalojos y a los
actores armados. En sus relatos va emergiendo el reconocimiento de
las tácticas con las que adquirieron el arte de sobrevivir en la incer-
tidumbre y de establecer relaciones efímeras entre extraños. Estas
formas de vida van construyendo otras subjetividades y otras posi-
ciones en relación con el territorio que se oponen a los presupuestos
de estabilidad en las que se funda la identidad del sujeto moderno.
La relación con el territorio es cambiante, lo que implica estar aten-
tos a los fenómenos climáticos y geográcos, a ser exibles en las
254
La urbanización de las aguas en Colombia
formas de revertir los posibles daños o afectaciones de los procesos
urbanos. De esa manera, las cosas nunca vuelven al mismo lugar, es
una espiral de posibilidades, todo cambia, lo que ayer era tragedia
hoy es añoranza de vida comunitaria, lo que hoy celebran como
triunfo comunitario, mañana lo capitalizan los urbanistas privados.
Como lo dice Heber Benítez, hombre artista, gran lector, historia-
dor y politólogo empírico, desplazado de Barrio Nuevo, un barrio
construido en los años 70 para la clase media y obrera de Medellín
pero que en los años 90 se convirtió en zona de disputa entre com-
bos armados de Bello y Medellín:
La sobrevivencia día a día nos muestra que vamos cambiando en
una sociedad que se niega a cambiar, lo mismo que escribió Víctor
Hugo en Los Miserables pasa hoy en día, el pueblo simplemente se
camuaba, trataba de usar tácticas frente a lo que hacía el Estado,
ser de pronto más rápido y más ágil, porque el Estado es lento por
su composición, por su burocracia, ahí hay una de las ventajas que
tenemos nosotros, ser rápidos en tomarnos un terreno, montar los
palos, ponerles plástico y plantar una bandera de soberanía […],
después el Estado ya no respetó eso, pero entonces empezaron otras
tácticas, y así. (Heber Benítez, comunicación personal, 2016)
Plantear alternativas al desencuentro entre quienes viven al borde
del desastre y quienes planean formas de prevenirlo por fuera de
contexto, parece ser un aprendizaje obligado en tiempos en los que
a los seres humanos nos están despojando hasta del agua para vivir.
Tal vez desde ese “no lugar” que están construyendo los expulsados,
podamos ver nuevas alternativas de lucha contra el feroz y complejo
sistema neoliberal expulsor, alternativas que pasan por la necesaria
crítica al urbanismo moderno que se pone al servicio de ese sistema.
Otra manera de interpretar y enfrentar
la vida en el riesgo/los desastres
Los desencuentros muestran la necesidad de construir nuevos refe-
rentes de la gestión de riesgo y del agua capaces de ver la potencia de
los nuevos asentamientos conformados por actores diversos, móviles
255
“Fluir como el agua y hacerse invisibles”: la gestión de los desastres
y del agua en los bordes urbanos de Medellín
y fragmentados, que están atrapados por la incertidumbre del “no
lugar”, no solo por la precariedad de los terrenos y el control de los
actores armados, sino por la amenaza de los desalojos que hace un
gobierno que los identica como asentamientos ilegales, pero que ellos
cada vez más demuestran que son asentamientos no-consentidos (Rin-
cón, 2005). En ese sentido, van desnaturalizando la idea de ilegalidad
y criminalidad con la que los localizan, la cual da lugar a calicativos
como: invasiones, informales, ilegales, de desarrollo incompleto, su-
burbios, barrios de ranchos, barriadas, favelas, villas, etc.
Esta otra manera de entender el riesgo empieza por este cambio de
perspectiva, por entender que son asentamientos no-consentidos en
la medida de que no tienen sentido dentro del orden moderno de
la ciudad no los hace ilegales, sino que, por el contrario, sí tienen
sentido como alternativa de vida para los que están fuera de ese or-
den. “La insistencia de la administración municipal era que tenían que
desalojarnos porque eso era una zona de riesgo […] nos tiraban gases,
trataban de meter máquinas […] nos organizamos, procedimos a de-
nunciar y proponer salidas concertadas” (Ómar Bedoya, comunicación
personal, 2005). La vida en los asentamientos, que discurre al lado del
riesgo, está hecha de tácticas que escapan al control establecido y ello
determina la formación de otros tipos de convivencia, de comunidad
y de construcción del territorio, en la que el énfasis está puesto en su
complejidad y dinamismo, en un tipo de relaciones difusas e inter-
mitentes. Son comunidades que no responden a los presupuestos de
participación y organización que espera el orden gubernamental que
administra ciudad y por ello las ve como una amenaza.
En medio de esta forma de vivir, ellos establecen una relación es-
trecha con el agua, comprendiéndola más allá de un recurso na-
tural o estratégico, como un actor más en el territorio, capaz de
manifestarse en diversas formas y circunstancias. Rompiendo con la
dicotomía moderna que divide la sociedad de la naturaleza, y que
intenta controlarla, las comunidades en los bordes urbanos recono-
cen que existen múltiples aguas, el agua lluvia, el agua del acueducto
comunitario, el agua de la empresa prestadora de servicio (Empresas
Públicas de Medellín), así como diversas manifestaciones de ella, las
cuales requieren ser comprendidas en su integralidad teniendo en
256
La urbanización de las aguas en Colombia
cuenta otras temporalidades y formas de planeación basadas en la
movilidad y las conexiones instantáneas.
Esa extraña manera de moverse en la contingencia les da un extraño
poder para, de un lado, transformar la ciudad establecida (cambian
políticas de desalojo, modican el POT, abren zonas de expansión
urbana), y del otro, mostrar los límites del conocimiento moderno
de lo urbano. Es importante mencionar las formas de conocimiento-
práctica situada que han producido las comunidades en los bordes
de la ciudad, a través de distintos espacios como la Escuela Territo-
rial de Barrios de Laderas (ETBL), (2018), plasmando sus propues-
tas y visiones sobre la gestión comunitaria de riesgo (Rivera-Flórez,
2020). Desde allí, estamos llamados a repensar la ciudad, a ver la
ciudad compleja que forma la superposición de muchas formas de
habitarla, superando los dualismos micro/macro, local/global, pú-
blico/privado, sociedad/naturaleza para entender hacia dónde va la
ciudad del siglo XXI a la que están llegando los expulsados.
Reexiones nales
Nuestra capacidad de construir ciudades que trascienden la vida y
su poder transformador radica en nuestra capacidad de ser inesta-
bles y poder conectarnos en la diversidad (Hincapié, 2017). La fuer-
za de esta idea está en el trabajo con la gente expulsada, comunidades
que en sus luchas son capaces de construir otra ciudad, que muestran
que son posibles otras formas de vivir, por fuera de los presupuestos
de orden y estabilidad de la planeación y del urbanismo moderno.
Nuevos actores de la ciudad, expulsados y aglomerados, al acecho y
camaleónicos, con tácticas para hacerse invisibles y cohesionarse fren-
te al riesgo y la inestabilidad, en circunstancias en las que se juegan
la vida cuando la vida es agonía. Fuerza que los impulsa a trascender
diferencias de clase, región o cultura y que renueva los conceptos.
El crecimiento urbano actual desborda el control orientado por una
planeación urbana que no puede frenar las expulsiones ni las tácticas
de los expulsados, porque ella misma es la cara de una contradic-
ción que incentiva los conictos sobre el acceso a la ciudad: está al
257
“Fluir como el agua y hacerse invisibles”: la gestión de los desastres
y del agua en los bordes urbanos de Medellín
servicio de una modernización que garantiza intereses económicos
a expulsores y ofrece derechos a los expulsados que no puede garan-
tizarles cuando el gobierno está sometido y es antrión del nuevo
sistema económico global. El agua es un actor fundamental en la
construcción de estas ciudades globalizadas. De esa manera, vemos
cómo inclusive proyectos de desarrollo hidroenergéticos, como Hi-
droituango, son a su vez expulsores de seres humanos y no-humanos
(conversación con desplazada de Ituango, 2016), y al mismo tiempo
pregonan garantizar el crecimiento económico y el estilo de vida
urbano. De esa manera, la expansión de los servicios públicos domi-
ciliarios de acueducto, alcantarillado y energía, están directamente
relacionados con la gestión de riesgo en las ciudades.
Tras estas críticas hay una historia de relaciones de tensión entre
los discursos de quienes representan la planeación de la ciudad, y
quienes representan las luchas comunitarias por el derecho a estar
en ella. En los extremos de una cadena de variantes pueden identi-
carse las dos versiones más extremas y por tanto las más responsables
de convertir la tensión en ruptura. De un lado, unos ven la planeación
urbana como un sistema de estrategias que usa el debate público para
asociar los asentamientos a la delincuencia y el narcotráco, y con
ello justicar proyectos económicos, bajo el discurso del “desarrollo”,
que en muchas ocasiones son provocadoras de muertes y despojos
(Castillo y Ramos, 2014). Del otro lado, los asentamientos son vistos
como un negocio ilícito de apropiación, venta y compra de tierras,
un refugio de actores armados, y un caldo de cultivo para el crimen,
todos ellos factores responsables de la inseguridad y caos en la ciudad.
El crecimiento acelerado de los asentamientos y la falta de solucio-
nes termina convirtiéndose en una aceptación “natural” de reali-
dades tan dolorosas por el poder de los discursos que legitiman el
abandono, el desalojo o la marginalización, que localizan los pro-
blemas de la ciudad en las comunidades expulsadas. Al respecto,
los expulsados van construyendo ciudad bajo propuestas de gestión
comunitaria del riesgo y del agua que transcienden la visión dico-
tómica moderna que separa la sociedad de la naturaleza, y a su vez,
reclaman el derecho a la misma y la defensa del territorio. Saben que
existen relaciones de poder adversas que se materializan en paisajes
hídricos de despojo (Swyngedouw, 2004). De esa manera, recono-
258
La urbanización de las aguas en Colombia
cen que, como pobladores son sujetos activos en la construcción
y transformación de la “ciudad no solo como un espacio geográ-
co, sino también como una constante relación entre los vecinos, la
montaña, las aguas y todo lo vital que la conforma” (Escuela Terri-
torial de Barrios de Laderas [ETBL], 2018, p. 17). Por ello, asumen
como “reto cotidiano generar nuevas y mejores relaciones con el te-
rritorio, incluyendo el agua y las dinámicas de la montaña” (ETBL,
2018, p. 17). Ello denota un cambio de mirada sobre la política de
la naturaleza para incluir actores no-humanos en el entramado de
relaciones ecopolíticas (Latour, 2004).
Finalmente, proponer formas alternativas de estar en la ciudad y de
gestionar el riesgo, reconociendo la inestabilidad espacio/temporal,
permite ver que hay un horizonte de propuestas que no son explo-
radas porque cuestionan los fundamentos de la única realidad que
conocemos desde el siglo XVII, la del sueño de orden universal. Al
respecto identicamos, que adicional a las prácticas sociales de los
expulsados, del lado del sector ocial, el modelo de Urbanismo Social
en el caso de Medellín muestra que los efectos brutales de la expulsión
pueden administrarse si fortalecemos el gobierno frente a la domina-
ción del modelo económico. Este fortalecimiento implica, no solo
incluir en la gestión del riesgo y del agua, es decir en la planeación
urbana, la participación de las comunidades, como no-expertos, que
pueden complementar y/o mejorar las decisiones, sino más bien pasar
a un modelo de participación de la co-producción (Callon, 1999),
mediante el cual se trascienda la inclusión de la mera opinión, para
incorporar la participación de las asociaciones de humanos y no-hu-
manos en el diseño de las políticas y propuestas.
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263
Alejandro Camargo
Alejandro Camargo es profesor asistente en el De-
partamento de Historia y Ciencias Sociales de la
Universidad del Norte en Barranquilla. Está inte-
resado en las relaciones agua-poder-sociedad en
ambientes uviales, la historia ambiental del desa-
rrollo, el cambio agrario y las políticas de desastres
ambientales y adaptación al cambio climático.
ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-5812-8416
Camila Patiño Sánchez
Candidata al doctorado en estudios sociales y cul-
turales del departamento de Sociología y Antropo-
logía de la Universidad de Concordia en Canadá.
Graduada de la maestría en geografía en la Univer-
sidad de Montreal, Canadá.
ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-7787-5556
Denisse Roca-Servat
Profesora Titular e investigadora del Grupo Terri-
torio, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad
Ponticia Bolivariana sede Medellín, Colombia.
Sobre las y los autores
264
La urbanización de las aguas en Colombia
Sus investigaciones tratan sobre la ecología política, los estudios
culturales, la justicia hídrica y las alternativas al desarrollo. Es co-
coordinadora del Grupo de Trabajo Ecología(s) política(s) desde
Sur/Abya Yala del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CLACSO (2019 – 2022) y del Grupo de Estudio de Ecología Polí-
tica y Justicia Hídrica.
ORCID: https://ORCID.org/0000-0003-2872-6471
Esmeralda Hincapié
Profesora jubilada adscrita al grupo de investigación en Gestión de
la Tecnología y la Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Ponticia Bolivariana sede Medellín, Colombia. Doctora
en Ciencias Sociales de la Universidad Ponticia Bolivariana, magís-
ter en Educación de la Ponticia Universidad Javeriana, y psicóloga
de la Universidad de Antioquia, Colombia. Sus investigaciones se
centran en la psicología comunitaria y la complejidad.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6266-3198
Jeimy Alejandra Arias Castaño
Candidata a Doctorado en Geografía en la Universidad de Mon-
treal. Politóloga, con Maestría en Estudios Políticos del Instituto
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la
Universidad Nacional de Colombia. Investigadora en la Catedra de
Investigación de Canadá en Agua y Urbanización y del proyecto:
“Historizando los urbanismos del agua: 1909-Hoy”.
ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-3684-8156
Juan David Arias Henao
Candidato a Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Pon-
ticia Bolivariana sede Medellín, Magíster en Medio Ambiente y
Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín,
Colombia. Integrante del Grupo de Estudio de Ecología Política y
Justicia Hídrica y del Grupo de investigación Territorio de la Uni-
versidad Ponticia Bolivariana.
ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-0462-3964
265
Sobre los autores
Kathryn Furlong
Profesora de geografía en la Universidad de Montréal (Canadá),
tuvo la Cátedra de investigación de Canadá en agua y urbanización
de 2011 a 2021. Su investigación se centra en la ecología política, lo
gobernanza del agua urbana, la prestación de servicios públicos do-
miciliarios, las empresas púbicas, las infraestructuras, y cuestiones
de deuda y nanciarización.
ORCID: https://ORCID.org/0000-0001-8968-0142
María Botero-Mesa
Magíster en Desarrollo de la Universidad Ponticia Bolivariana y
abogada egresada de la Universidad de Antioquia. Actualmente es
investigadora del Grupo Territorio de la Universidad Ponticia Bo-
livariana sede Medellín. Se interesa por las prácticas de los acue-
ductos comunitarios, el análisis socio-jurídico del derecho al agua
y de los servicios público domiciliarios, así como las alternativas al
desarrollo.
ORCID: https://ORCID.org/0000-0003-1361-9534
Renata Moreno Quintero
Profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Económicas de
la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, doctora en Política
Ambiental de la Universidad del Estado de Nueva York y exbeca-
ria Fulbright. Sus investigaciones giran en torno a la gobernanza
del agua, el ordenamiento territorial y las comunidades energéticas.
Es además activista ambiental involucrada en varias organizaciones
comunitarias que trabajan en la defensa de ríos y humedales en la
ciudad de Cali.
ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-7289-3851
Tatiana Acevedo Guerrero
Profesora Asistente de Gobernanza Urbana Sostenible en el Sur
Global el Instituto Copernicus para el Desarrollo Sostenible, de la
Universidad de Utrecht, y docente de la Universidad de los Andes,
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, CIDER.
Tiene un doctorado en geografía humana (Université de Montréal).
Su investigación se centra en ciudades, infraestructura, energía esta-
266
La urbanización de las aguas en Colombia
tal y agua. Ella aborda estas preguntas estudiando la ecología polí-
tica de las ciudades, leyendo las diferentes relaciones e historias que
se reejan en el acceso (y la exclusión) del suministro de agua, el
saneamiento y el drenaje.
ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-0008-0608
Vladimir Sánchez-Calderón
Geógrafo con maestría en Economía y doctorado en Historia. Pro-
fesor asistente de la Universidad Industrial de Santander, coordina-
dor del semillero de investigación Geohistorias. Intereses de investi-
gación: estudios urbanos, estudios ambientales, historia ambiental,
historia urbana, ecología política de la urbanización, estudiossocio-
históricos de los desastres. En la actualidad desarrolla un proyecto
de investigación para entender la participación del agua y la erosión
en la urbanización de Bucaramanga, al nororiente de Colombia.
ORCID:https://ORCID.org/0000-0002-1168-4845
Yésica Pérez Correa
Magíster en Desarrollo de la Universidad Ponticia Bolivariana.
Abogada de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. In-
tegrante del Grupo de Estudio de Ecología Política y Justicia Hídri-
ca y del Grupo de investigación Territorio de la Universidad Ponti-
cia Bolivariana.
ORCID: https://ORCID.org/0000-0003-3926-425X.
SU OPINIÓN
Para la Editorial UPB es muy importante ofrecerle un excelente producto.
La información que nos suministre acerca de la calidad de nuestras
publicaciones será muy valiosa en el proceso de mejoramiento que realizamos.
Para darnos su opinión, comuníquese a través de la línea
(57)(4) 354 4565 o vía correo electrónico a editorial@upb.edu.co
Por favor adjunte datos como el título y la fecha de publicación,
su nombre, correo electrónico y número telefónico.
Esta obra se publicó en archivo digital
en el mes de octubre de 2022.
La urbanización
de las aguas en Colombia
La urbanización de las aguas en Colombia
Alejandro Camargo, Denisse Roca-Servat
y Kathryn Furlong (editores académicos)
Alejandro Camargo, Denisse Roca-Servat y Kathryn Furlong (editores académicos)
Autores
21
“En este inquietante recorrido por las aguas de cuatro ciudades
colombianas, lxs autorxs nos muestran cómo el proceso de ur-
banización en Colombia ha llevado la relación agua-ciudad en
direcciones divergentes y en la mayoría de los casos contradicto-
rias. Son al menos tres ámbitos en los que el libro analiza las re-
laciones agua-ciudad. Por un lado, las relaciones con los cuerpos
físicos y el movimiento de las aguas, es decir la materialidad de la
relación que siempre va acompañada de imaginarios con poderes
diferenciados para su realización. Un segundo ámbito referido
a las ontologías del agua, o las formas en las que se concreta el
signicado del agua para la vida individual y colectiva en las
ciudades inuenciadas por tradiciones culturales indígenas, afro
y europeas. Y un tercer ámbito relacionado con el uso instru-
mental que se le da a los discursos sobre el agua para propósitos
alejados de la relación con el agua misma.”
María Cecilia Roa-García
