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Impacto de los plaguicidas en los alimentos, el ambiente y la salud en Argentina. Revisión bibliográfica y propuestas superadoras

Authors:

Abstract

Pesticide impact on food, environment and human health in Argentina. Bibliographic review and overcoming proposals. Impacto de los plaguicidas en los alimentos, el ambiente y la salud en Argentina Revisión bibliográfica y propuestas superadoras. Keywords: Pesticides. Food safety. Environmental Pollution. Dietary Risk Assessment. Environmental Risk Assessment. Pesticide Toxicology. Carcinogenicity of pesticides. Pesticide residues. Health effects. Contamination on Natural Biota. Groundwater. Surface Water. Rainfall water. Soil. Biodiversity. Agribiodiversity. Agroecology. Protection zone. Buffer zone. Palabras clave: Plaguicidas. Seguridad Alimentaria. Contaminación Ambiental. Evaluación de Riesgo Dietario. Evaluación de Riesgo Ambiental. Toxicología. Carcinogenicidad. Residuos de plaguicidas. Efectos en Salud Humana. Efectos en: Biota Natural; Agua subterránea; Agua Superficial; Agua de Lluvia; Suelo. Biodiversidad. Agrobiodiversidad. Agroecología. Zona de resguardo. Zona buffer.
INFORME
Impacto de los plaguicidas en los alimentos,
el ambiente y la salud en Argentina
Revisión bibliográfica y propuestas superadoras
Autor:
HORACIO R. BELDOMENICO1
1Ex Profesor de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL)
y Director del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos
(PRINARC-FIQ-UNL). Docente-Investigador Categoría I-CONEAU.
Ciudad de Rafaela
Provincia de Santa Fe
-5 noviembre de 2021-
1
Impacto de los plaguicidas en los alimentos, el ambiente
y la salud en Argentina
Revisión bibliográfica y propuestas superadoras
Horacio R. Beldomenico1
1Ex Profesor de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL) y Director del Programa de
Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC-FIQ-UNL). Docente-Investigador Categoría I-CONEAU.
MOTIVOS DEL INFORME
Este informe se propone complementar los contenidos vertidos por el autor, con motivo de una
reunión de consulta concretada con la Mesa de Trabajo sobre Fitosanitarios de la Cámara de
Diputados de la Provincia de Santa Fe. La misma contó con la participación de la presidenta y
vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dra. Erica Hynes y
Carlos Del Frade respectivamente, y otros integrantes de dicho cuerpo legislativo. Cabe aclarar
que también he estado motivado por un pedido de mi amigo el Dr. Enrique Marchiaro, experto
en el derecho de Municipalidades y Comunas, quien recabó mi opinión con motivo de haber
transcurrido una década desde la presentación del informe sobre la toxicidad del glifosato de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL, 2010), comisión ad-hoc que tuve el honor de coordinar,
en la que 21 expertos de esa casa de estudios, emitieron una opinión sobre la compleja temática,
a requerimiento de la justicia santafesina, que a posteriori emitió el primer fallo aplicando el
principio precautorio sobre este tema en nuestra provincia y en el país.
En realidad, es notable que luego de transcurridos diez años, siga siendo el uso de agroquímicos,
en particular el glifosato y el resto de plaguicidas que se utilizan profusamente en la agricultura
desarrollada en nuestro país, un tema que continúa preocupando a nuestra sociedad. Ello habla
por si solo de la complejidad del mismo, pero también evidencia la dificultad que tenemos
también como sociedad para planificar en conjunto y concretar las acciones que requiere una
solución consistente del problema. Por ello con la misma convicción y empeño, con que me
desenvolví trabajando en esta problemática durante más de cuarenta años en la Universidad
Nacional del Litoral, preparé la revisión bibliográfica y el conjunto de opiniones que conforman
este informe, que por supuesto son de estricto carácter personal.
El mismo tiene el propósito de facilitar el acceso a la copiosa información existente y de
contribuir a que se puedan tomar las mejores decisiones, porque sin duda de ellas depende en
gran medida la prosperidad económica de nuestro país, pero también el bienestar de nuestra
comunidad, con el respeto de todos sus derechos, el pleno goce de buena salud, alimentación
sana y el disfrute de nuestro gran hogar compartido que es el ambiente. Esto es muy deseable
concretarlo plenamente y rápidamente para nuestros contemporáneos, pero también sabemos
que esta en juego la herencia que les dejaremos a nuestras generaciones futuras.
2
INDICE
Item
tulo
g.
MOTIVOS DEL INFORME…………………………………………………………….……………………..
1
INDICE……………………………………………………………………………………………………………..….
2
SIGLAS Y ABREVIATURAS…………………………………………………………………………………....
3
1.
RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………….……………………….….
5
2.
INTRODUCCION……………………………………………………………………………………………..……
8
3.
OCURRENCIA Y EFECTOS EN EL AMBIENTE …………………………….………………………...
14
3.1.
AGUAS, SEDIMENTOS, SUELOS Y AIRE…………………………….………………………...……
14
3.1.1.
Aguas superficiales y sedimentos…………………………………………………………..
14
3.1.2.
Aguas subterráneas……………………………………………………………………………….
16
3.1.3.
Suelos y aire………………………………………………………………………………………..…..
17
3.1.4.
Agua de lluvia………………………………………………………………………………………..
18
3.2.
BIOTA………………………………………………………………………………………………………….
19
3.2.1.
Invertebrados……………………………………………………………………………….……….
19
3.2.2.
Peces….……………………………………………………..…………………………………………….
20
3.2.3.
Anfibios…………...…………………………………………..………………………………………….
21
3.2.4.
Reptiles y vertebrados terrestres………….……..…………………………………………..
22
3.3.
ALIMENTOS Y AGUA POTABLE……………………………………………………………….….……
23
3.3.1.
Sobre la complejidad del análisis químico de residuos…………………….……….
23
3.3.2.
Alimentos………………………………………………………………………………………………
23
3.3.3.
Agua potable…………………………………………………………………………………………
28
4.
EFECTOS EN LA SALUD HUMANA…………………………………………………………………………
30
4.1.
Estudios de exposiciones ocupacionales…………………………………………………….....
31
4.2.
Estudios epidemiológicos y de exposición ambiental poblacional………………..
32
4.3.
Efectos y toxicidad de algunos plaguicidas seleccionados………………………...
33
4.4.
Biomonitoreo. Análisis químico de biofluidos…………………………………………………
36
4.5.
Sobre los registros de intoxicaciones y de morbimortalidad por plaguicidas.…
38
4.5.1.
Registros de intoxicaciones………………………………………………………..…….…….
38
4.5.2.
Registros de anomalías congénitas……………………………………………….……….
40
4.6.
Sobre la carcinogenicidad de los plaguicidas……………………………………………….
43
4.6.1.
Sobre la clasificación de carcinógenos…………………………..…………………….
43
4.6.2.
Sobre las controversias en la reclasificación del glifosato…………………….
44
5.
DESTINO Y DISTRIBUCION DE PLAGUICIDAS. ZONAS DE RESGUARDO………………….
46
5.1.
Sobre el destino de las moléculas una vez liberadas…………………………………….
46
5.2.
Efectos en la salud por la cercanía de los cultivos…………………………………………
49
5.3.
Problemas de salud por la cercanía de cultivos en Argentina……………………….
51
5.4.
Algunos estudios que evidencian efectos por la cercanía de cultivos……………
53
5.5.
Consideraciones sobre distancias de amortiguamiento………………………………..
54
6.
ANALISIS DE RIESGO Y LA GESTION DE PLAGUICIDAS………………………………………..
55
6.1.
El análisis de riesgo: estrategia utilizada en países desarrollados……………..…….
55
6.2.
La creciente tendencia crítica mundial a la Agricultura de Base Química……..….
57
6.3.
Análisis de riesgo en Argentina…………………………………………………………………..….
60
6.4.
Clasificación de la peligrosidad de plaguicidas…………………………………………..……
62
6.5.
La gestión de agroquímicos en Argentina………………………………………………..……..
64
7.
ALTERNATIVAS. AGRICULTURA DE BASE AGROECOLÓGICA……………………………..…..
65
7.1
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)…………………………………………………………….……..
65
7.2
Creciente conciencia internacional sobre reducción del uso de plaguicidas…….
67
7.3
Agroecología: Ciencia revalorizada en la actualidad………………………………………..
69
8.
REFLEXIONES GENERALES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS SUPERADORAS..
72
8.1.
Reflexiones generales………………………………………………………………………………
72
8.2.
Recomendaciones y propuestas superadoras…………………………………………………..….
73
9.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………………………………...
77
AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………………………………………….
103
3
SIGLAS Y ABREVIATURAS
AAPRESID:
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Argentina).
ALS:
Enzima acetolactato sintetasa.
AR:
Análisis de riesgo.
AMPA:
Acido amino metil fosfónico, metabolito del glifosato
ARfD:
Dosis de Referencia de Toxicidad Aguda (mg/kg peso corporal).
ASSAL:
Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.
CENATOXA:
Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico. Actualmente Laboratorio de
Asesoramiento Toxicológico Analítico.
CGM:
Cultivo de evento Genéticamente Modificado.
CIAAT:
Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica.
CONICET:
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
COP:
Compuesto Orgánico Persistente.
ECHA
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.
EFSA
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
ENNyS:
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud.
ENRESS:
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Provincia de Santa Fe) .
EPP/PPE:
Equipo de Protección Personal/Personal Protection Equipment.
ER:
Evaluación de riesgo.
FAO:
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
FIQ:
Facultad de Ingeniería Química.
GBH
Glyphosate Based Herbicides. Herbicidas a base de glifosato.
i.a.:
Ingrediente activo.
IARC:
International Agency for Research on Cancer. Agencia Internacional de
Investigación del Cáncer.
IDA/ADI:
Ingesta Diaria Admisible/Acceptable Daily Intake (mg/kg peso corporal).
IDTMN:
Ingesta Diaria Teórica Máxima Nacional.
INTA:
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
INTI:
Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
IPCC:
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
ISAAA:
International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications.
IVM:
Manejo Integrado de Vectores.
JMPR
Reunión Conjunta FAO/OMS para la Gestión de Plaguicidas.
LC/LOQ:
Límite de cuantificación. Indistintamente se usan siglas en inglés: LOQ.
LD/LOD:
Límite de detección. Indistintamente se usan las siglas en inglés: LOD.
LMR:
Límite Máximo de Residuos.
LUCC:
Land-use/cover change. Cambio de la cobertura por uso de la tierra.
MAyDSN:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Argentina).
Mha:
Millones de hectáreas.
MIP:
Manejo Integrado de Plagas.
MP
10
:
Material Particulado de 10 micrones.
OCDE/OECD
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
OGM/GMO:
Organismo Genéticamente Modificado / Genetically Modified Organism.
OIT/ILO:
Organización Internacional del Trabajo.
OMS/WHO
Organización Mundial de la Salud / World Health Organization.
PAP/HHP
Plaguicidas Altamente Peligrosos / Highly Hazardous Pesticides.
PIA/HIC
Países de ingresos altos (anteriormente países desarrollados).
PIB/LIC
Países de Ingresos Bajos (anteriormente países en vías de desarrollo).
PIBM/LMIC
Países de Ingresos Bajos y Medianos.
PIEC:
Planilla de Investigación Epidemiológica Complementaria.
PNPCIA:
Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones de Agroquímicos
PNUMA/UNEP
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
PPP:
Plant Protection Products / Productos fitosanitarios.
PS II:
Fotosistema II.
RENAC-Ar:
Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina.
RSA:
Red de Seguridad Alimentaria (CONICET-Argentina).
4
RTA:
Red de Toxicología Argentina.
SAICM:
Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional.
SGA/GHS:
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos.
SPM:
Suspended Particulated Matter. Material particulado en suspensión.
UNL:
Universidad Nacional del Litoral.
US-EPA:
US-Environmental Protection Agency/ Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos.
Identificación de compuestos:
ATZ:
Atrazina
CLD:
Clordano.
DDE:
Diclorodifenildicloroetileno.
DDT:
Diclorodifeniltricloroetano.
DLD:
Dieldrin
END:
Endrin
GLY:
Glifosato
HCB:
Hexaclorobenceno.
HCE:
Epóxido de heptacloro.
HCH:
Hexaclorociclohexano.
OCs:
Plaguicidas organoclorados.
OPs:
Plaguicidas organofosforados.
p--DDD:
Isómero p-p´de diclorodifenildicloroetano.
p--DDE:
Isómero p-p´de diclorodifenildicloroetileno.
p--DDT:
Isómero p-p´de diclorodifeniltricloroetano.
α-HCH:
Isómero alfa-hexaclorociclohexano.
β-HCH:
Isómero beta-hexaclorociclohexano.
γ-HCH:
Isómero gamma-hexaclorociclohexano (gammexane o lindano).
5
1. RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe constituye una revisión de los estudios más recientes sobre los efectos de
los plaguicidas utilizados en la agricultura argentina, sobre los ecosistemas naturales, aguas
subterráneas y superficiales, sedimentos, suelos, aire y biota, como así también en los alimentos
que se producen y consumen en el país. También se han incluido en la revisión estudios sobre
la toxicidad y peligrosidad de herbicidas y otros plaguicidas de amplio uso en Argentina, en base
a experimentación en modelos animales y los efectos en humanos, refiriendo a estudios
epidemiológicos de exposiciones ocupacionales y de la población en general. Se ha prestado
especial atención a los estudios realizados en el territorio argentino, especialmente los de la
región central, aunque también se han considerado relevantes algunos otros estudios recientes
de la literatura universal. Se ha revisado el conocimiento existente sobre los efectos en la
población de zonas circundantes a los cultivos OGM.
El informe en general reúne un conjunto de sólidas evidencias respecto a los efectos negativos
verificados en Argentina sobre los ecosistemas y la biodiversidad, como así también la incidencia
de factores ambientales en afecciones en la salud de la población expuesta y no expuesta
directamente. Se ha constatado la presencia prácticamente ubicua del herbicida glifosato en
aguas superficiales, subterráneas y de lluvia, en sedimentos, y distintos componentes de la
biota, en mieles y alimentos diversos que se consumen masivamente en Argentina. Del mismo
modo se ha constatado con alta frecuencia, la ocurrencia de otros plaguicidas de gran
peligrosidad como clorpirifós en una gran variedad de alimentos incluidos los destinados a niños
de corta edad, otros piretroides (cipermetrina, deltametrina), organofosforados (pirimifós-
metilo, dimetoato), herbicidas como 2,4-D, atrazina, metolaclor junto a otro centenar de activos
que son informados en los resultados de numerosos estudios en alimentos y ambientes.
También se constató la tendencia verificada en muchos trabajos, respecto de la co-ocurrencia
simultánea de varios plaguicidas (2 a 11 activos) en la misma muestra, tanto ambientales como
de alimentos, cereales, vegetales, piensos y alimentos infantiles. En general la gran mayoría de
los autores incluidos en la revisión concluyen recomendando la necesidad de tomar medidas de
control y corrección de las situaciones observadas. Se describen también trabajos respecto a los
registros de intoxicaciones, de morbimortalidad por plaguicidas, carcinogenicidad y anomalías
congénitas. Se efectúa también una revisión sobre las controversias actuales respecto a la
clasificación de carcinógenos y en particular la reclasificación del herbicida glifosato.
También dado el interés que existe en la definición de zonas de resguardo se describen
numerosos trabajos que aportan sobre el destino de las moléculas una vez liberadas, los efectos
en la salud por la cercanía de los cultivos, las que son complementadas con referencias
existentes sobre los problemas de salud por la cercanía de cultivos en Argentina. Se fundamenta
así la necesidad de hacer más restrictivas las regulaciones en el caso de las interfases urbano-
rurales y los establecimientos educativos, planteándose límites de amortiguamiento, que al
menos respeten una distancia de 1000 metros sin que se apliquen plaguicidas sintéticos.
Asimismo, con el sentido de ir elaborando interpretaciones y recabar elementos que puedan
contribuir a la solucion de los problemas suscitados, se efectúan comentarios sobre el análisis
de riesgo como una de las estrategias utilizadas en otros países, y de incipiente utilización en
nuestro país. También analizando nuestra situación, se informa sobre las deficiencias en los
sistemas de control en curso, y la legislación vigente en el país, siendo uno de los más notables
el caso de aguas. Del mismo modo se constata que de los más de 430 plaguicidas autorizados en
Argentina menos del 30% son controlados. Muchos de ellos, han sido discontinuados en muchos
países del mundo por razones toxicológicas. Ligado a esto, se describe las referencias mas
actuales sobre el tema de la clasificación de los plaguicidas, aspecto relevante dado que en
nuestro país se continúa considerando solo la toxicidad aguda (DL50) como factor principal de la
6
peligrosidad de los mismos, desconociéndose otros efectos importantes que tienen que ver con
la exposición crónica, prolongada en el tiempo, ya considerada en otros ámbitos.
Se mencionan también las principales expresiones detectadas en nuestro país y también
internacionales, provenientes de organizaciones de gran reconocimiento mundial como las
Naciones Unidas, OMS, FAO, de la Unión Europea y otras instituciones, respecto a la creciente
tendencia crítica mundial a la agricultura preponderante, basada en OGMs y químicos. Al mismo
tiempo se revisan las propuestas alternativas provenientes de dichos ámbitos, basadas en
modelos agroecológicos, que representan una tendencia en auge global, dado las necesidades
de avanzar hacia estrategias mucho mas armoniosas con la naturaleza y respetuosas del
ambiente y la salud humana.
Como resultado de la revisión de la literatura científica de mayor prestigio internacional, como
así también, de las numerosas expresiones que la sociedad ha efectuado mediante sus variados
representantes: funcionarios públicos, jueces, organizaciones socio-ambientales, etc., se
desprenden conclusiones que se pueden sintetizar de la siguiente forma: a) No hay aún en
nuestro país una adecuada conciencia respecto a que no existen plaguicidas inocuos,
afirmación que encabezó el anterior informe UNL de 2010. b) La gestión del riesgo químico
presenta grandes deficiencias en el país. c) Se han sumado gran número de evidencias en el
mejor nivel científico actual, sobre el impacto en la salud y el ambiente que ha producido y
continúa produciendo en el país la agricultura que se ha venido aplicando desde 1996. d) El
aporte de la Ciencia argentina para estos fines, canalizado por la UNL y otras Universidades
Nacionales, el CONICET, el INTA y otros importantes centros, ha sido de gran relevancia, siendo
reconocido en posición muy destacada en los ámbitos científicos internacionales. e) Las
conclusiones generalizadas en la mayoría de los estudios de científicos revisados, especialmente
los argentinos, recomiendan tomar medidas que protejan el ambiente y la salud de las personas,
relacionándose esto directamente con realizar importantes cambios en la agricultura y la
reducción del uso de plaguicidas. f) Existe una tendencia mundial crítica hacia el modelo de
agricultura imperante en la actualidad, basada en el uso indiscriminado de OGMs y
agroquímicos, y consensos importantes de organismos internacionales de gran peso global, que
estan planificando y concretando acciones de modificación de la agricultura hacia modelos más
sustentables, con la drástica reducción o eliminación del uso de plaguicidas. f) Se está
revalorizando e impulsando a nivel global como solución alternativa las propuestas provenientes
desde las ciencias agroecológicas. g) Como consecuencia, en Argentina es necesario asumir
estos desafíos y generar perentorios planes de reconversión de la agricultura hacia modelos
agroecológicos más sustentables, liberados de la dependencia de agroquímicos. h) En la
transición hacia ese modelo más sustentable, nuestro país debe modificar sustancialmente su
sistema de gestión de agroquímicos, con medidas que aseguren el cumplimiento de una práctica
s racional de la agricultura y efectúe un seguimiento del impacto que provoca en el ambiente
y la salud, mediante sistemas perfeccionados de vigilancia epidemiológica y ambiental,
respaldados en conocimientos científicos genuinos y registros de salud y agronómicos mas
abarcativos y consistentes. I) Para contribuir a la concreción en el más breve tiempo de estas
metas, se requieren modificaciones en la legislación existente y probablemente la creación de
estructuras administrativas que puedan asegurar el equilibrio entre las tensiones de la sociedad,
motivadas por los derechos y las necesidades de la producción, de la salud y del medioambiente.
Del mismo modo se debe apelar a las medidas precautorias cuando las situaciones lo requieran.
En función de las observaciones y resultados de la revisión, se comparten en el capítulo final de
este informe, un conjunto de recomendaciones que pueden ser de utilidad para la toma de
decisiones futuras (ver ítem 8.2, página 73).
A modo de síntesis, estas recomendaciones enfatizan sobre: La insistencia de que los plaguicidas
no son sustancias inocuas sino sustancias peligrosas y se deben gestionar en consecuencia (8.2:
7
1). El reclamo de mejoras sustanciales en los registros de salud, la vigilancia epidemiológica, los
biomonitoreos humanos y los sistemas de alerta e intervención (8.2: 2 y 3). El incremento de los
estudios y monitoreos ambientales. El desarrollo de evaluación de riesgo ambiental, vigilancia
ambiental, zonas de protección para los ambientes de mayor riesgo (8.2: 4). La implementación
con mayor eficacia y completitud, de la estrategia de análisis de riesgos en el país, recurriendo
a expertos e instituciones independientes que aseguren la calidad científica e imparcialidad de
los estudios (8.2: 5). El mejoramiento del estado general de la comunicación de los resultados y
la evaluación de riesgos (8.2: 6). La revisión del sistema de registro de plaguicidas en Argentina,
para ampliar el alcance de los criterios de caracterización y clasificación de activos, incluyendo
además de la toxicidad aguda y la letalidad por inhalación, otros factores físico-químicos y
toxicológicos de importancia, como su elevada persistencia en agua y suelos, bioacumulación,
toxicidad para polinizadores, carcinogenicidad, perturbación endócrina y alteración en la
reproducción, daños genéticos intergeneracionales, efectos neurotóxicos en niños y mujer
embarazada (8.2: 7). La regulación del sistema de evaluación y autorización de productos
asegurando la participación de expertos independientes (8.2: 8). El mejoramiento de la
información contenida en los rótulos y marbetes que acompañan las formulaciones autorizadas,
promoviendo el principio de la transparencia respecto a la información intercambiada o
disponible para la aprobación de agroquímicos (8.2: 9 y 10). La revisión del conjunto de límites
permitidos y tolerancias existentes sobre plaguicidas en la Argentina para agua potable,
alimentos de consumo humano, animal y para protección de la vida silvestre (8.2: 11). El
mejoramiento sustancial del sistema de registros relacionados con las actividades de la
agricultura y la armonización de la información existente sobre calidad de suelos (8.2: 12 y 13).
El establecimiento en forma perentoria de zonas de resguardo o protección, desautorizando el
uso de todo tipo de agroquímicos sintéticos en todas las interfases urbano-rurales, escuelas y
ámbitos educativos rurales, contemplando una distancia mínima de 1000 metros en todos los
tipos de aplicaciones. Dada la importancia que tiene esta temática, facilitar las condiciones de
asesoramiento técnico y de ayuda desde los municipios y comunas, para concretar eficazmente
en estas zonas, prácticas agronómicas más sustentables orientadas en la Agroecología y medidas
complementarias como cortinas arbóreas y otras (8.2: 14, 15 y 16). El refuerzo en todo el país
de la intervención del Estado para proteger a los aplicadores de plaguicidas y trabajadores
rurales, siguiendo con rigor las recomendaciones internacionales para la práctica segura, uso
equipos de protección, e inspecciones, y adecuación de todos los manejos operacionales
colaterales inherentes a la aplicación de plaguicidas (8.2: 17 y 18). La dedicación de mayor
atención a la educación de los actores y el gran público; la mejora de los rótulos nutricionales
(8.2: 19 y 20). La evaluación de la conveniencia de la creación de un organismo administrativo
con suficiente independencia sectorial, para la gestión de agroquímicos, sustancias peligrosas y
todos los aspectos relacionados con la gestión del riesgo químico en el país (8.2: 21). Finalmente
se recomienda continuar fortaleciendo nuestro sistema de Ciencia y Técnica en su agenda sobre
los problemas de degradación de los recursos naturales y la salud asociados a la agricultura y la
explotación forestal (8.2: 22) y la promoción del cambio paradigmático en ciernes, hacia formas
de agricultura mas sustentables como las derivadas de las ciencias agroecológicas (8.2: 23).
Aspectos todos que se propone sean contemplados en la nueva legislación provincial y las
legislaciones que correspondan del país (8.2: 24).
8
2. INTRODUCCION
Desde 1996 Argentina ha introducido en su agricultura los cultivos basados en eventos
modificados genéticamente (OGMs). El Servicio Internacional sobre Aplicaciones Agro-
Biotecnológicas (ISAAA) informa que en 2019 se computaron 190,4 millones de ha (Mha) en
todo el mundo, cultivadas con eventos transgénicos. Alrededor del 50% de esas hectáreas
correspondieron a soja, el 31-33% a maíz, el 12-13% a algodón y el 5% a canola. El 1% restante
de la superficie sembrada con OGMs en el mundo, correspondió a variedades transgénicas de
alfalfa, remolacha azucarera, caña de azúcar, papaya, cártamo, papa, berenjena, calabacín
amarillo, manzana, piña/ananá, clavel, y rosa (PQBio, 2021).
Los países que en 2019 sembraron cultivos transgénicos fueron solo 29 y, al menos otros 42
países, por más que no sembraron transgénicos, importaron y consumieron cultivos
transgénicos y sus derivados. De esos 29 países que siembran transgénicos, solo 11 son los que
ocupan más de un millón de hectáreas y explican así el 98% del total mundial de superficie
sembrada con transgénicos. Los otros 18 países se reparten el resto de las superficies, todos con
menos de 1 millón de hectáreas (Tabla 1).
11 países con > 1 mill.
ha sembradas
< 1 mill. ha sembradas
(2% del total mundial)
Millones de ha
sembradas en 2019
Estados Unidos: 71,5
Brasil: 52,8
Argentina: 24
Canadá: 12,5
India: 11,9
Paraguay: 4,1
China: 3,2
Sudáfrica: 2,7
Pakistán: 2,5
Bolivia: 1,4
Uruguay: 1,2
TOTAL: 187,8
98%
de las 190,4 mill ha
sembradas en 2019
LA y Caribe
México,
Colombia
Costa Rica
Honduras
Chile
Europa
Portugal
España
Oceania
Australia
Asia
Vietnam
Myanmar (Birmania)
Indonesia
Bangladesh
Filipinas
Africa
Nigeria
Etiopía
Malawi
Sudán
eSwatini
Tabla 1: 29 paises que sembraron CGMs en el 2019 en el mundo. Fuente: ISAAA 2019 (PQBio, 2021)
Llamativamente Argentina con sus 24 Mha sembradas en ese año, ocupa un privilegiado 3er
lugar en el ranking, y conjuntamente con Estados Unidos (71,5 Mha) y Brasil (52,8 Mha), solo
tres países, explican casi el 80 % del total mundial. Argentina se distingue en el mundo porque
posee la mayor producción mundial de granos per cápita (2,5 toneladas por habitante) (APP-
Banco Mundial, 2016), y tener un 100% de adhesión a variedades transgénicas en tres
importantes cultivos (soja, maíz, algodón). Se ha destacado por la acelerada y masiva adopción
de este modelo desde sus inicios (Fig. 1).
Teniendo en cuenta que a 2020 a nivel global, hay 194 países soberanos reconocidos por la ONU
con su propio gobierno y completa independencia, podemos concluir que la situación que tiene
Argentina respecto a su agricultura es absolutamente especial y muy diferenciada del resto del
mundo. Hay que remarcar entonces que la posición privilegiada en lo económico-productivo que
ello implica, también conlleva a una situación sumamente especial y exclusiva, respecto a lo que
ocurra en nuestro territorio y con nuestro ambiente y nuestra población, por la aplicación de
este modelo con elevado uso de OGMs y extraordinarias cargas anuales de agroquímicos, que
9
estamos reproduciendo desde hace 25 años. Por ello los argentinos somos los más indicados en
nuestro territorio para generar conocimientos genuinos originados en esta propia realidad, para
consecuentemente evaluar y tomar las decisiones que amerite el conocimiento profundo de
esta situación.
Fig 1: Evolución de la superficie de cultivos transgénicos en Argentina. FuenteISAAA 2019 (PQBio, 2021)
Los principales méritos que sus promotores atribuyen a los cultivos transgénicos son: “la
disminución del uso de insecticidas, el reemplazo de herbicidas por otros de menor toxicidad, el
uso de la siembra directa que resultó en una menor erosión del suelo, menos emisiones de gas
invernadero y una reducción en el uso de combustibles. También suman a los méritos el
aumento de la productividad de los cultivos (podemos producir más en menos tierra),
permitiendo preservar hábitats naturales y usar el agua y el suelo más eficientemente. Los
agricultores, por su parte, se beneficiaron a través de la simplificación en el manejo, el aumento
en los rendimientos y la disminución de los costos de producción. También computan como
beneficio que más allá del productor, la adopción de estos cultivos impacta positivamente en la
economía del país como un todo, por las consecuencias sociales y económicas de la actividad y
los incrementos en las exportaciones. Hoy en Argentina prácticamente todos los productores de
soja, maíz y algodón usan variedades transgénicas, esto quiere decir que tanto los grandes, como
los medianos y pequeños productores, pueden percibir los beneficios que brindan las
tecnologías. Por otra parte, también nos beneficiamos los consumidores, porque las tecnologías
de resistencia a insectos en maíz mejoran la calidad del grano y reducen los niveles de
micotoxinas que podrían ser peligrosas para nuestra salud y la de los animales(PQBio, 2021).
En primer lugar, lo que sin duda se cumple a rajatabla es que resulta un próspero agronegocio,
con resultados de gran significación económica (Tabla 2). Sin embargo, esta cuantiosa renta
agropecuaria argentina está lejos de ser un beneficio para todos sus habitantes. Los costos
considerados para calcular estas ganancias no tienen en cuenta las externalidades y la pérdida
de valor del patrimonio argentino en término de daños a la salud, al ambiente, degradación del
suelo, deforestación, contribuciones a los fenómenos climáticos que han modificado el mapa de
inundaciones y sequías (APP-Banco Mundial, 2016), entre otras de índole social y de afectación
de derechos humanos. Tampoco importan mucho en estos balances la exigua proporción que
se destina para evaluar, controlar y prevenir el impacto que produce en la naturaleza y la
población, la aplicación de este sistema productivo. Observemos que el Estado puede
10
considerarse un socio muy interesado del agronegocio, con un alto porcentaje (27,4%) de la
renta agropecuaria, cuestión que podría explicar, aunque no justificar, su laxitud normativa y
prolongada ausencia, en las cuestiones del adecuado manejo y control de los impactos negativos
del modelo. Estas cuestiones, que siguen siendo controversiales en el país, forman parte del
balance riesgo-beneficio con que juzgar la insostenibilidad de este sistema.
CULTIVO
MILLONES DE U$D
SOJA, Distribución de beneficios:
Soja
118.355,91
Productores: 65,9%
Maíz
5.510,50
Estado: 27,4%
Algodón
3.102,86
Semillas: 3,7%
TOTAL
126.969,27
Glifosato: 3,0 %
Tabla 2: Detalle de los beneficios acumulados en el período 1996-2016, las 2 primeras décadas de
cultivos transgénicos en Argentina (Trigo, 2016)
Entonces como decimos, en las promociones no se menciona la otra cara de la moneda, que son
todas las consecuencias negativas que tiene este modelo de agricultura industrial, que opacan
y contradicen la mayoría de sus invocadas virtudes. A pesar de su uso generalizado, los
plaguicidas químicos no han logrado reducir las pérdidas de cosechas en los últimos 40 años
(Oerke, 2006). Al mismo tiempo ha producido un impacto hasta niveles alarmantes en el
ambiente, la biodiversidad y la salud de las personas, que ya está evidenciado con total
consistencia en el país. Del mismo modo los efectos negativos sobre la conservación del suelo,
su balance de nutrientes y su edafología, asociados a la masiva práctica de monocultivos, y a las
deficiencias mostradas en el manejo del suelo, con escaso uso de las rotaciones, cultivos de
servicio, manejo integrado de plagas, y otras buenas prácticas, se contrapesan con los beneficios
que efectivamente aporta la siembra directa. Asimismo, el modelo ha provocado modificaciones
en el territorio con la expansión de las fronteras agrícolas, como así también ha producido
efectos negativos sociales y laborales en la vida rural del país. Sin contar la potencial
contribución, aún no suficientemente evaluada, de este modelo a los impactantes efectos
provocados por los fenómenos climáticos en nuestro país. Solo para darnos una idea de escala
económica de alguno de estos aspectos y sabiendo que están infravalorados, pues es
prácticamente imposible poner un valor real monetario a este deterioro, un estudio del Banco
Mundial ha estimado que en Argentina el costo para la sociedad anual debido la degradación
del suelo es del 3,56% del PBI y el de la deforestación del 0,74% del PBI (AAP-Banco Mundial,
2016). La pérdida total de los servicios ecosistémicos debido al uso de la tierra o cambio de
cobertura del suelo (LUCC) entre 2001 y 2009 se ha estimado en alrededor de U$D 70 mil
millones (Bouza et al., 2016).
Tampoco es aceptable afirmar que se ha reducido el uso de plaguicidas. Por empezar no se
conoce a ciencia cierta en el país desde hace varios años la cantidad que se vende y se utiliza de
agroquímicos pues es una información que se retacea como información pública (Fig. 2). Por ello
se calcula por extrapolaciones, que la cantidad de plaguicidas utilizadas ha ido creciendo año
tras año hasta alcanzar una carga total actual que se estima supera los 500 millones de L/kg.
El paquete tecnológico que se aplica desde 1996, expandió el uso de los novedosos eventos
transgénicos resistentes a glifosato, luego complementados o sustituidos por eventos
resistentes a otros herbicidas. Este cambio paradigmático en el modelo de la agricultura en el
país implicó utilizar sustancias químicas mayoritariamente sintéticas, como coadyuvantes
tecnológicos. Estos rebasaron las funciones terapéuticas clásicas que los fitosanitarios poseían
en la agricultura convencional previa, para convertirse en agentes de preparación de suelos,
reemplazando la energía mecánica usada hasta entonces por la energía química. La siembra
directa redujo notablemente la intervención mecánica de los suelos. Por ello el glifosato se tornó
indispensable para el laboreo previo, en emergencia, en barbechos y otras prácticas agrícolas.
11
Para ello se utilizan grandes cantidades del compuesto como nunca antes se había visto. Por ello
la comercialización de este herbicida ocupa gran parte del mercado de plaguicidas (Fig. 2).
Argentina Evolución del uso de plaguicidas
Figura 2: Evolución del uso de plaguicidas en Argentina
(Fuente: Kleffmann Group/Pampas Group Argentina, 2014)
Así resulta que este modelo es altamente dependiente de los insumos químicos, la mayoría
sintéticos: herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes, al que algunos autores se refieren
como Agricultura Basada en Químicos (ABQ) (Bernasconi y col., 2021). Su componente principal,
el glifosato, se promovió en los orígenes afirmando que era inocuo, que eliminaría el problema
de la resistencia de las malezas y que produciría una reducción paulatina del uso de plaguicidas.
Ninguna de estas promesas se pudo concretar en realidad. Las malezas resistentes proliferaron
con los años, por supuesto haciéndose no solo resistentes al glifosato sino a todos los herbicidas
existentes. A nivel mundial actualmente hay 522 casos de resistencias, con un promedio de 12
casos nuevos anuales desde 1980. Los grupos con más biotipos resistentes son los inhibidores
ALS y PSII, y el glifosato (EPSP) es el tercero en mayor crecimiento. A la hora de mirar los cultivos,
las mayores resistencias están en trigo (81), luego maíz (63), arroz (52) y soja (50). Cultivos con
fuerte presencia en Argentina (Beckie, 2021).
La creciente pérdida de eficacia del glifosato, por la aparición con el tiempo de numerosas
malezas resistentes, conduce al aumento de su dosificación, lo que explica el aumento de las
cargas verificado con los años sin aumento proporcional de la tierra cultivada. Al mismo tiempo
se hace necesario la aparición en el mercado de otras variedades de OGMs resistentes a otros
herbicidas como glufosinato, 2,4-D, dicamba, etc., algunos de vieja data, siendo todos más
tóxicos que el glifosato (Wilkerson, 2015). Si sumamos que este último compuesto ha sido
recalificado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) como probable
carcinógeno humano (IARC, 2015), no resulta consistente la afirmación de los promotores del
modelo, respecto a que se ha disminuido el uso de plaguicidas y los que se usan son menos
tóxicos. Más aún cuando en nuestro país siguen estando autorizados un buen número de
plaguicidas peligrosos, discontinuados en otros lugares del mundo o que presentan compromiso
en las evaluaciones de riesgo dietario agudo y crónico (Maggioni y col., 2017 y 2018; Souza
Cazadinho, 2019). También es de mencionar que la carga de un amplio espectro de plaguicidas,
ninguno de los cuales es inocuo por naturaleza, además de su excesivo volumen, en nuestro país
se aplica en la zona más fértil y productiva de la pampa húmeda. Es decir que solo un territorio
12
muy confinado y sus habitantes, sufren las peores consecuencias de semejante carga de
sustancias xenobióticas (Lavayén y col., 2020).
Cabe agregar concomitantemente, que las prácticas que se efectúan en la Argentina no se
desarrollan de la misma manera en países desarrollados como EEUU y Europa. Estados Unidos
que tiene la mayor superficie del mundo con cultivos transgénicos, utiliza en proporción mucho
menos glifosato que Argentina. Se puede estimar según datos bibliográficos (Benbrook, 2016)
que Estados Unidos en el período 1996-2016 para los cultivos HT (tolerantes a glifosato) soja,
maíz y algodón, cargó aproximadamente 1300 millones de kg; en los mismos 20 años se puede
estimar que como mínimo Argentina holgadamente duplicó esa carga total, con el agravante de
que en Estados Unidos se trata un orden de tres veces más hectáreas que en Argentina. En el
cálculo probablemente subvaluado de Benbrook para Argentina calcula en el año 2014, una
carga total anual de 4,45 kg/ha. Sin embargo, más recientemente la USEPA ha informado datos
generales de que en ese país se utilizan en agricultura 280 millones de libras cargadas sobre 298
millones de acres de las cuales el 84% corresponde a soja, maíz y algodón. Esos datos equivalen
a cargas de 127 mill de kg sobre 120 mill de hectáreas esto equivale a utilizar por año en total 1
kg/ha (EPA, 2019). Si nosotros computamos que en ese año 2019, nuestro país sembró 24 mill
hectáreas y como dato más bajo estimable se utilizó 200 millones de kg de glifosato, obtenemos
una relación total anual de 8,3 kg/ha. O sea que la carga total anual que utilizamos en Argentina
es totalmente distinta y muy superior en casi un orden a la que se utiliza en país mayor
consumidor de ese herbicida del mundo que es Estados Unidos. Hay autores que estiman que
nuestro país alcanza una carga anual de 15 kg/ha de glifosato (Marino, 2016).
Hay que tener en cuenta que cuando la US-EPA autoriza el uso de glifosato, se preocupa de
aclarar que es seguro cuando se respeta lo que declaran los marbetes. Del mismo modo
registran la frecuencia de aplicaciones que está en promedio de 2 veces por año. Esto es
importante, porque en ese país los rótulos tienen el carácter de declaración jurada, y las
contravenciones que se haga de lo allí declarado respecto al uso, sirve para cargar las pruebas
en los litigios judiciales. Toda esa situación del valor que se da al rótulo es menor en nuestro
país, las acciones judiciales por mal uso son menos frecuentes, y el seguimiento realista de los
volúmenes cargados en Argentina está fuera de control.
Cabe aclarar que lo mismo ocurre en Europa. Cuando el Instituto Federal de Evaluación de
Riesgos de Alemania (BfR), actuaba representando a Alemania como país informante
(“Rapporteur”) en los procesos de aprobación de glifosato, advertía que sus conclusiones se
referían a las aplicaciones siguiendo las normas vigentes en ese país, y que no se responsabilizan
cuando la aplicación se efectúa en formas que no las respeten, o sea el mal uso. Actualmente
Alemania ha sido reemplazado desde 2019, como país “rapporteur”, por cuatro países (Francia,
Hungría, Holanda y Suecia) que actúan cada uno con voto independiente, en el proceso de re-
autorización del glifosato en la Unión Europea, proceso que culminará en diciembre de 2022.
Para este proceso ha habido no solo este cambio de significación, sino también la inclusión de
otras normativas europeas que exigen la transparencia en las actuaciones del denominado
Grupo de Evaluación de Glifosato (AGG), por lo que se ha producido una apertura en la
información pública sobre el progreso de la evaluación. En este sitio es posible encontrar
documentación sobre que las cargas totales propuestas por los registrantes, no sobrepasan los
2 kg/ha anuales (AGG, 2021).
Esto nos debe llamar a reflexión de que en Argentina se debe revisar profundamente los usos
que se le dan al glifosato y los volúmenes extraordinariamente elevados que se utilizan. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), opinando sobre políticas
agrícolas de Argentina, declara que el uso de plaguicidas en nuestro país es considerablemente
mayor al de los países de esa organización (OCDE, 2019). Con la ausencia de fuentes confiables
13
(por lo menos oficiales y públicas) sobre volúmenes, dosis, superficies tratadas, etc. datos del
“registro agronómico” que es muy insuficiente en Argentina (las recetas agronómicas no se
registran sistemáticamente, las aplicaciones, etc.) es difícil emitir opiniones fundadas sobre lo
que realmente está ocurriendo. Forma parte de las incertidumbres típicas con que se maneja
toda esta temática en el país, que como se ve no ocurre en los países desarrollados, que han
adoptado los criterios de la transparencia como mandatorios. Haciendo alguna hipótesis sobre
las razones del elevado uso, puede deberse a que se debe combatir malezas resistentes que
demandan dosis cada vez más elevadas, que se utilizan para varios momentos en el ciclo de
cultivo, preemergencia, barbecho, y en algunos casos como el algodón previamente a la cosecha
para facilitar la recolección. Como mal uso quizá es probable que en algunos casos se apliquen
sin respetar la receta agronómica, que se repitan dosis ante eventos climáticos como lluvias, que
se ha generalizado el uso en forma preventiva, entre otras razones que seguramente los
expertos agrícolas del país saben explicar.
Si bien la siembra directa es una práctica sustentable pues reduce el problema grave de la
erosión de suelos, cuando no se acompaña del conjunto de prácticas sustentables como la
conservación de suelos, la rotación de cultivos, el manejo integrado de plagas, la reducción del
uso de agentes químicos, entre otras, el modelo contribuye a las deformaciones del
monocultivo, la pérdida de nutrientes del suelo, y el desequilibrio en la agrobiodiversidad. Es así
que muchos autores se refieren a este modelo como agricultura extractiva (Sarandón, 2020).
Tampoco es aceptable que se compute como virtud del modelo, que se preservan los hábitats
naturales cuando se ha demostrado que se han diezmado miles de hectáreas de bosques nativos
ampliando la frontera agrícola (Viglizzo y col., 2010), contribuyendo con ello a agravar las
condiciones climáticas del país. Del mismo modo no se puede afirmar que se preservan los
hábitats cuando lo que más se ha estudiado y constatado en las últimas décadas es el gran
impacto en los ecosistemas naturales y la biodiversidad por los millones de toneladas
descargadas de agentes químicos sintéticos, en territorios confinados de nuestro país (RSA-
GAHA-CONICET, 2018; Cabaleiro y otros, 2021; Pengue, 2021; otros numerosos estudios de
investigadores argentinos citados posteriormente en este texto). Y también podemos seguir con
el importante impacto en la salud de la población especialmente niños y trabajadores rurales
(DPN-UNICEF-ONU, 2010; DPPBA, 2015; ONU, 2016; Butinof y col, 2017b; Duarte y col., 2021;
SAP, 2021; otros numerosos estudios de investigadores argentinos citados posteriormente), los
cambios en la organización y composición rural (ONU, 2018) con la eliminación de miles de
pequeños productores, entre otras varias externalidades que no son tenidas en cuenta por los
promotores de este modelo.
Como decimos es posible visualizar cada vez con mayor claridad, las evidencias del gran impacto
que ha producido y continúa produciendo, sobre las poblaciones y los recursos naturales en
nuestro país. Estas evidencias se han ido sumando a ritmo acelerado en los últimos diez años y
han ido ganando un sustento técnico-científico de gran transcendencia, mediante su
documentación en medios científicos de primer nivel internacional. Quizá ejemplifica la
importancia, la ocupación y preocupación brindada por la ciencia argentina, los datos
informados por un estudio bibliométrico reciente que posiciona a nuestro país, en forma atípica,
entre los países del mundo de mayor producción científica relacionada al uso y efectos del
glifosato en las prácticas agrotécnicas contemporáneas globales (Klingelhöfer y col, 2021).
Pero lo más notable es que estas evidencias, que ya no se pueden soslayar en nuestro país,
respecto a las inconveniencias e insostenibilidad de la agricultura industrial, tiene su correlato
concordante consolidado a nivel internacional. Hay esfuerzos muy marcados por parte de
organismos internacionales de gran predicamento como las Naciones Unidas, la FAO, la OMS,
como así también expresiones de países y conglomerados de países como la Unión Europea
14
entre otros, que abogan enfáticamente por la reducción global del uso de agroquímicos y
proponen el desarrollo de sistemas productivos más armónicos con la naturaleza y el ser
humano (ONU, 2017a,b; EC, 2020 y 2021; FAO-OMS, 2021a,b; IPES-Food, 2016).
Se sabe que el uso actual de plaguicidas en la agricultura es un tema controversial en nuestro
país y también a nivel internacional, agudizado a partir del uso de las nuevas tecnologías basadas
en los transgénicos y los agroquímicos asociados. Para aportar a la mejora de los conocimientos
y la toma de decisiones en esta temática, importa profundizar aspectos como el impacto en el
medio ambiente y en la salud humana, la caracterización de toxicidad y peligrosidad de los
compuestos, la epidemiología, el análisis de riesgos, la gestión de agroquímicos, los marcos
legales nacionales e internacionales involucrados, la potencial contravención de derechos
básicos de los ciudadanos, el rol de las empresas del sector, la credibilidad de la producción
científica, las medidas de prevención, control y precaución que resultan necesarias, las
estrategias alternativas para transformar los sistemas productivos actuales hacia modelos más
sustentables, que no dependan exclusivamente del uso de sustancias químicas, como aquellas
basadas en la ciencias agroecológicas. Muchos de estos aspectos han sido tenidos en cuenta en
el desarrollo de la presente revisión.
El propósito de este informe es contribuir a mejorar la comprensión y la justa interpretación de
la realidad que existe en la Argentina sobre estos temas, mediante la consulta bibliográfica de
los aportes científicos más recientes nacionales, como así también los de mayor interés
producidos por la comunidad científica internacional. Se priorizó la revisión de trabajos recientes
que han sido publicados en la literatura internacional evaluada por pares y rastreable por los
buscadores científicos que utiliza nuestro sistema de Ciencia y Tecnología y las bases de datos
accesibles en internet (PubMed, ScienceDirect, y otras). Como segundo criterio se ha brindado
especial atención a las publicaciones de autores argentinos y también de la región central del
país, por su vinculación directa con las zonas de mayor actividad agrícola. Es decir se ha prestado
especial atención a los trabajos que en gran cantidad han producido investigadores de la
Universidad Nacional del Litoral, de Entre Ríos, de Córdoba y CONICET e INTA regionales.
También se han consultado los numerosos trabajos producidos por otras universidades del país
como por ejemplo las Universidades de La Plata, de Mar del Plata, del Comahue, de Buenos
Aires, y los centros del CONICET e INTA vinculados a estas regiones como los EAA de Balcarce,
Pergamino, Anguil (La Pampa), Castelar entre otros. También se han considerado un buen
número de aportes provenientes de otros investigadores, profesionales, instituciones,
funcionarios públicos, organizaciones socio-ambientales del país como así también, los estudios
seleccionados por su importancia para la temática, provenientes de la literatura científica
internacional.
3. OCURRENCIA Y EFECTOS EN EL AMBIENTE
3.1. AGUAS, SEDIMENTOS, SUELOS Y AIRE
3.1.1. Aguas superficiales y sedimentos
Los resultados obtenidos para todas las cuencas estudiadas en Argentina muestran la presencia
de plaguicidas residuales en aguas superficiales según las diferentes actividades agrícolas
desarrolladas. Se han encontrado múltiples residuos en cursos de la Provincia de Buenos Aires:
niveles de atrazina con valores de hasta 12,43 µg/L, clorpirifós 2,5 µg/L, endosulfán 0,9 µg/L,
glifosato (GLY) y AMPA 700 µg/L (Peluso y col., 2019). Otros autores en cuatro subcuencas de la
misma provincia, habían informado atrazina, tebuconazol y dietiltoluamida con concentraciones
máximas de 1,4, 0,035 y 0,701 µg/L respectivamente (De Gerónimo y col., 2014).
15
Las importantes cuencas de los Ríos Paraguay-Paraná y afluentes mostraron una distribución
generalizada de concentraciones en aguas y sedimentos con niveles totales de 0,004 a 6,62 μg/L
y de 0,16 a 221,3 μg/kg peso seco (ps), respectivamente. Endosulfán, cipermetrina y clorpirifós
fueron compuestos ubicuos en ambos compartimentos ambientales y cuantitativamente los
más relevantes. Todas las concentraciones detectadas en el agua superaron las pautas
recomendadas para la protección de la biota acuática. La partición indicó una mayor afinidad
por los sedimentos (Etchegoyen y col., 2017).
También en las aguas superficiales cercanas a zonas donde se hace horticultura, como la
periurbana de La Plata (Buenos Aires), a lo largo del arroyo Carnaval, se analizaron 36 plaguicidas
e informaron en los sedimentos de fondo, una carga total, como la suma de herbicidas,
insecticidas y fungicidas, con valores de dos campañas de 1080/2329, 3715/88 y 367/5 μg/kg ps,
respectivamente. Al mismo tiempo se ensayó la toxicidad empleando un anfípodo nativo
Hyalella curvispina. Se observaron efectos letales y subletales en ambas campañas de muestreo,
concluyendo que las prácticas hortícolas en dicha región tienen un impacto en los cursos de agua
cercanos y pueden potencialmente poner en peligro la fauna bentónica (Mac Loughlin y col.,
2017).
El caso de glifosato y su principal metabolito ácido aminometilsulfónico (AMPA), ha sido aún
estudiado con mayor intensidad en los territorios de la pampa húmeda, caracterizada por la
fuerte carga agrícola de cultivos transgénicos como soja y maíz. Un abarcativo monitoreo sobre
el Río Paraná y sus afluentes comprobó que glifosato y AMPA se concentran en los sedimentos
(medianas de 742 and 521 μg/kg); se hallaron valores máximos de 3000 y 5000 μg/kg en Luján,
respectivamente. También los resultados fueron significativos en los tramos del Paraná que
comprenden a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, habiéndose determinado hasta 3294
μg/kg de glifosato y 7220 μg/kg para AMPA en la cuenca del río Gualeguay (Entre Ríos). La carga
de glifosato aumentó sobre todo a partir de la zona centro de la provincia de Santa Fe, con
concentraciones muy elevadas en afluentes como el arroyo Saladillo. El estudio también detectó
fuerte carga de ambos compuestos en canales y arroyos del sureste de la provincia de Buenos
Aires. Buena parte de la incorporación del herbicida a las aguas surge del escurrido de las lluvias
que caen sobre los campos productivos. El glifosato es poco afín a permanecer en el agua por su
elevada solubilidad, por eso se detectó muy poco en el centro del río (concentraciones promedio
de 0,6 µg/L en un 15% de las muestras de agua que resultaron positivas). Ocurriendo que se
adsorbe y acumula en el sedimento de fondo. Esto constituye un material en tránsito que luego
se aloja en las playas (Ronco y col., 2016). Estos resultados son consistentes con un trabajo
anterior del mismo grupo, que había estudiado el destino ambiental del glifosato y AMPA en
aguas superficiales y suelos de cuencas agrícolas de Argentina. Varios sitios (n=16) y 44 arroyos
de las cuencas agrícolas fueron muestreados tres veces durante 2012. En suelos cultivados, se
detectó glifosato en concentraciones entre 35 y 1502 μg/kg, mientras que la concentración de
AMPA osciló entre 299 y 2256 μg/kg. En el agua superficial estudiada, la presencia de glifosato
y AMPA se detectó en aproximadamente 15% y 12% de las muestras analizadas,
respectivamente. En el material particulado en suspensión, se encontró glifosato en el 67%,
mientras que AMPA estuvo presente en el 20% de las muestras. En los sedimentos de arroyos,
glifosato y AMPA también se detectaron en 66% y 88,5% de las muestras, respectivamente. Este
estudio demostró que ambos compuestos están presentes en suelos sometidos a actividad
agrícola. También se encontró que en muestras de arroyos, su presencia es relativamente más
frecuente en materia particulada en suspensión y sedimentos que en el agua (Aparicio y col.,
2013).
En la misma provincia Caprile y col (2017) detectaron glifosato y AMPA en 45 muestras de aguas
superficiales y subterráneas de los alrededores de la ciudad de Pergamino. Las aguas
superficiales mostraron concentraciones máximas de 258 µg/L y 5865 µg/L para glifosato y
16
AMPA con frecuencias del 54% y 69%, respectivamente (Caprile y col., 2017). También en aguas
influenciadas por la horticultura periurbana de La Plata, Mac Loughlin y col. (2020) completando
sus observaciones anteriores, detectaron glifosato y AMPA en 67% de las muestras de fracción
soluble (máximos 17,0 GLY y 4,5 AMPA µg/L) y el 83% de las muestras de material partículado
(máx. 35620 GLY y 19586 AMPA µg/kg) del arroyo Carnaval estudiado. Estos valores fueron hasta
100 veces superiores a curso de agua similar en USA (Battaglin et al., 2014). La presencia
importante del herbicida encontrada en las fracciones solubles, movieron a los autores a
remarcar que el análisis de aquellos compuestos en fase soluble siempre debe tenerse en cuenta
al estudiar las masas de agua superficiales no solamente los sedimentos. También al encontrarse
inesperadamente que la horticultura también es fuente de contaminación con glifosato,
sugieren que cada situación particular debe considerarse como un escenario único,
independientemente del tipo de práctica agronómica (Mac Loughlin y col., 2020).
Por otro lado, en cursos superficiales de todo el territorio de Entre Ríos, Sasal y col. (2017)
evaluando glifosato y AMPA en 301 puntos y 703 muestras, con alta frecuencia de hallazgos, en
muchos casos verificaron concentraciones elevadas. Aproximadamente un 30% de las muestras
mostraron valores positivos entre 0,1 240 µg/L. En el primer período de muestreo (15-08 al
15/09/2012) un 4,7% de los puntos superó 240 μg/L. Se verificaron algunos casos de
concentraciones muy elevadas 73 y 105 mg/L, atribuidos a contaminación puntual por depósito
de envases vacíos de glifosato (Sasal y col., 2017). Estudios similares en Córdoba, monitoreando
la cuenca del Río Suquía, que atraviesa la gran ciudad capital y áreas de agricultura intensiva y
extensiva, encontraron que el 35% de las muestras analizadas contenía glifosato, AMPA o ambos
compuestos. Los niveles en sedimentos y material particulado fueron 12 y 20 veces superiores
que los hallados en el agua. Concluyeron los autores que los organismos acuáticos que habitan
áreas tanto dentro como fuera de las áreas agrícolas, están amenazados por las concentraciones
de glifosato en el agua (Bonansea y col., 2017).
3.1.2. Aguas subterráneas
Respecto a aguas subterráneas resulta interesante el estudio de Demonte y col. (2018) que
estudiaron el agua de pozo de 40 tambos ubicados los Departamentos Castellanos y Las Colonias
(Santa Fe). Sus resultados revelaron la presencia de glifosato y el AMPA en 15% y 53% de las
muestras analizadas, con concentraciones que oscilan entre 0,611,3 μg/L y 0,26,5 μg/L,
respectivamente. Estos químicos, también se verificaron en el 33% y el 61% de las muestras de
aguas de tanques de reservorio, para bebida del ganado vacuno. En estos tanques, además se
encontró glufosinato en el 52% de las muestras. Este aumento en las concentraciones de la
misma agua, es debido a la contaminación del ámbito rural al que el agua fue expuesta
superficialmente en el bebedero. Por otro lado, en el mencionado trabajo de la zona de
Pergamino (Buenos Aires), Caprile y col. (2017) detectaron en aguas subterráneas glifosato en
el 32 % (max 1 µg/L) y AMPA en el 36 % (máx. 6 µg/L) de las 45 muestras que analizaron.
Un dato importante de Argentina es que solo el 30 % de la población rural accede a sistemas de
agua potable y solo el 2% accede a cloacas. Por lo tanto, las fuentes son la extracción de napas
donde el agua no es de alta salinidad y en su defecto, la recolección de agua de lluvia en aljibes,
pozos y presas. A su vez el 50% del abastecimiento de agua a capitales de provincias, ciudades y
aglomerados se realiza a partir de aguas subterráneas (Rodrígues Capítulo, 2019). Para visualizar
la importancia de la protección de estas aguas, consideremos que ellas representan más del 97%
de las reservas de agua sobre la superficie de la tierra, mientras que las aguas superficiales
representan menos del 3%. Poseen una facilidad de contaminación de media a baja, pues los
acuíferos en general poseen filtros biológicos, químicos y físicos. Esto no sucede con las aguas
superficiales que se contaminan rápidamente, no poseen filtros (UNAL, 2011). Por lo tanto,
17
detectar valores de plaguicidas en los acuíferos, cualesquiera sean sus concentraciones,
constituyen una fuerte alarma de amenaza a su integridad por impacto ambiental.
3.1.3. Suelos y aire
El suelo es destinatario de una buena parte del plaguicida que no alcanza su objetivo, por
ejemplo, la aplicación de un herbicida en las condiciones de máxima optimización no supera el
65% (AAPRESID, 2018). Esto quiere decir que en condiciones reales cabe esperar que la mitad o
más del producto aplicado no alcanza el objetivo y se dispersa en el aire o se deposita en el suelo
en el mismo momento de la aplicación. Una vez liberados al medio ambiente, el destino de cada
compuesto es variable, ya que la dinámica de los plaguicidas depende principalmente de sus
propiedades fisicoquímicas y de las condiciones climáticas, así como de las propiedades del suelo
(Azcarate y col., 2015; Okada y col., 2016).
Se ha demostrado que la ocurrencia de glifosato y AMPA en suelos, aguas superficiales y
sedimentos, en zonas agrícolas de la Provincia de Buenos Aires, fue casi ubicua en las matrices
sólidas (83 e 100%), con concentraciones máximas entre las más altas reportadas en el mundo
(suelo: 8105 y 38939; sedimento: 3294 y 7219; materia particulada en suspensión (SPM): 584 y
475 mg/kg de glifosato y AMPA respectivamente). Se observó una menor frecuencia de
detección en aguas superficiales (27-55%), con concentraciones máximas en agua total de 1,80
y 1,90 mg/L de GLY y AMPA. Los autores concluyen que, según las prácticas actuales, las tasas
de aplicación son más altas que las tasas de disipación, y que ambos compuestos deben
considerarse contaminantes “pseudo-persistentes”. Recomiendan revisar los procedimientos
de manejo, programas de monitoreo y riesgo ecológico para el suelo y los sedimentos (Primost
y col., 2017).
Más recientemente se enriquecieron las observaciones del comportamiento del glifosato en
suelos, mediante un estudio sobre erosión eólica también en este caso en la Provincia de Bs.As.
Se determinó que los caminos sin pavimentar dentro y fuera de los campos agrícolas, son una
importante fuente de emisión de material particulado (PM10 - 10 micrones) a la atmósfera. Una
hectárea de camino sin pavimentar emite la misma cantidad de PM10 que 409 ha de suelos
agrícolas. La emisión real de PM10 fue de 11,5 g/ha año en suelos agrícolas y 4711,4 g/ha año en
caminos sin pavimentar. El contenido de glifosato en el PM10 varió de 59 a 359 μg/kg en suelos
agrícolas, de 382 a 454 μg/kg en caminos sin pavimentar dentro de campos agrícolas y de 39 a
639 μg/kg en caminos sin pavimentar fuera de los campos agrícolas. El contenido de AMPA en
el PM10 fue más elevado debido a su mayor persistencia, varió de 387 a 7228 μg/kg en suelos
agrícolas, de 900 a 4138 μg/kg en caminos sin pavimentar dentro de campos agrícolas y de 98 a
500 μg/kg en caminos sin pavimentar fuera de campos agrícolas. Luego de importantes
observaciones los autores advierten que las concentraciones de glifosato y AMPA en PM10
fueron más altas que en el suelo, lo que es un riesgo adicional que debe ser considerado cuando
se evalúa el efecto del material emitido por suelos agrícolas y caminos sin pavimentar sobre la
salud humana (Ramirez-Haberkon y col., 2021).
Otro estudio reciente muy interesante ha demostrado la contaminación de los suelos de
agricultura de base agroecológica (ABA) por efecto de lotes vecinos cultivados usando
agricultura de base química (ABQ), empleando eventos transgénicos. Se hallaron
recurrentemente, repitiendo el perfil en ambos suelos, herbicidas como 2,4-D, atrazina,
acetoclor, glifosato, metsulfuron-metilo, los metabolitos desethyl-atrazine, AMPA y los
fungicidas epoxiconazole y tebuconazole. También los suelos presentaron co-ocurrencia de
varios plaguicidas, hasta 6 en ABQ y 5 en ABA (Bernasconi y col., 2021). Ambos hallazgos se
verificaron también en suelos de Europa donde existe un mayor desarrollo relativo de los
cultivos orgánicos (Silva y col., 2019). Esto mostró nuevamente la ubicuidad de estos
18
compuestos tanto en sistemas ABA como ABQ (Primost y col. 2017; Soracco y col. 2018). Las
concentraciones en los suelos para glifosato y AMPA en los lotes ABQ alcanzaron valores de
1268,92 y 2919,17 μg/kg ps respectivamente, niveles capaces de causar efectos letales y
subletales en organismos como colémbolos, oligoquetos y en la biota microbiana, lo que tiene
implicaciones directas sobre la estructura y la función del ecosistema edáfico (Bernasconi y col.,
2021).
3.1.4. Agua de lluvia
Ha llamado mucho la atención de los expertos también los hallazgos observados sobre la
presencia de plaguicidas y más específicamente glifosato en agua de lluvia. Un estudio específico
sobre el transporte de glifosato, mediante un experimento en microparcelas permitió evaluar la
retención, lixiviación y escorrentía de glifosato bajo simulación de lluvia. Se determinó que el
88,1% del glifosato aplicado se retuvo en la capa superficial del suelo (0-9 cm). La lixiviación de
glifosato fue insignificante en comparación con su escorrentía (3,9%) y la deriva de la
pulverización (6,9%). Por lo tanto, el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas sería
menor en comparación con el de las aguas superficiales y el agua de lluvia. Además, en
condiciones de campo, se detectaron glifosato y AMPA en el 52% de las muestras de agua de
lluvia y se detectó glifosato hasta 1 m en ambos perfiles de suelo. Aunque la aplicación
experimental se realizó con mochila de mano en condiciones de poco viento para minimizar la
dispersión aérea del glifosato, la deriva de la aspersión fue la principal fuente de transporte del
glifosato fuera del sitio, degradando la calidad del aire y el agua de lluvia para el consumo
humano. El equilibrio entre la deriva de la pulverización, la escorrentía y la absorción del suelo
de glifosato, cuando se pulverizó cerca de la superficie del suelo (equipo de mano), demostró la
importancia de la deriva de la pulverización en los estudios de balance de masas, durante los
experimentos de escorrentía y lixiviación con glifosato (Lupi y col., 2019).
Otro trabajo del mismo grupo investigó la presencia en la atmósfera de glifosato y atrazina (ATZ),
a través de la lluvia, como el principal fenómeno climático asociado con la deposición húmeda,
tanto mediante el análisis de las relaciones fuente-receptor con el suelo, como con las
influencias climáticas que pueden condicionar ese transporte y mediante la estimación de la
deposición anual en la superficie de la pampa argentina. Se recolectaron muestras (n=112) de
agua de lluvia, a lo largo de cada precipitación en áreas urbanas de la pampa con diferentes
grados de uso de la tierra y con una producción extensiva de cultivos. También se muestrearon
suelos subterráneos (n=58) de los sitios periurbanos relevantes. Los herbicidas se detectaron en
el 80% de las muestras de lluvia en concentraciones medias a máximas de 1,24 a 67,3 μg/L (GLY)
y 0,22 a 26,9 μg/L(ATZ), mientras que el ácido aminometilfosfónico (AMPA) se detectó en un
34% de las muestras (0,75 a 7,91 μg/L). En suelos, el glifosato se registró con mayor frecuencia
(41%; 102-323 μg/kg) seguido de ATZ (32%; 7-66 μg/kg) y luego AMPA (22%; 223-732 μg/kg).
Las concentraciones máximas de GLY cuantificadas en el agua de lluvia excedieron los niveles
informados en otros países (EE. UU. Y Canadá). Luego de efectuar interesantes observaciones
sobre las configuraciones espaciales que mostró el fenómeno con ambos plaguicidas, los autores
afirman que la deposición anual estimada de glifosato por lluvia, indicó que más de una fuente
de un herbicida puede conducir a su presencia en la atmósfera y señala la relevancia de la
contribución de la lluvia a los niveles superficiales de un contaminante (Alonso y col., 2018).
Otro estudio consistió en determinar la contribución de la deposición húmeda como fuente de
compuestos organoclorados en la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Las
muestras de lluvia fueron colectadas a lo largo del año 2015-2016 en 8 sitios de muestreo. Las
mayores concentraciones de contaminantes se encontraron a fines del verano en la zona de
Liniers (24,8 µg/L) seguida por Mataderos (1,85 µg/L). El impacto de la agricultura y la propia
zona urbana/industrial en la deposición húmeda alerta sobre el ingreso de contaminantes al
19
acuífero en zonas urbanas, en especial por las pérdidas en las redes de desagües pluviales
(Shimabukuro y col., 2018).
También en una publicación reciente, investigadores de la UNL informaron sobre sus
interesantes estudios sobre el agua de lluvia y su influencia por la carga de plaguicidas en tres
arroyos en la región de La Pampa, Argentina. Las concentraciones de plaguicidas en los arroyos
presentaron un aumento generalizado inmediatamente después del evento de lluvia. Los
resultados obtenidos muestran la relevancia de evaluar la influencia de las lluvias y las etapas
fenológicas de los cultivos en la dinámica de las aguas superficiales y en la escorrentía de
plaguicidas y nutrientes para el monitoreo ambiental (Andrade y col., 2021a)
Hemos ido viendo con frecuencia en las últimas dos décadas, la sucesión de estudios originados
por la movilización de ciudadanos. Quizá para ejemplificar podemos citar un estudio de mayo
del corriente año 2021, que determinó niveles de numerosos plaguicidas hallados en agua de
lluvia tomada en el centro de la ciudad bonaerense de Lobos, al mismo tiempo que se verificaron
hallazgos de glifosato, 2,4-D, atrazina y otros plaguicidas en aguas subterráneas y superficiales
y en suelos de esa localidad (Maidana, 2021).
La detección de glifosato y AMPA en muestras de agua de lluvia y aire también han sido
recurrentes en el mundo. Tomamos como ejemplo un primer informe realizado en Estados
Unidos. Muestras de lluvia y partículas de aire integradas, simultáneas y semanales se
recolectaron durante dos temporadas de cultivo en áreas agrícolas en Mississippi y Iowa.
También se recogió lluvia en Indiana en una fase preliminar del estudio. La frecuencia de
detección de glifosato osciló entre el 60 y el 100% tanto en el aire como en la lluvia. Las
concentraciones del glifosato oscilaron entre <0,01 y 9,1 ng/m3 y entre <0,1 y 2,5 mg/L en
muestras de aire y lluvia, respectivamente. La frecuencia de detección y las concentraciones
medias y máximas de glifosato en el aire fueron similares o mayores a las de los otros herbicidas
de alto uso observados en la cuenca del río Mississippi, mientras que su concentración en lluvia
fue mayor que la de los otros herbicidas. No establecieron qué porcentaje del glifosato aplicado
se introduce en el aire, pero se estimó que hasta el 0,7% de la aplicación se elimina del aire por
lluvia. El glifosato se elimina eficazmente del aire; se estima que un promedio del 97% del
glifosato en el aire se elimina con una precipitación semanal de 30 mm (Chang y col., 2011).
3.2. BIOTA
El uso de plaguicidas produce sin dudas efectos nocivos sobre las especies no objetivo y especies
benéficas. Así se alteran los ecosistemas acuáticos, las poblaciones y acción de insectos y
artrópodos que brindan servicios y funciones ecológicas como el control biológico de plagas y la
polinización. Se calcula que, de unas 100 especies cultivadas, que aportan el 90% de los
alimentos mundiales, el 71% son polinizadas por abejas (UNEP, 2010). Asimismo, se modifica la
constitución orgánica y la vida de los suelos, alterando la acción de oligoquetos y
microorganismos responsables del reciclaje de nutrientes y mantenimiento de las propiedades
estructurales del suelo (Wołejko y col., 2020; Evans y col., 2018; Sharma y col., 2018; Pelosi y
col., 2014; Benamú y col., 2010). En síntesis, ha sido recurrentemente reportado que se afecta
la biodiversidad de los ecosistemas (Trudeau y col., 2020; Iturburu y col., 2019; Van Bruggen y
col., 2018; Benton y col., 2003). Para visualizar mejor estos fenómenos describiremos algunos
de los estudios más recientes efectuados por investigadores de nuestro país principalmente.
3.2.1. Invertebrados
La Dra. Ana María Gagneten y sus colaboradores, investigadores con sede en Santa Fe (UNL-
CONICET), han producido numerosas publicaciones de alto nivel científico abordando estudios
20
en la biota regional. En un trabajo muy reciente comprobaron sinergismo entre glifosato y
cipermetrina, dos compuestos que pueden convivir en los cursos de agua. Analizaron así la
interacción entre formulaciones de los dos compuestos en forma aislada y combinada, sobre
cladocera Ceriodaphnia dubia (Richard 1894) por medio de un ensayo de toxicidad aguda, en un
ensamblaje de zooplancton, mediante un experimento de mesocosmos (30 L). Se obtuvo la CL50
de 24 h de ambos plaguicidas aislados y su mezcla equitóxica. La toxicidad aguda de la mezcla
fue 3 y 4 veces mayor que la toxicidad aislada del glifosato y la cipermetrina respectivamente
(Andrade y col., 2021b). En otro trabajo evaluaron experimentalmente los efectos de la
formulación de glifosato en la composición del plancton mediante el uso de diferentes
parámetros comunitarios a través de un experimento de mesocosmos (600 L durante 7 días) con
2 concentraciones de glifosato y un control. Se observó una disminución significativa en la
densidad de cladocera y un aumento significativo en las densidades de rotíferos, clorofíceas y
euglenofíceas. Además, la diversidad del tamaño del zooplancton y la uniformidad de las
microalgas disminuyeron. Las diferentes tolerancias y competitividad dentro de los
componentes del plancton hacen que la estructura de esta comunidad sea un buen indicador de
perturbación ambiental (Polla y col., 2021). Fueron estudiados otros efectos de la contaminación
directa y difusa por plaguicidas sobre el zooplancton a distintas escalas de análisis (Andrade,
2021c). Abordaron estudios de los efectos de un antifúngico ecológico sobre Daphnia magna
(Reno y col., 2021); efectos de diversas formulaciones de glifosato en la dinámica poblacional de
especies de cladóceros (Reno y col., 2018); cambios en el comportamiento del zooplancton
provocado por una mezcla de plaguicidas (Andrade y col., 2018); o aportando registros de
plaguicidas en los sistemas acuáticos de la provincia de Santa Fe y sus efectos sobre la biota a
diferentes escalas de análisis (Gagneten y col. 2017). Una reseña de trabajos de estos autores
sobre diversidad de zooplancton y su valor como bioindicador se puede encontrar en Gagneten
y col., (2021).
En un trabajo muy reciente se informó sobre los efectos negativos del insecticida clorpirifós
sobre camarones de agua dulce (Macrobrachium borellii) (Ríos y col., 2021). Otros autores
también han verificado efectos adversos del clorpirifós a concetraciones bajas, ambientalmente
relevantes, sobre macrófitas acuáticas (Potamogeton pusillus) (Bertrand y col., 2017). Por otro
lado, se estudiaron los efectos del glifosato en medio acuático evaluando el impacto de dos
formulaciones de base glifosato (GBH) sobre fitoplancton (Limnoperna fortunei) (De Stefano y
col., 2018) y en un reciente estudio verificaron comportamientos diferentes de distintos
formulados (GBH) sobre el sistema microbiano acuático, concluyendo que no se puede hablar
de único “efecto glifosato” (Sabio y García y col., 2021).
3.2.2. Peces
Otros investigadores se han dedicado a estudiar genotoxicidad en peces de la región litoral como
el sábalo (Prochilodus Lineatus) expuestos a cipermetrina (Davico y col. 2018; Loteste y col.,
2013; Poletta y col., 2013) y de otros compuestos en otras especies de peces, por ejemplo
imidacloprid en Australoheros facetus pez de la Cuenca del Plata (Iturburu y col., 2018), o
cipermetrina en pez cebra (Paravani y col., 2018 y 2019). En todos los casos pudieron constatar
distintos niveles de estrés oxidativo y otras perturbaciones ligadas a daño en ADN y
genotoxicidad. Estudiando peces, investigadores de otras regiones del país han aportado
evidencias de los efectos de la exposición del pejerrey (Odontesthes bonariensis) a algunos
plaguicidas específicos por ejemplo clorpirifós solo o mixturado con endosulfán y lambda-
cihalotrina (López Aca y col., 2018) o la respuesta metabólica de la misma especie expuesta a
dosis sub-letales de cipermetrina (Carriquiriborde y col., 2012). También Bonansea y col. (2016)
estudiaron la bioconcentración y biotransformación de cipermetrina y clorpirifós en una especie
de pez nativa (Jenynsia multidentata).
21
En general sobre el impacto de los plaguicidas en los ecosistemas de agua dulce, Iturburu y col.
(2019), aportaron una evaluación de riesgo ambiental, abarcativa de la región central argentina,
estableciendo mapas de riesgo para una vasta región agrícola que comprende las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, que resultan muy útiles para el diseño futuro de
los planes de protección y cuidado de la biodiversidad. Otra investigación en Buenos Aires, sobre
la ocurrencia de pesticidas en tejido de peces del arroyo Pergamino, registraron 17
agroquímicos: 12 insecticidas (7 organofosforados y 5 piretroides), tres fungicidas y dos
herbicidas (Brodeur y col 2017). Los peces contenían varias moléculas de pesticidas
simultáneamente, el 58% de los individuos contenían más de un pesticida y el 11% presentaba
cuatro pesticidas o más. En el caso de los organofosforados, las concentraciones alcanzaron
valores de 5673 µg/kg para diclorvos, 908 µg/kg para clorpirifos-metilo, 339 µg/kg pirimifos-
metilo y fenitrotion 2152 µg/kg.
3.2.3. Anfibios
Sobre el impacto de los agroquímicos en la salud ambiental y la biodiversidad de los ecosistemas
de las provincias del Centro-Este de Argentina (Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba), sobresalen por
su alta calidad científica, los trabajos del grupo de científicos de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL) encabezados por el Dr. Rafael Lajmanovich. En una vasta producción de más de 140
publicaciones en revistas internacionales de mayor impacto, han aportado sólidas evidencias del
impacto que sobre la biota acuática se observa en esta región caracterizada por elevado uso de
agroquímicos. Entre sus resultados más destacados, se encuentran los primeros datos sobre la
presencia de residuos de plaguicidas con potencial actividad estrogénica, en grasa y vísceras de
animales silvestres de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos (Lajmanovich y col. 2005). De igual
forma, otros residuos de agroquímicos han sido hallados por estos investigadores en lagunas
rurales de Entre Ríos (Peltzer y col. 2008).
En uno de sus trabajos mas recientes evaluaron los efectos de los herbicidas a base de glifosato
(GBH) y glufosinato de amonio (GABH) y las partículas microplásticas de polietileno (PEMP) en
Scinax squalirostris. Los renacuajos fueron expuestos a concentraciones nominales de ambos
herbicidas (de 1,56 a 100 mg L-1) y PEMP (60 mg L-1), ya sea solo o en combinación, y la toxicidad
se evaluó a las 48 h. La concentración mediana letal (LC50) fue 43,53 mg L-1 para GBH, 38,56 mg
L-1 para GBH + PEMP, 7,69 para GABH y 6,25 mg L-1para GABH + PEMP. En general, la mezcla
de herbicidas con PEMP aumentó el efecto observado en los tratamientos individuales. La
termoquímica de las interacciones entre los herbicidas y el polietileno (PE), analizada mediante
la teoría funcional de la densidad (DFT), reveló interacciones espontáneas entre los herbicidas y
el PE, que condujeron a la formación de enlaces en la interfase herbicida-PE, significativamente
más fuerte para glufosinato que para glifosato. Estas interacciones pueden conducir a un
aumento de la toxicidad cuando los contaminantes están juntos, lo que significa un riesgo
ambiental potencial de estas combinaciones, especialmente en el caso de glufosinato
(Lajmanovich y col., 2022).
En otro trabajo reciente evaluaron los efectos de la exposición al herbicida Dicamba (DIC) en
renacuajos de dos especies de anfibios, Scinax nasicus y Elachistocleis bicolor. Evaluaron la
mortalidad y los efectos subletales bioquímicos utilizando varios biomarcadores. Se verificaron
alteraciones bioquímicas que indicaron lesiones en hígado y la función celular, inhibición de
acetilcolinesterasa (AChE) y aumento de hormona tiroidea (T4). Verificaron también una elevada
biotoxicidad de la formulación comercial en los dos anfibios después de exposición a corto plazo,
difiriendo con el nivel de toxicidad informado en el rotulo del producto comercializado
(Attademo y col., 2021). En otro estudio sobre la toxicidad de herbicidas a base de glifosato
(GBH) y arsenito (As III) como tóxicos individuales y en mezcla (50:50 v/v, GBH-As III),
examinaron los niveles de actividad enzimática y los niveles de hormonas tiroideas en
22
renacuajos de Rhinella arenarum, durante la fase aguda (48 h) y ensayos crónicos (22 días). Los
resultados demostraron una fuerte toxicidad sinérgica de la mezcla GBH-As (III), alterando
negativamente los sistemas antioxidantes y los niveles de hormona tiroidea, con consecuencias
sobre la proliferación de glóbulos rojos y el daño del ADN en los renacuajos tratados
(Lajmanovich y col., 2019a). Estos hallazgos resultan de mucho interés para las regiones centro
y norte del país, que cuentan con niveles de arsénico elevados en los acuíferos. Del mismo modo
estos autores en sus últimos trabajos, estudiaron los efectos del insecticida clorpirifós sobre
sapo común y renacuajos (Rhinella arenarum) (Lajmanovich y col., 2018; Attademo y col., 2017).
Continuaron aportando estudios sobre los efectos de otros plaguicidas como el insecticida
pyriproxyfen (Dragón®) sobre renacuajos (Odontophrynus americanus) (Lajmanovich y col.
2019b); dimetoato (Martinuzzi y col., 2019) y formulados conteniendo clorpirifos, glifosato y 2,4-
D sobre el anfibio: sapo común (Lajmanovich y col., 2015); los compuestos individuales y las
mezclas de formulados conteniendo glifosato, metil-metsulfuron, bispiribac-sodio y picloram
sobre renacuajos (Rhinella arenarum) (Lajmanovich y col. 2013 y 2011). En todos los casos
detectaron notables efectos adversos para las especies expuestas a los distintos plaguicidas.
Cabe destacar que estos autores en sus estudios en la misma región centro-este argentina,
describieron malformaciones en la fauna silvestre, efectos teratológicos que entre otros factores
podrían tener una fuerte asociación con el uso intensivo de agroquímicos que caracteriza la
región. Lograron así recopilar y caracterizar el primer catálogo de malformaciones relacionadas
con sitios agrícolas para Sudamérica (Peltzer y col. 2011). También en áreas peri-rurales del
norte de Entre Ríos, Sánchez y col. (2014) reportaron las primeras evidencias del país, sobre el
efecto de las derivas agrícolas sobre órganos blanco (testículos), indicativos de disrupción
endocrina. Una reseña de los estudios de este grupo se puede consultar en reciente publicación
de UNL (Lajamanovich y col., 2021)
Asimismo, sobre anfibios se destacan trabajos desarrollados por otros investigadores en el país
detectando múltiples efectos adversos. Bach y col., (2018) estudiaron los efectos del glifosato y
sus formulaciones comerciales sobre la histología del hígado de renacuajos de una especie de
rana neotropical (Leptodactylus latrans) (amphibia: Anura). Del mismo modo Salgado Costa y
col. (2018) hallaron gran sensibilidad de los renacuajos de otra especie local (Ceratophrys
ornata) al clorpirifós, para variables ecotoxicológicas convencionales y otras noveles
bioacústicas. También en rana común se estudiaron efectos del diazinón y de herbicidas de base
fluorocloridona (Pérez Coll y col., 2014; Nikoloff y col., 2014) y en sapos sudamericanos los
efectos de endosulfan bajo exposición subletal (Svartz y col., 2015). Del mismo modo Brodeur
y col. (2014) demostraron sinergismo entre glifosato y cipermetrinas durante exposición aguda
de renacuajos Rhinella arenarum.
3.2.4. Reptiles y vertebrados terrestres
El caimán sudamericano Caiman latirostris (Yacaré overo, Yacaré ñato, Caimán de hocico ancho,
Yacaré de hocico negro) es una especie superior en la cadena trófica, de amplio período de vida,
muy susceptible a los factores ambientales, que se ha utilizado eficientemente como marcador
biológico de contaminación ambiental. En la región litoral argentina los estudios son relevantes.
Odetti y col. (2020) han evaluado la genotoxicidad, el daño oxidativo y la modulación de las
defensas antioxidantes en sangre periférica de Caiman latirostris después de exposición
embrionaria a formulaciones de glifosato (GLY), o y sus mezclas. Este estudio demostró que el
uso de formulaciones de plaguicidas en concentraciones utilizadas a campo, genera efectos
genéticos deletéreos en esta especie, por lo que la exposición a los mismos podría amenazar su
supervivencia y estado de salud (Odetti y col., 2020). En estudios anteriores de los mismos
autores habían comprobado la genotoxicidad de formulaciones de glifosato en la misma especie
(Poletta y col., 2008, 2009 y 2011; Larriera y col., 2008), habiendo estimado finalmente que
23
producen daño en el ADN de los embriones independientemente de la etapa de desarrollo en
que ocurre la exposición, lo que implica un riesgo importante para la especie durante todo su
período de desarrollo, cuando la aplicación de plaguicidas es máxima (Burella y col., 2017). Por
otro lado, este mismo modelo animal fue objeto de estudios en muestras de campo evaluando
los efectos en la reproducción producida por residuos de compuestos organoclorados utilizados
como agroquímicos durante mucho tiempo en nuestro país (Stoker col., 2013 y 2011).
En búsqueda de otras especies naturales posibles centinelas que co-habitan en zonas agrícolas
de fuerte carga de agroquímicos, investigadores de Buenos Aires verificaron una disminución de
la respuesta linfocitaria a la fitohemaglutinina (PHA) en individuos de armadillo (C. villosus),
expuestos a formulaciones de glifosato (Roundup) (Luaces y col., 2020).
3.3. ALIMENTOS Y AGUA POTABLE
3.3.1. Sobre la complejidad del análisis químico de residuos.
Al respecto cabe consignar que sigue siendo muy escasa la producción de información del
contenido de todos los plaguicidas autorizados en los alimentos a nivel nacional. Los controles
del conjunto de residuos de plaguicidas se realizan en laboratorios especializados y se utilizan
métodos que han sido adoptados internacionalmente, generalmente basados en la
determinación de base cromatográfica-espectrométrica de masa (GC-MS/MS y LC-MS/MS) en
sus distintas variantes. Su característica principal es que se pueden detectar y cuantificar con
gran sensibilidad, exactitud y con bajos límites de detección en simultáneo, una gran cantidad
de compuestos (de 50 a 400 en un solo ensayo) (Fernández-Alba, 2004; Anastassiades y col.,
2003). A estos métodos se los denomina “mutiresiduo” (MRM) precisamente por esta
característica. Cabe aclarar que hay algunos compuestos que no pueden ser incluidos en esta
modalidad debido a sus propiedades fisico-químicas. A estos compuestos se los debe analizar
por separado aplicando métodos individuales. Es el caso de los ditiocarbamatos, algunos
plaguicidas a base de estaño y los herbicidas glifosato y glufosinato entre otros.
Es por ello que, a las dificultades normales que requiere conformar laboratorios avanzados, con
instrumentos de alto costo, para realizar controles “multiresiduo”, se agrega las dificultades
adicionales de medir individualmente el glifosato y los ditiocarbamatos que se encuentran entre
los de mayor uso. Vale la pena recordar que recién en 2003 en nuestro país, un laboratorio
privado incorporó el primer equipo de HPLC-MS/MS necesario para efectuar el control de
nitrofuranos en mieles de exportación. Es probablemente este atraso tecnológico que vivió el
país durante la década del 90 y principios del siglo XX, una de las causas, aunque no la única, por
la que escasean aún hoy, los estudios y los controles abarcativos que incluyan todos los
plaguicidas que se usan incluido el glifosato. Cabe aclarar que esta tendencia se ha ido
modificando desde 2010, explicando en parte también la aparición recién en la última década,
de los notables estudios producidos en el país.
3.3.2. Alimentos
Investigadores de Santa Fe, de la UNL, han realizado importantes estudios sobre distintos
alimentos de origen vegetal, cereales, hortalizas, mieles, alimentos infantiles, forrajes para
animales y otros. Por ejemplo precisamente en el caso de glifosato llama la atención que, junto
a su metabolito AMPA, se lo detecta frecuentemente en muestras de cereales, de cerveza, de
productos de algodón entre otros. Un caso de gran importancia son los monitoreos en las mieles
que presentan una elevada frecuencia de positivos. Demonte y col. (2021) detectaron glifosato
en el 94% de 75 muestras de miel de apiarios de los departamentos centrales de la Provincia de
Santa Fe. Los valores cuantificados (57%) tuvieron un promedio de 22,4 µg/kg y rango de 5 a 119
24
µg/kg. Un 37% de las muestras positivas fue menor al LOQ (5 µg/kg). En solo un 7% de las
muestras se determinó AMPA con un promedio de 6,5 µg/kg. No se detectó glufosinato. Un 8%
de las muestras superaron el LMR de 50 µg/kg de la UE. Los mismos autores en otro estudio
analizaron 28 muestras comerciales de miel envasada. Y en este caso se obtuvo un 89 % de
valores positivos con un 75% de muestras cuantificadas que promediaron 36,5 µg/kg con un
rango de 5 a 104 µg/kg. Aquí se detectó trazas de AMPA en un 4% de las muestras y no se detectó
glufosinato. Un 14 % de las muestras superó el LMR de 50 µg/kg (Demonte y col., 2021). El hecho
de encontrar concentraciones que superan los valores límites permitidos por países
importadores, por ejemplo Alemania (50 µg/kg), ha impactado fuertemente en años recientes
el comercio internacional de mieles argentinas, bastando mencionar las restricciones impuestas
por dicho país a nuestras exportaciones. Aún también, se ha reportado preocupación por
apicultores orgánicos por encontrar en sus mieles residuos de glifosato (RSA-CONICET, 2018).
Un aspecto llamativo de la ocurrencia de glifosato en alimentos, además de algunos picos
máximos que se observan, es su alta frecuencia de aparición, aunque en niveles bajos de
concentración. Esto amerita hacer especiales consideraciones al momento de evaluar el riesgo
real que representa para la salud su prácticamente permanente consumo dietario.
Sin embargo, es de tanta importancia como la presencia de glifosato, la de los numerosos
plaguicidas que se usan y se sabe existen como residuos en prácticamente todos los alimentos
que consumimos en Argentina. Es muy frecuente encontrar en el análisis de frutas y verduras
residuos de plaguicidas. Por ejemplo en casos puntuales, un número reducido de muestras de
frutillas mostró la presencia de azoxistrobina (n=5; 3-72 µg/kg), carbendazim (n=5; 2-92 µg/kg),
piraclostrobin (n=4; 9-92 µg/kg), clorpirifós (n=3; 37-47 µg/kg), imidacloprid (n=2; <LC-4 µg/kg),
metiltiofanato (n=1; 2 µg/kg). Una muestra de tomate en cajón de mercado presentó la
presencia simultánea de: azoxistrobina (100 µg/kg), difenoconazole (50 µg/kg), imidacloprid (20
µg/kg), flubendiamida (20 µg/kg), piraclostrobin (10 µg/kg), carbendazim (4 µg/kg).
Similarmente una muestra extraída de cajón de manzana de mercado mostró también la
presencia simultánea de: carbarilo (10 µg/kg), carbendazim (3 µg/kg), cloratraniliprole (30
µg/kg), clorpirifós (10 µg/kg), imazalil (10 µg/kg), tiabendazole (20 µg/kg) (La Barba y col., 2017).
Repetti y col. (2019 y 2021) efectuaron un estudio sobre muestras de alimento infantil de base
cereal, abarcando un total de 18 muestras (8 alimentos para bebés de 6 o 8 meses, 2 para bebés
de 1 año, 7 para infantes, 1 de arroz orgánico) todos comercializados en Argentina. El contenido
cereal principalmente se basó en avena, arroz, trigo, maíz, incluyéndose una muestra de arroz
orgánico no comercial. El espectro de compuestos analizados abarcó 323 plaguicidas, 55
micotoxinas y 11 alcaloides pirrolizidínicos, que fueron determinados mediante sistema de
cromatografía-espectrometría de masa de alta resolución (HPLC-Q-Orbitrap; UHPLC-MS/MS y
GC-MS/MS). Los hallazgos mostraron la presencia simultánea de 1 a 6 residuos de plaguicidas
en todas las muestras analizadas, en concentraciones que variaron desde el límite de
cuantificación (LOQ) hasta 80 µg/kg. Se cuantificaron 18 plaguicidas: lambdacihalothrina,
deltametrina, cipermetrina, pirimifos-metil, clorpirifos, tebuconazole, metiocarb,
monocrotofos, ciproconazole, azoxistrobin, acetamiprid, trifloxistrobin, tiacloprid, metsulfuron-
metil, metolaclor, imidacloprid, dietofencarb, carbendazim. Los plaguicidas más
frecuentemente detectados fueron clorpirifós y pirimifós metilo, insecticidas muy utilizados en
el país. También se verificó una alta frecuencia de aparición de micotoxinas en todas las
muestras. Entre las micotoxinas tradicionales para las cuales existen límites máximos
establecidos, zearalenona estuvo presente en el 50% de todos los alimentos base cereal
analizados (LOQ-0,9 µg kg-1), y se encontraron fumonisinas en una muestra a base de maíz y en
una de base mixta de cereales (2-37 µg kg-1). Algunos compuestos emergentes, como alcaloides
del ergot y eniantinas se identificaron en muestras de avena y de mezclas avena-arroz (0,4-5,0
µg kg-1). Finalmente, la muestra de arroz orgánico analizada no contenía residuos de plaguicidas
y micotoxinas (Repetti y col., 2019 y 2021)
25
Por su parte Michlig y col. (2017) empleando técnicas UHPLC-MS/MS (TQ-S y Q-LIT; ESI ±) y
GCMS/MS (QqQ; EI), que les permitió estudiar unos 486 compuestos entre pesticidas,
micotoxinas y alcaloides (420 plag+55 mic+11 PAs), analizaron alimentos utilizados en las dietas
de ganado lechero en la cuenca central santafesina (Departamento Castellanos). Los diferentes
tipos de muestras de alimentos que constituyen las dietas concentradas utilizadas en el área de
estudio (pasturas de alfalfa y cebada, maíz, trigo, soja, varios tipos de ensilajes y expellers,
semillas de algodón, gluten, burlanda, alimentos balanceados comerciales y otros), agregaron
complejidad al estudio totalizando 54 muestras. Se detectaron en las muestras 50 plaguicidas
(12%) del total de 420. Estas detecciones se verificaron en el 72% de las muestras analizadas (5-
500 µg/kg) siendo el 62% de los mismos insecticidas, el 20% herbicidas y el 18% fungicidas. De
esas familias, los compuestos de mayor ocurrencia fueron clorpirifos (98%, 11-167 µg/kg),
metolacloro (60%, 5-15 µg/kg) y difenilamina (33%, 20-63 µg/kg). La multicontaminación
(múltiples plaguicidas en una misma muestra) fue muy frecuente, variaron desde 5 hasta 11
plaguicidas en una misma muestra para la gran mayoría de los tipos de muestras analizadas. Los
hallazgos fueron relevantes ya que la contaminación múltiple en muestras individuales fue
frecuente y, en algunos casos, con niveles considerables, demostrando que se necesita más
investigación y controles en esta área. Recomendaron mejoras en los sistemas de monitoreo y
prácticas de manejo a nivel de los tambos para proteger la salud animal y humana y para
asegurar que este importante problema de seguridad alimentaria no afecte la calidad de la leche
(Michlig, 2018; Michlig y col., 2017; Repetti y col., 2021).
En el mismo centro en relación al estudio anterior sobre piensos de animales lecheros relevaron
la concentración de plaguicidas presentes en 40 muestras de leche de tambo en dos estaciones,
verano e invierno, detectando 23 plaguicidas diferentes. Los resultados obtenidos mediante la
determinación por medio de UHPLC-MS/MS y GC-MS/MS mostraron principalmente la
presencia en invierno de: acetamiprid, clorpirifós (n=11; 0,5 -2,5 µg/L; LMR=20 µg/L), cletodim,
diazinon (n=13; 0,4 -1,4 µg/L; LMR=20 µg/L), fention, fipronil, piraclostrobin, pirimifos-metilo,
cipermetrina, DDD-p,p', DDE-o,p', DDE-p,p', DDT-o,p', endosulfan-SO4, heptacloro,
lambdacihalotrina (n=15; 1,2-25 µg/L), metoxicloro, mirex. En verano se repitió un perfil similar
con detecciones de: atrazina, azoxistrobina, bendiocarb, carbendazim, metalaxil, endosulfan-
SO4 (n=40; 0,2-3,6; LMR=4), heptacloro, lambdacihalotrina (Michlig, 2018).
Al mismo tiempo cobró interés de este grupo saber si es posible reducir el contenido de
plaguicidas mediante el procesamiento de alimentos domiciliario. Para ello se experimentaron
varias prácticas domésticas como el lavado y el pelado respecto al contenido de residuos de
plaguicidas de frutas y verduras. Se estudiaron muestras de tomates y manzanas
comercializadas en los mercados de Santa Fe. El análisis multiresiduo previo permitió detectar
la presencia de 6 plaguicidas en los tomates y otros 6 plaguicidas en las manzanas. Estas
muestras conteniendo residuos en las condiciones de consumo de la población, fueron utilizadas
para evaluar el efecto de distintos procesamientos: lavado con agua de canilla, lavado con
soluciones al 2 % y 5 % de ácido acético (ácidas) y bicarbonato de sodio (alcalinas), así como el
pelado (remoción completa de la piel). Los niveles de concentración de los plaguicidas se
determinaron mediante cromatografía líquida−espectrometría de masa (UHPLC−MS/MS). Se
calcularon los factores de procesamiento (PF) como la relación existente entre la concentración
hallada después y antes del procesamiento. En ambos casos el pelado fue mucho más efectivo
que los lavados. En tomates se obtuvo PFs 0,03; 0,23; 0,02; 0,26; 0,35; 0,09 para remover
azoxystrobin, carbendazim, difenoconazole, flubendiamide, imidacloprid y pyraclostrobin,
respectivamente. En manzanas, valores de PF ≤ 0,12; 0,08; 0,01; 0,04; 0,05; 0,09 para carbarilo,
carbendazim, clorantraniliprole, clorpirifós, imazalil y tiabendazol, respectivamente. El lavado
de los alimentos con agua mostró baja eficacia en la remoción de plaguicidas (La Barba et al.,
2017; Maggioni y col. 2021). Estos resultados confirman la dificultad de la remoción de
26
plaguicidas antes de su consumo, y que el lavado con agua que es el más frecuente es
prácticamente inútil para este propósito, sobre todo para eliminar los plaguicidas sistémicos. Si
bien pelar y cocinar puede reducir en algunos casos el contenido de residuos de plaguicidas, en
otros puede aumentar esos niveles (Keikotlhaile y col., 2010).
Otros autores en el país han reportado datos de la presencia de residuos de plaguicidas en
vegetales. En este caso analizaron un total de 135 frutas y verduras entre las más consumidas
en busca de 35 plaguicidas. Los resultados se evaluaron de acuerdo con los límites máximos de
residuos (LMR) para cada producto y plaguicida de acuerdo con la normativa nacional. Se
detectaron plaguicidas en el 65% del total de muestras, en el 44% de las muestras positivas en
los LMR o por debajo de ellos, y en un 56% por encima de los LMR. Las naranjas tenían la
concentración más alta de pesticidas detectada, pero las zanahorias tenían la mayor frecuencia
de incumplimiento entre los productos de la muestra. Se detectaron cinco plaguicidas con
frecuencias superiores al 10%, siendo el clorpirifós el de mayor aparición (25,9%). En otros
países, el porcentaje de muestras por encima del LMR es mucho menor. Se recomienda
urgentemente la implementación de programas diseñados para facilitar la concientización, la
capacitación y el control más eficiente (Mac Loughlin y col., 2018).
Sin embargo esta recurrente presencia de residuos que se detectan en estudios puntuales
efectuados desde los centros científicos del país, en realidad no hacen más que alimentar una
recurrente incerteza respecto a la inocuidad de los alimentos respecto a la presencia de
plaguicidas, siendo que el verdadero conocimiento de lo que sucede, es responsabilidad de los
organismos de control como SENASA, que son los encargados de efectuar la inspección y control
analítico de los productos que se consumen en el país. Este organismo y otros del área de salud,
efectúan estos análisis desde hace mucho tiempo. Es decir, no es ninguna novedad saber que se
encuentran plaguicidas en los alimentos que consumimos. Lo que debe estar muy bien
establecido es el estricto seguimiento de estos residuos mediante controles continuos y
abarcativos del mercado interno, para poder mantenerlos en niveles que pueden considerarse
aceptables o actuar para corregir o prevenir las situaciones de riesgo que se detecten, al mismo
tiempo, para que mediante este mismo sistema se propenda a la disminución del uso de
plaguicidas por todos los medios posibles.
Como dijimos, en el país se efectúan controles de plaguicidas en alimentos por parte del SENASA
desde la década del 70. En aquella época durante varias décadas se controlaron estrictamente
los plaguicidas organoclorados (OCs) en los cárnicos de exportación argentinos, principalmente
con destino a EU y EEUU, habiéndose llegado a efectuar el análisis de la totalidad de las reses
faenadas por ejemplo para este último mercado (Beldomenico y col.,1988). Es decir los
mercados de exportación más exigentes requerían embarques libres de estos plaguicidas, por lo
que los productos que se detectaban con positivos eran desviados hacia otros mercados o
destinados al mercado interno. Cabe recordar que para esa época de gran incidencia de OCs, se
encontraban en situación de riesgo los niños, ya que se encontraban en gran proporción
compuestos organoclorados en leches maternizadas, en productos lácteos (postres y yogures),
tal como fueran reportados por investigadores en Buenos Aires (Ridolfi et al. 2002, Villaamil
Lepori, et al. 2003, 2006) o en leche materna (Lenardón y col., 2000).
Más o menos ese estilo de priorizar el comercio exterior para los controles priva hasta nuestros
días. Aquellos controles de los 80 y 90 derivaron en el actual Plan Nacional de Control de
Residuos e Higiene en Alimentos (CREHA). En su versión animal funciona desde 2000 (con
antecedentes como mencionamos desde 1981) (SENASA, 2021a) y recoge un listado importante
de los residuos y contaminantes de mayor relevancia para ese tipo de productos, sin que sean
los plaguicidas en la actualidad los de mayor importancia. Distinto es el caso del Plan CREHA
vegetal ya que estos productos son los que más se tratan con plaguicidas sintéticos. Este plan
27
funciona en su versión dedicada a controlar el mercado interno, desde hace muy pocos años
(desde 2012) (SENASA, 2021b). En síntesis, también aquí los controles sobre productos vegetales
funcionaron y funcionan bien para los productos de exportación (limón, pera, manzana entre
otros) no así para los productos de consumo interno. Son muy pocos los mercados en el país que
cuentan con estructura de laboratorio y logística para efectuar controles de los productos de
comercialización diaria en las grandes urbes. Es decir, los productos que se consumen en las
ciudades en su mayoría no se controlan, salvo algunas excepciones que aplican desde los últimos
años algunos controles de diagnóstico, como por ejemplo para citar uno, el de la Agencia
Santafesina de Seguridad Almentaria (ASSAL) en la provincia de Santa Fe.
Consultando los últimos informes de resultados del “plan CREHA Vegetal”, correspondientes a
datos recogidos en 2020, a los que se accede en el sitio web del organismo (SENASA, 2021b), se
constata que se informa el número de muestras analizadas, casos conformes y no conformes.
No constan los valores de concentración hallados para cada ítem analizado. En este informe el
control abarcó productos fruti-hortícolas clasificados en 12 grupos y los activos en 6 paquetes
diferentes en los que se incluyen: productos prohibidos para cada matriz vegetal, posibles
desvíos de usos (DU) y productos autorizados para las especies incluidas. En este informe no se
detallan los plaguicidas que conformaron los grupos, pero de informes anteriores se puede
deducir que en total se tienen bajo control unos 120 compuestos (SENASA, 2021b). Esta forma
de presentar la información resulta sumamente críptica e incompleta a los fines de orientar
evaluaciones de riesgo o de dimensionar su verdadero impacto por parte de terceros imparciales
o ciudadanos en general. A su manera incumple con uno de los preceptos importantes del
“análisis de riesgo” que es encaminar una buena comunicación entre todos los actores del
sistema alimentario incluyendo los consumidores (RSA-CONICET, 2021).
Las deficiencias del sistema de control de residuos de plaguicidas para el consumo interno en
nuestro país, ha generado muchas reconvenciones para el mencionado principal organismo
involucrado SENASA. En la provincia de Santa Fe, ha tenido un fallo desfavorable por parte de
un juzgado de la ciudad de Rosario, que lo obligó a efectuar los controles para esa ciudad en
mejor modo (Zarate, 2018). Un poco más tempranamente entre otros informes críticos, un
informe de la Auditoría General de la Nación, cuestiona básicamente la gestión que realizaba el
SENASA en términos de autorizar y controlar los agroquímicos, y evidencia los vacíos existentes
al funcionar las diferentes áreas gubernamentales que debiesen trabajar en conjunto (AGN,
2012a y 2012b).
Una consecuencia de esta falta de transparencia en la comunicación del organismo responsable
es por ejemplo que los datos oficiales más detallados, que han tomado estado público, son los
que publican organizaciones no gubernamentales, mediante requerimientos individuales a ese
organismo a veces por vía judicial, que ha permitido conocer cifras por ejemplo de los niveles y
frecuencias de aparición de plaguicidas en frutas y hortalizas en nuestro país que se presentan
como preocupantes (Cabaleiro, 2018 y 2021; Tierra Viva, 2021).
A modo de síntesis, se ha comprobado que existen algunos plaguicidas que son recurrentes en
su aparición en los alimentos, como es el caso del clorpirifós, la atrazina, el pirimifós-metilo,
glifosato, algunos piretroides, el 2,4-D y luego otro centenar de plaguicidas que aparecen
recurrentemente en frutas, verduras, cereales y otros alimentos. También es notable la situación
muy habitual de que los compuestos no se presentan solos sino en grupos de 2 hasta 11
compuestos simultáneamente en un mismo alimento (Repetti y col., 2019, Michlig, 2018,
Repetti y col., 2021). En resumen, los controles de SENASA abarcan unos 120 principios activos
de los más de 430 que cuentan con algún LMR establecido en la Resolución 934/10 y
complementarias de SENASA (SENASA, 2010). Los resultados no son bien comunicados y se
puede afirmar que los controles no existen en gran parte del mercado interno, estando gran
28
parte de la población desprotegida, en cuanto los riesgos potenciales para la salud que implica
la exposición dietaria a residuos de plaguicidas, sobre todo los grupos más vulnerables como la
población de corta edad y las mujeres embarazadas.
3.3.3. Agua potable
El agua potable se define por el Código Alimentario Argentino (Art 982 - Res Conj SPRyRS y
SAGPyA Nº 68/2007 y Nº 196/2007) como: “Con las denominaciones de Agua potable de
suministro público y Agua potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta para la
alimentación y uso doméstico: no deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen
biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud.
Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente.
El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro público, de un pozo
o de otra fuente, ubicada en los reservorios o depósitos domiciliarios”. El agua de consumo
humano, si bien no está dado considerarlo como un alimento propiamente dicho, está
estrechamente vinculado a ese concepto como una necesidad básica de la salud y del buen
estado nutricional humano. La calidad respecto a su composición físico-química y especialmente
en el tema que nos ocupa respecto al contenido de trazas de plaguicidas, tiene en nuestro país
varias fuentes de regulaciones establecidas, destacándose tres: a) el mencionado Código
Alimentario Argentino; b) la ley 24051 de Residuos Peligrosos (SyCD, 1992); c) los niveles guía
elaborados por la ex Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación en años anteriores (SIPH,
2021). A esta esfera de alcance nacional se suman las legislaciones provinciales que
prácticamente en su totalidad, tienen establecidas legislaciones propias respecto a calidad de
aguas, no siempre incluyendo los ítems que estamos considerando. En la provincia de Santa Fe
sobre este particular rige la Ley 11220 (Santa Fe, 1994).
En la Tabla 3, se resumen algunas tolerancias vigentes en el país. Lo que primero llama la
atención es lo incompleto y desactualizado que resulta la lista de ítems considerados en la
legislación argentina. El listado del Código Alimentario Argentino (CAA) ha sido propagado hacia
otras normas provinciales que lo han adoptado prácticamente sin modificaciones. Plantea
niveles de concentración máxima exigibles para un listado de plaguicidas organoclorados (OCs)
y organofosforados (OPs) que están prohibidos en nuestro país desde hace varias décadas, y que
en el caso de los OCs son considerados contaminantes ambientales e integran el listado de COPs
del Convenio de Estocolmo. Las únicas excepciones de este listado son el herbicida fenoxiacético
2,4-D y el insecticida OP malatión que están permitidos en Argentina. A la luz del vasto conjunto
de sustancias que se utilizan en la Argentina, y que se han encontrado en muestras de aguas,
suelos y otras ambientales según se ha venido detallando en ítems anteriores, este listado
resulta completamente desactualizado y refleja sin dudas una verdadera omisión de
responsabilidades del Estado respecto a las medidas de control necesarias para asegurar la
inocuidad del agua que consume la población.
29
Tabla 3: valores comparados de límites en agua potable de Argentina
En algunas provincias como es el caso de Santa Fe, el Ente Regulador interviniente ENRESS,
además de los ítems adoptados por Ley 11.220, similares a los establecidos por el CAA, en la Res.
779/05 dispone realizar controles para atrazina, glifosato y endosulfán indicando valores guía
de OMS de 2, 900 y 20 µg/l respectivamente. Sin embargo, en los informes técnicos periódicos
de la Gerencia de Control de Calidad (GCC) incluyen otros activos como clorpirifós (<1 µg/l),
cipermetrina (<1 µg/l) y permetrina (<20 µg/l) con los límites de cuantificación (LC) del método
analítico entre paréntesis. En los últimos años este perfil de control en la Provincia de Santa Fe
según los reportes mensuales accesibles en el sitio de ENRESS ha arrojado valores menores a los
LCs en todos los casos informados.
Ante el anacronismo que significa este perfil tan bajo de atención a este punto dentro del
complejo tema de asegurar la inocuidad del agua de consumo, conviene traer como referencia
la estrategia de otros países sobre este particular. En especial es llamativo a nivel mundial la
posición de la Unión Europea que ha dejado de fijar límites específicos para cada compuesto en
particular y ha legislado un solo valor como límite universal para cada plaguicida individual
cualquiera sea su peligrosidad de 0,1 µg/L y con la tolerancia máxima de que la suma de todos
los plaguicidas presentes no superen el límite total de 0,5 µg/L. Esta decisión es muy importante
de resaltar pues lleva implícita muchas de las consideraciones que se hacen en este texto
respecto a la necesidad de tomar medidas precautorias para dar prioridad absoluta a la salud de
las personas y el ambiente por sobre todas las otras consideraciones posibles. En la UE se
observa que han jerarquizado sin concesiones, garantizar que el agua no contenga plaguicidas
como condición básica para preservar la salud de la población. Este principio es el que de alguna
CAA Ley 11220 Ley 24051 US EPA
Argentina Santa Fe Resi duos peligrosos
NPDWR
Principio Activo Matriz
LMR
(µg/L) LMR (µg/L) Nivel Guía (µg/L)
Nivel Guía
(µg/L)
2,4 D Agua
100 100
100
70
Aldrin + Dieldrin Agua
0,03 0,03
ALD 0, 03/DLD 0,03
Clordano Agua
0,3 0,3
0,3
2
DDT (Total + Isómeros ) Agua
1 1
1
Heptacloro + HCE Agua
0,1 0,1
HC 0,1/ HCE 0,1 HC 0,4/ HCE 0,2
Hexaclorobenceno Agua
0,01 0,01
0,01 1
Lindano Agua
3 3
30,2
Malatión Agua
35 35
190
Metil Paratión Agua
77
7
Metoxicloro Agua
30 30
30 40
Paratión Agua
35 35
50
Pentaclorofenol Agua
10 10
10 1
Aldicarb Agua 3
Atrazina Agua 3
3
Bendiocarb Agua 40
HCH - alf a Agua 0,131
HCH - be ta Agua 0,232
Bromoxinil Agua 5
Carbaril Agua 90
Carbofurano Agua 40
40
Cianazi na Agua 10
Clorpirifos Agua 90
Diazinon Agua 20
mo-3-cloropropano (DBCP)
Agua 0,2 0,2
Dicamba Agua 120
Diclofop-metil Agua 9
Dimetoato Agua 20
Diquat Agua 70
20
Diuron Agua 160
Endosulfan Agua 138
Endrin Agua 0,2
2
Forato Agua 2
Glifosato Agua 280
700
Isoforone Agua 5
Metil-azinfos Agua 20
Metolaclor Agua 50
Metribuzina Agua 80
Organoclorados totales Agua 10
noclorados (no plaguicidas)
Agua 1
Paraquat Agua 10
Plaguicidas totales Agua 100
Simazine Agua 10
4
2,4,5, -T Agua 280
Temefos Agua 280
Terbufos Agua 1
Toxafe no Agua 5 3
TP 2,4, 5- Agua 10 50
Trialato Agua 230
Dalapon Agua 200
Dinoseb Agua 7
Ethylene dibromide Agua 0,05
Picloram Agua 500
30
manera se terminará imponiendo para el resto de los alimentos, según las tendencias que
estamos observando y refiriendo en este texto.
Obviamente si los controles no consideran aplicar métodos que holgadamente puedan detectar
concentraciones menores a dicho límite de 0,1 µg/L y se poseen tolerancias tan elevadas como
las vigentes actualmente en nuestro país por ejemplo según la Ley 24.051 para glifosato (280
µg/L), dicamba (120 µg/L), 2,4-D (100 µg/L), clorpirifós (90 µg/L), y así siguiendo para aquellos
pocos compuestos que tienen algún límite fijado, normalmente muy superiores al límite
europeo, no se podrá detectar las concentraciones a que realmente estamos expuestos y
evaluar exactamente el riesgo toxicológico a que está sometida la población. Sabemos además
que hay otra gran cantidad de compuestos para los que no existen límites establecidos.
El panorama del agua potable, habida cuenta de la contaminación detectada en los ambientes
de Argentina, se ha tornado una prioridad importante tanto desde el punto de vista de la
actualización normativa como del perentorio mejoramiento de los sistemas de control vigentes.
4. EFECTOS EN LA SALUD HUMANA
Como se ha mencionado en los ítems anteriores, los plaguicidas una vez descargados en el
ambiente mediante la aplicación agrotécnica correspondiente, pueden por diversas vías llegar a
los seres humanos, constituyendo materia de preocupación para la salud pública (EU Study,
2021). Puede decirse que la exposición aguda humana ha sido más estudiada (Boedeker y col.
2020) mientras que la exposición crónica, es decir prolongada en el tiempo y sus efectos en
latencia, son mucho menos conocidos. Existen consolidadas evidencias de que producen
alteraciones muy variadas como genotóxicas, mutagénicas, teratogénicas, inmunitarias y otras,
que pueden expresarse como asociación con cáncer (Burns y col., 2021; Bremm Pluth y col.,
2019; Alavanja y col., 2013; Alavanja y col. 2012), disrupción endócrina (Warner y col., 2020;
Vandenberg y col., 2020; Kahn y col., 2020), malformaciones congénitas (Kalliora y col., 2018),
problemas de fertilidad y reproducción (de Araújo-Ramos y col., 2021), déficit neurológicos y
neurocognitivos (Hertz-Picciotto y col. 2018; Mackenzie Ross y col., 2013), problemas
respiratorios y alérgicos (Tarmure y col., 2020; Junqueira Buralli y col., 2020), alteraciones del
sistema inmune (Lee y col., 2020) entre otras patologías.
La investigación directa de estas numerosas anomalías en humanos es marcadamente
dificultosa y en muchos casos se efectúan estudios epidemiológicos de cohortes específicas o
estudios de caso-control. Por ello también la ciencia actual recurre a la experimentación con
modelos animales y a otros ensayos de laboratorio para ampliar y profundizar el conocimiento
existente (Ingaramo y col., 2020).
En Argentina, Villamil y col. (2013) revisaron la situación general del país respecto al uso de
agroquímicos. Abarcaron los principales aspectos sobre la exposición del ambiente, los
alimentos y la salud humana. En la recopilación sobre exposición en población humana
detallaron los estudios más relevantes a esa época sobre exposición ocupacional (Mañas et al.
2009a; Simoniello et al. 2008, 2010a, 2010b; Astiz et al. 2011), exposición ambiental de
población humana detallando biomonitoreos de fluidos humanos (Der Parsehian ,2008; Della
Ceca y col., 2012; Muñoz-de-Toro y col., 2006a; Álvarez y col. 2006; Álvarez y col., 2009a,b;
Lucero y col., 2008; Pechen de D’Angelo y col.,1998; Lenardón y col., 2000; Bulgaroni y
col.,2012; Ridolfi y col., 2006, 2007; Rodríguez Girault y col.,2012). Referenciaron un número de
estudios en el país que trataron sobre los posibles efectos adversos de los agroquímicos por
exposiciones crónicas en poblaciones expuestas ambientalmente (Souza y col., 2004, 2005;
Magnarelli y col., 2009; Cecchi y col., 2012; Guiñazú y col., 2012; Magnarelli y Guiñazú, 2012,
Ridano y col., 2012; Bulgaroni y col., 2013; Vera y col., 2012) y algunos estudios in vitro e in vivo
31
sobre evaluación de la peligrosidad sobre la salud humana de algunos plaguicidas (Ventura y
col., 2012; Martini y col., 2012; Mañas y col., 2009b; Martos y col., 2005). La revisión es muy
completa y refleja acabadamente la situación nacional sobre exposición a agroquímicos a la
fecha de su publicación. Al mismo tiempo es posible observar en la revisión, una gran
preeminencia de estudios en humanos referidas a los plaguicidas organoclorados. Con toda
razón justificada por el impacto que han producido y siguen produciendo, pero de alguna
manera refleja un muy estrecho abordaje sobre los restantes numerosos plaguicidas que se
utilizaron en las últimas décadas y se siguen utilizando actualmente. Esto probablemente se ha
debido a que como ya mencionamos, recién hacia final de la primera década de este siglo se
fueron incorporando en el país capacidades analíticas que permitieron abordar un espectro
mayor de todos los plaguicidas que se utilizan. Por ello recién en esta última década han ido
apareciendo estudios más abarcativos de sustancias y que reflejan mejor la situación real que
se viene seguramente viviendo desde mucho tiempo atrás, y cuyas evidencias con mayor
completitud se van verificando en la actualidad.
4.1. Estudios de exposiciones ocupacionales
En nuestro país, Butinof y col. (2017a), efectuaron estudios en la población de agroaplicadores
de cultivos extensivos (ACE) de la Provincia de Córdoba. En un estudio transversal, en ACE (n=47)
seleccionados aleatoriamente de una muestra de n=2000, y sujetos no expuestos controles
(n=52), relevaron variables sociodemográficas, condicionantes de exposición y de salud
percibida, mediante cuestionario autoadministrado y evaluaron indicadores biológicos de
genotoxicidad (micronúcleos, aberraciones cromosómicas y ensayo cometa) y la actividad de
butirilcolinesterasa. El 40% de los ACE tiene una antigüedad mayor de 10 años y casi el 50%
reside a menos de 500 m de campos asperjados. Reportan bajas tasas de uso de equipo de
protección personal durante la mezcla, aplicación o reparación de equipos. Verificaron que los
síntomas generales, cardiorrespiratorios y dermatológicos fueron mayores entre los ACE (p
<0,05), así como los indicadores de daño genotóxico (p <0,001). La actividad butirilcolinesterasa
se asoció negativamente a niveles de exposición a plaguicidas. Concluyeron así que los ACE
presentan un importante impacto negativo en la salud vinculado a la exposición a plaguicidas y
que el uso de las escalas de exposición asociadas al uso de biomarcadores, resultan útiles para
la vigilancia de la salud (Butinof y col., 2017a). En un trabajo anterior los mismos autores en la
misma área de estudio habían descrito mediante encuestas (n=880), alta prevalencia de
sintomatología ocasional o frecuente: 47,4% síntomas irritativos, 35,5% cansancio, 40,4%
cefalea y 27,6% ansiedad o depresión (Butinof y col., 2015; Díaz, 2015).
Por su parte otro grupo en la misma Provincia de Córdoba, realizó un monitoreo citogenético de
trabajadores rurales expuestos a plaguicidas (glifosato, cipermetrina y atrazina). Encontraron
mayor frecuencia de aberraciones cromosómicas en los trabajadores rurales en comparación
con el grupo testigo, lo cual pone de manifiesto el riesgo que representa la exposición a
plaguicidas para la salud de esta población (Mañas y col., 2009a). En un estudio más reciente
los mismos autores demostraron que la exposición ocupacional a pesticidas aumenta los valores
de aberraciones cromosómicas (CA), micronúcleos (MN) y biomarcadores de fragmentación del
ADN, todos indicadores de daño al material genético. Estas evidencias sugieren que la exposición
crónica a plaguicidas es un riesgo potencial para la salud de los trabajadores (Aiassa y col., 2019).
Por su lado los trabajos de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)
continuando los estudios informados en 2008 (Simoniello y col., 2008), comprobaron en
trabajadores frutihortícolas de Santa Fe, Argentina, expuestos a plaguicidas, modificaciones en
el balance oxidativo junto con daño al ADN (Simoniello y col., 2010a y 2010b). El estudio
categorizó trabajadores con exposición directa (n=45), exposición indirecta (n=50) y controles
(n=50) mediante biomarcadores de exposición y efecto: colinesterasa (ChE), acetilcolinesterasa
32
(AChE), catalasa (CAT), peroxidación de lípidos (TBARS), Indice de Daño Ensayo Cometa (IDEC) e
Indice de Daño Ensayo Reparación (IDER). Los resultados indicaron: a) inhibición significativa de
AChE (p<0,001) en expuestos directos (25%) e indirectos (15%); b) aumento en los niveles de
TBARS (p < 0.001) en los directos (51%); c) reducción de CAT significativa (p < 0.01) tanto en
aplicadores (61%) como en no aplicadores (43%) y d) aumento de IDEC (83% y 98%) e IDER
(p<0.001) en ambos grupos. Estos resultados mostraron modificaciones en la peroxidación de
lípidos, el sistema de defensa antioxidante y el daño del ADN en los linfocitos de los trabajadores
expuestos (Simoniello y col., 2010a y 2010b). En otros trabajos, continuaron demostrando el
impacto de la exposicion a plaguicidas en personas ocupacionalmente expuestas a esos dos
mecanismos tóxicos (Porcel de Peralta y col., 2011, Carballo y col., 2012). Asimismo, estos
autores encontraron que ambos biomarcadores se encontraron incrementados en pacientes de
zonas rurales, con Lupus Eritematoso Sistémico (LHS), una enfermedad autoinmune influenciada
por varios genes, por hormonas y por agentes ambientales, con prevalencia en mujeres. Los
resultados hallados sugieren que la exposición a plaguicidas exacerba los mecanismos
desencadenantes de esta enfermedad autoinmune (Simoniello y col., 2017).
Autores relacionados de la misma Universidad, evaluaron el daño oxidativo generado por la
exposición ambiental a mezclas de agroquímicos en personas que residen en una zona agrícola
(localidad de Santo Domingo-Santa Fe) y se contrastaron dichos resultados con personas sanas
de zona urbana (ciudad de Santa Fe) no expuestas a plaguicidas. Se analizaron marcadores
biológicos similares (CAT, SOD, TBARS) y se integraron los resultados con las variables obtenidas
en las entrevistas realizadas. En los resultados obtenidos se observó un incremento significativo
para TBARS y SOD al comparar el grupo de personas expuestas ambientalmente a plaguicidas
con el grupo control. Se encontró una regresión lineal significativa entre TBARS y CAT, y entre
SOD y TBARS. En cuanto a las muestras de agua de lluvia provenientes de Santo Domingo se
encontró que contenían atrazina. Teniendo en cuenta el período de aplicación de plaguicidas,
se hallaron diferencias significativas en los tres biomarcadores. Este trabajo, utilizando
marcadores de estrés oxidativo ha sido pionero en la región Centro de Santa Fe y permitió
vincular desbalances en el estado oxidativo con factores que podrían incidir en la salud (Odetti
y col., 2016).
4.2. Estudios epidemiológicos y de exposición ambiental poblacional en Argentina
Un estudio epidemiológico publicado muy recientemente por investigadores de Universidades
de tres provincias de la Región Centro de Argentina (RC) (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) analiza
y estima la tendencia de la mortalidad por cáncer en el período 1992-2016, para esta región
caracterizada por su alta actividad agropecuaria (Duarte y col., 2021). Se afirma que la Región
Central presenta tasas altas, tanto provinciales como departamentales, de mortalidad por
cáncer, que se encuentran por encima de los valores a nivel nacional en todos los períodos
estudiados. Esta situación ya había sido observada en la década del 80 (Matos y col., 1990) y aún
hoy no se ha modificado. Se hallaron marcadas diferencias de la mortalidad entre las provincias,
entre los departamentos y entre sexos. También se visualiza una concentración de la mortalidad
en ambos sexos en el sureste de Córdoba que, en el transcurso de los quinquenios, parece
moverse hacia la frontera norte entre Santa Fe y Entre Ríos, lo que es llamativamente
coincidente con el corrimiento de la frontera de cultivos que ocurrió en los últimos años (Viglizzo
y col., 2010). Los autores afirman que el abordaje de esta problemática compleja muestra los
primeros avances de integración regional en materia de estudios epidemiológicos. Se sabe que
el cáncer es producto de una interrelación compleja de factores demográficos, genéticos,
hormonales, inmunológicos y ambientales, que podrían justificar una distribución heterogénea
en diferentes territorios (Duarte y col., 2021).
33
Por su parte Butinof y col. (2017b) continuaron sus estudios con un trabajo de mayor alcance
territorial y no referido exclusivamente a exposiciones ocupacionales, se abocaron a describir la
distribución espacial de la exposición a plaguicidas en Argentina y su asociación con indicadores
de carga de cáncer, desarrollando índices de exposición global y validándolos con biomarcadores
de efecto en sujetos laboralmente expuestos. Construyeron así dos índices globales de
exposición a plaguicidas (IEP) y de impacto ambiental total (IIAT), y estudiaron sus distribuciones
espaciales. Mediante un estudio ecológico a nivel nacional se estimó la asociación con las tasas
de mortalidad de cáncer total, mama y próstata, usando los departamentos como nivel de
desagregación (n=564). Dos índices de exposición, construidos con información (individual) de
agroaplicadores de Córdoba, se validaron mediante biomarcadores (actividad de
butirilcolinesterasa y genotoxicidad). Como resultados obtuvieron que el área pampeana agrupa
un IEP mayor al promedio nacional y los IIAT superiores, correspondientes al 2,4-D y clorpirifós.
El aumento en ambos índices de exposición se asoció a incrementos en las tasas de mortalidad
por cáncer a nivel departamental (Butinof y col. 2017b).
Otros autores en la provincia de Córdoba efectuaron estudios sobre el daño genético en
pobladores de Marcos Juárez expuestos a plaguicidas (Peralta y col. 2011), continuando luego
con la evaluación de la genotoxicidad y carcinogenicidad de plaguicidas en niños de esa provincia
(Bernardi y col., 2015). Encontraron diferencia significativa entre los expuestos a menos de 500
metros de zonas agrícolas, con respecto al grupo de niños no expuestos. El daño genotóxico en
los residentes hasta aproximadamente 1000 m de los sitios de aspersión terrestre no muestra
diferencias significativas, mientras que a más de 1500 m de la fuente de exposición ese daño
disminuye. El 40% de los individuos expuestos sufren algún tipo de afección persistente, que se
podría asociar a la exposición crónica a plaguicidas. Concluyeron que existe una exposición a
sustancias genotóxicas en un grupo de niños con relación al otro y remarcaron la relevancia del
ensayo de micronúcleos en la mucosa bucal, biomonitoreo genético y la vigilancia en salud
pública, dado que se detecta un nivel de daño que todavía es reversible (Bernardi y col., 2015).
En un trabajo de reciente publicación, este grupo de autores continuó con sus estudios de
evaluación del daño genotóxico en este caso por exposición respiratoria ambiental, a mezclas
de plaguicidas, en habitantes de la misma ciudad de Marcos Juárez (Provincia de Córdoba), que
está rodeada de zonas de fuerte actividad agrícola. Evaluaron en este caso también el patrón de
distribución espacial urbano. Los resultados revelan que el seguimiento de poblaciones
humanas mediante el análisis de marcadores citogenéticos permitió detectar daños directos en
el hombre provocados por sustancias contaminantes. Los habitantes que vivían en zonas dentro
de los 500 metros del límite urbano-rural mostraron diferencias significativas con respecto a los
que habitan a distancias mayores, presentando efectos incrementados en los biomarcadores
estudiados. También remarcan la utilidad de utilizar biomarcadores de respuesta rápida, aunque
marcan la desventaja de este tipo de estudios por su incapacidad de estimar el grado de
exposición (Mañas y col., 2021).
4.3. Efectos y toxicidad de algunos plaguicidas seleccionados
En forma más particularizada, se han estudiado efectos en la salud de plaguicidas especificados,
incluyéndose por ejemplo compuestos organoclorados, organofosforados, glifosato, clorpirifós,
atrazina, 2,4 D entre muchos otros, constatándose una significante contribución a la literatura
científica internacional, por parte de los investigadores de nuestra región y de nuestro país. Un
número especial de la revista científica “Endocrinología Molecular y Celular” (“Molecular and
Cellular Endocrinology”) con el título general de: “Efectos en la salud de los agroquímicos como
perturbadores endócrinos (EDCs)” contó como editores principales a los Dres. Enrique H. Luque
y Mónica Muñoz-de-Toro, investigadores del Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL-UNL-
CONICET). Este número especial incluye 11 revisiones escritas por expertos sobresalientes a
34
nivel mundial en esta temática, con estudios de laboratorio y de campo que informan que la
exposición a agroquímicos en concentraciones ambientalmente relevantes, afecta el
funcionamiento de células, órganos y sistemas a través de cambios a nivel molecular, celular y
tisular. Además, los datos epidemiológicos han mostrado asociaciones entre la exposición a
agroquímicos y el aumento de la incidencia de tumores hormono-dependientes, deterioro del
resultado reproductivo y obesidad (Luque y Muñoz-de-Toro, 2020).
Para mencionar algunos hallazgos relevantes Ingaramo y col. (2020) resumen los efectos en los
tejidos reproductivos femeninos afectando la fertilidad, por la exposición al glifosato y
herbicidas a base de glifosato (GBH) en dosis bajas, relevantes para el medio ambiente. Estos
autores destacan las limitaciones de los ensayos in vitro y las ventajas de utilizar diferentes
modelos animales, para demostrar que los efectos en el tracto reproductivo de la hembra
pueden estar relacionados con los mecanismos de acción de un EDC (Ingaramo y col., 2020).
Este mismo grupo en años anteriores había informado importantes hallazgos relativos a que los
GBH, inducen modificaciones epigenéticas en ratas hembras adultas después de la exposición
en el útero y la lactancia. Sus resultados contribuyeron a dilucidar los fallos de implantación
inducidos por estos herbicidas (Lorenz y col., 2019). Anteriormente habían constatado estos
fallos, pero sorprendentemente, detectaron también, siempre en estudios con ratas, anomalías
congénitas (fetos unidos y extremidades anormalmente desarrolladas) en la segunda
generación, descendencia F2, de ratas expuestas en la dosis más alta. Concluyeron que la
exposición perinatal a dosis bajas de GBH (menores al NOAEL 1000 mg/kg pc/día) afectó el
desempeño reproductivo femenino e indujo retraso del crecimiento fetal y anomalías
congénitas estructurales en la descendencia F2 (Milesi y col., 2018). Estas anomalías
reproductivas y transgeneracionales ya habían sido observadas en otro estudio previo del grupo
(Ingaramo y col., 2016). Cabe mencionar que hallazgos similares en otros modelos fueron
corroboradas por otras comunicaciones internacionales (Kubsad y col., 2019; Chelsea y col.,
2019). En una revisión muy reciente Milesi y col., (2021) aportaron una pormenorizada revisión
del estado del arte sobre estos efectos multigeneracionales y los mecanismos epigenéticos
involucrados con las exposiciones a GBHs. También una reseña sobre el efecto del glifosato y sus
formulados comerciales sobre el desarrollo de órganos reproductores y la fertilidad, se puede
consultar en una publicación reciente de UNL (Luque y col., 2021).
Otros estudios evaluaron mediante ensayos in vitro e in vivo los efectos genotóxicos de las
formulaciones de glifosato. Mañas et al. (2009b) evaluaron la genotoxicidad del AMPA mediante
ensayo cometa en células Hep-2 (2,5-7,5 mM), aberraciones cromosómicas en linfocitos
humanos (1,8 mM) y ensayo de micronúcleos en ratones (0 a 400 mg/kg) hallando que el AMPA
resulta genotóxico en las condiciones ensayadas.
Respecto al uso e impacto integral que produce en Argentina el uso de ciertos plaguicidas, muy
recientemente se han producido informes muy valiosos sobre el clorpirifós (CITAAC-MAyDSN,
2020) y la atrazina (RSA-CONICET-MAyDSN, 2021). En los mismos se ha reportado una cuidadosa
recopilación del estado del arte respecto a los efectos verificados en el ambiente y la salud
humana. En el caso de clorpirifós, el estudio fue efectuado por investigadores de la Universidad
del Comahue (CITAAC-UNComahue-CONICET) a solicitud del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación. El clorpirifós es un insecticida organofosforado no sistémico
de amplio espectro, de vasta aplicación en nuestro país. Es uno de los que se encuentra con
mayor frecuencia en nuestros alimentos y ambientes como se ha expresado en ítems anteriores,
habiendo sido incluso encontrado en leches y alimentos para bebé. Se aclara en el informe que
los riesgos para la mayoría de los organismos en estudio son inaceptables. Los
macroinvertebrados acuáticos, junto con algunos peces, son los más sensibles a sus efectos
crónicos. Es un insecticida que ha sido desautorizado en numerosos países del mundo por su
alta peligrosidad para la salud humana, en particular por sus efectos nocivos sobre el desarrollo
35
neurológico de los niños. Recomiendan que se deberia restringir o desautorizar el uso de este
compuesto en nuestro país. Asimismo también concluyen recomendando: i) velar por el derecho
a la alimentación adecuada y segura; ii) promover una agricultura que no utilice agroquímicos;
iii) promover las inversiones en producción agroecológica y en el uso de bioplaguicidas; iv)
considerar la lactancia materna como primer alimento en los seres humanos, poniendo de
manifiesto el impacto que tiene la exposición ambiental a plaguicidas en las personas gestantes
y lactantes, siendo la protección de estos grupos vulnerables una prioridad en las políticas de
Estado. Finalmente afirman que un alimento expuesto a plaguicidas no es seguro como
comestible (CITAAC-MAyDSN, 2020). Cabe aclarar respecto a este activo, en el momento que se
presenta este texto, el SENASA en resolución muy reciente (Res. 414 del 06/08/2021) ha
establecido la prohibición de la comercialización y uso en Argentina del clorpirifós-etilo y del
clorpirifós-metilo (SENASA, 2021).
Por su parte el informe sobre el uso e impacto del herbicida atrazina, fue presentado en Marzo
de 2021 y fue realizado por un grupo de investigadores de la mencionada Red de Seguridad
Alimentaria del CONICET, coordinados por la Dra. Ana María Gagneten de UNL-CONICET, a
solicitud del MAyDSN (RSA-CONICET-MAyDSN, 2021). En el mismo se pormenorizan los severos
efectos que está produciendo el extendido uso de este herbicida en Argentina, con riesgos
significativos para los ecosistemas y la salud. Afirman que es un compuesto lixiviable, que pone
en riesgo el agua subterránea y que puede considerarse como contaminante pseudo-persistente
en aguas epicontinentales porque dada la persistencia de la molécula, la frecuencia y los
volúmenes anuales de uso, se excede la capacidad natural de depuración del ambiente. Afirman
que “…los estudios nacionales e internacionales relevados demuestran que la ATZ y sus
metabolitos son capaces de inducir efectos adversos sobre la biota. Los organismos productores
son los más sensibles de acuerdo al modo de acción específico de la molécula (herbicida), pero
también se ha probado que la ATZ es capaz de inducir efectos a nivel subletal a través de otros
modos de acción sobre organismos no blanco de muchas especies de invertebrados y afectando
el desarrollo, crecimiento y reproducción de los vertebrados a concentraciones inferiores al nivel
guía nacional establecido para la protección de la biota acuática (3 µg/L). Si bien todos los
autores coinciden en la actualidad en que la ATZ induce la diversidad de efectos tóxicos
mencionados sobre vegetales y animales, existe controversia respecto a si las concentraciones
que producen tales efectos son o no encontradas en forma habitual en el ambiente. Sin
embargo, la USEPA, de acuerdo a la versión borrador de la Evaluación de Riesgo Ecológico (ERA)
que ha realizado, considera que existe evidencia suficiente para demostrar, bajo las condiciones
de uso en E.E.U.U., una alta probabilidad de que los niveles de exposición ambientales
sobrepasen a los niveles de efecto, tanto en el medio acuático como en el terrestre”. El informe
aporta un buen número de recomendaciones, siendo algunas de ellas: revisar la clasificación
toxicológica de la ATZ en Argentina, establecer estrictas pautas de manejo, incrementar las
determinaciones a nivel nacional, incrementar los estudios epidemiológicos y de monitoreo de
ATZ en zonas rurales, urbanas y periurbanas, realizar evaluación de riesgo ecológico y de salud
humana de ATZ de acuerdo a los usos y naturaleza propia de Argentina, ampliar las franjas de
no aplicación de ATZ y otros plaguicidas o zonas de protección en áreas periurbanas, cuerpos de
agua, clubes, escuelas rurales, entre otros muchos aspectos. Este informe que está disponible
en el Ministerio que lo ha producido (MAyDSN), es necesario sea tenido en cuenta en las
decisiones a tomar con prontitud sobre agroquímicos en Argentina (RSA-CONICET-MAyDSN,
2021).
Cabe recordar que este activo es un perturbador endócrino que fue prohibido en Europa desde
2003 por su compromiso con la contaminación de aguas subterráneas. También cabe aclarar la
prolongada controversia que ha generado en EE.UU. su autorización y uso, siendo un caso
mostrado en la literatura como ejemplificativo de la acción de la industria, interfiriendo y
36
descalificando los aportes científicos que han evidenciado su alta peligrosidad y los riesgos para
el ambiente y la salud que representan (Goldberg y Vandenberg, 2019).
4.4. Biomonitoreo. Análisis químico de biofluidos
El biomonitoreo, además del estudio de biomarcadores de comportamiento ya mencionado,
comprende el análisis químico de biofluidos humanos (orina, leche materna, sangre) y tejidos,
para determinar las concentraciones existentes, tanto de los compuestos madre como de sus
metabolitos, utilizados también aquí como biomarcadores específicos. Es un campo de la
química analítica de plaguicidas que está en pleno desarrollo dado la complejidad que
presentan, tanto las matrices como los analitos, ya que los productos de la transformación
metabólica son muy diversos y se genera un gran universo de moléculas que se encuentran
presentes en los fluidos humanos. Los insecticidas tienen vidas medias biológicas cortas y se
excretan principalmente en la orina dentro de las 24 h siguientes a su entrada en el cuerpo
humano por lo tanto, la concentración urinaria de sus metabolitos dependen en gran medida
del tiempo transcurrido entre la exposición y la recogida de muestras. También, considerando
las fluctuaciones en el día en la concentración urinaria, una muestra recolectada al azar puede
causar una clasificación errónea de exposición a largo plazo (Klimowska y col., 2020). Estas
complejidades pueden explicar en parte, la escasez de estudios y controles que se verifica
globalmente. Sin embargo, el dosaje en fluidos humanos es esencial no solo para diagnóstico de
intoxicaciones, de contaminación y para estudios de los efectos en salud, sino que son muy
importantes a los fines del control epidemiológico de las poblaciones.
Por ejemplo, en una revisión reciente Li y col. (2018) reportan que se determinaron las
concentraciones de nueve metabolitos de insecticidas organofosforados y piretroides, así como
dos fenoxi herbicidas, en 322 muestras de orina recolectadas de ocho países durante 2006-2014.
Los plaguicidas objetivo se encontraron en todas partes, lo que indica una exposición
generalizada de los seres humanos a los plaguicidas en estos países. Las concentraciones más
altas de 11 pesticidas se encontraron en la orina recolectada de Vietnam (mediana: 28,9 µg/L),
seguida en orden decreciente por las muestras de India (14,2 µg/L), China (13,6 µg/L), Corea
(12,5 µg/L), Grecia (12,3 µg/L), Arabia Saudita (11,3 µg/L), EE.UU. (7,9 µg/L) y Japón (7,1 µg/L).
Los compuestos organofosforados representaron del 62 al 77% de las concentraciones urinarias
totales de plaguicidas. El para-nitrofenol (metabolito del paratión y el metil paratión) y el 3,5,6-
tricloro-2-piridinol (metabolito de clorpirifós y clorpirifós metilo) fueron los principales
metabolitos, especialmente en India (72%), China (69%) y Grecia (66%). Se examinaron las
diferencias en las concentraciones urinarias de plaguicidas entre géneros (masculino frente a
femenino), grupos de edad (categorizados como ≤20, 21-49 y ≥50 años) y ciudades (Guangzhou,
Shanghai y Qiqihar). Sobre la base de las concentraciones medidas en orina, se estimaron las
ingestas diarias totales (ID) de plaguicidas. Se encontró que las ID de clorpirifós eran más altas
para las poblaciones de Vietnam, Grecia, India, China y Corea (≥9,6 μg/día) que las estimadas
para los otros países (<5 μg/día). Las ID de paratión (≥9,6 μg/día) en poblaciones de China, India
y Corea fueron superiores a las estimadas para los demás países (5,79,3 μg/día). Los autores
comunican que este estudio es el primero que establece niveles de referencia de exposición a
una variedad de plaguicidas en varios países asiáticos (Li y col., 2018).
Por otro lado, Fernández y col. (2019) se abocaron a evaluar la exposición a plaguicidas en la
orina de madres lactantes españolas (n=116). Analizaron seis metabolitos inespecíficos (dialquil
fosfatos) y 20 metabolitos específicos de plaguicidas organofosforados (OP), herbicidas y
piretroides. Los biomarcadores detectados con mayor frecuencia fueron fosfato de dietilo, p-
nitrofenol, 3,5,6-tricloro-2-piridinol y ácido 3-fenoxibenzoico, cuyas medias geométricas fueron
1,9 µg/L, 0,8 µg/L, 1,5 µg/L y 1,4 µg/L, respectivamente. Los metabolitos de herbicidas fueron
los biomarcadores detectados con menor frecuencia, variando entre 0% (ácido 2,4,5-
37
triclorofenoxiacético) y 22% (ácido 2,4-diclorofenoxiacético). Los análisis de regresión múltiple
mostraron que la cercanía a una actividad agrícola, el lugar de residencia y la presencia de
jardín/plantas en el hogar fueron algunos de los contribuyentes más importantes a los niveles
urinarios de metabolitos de plaguicidas. En contexto de evaluación de riesgos obtuvieron la
ingesta diaria estimada (IDE), el cociente de riesgo (HQ) y el índice de riesgo (IH). Los IDE más
altos se obtuvieron para clorpirifos (0,40 - 1,14 μg/kg pc/día) y deltametrina (0,34 - 4,73 μg/kg
pc/día). El HQ calculado para clorpirifos, dimetoato, paratión y deltametrina osciló entre 0,01 y
0,47, y el HI para los OP varió entre 0,09 y 0,33. Concluyeron que aparentemente existían bajos
riesgos para la salud debido a la exposición a estos plaguicidas en este grupo de mujeres
españolas lactantes (Fernández y col., 2019). Más allá de la relatividad que posee la
interpretación toxicológica a la luz de las incertidumbres existentes en este campo del
conocimiento, según se viene comentando, podría observarse que en el país europeo,
perteneciente a una región que se considera cuenta con alta vigilancia respecto al uso y control
de plaguicidas, los niveles hallados son sensiblemente más bajos que en los países asiáticos y
aunque también que los de Japón y USA, países desarrollados, pero que en este último caso
posee un elevado uso de agroquímicos.
Específicamente para glifosato en una revisión global reciente Gillezeau y col. (2019), se resumió
información de varios países sobre concentraciones en humanos. Reportaron niveles urinarios
provenientes de 8 estudios en 423 sujetos expuestos ocupacional y para ocupacionalmente y
otros 14 estudios que reportaron niveles de glifosato en varios biofluídos en 3298 sujetos de la
población general. Los niveles urinarios promedio en sujetos expuestos ocupacionalmente
variaron de 0,26 a 73,5 μg/L; los niveles urinarios de exposición ambiental oscilaron entre 0,16
y 7,6 μg/L. Solo dos estudios midieron las tendencias temporales en la exposición, y ambos
muestran un aumento en las proporciones de individuos con niveles detectables de glifosato en
la orina a lo largo del tiempo. Los estudios remarcan un mayor impacto en los niños, que
exhibieron niveles más altos de glifosato en biofluídos que los adultos expuestos en forma
simultánea. Esto remarca la gran vulnerabilidad de este sector. Son múltiples las posibles
razones para explicar dichas diferencias: mayor ingesta relativa (menor peso corporal) de
determinados alimentos y agua contaminados, diferencias en el metabolismo y la eliminación,
y/o diferencias en patrones de comportamiento y actividad. El estudio recomienda la necesidad
de aumentar el biomonitoreo de la exposición poblacional al glifosato para poder proteger su
salud en forma perentoria (Guillezeau y col., 2019).
Der Parsehian informó en 2008 la presencia de numerosos plaguicidas organoclorados (OCs)
(actuales COPs) en leche materna, encontró en muestras de leche de puérperas del Hospital
Materno Infantil Ramón Sardá que el 91,5 % de las 248 muestras estudiadas tenía residuos de
por lo menos un plaguicida. Los más frecuentes encontrados fueron p--DDE: 86.7 % (0,5-200,4
ng/ml), HCB: 26.6 % (0,5-12,2 ng/ml); epóxido de heptacloro: 25.4 % (0,6-12,5 ng/ml); β-HCH:
23.0 % (1,3-15,6 ng/ml); clordano 15.7 % (0,9-4,5 ng/ml) (Der Parsehian, 2008). En nuestro país,
esta ocurrencia se volvió a verificar en leche de madres de la zona de Buenos Aires, La Plata y
alrededores, encontrando DDT (7,7-510 ng/g lípido), HCH (5,8-197 ng/g lípido) y clordanos (1,3-
124 ng/g lípido). El estudio corroboró que la composición de OCs en leche materna se acumula
preferentemente en las formas metabolizadas: DDE: 90±17 % del total de DDTs, epóxido de
heptacloro (50±18 %), clordano (34±13 %) y de los isómeros más persistentes, como el β-HCH
(67±25 %), de todos los hexaclorociclohexanos (HCH) (Della Ceca y col., 2012). Lo impactante es
que se sigue encontrando en leche materna concentraciones significativas de estos compuestos.
El INTI presentó un informe sobre sus análisis de leches maternas, mostrando preocupación por
los resultados altos obtenidos en algunos de ellos (INTI, 2013).
En 2021 investigadores de la UBA, informaron las evaluaciones de algunos compuestos
organoclorados, especialmente interesados en los carcinogénicos: lindano (Grupo 1 IARC-
38
asociado a linfoma No-Hodgkin, NHL), DDT y aldrin (Grupo 2A IARC). Aldrin y Dieldrin asociados
con el cáncer de mama y el DDT que tiene una conexión positiva con los cánceres de hígado,
testículos y NHL. A pesar de que su uso y producción están prohibidos desde hace muchos años
y forman parte de los COPs legislados en el Convenio de Estocolmo, todavía se pueden encontrar
en la población general, que está crónicamente expuesta a estos compuestos a través de la
contaminación ambiental y la dieta. Analizaron 681 muestras de sangre que fueron derivadas al
CENATOXA durante 2005 a 2019. Los compuestos investigados incluyeron: aldrin, dieldrin,
lindano (γ-HCH), DDT y metabolitos (op´-DDT, pp´-DDT, op´-DDE, pp´-DDE, op´-DDD, pp´-DDD).
Se detectó lindano en un 4% de las muestras, mayoritariamente en la población pediátrica
(83%). Aldrin y dieldrin aparecieron con frecuencias del 26% y 10 % respectivamente, aunque
en estos casos los adultos fueron la principal población afectada (89% y 69% respectivamente).
DDT y sus isómeros también aparecieron recurrentemente: op´-DDT (20%), pp´-DDT (4%), o-
DDE (8%), pp´-DDE (22%), op´-DDD (4%), pp´-DDD (11%). La mayoría de las muestras positivas
de metabolitos pp´-DDE y DDD se observaron en las muestras pediátricas. Los autores indican
que los resultados demuestran una clara reducción de la exposición, explicable por el
prolongado tiempo transcurrido desde su prohibición, sin embargo, llaman la atención sobre
que la exposición a lindano verificada en los niños podría resultar en efectos nocivos, debido a
su mayor vulnerabilidad y la toxicidad del compuesto. Recomiendan continuar evaluando la
exposición crónica a estos carcinógenos en Argentina (Stroia y col., 2021).
Si bien desciende la incidencia de estos compuestos, sigue resultando impactante que no
desaparecen aún en sangre. Este mismo centro en 2006 con el mismo fin de evaluar la exposición
ambiental de la población general, midió también OCs en muestras de sangre de 100 voluntarios
sanos (35 mujeres y 65 varones, de edades comprendidas entre 18 y 82 años) del área
metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. El ΣDDT fue el que apareció con mayor frecuencia
(71 %) y correspondió a su metabolito pp’-DDE el 69 %. Le siguen en importancia el HCB (70 %),
ΣHCH (57 %), heptacloro y su epóxido (49 %), aldrindieldrin (19 %), clordano (11 %), lindano (10
%), endosulfán (8 %), mirex (6 %) y endrin (3 %). El rango de concentraciones estuvo
comprendido entre no detectable y 9.8 ng/ml. A su vez estos valores fueron más bajos que los
reportados en un trabajo similar realizado décadas atrás (Álvarez y col., 2006).
Cabe recordar también sobre la persistencia y bioacumulación de estos compuestos los
hallazgos en altas concentraciones y frecuencias, de DDE, HCH y otros organoclorados, en
muestras de tejido graso peritumoral, extraído de mujeres de la Provincia de Santa Fe, con
diversos tipos de tumores mamarios (Muñoz-de-Toro y col., 2006 a y b).
4.5. Sobre los registros de intoxicaciones y de morbimortalidad por plaguicidas en Argentina
4.5.1. Registros de intoxicaciones
La vigilancia es una herramienta fundamental con que cuenta la salud pública para cuantificar si
existen riesgos, saber que grupos de población están afectados y de qué modo están siendo
afectados. Nuestro país cuenta con herramientas completas para abordar esta problemática ya
que las investigaciones por plaguicidas son Enfermedades de notificación obligatoria (ENO)
incluidas en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Son publicables en el Boletín
Integrado de Vigilancia Epidemiológica (Dirección Nacional de Epidemiología y Vigilancia de la
Salud, Ministerio de la Salud de la Nación). En 2010 surge el Programa Nacional de Prevención
y Control de las Intoxicaciones de Agroquímicos (PNPCIA), a partir de identificar que en los
Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológico (CIAAT), las intoxicaciones por
plaguicidas eran el principal motivo de consulta, se conviene la generación trimestral de
Boletines Informativos (aun no disponibles en sitios públicos). En 2014 a instancias del trabajo
conjunto de la Red de Toxicología Argentina (RTA) y el Area de Vigilancia de la salud del
39
Ministerio de Salud (AVSMS) se establece la normativa y tutorial para la vigilancia clínica y
laboratorial de intoxicaciones, que agrega como herramienta para la vigilancia una planilla
específica complementaria: Planilla de Investigación Epidemiológica Complementaria (PIEC),
que incluye solo los inhibidores de colinesterasas (plaguicidas carbamatos y organofosforados)
en la vigilancia laboratorial de intoxicaciones y la exposición a organoclorados (Butinof, 2021).
Analizando la información que existe en Argentina (de acceso público) siguiendo las
intoxicaciones agudas mediante los Boletines Integrados de Vigilancia Epidemiológica, se
observa que la información que comienza en 2009 ha ido variando (Tabla 4): en la serie de 2009
a 2012 se informa discriminando entre plaguicidas de uso agrícola, de uso doméstico y “sin
especificar”. Siendo esta última la que ha implicado el mayor volumen de reportes de
intoxicación. Entre los años 2012 y 2017 se discriminaron los datos entre casos notificados y
casos confirmados. Y para los 3 últimos años el boletín anual que es el que se consultó para este
análisis solamente ha incluido los eventos “priorizados” por lo que no se cuenta con la
información de intoxicación por plaguicidas. Se nota que el número de casos reportados no
parece seguir un patrón ni entre regiones del país, ni tampoco en el tiempo, los números de
intoxicaciones notificadas son muy variadas a lo largo de los años lo que hace presuponer que
hay un problema de subregistro de las intoxicaciones por plaguicidas en nuestro país y que hay
poco acceso a la información al respecto. Por otro lado, en la Tabla 5 se muestran datos
seleccionados del 1er y 3er informe (2000 y 2002 de los CIAATs (Centros de Información,
Asesoramiento y Atención Toxicológica) publicados por García y cols. Como se observa hubo un
crecimiento de consultas y se involucran a personas de corta edad 0-14 años (Butinof, 2021).
INTOXICACIONES AGUDAS: BOLETINES
INTEGRADOS
CENTROS DE INFORMACION, ASESORAMIENTO Y
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ATENCIÓN TOXICOLÓGICA (CIAATs)
Conceptos
CIAATs
2000 (1°
informe)
CIAATs
2002 (3°
informe)
Origen de consultas:
desde el hogar
34% 64%
Edad de las personas por
las que se consulta: 0-14 34% 64%
Intoxicaciones no
intencionales
34% 64%
Plaguicidas de uso
doméstico 34% 64%
Tabla 4: Total de casos registrados en los Boletines
Integrados de Epidemiológica (Butinof, 2021)
Tabla 5: Resultados seleccionados del 1° y 3° Informe (CIAATs)
publicado por García y col. (Butinof, 2021)
También analizando los datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
Accidentabilidad por Sector en el rubro “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca”, se
observa un bajo número de casos reportados en los últimos años. Estos datos parecieran no
concordar con el informe publicado en 2014, por la misma institución sobre “Empleo, protección
social y condiciones de trabajo de asalariados agrarios” (SRT, 2014), que abarcó un gran número
de entrevistados (n=4866), 47,9% de los cuales estuvieron en contacto con sustancias químicas,
declarando el 28,2 % que el trabajo que realiza afecta su salud, y el 6,4% haber tenido una
enfermedad relativa al trabajo. Los primeros datos son resultados distintos a los esperados
según lo expuesto en el Boletín Integrado de Vigilancias Epidemiológicas (Butinof, 2021). El
estudio de 2014 es coincidente con lo reportado por la bibliografía de nuestro país (ver ítem
4.1.).
Año
Total país
(casos)
Confirm ados Mo dos de re gis tro
2009 2074 Discriminado por intoxicaciones
2010 1082 con plaguicida s de uso agrícol a,
2011 679 us o doméstico, o "sin e specificar"
2012 626 388
2013 1150 453
2014 1232 428
Discrimi nado por casos notificados
2015 1427 483
y confirmados
2016 1788 343
2017 1156 289
2018 s/d
Solo eventos priori zados:
2019
s/d
no incluyen intoxica ciones
2020 s/d
por plaguicidas
40
4.5.2. Registros de anomalías congénitas
En Argentina, en la bibliografía de acceso público es posible consultar estudios sobre anomalías
congénitas, generados a instancias del Ministerio de Salud. Uno de ellos abarcó el período 1980-
2010 y fue organizado en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL), por un conjunto de toxicólogos convocados bajo la denominación de
Grupo de Epidemiología de Primavera 2012 (GEP), año en que el grupo trabajó en el estudio
(FBCB-GEP, 2012). Los otros fueron desarrollados en el marco de las actividades del Registro
Nacional de Anomalías Congénitas (RENAC-Ar).
El estudio FBCB-GEP (2012) fue ecológico descriptivo de tipo mixto, incluyendo un componente
espacial y un componente temporal. Se emplearon jurisdicciones y departamentos como
unidades de análisis. Para la descripción de la magnitud de la mortalidad en el país, por
jurisdicción y por departamentos se calcularon tasas por 1.000 nacidos vivos trianuales para las
jurisdicciones y quinquenales para los departamentos, tanto para el total de las malformaciones
congénitas como para algunas seleccionadas. Para la descripción de la tendencia de la
mortalidad en el país y sus jurisdicciones se calcularon tasas por 1.000 nacidos vivos anuales
para el período 1980-2010. Se emplearon las cifras oficiales de nacidos vivos y defunciones de
menores de un año de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de
Salud de la Nación, para el período 1980-2010, con algunos criterios de selección especificados.
El trabajo concluyó que en Argentina se registraron 2,58 muertes por todas las anomalías
congénitas en menores de un año, con una distribución desigual, especialmente entre
departamentos y con respecto a las anomalías congénitas seleccionadas (estadísticamente
significativo). En general la tendencia de la mortalidad fue al descenso, especialmente a partir
de 1997, aunque a partir de 2005 se observa una estabilidad (no estadísticamente significativa).
Sin embargo, es llamativa la heterogénea y desigual distribución entre departamentos y
circunscripciones, que pueden ser indicativas de aumento de riesgos debido a las características
de las mismas y que en el promedio general se pueden perder de vista.
Particularmente resulta de interés observar, que en el mapa (Fig. 3), la zona central de Santa Fe
es la que más datos acumula, departamentos Castellanos, Las Colonias y la Capital. Si bien este
trabajo en lo que respecta a la Provincia de Santa Fe no fue continuado sin mediar razones, a
pesar de que se cuenta con la información a nuestros días, si ha motivado la continuidad de
investigaciones en el ámbito de la UNL, en la que se desarrollan actualmente proyectos de
investigación y tesis doctorales relacionadas con este tema (Scagnetti, 2021). Se sabe que el
tema de la mortalidad infantil es complejo porque se entrecruzan los problemas congénitos con
el acceso a efectores de salud con la complejidad adecuada para atender el caso.
El estudio de FBCB-UNL concluye recomendando los siguiente: 1. La continuidad de la vigilancia
de la mortalidad, especialmente por las anomalías congénitas seleccionadas y para los
departamentos que registraron incrementos en las tasas o tasas por encima de la media de
ambos quinquenios. 2. Realizar un análisis georeferenciado de las defunciones individuales, para
identificar posibles agrupamientos de muertes en zonas específicas dentro de los
departamentos y entre departamentos (áreas limítrofes) (FBCB-UNL, 2012).
Por otro lado, la Red Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina (RENAC-Ar) que actúa en
el país desde 2009, en su reporte 2020, informa que las anomalías congénitas (AC) son desde
hace bastante la 2da causa de mortalidad infantil, y dan lugar a unas 1600 defunciones infantiles
por año, el 28% del total (Barbero y col., 2020). Si bien se observa que esto puede deberse a la
paradoja epidemiológica, por la cual la morbimortalidad infantil por causas agudas e infecciosas
estaría descendiendo y las causas por AC podrían permanecer estables o aumentar aunque no
tan dramáticamente como el incremento de la proporción entre unas y otras. En el mismo
41
reporte se informa que del total de 263.761 nacimientos examinados, 4.469 recién nacidos
presentaron anomalías congénitas estructurales mayores, lo que representa una prevalencia
1,69 por cada 100 nacimientos (IC 95%: 1,65-1,75) (Barbero y col, 2020). Las anomalías
específicas más frecuentes son: fisuras labiopalatinas, gastrosquisis, hidrocefalia, talipes
equinovarus, espina bífida, polidactilia postaxial, malformación anorrectal, hernia
diafragmática, quistes renales y atresia de esófago (Groisman y col., 2018). Según la OMS, la
Anomalía Congénita es una anomalía estructural o funcional de órganos, sistemas o partes del
cuerpo que ocurre durante la vida intrauterina y es causado por factores genéticos o
ambientales (por ejemplo, exposición a sustancias tóxicas, deficiencias de micronutrientes o
enfermedades maternas), o ambas (WHO/CDC/ICBDSR, 2014). Se contempla así en su propia
definición la potencial influencia de los factores ambientales.
Groisman y col. (2018) sobre algunas patologías recurrentes destaca por ejemplo que la
prevalencia de gastrosquisis observada en Argentina fue mayor a la de los registros de países
más desarrollados (ICBDSR, 2018). El factor de riesgo conocido más importante que ha sido
informado para gastrosquisis es la edad materna joven (Castilla y col., 2008). Esta prevalencia
más alta en Argentina puede deberse a una diferencia en la estructura de edad materna en
nuestra población, o a otros factores de riesgo de menor contribución. En forma consistente con
la literatura, en datos RENAC la prevalencia de gastrosquisis fue mayor en mujeres jóvenes
(Groisman y col., 2018). Por otro lado, existe bibliografía que vincula esta anomalía con
exposición a plaguicidas (Melov y col., 2018; Souther y col., 2017; Shaw y col., 2014; Waller y
col., 2010), que podrían sumarse a los otros factores de riesgo mencionados. Las fisuras
labiopalatinas de fuerte prevalencia en Argentina también cuentan como factor de riesgo, residir
o tener una ocupación que exponga a las madres a pesticidas (Martinez Urbina, 2017). En
general otras malformaciones congénitas han sido relacionadas a causas ambientales (Brent,
2004) y más específicamente con la exposición a plaguicidas (Kalliora y col., 2018; Engel y col.
2000; Lin y col., 1994). También las hipospadias se relacionan con los perturbadores endócrinos
entre los que se cuentan numerosos plaguicidas (Botta y col., 2014).
Fig. 3: Mapas de mortalidad por anomalías congénitas (Q00-Q99) en menores de 1 año. Extraído de: FBCB-GEP, (2012)
42
Es importante aclarar que ambos informes difieren en las formas de obtener la información, el
RENAC se basa en registros hospitalarios y para el estudio FBCB-GEP se utilizaron los datos del
certificado de defunción, considerando edad y causa. En ambos casos puede haber errores de
registro o subregistros, porque depende de la meticulosidad puesta por los médicos que los
confeccionaron. Sin embargo, hay que considerar que se trata también de un subregistro ya que
la información parte fundamentalmente de lo que registran los hospitales públicos (el RENAC
cubre el 39% de los nacimientos), son muy pocas las instituciones privadas que participan. En el
caso particular de los trabajadores rurales, muchos tienen obra social, y por ende, cuando sus
hijos tienen AC van al sector privado, no al público, y no son registrados.
En síntesis, es importante remarcar que sigue habiendo grandes problemas en los registros,
siguen sin ser abarcativos, con marcado subregistro, dependen de la buena voluntad de los
médicos al tomar los datos, y en la mayoría de los casos adolecen de información que permita
perfeccionar la vigilancia epidemiológica de exposiciones específicas, como la de agroquímicos
o contaminantes ambientales. No obstante, se han verificado algunos cambios y mejoras por
ejemplo en la continuidad de los informes de RENAC, como así también del Instituto Nacional
del Cáncer, y en algunos procedimientos, como el diseño de tarjetas muy completas que recaban
información del dúo madre-recién nacido, aunque aún se puede dificultar su continuidad o
seguimiento ante cambios en las administraciones, y resulta difícil el acceso a los datos por parte
de los expertos y el público.
También esta falta de completitud y rigurosidad de los registros a nivel oficial, puede explicar y
brindar mayor consistencia a los datos provenientes de los estudios a campo efectuados por
varias instituciones y médicos que han relevado situaciones en regiones agrícolas seleccionadas,
en la que verificaron una mayor prevalencia de anomalías congénitas (ver ítem 5.3) (Avila-
Vázquez y col., 2010; Avila-Vázquez y col. 2018, 2016, 2017; Verzeñassi, 2016b, 2019 a y b). Por
su lado autores argentinos también aportaron conocimientos para dilucidar los efectos
teratogénicos del glifosato en estudios embriológicos (Paganelli y col., 2010), y vincular a este
compuesto y otros plaguicidas a los efectos de salud y malformaciones verificadas en el país y
sudamérica (López y col., 2012).
Los defectos del nacimiento significan más del 21% de la mortalidad de menores de 5 años en
Latinoamérica y el Caribe. Un reciente llamado sobre la importancia de la investigación, la
prevención y la vigilancia de los defectos de nacimiento han sido convenidos en el marco de la
Conferencia Internacional sobre defectos de nacimiento y discapacidades en el mundo en
desarrollo (ICBD), recomendando las acciones prioritarias entre las que se da importancia a los
efectos ambientales. Recomiendan maximizar la salud de las mujeres y las adolescentes no solo
durante el embarazo, sino también en el período crítico previo a la concepción, centrándose en
la exposición a sustancias teratogénicas, la prevención primaria, detección y tratamiento de
infecciones, asegurando una nutrición óptima, inmunización y control de vectores, aumentando
el acceso a la planificación familiar y la anticoncepción, y reduciendo la exposición ambiental y
la contaminación (Zarante y col., 2019).
Las consideraciones sobre salud efectuadas en este capítulo, mueven a remarcar los
importantes efectos que sufren cuando son expuestos a plaguicidas, los sectores de población
más vulnerables, que son los niños y las embarazadas. Estas corren mayor riesgo de sufrir
abortos espontáneos y partos prematuros, y sus bebés, de sufrir malformaciones congénitas
(Weselak y col., 2008; Sanborn y col., 2007). Se ha verificado la exposición prenatal con diversos
compuestos mediante análisis de meconio (Ostrea y col., 2006). Los plaguicidas neurotóxicos
pueden atravesar la barrera placentaria y afectar al sistema nervioso en desarrollo del feto,
mientras que otros productos químicos tóxicos pueden incidir negativamente en su sistema
43
inmunitario aún por desarrollar (Kohler y col., 2013). Del mismo modo, se ha asociado esta
exposición de las embarazadas con un aumento del riesgo de leucemia infantil, y otros tipos de
cáncer, autismo, problemas respiratorios, anomalías del desarrollo intelectual (Roberts y col.,
2012; AAP-CEH, 2012; Eyhorn y col, 2015). La exposición puede transmitirse desde cualquiera
de los progenitores. El período más crítico para la exposición en el caso del padre es tres meses
antes de la concepción, mientras que cuando más peligrosa resulta la exposición de la madre es
a partir del mes previo a la concepción y durante el primer trimestre del embarazo. Hay que
considerar que los órganos de los niños están en desarrollo, las dosis por peso corporal resultan
mayores por su menor tamaño, y su sistema enzimático no tiene plena actividad para detoxificar
los plaguicidas. Por ello la Academia Nacional de Ciencias de EEUU sostiene que los niños son
más susceptibles que los adultos a la exposición de plaguicidas y que el 50% de su exposición de
toda la vida, ocurre durante los primeros cinco años de vida (NRC-NAS, 1993). También como se
ha visto los plaguicidas pueden llegar al bebé desde la leche de la madre y también con los
alimentos infantiles y sucedáneos de la leche y el agua (ONU, 2017a). Sobre este tema la
Sociedad Argentina de Pediatría ha emitido un reciente informe sobre los efectos de los
plaguicidas en la salud de los niños, donde exponen claramente su elevada preocupación sobre
el problema (SAP, 2021).
4.6. Sobre la carcinogenicidad de los plaguicidas
4.6.1. Sobre la clasificación de carcinógenos
Cuando se aborda la literatura más específica sobre las anomalías en la salud humana que se
atribuyen a exposiciones de plaguicidas, se observa la existencia de un gran número de trabajos
de investigación que particularizan las patologías y los distintos plaguicidas aislados o evaluados
en grupos reducidos.
Es así que por ejemplo en los estudios sobre carcinogenicidad abundan las investigaciones con
asociaciones de distintos plaguicidas a distintas formas de cáncer, tanto por exposiciones
ocupacionales como ambientales. Se los ha ligado a leucemias (Karalexi y col., 2021; Foucault y
col., 2021), cáncer de tiroides (Alsen y col., 2021), de mama (Engel y col., 2017), de próstata
(Pardo y col., 2020; Koutros y col., 2012; Cockburn y col. 2011), colorectal (Matich y col., 2021)
de pulmón (Bonner y col., 2017) y otros cánceres (páncreas, ovario, hígado, etc.) (Bassil y col.,
2007). Ha sido también asociados con una mayor incidencia en distintos sub-tipos de linfomas
No-Hodkin (NHL) en exposiciones ocupacionales (Leon y col., 2019; Alavanja 2014; Schinasi y
León, 2014). Las asociaciones con NHL han motivado principalmente la reclasificación del
glifosato en la categoría 2A “probable carcinógeno en humanos”, por parte de la Agencia
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer -
IARC-) en 2015 (Guyton y col, 2015; IARC, 2015). Cabe aclarar que el IARC es el centro de
investigaciones sobre el cáncer más reconocido en el mundo, se trata de un órgano
intergubernamental que forma parte de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones
Unidas.
La IARC utiliza un procedimiento de evaluación de carcinogenicidad propio (IARC, 2019) y que
ha ido evolucionando, publicando hasta la actualidad 129 monografías (IARC, 2021). En las
mismas constan evaluaciones de unos 50 agentes que son usados como plaguicidas. Han
clasificado dos de esas sustancias en la categoría 1 (Carcinogénicos en humanos): lindano y
pentaclorofenol. Otros 8 plaguicidas fueron clasificados en la categoría 2A (Probablemente
carcinogénico en humanos): captafol, dibromuro de etileno, glifosato, malatión, diazinon, DDT,
aldrin, dieldrin. Ubicaron otros 15 ítems en la categoría 2B (Posiblemente carcinogénico en
humanos): herbicidas clorofenóxiacidos, hexaclorociclohexanos, hexaclorobenceno (HCB);
clordecona (kepona), clorotalonil, tetraclorvinfós, mirex, metronidazole, paratión, clordano,
44
diclorvos, heptacloro, toxafeno (canfenos policlorados), carbazol, 2,4-D. Finalmente los otros 25
compuestos fueron ubicados en la categoría 3 (No clasificable por su carcinogenicidad en
humanos): cloropropham, dicofol, aldicarb, zineb, simazine, hidracida maleica, maneb, captan,
tiram, ziram, ferbam, dietilditiocarbamato sódico, monuron, trifluralin, atrazina, picloram,
fluometuron, metilparatión, permetrina, deltametrina, clordimeform, carbarilo, endrin,
metoxicloro, bromuro de metilo (IARC, 2021). Resulta improcedente descalificar o ignorar la
opinión de este organismo, más aún con razones pueriles como las que se expresan a menudo
por parte de comunicadores interesados (“…el mate, la carne son carcinogénicos…”), dado que
sin duda es una de las autoridades de más sólido prestigio y reconocimiento del mundo en esta
temática y sus conclusiones están profundamente comprometidas con la protección de la salud.
4.6.2. Sobre las controversias en la reclasificación del glifosato
La reclasificación del herbicida glifosato llevada a cabo por IARC en 2015, ha sido motivo de
grandes discusiones, originando una “feroz” controversia, tal como ha sido referida en la
bibliografía (Caiati y col., 2020). Este organismo ha recibido una gran tensión opositora por parte
de sectores ligados a las compañías fabricantes de agroquímicos. Su reclasificación del glifosato
ha sido poco considerada y literalmente contradicha, en sendas disposiciones posteriores de
muchos entes reguladores de distintos países, entre otros EFSA y ECHA de la Unión Europea
(EFSA, 2015; Tarazona y col., 2017), EPA de Estados Unidos (US-EPA, 2017) y el JMPR de FAO-
OMS (JMPR, 2016). Las discusiones científicas en torno a este tema continúan hasta nuestros
días (Benbrook, 2019 y 2020; Klingelhöfer y col., 2021; Van den Brink, 2020; Sang y col., 2021;
Paskalev, 2020; Arcuri y col., 2019; Boobis y col., 2016). Lejos de generar alguna modificación a
su monografía original, los científicos de IARC, consolidan su posición, efectuando un gran
despliegue científico defendiendo su trabajo (Portier, 2020; Portier y col., 2016, 2017, 2018;
Guyton y col., 2018; Infante y col., 2018; De Sesso y col., 2017; Loomis y col., 2017; NASEM,
2017; Smith y col., 2016; IARC, 2019).
Esta controversia que en verdad tiene carácter inédito en la historia de la ciencia por su
repercusión, implicancias y actualidad, merece algunas consideraciones adicionales. En primera
instancia se ha atribuido esta divergencia tan pronunciada y significativa en las conclusiones de
ambas fuentes a que la IARC no contaba con toda la información que sí contaban los entes
reguladores. Esto significa que éstos últimos, incluían en su valoración la información
confidencial que es aportada por las empresas registrantes. Esto consiste una gran cantidad de
estudios toxicológicos y a campo, realizados siguiendo los requisitos protocolados para registro,
es decir realizados con BPA y medidos con Buenas Practicas de Laboratorio (BPL), en laboratorios
acreditados (ISO 17025 o similar) y cumpliendo una pormenorizada cantidad de exigencias
operatorias que, si son aprobados, los hace confiables para el ente regulador. Esta información
es considerada confidencial, como secreto industrial propiedad privada de las empresas
registrantes. A su vez, IARC si bien ha considerado alguno de esos estudios, basa
mayoritariamente su evaluación utilizando lo publicado en la literatura universal, regida por el
sistema de revisión por pares, habitual en actividad científica contemporánea. Esto ayudaría a
explicar porqué IARC no pudo compartir el convincente “peso de la evidencia”, apoyado en un
gran número de estudios aportados por las empresas, que aceptaron los entes reguladores.
Más allá de que hay razones más de fondo en este debate, hay varias cuestiones a remarcar
sobre dicha situación: a) Se considera con suficiente fundamentación científica toda la
información producida cumpliendo los protocolos de calidad, aunque se trate de conocimiento
no evaluado rigurosamente por pares de la comunidad científica abierta, ni comprobado
mediante ensayos independientes reproducibles por otros científicos, que son reglas básicas de
la práctica científica de valor. b) Al ser el conocimiento secreto reniega de la transparencia y
credibilidad que brinda la crítica y la valoración de la comunidad científica universal. c) El hecho
45
de que el conocimiento supuestamente de mayor calidad y de mayor relevancia para la toma de
decisiones, lo produce y administra quien lo puede pagar, provoca un desbalance en favor del
poderoso y resulta regresivo respecto a los conceptos más avanzados de la universalidad de la
ciencia, como bien de la humanidad. d) nos conduce a reflexionar sobre la integridad de los
derechos de la sociedad ante las potenciales arbitrariedades del poder sin control democrático
o de orden público (Matteucci, 2019; Bozzini, 2020).
Hay una fuerte presunción de que esta forma de efectuar los estudios y las aprobaciones, corre
el riesgo de ser anti-científica. Es procedente plantearse la duda respecto a la viabilidad del
concepto de confidencialidad, cuando el conocimiento que se protege u oculta es de
importancia decisiva para la vida, el ambiente y bienestar de las personas, tema que los expertos
en cuestiones jurídicas deberían profundizar. Por otro lado, hay autores que muestran gran
preocupación por los desvíos ya comprobados en la actividad científica contemporánea, en el
sentido de que organizaciones o individuos utilizan los métodos científicos para fabricar dudas
u ocultar efectos dañinos de productos o acciones, mediante la manipulación de la ciencia
(Goldberg y col., 2019; McGarity y col., 2008)
Pero en realidad además del tipo y número de estudios accesibles, hay un debate de fondo sobre
cómo son los procedimientos de base toxicológica, que se utilizan para evaluar la
carcinogenicidad de compuestos químicos. Los reguladores argumentan que su sistema de
evaluación privilegia el enfoque hacia el peso de la evidencia (WoE) de las investigaciones
científicas, y da prioridad al riesgo efectivo, que es posible dimensionar, respecto al impacto que
produce cada plaguicida en la población. Por otro lado, IARC ha desarrollado un nuevo protocolo
de evaluación que consta en el Preámbulo de sus Monografías (Samet y col., 2020), en el que se
analiza la carcinogenicidad en base a las evidencias en humanos, en animales y los aspectos
mecanicistas del modo de acción y los efectos del carcinógeno. Ambos enfoques convivieron
muchos años hasta que hace poco tiempo, en la esfera de IARC, se comienza a reflexionar con
puntos de vista más actualizados, la toxicidad y la peligrosidad que presentan las sustancias
químicas.
Sin embargo, algunas veces la interpretación que hacen ambas tendencias sobre algún resultado
reportado en estudios de la bibliografía (por ejemplo sobre glifosato), se diferencian por
cuestiones técnicas muy finas, que parecieran ser detalles menores ante la dimensión de lo que
se evalúa, por ejemplo por la forma en que se aplica un test estadístico de comparación entre
los casos y los controles (Tarazona y col., 2017). Realmente resulta poco comprometido no tener
ningún tipo de consideración por aquellos resultados que, estando bien concebidos, denotan
algún grado de efectos, más aún cuando se manifiestan en repetidos estudios científicos. Es
controvertido calificar una gran cantidad de estudios efectuados por investigadores e
instituciones de alta calificación científica, como no válidos por supuestas deficiencias en la
factura técnica o interpretativa, exigiendo protocolos o criterios que cuentan con consensos
parciales o sesgados.
Esta realidad de que los países no tienen todos la misma capacidad de hacer sus propias
evaluaciones de riesgo, generalmente por las complicaciones técnicas e inversiones económicas
que implican, condicionan enormemente el funcionamiento de los reguladores y sistemas de
control, sobre todo cuando son obligados a definir sus criterios y modos de acción solo basados
en riesgos. Evidentemente esto plantea una brecha importante entre los países en desarrollo y
los centrales, que producen mayoritariamente el conocimiento, y los bienes, en este caso las
sustancias químicas y las tecnologías que luego se distribuyen con grandes lucros al mundo
(Klingelhöfer y col., 2021).
46
Por eso esa suerte de dependencia demasiado rigidizada hacia esos aparatos productivos de
gran poder global, puede ser relativizado en la medida que podamos tener conocimientos
producidos localmente. Más aún cuando estos cumplen los principios básicos para publicación
de los resultados de la investigación actual, como ser que sean realizados por recursos humanos
y centros de investigación de alta calidad y sus informes sean evaluados por pares para poder
ser publicados en revistas de alto impacto internacional. Es un tema complejo que requiere
consensos que aún no se han alcanzado en la ciencia actual, respecto a la validez del
conocimiento producido y su forma de interpretación respecto a la peligrosidad y los riesgos
que presentan las sustancias químicas para los humanos. Todos ellos pueden dar algún tipo de
información y que, tratándose de daños potenciales a la salud y el ambiente, no pueden ser
considerados con criterios arbitrarios y acomodaticios, para cubrir otras necesidades que no son
expresamente las de preservar la salud humana y también el ambiente.
Cabe agregar que, en el marco de la actual reevaluación europea del glifosato, que finalizará en
diciembre de 2022, dos destacados científicos de la Medical University de Viena, evaluando la
calidad científica de los numerosos estudios sobre genotoxicidad, han calificado como confiables
a solo 2 de 53 estudios aportados por la industria, encontrando defectos importantes en la
consistencia científica de los datos y las conclusiones a que arriban (Nersesyan y Knasmueller,
2021). Por otro lado el informe de la relatora de ONU Hilal Elver (ONU, 2017a), sobre esta
compleja temática que vive la ciencia cotemporánea afirma lo siguiente: “Si bien las
investigaciones científicas confirman los efectos adversos de los plaguicidas, resulta sumamente
difícil demostrar la existencia de un vínculo definitivo entre la exposición a los plaguicidas y la
aparición de enfermedades y trastornos en el ser humano o de daños en los ecosistemas. Esta
dificultad se ha visto exacerbada por una negación sistemática (alimentada por la agroindustria
y la industria de los plaguicidas) de la magnitud de los daños provocados por estas sustancias
químicas, y las tácticas agresivas y poco éticas empleadas en el ámbito de la mercadotecnia se
siguen sin cuestionar” (ONU, 2017a).
En realidad, es importante replantearse lo que realmente representa, en términos de riesgo para
la salud, el estar expuestos por la dieta con que nos alimentamos, el agua que bebemos, el aire
que respiramos diariamente, prácticamente de por vida, a las bajas concentraciones de residuos
de plaguicidas. Los fluidos y órganos humanos contienen trazas de esos compuestos
probablemente también de por vida, sin que hayamos alcanzado suficiente coocimiento
respecto a su inocuidad. Se conoce muy poco sobre sus efectos a largo plazo y sobre las
interacciones que pueden ocurrir cuando estan presentes simultáneamente muchos de estos
compuestos en el organismo, dado que pueden potenciar o sinergizar sus efectos tóxicos. Este
tema es realmente el talon de Aquiles de la estrategia de combatir las plagas con biocidas
sintéticos, y que motoriza la necesidad de su reemplazo por otras opciones que no sean tan
masivamente comprometedoras con la salud de toda la población y afecten tanto el
medioambiente.
Nota del autor: en el apartado siguiente (Items 5.2 y 5.3) se agregan más consideraciones sobre
el impacto de los agroquímicos en la salud humana que resultan complementarios de los aquí
vertidos.
5. DESTINO Y DISTRIBUCION DE PLAGUICIDAS. ZONAS DE RESGUARDO
5.1. Sobre el destino de las moléculas una vez liberadas
El “destino ambiental” proporciona una indicación de lo que le sucede a un plaguicida una vez
que ingresa al medio ambiente, así como los niveles de exposición probables para organismos
no objetivo. Según las características del plaguicida y el ambiente que lo recepta, se verificará
47
un determinado comportamiento de las moléculas en el suelo, el agua y el aire, podrá ser
absorbido por plantas o animales, ser degradado o transformado químicamente, podrá
bioacumularse en organismos y finalmente llegar al hombre por medio del alimento y el agua
que consume o el aire que respira entre otras vías de exposición.
Cabe recordar que la eficiencia de la aplicación, por ejemplo de un herbicida, en las condiciones
de máxima optimización no supera el 65% (AAPRESID, 2018). Esto quiere decir que en
condiciones reales cabe esperar que la mitad o más del producto aplicado no alcance el objetivo
y se disperse en el aire o se deposite en el suelo en el mismo momento de la aplicación. No
obstante, esa gran cantidad de plaguicida remanente en el suelo puede ser movilizado
posteriormente tanto por el agua mediante escorrentía o lixiviación, como por la erosión eólica
que moviliza las partículas de suelo con destinos inciertos y lejanos del punto de aplicación.
Este proceso de dispersión por el viento, puede traer consecuencias potencialmente graves, no
solo para la salud de las poblaciones cercanas sino daños económicos, especialmente cuando
existen zonas manejadas con producción orgánica o similar o existen cultivos sensibles (Baker y
col., 2014; Bernasconi y col., 2021) o también produciendo daños considerables en la flora nativa
(Olszyk y col., 2009).
Lucadamo y col. (2018) estudiaron el proceso de deriva de glifosato detectando en un área de
estudio de 22 km2, comprobando rastros del herbicida hasta una distancia media de 2,5 km de
donde fue aplicado. No sería la vía preferencial de este fenómeno la vaporización del glifosato,
dado que su presión de vapor es baja, además el estudio no se trataba de aplicación aérea que
se sabe favorece más la dispersión. Los autores atribuyeron los resultados a dos factores de
mayor contribución. En primer lugar a la falta de setos y árboles de cobertura bordeando el área
de estudio, dado que estos pueden reducir eficazmente los procesos de deriva según su altura,
grosor y porosidad (Otto et al. 2015). En segundo lugar y significativamente mostrado en las
cuantificaciones, la velocidad y dirección de los vientos explicaron las diferencias observadas en
los distintos sectores del lote (Lucadamo y col 2018).
El propio material particulado de por sí se considera un contaminante ambiental relevante pues
provoca alteraciones en la bioquímica de los ecosistemas, en la dinámica de los nutrientes, entre
otras alteraciones (IPCC, 2001), estando también asociado a problemas de salud como
enfermedades respiratorias y cardiovasculares (Calderón-Garcidueñas y col., 2014; Guo y col.,
2012; Morman y col., 2013). En Argentina se ha estudiado la emisión de partículas de hasta 10
micrones (MP10) de suelos agrícolas, y en menor grado la de los suelos rurales no pavimentados
(Panebianco y col., 2016; Avecilla y col., 2018), aunque se sabe que estos últimos son fuentes
importantes de estas partículas (Kavouras y col., 2016; Katra, 2019; Liu y col., 2019; Yulevitch y
col., 2020).
Ha sido relevante por ello ahondar el conocimiento de las concentraciones de agroquímicos que
pueden transportar estas partículas. En el caso de glifosato cuenta que es una molécula muy
polar que se adsorbe fuertemente en el suelo y que allí es degradado microbiológicamente a su
metabolito principal ácido aminometilfosfónico (AMPA). Este metabolito es más estable que la
propia molécula original, por ello persiste mayor tiempo en el suelo encontrándoselo en
mayores cantidades. Autores argentinos encontraron glifosato y AMPA en sedimentos
transportado por vientos desde suelos agrícolas. Sus concentraciones aumentaron a medida que
disminuía el tamaño de las partículas transportadas. Hallaron los dos compuestos en MP10 hasta
un año después de la última aplicación de glifosato (Aparicio y col., 2018; Mendez y col., 2017;
Ramirez-Haberkon y col., 2020). Fue medido este herbicida a 400 m del suelo objetivo como
consecuencia de la deriva (Córdova y col., 2020). Finalmente, Ramírez-Haberkon y col., (2021)
en estudio citado anteriormente, comprobaron que los suelos no agrícolas de las inmediaciones
48
rurales son fuente importante de transporte y contaminación con glifosato. Asombrosamente
mostraron que una hectárea de camino sin pavimentar emite la misma cantidad de PM10 que
409 ha de suelos agrícolas. Mostraron que la cantidad de MP10 movilizado por la erosión por
unidad de área en caminos no pavimentados dentro de campos agrícolas era 956 veces mayor
que en suelos agrícolas. En caminos sin pavimentar fuera de los campos agrícolas, la cantidad
de glifosato transportado por el MP10 fue 497 veces mayor que en los suelos de agricultura.
Mientras que la cantidad de AMPA trasportada por el PM10 emitido por carreteras dentro de los
campos agrícolas era 381 veces mayor que el emitido por el suelo agrícola, mientras que el de
los caminos sin pavimentar fuera del campo fue 27 veces mayor. En concentraciones, el
contenido de glifosato en el PM10 varió de 59 a 359 μg/kg en suelos agrícolas, de 382 a 454 μg/kg
en caminos sin pavimentar dentro de campos agrícolas y de 39 a 639 μg/kg en caminos sin
pavimentar fuera de los campos agrícolas. Mientras que el contenido de AMPA en el PM10 varió
de 387 a 7228 μg/kg en suelos agrícolas, de 900 a 4138 μg/kg en caminos sin pavimentar dentro
de campos agrícolas y de 98 a 500 μg/kg en caminos sin pavimentar fuera de campos agrícolas
(Ramirez-Haberkon, y col. 2021). Cabe aclarar que esas partículas se movilizan con el viento
durante un tiempo prolongado y que lógicamente impactan con seguridad en las inmediaciones
de los cultivos y zonas pobladas cercanas.
Continuando con esta descripción, se constata que se han hecho numerosos estudios
intentando conocer el flujo y destino de vertido en cada campo asperjado. Esto ha movido a
numerosas propuestas de establecer zonas de protección, de resguardo, de seguridad o zonas
buffer según las varias denominaciones. Se han evaluado y publicado resultados variando
distancias desde 0,05 a 10 km. Como venimos observando en las descripciones anteriores, está
claro que la fijación de distancias es sumamente compleja dado una gran cantidad de factores
que intervienen en el comportamiento de las moléculas de agroquímicos que son liberadas en
cada aplicación. La denominada deriva al momento de la aplicación no es en absoluto el único
fenómeno que cuenta para evaluar el movimiento ambiental de los plaguicidas. Algunos de
estos factores son: a) las propiedades físico-químicas de los p.a. y las formulaciones que se
emplean. Entre estas cuentan la persistencia, solubilidad en agua, las constantes relacionadas
con la volatilidad (presión de vapor, la constante de la Ley de Henry), el coeficiente de partición
octanol-agua (Kow), la adsorción en suelo entre otras (Kd, Koc). b) Las condiciones agronómicas
de la aplicación: composición del caldo o mezclas a aplicar, cantidad por ha, tipo de
pulverización, precisión que brinde el equipamiento disponible, cumplimiento de la Buenas
Prácticas de aplicación de plaguicidas, etc. c) Las condiciones climáticas al momento concreto
de efectuar la aplicación: temperatura, humedad ambiente, velocidad y dirección de los vientos,
entre otras. d) Los fenómenos posteriores de la deriva primaria que se produce en el momento
de la aplicación, es decir lo que ocurre luego en términos de movimiento de las moléculas por
acción del agua (precipitación, inundaciones, riego) o por la acción eólica (dispersión de material
particulado). e) En último término y dado que se intenta preservar la salud de las personas que
viven en las cercanías y proteger el ambiente circundante, se tiene que considerar la toxicidad
o peligrosidad inherente de cada compuesto, tanto para la exposición aguda como crónica,
considerando todas las características toxicológicas propias de cada compuesto, incluyendo por
ejemplo la carcinogenicidad, la perturbación endócrina, la neurotoxicidad, la afectación del
sistema inmune, entre otras varias características que afectan la salud humana y el impacto que
producen en la biota, el agua, los suelos, el aire, la vegetación circundante. En caso de conocerse
cuenta también la toxicidad de los inertes o coadyuvantes que forman parte de la formulación
que se aplica. Se tiene probado que cuanto más próximas están las viviendas de las zonas de
cultivo especialmente aquellos que usan OGMs como soja, maíz, algunos frutales y otros, se
muestran mayores evidencias de exposición a los distintos plaguicidas aplicados y
concomitantemente se verifican mayores impactos en la salud de las personas y de los
ambientes involucrados.
49
Atender este último punto relacionado con los efectos en la salud de las poblaciones rurales o
urbanas cercanas a los cultivos, conduce a relevar los conocimientos existentes respecto a las
medidas de prevención, entre las que se encuentra la adopción de zonas de resguardo. Sobre
este particular aportan las constataciones de las distancias que alcanzan las gotas asperjadas,
mediante distintos experimentos de campo, en los que se miden directamente las
concentraciones encontradas en sitios alejados del punto de aplicación. Sin embargo, resultan
de mayor interés o más relevantes para aquel propósito de la prevención, los estudios que
evalúan los efectos en salud observados en las poblaciones expuestas en las cercanías de los
cultivos. En el ítem 5.2 se efectúa un resumen de algunos trabajos muy significativos sobre este
tema.
5.2. Efectos en la salud por la cercanía de los cultivos
Está bien demostrado que vivir cerca de tierras con cultivos transgénicos tratados
químicamente, genera niveles muy superiores de exposición. Se ha visto tanto estudiando los
interiores de las viviendas cercanas, como los parámetros biológicos (orina y otros) de los niños
y familiares en dichas viviendas (Ward y col., 2006; Lu y col., 2000).
Ward y col. (2006) en un estudio en campos de maíz y soja de Iowa (EEUU) concluyeron que la
exposición a los herbicidas comunes utilizados en la zona estudiada, que incluyeron a los más
comunes que también se usan en Argentina (2,4 D, dicamba, metolaclor, trifluralina, atrazina,
bentazon, etc.) es consistentemente mucho mayor en las personas que viven a distancias
menores de 750 metros de los cultivos agrícolas. Remarcando en el caso del herbicida
fenoxiacético 2,4 D, el elevado nivel de frecuencias (95% de los hogares), y concentraciones
(85,2 126000 ng/g) halladas. Estos autores consideraron de gran importancia para la
evaluación de riesgo, hacer estudios a distancias mayores de 750 m.
Otro ejemplo lo brindan Lu y col. (2000), en donde la exposición de los niños a pesticidas
organofosforados (OP) en una comunidad agrícola en el centro del estado de Washington
(EEUU), es siete veces más alta que la población de referencia, cuando los padres trabajan con
pesticidas agrícolas, o cuando viven cerca de tierras de cultivo tratadas con pesticidas.
Rull y col. (2009) concluyeron en un abarcativo estudio realizado en California EEUU, que la
exposición ambiental a las aplicaciones de varias familias de plaguicidas agrícolas, pueden
contribuir al riesgo de leucemia linfoblástica aguda infantil dentro de media milla (804,5 m). Por
ejemplo los organofosforados (clorpirifós, dimetoato), los piretroides (cipermetrina, lambda-
cihalotrina), los fenoles clorados (2,4 D), las triazinas (atrazina), y glifosato, dicamba, entre otros.
Por otra parte, una investigación en el estado de Washington (Coronado y col., 2011), demuestra
(tomando como muestra 100 trabajadores agrícolas y 100 adultos y niños no trabajadores
agrícolas), la estrecha relación de la proximidad residencial a tierras de cultivo, con la mayor
concentración de metabolitos urinarios de OP. En comparación con los hogares de los no
trabajadores agrícolas, los hogares de trabajadores agrícolas tenían niveles más altos de azinfos
metilo (643 ng/g frente a 121 ng/g) y fosmet (153 ng/g frente a 50 ng/g). En general, estos
autores observaron una reducción del 20% de estos parámetros, por aumento de milla (≈ 1600
m) de distancia desde las tierras de cultivo.
Gunier y col. (2017a) mediante estudios extendidos en el tiempo de madres expuestas durante
el embarazo, determinaron que el uso de plaguicidas agrícolas potencialmente neurotóxicos
(organofosforados como el clorpirifós, carbamatos, piretroides, neonicotinoides y fungicidas de
Mn) dentro de 1 km de las residencias donde cursaron el embarazo, produce un desarrollo
neurológico más pobre en sus niños. Estos autores en el mismo centro de investigación de la
50
Universidad de California, Berkeley, mediante numerosos trabajos, han efectuado un
importante aporte para la comprensión de la etiología de las enfermedades relacionadas con el
ambiente, realizando un estudio que comprende el seguimiento desde 1999 hasta nuestros días,
de madres expuestas a plaguicidas durante el embarazo y el consiguiente desarrollo de sus hijos.
Han observado asociaciones entre niveles más altos de biomarcadores de exposición a
pesticidas y peor salud y desarrollo. Específicamente, concentraciones más altas de metabolitos
urinarios de plaguicidas organofosforados (OP) en la orina materna durante el embarazo se
asociaron con una duración gestacional más corta (Eskenazi y col., 2004), mayores
probabilidades de reflejos neonatales anormales (Young y col., 2005), trastorno generalizado del
desarrollo y un desarrollo mental más deficiente a los 2 años de edad (Eskenazi y col., 2007),
menor atención y comportamientos hiperactivos a los 5 años (Marks y col., 2010), y menor
Cociente Inteligencia (CI) a los 7 años (Bouchard y col., 2011). Actualmente están examinando
en cohortes de estudio continuo, los resultados del desarrollo neurológico en edades más
avanzadas. También han informado que los niveles de metabolitos de OP tanto prenatales como
infantiles se asociaron con más síntomas relacionados con el asma, y niveles más altos de
metabolitos de plaguicidas OP en la orina de niños entre el nacimiento y los 5 años de edad se
asociaron con una función pulmonar reducida a los 7 años de edad (Raanan y col., 2015 y 2016).
Cabe mencionar que la institución considera necesario establecer márgenes de seguridad
superiores a los 400 metros, para brindar protección a la salud sobre todo de niños y mujeres
embarazadas a los múltiples efectos que observan (Gunier y col., 2017b).
Se observó también correlación entre un mayor uso del fumigante bromuro de metilo en un
radio de 5 a 8 km de las residencias maternas durante el embarazo y un menor peso al nacer en
sus hijos (Gemmill y col., 2013). También reportaron que los puntajes más bajos del Cociente de
Inteligencia de Escala Completa (FSIQ) en niños de 7 años de edad se asociaron con: (i) mayor
uso de OP y otros insecticidas dentro de 1 km de la residencia materna durante el embarazo
(Gunier y col., 2017a), (ii) mayor uso de los fumigantes bromuro de metilo y cloropicrina en un
radio de 8 km de residencias de niños desde el nacimiento hasta los 7 años de edad (Gunier y
col., 2017c), y (iii) mayor uso agrícola de ciertas mezclas de plaguicidas neurotóxicos (Coker y
col., 2017). Encontraron también que la disminución en FSIQ asociada con el mayor uso de
insecticidas OP y carbamatos, dentro de 1 km de las residencias de la madre durante el
embarazo, persistió en los niños a los 10,5 años de edad (Rowe y col., 2016).
Otros varios estudios epidemiológicos realizados en California han encontrado que un mayor
uso de pesticidas agrícolas en zonas cercanas a las viviendas, se asoció con peores resultados de
salud de los niños. Por ejemplo, los hijos de madres que vivían a menos de 0,5 km de territorios
con un mayor uso agrícola de los pesticidas organoclorados dicofol y endosulfán, durante el
embarazo tenían mayores probabilidades de desarrollar autismo (Roberts y col., 2007). Mientras
que, en otro estudio, se observaron mayores probabilidades de autismo entre los niños cuyas
madres vivían durante el embarazo, a 1,5 km de cualquier uso agrícola de plaguicidas OP o
piretroides (Shelton y col., 2014).
Otros estudios que evaluaron el riesgo de defectos congénitos relacionados con el uso de
pesticidas agrícolas han encontrado resultados mixtos, con asociaciones positivas observadas
entre el uso de 2 carbamatos (benomyl y metomyl) dentro de 1 km de las residencias durante el
embarazo y defectos del tubo neural en los niños (Rull y col. 2006). Finalmente, los estudios
sobre el cáncer infantil han observado asociaciones entre la leucemia y el uso agrícola, de metam
sodio y dicofol en un radio de 0,8 km de la residencia materna durante el embarazo (Reynolds y
col., 2005).
Siguiendo con estudios verificados en el estado de California, se menciona que ha habido solo
unas pocas investigaciones que han evaluado la relación de las aplicaciones de plaguicidas en
51
comunidades agrícolas y concentraciones de plaguicidas medidas en el aire exterior o en el polvo
doméstico. Estos estudios han encontrado correlaciones para algunos plaguicidas, pero la fuerza
de la correlación varía según el plaguicida y la distancia en un rango bastante amplio, es decir,
de 4 a 8 km (Harnly y col., 2005; van Wesenbeeck y col., 2016, California Department 2015, 2016,
2017; Wolford y col., 2014).
Por ejemplo, muestras de aire exterior de viviendas ubicadas a más de 0,25 km de huertos
frutales tenían concentraciones significativamente más bajas de 2 plaguicidas OP (clorpirifós y
azinfos-metilo) que las muestras de hogares dentro de 0,25 km de huertos (Gibbs y col. 2017).
Un modelo de dispersión de aire desarrollado para el fumigante 1,3-dicloropropeno coincidió
bien con los datos de monitoreo del aire disponibles y estimó una reducción de 10 veces en las
concentraciones en el aire localizado a 0,4 km del sitio de aplicación, a favor del viento, y una
reducción adicional de 10 veces de las concentraciones en el aire localizado desde 0,4 km a 1 km
del sitio de aplicación (van Wesenbeeck y col., 2016). Un estudio reciente que utilizó datos
publicados sobre concentraciones de plaguicidas en el polvo encontró que las concentraciones
promedio eran 64% más bajas en las casas ubicadas a 0,25 km en comparación con 0,02 km de
los campos tratados (Deziel y col., 2017).
Hay que considerar también que la estimación de la exposición humana a partir de solo la
exposición residencial podría estar subvaluada, ya que no considera la exposición acumulada del
individuo en múltiples entornos, como guarderías, escuelas o el trabajo. Todas las estimaciones
además, como se ha mencionado anteriormente, pueden mejorarse considerando las
condiciones meteorológicas locales, las características físicas del plaguicida (por ejemplo,
persistencia, volatilidad, etc.) y el método de aplicación del plaguicida (por ejemplo, aéreo o
terrestre con menor o mayor precisión). Por lo tanto, identificar la zona de amortiguamiento
correcta o la distancia de los campos tratados que sería suficiente para proteger la salud pública
es complejo. Dadas las diferentes propiedades físicas de los plaguicidas, es poco probable que
una sola distancia sea adecuada para abordar los riesgos para la salud de toda exposición a
plaguicidas, incluidos los menos estudiados (Cimino y col., 2017; Myers y col., 2016). Las
evaluaciones pueden diferir según las mezclas de plaguicidas que se apliquen porque, según el
perfil de los compuestos pueden aumentar los efectos sobre la salud (Comer y col., 2017). Por
lo tanto, adoptar márgenes holgados, que respeten el amplio espectro de posibilidades y las
incertidumbres aún existentes, será recomendable para las tomas de decisiones sobre el
metraje de las zonas de resguardo.
5.3. Problemas de salud por la cercanía de cultivos en Argentina
En Argentina, los estudios científicos citados anteriormente, que detectaron plaguicidas en
numerosas muestras y matrices en distintos escenarios, evidencian con creciente validez el
estatus preocupante de la situación. Pero también cabe mencionar como un hecho de gran
importancia, los procesos experimentados por la sociedad que, en forma espontánea y objetiva,
por sufrir los efectos en carne propia por parte de muchos ciudadanos, fue generando distintas
modalidades para compenetrarse del problema que está vivenciando. Fueron expresando
mediante distintas formas colectivas, los resultados de sus averiguaciones médicas y
toxicológicas, como así también, adoptando formas de comunicación social de la situación de
contaminación de sus territorios y su población, en diversas zonas agrícolas del país. Un buen
ejemplo de esto lo constituyen los movimientos colectivos como “Paren de fumigar” o “NO nos
fumiguen” que, si bien son los más representativos, no son los únicos (Tubio, 2019).
Cabe reflexionar al respecto, que no hay hecho más revelador de la ausencia del Estado, que
visualizar algunas movilizaciones de vecinos efectuando encuestas, recopilando en las farmacias
del barrio la cantidad de remedios oncológicos que se venden, o levantando registros de la
52
cantidad de enfermos de cáncer que se observan en el barrio. Estas movilizaciones en muchos
casos culminaron con acciones judiciales, que ayudaron no sólo a visibilizar el problema por
parte de las autoridades y el resto de la sociedad, sino también a introducir algunos cambios y
mejoras en la situación. Por ejemplo, en el establecimiento de zonas de resguardo y otras
medidas precautorias mediante normativas comunales o municipales (Cortese, 2020; Bassi,
2020; Gonzalez, 2020; Peralta, 2009).
También ha sido relevante, que este conjunto primario de expresiones de la sociedad, fuera
correspondido por profesionales de la salud, médicos y de otras especialidades, que aportaron
sus conocimientos y sus capacidades desde distintos ámbitos, hospitales públicos y
universidades, contribuyendo a la profundización de los conocimientos y experiencia sobre esta
compleja temática y el planteamiento urgente de sus soluciones, casi siempre sin el consenso
de los responsables de garantizar la salud pública en el país.
Además de los miembros de las comunidades afectadas y los valiosos aportes desde los
profesionales de la salud, también sin duda en Argentina se han comprometido en la fuerte
tensión existente respecto al uso de plaguicidas y su efecto en la salud, otros actores de la
sociedad, como las asociaciones de productores, gremios, instituciones educativas y de ciencia,
organizaciones no gubernamentales del ambiente y los derechos humanos, y algunos tomadores
de decisión política sensibilizados (defensores del pueblo, legisladores, concejales, funcionarios
judiciales, etc.). Por ello es posible contar con un gran número de expresiones públicas,
documentos con información, artículos periodísticos, actuaciones de defensorías del pueblo, y
numerosos fallos judiciales que han contribuido a mejorar la situación en algunos casos, pero
que abogan profusamente por cambios profundos y urgentes en la gestión de los agroquímicos
en el país y la adopción de medidas precautorias, durante la transición hasta que ellos se
concreten, o el tiempo que fuera necesario para proteger en todo momento el medioambiente
y la salud de la población.
Entre los importantes aportes efectuados en este marco, se destacan por ejemplo los del Dr.
Damián Verzeñassi de la Universidad Nacional de Rosario y su trabajo precursor realizando
campamentos epidemiológicos, que evidenciaron las anomalías en la salud de pobladores de
numerosos pueblos del territorio rural santafesino, y su trascendente trabajo de investigación
epidemiológica y difusión de la problemática en el país. En los “Campamentos Sanitarios”
realizados (al año 2017) en 36 localidades de 4 provincias de Argentina, entrevistaron
domiciliariamente a más de 105.490 personas (lo que equivale a un 65,3% del total de habitantes
de esas localidades). Los datos son analizados por el Instituto de Salud Socioambiental de la
Facultad de Cs. Médicas de la UNR, pudiéndose evidenciar un cambio en los perfiles
epidemiológicos de localidades que han quedado rodeadas por los territorios de producción
agroindustrial a base de GMOs y químicos sintéticos (Verzeñassi, 2016a). Entre las principales
enfermedades que se han identificado en franco incremento desde la instalación de este modelo
de producción se encuentran: trastornos endócrinos (principalmente hipotiroidismo), abortos
espontáneos, malformaciones congénitas, leucemias, linfomas y cánceres de diferentes tipos
(con llamativo incremento en personas jóvenes). Según estos estudios en el año 2012, mientras
en la Argentina la incidencia anual de cáncer fue de 212/100000 habitantes, en las localidades
donde se realizaron campamentos sanitarios después de ese año, la incidencia anual promedio
fue de 397,4/100000 habitantes. Cabe aclarar que los Campamentos Sanitarios son un
dispositivo de evaluación final de estudiantes de Medicina de la UNR, que consisten en visitar
durante cinco días localidades de alrededor 10000 habitantes, y entre otras actividades, realizar
un relevamiento epidemiológico de esas localidades, con una metodología de “barrido”
domiciliario (Verzeñassi, 2016b; 2019a; 2019b).
53
Otros profesionales de la salud también mostraron tempranamente efectos de los
agroquímicos. Médicos sensibilizados en 2010 produjeron el “Primer Informe de Médicos de
Pueblos Fumigados con Agroquímicos” (Avila-Vazquez y Nota, 2010), y especialmente
contribuciones posteriores publicadas por el Dr. Medardo Avila-Vazquez, estudiando las
anormales tasas de abortos espontáneos, anomalías congénitas y trastornos reproductivos en
localidades rurales de la Provincias de Córdoba (Avila-Vazquez y col. 2018; 2016; 2017).
Del mismo modo mediando la intervención del Defensor del Pueblo se produjeron informes que
también resultan importantes. Tal es el caso del informe denominado “Relevamiento de la
utilización de agroquímicos en la Provincia de Buenos Aires. Mapa de situación e incidencia
sobre la salud” realizado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, junto a
profesionales especialistas de la Universidad Nacional de La Plata, que describe aumentos de
enfermedades graves en las regiones de gran utilización de plaguicidas. También aporta datos
obtenidos en suelos y aire colectados en la Provincia de Buenos Aires en invierno (Junio 2012) y
verano (Octubre 2012, febrero-Abril 2013) junto con datos de leche materna de donantes de
Saladillo (agrícola-urbano) y Florencio Varela (urbano) (DPPBA, 2015). El otro caso corresponde
a un informe realizado por el Defensor del Pueblo de la Nación y ONU-UNICEF, denominado
“Atlas de Riesgo Ambiental de la Niñez en la República Argentina”, en el que se advierte que la
situación ambiental en Argentina pone en riesgo la calidad de vida en la infancia. El documento
señala que unos 5 millones de niños sufren las consecuencias de la actividad industrial y 2
millones el impacto de los agroquímicos (DPN-UNICEF-ONU).
5.4. Algunos estudios que evidencian efectos por la cercanía de cultivos
Recientemente investigadores de Rosario (Santa Fe) (Di Leo y col., 2021) presentaron en una
jornada de las Universidades de la Región Centro, un estudio que se llevó a cabo en la localidad
de Murphy, que se ubica en el departamento General López, provincia de Santa Fe (33º 38’ 38’’
lat. S; 61º 51’ 25’’ long. O). Se evaluó la distribución espacial de especies de líquenes, que sirven
para calcular el Índice de Pureza Atmosférica (IPA), para verificar asociaciones direccionales con
contaminación atmosférica, dado que se trata de una localidad de la zona núcleo argentina,
rodeada por intensa actividad agrícola. Se encontró presencia de estroncio, plomo, molibdeno
y zinc en zona agrícola, lo que es esperable ya que son elementos indicadores de agroquímicos.
Llamó la atención de los autores que el conjunto de estos mismos metales se encuentra con
fuerte presencia en zona urbana, indicando contaminantes provenientes de los cultivos
cercanos (Fig. 4). Preliminarmente estimaron que la distribución del Indice de Pureza
Atmosférica (IPA) mostró la existencia de una dependencia espacial moderada en los datos
puntuales relevados. Esto indica que la confección de cartografía que sirva para correlacionar
luego con otras variables debe ser procesada mediante técnicas geoestadísticas adecuadas (Di
Leo y col., 2021)
54
Figura 4: Distribución espacial de parámetros de contaminación (IPA) en Murphy (Santa Fe) (Di Leo y col. 2021)
Otros trabajos que han cuantificado la modificación de algunos parámetros indicadores en zonas
cercanas a cultivos han sido descriptos anteriormente. Tal es el caso de Demonte y col. (2018)
que estudiando aguas de tambos de los Departamentos Castellanos y Las Colonias de la
Provincia de Santa Fe, verificaron diferencias entre el agua subterránea en el momento de
extracción y luego de estar depositadas en los bebederos. Se determinó la presencia de glifosato
y AMPA en 15% y 53% del total de muestras extraídas de los grifos, con concentraciones que
variaron entre 0,611,3 μg/L y 0,26,5 μg/L respectivamente. Mientras que, en los reservorios
abiertos al ambiente exterior del establecimiento agrícola, mostraron niveles superiores de
glifosato y AMPA en 33% y 61% de los casos analizados, con valores entre 0,621,2 μg/L y 0,2
4,2 μg/L respectivamente. También en este último caso se detectó trazas gufosinato (<0,1 μg/L)
en el 52% de las muestras del bebedero, habiéndose cuantificado en una muestra 0,1 μg/L
(Demonte y col., 2018).
5.5. Consideraciones sobre distancias de amortiguamiento
De las numerosas referencias y descripciones efectuadas más arriba, basada en la literatura
publicada en nuestro país e internacionalmente, se desprende que hay evidencias de que la
exposición puede ser sensiblemente disminuida extendiendo la zona de cultivos respecto a las
urbanas, y que en nuestro país se ha alcanzado un momento crítico de riesgo, en el que se ha
tornado urgente la toma de medidas precautorias. La determinación precisa del búfer o zona de
resguardo no es una cosa sencilla en términos de considerar todas las variables en juego.
Además de tener en cuenta los potenciales efectos de cada plaguicida, tal como se conocen al
día de hoy, puede haber puntos finales de salud más sensibles que aún no se han estudiado y
que requerirían un búfer distinto, aún mayor para proteger la salud pública. Pero en todos los
casos las políticas para proteger la salud pública, y sobre todo a los niños, están justificadas dada
la sólida evidencia de que la exposición a plaguicidas puede aumentar los riesgos para la salud
de los sectores de población más vulnerables: mujeres embarazadas, neonatos, infancia y niñez
en todos sus períodos. De acuerdo a la información consultada y descripta en este texto, con
más otra gran cantidad de información científica existente en la literatura cuyas bases de datos
y fuentes más prestigiosas también se mencionan en la bibliografía del presente informe, se
considera que partir de una mínima distancia de 1000 metros se puede comenzar a contar con
un nivel razonablemente aceptable de protección.
Además de requerir una zona amortiguadora, se deben tomar políticas para establecer otras
medidas de protección para reducir la exposición, especialmente como se dijo, de las mujeres
embarazadas y de los niños. Estas pasan especialmente por diseñar paisajes protectivos
mediante la disposición de barreras arbóreas que actúan como atenuadoras de los efectos de
55
transporte por acción del viento. Del mismo modo se requiere tener una especial atención en el
manejo del territorio involucrado, la zonificación para nuevos desarrollos residenciales, el
manejo de medidas protectivas de los cursos de agua, los acuíferos subterráneos y disponer
adecuados sistemas canalización, drenaje y desagote de aguas de las precipitaciones para evitar
inundaciones en las zonas rurales que además del daño económico son altamente perjudiciales
desde el punto de vista ambiental.
Se debe contemplar una conversión gradual hacia otras formas de agricultura que no requieran
el uso de plaguicidas sintéticos, en los territorios comprendidos en las zonas de resguardo
periurbanas, como así también en los campos en cercanía de escuelas. Se debe tener en cuenta
que la estrategia ideal para proteger la población en general y sobre todo a los grupos más
vulnerables, es la eliminación o la reducción generalizada del uso de plaguicidas agrícolas. Para
ello ayudarán en el interín prácticas más sustentables que comprendan manejo conservativo del
suelo, la rotación de cultivos, el uso de cultivos de cobertura y consociados, el manejo integrado
de plagas, entre otras buenas prácticas sustentables. Pero sin duda la estrategia principal que
se debe promover y estimular desde el Estado, es una agricultura basada en la ciencia de la
agroecología y relacionadas, que plantean principios mucho más armónicos con la naturaleza y
la vida. Estos pasos se han tornado vitales y son la mejor respuesta posible a los dilemas
planteados, por los que se están poniendo en juego ni más ni menos, que la salud de la población
actual, la de las generaciones futuras, y la integridad de nuestro hogar grande que es el ambiente
donde vivimos.
6. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA GESTIÓN DE PLAGUICIDAS
Resulta de interés hacer una mirada de los sistemas que se utilizan para gestionar el uso de
plaguicidas. Esto comprende los procedimientos empleados para el registro y la autorización de
los productos, los modelos para la caracterización y clasificación de los ingredientes activos (i.a.)
y de los formulados, la evaluación de los riesgos por exposición humana y ambiental a los
residuos de los plaguicidas, las medidas de inspección y vigilancia de distintos tipos, las formas
de educar e informar a la población sobre los peligros y los riesgos, y el conjunto de normativas
en vigor, para posibilitar el uso de los agroquímicos con márgenes de seguridad aceptables,
hasta tanto se pueda concretar la eliminación o minimización de su uso.
6.1. El análisis de riesgo: estrategia utilizada en países desarrollados
Comenzaremos por referirnos al sistema que utiliza la Unión Europea, comunidad de países
donde se presta especial atención a esta temática. Entraremos en tema describiendo uno de los
producidos comunicacionales importantes del mismo. Se trata de los informes anuales que
según la legislación de la Unión Europea (artículo 32, Reglamento CE N° 396/2005), son
proporcionados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (European Food Safety
Authority EFSA-). Informe que examina los niveles de residuos de plaguicidas en los alimentos
en el mercado europeo, basado en datos de las actividades oficiales de control nacional llevadas
a cabo por los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega. El mismo incluye un subconjunto
de datos del programa de control coordinado por la UE, que utiliza una estrategia de muestreo
aleatorio (EFSA, 2021). La versión más reciente con los resultados de 2019, reporta que el 96,1%
de las 96.302 muestras analizadas cayeron dentro de los límites legales o sea los Límites
Máximos de Residuos (LMR) (92.577 muestras). De éstas, 54.517 muestras (56,6%) no contenían
residuos cuantificables (resultados por debajo del LC para todos pesticidas analizados) mientras
que el 39,5% de las muestras analizadas contenían residuos cuantificados que no superaban los
límites legales (38.065 muestras). Para este año un 3,9% de las muestras (3.720) superaron los
LMRs. Se analizaron en total 799 plaguicidas y en promedio unos 233 por cada muestra. Esto
significa que el 43,4 % de los alimentos que consumen en Europa contienen plaguicidas. Los
56
resultados del programa coordinado están disponibles en el sitio web de la EFSA en forma de
gráficas y gráficos interactivos, para facilitar la comprensión de los datos a las personas no
especializadas y al público en general (EFSA, 2021).
Es interesante observar los valores que se informan respecto a las determinaciones de glifosato
sobre 13.336 muestras de alimentos incluidos los procesados. Entre ellas se analizaron 165
muestras de alimentos infantiles y 1028 muestras de origen animal incluida la miel. Como
resultados muestran que en el 97% de las muestras no se cuantificó glifosato. En 2,7% (364
muestras) el glifosato se cuantificó en valores menores al LMR. En 12 muestras (0,1%) los
residuos excedieron el LMR. Los alimentos infantiles no tuvieron detecciones y la mayor
frecuencia se encontró en semillas de lino. El glifosato en miel y otros productos de apicultura
fueron analizados en 249 muestras, obteniéndose valores <LC en 232 (93,2%), entre >LC<LMR
en 15 (6%) y >LMR en 2 muestras (0,8%). Estos datos sobre glifosato expresan una situación
completamente distinta de sustancial menor contaminación a la que se observa en Argentina.
En los análisis de otros plaguicidas en mieles y productos de apicultura de las 1301 muestras
analizadas 1024 (78,7%) se encontraron libres de residuos cuantificables y se detectaron excesos
de los LMR en 12 muestras (0,9%). Los plaguicidas que concernieron a estos productos fueron
neonicotinoides (tiacloprid, acetamiprid) y otros agentes usados en apicultura (amitraz,
cumafos). Finalmente el informe detalla que la frecuencia de aparición de muestras conteniendo
múltiples residuos (es decir conteniendo más de un plaguicida en concentración cuantificable)
fue mayor en los alimentos no procesados (28%) comparados a los productos procesados
(16,8%). Se reportaron múltiples plaguicidas en 25.584 muestras (27% vs 29% en 2019). Para
finalizar nuestra visita a este informe con abundante información, las muestras procedentes de
Argentina determinadas en este sistema arrojó el siguiente resultado: total 382 muestras
analizadas: 211 <LC; 144 entre LC y LMR; 27 >LMR. Informaron excesos de antraquinona en 8
muestras de infusión mate (EFSA, 2021)
Otra parte importante del informe de EFSA, es la evaluación del riesgo dietario, comparando los
resultados de los análisis, con los parámetros de referencia para la toxicidad crónica (%IDA) y
aguda (%ARfD), siguiendo normativas reconocidas internacionalmente para esta evaluación.
Respaldado en todas estas actividades, el informe afirma que es poco probable que los
productos alimenticios analizados en 2019 planteen un problema para la salud de los
consumidores, aunque proponen recomendaciones para aumentar la eficacia de los sistemas de
control europeos, garantizando así un alto nivel de protección de los consumidores.
Este informe es el producto de un sistema muy completo de control que abarca más de 300
laboratorios oficialmente habilitados con la guía de 4 laboratorios de Referencia (EURL). El
sistema contempla un sistema de alerta rápida (Rapid Alert System for Food and Feed -RASFF-)
que permite tomar acción inmediata ante la detección de riesgos insostenibles para la salud de
la población. Cabe mencionar como ejemplo reciente el caso de la alerta sobre fipronil en 2017
que concluyó con el decomisado y la destrucción de millones de huevos y toneladas de pollos
de consumo en más de 17 países europeos, por haberse constatado la presencia de ese
compuesto peligroso, no autorizado para su uso en criaderos de aves (CNTA, 2017).
Como se desprende de la lectura del informe de la UE mencionado, podemos generalizar que el
sistema de controles, apoyados por estrategias basadas en los principios y pautas del
denominado “análisis de riesgos”, es el que se observa sustenta el uso planificado de los
agroquímicos en ese continente y es la estrategia recomendada por los organismos
internacionales competentes: FAO-OMS y JMPR entre otros. El análisis de riesgos requiere
entonces el cumplimiento de sus tres grandes dimensiones la “evaluación del riesgo”, la
gestión del riesgo”, y la “comunicación del riesgo”. Como podemos inferir, este sistema
demanda cuantioso esfuerzo económico en los países desarrollados. Abarca no solo agencias
57
específicas como la EFSA en la UE o la EPA en EEUU, sino el mantenimiento de infraestructuras
de laboratorios, de actividad científica y regulatoria de una considerable escala. A partir de su
cumplimiento estricto, estos países comunican a sus sociedades que tienen “bajo control” los
riesgos que presentan los cuantiosos peligros derivados del uso de sustancias tóxicas en la
agricultura. Es decir, pueden informar a la sociedad, como hace la EFSA con el soporte técnico y
logístico mencionado, que se consume un 43,4 % de los alimentos en EU con plaguicidas y que
“solo” un 3,9 % excedió los límites, y que, mediando la evaluación de riesgos, concluyen que es
una situación de bajo riesgo para la salud. El sistema aporta información continua que conduce
a medidas correctivas y de control más ajustadas a los hechos. De esta forma también al medir
año a año los residuos que se observan en las cosechas y su comparación con los respectivos
LMRs, verifican también que se cumplan las condiciones legisladas para el registro y uso de los
plaguicidas, especialmente que se cumplimenten las legislaciones sobre Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) vigentes, sobre cuyo adecuado cumplimiento en realidad se apoya todo el
sistema. Hay que considerar que el LMR, el parámetro administrativo básico del sistema, se
adopta a partir de estudios realizados bajo la constatación de que se utilizan las BPA legisladas
en todos sus alcances.
Estas formas de gestión en los países desarrollados, los ha conducido a realidades que no son
comparables con nuestro caso. Podría decirse que el perfeccionamiento de los sistemas de
gestión en esa misma dirección, sería una meta intermedia deseable para los países que, como
el nuestro, no efectúan controles eficientes de residuos, y donde el análisis de riesgos es una
actividad incipiente, la Buena Práctica Agrícola se aplica poco o no se aplica, no se evalúa
suficientemente el impacto en salud y en el ambiente originados por la agricultura. O sea que
habría que hacer muchos esfuerzos para lograr encausar un uso razonable de los agentes
químicos, al menos con consecuencias manejables como las que se informan en otros países
más desarrollados.
6.2. La creciente tendencia crítica mundial a la Agricultura de Base Química
Sin embargo, Europa que cuenta con estos sistemas de control y prevención bien consolidados,
y cuyos resultados se presentan como auspiciosos, lejos de ser un dechado de virtudes, cuenta
con severos cuestionamientos por parte de su sociedad, y tensiones internas de consideración.
Por ejemplo, la autorización del glifosato bajo la legislación de la UE efectuada por la Comisión
Europea (CE) en 2017 sigue siendo muy controvertida (EC, 2017). En su resolución del 24 de
octubre de 2017, el Parlamento Europeo declaró que la decisión de la Comisión de reautorizar
el glifosato “no garantiza un alto nivel de protección de la salud humana y animal y el medio
ambiente, no aplica el principio de precaución, y supera las competencias de ejecución previstas
en el Reglamento (EC) nº 1107/2009” (European Parliament, 2017). Cabe aclarar que el
Reglamento mencionado es el que utiliza la Unión para el registro y autorización de los
fitosanitarios (Plant Protection Products PPP-) que en su concepción y articulado contempla la
aplicación del principio precautorio como mandatorio. A posteriori la Corte de Justicia de la
Unión Europea (CJEU) en el caso C-616/17, Blaise y otros, ECLI:EU:C:2019:800, por las que se
juzgó un acto vandálico por parte de activistas sobre un negocio que comercializaba glifosato,
consideró que “no hay motivos para cuestionar la validez del Reglamento (CE) no 1107/2009
sobre la comercialización de productos fitosanitarios (incluido el glifosato) a la luz del principio
de precaución”. Sin embargo, dada la complejidad científica y técnica en torno a la aplicación de
este principio, la revisión judicial por parte del CJUE solo se limitó a la evaluación de si las
disposiciones del Reglamento n° 1107/2009 están viciadas por un error manifiesto de
apreciación. En realidad, se cuestionó si la CE cumplió con su deber de actuar con diligencia, y
tener en cuenta toda la información científica disponible, dado que en su Reglamento de
aplicación n° 2017/2324, de 12 de diciembre de 2017, no se hace referencia a la controversia
científica sobre el posible efecto cancerígeno del glifosato. Concretamente va dejando abierta
58
la discusión de fondo sobre el particular (Donati, 2020). Al punto que como una consecuencia el
Parlamento Europeo con el fin de garantizar mejor la transparencia y la independencia del
procedimiento de autorización de plaguicidas y otros productos (aditivos, aromas, enzimas y
OGMs) que entran en la cadena alimentaria, adoptó un nuevo reglamento el 17 de abril de 2019
(EP, 2019). Para 2020, la mayoría de los datos presentados por la industria a la EFSA, como parte
de la solicitud de autorización de una sustancia o producto, estarán disponibles. Esta publicación
debe realizarse sin demora tan pronto como se considere admisible o válida una solicitud de
autorización de comercialización para que el público pueda verificar estas evaluaciones.
Además, la EFSA establecerá y gestionará una base de datos que contenga todos los estudios
encargados o realizados por parte de los operadores comerciales para respaldar su solicitud. En
circunstancias excepcionales de controversias graves o resultados contradictorios, la Comisión
podrá solicitar a la EFSA que encargue estudios científicos, distintos de los proporcionados por
la industria, con el objetivo de verificar la evidencia científica utilizada en su proceso de
evaluación de riesgos (EP, 2019).
Así y todo observamos que toda la EU efectúa muchos aprestos para reducir drásticamente el
uso de plaguicidas en su territorio. Tiene legislaciones en vigencia como el “Pacto Verde” (Green
Deal) que se propone ambiciosas metas de transformar sus modos de producción hacia formas
más sustentables y reducir el uso en un 50% el uso de agroquímicos para 2030, y adoptar formas
de agricultura alternativas más sustentables como aquellas basadas en los principios de la
agroecología (EC, 2021 y 2020). Muy recientemente el Parlamento, el Consejo y la Comisión
europeas se comprometieron en impulsar estas reformas catalogadas como un “cambio real de
cómo se practica la agricultura en Europa”, asignando un presupuesto de €270-billones
(US$318-billones) para alcanzar mejoras en el impacto que se produce en el clima y los
ecosistemas en el período 202327. Más allá de que esto genuinamente pueda materializar o
no el cambio profundo que se necesita, es una acción de compromiso significativo (Candel y col.,
2021).
Los problemas en los sistemas de aprobación y uso de plaguicidas más avanzados del mundo no
se observan solo en Europa. En Estados Unidos esta función del Estado se encuentra en manos
de la denominada Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency EPA-),
una Agencia que fuera creada en 1970 para resolver tensiones entre las áreas productivas, de
salud y ambientales en ese país. Tiene acción independiente con sede en Washington, DC,
oficinas regionales para cada una de las diez regiones de la agencia y 27 laboratorios. Contaba
en 2018 con 13.758 empleados, de los cuales más de la mitad son ingenieros, científicos y
especialistas en protección ambiental; otros empleados incluyen tecnólogos legales, de asuntos
públicos, financieros y de información. Esta institución maneja un presupuesto cuantioso, lo que
muestra a su manera la atención que brinda ese Estado a esta cuestión. Es por todo este
despliegue que es una de las entidades regulatorias y técnicas de la temática más reconocidas
del mundo, más allá de los aciertos y defectos de su funcionamiento, pues no está exento de
críticas.
Para ejemplificar sobre observaciones al sistema de aprobación de fitosanitarios (PPPs) a cargo
de la EPA, podemos citar los comentarios recientes de Cardona y col., (2020), que afirmaron que
el procedimiento puede pasar por alto el riesgo de cáncer de mama por exposición a plaguicidas,
si los efectos sobre la glándula mamaria no se evalúan en los estudios de toxicología necesarios
para el registro. Utilizando los documentos de registro de la EPA de EEUU, identificaron
plaguicidas que causan tumores mamarios o alteran el desarrollo, y evaluaron cómo se
consideraron esos hallazgos en la evaluación de riesgos. De 28 pesticidas que produjeron
tumores mamarios, la evaluación de riesgos de la EPA reconoce esos tumores en nueve y
descarta los casos restantes. Para cinco pesticidas que alteran el desarrollo de las glándulas
mamarias, no se evalúan las implicaciones para la lactancia y el riesgo de cáncer. Muchos de los
59
pesticidas con actividad mamaria, activan vías relacionadas con la alteración endocrina: alteran
la síntesis de esteroides en las células H295R, activan los receptores nucleares o afectan las
enzimas metabolizadoras de xenobióticos. Pautas más claras basadas en la biología del cáncer
de mama fortalecerían la evaluación de los efectos de las glándulas mamarias, incluidas las
medidas histológicas y hormonales sensibles. Recomiendan que se deben reevaluar los riesgos
potenciales de cáncer de varios plaguicidas comunes, que incluyen: malatión, triclopir, atrazina,
óxido de propileno y butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo (IPBC). Identificaron 35 pesticidas
que afectan la glándula mamaria y causan tumores mamarios u otros efectos de las glándulas
mamarias. Veinticuatro de estos pesticidas todavía están en uso en EEUU. Por ejemplo, se usa
IPBC, un antifúngico en cosmética y el malatión se utiliza en tratamientos contra los piojos y
usos de jardín entre otros. Atrazina, dicloropropeno, paraquat dicloruro, clorpirifos y triclopir
son algunos de los más utilizados pesticidas en los EE. UU. (Cardona y Rudel, 2020) y también en
nuestro país. Por otro lado, se sabe de las controversias que existen aún dentro del mismo
organismo que prácticamente ha liberado al glifosato de producir algún efecto negativo en la
salud humana en reciente informe, pero por otro lado en un informe biológico, producto de otro
grupo de trabajo interno, reconoce que ese herbicida pone en peligro a 1.676 especies, y que
modifica el hábitat de 759 especies en peligro, o el 96% de las especies en peligro para las que
el hábitat resulta crítico (EPA, 2019).
Por otro lado, no solo es la Unión Europea la que aboga por cambios sustanciales en la
producción global de alimentos hacia formas verdaderamente sustentables, que son las que no
utilizan agroquímicos, o los utilizan con elevadas restricciones, sino que los propios organismos
de las Naciones Unidas han volcado mucho esfuerzo en esa dirección en los últimos años (FAO,
2021; Naciones Unidas, 2012, SAICM, 2021).
Una referencia obligada respecto a este análisis crítico de la utilización de plaguicidas como
fuente potencial de compromiso con los derechos de la ciudadanía, es el Informe de la Relatora
Especial sobre el derecho a la alimentación, del Consejo de Derechos Humanos, de la Asamblea
General de Naciones Unidas, en su 34º período de sesiones, (febrero-marzo de 2017), en el
marco del Tema 3 de la agenda: “Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”. (ONU,
2017a). En este informe de la Relatora Especial Sra. Hilal Elver, fue nutrido por información
aportada desde los numerosos países que respondieron a la consulta previa realizada por el
organismo durante el año 2016, y entre los que se cuenta el informe remitido por Argentina,
aportado por un conjunto de organizaciones socio-ambientales de nuestro país (ONU, 2016). El
informe cuenta con aportes del Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos
del mismo organismo, que a su vez produjo un informe especial sobre las implicaciones para los
derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los
desechos peligrosos (ONU, 2017b). Al decir de sus palabras introductorias: “El informe ofrece
una visión más clara del uso mundial que se da a los plaguicidas en la agricultura y de sus efectos
sobre los derechos humanos; se describen las consecuencias negativas que las prácticas en
materia de plaguicidas han tenido para la salud humana, el medio ambiente y la sociedad, que
no se señalan ni vigilan suficientemente por estar limitado el interés, mayoritariamente, a la
“seguridad alimentaria”; y se examinan los regímenes relativos al medio ambiente y los derechos
humanos para determinar si las normas que los constituyen son suficientes para proteger a los
trabajadores rurales, los consumidores y los grupos vulnerables, así como los recursos naturales
necesarios para apoyar sistemas alimentarios sostenibles”. En coincidencia con muchos de los
comentarios aquí vertidos, el informe señala que: “La evolución tecnológica en la fabricación de
plaguicidas, entre otras innovaciones en materia de agricultura, ha contribuido sin duda a que
la producción agrícola haya logrado mantenerse al nivel de los incrementos sin precedentes en
la demanda de alimentos. Sin embargo, ello se ha logrado a costa de la salud humana y el medio
ambiente, y al mismo tiempo el aumento de la producción de alimentos no ha logrado eliminar
60
el hambre en todo el mundo. La dependencia de plaguicidas peligrosos es una solución a corto
plazo que menoscaba el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud de las
generaciones presentes y futuras”. El informe aborda los tópicos de mayor interés sobre este
tema como son: las repercusiones negativas del uso de plaguicidas en los derechos humanos:
salud humana e impacto medioambiental. La estructura jurídica. Los desafíos que plantea el
actual régimen de plaguicidas. Alternativas al uso extensivo de plaguicidas: la agroecología.
Tanto las observaciones que efectúa sobre la situación global respecto al uso de plaguicidas,
como sus conclusiones y recomendaciones, por ejemplo sobre la necesidad de implementar un
programa de reducción de uso de agrotóxicos y de reconversión en la producción
agroalimentaria hacia la agroecología entre otras, se ajustan perfectamente a la situación que
se vive en Argentina, resultando de insoslayable consideración por parte de los administradores
y decisores en esta materia (ONU, 2017a).
6.3. Análisis de riesgo en Argentina
En Argentina las componentes del análisis de riesgos (AR) no se materializan o se aprovechan en
su potencialidad para la gestión. A pesar de que hace tantos años que nuestros organismos de
control están cercanos a los sistemas vigentes en otros países, y que se aplican grandes
cantidades de plaguicidas con escasos controles, no se ha podido utilizar plenamente como
herramienta de gestión de los riesgos existentes. Se puede mencionar que existen intenciones
de que esta estrategia prospere en Argentina tal como se ha planteado en la Red de Seguridad
Alimentaria del CONICET (RSA-CONICET, 2021), que además de haberla definido
conceptualmente aboga por su desarrollo. Hay que contar con que este foro de reciente
actuación en el país, puede contribuir muy eficazmente en una de las tres esferas del AR que es
la Evaluación del Riesgo, aspecto que se apoya en el conocimiento científico existente.
Mientras tanto ha habido algunos aportes de significación en el campo de la evaluación de riesgo
dietario, por ejemplo, los estudios de Maggioni y col. (2017 y 2018), y la realización de
capacitación en Argentina, propagada en incipientes actividades a Latinoamérica (Maggioni y
col., 2019). Entiendo que es propicio para este informe, hacer una breve descripción de estos
trabajos, realizados en el PRINARC-FIQ-UNL, que han sido pioneros para la evaluación de riesgos
en Argentina y Latinoamérica. Siempre es importante remarcar también que estas herramientas
son útiles para mantener bajo un control aceptable la situación de uso de plaguicidas y puede
llegar a mejorar la gestión, sobre todo en países como Argentina y el resto de los países
latinoamericanos. Sin embargo, debe considerarse también que constituyen un estadio
organizacional intermedio necesario mientras se desarrollan y consolidan otras formas
productivas más sustentables basadas en el no uso de agroquímicos.
En estos estudios recientes que mencionamos, se encaminó una evaluación de riesgos dietario
considerando por primera vez la información disponible en Argentina, siguiendo normativas
internacionales de aplicación (FAO-OMS, 2009). Para evaluar el riesgo dietario crónico para
residuos de plaguicidas, se calculó la Ingesta Diaria Teórica Máxima Nacional (IDTMN) para 308
plaguicidas utilizando los LMR de varias regulaciones argentinas y los datos de consumo de
alimentos de la población argentina obtenidos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud
(ENNyS). Además, para cada uno de los compuestos con una IDTMN> 65% de la Ingesta Diaria
Admisible (IDA), se realizó un análisis probabilístico para cuantificar la probabilidad de que la
misma sea excedida. Se estimó así que 27, 22, 10 y 6 ingredientes activos (i.a.) excedían el 100%
de la IDA para los diferentes grupos de población evaluados: niños de 6 a 23 meses, niños de 2
a 5 años, mujeres embarazadas, y mujeres de 10 a 49 años, respectivamente. Algunos de los
compuestos evaluados como carbofuran, diazinón, diclorvos, dimetoato, oxidemeton metil y
bromuro de metilo, superaron el 100% de la IDA en los cuatro grupos etarios evaluados. El
estudio también permitió identificar un grupo de 24 alimentos (de un total de 145 evaluados de
61
la dieta nacional), que resultaron ser los que más contribuyeron a la ingesta de los plaguicidas
desde el punto de vista crónico, entre los cuales se pueden mencionar acelga, cebolla, espinaca,
lechuga, maíz, papa, tomate, zanahoria, zapallito, zapallo, banana, durazno, mandarina,
manzana, naranja, pera, uva de mesa, arroz, azúcar, harina de trigo, carne bovina, grasa bovina,
huevo y leche. Este estudio resulta muy importante para poder identificar y jerarquizar
plaguicidas y alimentos que deben ser considerados con prioridad en futuros programas de
monitoreo y control de residuos de plaguicidas en alimentos a nivel nacional (Maggioni y col.,
2017).
En una segunda etapa del trabajo, se evaluó la exposición dietaria aguda aplicando tanto
métodos determinísticos como estocásticos. De esta manera se evaluó en el grupo de niños de
2 a 5 años de edad 28 i.a. y 75 alimentos, mientras que en el grupo de mujeres de 10 a 49 años
se evaluaron 9 i.a. y 59 alimentos. En ambos métodos (determinístico y probabilístico), el riesgo
se estimó comparando la exposición dietaria a corto plazo obtenida, con los valores de dosis de
referencia aguda (ARfD) para cada combinación de plaguicida-alimento evaluada. En total se
estudiaron 443 y 128 combinaciones plaguicida-alimento en los grupos de niños y mujeres,
respectivamente. En general, hubo una tendencia a disminuir los valores de la exposición
expresada en términos del % ARfD en ambos grupos cuando se aplicó el método estocástico.
Así, el número total de casos en los que se registraron excesos del umbral toxicológico agudo
disminuyó en el grupo de niños de 173 (39,1%) a 121 (27,3%) y en el de mujeres de 40 (31,3%)
a 30 (23,2%), usando el método determinístico y estocástico respectivamente. Asimismo, se
identificaron 12 alimentos que aportaron en mayor grado al riesgo agudo (ciruela, durazno,
frutilla, leche, manzana, melón, papa, pepino, pera, tomate, uva y zapallo). Este estudio, que, si
bien resulta conservador, ha posibilitado identificar un importante número de casos en los
cuales se ha superado el % ARfD. Estos resultados constituyen una primera etapa de primordial
importancia para mejorar el conocimiento sobre el riesgo potencial que podrían representar los
plaguicidas autorizados en nuestro país, desde el punto de vista de la exposición dietaria aguda
o a corto plazo. También sienta una base metodológica funcional para su implementación en el
país (Maggioni y col., 2018).
Complementando la descripción, es importante resaltar que este trabajo detectó que entre los
compuestos de mayor riesgo se encuentran 23 insecticidas, 10 de los cuales están prohibidos en
EU y tienen prohibiciones o restricciones en Argentina (bromuro metilo, forato, carbofuran,
metamidofós, azinfós metilo, diazinon, dicofol, disulfoton, terbufos y endosulfan). Pero
asimismo presentan riesgo elevado otros 8 plaguicidas que están prohibidos en Europa, pero
que están permitidos en nuestro país (amitraz, azocyclotin, fipronil, carbarilo, cyhexatin,
oxidemeton-metilo, diclorvos, piridafention). Solo 5 de los insecticidas están en uso autorizado
tanto en EU como en Argentina (fenamifos, fosmet, pirimifós-metilo, dimetoato, spinosad). Del
mismo modo los fungicidas de mayor riesgo que detectó el estudio fueron 11, todos permitidos
en Argentina, pero 6 de los cuales están prohibidos en Europa (bitertanol, carbendazim, ferbam,
procimidona, propineb, tiram). El resto de los fungicidas autorizados tanto en EU como
Argentina fueron: captan, clorotalonil, ditiocarbamatos, procloraz, ziram. Finalmente se detectó
mayor riesgo para 5 herbicidas en uso en Argentina: linuron, MSMA, paraquat dicloruro, 2,4-D,
hidrazida maleica, estando los 3 primeros prohibidos en Europa (Maggioni y col. 2017). Sobre
este amplio espectro de plaguicidas que se utilizan en Argentina, se observa una recurrente
mora en ser sometidos a revisión y actualización de autorizaciones, sobre la base de los avances
científicos. Muchas ya deberían haber sido caducadas, siguiendo los criterios más avanzados
vigentes en el mundo y las evidencias de la ciencia.
62
6.4. Clasificación de la peligrosidad de plaguicidas
Los parámetros y criterios toxicológicos individuales utilizados para clasificar plaguicidas, en su
gran mayoría no consideran adecuadamente varios aspectos importantes respecto a su
toxicidad: a) todas las características toxicológicas de cada compuesto, por ejemplo efectos
como carcinogenicidad, disrupción endócrina, genotoxicidad, neurotoxicidad, etc.; b) los efectos
a muy largo plazo (décadas) de exposiciones crónicas de bajas concentraciones de compuestos
simples y de mezclas de muchos compuestos; c) los efectos acumulativos o sinérgicos que se
pueden producir cuando las sustancias comparten un mismo medio biológico o ecosistema, es
decir no actúan como si estuvieran solas sino que modifican su comportamiento tóxico muchas
veces aumentando su peligrosidad; d) que muchos compuestos no se comportan
toxicológicamente con respuestas de dosis-señal proporcionales a la concentración de
exposición (monotónicas), sino que tienen comportamientos de variados tipos, de tal forma que
muchos compuestos a muy bajas concentraciones incrementan sus efectos tóxicos (Luque y
Muñoz de Toro, 2020). e) la actualización acelerada según la evolución en el conocimiento sobre
la toxicidad de cada compuesto (si bien hay actualizaciones periódicas a veces lleva muchos años
décadas- detectar e implementar los cambios por parte de los organismos reguladores).
Por ello resultan tan importantes las formas de clasificar la peligrosidad en base a la toxicidad
de los productos fitosanitarios. Argentina cuenta actualmente la Res. SENASA 302/2012 por la
que, modificando una resolución anterior (Nº 350/99), establece el sistema de autorización y
clasificación, actualizando el “Manual de procedimientos, criterios y alcances para el Registro de
Productos Fitosanitarios en la República Argentina” (SENASA, 2012). En este caso se adopta la
actualización efectuada en 2009 por la OMS (WHO, 2009; Mazzarella, 2016) que clasifica a los
compuestos según su toxicidad aguda. Utiliza para ello escalas en base a la Dosis Letal 50 (DL50)
obtenida en ensayos de laboratorio sobre varias especies y considerando varias vías de ingreso
(dermal, ingestión, etc.). De aquí se derivan luego la clasificación Ia, Ib, II, III y IV con peligrosidad
decreciente y que se visualizan mejor a través de los colores ya conocidos que varían del rojo el
amarillo y el verde para los clase IV, considerados menos tóxicos. También esta normativa
adopta como agregado los valores establecidos por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de
USA) para los casos de irritación cutánea/dermal, ocular y sensibilización cutánea. Esta
modificación vigente hasta la actualidad, considera dosis más exigentes para determinar las
clases toxicológicas, lo que hace que algunos de los formulados de agrotóxicos hayan cambiado
a una categoría toxicológica más restrictiva. El caso más notorio es el del glifosato, que pasó de
Clase IV (la menor clasificación toxicológica) a Clase III, por la incorporación de la toxicidad
dermal y ocular de la EPA. No obstante, esta nueva clasificación continúa omitiendo la
consideración de los efectos sub-crónicos y crónicos, con lo que se continúa evaluando
erróneamente la toxicidad real de los principios activos y sus formulaciones (SENASA, 2012).
Cabe aclarar también que sobre este tema de la clasificación, hay actuaciones relevantes de
distintos actores de la sociedad, reclamando la vigencia de otros criterios más respetuosos de la
salud y el ambiente. Uno de las más relevantes, es la Resolución N° 147/10 del Defensor del
Pueblo de la Nación (DPN, 2010b) que a partir de la actuación N° 1680/10 y otras varias
mencionadas en la resolución, recomienda al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, que “…impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la
clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos, de manera tal que: 1) Abarque al
conjunto de todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar (letal y subletal, agudo
y crónico). 2) Hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados
que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas, sean
clasificados como "I.a: sumamente peligrosos, muy tóxicos", e identificados con banda roja. 3)
Los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor que puede
corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente. 4) Los
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estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos, deben ser realizados por
entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio” (DPN, 2010). En los
considerandos de esta importante resolución, se deja constancia de las motivaciones del pedido,
surgidas de un fuerte reclamo de ciudadanos y organizaciones sociales, como así también por
las actuaciones, consultas y estudios orientados por la Defensoría, en medios científicos
nacionales e internacionales, que le permitieron afirmar que la metodología de clasificación
basada en la DL50 no tiene en cuenta i) si la sustancia analizada tiene efectos letales tardíos,
postergados en el tiempo; ii) efectos acumulativos después de exposiciones repetidas a lo largo
de varios años, o iii) afectaciones a la salud que disminuyen la calidad de vida” (DPN, 2010).
Siguiendo entonces con este tema es importante hacer referencia a otras formas de clasificar
los plaguicidas que se están impulsando en el mundo. Tal es el caso de los conceptos y principios
sostenidos en el máximo nivel internacional por organismos de las Naciones Unidas y las actuales
discusiones sobre los PAPs “Plaguicidas Altamente Peligrosos” (Highly Hazardous Pesticides-
HHP) como una nueva categoría normativa internacional. Esta nueva categoría surge a partir de
dos acuerdos de las Naciones Unidas: el “Enfoque Estratégico para la Gestión de los Productos
Químicos a Nivel Internacional”, SAICM por sus siglas en inglés (SAICM, 2006) y su conexión con
el “Código de Conducta sobre la Gestión de Plaguicidas” promovido por la FAO (FAO-OMS,
2013). En ambos acuerdos internacionales participan representantes de gobierno, de
instituciones de la ONU, de la industria de plaguicidas y otros grupos de interés público,
identificados como “partes interesadas”, aunque con posiciones diversas y encontradas. Así este
marco estratégico consensuado en Naciones Unidas, y del que forma parte Argentina, consta de
tres textos básicos: la Declaración de Dubái sobre la Gestión Internacional de los Productos
Químicos, la Estrategia de Política General y el Plan de Acción Mundial (Bejarano González,
2017). Si bien el mandato del SAICM expiró en 2020, mucho antes de que alcancen el objetivo
de minimizar los impactos de los productos químicos en la salud y el medio ambiente, a lo largo
de su ciclo de vida, ha sentado principios básicos que han modificado y mejorado las
concepciones existentes sobre la producción y el uso de productos químicos (SAICM, 2020)
La definición de PAP del nuevo Código de Conducta sobre Manejo de Plaguicidas (adoptado por
la FAO y la OMS en 2013) (FAO-OMS, 2013) y de las Guías sobre Plaguicidas Altamente
Peligrosos, adoptadas en 2016 (FAO-OMS, 2016a) es la siguiente: “Plaguicidas altamente
peligrosos significan plaguicidas conocidos por presentar niveles particularmente altos de
peligro agudo o crónico para la salud o el medio ambiente, conforme a los sistemas de
clasificación aceptados a nivel internacional, como los de la OMS o del Sistema Globalmente
Armonizado (SGA/GHS), o por estar incluidos en acuerdos o convenios jurídicamente
vinculantes. En forma adicional, los plaguicidas que aparecen como causantes de daño grave o
irreversible a la salud humana o al medio ambiente, en las condiciones de uso de un país, pueden
ser considerados y tratados como altamente peligrosos.” (FAO-OMS, 2016a)
Esto significa un gran avance respecto a la clasificación vigente, por cuanto permite introducir
nuevos riesgos, además de la letalidad aguda. En forma concomitante la Red Internacional de
Acción en Plaguicidas (PAN), que participa de las deliberaciones de este acuerdo internacional,
ha propuesto una serie de criterios adicionales a los ya contemplados en la normativa, para
definir a los plaguicidas altamente peligrosos: que la toxicidad sea fatal o irreversible si es
inhalado, si es un perturbador endócrino, que sea muy bioacumulable, muy persistente en agua,
en suelo y sedimentos, muy tóxico en organismos acuáticos y muy tóxico en abejas. Habiendo
sido recomendado en el marco de los acuerdos sobre PAP, la confección de una lista con los
plaguicidas involucrados, PAN ha elaborado una lista internacional que se actualiza
periódicamente (PAN, 2017).
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En un trabajo reciente Souza Cazadinho (2019) ha revisado la situación de 433 productos
aprobados para su uso a esa fecha en Argentina, respecto a esta nueva escala clasificatoria.
Obtuvo como conclusión que 126 (29%) están incluidos en la lista PAN. Analizando esta lista de
los 299 compuestos allí incluidos, 126 (42%) se comercializan en Argentina. De estos productos
123 se utilizan en actividades agrarias intensivas y extensivas, también como domisanitarios,
jardín y campañas sanitarias. Estos productos se expenden bajo diferentes nombres comerciales
en los cuales varía la concentración del ingrediente activo, la forma de presentación y la empresa
fabricante. De estos 123 PAPs comercializados en Argentina 52 (41,4%) son insecticidas o
acaricidas, 10 (8,1%) solo se usan como acaricidas, 27 (21,9%) se utilizan como herbicidas, 20
(16,2%) como fungicidas, 5 (4%) como biocidas, 2 (1,6%) como reguladores de crecimiento de
vegetales, 2 (1,6 %) como nematicidas, 3 (2,4%) como rodenticidas y 3 (2,4%) como cura
semillas. Los tres restantes para completar los 126 mencionados anteriormente poseen uso
industrial (Souza Cazadinho, 2019).
6.5. La gestión de agroquímicos en Argentina
Los problemas y la ineficacia del sistema de gestión de agroquímicos que se aplica en el país,
como ya hemos puntualizado en ítems anteriores, no son nuevos aunque si recurrentes.
Diversas acciones han querido aportar soluciones sin haberlo logrado. Un ejemplo fue la
creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), mediante el
Decreto presidencial 21/2009, que tenía el objetivo “investigar, prevenir, y brindar asistencia y
tratamiento a las personas expuestas al uso de productos químicos y sustancias agroquímicas y
con el propósito de promover la salud pública y la integridad del ambiente en todo el territorio
nacional”. Las soluciones o aportes provenientes del accionar de esta Comisión, han sido
prácticamente inexistentes, y quedaría discontinuada, sin haber presentado una organización
institucional, ni contar con una afectación presupuestaria (AGN, 2016). Más recientemente
como se ha mencionado anteriormente, se ha conformado auspiciosamente la Red de Seguridad
Alimentaria del CONICET (RSA-CONICET, 2021), que puede contribuir significativamente en este
tema. Hay autores que proponen la creación de una entidad federal independiente para la
gestión de agroquímicos, que equilibre las tensiones entre salud, ambiente y producción como
ocurrió en Estados Unidos (Jäger, 2016).
Cabe agregar que, en el marco de ineficiencia regulatoria, no hay una Ley de Agroquímicos a
nivel nacional y existe un poco armonizado abanico de legislaciones provinciales, municipales y
comunales que regulan sobre este tema. Recientemente, creado por Resolución Conjunta No.
1/2018 de los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable el “Grupo de
Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios”
emitió un informe final sobre los objetivos que lo reunió: “a) Elaborar los principios que deben
regir las políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias, sobre las aplicaciones de
fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, con especial atención sobre las aplicaciones en
zonas de amortiguamiento o “buffer” adyacentes a áreas que requieren especial protección. b)
Formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas de
aplicación de fitosanitarios. c) Formular recomendaciones sobre cómo fortalecer los sistemas de
control y monitoreo de las actividades de aplicación de fitosanitarios” (GTI, 2018).
Lo que sí es importante resaltar es que se trata de una muy prolongada postergación de las
soluciones requeridas y demandadas. Las tensiones que existen a nivel de la sociedad entre las
necesidades de preservación de derechos humanos, derechos a la salud, a la alimentación, y del
ambiente, encontrados con la necesidad de producir bienes y recursos económicos vitales para
el país, no parecen estar reflejadas en los niveles de decisión más altos. O más bien parecen
estar resueltas en esos niveles en forma sesgada en favor de la producción. Por ello la larga
historia de reclamos desatendidos que caracteriza esta situación del país. Hay demandas
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recurrentes al Poder Judicial y en otras esferas gubernamentales reclamando por los cambi