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CUESTIONES PROBATORIAS EN EL LITIGIO DE INTERÉS PÚBLICO. SOBRE LA PRUEBA DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES --- (EVIDENCE MATTERS IN PUBLIC INTEREST LITIGATION. ON THE PROOF OF THE VIOLATION OF SOCIAL RIGHTS)

Authors:

Abstract

RESUMEN: Los litigios que procuran la vigencia de los derechos sociales pueden hallar dificul-tades para probar los hechos que los sustentan. Esto se puede explicar, entre otras razones, por la indeterminación de los enunciados normativos y por la asimetría en el acceso a la información pública. Como aquí se analizará, el recurso a las presunciones puede allanar las dificultades probatorias, con un claro beneficio sobre el acceso a la justicia para este tipo de causas. ABSTRACT: Claims that seek to enforce social rights may find it difficult to prove the facts that support them. This can be explained by the indeterminacy of the normative statements and by the asymmetry in access to public information. As I argue here, presumptions can alleviate evidentiary difficulties, with a clear benefit on access to justice for this type of case.
Vol. 2 | 2021 Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal
Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal
Vol. 2 | 2021 pp. 125-148
Madrid, 2021
DOI: 10.37417/rivitsproc/659
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© María Carlota Ucín
ISSN: 2605-5244
Recibido: 25/08/2021 | Aceptado: 01/12/2021
Editado bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International License.
CUESTIONES PROBATORIAS EN EL LITIGIO
DE INTERÉS PÚBLICO. SOBRE LA PRUEBA
DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES*
EVIDENCE MATTERS IN PUBLIC INTEREST LITIGATION
ON THE PROOF OF THE VIOLATION OF SOCIAL RIGHTS
María Carlota Ucín
Investigadora Posdoctoral
Erasmus Law School
https://orcid.org/0000-0002-5730-3649
RESUMEN: Los litigios que procuran la vigencia de los derechos sociales pueden hallar dificul-
tades para probar los hechos que los sustentan. Esto se puede explicar, entre otras razones,
por la indeterminación de los enunciados normativos y por la asimetría en el acceso a la
información pública. Como aquí se analizará, el recurso a las presunciones puede allanar
las dificultades probatorias, con un claro beneficio sobre el acceso a la justicia para este tipo
de causas.
PALABRAS CLAVE: litigio de interés público; prueba; derechos sociales; presunciones.
ABSTRACT: Claims that seek to enforce social rights may find it difficult to prove the facts that
support them. This can be explained by the indeterminacy of the normative statements and
* Algunas de las ideas preliminares sobre este tema fueron expuestas en la comunicación pre-
sentada en las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. La prueba en el proceso (Salamanca,
2018). La misma fue luego publicada bajo el título: La prueba del incumplimiento estatal en materia de
derechos sociales en la Revista del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (RIDP, Año 4, núm. 8,
julio-diciembre de 2018, pp. 215-232). Una nueva reflexión sobre el tópico me llevó a revisar algunas de
aquellas ideas y a su formulación en el presente trabajo.
Esta publicación es parte del Proyecto: Affordable access to justice (subproject: From public to priva-
te funding), número de proyecto VI.C.191.082 del programa Vici de investigación que es financiado por
el Consejo Neerlandés de Investigación (NWO). Contacto: ucin@law.eur.nl
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by the asymmetry in the access to public information. As I argue here, presumptions can
alleviate evidentiary difficulties, with a clear benefit on access to justice for this type of case.
KEYWORDS: public interest litigation; evidence; social rights; presumptions.
SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN.—2. LAS DIFICULTADES PROBATORIAS VINCULADAS
CON LOS DERECHOS SOCIALES.—3. ACERCA DE LAS PRESUNCIONES Y LA PRUEBA
EN LOS DERECHOS SOCIALES.—4. ALGUNAS CONCLUSIONES PROPOSITIVAS.—5.
BIBLIOGRAFÍA.
1. INTRODUCCIÓN
Sabido es que una de las cuestiones más relevantes para el éxito de un
pleito reside en un adecuado manejo de la actividad probatoria. Qué se alega
como fundamento de la pretensión y cómo se lo prueba configuran las bases
de la victoria. Esta aserción se aplica a todos los pleitos civiles, comercia-
les o penales y por supuesto también, a los casos orientados por el Interés
Público 1. En estos últimos, se da además la particularidad de que muchas
veces cuentan con algunas limitaciones probatorias de base que deben ser
superadas. Aquí me concentraré solo en una de ellas. Abordaré entonces las
particularidades de los derechos sociales y cómo de ellas se derivan algunas
dificultades a la hora de demostrar su violación. La superación del problema
de la indeterminación de las obligaciones contenidas en estos derechos habrá
de favorecer una forma de acreditación indirecta —pero igualmente efecti-
va— del incumplimiento estatal de tales obligaciones.
Ahora bien, si repasamos las bases del Derecho procesal recordaremos
que la búsqueda de la verdad en el marco del proceso judicial no resulta un
fin en sí misma. Aquella interesa al proceso como una condición necesaria
—aunque no suficiente— para el dictado de una decisión correcta. Es por
esto por lo que la regulación procesal de la prueba es el resultado, entre otras
cosas, de la conciliación entre la búsqueda de la verdad con el respeto de la
garantía del debido proceso y de otros derechos fundamentales como por
ejemplo, el resguardo de la intimidad o la dignidad de las partes 2. En estos
casos, la regulación suele operar restringiendo la incorporación de elementos
de prueba al proceso o excluyendo su valoración una vez que la misma ha
1 Para una definición del Litigio de Interés Público, remito a lo dicho en la voz «Litigio de Interés
Público», en Eunomía, Revista en cultura de la legalidad, núm. 12, abril – septiembre 2017, pp. 246-255.
Asimismo, para profundizar en este creciente cuerpo de litigios y sus discusiones, puede verse Revista
de Interés Público de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata
(Argentina) disponible en: http://www.jursoc.unlp.edu.ar/revista-de-interes-publico (fecha de acceso 12-
12-2021).
2 Las formas en que las normas modelan la actividad probatoria se relacionan, entre otros, con los
plazos procesales, las cuestiones relativas a la admisibilidad o exclusión de ciertas pruebas, la determi-
nación de ciertos criterios de valoración que recortan el margen de apreciación judicial o la incorpo-
ración de presunciones legales de diversa índole, las que como veremos impactan en la verificación de
los hechos en el proceso. Véase: M. Gascón abellán,, Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de
la prueba, 2.° Ed., Madrid: Marcial Pons, 2004.
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ingresado a aquel y esto es así porque pretende asegurar también el respeto
de aquellos otros valores 3.
No obstante, se ha de señalar que las restricciones al ingreso de prueba al
proceso no deben ser identificadas, sin más, con un apartamiento de la bús-
queda de la verdad. Puede suceder que el fundamento de tales restricciones
se aloje, en cambio, en la baja calidad epistémica de algunos medios de prue-
ba. En estos casos, entonces, el ordenamiento jurídico los excluye en favor
del acercamiento a la verdad en el proceso (v.g. la exclusión de los testigos de
oídas, entre otros).
Además de los señalados supuestos, debemos mencionar que la regula-
ción adjetiva también puede incidir en el campo discrecional de la actividad
valorativa del juez en un intento por favorecer el acercamiento a la verdad.
En estos casos, las normas pueden operar como una manera de reforzar y
volver imperativos criterios del razonamiento común y empírico 4. Estos ca-
sos suelen estar asociados a cuestiones que revisten algún grado de dificultad
probatoria para los cuales el ordenamiento dispone que ciertas premisas de-
ben ingresar al acervo del proceso e integrar el razonamiento probatorio del
juez 5.
Un claro ejemplo de esto lo constituye la creación de presunciones lega-
les. Las mismas operan una modificación de la distribución de la carga de la
prueba y con ello pretenden facilitar la actividad probatoria de quien invoque
un hecho de difícil prueba 6. Al introducir este tipo de soluciones el legislador
pone en vigencia valores de diversa índole. De un lado, favorece a la parte
3 Un ejemplo claro de esta ponderación, aunque no excluyente de otros, se muestra en la prohi-
bición de incorporar al proceso cualquier prueba obtenida de manera ilícita. Es así como la llamada
regla de exclusión de la prueba ilícita integra la mayoría de los ordenamientos jurídicos liberales. Para
una revisión del estado actual de interpretación de la doctrina en España, remito a M. Gascón abe-
llán, «¿Libertad de prueba? Defensa de la regla de exclusión de prueba ilícita», en GiacoMette (dir.),
Reflexiones en torno al Derecho Procesal Constitucional, CCDPC / Universidad El Bosque, 2012, pp. 75-
99; M. Miranda estraMpes, Prueba ilícita y regla de exclusión en el sistema estadounidense. Crónica
de una muerte anunciada, Marcial Pons, Madrid, 2019; J. nieva Fenoll, «Policía judicial y prueba
ilícita. Regla de exclusión y efecto disuasorio: un error de base», en Diario La Ley, 2017, 9068: 1-35;
M. aGUilera Morales, «Regla de exclusión y Acusatorio», en bachMaier, l. (coord.), Proceso penal y
sistemas acusatorios, Marcial Pons, Madrid, 2008, pp. 73-108. Por su parte, y para la evolución de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina puede verse: V. anselMino, «Las
garantías constitucionales y la regla de exclusión probatoria en el proceso penal», en: Revista anales,
núm. 42, Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, 2012, pp. 106-119.
Sobre su aplicación en el ámbito Civil y Comercial, refiero a: G. D. caraMelo díaz, «El fruto del árbol
venenoso en el proceso civil», en: Revista jurídica la ley 2013-C, p. 140.
4 Así, la actividad probatoria que tiene lugar en el marco del proceso no es enteramente libre. En
este sentido, M. tarUFFo, «La prueba de los hechos», 4.° ed., Madrid: Trotta, 2011, pp. 358 y 361. En
el mismo sentido, M. Gascón abellán, Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba, cit.
nota 4, p. 1.
5 Sobre una definición de dificultad probatoria y las diversas alternativas para dar respuesta a ella,
puede consultarse: I. hUnter aMpUero, «Las dificultades probatorias en el proceso civil. Tratamiento
doctrinal y jurisprudencial, críticas y una propuesta», Revista de Derecho, Universidad Católica del Nor-
te, Sección: Estudios, Año 22, núm. 1, 2015, pp. 209-257.
6 Gascón Abellán afirma que las presunciones legales se relacionan con la teoría de la prueba, pero
no le sirven a esta proporcionando elementos de prueba sino dispensando de ella a aquella parte en
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que se encuentra en la situación más desfavorecida (consumidores, personas
discriminadas, e.o.) y de otro, garantiza que se conozca a priori cuál será el
sentido en que las partes deban orientar su estrategia probatoria.
Podemos ilustrar lo dicho con el ejemplo de la prueba de la discrimina-
ción. En estos casos, la dificultad probatoria está determinada por el hecho
de que los actos de discriminación suelen producirse de modo velado. Por
ello, para algunos supuestos, la legislación ha introducido presunciones es-
pecíficas (v.g. las normas que favorecen la prueba de la discriminación por
enfermedad o embarazo en el marco de la relación laboral) 7. En otros su-
puestos, donde la discriminación se imputa a la propia legislación, ha sido
la jurisprudencia la que ha creado nociones específicas como la de las «cate-
gorías sospechosas» que habilitan un escrutinio estricto de las condiciones y
fundamentos de una legislación, incidiendo sobre la distribución de la carga
de la prueba 8. Lo interesante del funcionamiento de este tipo de «presunción
judicial» es que con su estabilización pretoriana se genera un efecto semejan-
te al de la legislación, permitiendo a las partes un conocimiento anticipado
de cuál será el criterio con el que se apreciarán los hechos de la causa.
Los casos de discriminación resultan un dominio interesante dentro del
espectro del Litigio de Interés Público. Otro campo de interés se vincula con
las dificultades probatorias implicadas en los casos en que se reclaman de-
rechos sociales desde una mirada colectiva, procurando la modificación de
un estado de cosas para volverlo acorde con los valores constitucionales o
convencionales vigentes. En el presente trabajo me concentraré en el análisis
de estos últimos aunque al hacerlo también habré de ilustrar la utilidad de
las presunciones para solventar las dificultades probatorias vinculadas con el
planteo judicial de estos casos.
cuyo beneficio opera. M. Gascón abellán, Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba,
cit. nota 4, p. 137.
7 O como lo hace la Ley de Enjuiciamiento Civil española, al modificar la distribución de la carga
probatoria en supuestos de discriminación basada en razones de sexo. Prescribe el art. 217, ap. 5 que
«de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte
actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demanda-
do probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.»
8 La elaboración pretoriana de las «categorías sospechosas» conduce a la creación de una pre-
sunción que coloca en cabeza del Estado (quien ha introducido una distinción que se impugna como
discriminatoria) la demostración de un «interés estatal urgente» que justifique de manera excepcional
el uso de tales categorías como base para la legislación impugnada. Se libera parcialmente a la perso-
na afectada de la carga de la prueba, dado que esta no debe demostrar la lesión a sus derechos ni el
trato desigual, el que como se ha dicho, se presume. Para un análisis relativo al linaje angloamericano
de estas categorías y una mirada crítica sobre la jurisprudencia argentina puede consultarse: R. P.
saba, «Igualdad, clases y clasificaciones: ¿Qué es lo sospechoso de las categorías sospechosas?», en:
R. GarGarella, Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, Tomo II, Buenos Aires: Abeledo Perrot,
2008, pp. 695-742; Sobre la dimensión probatoria en particular atención a la legislación chilena: F.
MUñoz león, «La necesidad de una interpretación pro discriminado de la acción judicial contra la
discriminación», Revista de derecho (Valdivia) 31, núm. 2 (2018), pp. 175-92, https://doi.org/10.4067/
S0718-09502018000200175. Para un enfoque europeo, centrado en el Derecho español, véase: o. FUen-
tes soriano, M. i. González cano; F. JiMénez conde (dirs.), Adaptación del derecho procesal español a la
normativa europea y a su interpretación por los tribunales: I Congreso Internacional de la Asociación de
Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas, Murcia, 2018, pp. 163-188.
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Comenzaré entonces analizando las características de los derechos so-
ciales que permiten explicar la dificultad probatoria que estos presentan en
ocasión de su exigibilidad judicial. Dedicaré el siguiente apartado a expli-
car los rasgos derivados de su indeterminación normativa así como también,
presentaré el problema de la asimetría en el acceso a la información pública
y el impacto de ambas en la demostración del incumplimiento estatal. El
denominado «enfoque de derechos» ilumina una salida posible para la refe-
rida indeterminación. Luego, las presunciones legales o judiciales permiten
entrever una vía de escape para el problema relativo a la asimetría en el acce-
so a la información. Por último, se concluirá con la formulación de algunas
ideas propositivas orientadas hacia la reforma legislativa y tendientes a la
consolidación de un equilibrio entre la búsqueda de la verdad y las garantías
procesales de ambas partes en el proceso.
2. LAS DIFICULTADES PROBATORIAS
VINCULADAS CON LOS DERECHOS SOCIALES
Superando los desacuerdos —no tan lejanos en el tiempo— acerca de la
exigibilidad de los derechos sociales, asistimos hoy a una creciente acepta-
ción de su judiciabilidad 9. Es así que en algunos países de Latinoamérica,
como es el caso argentino, aquella discusión tiende a disiparse cobrando re-
levancia el pensar, no ya si estos derechos pueden o no ser dirimidos ante los
tribunales, sino cómo deben estos proceder para darles una tutela efectiva 10.
Aquí interesa centrarnos en la dificultad probatoria que pueden presentar
estos derechos a la hora de ser judicializados. La misma puede ser explicada
a partir de dos factores. Debemos comenzar por subrayar la indeterminación
del contenido prestacional de estos derechos, la que incide de manera directa
en la actividad probatoria de las partes. Es decir, ¿cómo pruebo cuál es el
contenido obligacional de un enunciado en sí mismo abierto e inespecífico?
¿Cómo acredito que el Estado ha incumplido con sus obligaciones si no cuen-
9 Para una referencia de los debates sobre el punto y una argumentación favorable a la exigibilidad
de los derechos sociales, remito a: V. abraMovich, ch. coUrtis, «Apuntes sobre la exigibilidad judicial
de los derechos sociales», Cuadernos electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 4, 2001; «Hacia la exi-
gibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales: Estándares internacionales y criterios de
aplicación ante los tribunales locales», en abreGú, M. – coUrtis, ch. (comps.), La aplicación de los dere-
chos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires: Editores del Puerto, 1997 y V. abraMovich, ch.
coUrtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, 2.° Ed., Madrid: Trotta, 2004; H. etchichUry,
Igualdad desatada. La exigibilidad de los derechos sociales en la Constitución Argentina, Córdoba: Edito-
rial Universidad Nacional de Córdoba, 2013; L. S. GrosMan, Escasez e igualdad. Los derechos sociales
en la Constitución, Buenos Aires: Libraria, 2008; G. pisarello, Los derechos sociales y sus garantías.
Elementos para una reconstrucción, Madrid: Trotta, 2007.
10 Argumentando a favor de la tutela diferenciada de los derechos sociales, M. C. Ucín, «La ne-
cesaria tutela diferenciada de los DESC. Apuntes sobre la función remedial del Poder Judicial», en:
berizonce, R. (coord.), Aportes para una justicia más transparente, La Plata: Librería Editora Platense,
2009. Para un desarrollo más acabado de la propuesta de tutela judicial efectiva de los derechos so-
ciales, remito a mi libro: Juicio a la desigualdad. La defensa de los derechos sociales a través del proceso,
Marcial Pons, Madrid, 2021.
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to con una norma que determine de manera específica cuáles son aquellas?
Este tipo de dificultad probatoria no es menor pero puede ser superada a
partir de la elaboración que aquí presentaré de los «estándares normativos».
Otro aspecto relevante y vinculado con la actividad probatoria se vincula
con el carácter asimétrico de la información. El Estado, a la vez que obligado
a satisfacer estos derechos, es quien produce los datos relativos a las polí-
ticas públicas 11. De esta manera, el mismo puede entorpecer el acceso a la
información relevante a los efectos de demostrar los hechos controvertidos
en este tipo de casos. En estos supuestos se impone la opción del legislador
para establecer algún tipo de favor probationis que permita una morigeración
de la referida asimetría. Dedicaré a esto último el siguiente apartado, donde
expondré el funcionamiento de las presunciones y su aplicabilidad al caso.
Volviendo sobre la indeterminación normativa, sabemos que lo habitual
es que los enunciados normativos que recogen derechos sociales adopten la
forma de principios, cuando no de meras directrices 12. Los principios jurídi-
cos resultan así enunciados normativos cuyo antecedente fáctico, deja inde-
terminados sus supuestos de aplicación o el contenido de la obligación que
establecen 13. La complejidad probatoria surge así de la indeterminación de
las obligaciones que dichas normas colocan en cabeza de los Estados. Esta
situación se ve reforzada por la circunstancia de que en muchos casos existe
una ausencia relativa de normas de rango inferior que implementen de ma-
nera efectiva dichas obligaciones.
En un sentido, la señalada particularidad estaría poniendo de resalto el
carácter programático de estos derechos. Es decir, este tipo de normas cons-
titucionales o convencionales requieren de programas de gobierno concretos
que les den contenido específico y que logren delimitar las obligaciones de los
Estados. Así, ante la promesa constitucional que surge con el reconocimiento
de derechos sociales, legítimamente podrían tener lugar los siguientes inte-
rrogantes: ¿a cuánta salud tenemos derecho?; ¿qué compromiso asume el
Estado al garantizarme el derecho a una vivienda digna?; ¿se satisface el de-
recho a la educación si la misma no logra colocarme en condiciones de igual-
dad respecto de mis congéneres?
Esta indeterminación normativa fue empleada como argumento para sos-
tener que tales cláusulas constitucionales no contenían derechos operativos
y directamente exigibles. Entonces, se afirmaba que las mismas solo eran
líneas maestras que orientaban al gobierno, pero de ningún modo era posible
exigirlas judicialmente. No entraré aquí en este debate, el que —a los fines del
11 La asimetría en el acceso a la información se deriva del monopolio de la información en cabeza
del Estado, pero también de su carácter técnico, lo que coloca a la parte actora en una posición desigual
a la hora de comprender y probar los hechos relevantes para su demanda.
12 Tal sería el caso de los enunciados contenidos entre los arts. 39 a 52 de la Constitución Española
al enumerar los principios rectores de la política social y económica.
13 La definición es propia, pero sobre el tópico puede verse: M. atienza, J. rUiz Manero, Las piezas
del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, 2.° ed., Barcelona: Ariel Derecho, 2004 y R. alexy, Teoría
de los derechos fundamentales, 2.° Ed., Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.
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presente— daré por superado. Es así como asumo que el estado actual del de-
sarrollo del Constitucionalismo tiende a disipar estas dificultades teóricas 14.
Desde este enfoque superador, se ha afirmado que los derechos sociales,
así como toda cláusula contenida en la Constitución o en pactos interna-
cionales resulta obligatoria e impone a los Estados la adopción de medidas
para dar vigencia a tales compromisos. Es que como lo afirma Aguiló Regla,
miradas las cosas desde la perspectiva justificatoria, en el pospositivismo la
correlación entre derechos y deberes se pierde. Sostiene el autor que mien-
tras tiene pleno sentido afirmar que «alguien tiene un deber porque otro su-
jeto tiene un derecho», no parece ocurrir lo mismo con la afirmación de que
«alguien tiene un derecho porque otro tiene un deber». El «reconocimiento»
de derechos justifica la «imposición» de deberes, mientras que la imposición
de deberes no sirve para justificar la titularidad de los derechos 15.
Así entonces, los derechos sociales —aun cuando estén recogidos en man-
datos de optimización— imponen a los operadores jurídicos la determina-
ción de su contenido concreto. Ello importa aceptar, pues, que los principios
pueden ser cumplidos en diferentes grados y que su contenido tenderá a lo-
grar su optimización conforme las condiciones fácticas y jurídicas de cada
caso. Esta determinación habrá de hacerse a partir de un proceso argumen-
tativo que siga un esquema como el del principio de proporcionalidad que, a
su turno, concluirá en la formulación de una regla especial para el caso 16. La
ponderación, entonces, concluirá en la formulación de una regla cuyo conte-
nido obligacional aparecerá determinado para el caso particular.
De esta manera el derecho, primigeniamente amplio e indeterminado, ad-
quiere lindes y precisa las obligaciones que recaen sobre el Estado. Con ello
se delimitan de manera consecuente los hechos objeto de prueba. Si bien esta
forma de definir los derechos y el objeto de prueba facilita la judicialización
de estos derechos se impone advertir un problema no menor. Esta operación
solo tendría lugar en ocasión de la decisión judicial, lo cual resulta un incon-
veniente para las partes, quienes no pueden conocer de manera anticipada
cuáles serán los alcances que se dará a la obligación o lo que es más importan-
te, qué hechos tendrán relevancia probatoria. Es decir, que las partes no cuen-
tan al inicio del proceso con una norma clara que les indique cuáles son los
extremos que deben acreditar. Esto muestra entonces que la dificultad proba-
14 Al respecto, se ha dicho desde la mirada impuesta por el paradigma pospositivista que: «Se con-
sidera que las normas constitucionales son susceptibles de ser aplicadas directamente. Por aplicación
directa se entiende que todos los jueces, en todo tipo de casos, pueden aplicar las normas constitucio-
nales. Además, esta aplicación directa abarca no soolo las relaciones de Derecho público, las relaciones
entre los ciudadanos y el Estado, sino también las relaciones de Derecho privado, entre ciudadanos
(entre particulares).» Véase: J. aGUiló reGla, «Positivismo y Postpositivismo. Dos paradigmas jurídi-
cos en pocas palabras», DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 30 (2007), pp. 665-675 (667).
15 J. aGUiló reGla, Sobre Derecho y Argumentación, Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2008,
p19.
16 R. alexy, La construcción de los derechos fundamentales, Buenos Aires: Ad Hoc, 2012, p 20 y
Teoría de los derechos fundamentales, 2.° Ed., Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
2008.
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toria derivada de su indeterminación puede ser resuelta en parte por vía de la
argumentación pero que con ello no se disuelve completamente el problema.
La señalada ausencia de regulación en programas sociales no es absoluta,
sin embargo sí es una nota predominante en el ámbito de los países en desa-
rrollo. Además, la misma coexiste con otros programas existentes pero defi-
cientes, todo lo cual puede ser confrontado a partir de planteos orientados
por el Interés Público que persigan dar vigencia a los estándares protectorios
contenidos en los textos constitucionales y convencionales. Para ello, se vuel-
ve relevante trabajar con los «estándares normativos» elaborados desde el
«enfoque de derechos» 17, para poder determinar, al menos parcialmente, los
términos abiertos con que estos derechos aparecen formulados 18.
Se ha de mencionar que este enfoque teórico surge a partir del recono-
cimiento internacional de los derechos humanos y de los desarrollos de los
organismos internacionales con competencia jurisdiccional o consultiva. A
partir del contenido de las normas emergentes de dichos sistemas y de las
elaboraciones interpretativas de los organismos competentes, se ha desa-
rrollado un corpus de valores y principios que dan contenido más preciso a
los derechos reconocidos. En tal sentido, se piensa a los derechos humanos
como programas que sirven de guía en el diseño de las políticas públicas de
los Estados, con el propósito de incidir en la calidad de los procesos demo-
cráticos 19. Desde este enfoque resulta posible, entonces, evaluar las políticas
sociales (o su eventual omisión) a la luz de los estándares de derechos huma-
nos. Esta aproximación permite dar una mirada jurídica sobre los programas
y políticas públicas para asegurar que estos sean la puesta en vigencia de los
derechos humanos 20.
En esa línea, empleando los estándares que se han ido elaborando en rela-
ción con los derechos sociales, se puede objetivar el contenido de las obliga-
ciones estatales y por ello mismo, otorgar a los jueces herramientas concretas
para la evaluación de la conducta de los gobiernos. Así, contamos con guías
normativas que nos permiten determinar, de manera general, los alcances
17
El «enfoque de derechos» alude al marco conceptual que brindan los derechos humanos como
derechos legitimados por la comunidad internacional y ofrece un sistema coherente de principios y
pautas aplicables en las políticas de desarrollo. L. paUtassi, «Indicadores en materia de derechos
económicos, sociales y culturales. Más allá de la medición», en: abraMovich-paUtassi (Comps.), La
medición de derechos en las políticas sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2010, pp. 9-10; también
L. paUtassi (Org.), Perspectiva de derechos, políticas públicas e inclusión social. Debates actuales en la
Argentina, Biblos, Buenos Aires, 2010.
18 Una síntesis de algunas ideas vinculadas a este punto, las presenté en el II Congreso de Filosofía
para el mundo latino i-latina (Río de Janeiro, 2018). El trabajo titulado: «La adjudicación de los DESC.
Un aporte para su racionalidad.» El mismo puede consultarse en línea aquí: https://www.conpedi.org.br/
eventos/ilatina/#trabalhos_aprovados (fecha de acceso: 12-12-2021). También profundizo este aspecto
en mi libro Juicio a la desigualdad. La defensa de los derechos sociales a través del proceso, cit.
19 L. paUtassi, Perspectiva de derechos, políticas públicas e inclusión social. Debates actuales en la
Argentina, cit. nota 19, p. 16.
20 V. abraMovich, – l. paUtassi, «El enfoque de derechos y la institucionalidad de las políticas so-
ciales», en: v. abraMovich, – l. paUtassi, (comps.), La revisión judicial de las políticas sociales. Estudio
de casos, cap. VII, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2009, pp. 279-340.
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de las obligaciones estatales y también, lineamientos específicos elaborados
para algunos de los derechos sociales en particular 21. Me centraré aquí en al-
gunos ejemplos que emergen del art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Allí se establece la obligación
de los Estados de «adoptar medidas» utilizando «el máximo de los recursos
disponibles» para lograr la «vigencia progresiva» de los derechos del Pacto.
Si analizamos tales enunciados, resulta evidente que no solucionan per
se la indeterminación de los derechos. ¿Qué medidas son suficientes para
considerar que un Estado ha cumplido con la obligación de adoptar medidas?
¿Cuáles son tales recursos máximos de los que debe disponer cada Estado?
¿Es este último un estándar absoluto o requiere ser matizado con las otras
obligaciones que recaen sobre el mismo Estado? ¿Toda medida que recorta
en alguna dimensión un derecho resulta sin más regresiva? Y luego, en el
marco de una contienda judicial, ¿a quién le cabe la demostración de que se
ha (in)cumplido con estas obligaciones?
Tomemos el ejemplo del estándar de «adoptar medidas hasta el máximo
de los recursos disponibles». Al verlo en funcionamiento advertimos que el
mismo impone una suerte de inversión del onus probandi, ya que ante la
denunciada violación de un derecho social, se podría colocar en cabeza del
Estado la demostración de que ha cumplido con aquella obligación. Si bien
esta interpretación no surge de manera automática de los términos del artí-
culo analizado, sí podría ser integrada con una presunción (legal o judicial)
que indique que, ante la violación de un derecho —y tanto más si la misma
es masiva— es plausible asumir que el Estado no ha realizado todo lo posible
para evitarlo 22. Es decir, se puede presumir en estos casos que aquel no ha
adoptado las medidas adecuadas o que no ha usado hasta el máximo de los
recursos disponibles para dar vigencia al derecho que se reclama. En tal caso
será el Estado, en su carácter de demandado, quien deba correr con la carga
de la prueba que le exonere de responsabilidad.
Luego, podemos revisar el estándar del «desarrollo progresivo de los de-
rechos» (y la consiguiente prohibición de regresividad) 23. Esta pauta impone
21 Para profundizar sobre este enfoque remito a: L. paUtassi, Perspectiva de derechos, políticas
públicas e inclusión social…, cit. nota 19, p. 17; Indicadores en materia de derechos económicos, so-
ciales y culturales. Más allá de la medición, cit. nota 19, pp. 1-87; Ch. coUrtis, «La prohibición de
regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios», en coUrtis (Comp.), Ni un paso
atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, Buenos Aires: Editores del Puerto,
2006, pp. 3-52. Para una revisión de las Observaciones Generales aprobadas por el Comité de Dere-
chos económicos, sociales y culturales puede consultarse: https://conf-dts1.unog.ch/1%20spa/tradutek/
derechos_hum_base/cescr/00_1_obs_grales_cte%20dchos%20ec%20soc%20cult.html (fecha de acceso:
12-12-2021).
22 En este sentido, el Comité DESC ha explicitado los alcances de esta obligación al referir que:
«Así, por ejemplo, un Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado de ali-
mentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas
más básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto (O.
G. N° 3, párr. 10).
23 Véase en particular el párrafo 9 de la Observación General N° 3. Este mismo criterio fue reco-
gido en el Sistema Interamericano, a partir de la Asamblea General de la OEA que, en el año 2005,
134 María carlota Ucín
Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal Vol. 2 | 2021
un «escrutinio estricto» sobre las medidas cuestionadas y en caso de duda,
permite la presunción de su ilegitimidad. A través de este criterio se puede
realizar un análisis sobre el progreso en el reconocimiento del derecho en re-
visión. Asimismo, las defensas del Estado para demostrar la no regresividad
de las medidas impugnadas solo pueden estar dirigidas a acreditar el progre-
so de otros derechos sociales. Es decir, que se ha postergado parcialmente el
derecho reclamado pero por dar atención a otros derechos de tipo social. Sin
embargo, esto también se debe coordinar con el respeto del umbral dispuesto
por el «contenido mínimo» de los derechos 24. Tampoco sería tolerable, por
ejemplo, el aplazamiento en el goce de un derecho social en beneficio del
progreso de derechos de otra índole (civil o político) o en virtud de objetivos
de índole fiscal o económicos 25.
Estos estándares, como se puede ver, incluyen principios resultantes del
proceso de interpretación de las normas de Derecho internacional de los de-
rechos humanos. Dichos instrumentos resultan declaraciones fundamentales
sobre un resultado deseable, sin embargo, su cumplimiento no resulta verifi-
cable a partir de tales enunciados. Es por ello por lo que a los fines de la evalua-
ción del cumplimiento estatal será necesario operacionalizar los estándares a
través de la fijación de parámetros cuantitativos. Surgen así los «indicadores»,
herramientas que podrían ser utilizados también en el proceso judicial a los
fines de verificar la denunciada violación de derechos y la evaluación del cum-
plimiento de las órdenes judiciales en la etapa de ejecución de sentencia 26.
fijó este estándar para la presentación de los Informes periódicos previstos en el art. 19 del Protocolo
de San Salvador. En este sentido se ha dicho que la prohibición de regresividad encuentra analogía
con el principio de proporcionalidad, debido a que ambos tienen como objeto al aseguramiento del
debido proceso sustantivo, controlando el contenido de la reglamentación de los derechos. Entonces,
la consagración de la prohibición de regresividad agrega un nuevo criterio al control de razonabilidad
de las leyes y reglamentos, cuando se examina judicialmente la adopción de normas que reglamentan
derechos sociales. De todas aquellas reglamentaciones de un derecho que pudieran ser razonables, la
prohibición de regresividad, veda aquellas que importen un retroceso en el reconocimiento del dere-
cho. Ch. coUrtis, Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, cit.,
nota 23, p. 22.
24 Véase el párrafo 10 de la O.G. N°3.
25 También resultan reglas orientadoras de fundamental importancia, las que indican la necesidad
de garantizar un goce universal y no discriminatorio de los derechos, así como el adoptar medidas
que permitan el acceso a la justicia (OG N° 3, párr. 50), la producción y el acceso a la información
pública (CADDHH art. 13 y art. 19 PIDCP, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)
y la participación de los propios afectados en el diseño de las políticas públicas. Todos estos elementos
conceptuales resultan de suma utilidad a los fines de establecer un adecuado control judicial aplicado
a la revisión de políticas públicas.
26 En relación con el uso de indicadores para evaluar el cumplimiento de las órdenes judiciales,
puede verse la experiencia colombiana a partir del caso relativo al problema del desplazamiento forza-
do de personas en Colombia. Al respecto se puede consultar: R. UpriMny yepes, c. n. sánchez, «Juz-
gar y medir: el uso de indicadores de derechos humanos por la Corte Constitucional colombiana», en
abraMovich-paUtassi, La medición de derechos en las políticas sociales, cit., pp. 295-327. En un sentido
similar, también puede verse L. G. Filippini, «La ejecución del fallo Verbitsky. Una propuesta metodo-
lógica para su evaluación», en L. pitlevnik(ed.), Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, Buenos Aires: Hammurabi, 2007, pp. 148-175; G. Merlinsky, c. Montera, e. spadoni
y M. tobías, «La causa “Beatriz Mendoza”: política ambiental y derechos en tensión», en L. paUtassi,
CUESTIONES PROBATORIAS EN EL LITIGIO DE INTERÉS PÚBLICO… 135
Vol. 2 | 2021 Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal
Entonces, volviendo sobre la actividad probatoria en los procesos en que
se invoque la violación de derechos sociales, se ha de señalar que el thema
probandum girará en punto a la demostración del (in)cumplimiento de las
obligaciones implícitas en los instrumentos que recogen tales derechos. En
los litigios guiados por el Interés Público, y dada una norma constitucional
o convencional que reconozca un derecho social, cabe entonces que el juez
evalúe los hechos a la luz de dicho contenido normativo. Pero para ello, como
ya se ha presentado, se debe comenzar con una determinación de aquel.
Será a la luz de los estándares normativos que se podrán precisar las obli-
gaciones estatales y también habrán de fijarse los hechos que resultan objeto
de prueba, pues de lo que se trata es de verificar si en el caso se han «adopta-
do medidas», si se ha hecho uso del «máximo de los recursos disponibles» y
si tales medidas han sido «progresivas», por ejemplo. Esta determinación del
alcance de los derechos puede fundar, a su vez, la modificación de la carga
de la prueba, desplazando la demostración del cumplimiento de ciertas obli-
gaciones hacia el Estado demandado aunque para ello sería recomendable
que existiera una previsión normativa expresa que recogiera una presunción
como esta. En este último caso, es necesario que existan razones protegidas
por el ordenamiento jurídico que avalen una alteración de las reglas genera-
les de la carga de la prueba, como sucede por ejemplo con las presunciones
legales iuris tantum. Aquí es donde debemos enlazar lo que llevamos dicho
con la señalada asimetría en el acceso a la información pública relevante.
La situación de prevalencia del Estado en el monopolio de dicha informa-
ción permite justificar un favor probationis que morigere la actividad proba-
toria de quienes reclaman por sus derechos. Y así, se podría pensar que en
los supuestos en que se invoque la violación de un derecho social se pueda
colocar en cabeza del Estado la carga de la demostración de que —pese a tal
incumplimiento— se han adoptado las medidas hasta el máximo de los re-
cursos disponibles, las que permiten dar por satisfechas las obligaciones a su
cargo (por ejemplo, por la urgente y proporcionada atención a otro derecho
social).
El fundamento epistémico de esta inversión probatoria residiría en un
presumible teórico. Se podría asumir que conforme el curso normal de las
cosas, la presencia de una violación masiva o al menos reiterada de uno o
varios derechos sociales se explica a partir del incumplimiento estatal de las
obligaciones a su cargo. De esta manera se podría pensar en la posibilidad de
generar una presunción que logre invertir la carga de la prueba, atribuyendo
al Estado la demostración del cumplimiento de las obligaciones a su cargo
siendo que es este quien cuenta con toda la información pública y técnica
para hacerlo. Algo similar puede predicarse respecto de la obligación de «pro-
gresividad» antes analizada.
(Dir.), Marginaciones sociales en el área metropolitana de Buenos Aires. Acceso a la justicia, capacidades
estatales y movilización social, Biblos, Buenos Aires, 2014, pp. 165-213.
136 María carlota Ucín
Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal Vol. 2 | 2021
El recoger una presunción como esta en una norma positiva aporta venta-
jas de seguridad jurídica para las partes, quienes podrían diseñar su estrate-
gia probatoria desde el planteamiento de la litis. Además, dada la simplicidad
de la solución, este tipo de previsión favorece el acceso a la justicia de los
reclamos fundados en derechos sociales. Con la introducción de una pre-
sunción de este tipo se podrían sortear algunas barreras económicas para el
acceso a la justicia, vinculadas con los costos en la producción de la prueba.
Sobre todo si tenemos en cuenta que la misma podría representar una carga
desmedida para los litigantes particulares y para las asociaciones civiles en-
cargadas de llevar adelante estos casos. En cambio, el desplazamiento de la
carga probatoria restablece en estos casos un equilibrio relativo entre los liti-
gantes. A continuación se indagará en el funcionamiento de las presunciones
en general para establecer la conexión con la propuesta que se hace relativa a
su aplicación respecto de los derechos sociales.
3. ACERCA DE LAS PRESUNCIONES
Y LA PRUEBA EN LOS DERECHOS SOCIALES
Para poder dar mayor precisión a la propuesta antes presentada, resulta
necesario detenernos en la presentación de cómo funcionan las presuncio-
nes en el marco de la actividad probatoria. Así, comenzaremos este apartado
con un análisis del funcionamiento del razonamiento que anida en ellas 27. El
derecho recurre a las presunciones cuando necesita acreditar ciertos hechos
cuya prueba directa resulta difícil, cuando no imposible. Así, por ejemplo,
cuando es necesario demostrar el fallecimiento de una persona que ha desa-
parecido, el ordenamiento jurídico prevé una presunción legal que viene en
asistencia de la indeterminación. Lo mismo sucede cuando se procura cierta
estabilidad en las relaciones sociales y entonces, el derecho presume la filia-
ción en el contexto de un matrimonio legal. En estos casos, y en tantos otros,
las normas prevén presunciones que —con diverso grado de firmeza— afir-
man la ocurrencia de ciertos hechos o determinan su naturaleza.
La presunción podría definirse entonces como una regla que permi-
te inferir, con algún grado de plausibilidad, una proposición a partir de
otra 28. Los elementos constitutivos de las mismas son: a) el hecho presunto,
b) el hecho base y c) la regla de conexión entre ellos 29. Esta última puede
27 No desconozco aquí tesis como la de Raymundo Gama, quien cuestiona el tratamiento monolí-
tico e indiferenciado de las presunciones, equiparando las legales a las judiciales, por ejemplo. Sin em-
bargo, teniendo en cuenta que el enfoque que el autor cuestiona no deja de ser relativamente aceptado
me apoyaré en él para los propósitos del presente que se orientan a un aspecto bastante específico de la
acreditación del incumplimiento estatal en materia de derechos sociales. Sobre el punto véase R. GaMa,
«Concepciones y tipología de las presunciones en el derecho continental», REJ – Revista de Estudios de
la Justicia – núm. 19 – Año 2013, pp. 65-87.
28 D. Walton, «Burden of proof», Argumentation 2 (1988), pp. 233-254 (245).
29 J. aGUiló reGla, «Presunciones, verdad y normas procesales», Isegoría, núm.35, Julio-Dic. 2006,
pp. 9-31.
CUESTIONES PROBATORIAS EN EL LITIGIO DE INTERÉS PÚBLICO… 137
Vol. 2 | 2021 Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal
ser una regla jurídica (presunciones legales) o una máxima de la experiencia
(prueba indiciaria o presunciones hominis). Nótese además que la propia ley
puede sustentarse a su vez en una regularidad empírica, igualmente compa-
tible con las máximas de la experiencia.
Es corriente, entre los autores que se inscriben dentro de la Teoría de la Ar-
gumentación Jurídica, recurrir al esquema elaborado por Stephen Toulmin 30
como forma de analizar los elementos de un razonamiento. Propongo aquí
seguir igual línea por cuanto coincido en valorar la claridad de aquel. Desde
este análisis, los elementos de un argumento se imaginan contextualizados
en un diálogo o dentro de un proceso argumentativo. Comenzamos así reali-
zando una afirmación (claim) y ante el requerimiento de nuestro interlocutor
nos veremos obligados a dar fundamentos que le den adecuado sustento. Los
mismos, en principio, pueden consistir en aquellas premisas fácticas que ex-
plican la conclusión presentada. Entonces, al exponer las razones fácticas, se
explicitan los «datos» del argumento.
Pero nuestro interlocutor imaginario nos puede requerir mayores funda-
mentos para comprender, por ejemplo, cómo realizamos el pasaje lógico des-
de dichos datos hasta la conclusión. O también, cuál es la relación causal que
se puede establecer entre los datos y la conclusión. Aparecen aquí entonces
las «garantías» (warrants) que son aquellos enunciados normativos que per-
miten realizar dicho enlace y tienen alcances justificatorios. Su función es
también la de graduar la fuerza con que se puede sostener la conclusión. Esta
última será más o menos probable en función de la solidez de su garantía y
respaldo. Por su parte, el esquema completo vincula dichas garantías con la
fuente de la que dimanan, esto es, el «respaldo» de las mismas. Lo hasta aquí
expuesto podría ser graficado del siguiente modo:
Datos (D) Conclusión/armación (C)
Garantias (G)
Respaldo (R)
Nota: el gráfico replica los conceptos de Stephen Toulmin
Con la salvedad hecha anteriormente 31 —y a los fines del presente— se
puede afirmar que no hay una diferencia fundamental en el funcionamiento
de las presunciones legales y las presunciones hominis. Lo que varía, confor-
me las categorías antes presentadas, sería la garantía y el respaldo de cada
30 S. toUlMin, Los usos de la argumentación, Barcelona: Ediciones Península, 2007.
31 Véase lo dicho en la nota 29.
138 María carlota Ucín
Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal Vol. 2 | 2021
una de ellas 32. Es decir, la diferencia se alojaría en las razones que habilitan
el pasaje desde los datos con que se cuenta (el hecho base o indicios) hacia el
hecho presunto en el que se concluye.
Así, las presunciones legales se basan en un presumible teórico (garan-
tía), el que a su vez aparece recogido en una norma (respaldo). Mientras
que las presunciones hominis, se apoyan también en un presumible teórico
pero, en el caso, el mismo es traído al proceso de la mano de las «máximas
de la experiencia o reglas de la lógica» (garantía) que resultan de la aplica-
ción de la sana crítica del juez. Y como su incorporación se halla implícita
en tal sistema de apreciación de la prueba, entonces su respaldo normativo
está dado por la norma que lo establece. Además, las presunciones hominis
suelen encontrar en los ordenamientos procesales una regulación específica,
que establece las condiciones que deben reunir los datos o indicios, tomados
como insumos para la formación de la presunción y el enlace que se debe
demostrar entre ellos y la conclusión. Así, se puede exigir al juez que se base
en hechos probados que, por su precisión, número, gravedad y concordancia,
permitan sustentar fácticamente la convicción judicial conforme las reglas de
la sana crítica 33.
A su vez, dentro de la categoría de las presunciones legales resta realizar
todavía algunas precisiones relevantes. En este sentido, hay que distinguir
aquellas que se conocen como presunciones iuris tantum —es decir, que ad-
miten prueba en contrario— de aquellas que no la admiten, las llamadas pre-
sunciones iuris et de iure. En relación con estas últimas, Aguiló Regla afirma
que no se trataría en realidad de presunciones, entre otras razones, porque
falta en ellas uno de los elementos esenciales que es el de su derrotabilidad 34.
En alguna medida, aunque no hay coincidencia sobre el punto, se puede pen-
sar que en estos casos el ordenamiento crea una suerte de «ficción legal» 35.
En este tipo de casos, sea con apoyo en un presumible teórico o sea por
razones institucionales, el legislador quita una cuestión del ámbito de la ave-
riguación de la verdad. Directamente lo asume como cierto, impidiendo su
refutación. Ello sin perjuicio de permitir, la demostración de la falsedad del
32 En este mismo sentido, también D. Mendonca, «Presunciones», Doxa, 21-I, 1998, p. 92.
33 Este es el caso del art. 163 inc. 5° de los Códigos Procesales de la Provincia de Buenos Aires y
el Nacional Argentino. En un sentido similar, la Ley de Enjuiciamiento Civil española prescribe en su
art. 386 que «a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efec-
tos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y
directo según las reglas del criterio humano. La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá
incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción. 2. Frente a la posible
formulación de una presunción judicial, el litigante perjudicado por ella siempre podrá practicar la
prueba en contrario a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior.» [he indicado en cursiva los
elementos relevantes en función de la presentación efectuada en el texto]
34 En su trabajo titulado: Presunciones, verdad y normas procesales, cit. pp. 26-27.
35 Gascón abellán se opone a la conceptualización de las presunciones iuris et de iure como fic-
ciones legales. Afirma que las presunciones, cualquiera sea su caso, vienen a dar por cierto un hecho
más o menos probable, pero en todo caso, posible. En cambio, las ficciones registran una disparidad
entre la realidad y lo que se supone. Véase: Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba,
cit. nota 4, pp. 146-151.
CUESTIONES PROBATORIAS EN EL LITIGIO DE INTERÉS PÚBLICO… 139
Vol. 2 | 2021 Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal
hecho base que ha generado la operatividad de la presunción. En el caso,
lo que no se puede discutir es el pasaje entre el hecho base (o datos, según
nuestras categorías) y la conclusión o afirmación (claim). Ejemplos de esta
especie son la presunción de incapacidad de los menores de edad, la del cono-
cimiento de las leyes y la validez de la cosa juzgada (res iudicata pro vertitate
habetur), entre otros.
Volviendo entonces sobre las presunciones legales stricto sensu, esto es,
aquellas que admiten prueba en contrario, cabe señalar que las mismas man-
tienen la señalada nota dialéctica. Por ello, asumen que quien se opone a la
conclusión presumida tendrá que acreditar la excepción. Es decir, tendrá que
oponer razones para lograr evitar el pasaje entre el hecho base y el hecho pre-
sunto. En el marco de un proceso judicial, en la dialéctica propia de la traba
de la litis, será posible establecer una contradicción sobre los alcances de la
presunción, ofreciendo prueba que acredite la ocurrencia de la excepción así
como también, la refutación de que los datos (el hecho base) han ocurrido
para que el actor los deba probar.
Es en virtud de esta circunstancia que habitualmente se reitera que las
presunciones operan una alteración de la carga de la prueba. Sin embargo,
esta afirmación no puede ser sostenida sin la introducción de ciertos matices.
Aguiló Regla, analiza las presunciones legales iuris tantum desde el tipo de
enunciado que las contiene. En este sentido, afirma que cuando la presun-
ción aparece recogida por una regla, en la que se vincula un antecedente
fáctico con una consecuencia jurídica a partir de una relación condicional,
entonces, en verdad, aquellas no acarrean una alteración de la carga de la
prueba. En estos casos, lo único que se modifica, es el hecho objeto de prue-
ba. Así, en lugar de requerir la demostración directa del hecho (el que se pre-
sumirá), facilitan su acreditación con la demostración de otro hecho al que
se vincula —por virtud del presumible teórico— la consecuencia presumida.
En este sentido, no hay alteración alguna de las reglas generales de la carga
de la prueba, las que por lo general prescriben que cada parte en el proceso
debe acreditar los hechos que constituyen el supuesto fáctico de la norma
(o normas) que se invoca(n) como fundamento de la pretensión, defensa u
excepción 36.
En cambio, según lo señala Aguiló Regla, cuando las presunciones apare-
cen recogidas en enunciados con forma de principios, la cuestión es diferen-
te. En estos casos, el funcionamiento de la presunción no aparece sujeto a
condiciones de aplicación por virtud del carácter abierto de estos enunciados
normativos. Por ello, si bien la presunción admite prueba en contrario, no
tiene condiciones de aplicación que deban ser acreditadas para que aquella
se vuelva operativa. La misma consiste en una asunción fáctica apoyada en
una decisión del legislador de proteger ciertos valores. Un ejemplo de esta
especie lo podemos encontrar en la presunción de inocencia que coloca a
36 Así el art. 375 del Código Procesal bonaerense y art. 377 del Nacional. Con una expresión diversa
pero igual sentido, puede verse el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española.
140 María carlota Ucín
Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal Vol. 2 | 2021
un imputado en la comodidad de no tener que probar aquella (ni ningún
supuesto que haga procedente la presunción), debiendo la acusación correr
con la acreditación de su tesis apoyada en la responsabilidad penal. En estos
supuestos, entonces, sí se puede afirmar que se produce una alteración de la
carga de la prueba. De hecho, es dable sostener que quien goza del beneficio
de la presunción no debe demostrar nada para que la misma opere, intere-
sando a quien la quiera derribar correr con la carga de la prueba 37.
Volviendo sobre las presunciones hominis, las mismas admiten como se
ha dicho prueba en contrario y funcionan de modo semejante a las presun-
ciones legales iuris tantum contenidas en reglas. Es decir que —por hipó-
tesis— quien quiere sostener una conclusión presunta, tendrá que fundarla
en los indicios probados que la puedan sostener. Con ello no hay alteración
alguna de las reglas de la carga de la prueba. Sin embargo, miradas las cosas
en los términos dialécticos que propone el proceso, vemos que el funciona-
miento de las presunciones hominis plantea alguna cuestión interesante. Por
empezar, son parte del razonamiento probatorio de los jueces, por tanto se
encuentran en principio ajenas a la determinación dialéctica de la litis en la
fase postulatoria. Es más, resulta muy difícil para las partes poder anticipar
—en tal momento inicial del proceso— cuál habrá de ser la manera en que el
juez valorará el material probatorio.
Lo habitual será entonces que las partes aleguen y ofrezcan prueba que dé
fundamento a sus tesis respectivas y el juez, al momento de decidir, los enla-
zará en un razonamiento probatorio que podrá incluir o no alguna presun-
ción 38. Así, tendrá por probado, con un grado de probabilidad que se deberá
fundar, la conclusión a la que se arribe a partir de una inferencia probatoria.
En dicha faena podrá entonces elaborar una presunción la que, a diferen-
cia del razonamiento probable, gozaría de un valor de verdad superior pues
la conclusión no sería solo probable sino presunta 39.
Pero en estos casos, la circunstancia de que el juez elabore un razona-
miento indiciario no alteraría el juego de las cargas probatorias de las partes.
Me explico, a diferencia de la dinámica expuesta para las presunciones lega-
les iuris tantum, lo que sucede con las presunciones hominis es que quien se
vea perjudicado por ellas solo podrá refutarlas en ocasión de la impugnación
de tal decisión y esto en el hipotético caso de que esta fuera admisible en la
instancia procesal respectiva de acuerdo con el sistema procesal de que se
trate. Es así como, miradas las cosas desde el funcionamiento procesal,
la alegación y prueba de la excepción a la presunción hominis tendrá lugar
37 En Gascón Abellán se encuentra una distinción semejante. La autora distingue la «presunción
material» de la «formal». La primera sería la que Aguiló Regla identifica con las contenidas en reglas y
las segundas, en principios. Véase: Los hechos en el derecho…, cit., p. 138.
38 Para una distinción entre la presunción hominis y la inferencia probatoria, remito al texto de
J. aGUiló reGla, «Las presunciones hominis y las inferencias probatorias», Revista de la Facultad de
Derecho PUCP, núm. 79, 2017 pp. 99-110.
39 Ibid., p. 106.
CUESTIONES PROBATORIAS EN EL LITIGIO DE INTERÉS PÚBLICO… 141
Vol. 2 | 2021 Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal
de modo diacrónico. Y esta es una diferencia esencial entre las presunciones
legales y las hominis.
Las primeras son conocidas por las partes al iniciar un proceso. Por tal
motivo, permiten que estas estructuren sus pretensiones y defensas a la luz de
la presunción contenida en la norma específica. La modificación del objeto
de prueba, tendiente a favorecer a la parte beneficiada con la presunción y la
prueba de su excepción por la contraria pueden funcionar, de modo sincróni-
co, en ocasión de la traba de la litis. Es decir, la parte actora puede elaborar
su tesis apoyada sobre la norma que contiene la presunción y por tanto, el
objeto de prueba estará determinado por los hechos que constituyen el ante-
cedente fáctico de dicha norma. Luego, el demandado, en oposición a dicha
tesis, deberá probar los hechos que configuran una excepción a la misma,
es decir, demostrar que de tales datos no se sigue la presunción invocada o
podrá argumentar que la prueba del actor no es suficiente para tener por pro-
bado el antecedente de la norma. Esto permite, como es lógico asumir, una
mejor defensa de las partes y una deliberación intraprocesal, acorde con las
exigencias del debido proceso.
En cambio, el razonamiento propio de las presunciones hominis tiene lu-
gar en el momento final del proceso y por tal motivo no permite a las partes
anticipar una estrategia probatoria adecuada. Esto le está vedado tanto a la
parte actora cuanto a la demandada porque el eventual contenido de este ra-
zonamiento es privativo de la actividad jurisdiccional. Como se ha expuesto,
ante una presunción elaborada en el marco de la decisión judicial, a la parte
perjudicada por ella solo le cabe la impugnación de la decisión, ocasión en la
que —con los límites propios de esta instancia— podrá valerse de la prueba
ya producida para intentar demostrar la configuración de una excepción o,
en su caso, mostrar alguna debilidad del argumento judicial.
No obstante esto, habría un tipo de casos en los cuales las partes podrían
anticiparse al razonamiento presuntivo llevado a cabo por el juez. Esto es po-
sible en los supuestos de presunciones judiciales 40. Las mismas son aquellas
que son elaboradas por la jurisprudencia y tienden a estabilizarse a partir de
la reiteración de dicho criterio, tal como se ha expuesto que sucede con los
casos de discriminación. 41 En el funcionamiento de estas no hay una altera-
ción de la carga de la prueba aunque sí una modificación del objeto de ella.
Así, quien denuncie ser víctima de un acto discriminatorio verá facilitada
su demostración al tener que acreditar no ya la discriminación en sí misma
sino solo los hechos que lo hacen presumible (por ejemplo, encontrarse en
una categoría sospechosa y haber sido tratada en un modo desigual, según
las especiales circunstancias que rodean el caso). Acreditados debidamente
40 En este sentido, art. 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, recordemos, prescribe en
su apartado 2º que frente a la posible formulación de una presunción judicial, el litigante perjudicado
por ella siempre podrá practicar la prueba en contrario.
41 Puede verse: R. GaMa, Concepciones y tipología de las presunciones en el derecho continental, cit.
p. 81.
142 María carlota Ucín
Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal Vol. 2 | 2021
estos elementos de hecho, se puede concluir —por medio de la referida infe-
rencia— que en el caso existió un trato discriminatorio.
Este pasaje se vuelve posible porque se sustenta en ciertas regularidades
empíricas que permiten garantizar (justificar) la relación entre los datos (in-
dicios) y la conclusión. Las mismas surgen de la observación de la experien-
cia que muestra que los actos de discriminación no suelen presentarse de
modo manifiesto sino siempre solapado. Y a su vez, que ciertas categorías
de personas o grupos determinados han resultado pasibles de tratos discri-
minatorios frecuentes por lo que incluso distinciones en apariencia neutras
podrían encerrar un trato desigual.
Entonces, quien alega un trato discriminatorio debe probarlo aunque
goza para ello de una suerte de favor probationis. Es decir, no se le impone
demostrar el carácter discriminatorio del acto impugnado (donde se aloja la
dificultad probatoria) sino solo la ocurrencia de hecho y su vinculación con
alguna categoría sospechosa. Esta elaboración se encuentra en consonancia
con las normas protectorias de la igualdad y la sanción de todo trato discri-
minatorio. Como consecuencia de ello, con la prueba de los datos iniciales, se
activa el funcionamiento de la presunción y con ello se ve agravado el rol pro-
batorio del demandado, quien deberá quebrar la conexión entre los hechos
probados y la conclusión (que sería la presunción del obrar discriminatorio)
a partir de la introducción de una causa de excepción. 42
Este tipo de presunción no siempre cuenta con base normativa explícita y
ha tenido su origen en la jurisprudencia. Lo que sucede es que luego, a través
de su consolidación jurisprudencial, logra la estabilización de ciertos están-
dares probatorios que pueden ser conocidos por las partes a priori, determi-
nando por ello sus roles dialécticos en el proceso y los alcances de sus cargas
42 Este razonamiento se muestra patente en el Considerando 5.º del caso “Sisnero” de la CSJN
Argentina (Fallos 337:611), donde se puede leer lo siguiente: «Que cabe recordar que la discriminación
no suele manifestarse de forma abierta y claramente identificable; de allí que su prueba con frecuencia
resulte compleja. Lo más habitual es que la discriminación sea una acción más presunta que patente, y
difícil de demostrar ya que normalmente el motivo subyacente a la diferencia de trato está en la mente
de su autor, y “la información y los archivos que podrían servir de elementos de prueba están, la mayor
parte de las veces, en manos de la persona a la que se dirige el reproche de discriminación” (vid. Fallos:
334:1387, considerando 7°). Para compensar estas dificultades, en el precedente citado el Tribunal ha
elaborado el estándar probatorio aplicable a estas situaciones. Según se señaló en esa ocasión, para la
parte que invoca un acto discriminatorio, es suficiente con “la acreditación de hechos que, prima facie
evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado, a
quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que este tuvo como causa un motivo
objetivo y razonable ajeno a toda discriminación” (conf. considerando 11). En síntesis, si el reclaman-
te puede acreditar la existencia de hechos de los que pueda presumirse su carácter discriminatorio,
corresponderá al demandado la prueba de su inexistencia. Este principio de reparto de la carga de la
prueba en materia de discriminación tuvo su origen en la jurisprudencia norteamericana, en el cono-
cido caso “Mc Donnell Douglas Corp. vs. Green” (fallo del año 1973, publicado en 411 US 792). Esa
doctrina continúa siendo aplicada por la Corte Suprema de los Estados Unidos hasta la actualidad,
aunque con ciertos matices (vid. 431 US 324, año 1977, 509 US 502, año 1993 y 530 US 133, año 2000).
Asimismo, la regla fue adoptada por diversos ordenamientos nacionales e internacionales (vid., en este
sentido, citas de Fallos: 334:1387 y Manual de la legislación europea contra la discriminación, Oficina
de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2011).»
CUESTIONES PROBATORIAS EN EL LITIGIO DE INTERÉS PÚBLICO… 143
Vol. 2 | 2021 Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal
probatorias. De esta manera, se preserva la igualdad de las partes dentro del
proceso. Es decir, desde el escrito de inicio la parte actora puede abocarse a
la demostración de los hechos relevantes y el demandado, concentrarse en la
prueba de la excepción que justifique el trato cuestionado. Esto es idéntico a
lo que sucede en las presunciones legales iuris tantum, sin embargo, aquí sin
contar con dicha regla, ello sucede a partir de la jurisprudencia constante.
No obstante la equivalencia pragmática, el uso de este tipo de razona-
miento en los sistemas continentales ha sido cuestionado por autores como
taruffo. Según el autor, estas creaciones excederían las facultades propias
de los magistrados en el civil law por oposición a las potestades propias de
aquellos del common law. Es por ello por lo que el autor se muestra reticente
respecto del ejercicio de estas facultades en los sistemas continentales y ma-
nifiesta su preocupación por aquellos supuestos en los cuales la discreciona-
lidad judicial puede esconder una manipulación de las reglas de la carga de
la prueba con el consiguiente debilitamiento de la previsibilidad y la igualdad
de las partes en el proceso. Sugiere Taruffo que sería deseable que el derecho
proveyera a los tribunales y a las partes de criterios generales con los que se
puedan obtener decisiones consistentes y previsibles, no basadas en criterios
ad hoc y por tanto variables. No se puede menos que compartir dicha preocu-
pación. En especial, por la alteración que estas presunciones producen en la
dinámica argumentativa del proceso tal como he venido insistiendo 43.
Ahora bien, enlazando cuanto se lleva dicho con las particularidades de
los derechos sociales y la importancia de la determinación de su contenido,
cabe pensar en la utilidad que podrían tener las presunciones para la prueba
del incumplimiento estatal. En primer término, cabe pensar en el susten-
to de ellas, apoyado en la construcción de los estándares normativos antes
analizados. Cuando se presentó el enfoque de derechos y sus lineamientos
se expuso que los mismos podían servir para precisar el contenido, muchas
veces indeterminado, de los derechos sociales. Pero también se insinuó allí
que algunos de ellos podrían servir de sustento para la determinación de la
actividad probatoria. Es así como se podría apoyar en ellos una presunción
que conecte de un lado el estado de cosas denunciado como violatorio de uno
o varios derechos sociales y de otro, ciertas regularidades empíricas asocia-
das a la lesión de estos y al obrar estatal.
Entonces, por ejemplo, a partir de la obligación de adoptar medidas hasta
del máximo de los recursos disponibles para la satisfacción de los derechos,
se podría luego inferir que ante una violación determinada —y tanto más
cuanto esta sea masiva o grave— presumiblemente el Estado no ha cumplido
cabalmente con su obligación de asignar el máximo de sus recursos disponi-
bles para la satisfacción del o de los derechos violados. El presumible teórico
consiste en que si se asignaran recursos suficientes, entonces los derechos
podrían ser respetados. Es decir, el Estado dispondría de programas y estruc-
43 M. tarUFFo, La prueba de los hechos, cit., nota 6, p. 155.
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turas concretas para hacerlos efectivos. Sin embargo, el caso contrario no es
necesariamente falso. Es decir, podría darse el caso de que el Estado haya he-
cho grandes esfuerzos presupuestarios y haya asignado de manera razonable
sus recursos y aun así, hubiera derechos violados. Acreditado este extremo, el
Estado quedaría obviamente exonerado de su responsabilidad.
La dinámica que el uso de estos estándares normativos propone es que se
facilite la prueba a quienes lleven adelante estos reclamos, asumiendo que se
trata de supuestos de dificultad probatoria tal como ya se expuso. Y ello no
sucede a partir de la inversión de la carga de la prueba sino permitiéndole
probar al ciudadano hechos más simples para luego, poder asumir la viola-
ción de las obligaciones por parte del Estado. A este le cabe su defensa, mos-
trando que de tales hechos indiciarios no se sigue su responsabilidad porque,
por ejemplo, ha obrado en cumplimiento con los estándares de derechos. En
el caso podría argumentar (y probar) que efectivamente sí dispuso del máxi-
mo de los recursos disponibles o que, en todo caso, no se lo pudo hacer pero
por una opción razonable a la luz del sistema de derechos.
De la misma manera, ante la demostración de un recorte o reducción en
el goce de los derechos se podría inferir que el Estado ha incumplido con
sus deberes convencionales. En este supuesto, la prueba a cargo del Estado
se debería enfocar en acreditar que la medida cuestionada —aun cuando re-
gresiva— se encontraba justificada en el contexto de la necesidad de proteger
otro derecho social prioritario. Cuestión esta que debería además abastecer
la adecuada demostración de la razonabilidad de la opción y el respeto del
contenido mínimo de cada uno de los derechos involucrados.
Aquí se muestra nítida entonces la función facilitadora de la prueba que
pueden cumplir estas presunciones, apoyadas en estándares normativos es-
tables y conocidos a priori por las partes. Lo más conveniente sería que fue-
ran recogidas legalmente, bajo la forma de presunciones iuris tantum por las
ventajas que estas presunciones ofrecen para la igualdad de las partes en el
proceso. Las mismas facilitarían la prueba de quien invocara la violación de
sus derechos, pero a la vez favorecerían al Estado la prueba de sus defensas
porque se conocería a priori cual sería el estándar empleado por el tribunal.
Esta solución parece conciliar de manera razonable el favor probationis de-
bido a ciudadanos y el derecho que también asiste al Estado demandado de
respetar su defensa en el marco de un proceso justo.
De no ser esta la opción del legislador, eventualmente se podría pensar en
un recorrido alternativo, aceptando que una creación pretoriana análoga a la
de la prueba de la discriminación pudiera ser consolidada y estabilizada en el
tiempo. Si bien esta alternativa es problemática y, como antes se expuso, no
es necesariamente afín a las facultades de los magistrados de los ordenamien-
tos continentales, tendría por ventaja el poner en vigencia el enfoque protec-
torio de derechos y serviría de antecedente a futuras regulaciones. El even-
tual sustento normativo se alojaría en las normas protectorias de derechos
CUESTIONES PROBATORIAS EN EL LITIGIO DE INTERÉS PÚBLICO… 145
Vol. 2 | 2021 Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal
fundamentales que establecen los estándares normativos presentados y que
resultan imperativas para los Estados, incluidos sus funcionarios judiciales.
4. ALGUNAS CONCLUSIONES PROPOSITIVAS
El tema que aquí he analizado no se ubica de manera exclusiva en el domi-
nio de la legislación positiva. Es por ello por lo que las conclusiones resultan
propuestas de lege ferenda y habrán de revestir el carácter de sugerencias
para los legisladores y también para los operadores jurídicos (abogadas/os
y juezas/ces). A continuación ofrezco entonces un recorrido por los tópicos
aquí abordados intentando contribuir a la mejora de la práctica del Litigio de
Interés Público que procure la vigencia de los derechos sociales.
Como se ha argumentado, los derechos sociales presentan rasgos que ex-
plican algún grado de dificultad probatoria para la demostración del incum-
plimiento de las obligaciones estatales. Dicha dificultad se deriva tanto de
la indeterminación de su contenido normativo y obligacional, cuanto de la
asimetría de la información respecto de su eventual cumplimiento por parte
del Estado. La indeterminación de su contenido puede ser morigerada con el
desarrollo de los estándares normativos que se han ido consolidando desde
el llamado «enfoque de derechos» que recoge el corpus valorativo e interpre-
tativo elaborado por los organismos de defensa de los derechos humanos.
Luego, considerando la asimetría de la información en estos casos, tam-
bién se podría valorar la utilidad de la elaboración de un razonamiento pre-
suntivo vinculado con tales estándares. Como opción ideal, se debería esta-
blecer una regulación específica que incluyera un tipo de presunción legal
iuris tantum para la acreditación del incumplimiento estatal en estos casos.
Pero hasta que ello suceda, la elaboración de presunciones judiciales esta-
bilizadas jurisprudencialmente podrían lograr igual propósito. Tal como se
ilustró con el ejemplo de la prueba de la discriminación —el que por afinidad
temática podría servir de ejemplo para hallar soluciones adecuadas para los
derechos sociales— la consolidación de estas formas de razonamiento tiene
una ventaja por sobre las simples presunciones hominis al permitir a las par-
tes un conocimiento de las mismas con carácter previo a la elaboración de su
estrategia procesal.
De esta manera los operadores jurídicos podrían apoyar sus argumentos
en la regularidad empírica que indica que si se han desconocido derechos
de un modo reiterado o masivo es plausible afirmar que el Estado no ha
cumplido con las obligaciones a las que se comprometió internacionalmente.
En concreto, que no ha satisfecho los estándares normativos que le ordenan
«adoptar medidas», «hasta el máximo de los recursos disponibles» y de «ma-
nera progresiva», por ejemplo. Planteada así la presunción y la distribución
de la carga de la prueba, cabrá al Estado acreditar que ha realizado todo lo
que estaba a su alcance y que, sin embargo, no se ha podido evitar el resulta-
do o que la medida no era regresiva o estaba debidamente justificada.
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Más allá del obvio beneficio que una regulación específica podría repre-
sentar para quienes intentaran demostrar el incumplimiento estatal, se puede
apreciar que la última opción también resuelve de modo razonable la distri-
bución de la dificultad probatoria. Con ello, además de favorecer a ciudada-
nos en sus reclamos —favoreciendo la producción de una prueba económica
y simplificada de los extremos controvertidos— se facilita al Estado el cono-
cimiento de los hechos que debería acreditar para exonerarse de su responsa-
bilidad. Esta solución se muestra entonces como una adecuada conciliación
entre los objetivos del proceso: la búsqueda de la verdad y el respeto de las
garantías de las partes.
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SUMARIO.- 1. LA REGLA DE EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA. 1.1. La tensión: verdad vs. Ideología. 1.2. Definición. 1.3. Alcance de la exclusión: la prueba ilícita indirecta o derivada. 1.4. Fundamento jurídico de la regla de exclusión: a) el derecho a un proceso con todas las garantías; b) la tesis del efecto disuasorio; c) la doctrina española de la conexión de antijuridicidad. 2. LAS EXCEPCIONES A LA REGLA. 2.1. La fuente independiente. 2.2. El descubrimiento inevitable. 2.3. El nexo causal atenuado. 2.4. La buena fe. 3. EL REPLIEGUE HACIA LA LIBERTAD DE PRUEBA.
Article
Este articulo tiene como objetivo mostrar algunos problemas persistentes en el uso de las presunciones en el Derecho. De manera concreta, se plantea que el analisis de las presunciones esta afectado por la ambiguedad en el uso de esta expresion en el lenguaje juridico, asi como por la diversidad de concepciones sobre las presunciones. En el articulo se critica la concepcion tradicional de las presunciones como razonamientos o inferencias del legislador o del juez. A pesar del arraigo de esta concepcion en la cultura juridica continental, en el articulo se argumenta que se trata de una concepcion insuficiente e inadecuada. Dicha concepcion es insuficiente porque solo permite explicar la estructura del razonamiento presuntivo, pero no da cuenta del caracter y el funcionamiento de las reglas de presuncion establecidas legal o jurisprudencialmente. Por otra parte, dicha concepcion es inadecuada porque las presunciones legales no son inferencias que van de un hecho conocido a un hecho desconocido, sino reglas que obligan a considerar un hecho como probado, dispensando a quien se beneficia con la presuncion de la carga de acreditar un hecho, trasladando la carga de la prueba a la contraparte que desee evitar que opere la presuncion.
Article
Estudio que desarrolla una teoría para interpretar la producción normativa que emana del legislativo. Contiene: 1. Las normas regulativas: principios y reglas; 2. Las normas constitutivas; 3. Los enunciados permisivos; 4. Los valores en el derecho; 5. La regla de reconocimiento; 6. Conclusiones.
Article
Estudio que aborda un análisis de los derechos sociales desde la crítica dominante, la historia, la filosofía normativa, la teoría del derecho y la dogmática, para luego plantear la cuestión de sus garantías jurídicas y políticas.
«Las garantías constitucionales y la regla de exclusión probatoria en el proceso penal», en: Revista anales, núm.42, Facultad de Cs
  • V Anselmino
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