El 18 de octubre de 2019, se produjo en Chile un estallido social que reivindicaba derechos sociales para la población en general. La respuesta del Gobierno de Sebastián Piñera fue contraatacar con una violencia estatal desmesurada, llegando a la comisión de crímenes de lesa humanidad.
A partir de esa fecha, el país se sumió en una suerte de guerra civil legal a través de un estado de emergencia permanente, con el cual minimizar el impacto de este levantamiento popular.
Se plantea que, el Gobierno de Sebastián Piñera, prevaliéndose de la cris sanitaria provocada por la propagación del Covid 19, llevó a cabo políticas que buscaban debilitar a los sectores más populares de la población, llegando incluso a decidir quién vivía o quién debía morir, siendo -por tanto- una manifestación de la necropolítica en un sistema económico y político neoliberal.