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La eficiencia en el sistema penal español: con especial referencia al modelo de conformidades

Authors:

Abstract and Figures

El presente trabajo, describe el modo en que algunas lógicas eficientistas se han posicionado en el sistema penal español. Con este objetivo, se ha realizado una revisión sistemática de la literatura político- criminal sobre la materia. Asimismo se han examinado las Circulares de la Fiscalía General del Estado, diversos informes sobre la Nueva Oficina Judicial (NOJ), estadísticas judiciales y los anteproyectos de códigos procesales penales (2011, 2013 y 2020), entre otras informaciones atinentes. De este modo determinamos tres ámbitos para observar este fenómeno: 1) en la literatura político-criminal respectiva; 2) en el intento de implementar un “gerencialismo orgánico” manifestado en la denominada Nueva Oficina Judicial; y 3) en el sistema de justicia negociada en España, especialmente en las conformidades. Concluimos que: a) A pesar de los escasos estudios sobre el gerencial/eficientismo en España, su penetración es indudable. Ciertamente de manera diferente a otros contextos (angloamericano y latinoamericano); b) La consolidación de un modelo eficientista de rasgos aceleracionistas de la justicia criminal se configura no solo debido a factores jurídicos, sino también a elementos socio-económicos, tecnológicos, y criminológicos; c) Su principal manifestación se observa en los procedimientos rápidos y en el modelo de conformidades (modo de terminar el litigio en el 70 % de las causas ordinarias y en el 90 % de los juicios rápidos); d) Los intentos de transformar toda la dimensión organizacional de la justicia penal no se han concretado.
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2061
La eciencia en el sistema penal español: con
especial referencia al modelo de conformidades
Eciency in the Spanish penal system: with special
reference to the plea bargaining model
Claudio González Guarda1
Universidad de Chile - Santiago, Chile
claudiogonzalez@iap.uchile.cl
https://orcid.org/0000-0002-1561-4641
Resumen: El presente trabajo, describe el modo en que algunas lógicas

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1 Doctor en Derecho y Ciencias Sociales con mención en Derecho penal y Política
criminal, de la Universidad de Málaga, España. Director del Centro de Estudios
en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la
Universidad de Chile.
2062 
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: The present work describes the way in which some ecient logics
have been posioned in the Spanish penal system. With this objecve, a
systemac review of the polical-criminal literature on the maer has been
carried out. Likewise, the instrucons of the Aorney General’s Oce,
various reports on the New Judicial Oce (NOJ), judicial stascs and
preliminary dra of criminal procedure codes (2011, 2012 and 2020),
among other pernent informaon, have been examined. In this way we
determine three areas to observe this phenomenon. 1) In the respecve
polical-criminal literature; 2) In the aempt to implement an “organic
managerialism” manifested in the so-called New Judicial Oce; and 3) In the
jusce system negoated in Spain, especially in the plea bargaining model.
We conclude that: a) Despite the few studies on management / eciency in
Spain, its penetraon is undoubted. Certainly dierent from other contexts
(Anglo-American and Lan-American); b) The consolidaon of an ecient
model of acceleraonist features of criminal jusce is congured not only by
legal factors, but also by socio-economic, technological and criminological
elements; c) Its main manifestaon is observed in the rapid procedures
and in the plea bargaining model (way of ending the ligaon in 70% of
ordinary cases and in 90% of rapid trials); d) The aempts to transform the
enre organizaonal dimension of criminal jusce have not materialized.
K
eywoRds
: Criminal jusce system; eciency; managerialism; plea bargaining
model; fast-tracks trials.
IntroduccIón
Aunque hay que tomar con cuidado la diferenciación entre
modelos de justicia penal adversariales e inquisitivos (Langer, 2014;
Armenta, 2015), se suele asociar el “eficientismo y gerencialismo”2
2 Aunque no son lo mismo, en este artículo utilizamos gerencial y eficientis-
mo como términos similares, pues ambos conceptos, finalmente apuntan a
2063
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
como un rasgo propio de los sistemas acusatorios o adversariales, y por
tanto, con menor presencia en modelos con rémoras inquisitivas
3
. Si
seguimos esta hipótesis, no serían extrapolables a España las experiencias
ocurridas en modelos marcadamente pragmáticos, como los anglosajones
(especialmente estadounidense), ni lo sucedido en las reformas procesales
penales latinoamericanas de los últimos treinta años, acentuadamente
adversariales. Desde nuestro punto de vista, basado en los argumentos
que se expondrán en este artículo, esta hipótesis es errónea.4
Lo cierto es que en España el debate político-criminal está muy
fragmentado, encontrando posturas que abogan por la incorporación de
más eficiencia, mediante la construcción de un cuerpo gerencial en la
justicia penal (Díez-Ripollés, 2012), hasta visiones críticas, que sostienen
con preocupación, que algunas lógicas gerencial-eficientistas o actuariales,
ya habrían sido internalizadas al sistema penal (Faraldo, 2008; Del Rosal
Blasco, 2009b), otras miradas, si bien parten desde un marco crítico abogan
lo mismo, es decir, a dirigir la organización hacia criterios “resultadistas”,
relegando otros criterios valorativos y cualitativos.
3 Una de las principales rémoras inquisitivas del modelo español es la presen-
cia de la “instrucción judicial” (Gascón, 2009), lo que implica la falta de au-
tonomía del Ministerio Fiscal (Ministerio Público), tanto en términos orgá-
nicos, como para investigar y ejercer la acción penal pública. De hecho, en
todos los anteproyectos de los últimos 15 años se reconoce esto, proponiendo
separar la actividad investigadora del órgano judicial de la de enjuiciamiento,
eliminado los juzgados de instrucción o convirtiéndolos en juzgados de ga-
rantías. Otro país del entorno europeo que mantiene Juez Instructor es Fran-
cia, aunque desde el 2010 ha realizado diversas reformas, reforzando el rol de
la Fiscalía.. Hitos relevantes han sido el Informe Léger (Villegas, 2010), y la
Ley de Programación y Reforma de la Justicia 2018-2022.
4 Reformas gerenciales (New Public Management) son aquellas transformacio-
nes del sistema público (justicia, salud o educación por ejemplo), que desde
los años ochenta del siglo pasado, fomentan la instalación de un conjunto de
herramientas provenientes de la gestión empresarial. Se denominan “geren-
ciales” pues derivan de una línea de políticas públicas denominada “Nueva
gestión o Gerencia pública”. Entre otros objetivos pretende: achicar y libe-
ralizar el Estado, incorporar indicadores para controlar la gestión, enfocar
la organización hacia los resultados concretos, aligerar la burocracia estatal,
propiciar el ingreso de nuevos sujetos provenientes del ámbito de la ingenie-
ría y de las ciencias económicas, uso de la planificación estratégica, estanda-
rización y protocolización de los sistemas, uso intenso de las TICs (González,
2018 y 2020).
2064 
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por la racionalización del gerencialismo (Brandariz, 2016). Realmente, a
primera vista es complejo encontrar estos rasgos en el “sistema de justicia
penal”, con excepción del modelo de conformidades, tal como lo veremos
más adelante. Sin embargo, sí serían más notorias estas características
en las reformas de la gestión del ámbito policial, en la criminalización de
migrantes (Fernández y Brandariz, 2016), en el sistema penal juvenil, y
en el sistema de prisiones, especialmente en el sistema de tabulación de
riesgos (Rivera Beiras, 2015; Vila, 2013).
A lo anterior hay que agregar que la denominada “cuestión o
crisis permanente procesal penal española” adiciona complejidad para
analizar este asunto (Gascón, 2009; Gómez-Colomer, 2012;
5
Fraga, 2018).
La falta de un auténtico procedimiento acusatorio y la necesaria reforma a
la dimensión organizacional del sistema de justicia penal ciertamente nos
priva de un buen contexto para encuadrar los análisis respectivos. De todas
maneras, en lo normativo sí han existido intentos de transformación, como
los fallidos proyectos de nuevo código procesal penal de los años 2011
y año 2013, así como el actual Anteproyecto del 20206. En el caso de las
reformas organizacionales, si bien no ha existido un proyecto sistemático,
sí se intentó poner en movimiento la denominada Nueva Oficina Judicial
(NOJ) a la cual haremos referencia en párrafos más adelante.
Dada la naturaleza exploratoria de este trabajo, y para describir
de mejor manera este proceso de gerencialización/eficientización, hemos
seleccionado 3 rasgos o ámbitos que demostrarían la existencia de este
fenómeno. Estos elementos son: 1) El rol de la literatura político-criminal
en la descripción de este nuevo campo; 2) El intento de “gerencialismo
5 Este autor (Gómez Colomer, 2012: 21) propone para afrontar la crisis de la
justicia española tres líneas de cambio: reformas orgánicas, reformas proce-
dimentales, reformas a instituciones claves del proceso. Así como separar
drásticamente el procedimiento de los asuntos complejos de aquellos de más
fácil tramitación
6 En noviembre del 2020, el gobierno español presentó un nuevo proyecto
para modificar la Ley de enjuiciamiento criminal (LECRIM), y avanzar hacia
la instalación de un Código Procesal Penal de rasgos auténticamente acusa-
torios. Asimismo, se impulsa la creación de los Fiscales Constitucionales al
objeto de adecuar la legislación española a las normas de la Unión Europea.
Ver en: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enla-
ces/241120-enlacejusticia.aspx

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orgánico”
7
, concretizado en la denominada “Nueva Oficina Judicial”;
3) La consolidación del modelo de juicios rápidos y conformidades.
En la parte final presentaremos una serie de conclusiones que podrían
resumirse en que, a pesar de que no se le ha dado la relevancia requerida
al fenómeno del eficientismo/gerencialismo en el sistema penal español,
su penetración es indudable8.
1) Las dIversas p osIcIones en La LIteratura poLítIco-crImInaL
Para la literatura penal, criminológica y político criminal española
(al igual que la latinoamericana por cierto), el gerencialismo, el eficientismo
y el actuarialismo no son objetos usualmente observados; sin embargo,
cuando se les considera se toma como referencia la literatura especialmente
crítica realizada en el contexto angloamericano. Las referencias teóricas son
explícitas en esta materia, especialmente la proveniente de la denominada
teoría del riesgo (por ejemplo: Loader y Sparks, 2007; O’Malley, 2006;
Garland, 2003 y 2005) y la específica que describe la filosofía actuarial
(por ejemplo, Harcourt, 2007 y 2013). De este modo, se suele utilizar
como marco teórico lo pregonado por la “nueva penología” y los estudios
que sobre el gerencialismo y el actuarialismo comenzaron a fines de los
80 con Malcolm Feeley y Jonathan Simon (1988; 1992; 1994 y 2003).
Estos estudios fueron realizados para el contexto estadounidense; sin
embargo, con posterioridad han sido extrapolados a otras realidades
político criminales, como a la propia España, como veremos a continuación.
7 El “gerencialismo orgánico” opera en oposición a la emergencia de un tipo de
“gerencialismo inorgánico”, que aflora desde las propias prácticas, rutinas, y
actividades de los sujetos del sistema penal. Ejemplos de este tipo son todas
las actividades de corte “auto-organizativos” que surgen en los sistemas pe-
nales, sin necesidad de protocolos, normas o reglamentos micro-organizacio-
nales (González, 2018).
8 Ciertamente pueden existir otros ámbitos del sistema penal donde sería po-
sible ver la penetración de estas lógicas gerenciales/eficientistas y actuaria-
les, en especial las reformas en el ámbito policial (Domínguez y Rodríguez,
2003), donde se han incorporado una lógica de la Nueva Gestión Pública,
como los sistemas de indicadores, metas, o incluso normas ISO (9000). Sin
embargo, ese ámbito debe quedar fuera de este análisis pues requeriría una
atención especializada para valorar su real impacto en las prácticas policiales.
2066 
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Para algunos autores, como Del Rosal Blasco (2009a: 35-41), la
manifestación de este fenómeno en España es observable en la imbricación
entre el actuarialismo penal, entendido como una nueva lógica penal que se
centra más en los grupos que en los sujetos, y el gerencialismo, que es una
línea de política pública específica derivada del New Public Management9.
Por su parte Rivera Beiras (2015:136), desde una perspectiva crítica, refiere
que las lógicas gerenciales (eficientismo) se internalizan en el sistema
español por vía indirecta, mediante una forma de entender actuarialmente
el sistema penal. Para este autor no hay duda de que este “paradigma
actuarial” ya ha penetrado en el contexto hispano, especialmente en el
sistema penal juvenil y en el penitenciario de adultos. Esto se reflejaría,
en la forma en que es gestionado el concepto de “riesgo”, específicamente
en la denominada “estandarización” de los tratamientos y en el uso de las
escalas predictivas al interior del sistema carcelario. Así, la incorporación
del actuarialismo (gerencialismo) se insertaría dentro de un proceso
punitivo más general, que no es otro que la intensificación del tránsito
desde un derecho penal de hecho a uno de autor. Su crítica es enfática “…esa
importación de modelos foráneos y extraños a la tradición constitucional
en la que se inserta España, pese a haber sido resistida en ocasiones por
sus propios aplicadores de base y otros operadores del sistema penal, ha
penetrado fuertemente en el mismo” (Rivera Beiras, 2015).
Otros autores (Silva Sánchez, 2006, por ejemplo) también se han
referido someramente al fenómeno del gerencialismo y al actuarialismo,
pero especialmente a la eficiencia (Ortiz de Urbina, 2004, Ortiz de Urbina
2003
10
). A pesar de las dificultades para conceptualizarla se entiende
9 Para Del Rosal Blasco (2009a), ejemplos de esta situación serían la Ley de
violencia de género del año 2004 y en ciertos delitos relativos a la seguridad
vial. En ambos casos, el argumento sería más o menos similar: el Estado pe-
naliza a un grupo de sujetos por pertenecer a cierto colectivo específico.
10 Este autor más que en el “gerencialismo” ha incursionado en el Análisis eco-
nómico del derecho (AED) y en el actuarialismo. Este último concepto deri-
varía de la forma en que actúan las compañías de seguros cuando proceden
a clasificar a sus asegurados en diferentes grupos según la probabilidad de
riesgo que se les asigne. Así, el proceso de elaboración de categorías continúa
hasta el momento en que los costes de elaboración de una nueva categoría
superan los beneficios que se espera obtener con ella (Ortiz de Urbina, 2003:
49). Si bien el desarrollo del actuarialismo tiene un origen anglosajón, un fe-
nómeno aproximado (pero no similar) habría ocurrido en la tradición penal
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que se actúa eficientemente cuando (a) con los medios de los que se
dispone se satisface la máxima cantidad de fines, o alternativamente,
cuando (b) se obtiene un o unos fines con el menor costo posible; en
esta ocasión, se tasan los fines y se minimizan los medios precisos para
conseguirlos (Ortiz de Urbina, 2004: 44). En el caso de Silva-Sánchez
(2006: 74), se aproxima al gerencialismo (aunque no lo conceptualiza)11
ya que lo considera como uno de los factores “colaterales” que incidiría
en la “expansión del Derecho penal” contemporáneo12. El gerencialismo
sería así un “modo ejecutivo” de gestionar el sistema penal, lo que se
vería favorecido por la idea de que las actuales cuestiones de eficacia
de la seguridad pública son mejor comprendidas como un “asunto de
gestión penal”. Las críticas de Silva Sánchez (2006) se centran sobre todo
en la “justicia negociada” y en instituciones como “las conformidades”,
argumentando que su implementación sin resguardos abre el camino
a la mera informalidad en la solución de las contingencias (colapso de
los tribunales y urgencias político-criminales). Para Silva Sánchez, el
Derecho penal quedaría reducido así a una “facticidad administrativo-
ejecutiva”. Esta tesis, aunque postulada desde el derecho penal sustantivo,
podría aproximarse a la idea de “administrativización del sistema penal”
(Langer, 2019).
Como es observable, la perspectiva con la que Silva Sánchez
(2006) aborda este punto es de carácter sistémica, referida a fuerzas
continental europea a través de la doctrina alemana del Derecho penal orien-
tado a la eficacia/eficiencia (orientado a las consecuencias), especialmente
mediante los trabajos de la Escuela de Frankfurt (Ortiz de Urbina, 2003: 51).
11 Efectivamente el autor no ofrece un concepto, al menos operativo, de lo que
él entiende por gerencialismo, ni tampoco utiliza la literatura que en ese mo-
mento existía en el contexto anglosajón sobre New Public Management. Sin
embargo, hace suyas las inquietudes que sobre este asunto que ya habrían
indicado genéricamente Hassemer y Muñoz Conde (1989).
12 La reconocida tesis de este autor en esencia indica que existe una innegable
tendencia en la legislación penal actual hacia una ampliación (expansión) de
los tipos penales y una agravación de los ya existentes, así como una reinter-
pretación de las garantías clásicas del derecho penal sustantivo y del proce-
sal penal, creando nuevos bienes jurídico-penales, ampliando los espacios de
riesgo jurídico-penalmente relevantes, flexibilizando las reglas de imputación
y relativizando los principios político-criminales de garantía (Silva Sánchez,
2006:4-5).
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generales que transforman el sistema penal. Sin embargo, en otro trabajo
(Silva Sánchez, 1996), enfocado esta vez en la eficiencia y el Derecho
penal, el autor aborda la eficiencia más bien como un “asunto personal”,
es decir, los cálculos que el sujeto hace entre su “posible” trasgresión y
la reacción del sistema penal
13
. Esta distinción es relevante, pues muchas
de las aproximaciones a la eficiencia penal se hacen desde los análisis
económicos del derecho (AED), es decir, con un marcado acento en
la eficiencia personal, y no tanto sistémica u organizacional (Ortiz
de Urbina, 2004). A pesar de lo relevante que resulta comprender la
eficiencia personal, será finalmente la “eficiencia penal sistémica” la que
nos hará entender a la eficiencia inserta en la organización (la eficiencia
organizacional) “justicia penal”.
Otra perspectiva, que podríamos denominar “realista”, pone de
relieve la necesidad de instalar un nuevo modelo organizacional en el
sistema de justicia penal español (Díez-Ripollés, 2012) o racionalizar
el gerencialismo (Brandariz, 2016). Esta visión aboga por una “visión
optimista” del gerencialismo, es más, sugiere su instalación como una
manera de modernizar el sistema de enjuiciamiento español, alejándolo
de las tentaciones de manipulación por la clase política, en otras palabras,
impulsa una especie de independencia judicial vía gerencial. Pero para
Díez-Ripollés las ventajas no solo serían político-judiciales, sino también
técnicas, debido a que la conveniente creación de un “cuerpo gerencial”
no judicial (realmente no jurídico, pues puede ser organizacional pero
judicial) especializaría el manejo de las funciones administrativas, y de
otras actividades ligadas a la gestión de salas de gobierno, presidencias,
decanatos de juntas de jueces. En el fondo, se construiría un cuerpo
13 Aunque existen muchas formas de comprender la elección racional, un modo
simple es entender que esos cálculos que hace el sujeto son racionales, en
el sentido que intentan ampliar al máximo su bienestar dentro de las limi-
taciones en que se mueven; limitaciones de información, capacidad de toma
de decisiones, conflicto con otros valores, etc. Esa racionalidad les lleva a
responder de forma diferente en función de los estímulos, o incentivos, pre-
sentes en cada caso. Y esos incentivos pueden ser modificados por la política
jurídica. De modo que los individuos cometen actos ilícitos…los cometen por-
que los beneficios que obtienen de su comisión son mayores que los costes,
siendo beneficios y costes magnitudes de la más diversa índole (monetaria o
no) (Pastor, 1989:169).
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gerencial que desarrollaría las imprescindibles buenas prácticas de un
servicio público como es la administración de justicia y que requiere
urgente modernización (Díez-Ripollés, 2012: 52).
Lo cierto es que la tendencia “realista” va en línea con lo que autores
de otros contextos han asumido sobre esta materia. Por ejemplo, Freiberg
(2005), en Australia, plantea limitar la influencia del “managerialism, pero
al mismo tiempo reclama la necesidad de fortalecer la gestión moderna
del sistema de justicia penal y mejorar sus servicios, es decir, más y
mejor gestión judicial. El atemperamiento de las críticas al “gerencialismo
penal” finalmente lo que hace es reconocer al sistema penal como un
modelo de prestación de servicios, que, por tanto, debe ser eficiente y
de calidad. Ciertamente sería absurdo pensar en crear una organización
para que sea ineficiente. El problema pareciera ser que la literatura no
tiene claro qué significa realmente “eficiencia ni calidad” de la justicia
penal, y se hacen aproximaciones, o muy teóricas (maximalistas) o muy
cuantitativas (reduccionistas), y de esa raíz seguramente nacen muchos de
los posicionamientos contradictorios (González, 2018). Probablemente,
por estas incertezas es por lo que autores como Brandariz (2016) indican
que el gerencialismo penal es un paradigma internacional que configura
las políticas del castigo contemporáneas, escapando así a simples lógicas
locales. Este autor argumenta que parte del atraso de su estudio en España
se ligaría, entre otras razones, a la desactualización española del modelo
acusatorio, y, probablemente, a la larga sombra de la justicia franquista.
Este rasgo sería clave en la permanencia de un modelo de fuerte raigambre
inquisitiva y con “injertos” de corte adversarial.
En síntesis, para bastante literatura político-criminal parece
evidente que el gerencial/eficientismo sí se está posicionando en el sistema
de justicia penal español, pero probablemente de un modo diferente
a lo que ocurre en otros contextos14. Trabajos como los de Brandariz,
14 Una de las razones para esta diferencia tiene que ver con la resistencia cul-
tural (veto cultural) a los modelos de justicia penal provenientes de otros
contextos, especialmente anglosajones. Por ello, si bien se aceptan ciertas
instituciones “acusatorias”, estas son fuertemente restringidas, por ejemplo,
“el principio de oportunidad reglado”, la misma situación se produciría en el
Sistema de Justicia Penal francés (Carvajal, 2010). Sin embargo, otros autores
afirman que la “americanización” del modelo español ya es un hecho (Fe-
rré, 2018).
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Rivera Beiras, Fernández, Silva Sánchez o Del Rosal darían cuenta de
una tendencia gerencial “negativa” en el campo judicial y penitenciario,
especialmente en la configuración de un modelo actuarial para la medición,
predicción y valoración del riesgo penal (Vila, 2013; Martínez, 2014; Pueyo
y Redondo, 2007); similares lógicas gerenciales habrían sido incorporadas
en el ámbito policial (Domínguez y Rodríguez, 2003) o en la denominada
crimigración (Fernández y Brandariz, 2016). Por otra parte, trabajos como
los de Díez-Ripollés (2012) o de modo aproximado el de Brandariz (2016),
optarían por una visión realista de esta tensión entre eficiencia y justicia
criminal, posición especialmente fundada en la indudable naturaleza de
servicio público de la administración de justicia penal. En todo caso, lo
cierto es que la escasez de investigaciones en esta área son el principal
inconveniente para profundizar en los análisis de este tipo.
2) eL Intento de ungerencIaLIsmo orgánIcoen La justIcIa
penaL españoLa : La nueva ofIcIna judIcIaL (noj).
Tradicionalmente se ha criticado la dimensión organizacional del
sistema de justicia español, debido a que no ha estructurado un modelo
coherente y moderno de administración de justicia (Pastor, 2003). Sin
embargo, a partir del diagnóstico hecho en el “Libro Blanco” de la justicia
de España, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
en 1997 y del Pacto de Estado para la reforma de la justicia del año 2001,
esta situación se ha intentado remediar.15
Algunas de las críticas usuales al sistema son no constituir una
justicia eficiente, ágil y oportuna. Así, la Oficina Judicial que ha regido en
España se ha caracterizado por los siguientes rasgos negativos: 1. Dispersión,
existiendo tantas oficinas judiciales como órganos unipersonales
y colegiados, lo que impide la utilización de economías de escala y
alcance; 2. Infrautilización de capacidades y aptitudes profesionales de
los secretarios judiciales (ahora letrados de la administración de justicia);
3. Indefinición de funciones y de carrera profesional de los diferentes
cuerpos al servicio de la administración de justicia; 4. Inexistencia de
15 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_pan_ane-
xo_25_sp.pdf. Acceso en 16 mayo 2021.
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métodos de trabajo racionales y homogéneos; 5. Inmuebles dispersos y
espacios utilizados indebidamente; 6. Desarrollo de tecnologías en cada
una de las administraciones responsables con problemas de compatibilidad
e infrautilización de las mismas; 7. Inexistencia de control eficiente e
inexistencia de accountability; 8. Capacidad productiva condicionada a
la capacidad resolutiva de jueces y magistrados (Boletín de Información
año LXIV, Ministerio del Interior, 2010)16.
Los intentos de reforma han sido acompañados por una nutrida
batería normativa, comenzando con la modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del año 2003 (vigente desde enero de 2004), seguida en el
año 2005 por el reglamento orgánico del cuerpo de secretarios judiciales
y en el año 2007 se crea la comisión de implantación de la Nueva Oficina
Judicial (NOJ) encargada de poner en marcha estas reformas a través de
diversos grupos técnicos desplegados en el territorio. Otro hito relevante,
es la presentación por parte del Ministerio de Justicia en el año 2009 del
“Plan estratégico de modernización del sistema justicia 2009-2012”
17
,
donde se reimpulsaba este proceso de reingeniería del sistema de justicia
español. Todo lo anterior se consolidó a través del Plan de Acción 2012-
2015 de la Secretaría General de la Administración de Justicia
En términos generales la NOJ pretendía crear dos secciones o
ámbitos de trabajo, por una parte, las Unidades procesales de apoyo
directo (UPAD) y, por otro lado, los denominados Servicios comunes
procesales (SCP). Las primeras tendrían por objeto dar apoyo inmediato
a las funciones judiciales más cercanas a los niveles de toma de decisiones
netamente jurisdiccionales. Las segundas deberían desembocar en las
llamadas “macroficinas judiciales”, encargadas de una serie de actuaciones,
16 Sin perjuicio de lo anterior, se puede observar información actualizada sobre
estas temáticas en: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadis-
tica-Judicial/Estadistica-por-temas/Estructura-judicial-y-recursos-huma-
nos--en-la-administracion-de-justicia. /
17 El uso de un Plan Estratégico en el sector Justicia es en sí mismo un giro orga-
nizacional. Las planificaciones de este tipo son usuales en el ámbito privado,
y han calado en los últimos años en distintos sectores públicos. En Iberoamé-
rica las Cumbres Judiciales (Latinoamérica más España y Portugal) han pro-
piciado la creación de un modelo estandarizado de Planificación Estratégica
para las entidades del sector judicial. Más información en: http://www.cum-
brejudicial.org/web/guest/antecedentes.
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no necesariamente jurisdiccionales, tales como notificaciones, embargos,
citaciones, etc. (Martínez, 2010; Rayón, 2007).
Tradicionalmente el enfoque de la transformación de la gestión
ha estado centrado en el “atraso judicial”
18
. De hecho, el Consejo de
Europa sugería desde hace bastante tiempo “sacar del sistema todos los
elementos no estrictamente judiciales”. Lo cierto es que, a pesar de lo
relevante que es combatir el “atraso judicial”, esta visión no basta, pues
no observa sistémicamente la gestión judicial. A este modo incompleto de
ver los cambios organizacionales, le basta, con la incorporación de nuevas
herramientas informáticas (TICS), y lo vemos plasmado en proyectos
como la Agenda Digital 2000 y el plan plurianual 2014-2018, relativo
a la justicia en red europea19 o también denominado proyecto E-Justice
(Garrido et al, 2015)20.
Dentro de los elementos más destacables de este proceso
organizacional de la justicia española podemos resumir los
siguientes puntos21:
1. En un proceso de casi 15 años, desde los primeros acuerdos
políticos para la transformación de la justicia (2002/2003), una cantidad no
desdeñable de regulaciones se han dictado sobre la materia. Sin embargo,
esto no se ha visto reflejado en la práctica, al menos de la manera que
18 Alusión indirecta al fenómeno de la masificación de casos del sistema penal.
19 Si bien no existe una norma vinculante ni un tratado marco para los países
que componen la Unión Europea, sí existen una serie de recomendaciones en
el campo de la gestión judicial que normalmente son asumidas por los distin-
tos países y seguidas con ciertos matices por cada uno de ellos. Un organis-
mo con una alta influencia en estas políticas es el European Commission for
the Efficency of Justice (CEPEJ) http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/
cepej/default_en.asp.
20 En España el proyecto informático más relevante es LEXNET que busca la
interconexión entre todas los servicios judiciales y la digitalización completa
y el abandono del expediente como “centro del proceso”, el cual se ha ini-
ciado el año 2016 y se espera que esté finalizado dentro de un período corto
de tiempo.
21 Alguna de estas informaciones ha sido recabada de un trabajo exploratorio
o sondeo en el sistema de justicia penal español, cuyo objeto era desarrollar
una etnografía judicial más concreta en el año 2020, la cual no se consumó
debido a la emergencia sanitaria, pero que se espera retomar en el futuro. De
este modo se ha conversado con diversos operadores del sistema de justicia
penal español, quienes han indicado algunos de estos antecedentes.
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se esperaba. Algunos factores que han entorpecido esto son: a) La crisis
económica del año 2008 en adelante y las restricciones presupuestarias
respectivas; b) La falta de consenso político, lo cual se refleja en que
aún no hay un nuevo Código de enjuiciamiento criminal; c) La falta de
adecuación de las infraestructuras (macro-oficinas judiciales); d) Las
resistencias organizacionales propias de cualquier reforma de este estilo
y que ocurren en cualquier realidad político-criminal, materializadas
en el corporativismo judicial y en el recelo de gremios funcionariales a
perder cuotas de poder; e) Aunque es discutible, la negativa influencia
de la estructura de “autonomías regionales” que impiden la unificación
de criterios e iniciativas transformadoras en las reformas judiciales.22
2. La reforma en términos prácticos se ha enfocado más que un
cambio del modelo cultural de organización de la justicia o una reforma
gerencial propiamente tal, en una modificación del funcionamiento de
los despachos judiciales. Así, bajo la hipótesis de que existían recursos
ociosos (especialmente de personal administrativo) en el sistema de
justicia, se ha intentado maximizar el provecho de ellos a través de un
proceso de “limpieza de la burocracia de los procedimientos”. Sin embargo,
no se ha contratado personal nuevo, ni se ha apostado explícitamente
por una nueva planta de funcionarios de menor edad o con formación
en ciencias económicas, industriales o de gestión, lo cual le imprimiría
evidentemente un sello y estilo realmente gerencial.23
Lo cierto es que el pretendido proceso de transformación no ha
cambiado considerablemente la conformación de equipos de trabajo en
22 Los planes pilotos de la Nueva Oficina Judicial esencialmente se han puesto en
marcha en algunos tribunales de algunas comunidades autónomas del norte de
España, especialmente la ciudad de Burgos y el País Vasco; también es relevan-
te destacar que algunas comunidades tienen la competencia de justicia transfe-
rida (Galicia, Andalucía, País Vasco y Cataluña) lo cual dificulta la uniformidad
en esos procesos y depende mucho de los recursos propios que tenga la propia
comunidad autónoma y en definitiva de un tema de iniciativa política.
23 No se han incorporado de manera masiva e intensa dos elementos claves para
cualquier transformación gerencial. Uno, ciertamente, el reclutamiento de
profesionales del campo de la economía, administración de empresas, inge-
niería o políticas públicas. Y otro, la incorporación de herramientas de con-
trol de la gestión (cuadro de mando integral por ejemplo), sino ocurre esto,
se corre el riesgo de confundir una gestión “contable” del sistema con una
gestión organizacional más compleja.
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los tribunales. Sin perjuicio de lo anterior, se ha pasado de macro equipos
de trabajo en los juzgados de instrucción a un formato más comprimido.
Hoy existen, aunque no en términos totalmente estandarizados una
configuración diferente de cada tribunal penal, constituido por un
Juez Instructor, independiente jurisdiccionalmente y orgánicamente
dependiente del Consejo General del Poder Judicial; un Juez Letrado (se
trata de un juez letrado de la administración de la justicia que no es juez)
que en los hechos es un “coordinador organizacional” (dependiente del
Ministerio de justicia), cinco funcionarios tramitadores, tres gestores y dos
funcionarios o auxiliares judiciales (todos dependientes de la comunidad
autónoma respectiva). En otras palabras, un formato más estrecho y
operativo, esto estaría conformado por un juez letrado, dos gestores y
dos tramitadores, el recurso humano no utilizado ha sido reenviado a la
macro-oficina citada anteriormente.
3. Como hemos indicado, esta reforma apuntaba a todos los
ámbitos en la justicia. Ahora bien, en el campo estrictamente penal,
para que exista armonización entre lo organizacional y lo normativo,
sería esencial que exista una modificación del modelo de enjuiciamiento
propiamente tal. Es decir, pasar de un sistema que mezcla lo inquisitivo
y lo acusatorio, a un modelo acusatorio depurado. Esto, aunque sea un
cambio legal, permitiría organizar de mejor modo los procesos de trabajo
propios de la cultura del management court.
4. Dentro de los factores positivos que favorecen una reforma
organizacional en la justicia española (un giro gerencial), está el hecho de
ser uno de los países occidentales con menor conflictividad, así, un bajo
volumen de delitos puede ser razonablemente absorbido y gestionado por
su sistema de justicia24. Lo anterior, marca una diferencia notable con lo
que sucede en la mayoría de los países latinoamericanos, especialmente
24 En general, muchos informes indican que las cifras delictuales en España no
son elevadas, esto ocurre tanto si lo comparamos en el contexto europeo, y
mucho más si lo comparamos en el ámbito occidental (García, 2019: 102-
103). En todo caso una disminución de los asuntos tramitados por el sistema
y en paralelo con una mejora en las capacidades organizacionales del sistema
no necesariamente se reflejaran en una mejora de la performance jurisdiccio-
nal. Como se verá más adelante en la propia España a pesar de una disminu-
ción en la sobrecarga de trabajo del sistema penal, esto no ha trasmitido hacia
la calidad del sistema.
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cuando tratamos de comprender las reformas gerenciales dentro de un
contexto de “masificación de casos”.
Por ello, cuando se hable de “la cuestión procesal-penal española”,
muchos de los dardos apuntan más bien a la existencia de atrasos judiciales
significativos, comparativamente evaluados con otros países de su entorno,
así lo han determinado los informes del Centro Europeo por la Eficiencia
en la Justicia (CEPEJ) (Alonso Cuevillas, 2015). Otros sin embargo,
afirman que no existiría una diferencia significativa en términos de
atrasos e indicadores judiciales respecto de otros países occidentales
(García et al, 2013)25.
En síntesis, si bien los procesos de reforma en el ámbito en la
justicia penal son lentos (tanto los organizacionales como los normativos),
caracterizándose más bien como incrementales, su dilación puede provocar
un sistema inorgánico y con ineficiencia endémica. En todo caso, es
verdad que cada vez menos jueces asumen funciones organizacionales,
además, se han mejorado las estadísticas judiciales y las Inspecciones
Judiciales. Otro factor positivo, es que si bien, el Ministerio Público aún
está a la sombra del Juez de Instrucción, la Fiscalía ha ido adquiriendo
cierta libertad para su gestión y esencialmente se ha profundizado su
informatización. Por tanto, en asuntos de delincuencia clásica no pareciera
haber una afectación de garantías penales tan directa y extremadamente
grave por los problemas de gestión (aún a pesar del atraso judicial).
Sin embargo, el problema de “ineficiencia endémica”,
eventualmente puede afectar el procesamiento de delincuencia más
compleja (delitos de corrupción, por ejemplo). De hecho, cuando en
las dos primeras décadas del siglo emergieron una seguidilla de casos
de corrupción político-empresarial, los problemas organizacionales de
la justicia penal fueron ostensibles, especialmente en el ámbito de la
25 Pareciera que estas diferencias de opiniones se darían por incongruencia en
los datos. Se supone que las Estadísticas Judiciales son llevadas por el Conse-
jo General del Poder Judicial, especialmente los informes anuales (desde el
2003) como el Informe denominado “Dato a Dato”, que se refiere, entre otros
asuntos a medios, cargas de trabajo, duración de procedimientos. Sin embar-
go, estos datos no cuadran con los que aparecen informados en el CEPEJ y
que en principio son proporcionados al organismo europeo por las propias
autoridades españolas (Alonso Cuevillas, 2015: 44-45).
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denominada “corrupción urbanística y la financiación ilegal de los partidos
políticos, lo que dio lugar a los “macro-procesos”26. En ese contexto, las
deficiencias organizacionales del sistema inicialmente perjudicaron el éxito
de las investigaciones. Especialmente, por la dificultad para conformar
equipos de trabajo (tándem policía-fiscalía), enervando así la necesaria
celeridad ante la potencial desaparición de pruebas e imposición de
medidas cautelares urgentes, así como, trabando la “especialización” de
las unidades investigativas y poniendo en cuestión la autonomía real de
la Fiscalía, entre otros problemas27. Estas dificultades demostraron, que
al menos en los delitos complejos, se requiere un dibujo organizacional
diferente al existente.
3) juIcIos rá pIdos y justIcIa negocIada en españa.
Las conformIdades.
Para comprender los juicios rápidos y la justicia negociada desde
una perspectiva político-criminal, debemos observar el fenómeno desde
3 puntos de vista: 3.1) La expresión cuantitativa de las conformidades y
juicios rápidos en el sistema de justicia penal español; 3.2) La naturaleza
del frondoso sistema de conformidades; y 3.3) Argumentos a favor y en
contra del modelo de juicios o procedimientos rápidos28.
26 Algunos de los “macro-procesos” más relevantes y conocidos son por ejem-
plo el caso “Ballena Blanca”, el caso “Malaya”, el caso Gürtel, el caso Nóos,
el caso de los ERE de Andalucía, El caso Puyol, y el Caso Brugal entre una
decena de otros casos de corrupción urbanística.
27 Lo cierto es que muchos de estos problemas tienen un margen de mejora,
especialmente mediante las exigencias que introduce la “europeización del
proceso penal”. Esto se realiza mediante la trasposición de las Decisiones
Marco europeas a las legislaciones internas a la justicia penal. Las áreas que
han ocupado mayor atención se refieren a la delincuencia transfronteriza y al
crimen organizado, por ejemplo: orden europea de detención y entrega, equi-
pos conjuntos de investigación, decomiso de bienes, intercambio de informa-
ción de antecedentes penales, entre otras (Gascón, 2009). Del mismo tenor
es el Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo que
regula el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso.
28 Los juicios rápidos estuvieron presentes en el Pacto de Estado para la Re-
forma de la Justicia del 2001 y en los diversos Anteproyectos de CPP. Di-
cho pacto - suscrito entre el Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero

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
3.1) la exPResión Cuantitativa de las ConfoRmidades y juiCios RáPidos
en el sistema de justiCia Penal esPañol.
A pesar de que es complejo establecer una estadística específica
acerca de qué porcentaje de resoluciones penales se realizan vía
conformidad, se estima que corresponden en torno al 70% de los casos
resueltos en los tribunales penales, y en los juicios rápidos esta cifra
rondaría el 90% de las soluciones29. El mayor inconveniente para establecer
su número exacto es la dispersión de las conformidades en diferentes
tipos de procedimientos en el sistema de justicia español (Fraga, 2018;
Ferré, 2018), por lo mismo, la mayoría de los trabajos de referencia sobre
esta materia no aportan datos concretos, sin embargo, concuerdan en
su alta incidencia30.
La paradoja es que la alta incidencia de las conformidades se ha
dado en un contexto caracterizado por el descenso de asuntos judiciales
en la jurisdicción española. Aunque esta declinación ya se constataba
desde el 2009, fue catalizada por la impresionante caída de casos penales
desde el año 2015 (Figura Nº 1. Sin embargo, también es observable que
luego de la abrupta caída del período interanual 2015-2016 la tendencia
Español (PSOE) - en dos puntos hace referencia explícita a los procedimien-
tos rápidos. En el 17, indica que en una nueva LECRIM, uno de sus princi-
pales objetivos será “La agilización de los procedimientos, la mejora de los
procedimientos abreviados, el enjuiciamiento inmediato de los delitos menos
graves y flagrantes, y la simplificación de trámites en las grandes causas”.
En el 19, se hace mención explícita “a la atención a la agilización y rapidez
de la Justicia”. Ver texto completo en: http://www.juecesdemocracia.es/pdf/
pactoRefJust.pdf.
29 Según Gaddi (2020:1004) “Las sentencias por conformidad representan la
solución más frecuente de los procesos penales en España. Se calcula que al-
rededor de un 70% de las sentencias emitidas en el 2018, tanto condenatorias
como absolutorias, fueron en conformidad con la posición del Fiscal... En los
juicios rápidos, las conformidades han llegado en 2018 a representar el 90%
de las sentencias condenatorias”. García Magna (2019: 109), indica que en
año 2011, las cifras oficiales referían que el porcentaje de conformidades en
el procedimiento abreviado se movían entre el 48% y 68%, luego de 10 años,
ya sabemos que el dato actualizado las sitúa en el 70% o más.
30 En todo caso, cada vez se cuenta con mejores estadísticas tanto del Consejo
General del Poder Judicial como de las Memorias de la Fiscalía General del
Estado (MFGE).
 
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descendente pareciera ralentizarse, contemplándose un leve aumento
al menos hasta las cifras del año 2019.
figuRa 1.
Fuente: Informe Dato a Dato del Consejo General del Poder Judicial del 2019.
Las razones que explican esta caída ciertamente se relacionan
con la puesta en marcha de una serie de cambios legislativos
31
, en especial
la Ley 41/2015 de 5 de octubre, que modificó la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las
garantías procesales
32
. Esto produjo un desplome de las causas ingresadas
en el sistema penal tal como se puede observar en la Figura Nº 2.
31 En materia sustantiva en 2015 se modificó el Código Penal mediante una se-
rie de normas, las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, de 30 de marzo, y la
Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana (denominada Ley Mordaza). En general
estas normas: reubicaron dentro del código los delitos leves, crearon nuevos
delitos leves, despenalizaron una serie de faltas de este modo ciertas infrac-
ciones pasaron al ámbito administrativo o incluso a la jurisdicción civil.
32 Sin perjuicio que las tendencias son bastante claras en las dos fuentes esta-
dísticas más relevantes, existen algunas diferencias notables. Así, el Consejo
General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, para el año 2018.
Así, el CGPJ indica que ingresaron 3.151.698 y la Fiscalía por su parte infor-
ma que la cantidad es de 2.118.030, es decir, más de 1 millón de diferencia
entre ambas fuentes.

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
figuRa 2.
Fuente: Informe Dato a Dato del Consejo General del Poder Judicial del 2019
La razón político-criminal de porqué se reformó la LECRIM
el 2015 se debió en gran parte a la imposibilidad de aprobar un nuevo
código procesal penal (Anteproyecto del 2013), el cual teóricamente
iba a dar soluciones sistémicas a la justicia penal española. No obstante
ello, las fuerzas políticas consensuaron el dictado de una especie de “ley
de emergencia procesal”, dando por resultado la Ley 41/2015, del 5 de
octubre. Esta ley fue posible debido a que trataba cuestiones para las
cuales no era necesario dictar una ley orgánica, estas materias fueron:
a) la necesidad de establecer disposiciones eficaces de agilización de la
justicia penal con el fin de evitar dilaciones indebidas, b) la previsión
de un procedimiento de decomiso autónomo, c) la instauración general
de la segunda instancia, d) la ampliación del recurso de casación y e) la
reforma del recurso extraordinario de revisión (BOE, 2015, Nº 239)33.
33 Estos cambios legislativos fueron reforzados por la Circular 1/2015 de la
Fiscalía General Estado, sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en
relación con los delitos leves tras la reforma penal promulgada. Este docu-
mento, tiene mucha relevancia pues da cuenta de un sinnúmero de elementos
de contención al principio de oportunidad libre, otorgándonos una nutrida
información acerca de cómo debiera operar el “Principio de Oportunidad
Reglada”. El ethos de la Circular se expresa así: “Se trata de una medida de
complemento en el orden adjetivo de la reducción del número de tipos penales de
 
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La Fiscalía General del Estado, en su Memoria del 2019, indica
que no hay duda que uno de los factores que propició la caída de ingresos
al sistema justicia penal (entendiendo para estos efectos, solo la Fiscalía
y Tribunales), ha sido la mejora en la “selección de casos”. Esto se habría
concretado con la instauración de un nuevo régimen de remisión de
atestados34 sin autor (sin autor conocido) por la policía a los juzgados y
la despenalización de algunas conductas que hasta el 1 de julio de 2015
eran constitutivas de faltas (MFGE, 2019: 1070). De este modo, el art
284 LECRIM permite que la Policía, con carácter general (se excepcionan
algunos ámbitos delictivos), no tenga que remitir, especialmente delitos
contra la propiedad, al Juzgado ni al Ministerio Fiscal los atestados sin
autor conocido (MFGE, 2019: 1072). Esto sin duda, descongestionó
enormemente el sistema penal desde el año 2015 a la fecha, pues en los
hechos casi todos los delitos patrimoniales sin “imputado o sospechoso
conocido”, no son elevados a la Fiscalía o Juzgados35.
Lo cierto es que cuantitativamente las conformidades como
solución del sistema penal español ha tenido un aumento sostenido, incluso
a pesar (o por lo mismo quizás) de los cambios legales, sustantivos y
adjetivos, producidos con la gran reforma del año 2015, a los que haremos
referencia párrafos más adelante36.
naturaleza leve efectuada en el CP con el fin de aligerar la carga burocrática que
hasta la fecha representaba la tramitación y enjuiciamiento de las faltas”.
34 Por atestado, deberemos entender el instrumento oficial (acta) en que una
autoridad o sus delegados hacen constar como cierto algo. Normalmente se
indican en un atestado la descripción del hecho denunciado, las diligencias
instruidas, el o los posibles autores y la o las posibles víctimas del mismo (si
las hubiere). La LECRIM se refiere al atestado en los artículos 292, 293 y 294.
35 Artículo 284 (LECRIM). “Inmediatamente que los funcionarios de la Policía
judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requerido…No
obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conser-
vará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial,
sin enviárselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias…”.
36 La Circular 1/2015 de la FGE, alude a la alineación entre el fallido antepro-
yecto de reforma de LECRIM (2011), que pretendía una nueva política crimi-
nal en el caso de los delitos de baja intensidad. “La reducción del número de
faltas –delitos leves- en la nueva regulación que se introduce viene orientada
por el principio de intervención mínima, y debe facilitar una disminución re-
levante del número de asuntos menores que, en gran parte, pueden encontrar
respuesta a través del sistema de sanciones administrativas y civiles”.

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
Sin embargo, ese incremento ya se venía observando desde la
reforma anterior (2002), que amplió las conformidades efectuadas en
el procedimiento abreviado. Como se constata en la Figura Nº 3, las
conformidades en el 2004 se ubicaban en torno al 40% para una década
después constituir casi el 60%. Hoy ciertamente estas cifras son superiores.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Casos
Resueltos 116.704 120.115 112.279 118.335 177.882 190.039 169.153 180.686 165.014
Resuelto
elevado a
Juicio Rápido
19,6 21,9 26,8 28,5 23,4 23,5 25,4 23,3 23,6
Resuelto con
Conformidad 40,2 40,0 41,7 46,2 55,8 57,2 55,5 55,7 58,0
figuRa 3.

Fuente: Boletín de Información Estadística, Nº 32 marzo del 2013 a 10 años de
los Juicios Rápidos (Ley 38/2002), Consejo General del Poder Judicial.
Lo cierto es que la caída de ingresos penales desde el 2015 y la
consecuente disminución de las cargas de trabajo de hasta 56% entre
el 2015-2016 (MFGE, 2019), no ha incidido en que disminuyan las
conformidades. Tampoco ha tenido efectos en la mejora de la gestión
de causas, ni ha afectado la calidad de las salidas al proceso penal37. De
algún modo, en teoría se esperaría que este sistema “más liviano” no opte
de modo mayoritario por la vía rápida (conformidades) en la solución
de los conflictos penales. Sin embargo, si esto no ocurre, significa que
hay otros factores, algunos extrajurídicos, que promueven la aceleración
del proceso penal.
37 Otra modificación relevante que habría propiciado mayor aceleración al sis-
tema es la modificación del Art. 324 de la LECRIM (2015), modificando el
control temporal de los procedimientos penales, indicando seis meses pro-
rrogables como plazo para terminar la investigación en asuntos de tramita-
ción sencilla.
 
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3.2) la natuRaleza del fRondoso sistema de ConfoRmidades.
No obstante, en ocasiones el asunto sobre el gerencial-eficientismo
en el sistema penal pareciera un asunto abstracto, solo accesible al alto
debate político-criminal y de la sociología del castigo, sí existe un contexto
donde, tanto la literatura como los operadores del sistema (gestores
político-criminales), están contestes en su materialización. Este ámbito
no es otro que el ámbito de “los juicios rápidos y justicia negociada”
38
del
sistema de justicia criminal.
En la literatura estas herramientas procesales reciben diferentes
denominaciones, a saber, “juicios fast track, “justicia penal negociada”,
“justicia consensual”39 o “confesión en procedimiento” (ya sea reconociendo
responsabilidad o admitiendo los hechos). Grosso modo, podemos
entender a este tipo de términos judiciales como ciertos procedimientos
u opciones procesales que la ley autoriza, cuando concurran ciertos
requisitos, al objeto de que la tramitación de la acusación de un delito se
realice de manera rápida, evitando un juicio oral, considerando así, que
el sujeto acepta responsabilidad (acuerdo del acusado con los hechos, el
delito y la pena) con una probable reducción de condena.
La doctrina internacional incluye en este grupo a procedimientos
como el abreviado, las conformidades, el simplificado y otros
relacionados con faltas (o de menor entidad) como son los denominados
procedimientos monitorios. En España estas herramientas son antiguas
40
y la literatura usualmente pone de relieve su débil sistematización y
su naturaleza compleja (Gómez Colomer, 2012:23), algunos incluso
38 Desde un punto de vista crítico, cuando analizamos este modelo de juzga-
miento, en realidad nos encontramos frente a meros procedimientos rápidos,
pues ni siquiera se presentan los elementos básicos del juzgamiento para ha-
blar de “juicios rápidos”.
39 Esto se basa en el denominado “principio del consenso procesal”.
40 En el modelo español el sistema de conformidades data desde el año 1835 e
incluso desde antes para los delitos flagrantes (Fraga, 2018:13; Gimeno Sen-
dra, 2002). Reforzándose estos procedimientos con la reforma de fines del
siglo XIX, más el dictado de la actual LECRIM, y su apertura definitiva en las
reformas de 1988. Ciertamente sólo a partir de esta última reforma se puede
hablar de un auténtico modelo de conformidades acoplado a una visión “ace-
leracionista” de la justicia penal. .

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hablan de un verdadero “caos procedimental” (Ferré, 2018; Del Moral
García, 2015; Barona Vilar, 1994). Sin embargo, también se destacan
elementos positivos del sistema de conformidades, como su diversidad
y amplia variedad de opciones procesales que ofrece, esto ha llevado
a algunos autores a hablar de la “frondosa selva de conformidades”41
(Gimeno Sendra, 2004).
Lo cierto es que la conformidad no es un procedimiento, ni un
juicio en sí mismo, sino que constituye un modo alternativo de resolver
el conflicto penal (convenio, acuerdo, declaración de culpabilidad), en
otras palabras, “es un tipo de término al proceso penal”, “una opción
procesal que la ley otorga” (Fraga, 2018: 27), o un “allanamiento
penal” como decía Niceto Alcalá-Zamora (1962)42. Sin embargo, es
innegable que desde una perspectiva estadística (vista en párrafos
previos), más que un modo alternativo, es el núcleo para resolver el
litigio penal
43
. Por esta razón, la conformidad es algo amplio, mucho
más que una simple confesión (De Diego Díez, 1997), encontrándola
dispersa en distintos procedimientos como el abreviado, ordinario o
procedimientos rápidos (Del Moral García, 2008:11; Fraga, 2018). Sin
embargo, es en estos últimos “enjuiciamientos”, donde toma realmente
un cariz “aceleracionista” (Hernández, 2002), debido probablemente,
a que las ansias por el eficientismo, son mayores en éste, que en otros
procedimientos. Por tanto, la conformidad no es un procedimiento,
según la LECRIM es una forma de poner fin al procedimiento, por tanto
sería parte del procedimiento.
41 Esta “frondosidad” puede interpretarse como otra expresión más de la aplica-
ción del principio de oportunidad reglada. Alejándose así del modelo ilimita-
do del principio de oportunidad del modelo norteamericano (Ferré, 2018).
42 Es posible observar la diferente nomenclatura utilizada para tratar la misma
materia, denominándosele a las conformidades como “institución”, “modelo”,
“procedimiento”, “tipos”, “modalidades”, “juicio”, “sistema”, etc. (Hernández,
2002; Del Moral, 2008; Gómez-Colomer, 2012; Ferré, 2018; Fraga, 2018).
43 Este fenómeno pareciera ser de carácter global. Así en Alemania ya se ha-
bla de justicia criminal sin juicios (Weingend, 2021). En Estados Unidos por
ejemplo, los juicios orales o de jurados son marginales, existiendo una ver-
dadera tasa de administrativización del sistema penal (Langer, 2019). Por
ello, cuando se habla del sistema estadounidense de justicia se dice que es un
“sistema penal de conformidades”, no un sistema de juicios (Ferré, 2018:3).
 
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En términos sintéticos el “frondoso” sistema (Gimeno,
2004) de conformidades español se compone del siguiente modo44:
I) Conformidades dentro de la LECRIM, y estas a su vez se podrían
clasificar como: a) Conformidades del procedimiento ordinario, arts.
655 y 688 y ss. LECRIM. Estas son posibles en el escrito de calificación
y al inicio del juicio oral. b) El Procedimiento Abreviado de la regla 5ª
del nº 1 del art. 779, el 3º del art. 784 y el nº 1 del art. 787 LECRIM.
Esta es posible en cualquier momento previo al auto de continuación de
diligencias por los trámites del procedimiento abreviado hasta el acto
de juicio y antes de practicarse la prueba. c) En el procedimiento para
el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Esta es posible ante el
Juzgado de Guardia una vez tomado conocimiento del contenido de la
acusación (“conformidad” del art. 801 LECRIM). También sería posible
en cualquier momento antes de iniciarse la prueba en el juicio oral. d)
El proceso por aceptación de Decreto.
Además, existen otras conformidades que podemos denominar II)
Conformidades fuera de la LECRIM, que serían: a) La conformidad ante
el Tribunal del Jurado. Esta sería posible en el juicio oral produciendo la
disolución del jurado. b) La conformidad del procedimiento de menores,
siendo posible llevarla a cabo en diversidad de instancias desde la audiencia
con las alegaciones que contiene el escrito del Ministerio Fiscal. c) La
conformidad dentro de la Jurisdicción militar, la cual sería factible tras la
apertura del juicio oral hasta el comienzo de las sesiones del juicio mismo.
Ciertamente, no es el espacio para enfocarnos en cada uno de los tipos
de conformidades (o procedimientos donde son admisibles), pero sí nos
referiremos a aquellas que tienen un marcado sello gerencial-eficientista
45
.
44 Las conformidades no tienen una definición legal. En todo caso en la expre-
sión de motivos de la Propuesta del Código Procesal Penal del 2013, se indi-
caba que las Conformidades es, aquella institución que permite la emisión de
sentencia condenatoria sin juicio, por la aceptación de la pena más grave solicita-
da, que el código potencia mediante la extensión de su ámbito.
45 También es reseñable la existencia de una Conformidad de las Personas Jurí-
dicas, incorporada con la Ley 37/2011, que modificó el art. 787, y que indica
“cuando el acusado sea una persona jurídica, la conformidad deberá prestarla
su representante especialmente designado…dicha conformidad…podrá reali-
zarse con independencia de la posición que adopten los demás acusados, y su
contenido no vinculará en el juicio que se celebre con relación a estos”.

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Sin duda, el hito moderno en la configuración de las conformidades
es la introducción del procedimiento abreviado en 1989 (Ley Orgánica
7/1988, 28 de diciembre). Este cambio legislativo, abrió las puertas a
la doctrina del “Consenso Procesal”, y aunque no introdujo grandes
cambios (Gómez Colomer, 2012), sí amplió la tipología (para delitos de
menos de 9 años de prisión) y mejoró los momentos procesales para las
conformidades, y estimuló a la Fiscalía General del Estado para fomentar
la utilización de esos “métodos paccionados”46(en el modelo anterior la
conformidad consistía en que el imputado solo se adhería al escrito de
acusación). Lo cierto es que esa nueva filosofía o “apología eficientista”
quedaría reflejada de modo claro en la Circular 1/1989 de la Fiscalía
General del Estado (Del Moral, 2008).
El siguiente hito fueron las Leyes 8/2002 y 38/2002 que
modificaron la LECRIM, introduciendo los procedimientos rápidos e
inmediatos para determinados delitos y faltas
47
. Probablemente es una de
las manifestaciones más explícitas de esta visión gerencial/eficientista,
también se le denomina “conformidad premiada”. Esta conformidad
tiene como elemento más sobresaliente la reducción en un tercio de la
pena solicitada en la acusación (evitando el juicio oral y en ocasiones
la instrucción). Sus raíces distinguiblemente gerenciales se observan
en la expresión de motivos de la Ley 38/2002, pues establece como
objetivos: “…la agilización de los procedimientos, la mejora de los
procedimientos abreviados, el enjuiciamiento inmediato de los delitos
menos graves y flagrantes y la simplificación de trámites en las grandes
causas. Indudablemente, el sistema de conformidad que implementa
(tramitada en el propio Juzgado de Guardia y con la automática reducción
de la pena en el tercio) debe contribuir decisivamente a la agilización…”.
46 Ver en la Circular 1/89 Fiscalía General del Estado. https://www.fiscal.es/
memorias/estudio2016/PDF/CIR/CIR_01_1989.pdf.
47 Para potenciar estos cambios en la Circular 1/2003, de 7 de abril de la Fis-
calía General del Estado, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido
e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedi-
miento abreviado, deja en claro su indiscutible tenor gerencial del siguiente
modo “…que los daños ocasionados por el delito, obligan a los poderes públicos
a empeñar todos sus esfuerzos con el fin de hacer realidad la aspiración generali-
zada de mayor celeridad y eficacia”.
 
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En términos más contemporáneos un ejemplo del sello gerencial-
eficientista es “la conformidad por decreto”. Esta emerge cuando el
año 2013 se hace imposible la aprobación de un nuevo código procesal
penal para España, lo cual se compensó político-criminalmente con la
promulgación el año 2015 con una legislación denominada de “Ley de
Fortalecimiento del Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la
Justicia Penal y el Fortalecimiento de las garantías procesales”. De este
modo, se introduce una especie de Procedimiento Monitorio Penal, para
la resolución rapidísima para delitos de menor gravedad y faltas con el
objetivo de aligerar la carga de trabajo de los tribunales. La instauración
de este procedimiento tenía como objetivo otorgar rapidez y economía
en la respuesta punitiva a estas infracciones, se buscaba en definitiva
la máxima eficacia en la resolución del conflicto (Fraga, 2018; Ferré,
2018; Colomer, 2012; Castillejo, 2015). Se constituye de este modo una
conformidad en la fase de instrucción penal. De forma crítica, Muerza
Esparza (2015) dice que se instaura un nuevo instrumento jurisdiccional
para imponer penas leves o menos graves de la manera más rápida posible
en el que no existen propiamente fases del proceso y que desnaturaliza
absolutamente el significado del proceso penal48.
3.3) aRgumentos a favoR y en ContRa del modelo de juiCios o
PRoCedimientos RáPidos.
Los fundamentos para la existencia de las conformidades y de otros
procedimientos de este tipo, basculan entre razones de carácter técnico-
utilitaristas, como la economía y la celeridad procesal, y argumentos
valórico-jurídicos como la idea de “pronta justicia”. Ahora bien, desde
una perspectiva político-criminal mucho más general, se suelen indicar
justificaciones que se mueven bajo la idea de que las conformidades
cooperan a la reinserción social del sujeto, aligeran la carga de trabajo
48 El Anteproyecto de LECRIM 2020 (ART. 164 a 173) mantiene en general
las regulaciones de las Conformidades, así, no se modifica la negociación ex-
trajudicial de las partes, se amplía la posibilidad a cualquier procedimiento,
delito y pena, sin las restricciones actuales (salvo el jurado que mantiene su
régimen actual), además se puede rebajar la pena hasta en un grado (la mitad
de la pena), es decir, mayor que el tercio actual.
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de las agencias penales, o bien, simplemente indican que el sistema penal
debiera quitarse ese cúmulo “graso” de casos menores, facilitando la
descongestión judicial (Ferré, 2018)49. De este modo, se permitiría que
el sistema penal dirija sus esfuerzos sobre la delincuencia difícil, como la
económico-corporativa, la corrupción o la de poderosos
50
. Incluso a nivel
de justicia internacional se destaca la ventaja del plea barganining, para
mejorar la eficiencia en la aclaración de delitos que de por sí son complejos
de investigar (Turner, 2017:240-241). Lo cierto, es que no son pocos los
autores que asumen la realidad de la justicia negociada, pero promueven
que esta sea “fuertemente reglada”, logrando de este modo balancear
sus ventajas y desventajas político-criminales (Gómez-Colomer, 2012).
Por su parte, quienes critican el uso masivo de estos instrumentos,
argumentan que estamos ante una verdadera renuncia, crisis y degradación
de la jurisdicción penal (Schünemann, 2012), dado que no se tutelan
derechos de los acusados, ni se protege a la sociedad (Del Moral, 2008:6),
diluyéndose así la confianza en el sistema judicial (Viano, 2012), hasta el
punto que, en ocasiones, inocentes pueden aceptar la condena a fin de no
recibir un castigo mayor, lo que acrecentaría indirectamente el porcentaje
de la estadística del error judicial (Lascaurín y Gascón, 2018). Indican
así, que la valoración de la responsabilidad penal y la cuantificación
penológica, estaría entregada a la simple negociación de los intervinientes
del sistema. Otros, argumentan que el objetivo de la descongestión del
sistema de justicia penal, ha impulsado la creación de sistemas rápidos de
“gestión de la flagrancia”, llevándonos a una verdadera “macdonalización”
del sistema penal (Gañon, 2007). En general las críticas convergen en
49 Estadísticamente se entiende por tasa de resolución el cociente entre los
asuntos resueltos y los ingresos en un determinado período, poniendo en
relación el volumen de ingresos con la capacidad resolutiva. Tasa de descon-
gestión: cociente donde el numerador está formado por suma de los asuntos
pendientes al inicio del período y donde el denominador son los asuntos re-
sueltos en dicho período. (La Justicia Dato a Dato, 2019:41, www.poderju-
dicial.es.).
50 En diferentes procesos reformadores no es inusual que se esgriman razones
de carácter económico, por ejemplo en la reforma al sistema de justicia penal
en Chile, el Informe Valdivieso, hizo una serie de estimaciones basadas en la
racionalidad económica, y se calcularon los gastos tanto en los procedimien-
tos abreviados como en las salidas alternativas al procedimiento (González,
2018:228).
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que el modelo “fast track de justicia penal”, ha contribuido de manera
significativa y acelerada a la procesualización
51
de la justicia, cuyo costo más
alto es la encarcelación masiva, así como una retirada de las discusiones
sustantivas al interior de los juicios penales con consecuencias garantistas
negativas palpables.
Otra crítica usual, es que los procedimientos de negociación, son
abiertamente desequilibrados, en muchos casos en un contexto de “coacción
o presión indirecta”, o bien, configurados mediante “engañosas ofertas”
o “tentadores incentivos” de rebajas de condena hechas a los imputados
(Ferré, 2018). De este modo, primarían las negociaciones clandestinas
(para-procesales), ausentes de control judicial (Schünemann, 2012; Del
Moral, 2008: 5). En síntesis, el acuerdo se parecería más a un “contrato
de adhesión” o a lo sumo un “regateo”,52 más que a una negociación libre
y espontánea
53
. De este modo, aumentan las probabilidades de que se
aceptan acusaciones, referidas a hechos respecto de los cuales no se es
realmente responsable, lo cual tendría un efecto evidente sobre la eventual
condena de inocentes (Viano, 2002; Del Moral, 2008; Ferré, 2018).
Estas críticas son observables en la práctica procesal penal
española. Así, en un elevado número de casos, los escritos de calificación
provisional del Ministerio Fiscal (Fiscalía) difieren en caso de que se llegue
a una conformidad o no. En el primer supuesto (con conformidad), se
solicita una pena inferior, en el segundo (sin conformidad), se agrava la
pena solicitada. Desde la óptica de la fiscalía esto aparenta normalidad y
no se entiende como chantaje, sino como un doble beneficio. Comprenden
51 “Procesualismo”, entendido como aquella perspectiva que identifica la reali-
dad social, en este caso la realidad político-criminal del sistema de justicia,
como constante flujo y cambio, como un proceso puro en sí mismo, por tanto
“estandarizable” en todos sus elementos. Alejándose así de un concepto más
sustancial de la realidad, por extensión lejano a un concepto sustancial de la
política criminal y de la justicia penal.
52 De hecho una de las acepciones de la “bargaining” (plea bargaining), se asi-
mila a regateo, es decir, la práctica habitual realizada en los bazares por los
mercaderes para fijar un precio (en este caso una pena).
53 Un factor que impulsaría a los Fiscales y defensores, en diversas realidades
político-criminales se refiere a las presiones de cumplimiento estadístico a
las cuales son sometidos. Obviamente esto es más intenso en aquellos siste-
mas donde la gerencialización alcanza cotas muy altas, especialmente en los
modelos angloamericanos y latinoamericanos.
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que el primer beneficio (si se produce conformidad) se daría por la
recalificación considerando los hechos como menos graves, por tanto
se pide una pena inferior, el segundo beneficio (en los supuestos de los
procedimientos seguidos ante el juzgado de guardia especialmente),
se produciría por la reducción del tercio de la condena. Sin embargo,
desde el punto de vista de la defensa, este doble beneficio es una ilusión
pues el tercio lo establece la propia ley, así realmente estaríamos ante
un verdadero chantaje para llegar a la conformidad, al presentarse al
defendido dos opciones de futuro, una cierta con menor gravedad, y una
incierta y agravada a pesar de tratarse de los mismos hechos.
Otras críticas, son que alteran la competencia de los poderes
públicos, pues las fiscalías realizan “ofertones” penológicos, que diluyen
lo determinado por el legislador
54
. Además, estas rebajas pueden basarse
en elementos inmorales, como sería el uso de falsos testimonios o con
excesivas delaciones compensadas (Ferré, 2018). Paradójicamente quienes
critican el “garantismo” como una política-criminal excesivamente
condescendiente con la delincuencia, también critican esta institución,
pues para ellos, la justicia negociada establece finalmente penas menores
a lo que correspondería, fomentando la “impunidad penal”
55
. Otro cúmulo
de cuestionamientos, pero ligados a temas procesales, son la existencia
de una asimetría de información entre Fiscalía y defensa, la penalización
indirecta del “no acuerdo” (persecución vengativa), la aceptación de
acuerdos por la imposibilidad económica de sostener un juicio, o el rol
indirecto de la Policía mediante la provisión de pruebas falsas o al menos
no contrastadas en un juicio.
54 Sin duda, este es un punto crítico del modelo de justicia negociada. Pues si el
Estado asume con tanta facilidad la reducción de penas (en el caso español
un tercio), significaría que las penas en los códigos penales ¿están “infladas”?,
tanta diferencia no puede consistir únicamente en una retribución por llegar
a un acuerdo, no olvidemos que se trata ni más ni menos que de un tercio de
reducción de la pena. Por ello, habría que reflexionar sobre qué parte de la
reducción responde realmente al incentivo del acuerdo (razón político-cri-
minal) y qué parte, amortiza indirectamente, un artificial incremento peno-
lógico, establecido ab initio en el Código penal (razón penal).
55 Ferré (2018), indica que en el sistema estadounidense criticas similares se
hacen desde la vereda de grupos conservadores que defienden la idea de
Ley y Orden.
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Críticas hechas desde una visión organizacional, se refiere al
uso falaz y equivocado de los conceptos “eficiencia y resultados” en el
sistema penal, dando por hecho que el modelo de los juicios rápidos son
la panacea para los problemas del sistema de justicia criminal, cosa no
demostrada ciertamente. Creemos que ante la tensión entre eficiencia
y justicia, debe primar esta última, por ello, algunos autores como Fix-
Fierro (2006) hablan de la “juridificación” de la eficiencia. En cualquier
caso, las críticas de este estilo de justicia penal, ya era criticada por
autores clásicos de la doctrina penal, así Juan Bustos (2007) indicaba que
“…bajo la excusa de la búsqueda de eficacia y el exceso de carga de los
tribunales se han introducido procedimientos que al final han significado
pérdida de garantías para los inculpados…estos procedimientos chocan
abiertamente contra principios garantistas básicos, como la oralidad y
la publicidad del proceso … se vulneraría el principio de igualdad, pues
aquel sujeto que se niega a cooperar se vería expuesto a un trato más
duro” (Bustos, 2007: 346).
Lo cierto es que los procedimientos rápidos existían antes de la
emergencia del paradigma gerencial
56
. Lo que sucede es que hay un cambio
en la intensidad de su uso, probablemente presionado por la necesidad de
gestionar un contexto de “masificación judicial” pocas veces visto en la
historia judicial. Además, se instaló la idea de que estos procedimientos
permiten responder de mejor modo a la demanda ciudadana, debido a la
mayor celeridad en la resolución de los asuntos penales (Silva Sánchez,
2006). Así, el asunto ya no sería solo la introducción de técnicas procesales
específicas para descongestionar el sistema penal, sino que se dan en un
momento en que las técnicas gerenciales son bienvenidas. Esta bienvenida
se daría por dos razones: primero, porque no se ha propuesto un modo
alternativo para gestionar la masificación de casos, y segundo, porque el
modo gerencial de entender la justicia criminal, serviría para responder a
la exigencia de que el proceso penal se haga cargo también de la eficacia,
56 Lo cierto es que en España desde 1835 ya se conocen este tipo de procedi-
mientos. Algo similar ocurre en otros contextos como el alemán o la larga
tradición del plea bargaining en Estados Unidos. Sin embargo, no será hasta
la gran reforma de la Ordenanza Procesal Penal alemana de 1974 cuando se
introduce el principio de oportunidad reglado y el monopolio de la acción
penal pasa al Ministerio Público (Fraga, 2018:37-57).
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la persecución penal, la seguridad pública, en definitiva, convertir al
proceso penal en otra herramienta de lucha contra la delincuencia (Gascón,
2009: 15-16)57.
Por tanto, si concebimos que el discurso gerencial/eficientista
se acopla de buena manera en el ámbito procesal penal español, de
algún modo moderaría la hipótesis que indicamos en la introducción del
artículo, en el sentido que los fenómenos “gerenciales” interaccionan más
“amigablemente” en los sistemas acusatorios (adversariales), que en los
inquisitoriales o acusatorios “espurios”58. Así, el gerencial/eficientismo,
operaría de modo independiente al modelo procesal imperante, quizás de
un modo menos intenso que en el acusatorio, por la propia resistencia del
principio de legalidad versus oportunidad, y a las resistencias culturales
de cada sociedad (oportunidad reglada). Pero al fin y al cabo los objetivos
“eficientistas” están anclados en factores no solo internos (masificación
de casos, atraso judicial, etc.), sino que también externos (uso de la
informática, estadística, demanda social de celeridad, etc.). Lo anterior
explicaría que, si bien en las reformas latinoamericanas el fenómeno
gerencial parece más evidente que en Europa, esto se debería en gran
parte a que los sistemas de justicia europeos, históricamente han tenido
unas burocracias judiciales más consolidadas, lo cual, actuaría como
dique de contención a la colonización de un gerencialismo intenso.
Esto probablemente no ha operado en otros ámbitos europeos donde la
construcción organizacional es más reciente, específicamente lo que se
relaciona con la gerencialización de la “burocracia paneuropea”, ya sea a
través de la Comisión Europea o incluso de las propias cortes europeas.
A día de hoy el sistema de conformidades, tal como lo hemos
exhibido previamente, es la salida mayoritaria al sistema penal. Así los
procedimientos que, en teoría son el núcleo de cualquier modelo de
57 Otra transformación en los sistemas de justicia criminal contemporáneos
(además de las obligaciones securitarias), es convertir el proceso penal en
instrumento reparador de la víctima, no sólo en términos materiales sino
también simbólicos. Esto ciertamente es coherente con el denominado fe-
nómeno político criminal del “redescubrimiento de la víctima en el sistema
penal” (Gascón, 2009:12).
58 En el modelo de justicia penal francés también se ha rastreado el impacto de
las lógicas gerenciales, dando cuenta de ello bastante literatura (Vigour, 2006;
Mouhanna y Vesentini, 2016).
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enjuiciamiento, es decir, juicio oral propiamente tal y juicios por jurado,
tienen un papel más bien de carácter simbólico que uno protagónico.
Por ello, algunos autores, proponen una visión realista y conciliadora,
proponiendo la regulación de la conformidad más que su eliminación
(Gómez-Colomer, 2012; Ferré, 2018). Pero esto no debe ocultar que detrás,
de la “americanización” del sistema de justicia penal español, persisten
los problemas comunes a muchos sistemas penales occidentales. Estos
son, la masificación de casos y los atrasos o cargas judiciales. Así, ante la
proliferación de conflictos, los sistemas de justicia penal han recurrido
al uso intensivo de la gestión para controlar en mínimos razonables esta
situación y el marco teórico seleccionado (directa o indirectamente) es
lo que se suele denominar el New Public Management.
concLusIones
a) A pesar de los escasos estudios realizados, tanto sobre el
gerencialismo y como sobre el eficientismo en España, la penetración de
sus lógicas en el sistema penal es indudable.
59
Ciertamente, esta ha ocurrido
de manera diferente a otros contextos, como por ejemplo respecto del
modelo angloamericano (especialmente estadounidense) donde el ethos
pragmático es casi la esencia del modelo de justicia. O bien, respecto de
las reformas procesales penales latinoamericanas, que se movieron desde
un sistema de rasgos inquisitivos a uno de corte acusatorio. Estas últimas,
entre otras razones, tuvieron su justificación en el abandono de los modelos
de justicia propios de épocas dictatoriales, como también se insertaron en
procesos de modernización general de diversos estados latinoamericanos
(Sozzo, 2020; Binder, 2000; González, 2015; Duce, 2009; Langer, 2007).
Por tanto, se vuelve interesante que a pesar de que el modelo que rige
en España no es “acusatorio puro”, bastantes de las lógicas eficientistas y
59 Es curioso, que la literatura hasta ahora no desarrollado una ligazón entre el
sistema de conformidades o juicios rápidos con el debate que se da en dife-
rentes contextos internacionales sobre gerencialismo y eficiencia penal. Una
de las razones para explicar esta situación es la situación “peculiar” de los
estudios de derecho procesal penal en el contexto español, su relativo aisla-
miento respecto del campo de los estudios penales y más aún de los estudios
criminológicos.
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gerenciales que la literatura internacional ha detectado en otros sistemas,
se encuentran presentes en el sistema penal español, a saber: aceleración
de ciertos procedimientos (juicios rápidos, conformidades o flagrancias) y
apertura a procedimientos monitorios penales (aunque no necesariamente
reconocidos con ese nombre), incorporación de indicadores y metas de
gestión en las agencias penales (especialmente policiales aunque con un
éxito discutible), planificación estratégica (especialmente a nivel central),
protocolización y estandarización de procedimientos, incorporación de
normas ISO (especialmente en ámbito policial), privatización de servicios
específicos (justicia juvenil, ejecución de penas no privativas de libertad
y servicios de reinserción de ex reclusos), utilización de tabulación de
riesgos (especialmente en el campo penitenciario, y en los procedimientos
de intervención en violencia de género), uso intenso de las TICs, entre
otras características.
b) Lo anterior nos hace pensar que hay otros fenómenos jurídicos,
tecnológicos y socio-económicos, que están más allá del diseño procesal, y
que a su modo están consolidando un “modelo aceleracionista y eficientista
en los sistemas procesales penales”. En esta línea se puede asumir que el
sistema de justicia penal opta por un modelo aceleracionista para las causas
“mas licuables” (flagrancias, por ejemplo), aquellas de fácil tramitación y
escaso inconveniente garantista, y al mismo tiempo, opta por una justicia
penal más ralentizada (con menos garantías), para aquellos delitos más
graves, difíciles de investigar y de procesar (como el crimen organizado
por ejemplo). Ciertamente esto es discutible pues puede convivir una
modelo aceleracionista con notables pérdidas de garantías. A esta pérdida
de garantías procesales algunos le han denominado un “proceso penal
del enemigo” (Gascón, 2009).
Sin embargo, es bueno advertir, que lo que pudiera parecer
razonable en términos de modular la intensidad de gestión del sistema,
acarrea una trampa, pues finalmente la disminución de garantías para
combatir la “alta criminalidad”, termina trasladándose y normalizando
en los delitos de “menos intensidad”60. Sin embargo, se requiere de
60 Una crítica similar ya se hizo en su tiempo respecto del derecho penal de dos
velocidades. Al fin y al cabo la pérdida de garantías se manifiesta más inten-
sa en la delincuencia clásica, es decir, en aquellos cometidos por las clases
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más investigaciones para afinar las intersecciones de estos diferentes
fenómenos, para ello es imprescindible observar el sistema de justicia
penal, no sólo desde una óptica procesal penal como concatenación de
plazos y procedimientos, sino que complementariamente se necesita
hacerlo desde el cruce disciplinar entre el derecho, la sociología del
castigo, la política-criminal y las ciencias sociales en general.
b) Una de las manifestaciones palpables de este paradigma
eficientista, se consolida en el modelo o institución de las conformidades,
materializado especialmente en los procedimientos rápidos o abreviados,
y en general, en todo procedimiento donde es posible llevar adelante la
justicia negociada. Las estadísticas son contundentes, la conformidad
corresponde casi al 70% del modo en que termina un litigio penal ordinario
y en el 90% de los juicios rápidos es la manera preferente (obviamente
lo normal será que sean sentencias condenatorias). Así, se replica lo que
sucede en otros contextos de occidente, donde “el juicio” propiamente
dicho (y el de los Jurados) realmente tienen un rol testimonial. Esta
administrativización de enormes sectores del sistema de justicia penal, sería
además un fenómeno coherente con la denominada “administrativización
del Derecho penal”. Por el momento no existen razones para pensar que
esta deriva pueda revertirse, y lo esperable es que las cifras se estabilicen
por sobre el 90% en este tipo de soluciones. Una forma de morigerar los
“efectos perversos” que esto puede generar sería un mayor control judicial
sobre este tipo de acuerdos (una conformidad reglada), con el evidente
riesgo de conculcar la celeridad vía aumento de la burocratización
61
.
Otro paliativo sería ensanchar el camino a la “justicia restaurativa” para
poder tener una justicia negociada (conformidades) con mayor contenido
(Gaddi, 2020). Soluciones similares han sido propuestas en España por
el Grupo de Estudios de la Política Criminal (GEPC, 2014).
socialmente más desintegradas, más que en la delincuencia socioeconómica
o de poderosos (Díez-Ripollés, 2004).
61 Otro problema que puede suscitarse por el exceso de control, es la contami-
nación del juzgador (en los casos en que la conformidad no se produzca en
los juzgados de instrucción o de control), al conocer los hechos con anterio-
ridad a ser juzgados y conocer los detalles de la negociación entre Fiscalía
y defensa.
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c) Un argumento para aquellos que propugnan la creación de un
cuerpo gerencial en la justicia penal española, sería que realmente nunca
se ha logrado transformar sistémicamente la dimensión organizacional
del sistema criminal. Es más, el intento más amplio al respecto fue la
creación de la Nueva Oficina Judicial, la que realmente no terminó
de implementarse por diversas razones (políticas, administrativas, de
cultura organizacional). Además, estos cambios apuntaron más bien a
transformar los despachos judiciales, que a un cambio organizacional
real en las agencias penales. A lo anterior hay que agregar que es difícil
pensar una mutación organizacional de esa escala si previamente no se
hacen las transformaciones necesarias en el plano adjetivo (un nuevo
código procesal penal) que reemplace la antigua LECRIM. Lo anterior es
relevante, pues, a pesar de que organización y mundo jurídico corren en
muchas ocasiones por carriles separados, son innegables las relaciones
que existen entre unas y otras, por ello es recomendable que al mismo
tiempo que se transforme la ley adjetiva procesal penal, se evalúe la
organización que la pondrá en ejecución.
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Addional informaon and author’s declaraons
(scienc integrity)
Acknowledgement: Este artículo es fruto de la estancia de
investigación del autor en el Instituto de Criminología de la
Universidad de Málaga el año 2020, y constituye parte de su
proyecto de investigación Fondecyt/Posdoctoral Nº 3180458
financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
de Chile (ANID), proyecto denominado “Análisis del concepto
y uso de la eficiencia en el sistema penal chileno: El factor
cuantitativo-gerencial”. También agradezco a los profesores F.
Montijano, J. Becerra y J. Orellana del departamento de Derecho
penal de la Universidad de Málaga, y al profesor J.A, Brandariz
de la Universidade da Coruña, por sus valiosas sugerencias y
críticas al borrador de este texto.
Conflict of interest declaration: the author confirms that there are
no conflicts of interest in conducting this research and writing
this article.
Declaration of authorship: all and only researchers who comply
the authorship requirements of this article are listed as authors;
all coauthors are fully responsible for this work in its entirety.
Declaration of originality: the author assures that the text here
published has not been previously published in any other resource
and that future republication will only take place with the express
indication of the reference of this original publication; he also
attests that there is no third party plagiarism or self-plagiarism.
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Rev. Bras. de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 7, n. 3, p. 2061-2102, set.-dez. 2021.
Editorial process dates
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Muitos sistemas jurídicos adotaram normas que acarretam a exclusão de provas que tenham sido obtidas com violação a regras procedimentais. A exclusão normalmente ocorre antes do início do processo ou mesmo durante o seu transcorrer. Contudo, a maioria dos casos criminais atualmente não são resolvidos por meio de um processo completo, mas por alguma espécie de procedimento abrevia, por exemplo, um acordo penal ou uma ordem penal em procedimento por decreto. Neste artigo, sustenta-se que as normas de exclusão probatória devem ser amplamente aplicadas em procedimentos abreviados. Obstáculos práticos podem ser superados por um envolvimento mais ativo da defesa técnica nos procedimentos abreviados.
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This article documents the diffusion of plea bargaining and other mechanisms to reach criminal convictions without a trial and argues that their spread implies what this article terms an administratization of criminal convictions in many corners of the world. Criminal convictions have been administratized in two ways: ( a) Trial-avoiding mechanisms have given a larger role to nonjudicial, administrative officials in the determination of who gets convicted and for which crimes, and ( b) these decisions are made in proceedings that do not include a trial with its attached defendants’ rights. The article also proposes a way this phenomenon could be quantitatively measured by articulating the rate of administratization of criminal convictions, a metric to allow for comparison among different jurisdictions. The article then presents cross-national data from 26 jurisdictions on their rate of administratization of criminal convictions and different hypotheses that may help explain variation across jurisdictions on this rate. Expected final online publication date for the Annual Review of Criminology, Volume 4 is January 13, 2021. Please see http://www.annualreviews.org/page/journal/pubdates for revised estimates.
Article
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Este artículo se propone examinar los modelos de procesos penales de los movimientos de reforma que se establecieron en las últimas décadas del siglo XX, en los países iberoamericanos. Para ello, primero se enfatiza las características históricas de cada sistema, poniendo de relieve la importancia de no confundir el acusatorio con el adversarial, rechazando la coincidencia entre los sistemas actuales y mixto inquisitivo histórico. Apoya la importancia de la igualdad de armas y e del contradictoria en la búsqueda de un equilibrio entre los modelos de procedimiento.
Article
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Las nociones de riesgo se han convertido en un instrumento esencial para la conceptualización y organización de cuestiones políticas fundamentales, relativas a la regulación de la incertidumbre y la promoción de la seguridad. Este artículo parte de las perspectivas post-foucaultianas sobre el riesgo (distintas a las de la "sociedad del riesgo”) para analizar el rol de los regímenes de valoración de riesgos en las políticas de seguridad y de control contemporáneas. A este respecto, se exponen algunas de las deficiencias técnicas más comunes en los instrumentos actuariales, así como las principales críticas normativas al régimen de predicción y de valoración que inauguran. Por último, se proponen algunas reglas para desarrollar métodos de valoración del riesgo y de prevención más eficaces y respetuosos con las garantías penales. http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-10.pdf
Article
El objetivo del presente trabajo es analizar la posibilidad de dotar de significado restaurativo el mecanismo procesal de la conformidad. Para ello, se propone una reflexión sobre diferentes dispositivos de justicia negociada, analizando algunas cuestiones críticas. Se efectúa una comparación del significado del término consenso en la justicia negociada y en la justicia restaurativa y se identifican las condiciones para la puesta en marcha de un consenso restaurativo en el marco de las conformidades.
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The Spanish penal system is strongly established on the principle of legality and comes from a codification tradition, based on the classical liberal criminal law, which could be classified as a procedural justice system. In recent years there is a tendency to carry out penal reforms very often and most of them have increased punitiveness by widening the categories of crimes, raising the penalties, and making the penitentiary system less flexible, especially for some criminal offences. The results of a recent thorough study of each stage of the Spanish penal system show that the model of law and order is displacing the procedural justice system. However, there are certain areas that seem to resist this punitive drift and show some optimism on the tendency to change the criminal policy model. This paper describes the current situation of the Spanish penal system and presents some examples of viable alternatives to the overuse of criminal law.
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El trabajo comienza preguntándose por los factores sociales y políticos que puedan explican la insatisfactoria y volátil situación político-criminal en la que nos encontramos. A continuación pretende desenmascarar algunos lugares comunes frecuentemente utilizados para justifi car decisiones político-criminales poco fundamentadas. Sigue con la exposición de varios referentes valorativos que permitirían recuperar la coherencia ideológica y pragmática en esta materia. Y fi naliza atendiendo a un par de tareas que se revelan especialmente urgentes
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http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=DRS_063_0425
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espanolEste trabajo argumenta que las categorias acusatorio e inquisitivo han sido mas centrales para el derecho procesal penal comparado que lo que se ha reconocido previamente ya que han contribuido a constituirlo y a moldearlo como campo transnacional al reflejar y restringir sus principales tendencias teoricas y sus mayores temas de interes. Se identifican las principales tradiciones teoricas de este campo mediante un relevamiento de los usos que la doctrina y la jurisprudencia le han dado a la distincion entre acusatorio e inquisitivo, y se argumenta que incluso los principales analisis alternativos existentes operan dentro de estas mismas tradiciones teoricas. Ademas, se aduce que la dicotomia acusatorio-inquisitivo tambien ha contribuido a limitar el tipo de temas tratados por este campo. Finalmente, se esbozan diversas maneras mediante las cuales el derecho procesal penal comparado puede superar la larga sombra teorica y tematica de las categorias acusatorio-inquisitivo y asi expandir y enriquecer nuestro conocimiento y analisis, tanto positivos como normativos, sobre el proceso penal. EnglishThis chapter maintains that the adversarial and inquisitorial categories have been more central to comparative criminal procedure than it has been previously acknowledged because they have contributed to constitute it as a transnational field by reflecting and restricting its main theoretical trends and thematic interests. The article identifyies the main theoretical traditions of this field by mapping commentators� and courts� uses of the adversarial and inquisitorial distinction, and shows that even the main comparative criminal procedure alternative approaches are operating within these same theoretical traditions. The article suggests that the adversarial-inquisitorial dichotomy has also contributed to limit the type of themes that the field has covered. Finally, the article sketches a number of ways in which comparative criminal procedure may transcend the long theoretical and thematic shadow of the adversarial and inquisitorial categories and thus expand the type of positive and normative insights it can bring to our understanding of the criminal process. portuguesEste trabalho argumenta que podem ser identificadas as principais tradicoes teoricas dentro das quais o direito processual penal comparado tem trabalhado, mediante um relevamento dos usos que a doutrina e a jurisprudencia lhe tem dado a distincao entre acusatorio e inquisitivo. Depois de efetuar este relevamento, afirma-se que inclusive as principais analises do direito processual penal comparado que tem usado terminos ou ferramentas conceituais alternativas a oposicao acusatorio-inquisitivo operam dentro destas mesmas tradicoes teoricas. Alem disso, se aduz que a dicotomia acusatorio-inquisitivo tambem tem contribuido a limitar o tipo de temas ou questoes tratados pelo direito processual penal comparado. Finalmente, esbocam-se diversas maneiras mediante as quais o direito processual penal comparado pode superar a longa sombra das categorias acusatorio-inquisitivo e assim expandir e enriquecer nosso conhecimento e analise, tanto positivos quanto normativos, sobre o processo penal.