Un enfoque sistematizador a estudios sobre participación y equidad en Cuba

Abstract

The participatory culture of Cuban society, has been fostered, sustainably, since the triumph of the Revolution in 1959, there are diverse experiences that account for this. The Cuban Revolution was constituted as a social project with a high level of popular convocation, which created the essential conditions and foundations for strengthening the mechanisms and institutions of political participation and partner. Participation is legitimized as a right to exercise power in a given scenario, either directly or mediated by representatives, provided that the latter can be democratically controlled. The breadth and sometimes ambiguity with which participation has been worked has aroused debates that call into question its operational and instrumental usefulness, whether the type of participation to which reference is referred, in line with the political, economic, community, cultural, etc., or on the micro or macro scale is not clearly defined and specifically specified. This work shows the research results that were obtained after a systematization on participation in the period 2008-2018, which showed different gaps for social participation in Cuba.

Full text

Artículo original
Un enfoque sistematizador a estudios sobre participación y equidad en Cuba
A Systematizing Approach to Studies on Participation and Equity in Cuba
Dr. Reynaldo Miguel Jiménez Guethón1* 1
MSc. Jagger Álvarez Cruz1 https://orcid.org/0000-0001-7474-8810
MSc. Vilma Hidalgo López-Chávez1 https://orcid.org/0000-0002-5596-4187
1Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad de La Habana, Cuba
* Autor para correspondencia rejigue@flacso.uh.cu
RESUMEN:
La cultura participativa de la sociedad cubana, se ha fomentado, sostenidamente, a partir del triunfo de la
Revolución en 1959, son diversas las experiencias que dan cuenta de ello. La Revolución cubana se
constituyó como un proyecto social con alto nivel de convocatoria popular, que creó las condiciones y
fundamentos esenciales para el fortalecimiento de los mecanismos e instituciones de participación política y
social. La participación queda legitimada como un derecho a ejercer el poder en un determinado escenario,
ya sea de manera directa o mediado por representantes, siempre y cuando estos últimos puedan ser
controlados democráticamente. La amplitud y en ocasiones ambigüedad con la que se ha trabajado la
participación, ha despertado debates que cuestionan su utilidad operativa e instrumental, si no se define con
claridad y se específica el tipo de participación al que se hace referencia, ajustada al ámbito político,
económico, comunitario, cultural, etc., o bien a la escala micro o macro. Este trabajo muestra los resultados
de investigación que se obtuvieron después de realizar una sistematización sobre participación en el período
2008-2018, lo que arrojó diferentes brechas existentes para la participación social en Cuba.
PALABRAS CLAVE: cultura participativa, políticas de participación, políticas sociales, sistematización.
ABSTRACT:
The participatory culture of Cuban society, has been fostered, sustainably, since the triumph of the
Revolution in 1959, there are diverse experiences that account for this. The Cuban Revolution was

constituted as a social project with a high level of popular convocation, which created the essential
conditions and foundations for strengthening the mechanisms and institutions of political participation and
partner. Participation is legitimized as a right to exercise power in a given scenario, either directly or
mediated by representatives, provided that the latter can be democratically controlled. The breadth and
sometimes ambiguity with which participation has been worked has aroused debates that call into question
its operational and instrumental usefulness, whether the type of participation to which reference is referred,
in line with the political, economic, community, cultural, etc., or on the micro or macro scale is not clearly
defined and specifically specified. This work shows the research results that were obtained after a
systematization on participation in the period 2008-2018, which showed different gaps for social
participation in Cuba.
KEYWORDS: participatory culture, participation policies, social policies, systematization.
Enviado: 16/8/2020
Aprobado: 17/9/2020
INTRODUCCIÓN
En los últimos años Cuba ha estado inmersa en procesos de cambio, que, si bien no pone en riesgo la esencia
socialista de su sistema social, incluye nuevos conceptos y mecanismos, claves para el desarrollo sostenible
del país. En este sentido, el período 2010-2016 se focalizó en actualizar el Modelo Económico y Social de la
nación, a partir de documentos que marcaron sus líneas estratégicas.1 Entre los cambios implementados se
promueven acciones para la descentralización, con énfasis en el espacio local como escenario idóneo para la
gestión del desarrollo. Se apunta hacia un desplazamiento del rol central del Estado en la planificación y la
gestión de la política, hacia una visión multidimensional y multiactoral, que otorga un mayor protagonismo a
la integración de actores locales, económicos y sociales en la construcción del proyecto social y humanista
que se edifica. Para la sostenibilidad y eficiencia en el logro de estos principios de transformación, la
participación social es un puntal y una garantía.
En el escenario cubano se teje una amplia red de espacios participativos, con múltiples objetivos y alcance.
Un ejemplo paradigmático ha sido el trabajo desempeñado por los Talleres de Transformación Integral del
Barrio (TTIB),2 que han sido referentes teórico-metodológicos para el desarrollo comunitario.

Sin embargo, en las últimas décadas las investigaciones apuntan a un debilitamiento de los mecanismos
participativos y autogestivos de la política social (Espina, et al., 2010). Dentro de las problemáticas
identificadas se sugieren bajos niveles de participación social-comunitaria (Castro, 2014; Vázquez, Rojas,
Sánchez, 2018), prácticas que en algunas experiencias no se comportan en relación a las necesidades de
transformación que demanda el ámbito local; e ineficiencias percibidas en los mecanismos de participación
para la solución de problemas cotidianos (Chaguaceda & González, 2015).
La necesidad de fortalecer los mecanismos de participación social y ciudadana es reconocida dentro de la
Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista (respaldados por la
Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de junio de 2017) que expone en su capítulo I como principales
transformaciones que fundamentan la actualización:
e) Perfeccionar la participación democrática a todos los niveles, en especial, el
control popular y el involucramiento ciudadano en la solución de los problemas que
afectan a cada territorio, centro de trabajo o comunidad. Lograr una efectiva
comunicación social, con énfasis en su calidad y en el acceso oportuno a la
información pública. (PCC, 2017a)
El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores
Estratégicos (respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de junio de 2017), apunta como
esencial dentro del eje Estratégico: Desarrollo humano, equidad y justicia social, «alcanzar niveles efectivos
de participación de la población en todos los órdenes de la vida económica, política, social y cultural, como
principio fundamental para avanzar en la construcción de la sociedad socialista» (PCC, 2017b). Entre los
objetivos específicos de este acápite se resalta la importancia de perfeccionar el marco jurídico e
institucional para alcanzar niveles efectivos de participación de la población en todos los órdenes de la vida
económica, política y social, así como en los mecanismos de evaluación, control, retroalimentación y ajuste
del proceso de transformación social.
La profundización que se lleva a cabo hacia la descentralización territorial, a favor de la autonomía del
municipio para la gestión y planificación del desarrollo local, constituye un elemento clave para el logro del
perfeccionamiento de la participación social efectiva. Es el municipio el horizonte más cercano a la realidad
de los individuos, las posibilidades de participación real se materializan en este espacio. También tiene un
efecto sobre la subjetividad colectiva, la percepción de autodeterminación y la toma de decisiones sobre los

recursos locales, lo que se traduce en mayor implicación personal, sentido de pertenencia, y elevación de los
sentimientos de bienestar y arraigo a su comunidad o barrio.
Las bases para el perfeccionamiento de los mecanismos jurídicos e institucionales que permitan desarrollar
mayores niveles de participación popular están sentadas no solo en los documentos programáticos de la
nación cubana, también en la Constitución de la República de Cuba, aprobada en febrero de 2019; en ella se
refleja el término participación 17 veces, y la palabra participar seis; referente a esta temática se destaca el
Artículo 45, inciso 149: «El Estado propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo del país y la
protege ante cualquier tipo de violencia» (2019, p. 11), el Artículo 90: «Todas las personas tienen derecho a
participar en la vida cultural y artística de la nación» (2019, p. 14) y el Artículo 92: «El ciudadano cubano
tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado» (Constitución de la
República de Cuba, 2019, p. 14).
Otro elemento clave es el Artículo 14 que refiere que
el Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y
sociales, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, representan sus
intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y
defensa de la sociedad socialista. (Constitución de la República de Cuba, Artículo 14,
2019, p. 7)
Estos elementos constituyen principios importantes para la legitimidad institucional de los nuevos actores
que han emergido en el escenario cubano en las últimas décadas, los cuales, en muchos casos, son motores
impulsores de la participación ciudadana en los lugares donde se encuentran.
Sin embargo, los retos de la participación no deben únicamente circunscribirse al marco legal regulatorio. La
efectividad de los mecanismos de participación también está atravesada por los presupuestos teóricos-
metodológicos de partida, el rol que asumen los agentes que propician los espacios de participación, la
capacidad de generar estrategias participativas inclusivas según el género, la edad, el territorio, el color de la
piel, la vivienda/hábitat, el nivel socioeconómico y otras dimensiones, que en muchas ocasiones se
convierten en brechas de equidad en la sociedad cubana.
Según Linares, ha existido

un imaginario social, presente en algunos dirigentes del ámbito local, quienes
atribuyen significados limitados a la cultura y al rol de la población en los proyectos
de participación. Para ellos, participar es sinónimo de asistencia a las actividades
programadas y organizadas por sus instituciones. (Linares, 2004, p. 140)
Las experiencias que a nivel local existen en Cuba respecto a estos procesos puede ser un punto de partida
para el diálogo. Son diversos los agentes que integran el entramado social comunitario en Cuba: gobiernos
locales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones vecinales, proyectos
comunitarios, universidades, centros de investigación. Cada uno de ellos asume enfoques teóricos-
metodológicos que dan cuenta de la riqueza acumulada en cuanto a procedimientos y formas de promover la
participación social. Sin embargo, algunas de ellas quedan invisibilizadas debido a la aún insuficiente
socialización y sistematización de sus resultados.
De ahí que se requiera recuperar el amplio acervo de prácticas que movilizan mecanismos de participación
para la gestión del desarrollo. En base a ello, sería pertinente valorar qué acciones se generan para lograr la
auto-gestión de los actores locales en el diseño de las estrategias de desarrollo a nivel local; qué espacios
cobran los mecanismos tradicionales de participación -rendición de cuentas, sesiones de asamblea- en el
ejercicio real de acceso al poder para la toma de decisiones; qué características tienen los espacios de diálogo
que asumen la participación social y ciudadana con enfoque de equidad; cómo se articulan los múltiples
programas y proyectos para la gestión integrada del desarrollo, desde la participación y empoderamiento de
los actores locales.
De cara a las características que asume el contexto cubano actual, la elevada complejidad de sus dinámicas
sociales, la heterogenización de los grupos que la integran y la ampliación de las brechas de equidad, se
necesita asegurar una participación inclusiva, con equidad. Fomentar la cultura de participación, analizar las
diversas condiciones de partida de los grupos sociales, desarrollar espacios de formación de capacidades de
grupos en desventaja, constituye premisas fundamentales para estos fines. La existencia de mecanismos para
la participación social y ciudadana es condición, pero no es suficiente. Es imprescindible la capacidad
transformadora de los actores sociales, su compromiso y responsabilidad. En esa relación se generan sólidos
procesos de participación social, como recursos claves para la construcción colectiva del proyecto social,
justo y emancipatorio al cual se aspira.
Los autores consideran que es necesario educar para participar, hay que involucrar, comprometer a la
población en la gestación, elaboración y materialización de sus estrategias de desarrollo locales.

DESARROLLO
Participación: definición conceptual
Son diversos los referentes conceptuales que se han acercado al estudio y comprensión de la participación.
Puede considerarse como un término polisémico, debido a la pluralidad de significados y sentidos que
adquiere. Sus interpretaciones varían en función de la relación entre múltiples variables y
conceptualizaciones de carácter históricas, contextuales y teóricas.
Participación es un término cuyo origen etimológico se deriva del latín Participatio el cual está formado por
el prefijo Pars o Parti que significa Parte o Porción, el verbo Capere que es Tomar o Agarrar y por último
el sufijo Tio que corresponde a acción y efecto. Lo que lleva a interpretarla como la acción y efecto de tomar
parte en algo, o de hacer partícipe a alguien más sobre algo, lo que quiere decir, noticiar o informar acerca de
algún suceso (http://definición.de, 2015).
De manera general, el término se comprende como un fenómeno social, relacionado con el desarrollo en sus
diversas áreas: económicas, culturales, políticas; e indisolublemente ligado a las necesidades e incentivos de
los grupos y sectores que lo integran (Iglesias & Jiménez, 2017). Se utiliza comúnmente para explicar la
incidencia de los individuos o grupos sociales en procesos donde se resuelven cuestiones de interés público,
ya sea en la consulta, discusiones, planteamiento de propuestas y todo tipo de actividades en las cuales se
interrelaciona el Estado y los ciudadanos para el progreso de la comunidad o de la sociedad en su conjunto
(Guillen, Sáenz, Badii & Castillo, 2009).
Según Dávalos (1997), la participación es un fenómeno de contenido y orientación eminentemente humano
que implica capacidades, condiciones, posibilidades y motivaciones. Desde esta noción, se acota su carácter
de proceso evolutivo, compuesto por etapas, comprendido a partir de la complejidad de sus dinámicas,
interconexiones dialécticas, y sus pluri-condicionamientos.
El concepto de participación remite a «movimiento-acción», y es en la participación, es decir, en la práctica,
que los ciudadanos/as ejercen la ciudadanía a través del ejercicio de los derechos sociales, políticos,
económicos, entre otros. Este ejercicio de ciudadanía tiene relación también con el ejercicio de deberes
(pago de tributos, informarse, denunciar, entre otros) que en ocasiones pasan inadvertidos.
Por su parte Merino (1956), define el término como formar parte, convertirse en parte de una organización
que reúne a más de una sola persona; (…) de modo que participar es siempre un acto social, es decir, la

acción de una colectividad de intervenir sobre los centros de gobierno, tanto en las decisiones, en la
administración de los recursos y en el modo en que se distribuyen sus costos y beneficios.
La noción que propone OXFAM (2015), hace alusión a una de las dimensiones de este proceso, relacionada
con el poder en tanto plantea a la participación como aquellas actividades que pretenden explícita o
implícitamente influir en el debate público y la distribución de poder en una sociedad.
De acuerdo con Rojas, Hidalgo y Álvarez (2018), varios autores (Strauss, 1998; Linares, 1996; Alejandro,
2000 en Arenas et al, 2000) consideran dentro de los contenidos fundamentales de la participación, el
elemento político, la relación del proceso de participación con el poder, su carácter emancipatorio y la
necesidad de su socialización. En este sentido se resalta la connotación de un término visto como:
 Posibilidad de aprendizaje del poder. (Rebellato, 1992).
 Mecanismo de socialización del poder (Dilla, 1996).
 La participación como derecho, práctica política y como facultad de los individuos. (Linares, 1996).
 Potenciación de capacidades colectivas e individuales para producir política de modo directo y a
través de representantes controlados democráticamente (Linares, 1996).
 Importancia de la participación en el control sobre la ejecución de las decisiones tomadas.
(Alejandro, 2000; Díaz, 1998).
Por su parte, Iglesias y Jiménez (2017) identifican un grupo de dimensiones que requieren ser analizadas
para mostrar una perspectiva compleja, sin fragmentaciones y reduccionismos, que pueden ser comunes
durante su análisis. Entre otras hacen referencia a:
 Sujeto de participación: Refleja a los actores que participan cuando se examina el proceso de
participación.3
 Objeto de participación: Señala en qué se participa, ya sea en los ámbitos políticos, económicos o
culturales; o bien sobre la propiedad, los beneficios y la gestión, entre otros.
 Objetivo de la participación: Finalidad o meta de la acción participativa, respondería a la pregunta
para qué se participa.
 Alcance o trascendencia de la participación: Habilidades, competencias y capacidades que favorecen
el intercambio e interacción efectiva entre los involucrados en el proceso.

 Formas o niveles de la participación: Grados de diferente involucramiento en este proceso, que van
desde los niveles más bajos hasta niveles superiores de participación. Ello no significa que las formas
superiores siempre sean las preferibles; la forma en que se participe puede cambiar a lo largo del
tiempo, en ocasiones puede transitar hacia formas superiores y en otras hacia formas inferiores.
Según los autores citados, la clasificación de formas o niveles de participación presentes en la
literatura, no tiene diferencias sustanciales y se identifica por los siguientes:
 Información: Una de las partes da a conocer un contenido determinado, opinión o decisión;
mientras que la otra se limita a escuchar y comprender aquello que se comunica. En términos
relacionales el mensaje se trasmite de manera unilateral, cuya ejecución no depende de la
aprobación del destinatario del mensaje.
 Toma de decisión: Proceso en el que se generan alternativas para alcanzar un objetivo y se
selecciona aquella que se considere más apropiada, incluye las fases de: implementación, control,
evaluación, resistencia.
Valdés Paz (2004), define la participación como un proceso social y político complejo, en el que es posible
distinguir por su contenido, en una secuencia ideal, fases o momentos, cada uno de los cuales es una
manifestación de cierto grado de participación» (p. 51).
El mismo autor reconoce que diversos autores de diferentes países han identificado y mencionado algunos
momentos de la participación y él formula su propia propuesta:
 “Voz. En el cual se expresan opiniones sobre temas de interés de los actores.
 Consulta. En la cual se expresan opiniones y criterios sobre propuestas o asuntos emanados de algún
nivel de dirección.
 Demanda y agregación de demandas. Momentos en que se expresan demandas de servicios, bienes,
medidas organizativas o de gobierno, etc. Incluye participar en la agregación de las demandas
particulares o de su entorno.
 Propuestas. Para elaborar propuestas de medidas, prioridades, candidaturas, etc.
 Decisión o toma de decisiones. Momento en que se decide la aplicación de políticas, planes o
programas; ejecución de medidas, prioridades, etc.
 Realización o ejecución. Para participar en la realización o ejecución de las decisiones.

 Control democrático. Momento en el cual se controla el proceso sociopolítico en general y las
políticas en curso en particular, así como el propio proceso de participación.
 Evaluación. Momento de participar en la estimación de los resultados de la aplicación o ejecución de
las decisiones estratégicas…” (Valdés, 2004, p. 52)
Como cierre de este acápite, los autores consideran reflejar que la participación debe ser un proceso de
progreso en el cual las personas pueden ir sumando experticias de su gradual desarrollo y empoderamiento
en todo lo relacionado a participar. Es importante mostrar lo que presentó Geilfus (2000, citado por
Barrientos, 2005), como la "escalera de la participación", que grafica cómo es posible pasar gradualmente,
de una pasividad casi completa (ser beneficiario) al control de su propio proceso (ser actor del auto-
desarrollo) y donde se puede ver que lo que determina realmente la participación de la gente, es el grado de
decisión que tienen en el proceso.
 Pasividad: las personas participan cuando se les informa; no tienen ninguna incidencia en las
decisiones y la implementación del proyecto.
 Suministro de información: las personas participan respondiendo a encuestas; no tiene posibilidad de
influir ni siquiera en el uso que se va a dar de la información.
 Participación por consulta: las personas son consultadas por agentes externos que escuchan su punto
de vista; esto sin tener incidencia sobre las decisiones que se tomaran a raíz de dichas consultas.
 Participación por incentivos: las personas participan proveyendo principalmente trabajo a otros
recursos (tierra para ensayos) a cambio de ciertos incentivos (materiales, sociales, capacitación); el
proyecto requiere su participación, sin embargo, no tienen incidencia directa en las decisiones.
 Participación funcional: las personas participan formando grupos de trabajo para responder a
objetivos predeterminados por el proyecto. No tienen incidencia sobre la formulación, pero se los
toma en cuenta en el monitoreo y el ajuste de actividades.
 Participación interactiva: los grupos locales organizados participan en la formulación,
implementación y evaluación del proyecto; esto implica procesos de enseñanza-aprendizaje
sistemáticos y estructurados, y la toma de control en forma progresiva del proyecto.
 Auto-desarrollo: los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar intervenciones externas;
las intervenciones se hacen en forma de asesoría y como socios (Barrientos, 2005, p. 4).

La participación se aprende, se mejora a través de la educación y de los conocimientos adquiridos. Es el
derecho de cada individuo a opinar y expresar sus criterios, sus ideas, para tomar decisiones en el presente y
poder decidir su futuro y el de su familia, además el de los miembros de su comunidad o del territorio donde
viva.
Sistematización de investigaciones
Sobre la temática de participación social, pertenecientes al período 2008-2018, se revisaron y analizaron 32
trabajos entre los que sobresalen informes de investigaciones, tesis de diplomas, maestrías y artículos
publicados en libros y revistas, de ellos 24 de sociología, tres de psicología, cinco transdisciplinares y uno de
filosofía.
Cabe destacar que, si bien algunas de las investigaciones estudiadas estuvieron orientadas a la participación
social en y desde distintas aristas, no todas explicitaban un abordaje desde las desigualdades, ni reflejaban
situaciones de esta índole en los informes. Las principales categorías utilizadas son: equidad, inclusión
social, participación, pobreza, condiciones de vida, género, actores sociales, políticas sociales y
desigualdades sociales. Metodológicamente solo fue posible clasificar 20 estudios, en los cuales predomina
la sistematización con nueve trabajos, seguido del enfoque metodológico mixto en seis, cuatro de tipo
cualitativo en el que figura uno de Investigación-Acción, y finalmente uno de corte cuantitativo. Mientras las
técnicas más aplicadas son: el análisis de documentos, entrevistas, talleres y encuestas.
La distribución de investigaciones por año es la siguiente:
Fuente: Elaborado por los autores.
Figura 1. Investigaciones por año.

En cuanto a los territorios de investigación, puede decirse que estos fueron disímiles. Fueron más numerosas
aquellas que abarcaron tanto escenarios urbanos como rurales con un total de 11. Las investigaciones que
reflejaron escenarios comunitarios urbanos sumaron siete, mientras que las que lo hicieron en comunidades
rurales fueron cinco.
Brechas para la participación social encontradas
La revisión de las investigaciones seleccionadas en el período 2008-2018 arroja información que revela la
existencia de brechas que afectan la participación social. Algunas las abordan de forma general, como
obstáculos que enfrentan los sujetos para participar; otras, por su parte, dan cuenta de aspectos que
distinguen y suponen una desventaja para determinados grupos de personas en función de ciertas
características. Esto se considera de gran importancia, ya que, puede ser la génesis de muchas problemáticas
sociales en tanto, se concibe que estas
se deben a la falta de acceso de algunos grupos sociales a los recursos de la sociedad,
como consecuencia de que instituciones que de manera selectiva controlan la
oportunidad de adquirir poder o mayor ingreso económico. Esta carencia de poder
genera apatía, alienación, foco de control externo, desesperanza aprendida. La
solución se divisa en la ampliación de los recursos potenciales de la comunidad.
(Colectivo de autores, 2005, p. 4)
El modelo social cubano, concebido bajo la premisa martiana de «con todos y para el bien de todos», no
obstante, los esfuerzos y recursos empleados por el Estado para conseguirla y sostenerla, aún debe atender a
determinados elementos que entorpecen la participación en ese proceso de construcción colectiva que a
todos/as concierne. Desde el ámbito comunitario se distinguen el carácter verticalista y formal de los
procesos políticos y sociales en general, que genera una situación propiciadora de procesos participativos
que no trascienden el nivel movilizativo y son mínimamente consultivos; mientras los pobladores en
consecuencia, no perciben posibilidades reales de participación en las decisiones relevantes que se toman en
su comunidad (D'Angelo, et al., 2012; D'Angelo, 2014; Batista, 2014; Gómez, et al., 2017). En esa misma
dirección se aprecia que el exceso de centralización para la formulación de estrategias de desarrollo coarta la

participación de actores locales en la toma de decisiones y no se suele tener en cuenta la heterogeneidad de
las necesidades territoriales y grupales y sus vías de satisfacción (Espina, et al., 2008a).
Desde el punto de vista etario, parecen ser los jóvenes el grupo poblacional que en mayor desventaja se
encuentra, al menos desde sus propias percepciones (Martínez & Gómez, 2010; Luis, 2012; Lafuente, 2016).
Por una parte, los espacios que desde lo formal se establecen para el acceso a recursos que permiten influir
en la toma de decisiones respecto a asuntos relevantes para la comunidad se caracterizan por su verticalidad,
contenidos desligados del interés y pertinencia para su desarrollo social y personal (D'Angelo, et al., 2012), y
por estar constituidos por personas de la tercera edad o adultos medios (Batista, 2014); y en todo caso serían
los jóvenes profesionales quienes tienen posibilidad real de formar parte de la toma de decisiones (Espina, et
al., 2010).
En la Tabla 1 se muestra una comparación entre la estructura de la candidatura a la IX Legislatura de la
Asamblea Nacional del Poder Popular (2018-2023), en función del género, rango etario (jóvenes 18-35 años)
y color de la piel, con la estructura de la población mayor de 18 años en función de los aspectos antes
mencionados.
No obstante, parece existir un acto tácito de dejación de la solución de problemáticas comunitarias en manos
de generaciones mayores lo que apunta, por una parte, a una baja autoeficacia de los jóvenes para la
transformación unida a una desesperanza aprendida, y por otro lado, al rol paternalista que tradicionalmente
asumen las instituciones sociales (D'Angelo, et al., 2012). Esto conforma un ciclo que atenta contra la
inserción juvenil en procesos de toma de decisiones a nivel comunitario, lo cual se refuerza con la existencia
de espacios potenciales para la participación social que no son formalmente aprovechados desde las
instancias de poder, mientras que sí lo son desde lo informal de las prácticas cotidianas juveniles (Beltrán &
Serrano, 2010). Esto habla de la subutilización de potencialidades participativas en el sector juvenil de la
población en las comunidades, que no son tenidas en cuenta ya sea por desconocimiento e incapacidad de
percibirlas como tales, y/o por visiones estereotipadas de las juventudes de las comunidades.

Tabla 1. Comparación de la composición de candidatura de la ANPP con la composición de la población
elegible.
Fuente:http://www.postdata.club/issues/201803/se-parecera-el-parlamento-a-cuba.html
Una mirada a la tabla anterior, permite concluir que son los jóvenes el grupo poblacional menos
representado en la candidatura que ejerce sus funciones en el período vigente y correspondiente a la IX
Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esto puede estar dando cuenta de un proceso de
preferencia de personas de generación mayores para tales responsabilidades, o bien de que la generación
juvenil delega las mismas en adultos medios y/o mayores. También pudiera entenderse que el recorrido que
debe hacer una persona hasta llegar a la máxima instancia toma años, de modo que se puede comenzar
siendo joven y arribar a este nivel cuando ya se salió del período etario juvenil. Las personas blancas se
encuentran en menor proporción dentro del órgano de poder que en la población habilitada para ello, aunque
la diferencia solo es de 4.76 puntos porcentuales (Almeida, 2018). Las mujeres, encuentran una
representación discretamente mayor en la candidatura que en la población de más de 18 años, lo mismo
ocurre con personas no blancas.

Otra es la realidad de la presencia femenina en las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP), como
bien muestra la Figura 2.
Fuente: http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/05_pdf_0.zip
Figura 2. Porciento de mujeres en candidaturas a la AMPP por años y por provincias
Como puede apreciarse, entre el año 2012 a 2017 la tendencia a la presencia femenina en las AMPP ha ido
en aumento. Solo tres provincias sobresalen por un decrecimiento en la representación de mujeres en esta
instancia gubernativa: Villa Clara, que descendió de una proporción de 33.1 % a 31.8 %; Cienfuegos, de
36.1 % a 33.7 %, y Holguín de 28.2 % a 26.9 %. Habiendo solo tres provincias con saldos negativos, a nivel
nacional se experimentó un crecimiento de un 2 %, habiendo en 2012 un 33.5 % y en 2017 un 35.5 %
(ONEI, 2019).4
Ahora bien, en Cuba, las mujeres en las edades entre 20 y 64 años, son 3 852 476, mientras que los hombres
en este rango etario alcanzan la cifra de 3 517 480. Esto claramente apunta a una superioridad numérica
femenina en la cual, en todo caso, los hombres están 8.7 puntos porcentuales por debajo de las mujeres. No
obstante, a nivel nacional, por solo tomar este eje como ejemplo, las mujeres han constituido
aproximadamente un tercio de las gubernaturas aun siendo mayoría.
Desde una perspectiva de género, considera Abed (2014) que la participación de las mujeres en los proyectos
de desarrollo continúa siendo insuficiente, estando rezagadas debido a múltiples desigualdades, entre las que
destaca la escasa participación en la toma de decisiones que afectan su vida. De este modo no alcanzan el

mismo nivel de participación en la esfera del poder, estando menos incorporadas a los cargos de dirección
(Espina, et al., 2008b). Por otra parte, al ocupar los hombres la mayoría de las posiciones de poder, las
decisiones y políticas tienden a reflejar necesidades y preferencias masculinas, dejando por fuera las de las
mujeres (Labrador, 2011), con lo cual concuerdan Mujíca et al. (2018) y Madrigal (2013) al percibir como
brecha de género la desigual participación femenina en los principales espacios de toma de decisiones a
nivel territorial.
La condición de pobreza, se asocia a niveles bajos de participación social de los miembros de familias que se
encuentran es esta condición (Campoalegre, et al., 2016). Esto, además, es retroalimentado por percepciones
estigmatizadoras y prejuiciadas de determinadas organizaciones e instituciones sociales, las que en ocasiones
se traducen en actitudes represivas y excluyentes hacia estas familias (Zabala 2010). La desconexión
existente entre estas y las organizaciones que, desde lo formal, encabezan el barrio es apreciable, y en el
mejor de los casos se reducen a la pertenencia y a la asistencia a las reuniones que desde ellas puedan
convocarse. Esta participación primaria, es legitimada como un «deber ser» no solo por la población sino
también por los dirigentes de las distintas organizaciones (Ramírez, 2013). Como puede apreciarse, la
participación característica en este tipo de comunidades no trasciende los niveles movilizativos y
consultivos, de manera que las decisiones se definen en instancias superiores para luego implementarse en
los espacios «micro» como mandatos, sin tener suficientemente en cuenta la diversidad de realidades,
necesidades y actores potenciales (Gómez, et al., 2017).
En las investigaciones revisadas no se encontraron datos que apunten directamente a la desventaja de cara al
acceso a la participación social según el color de la piel. No obstante, sí se comprobó que una de las
características de las familias en condición de pobreza o vulnerabilidad es su desconexión de los procesos
comunitarios de toma de decisiones (Zabala, 2010; Campoalegre, et al., 2016). Otra de las características de
las familias antes referidas es la sobrerrepresentación de personas negras y mestizas, con lo cual tienen más
probabilidades de encontrarse en desventaja para la participación, aunque no por su color de piel
propiamente dicho, sino por su condición de pobreza (Arés & Benítez, 2009; Zabala, 2010; González, 2013;
Campoalegre, et al., 2016).
Recomendaciones a las políticas de participación
A continuación, se presenta un resumen de las principales recomendaciones realizadas a la temática de la
participación desde las investigaciones revisadas.

Pueden distinguirse las recomendaciones que apuntan a la modificación de las estructuras desde las cuales
son creadas las políticas. Así se concibe como necesario un adecuado balance entre centralización y
descentralización en la gestión de la política social, donde se le otorgue mayor protagonismo a los gobiernos
locales, las comunidades y las familias en las decisiones de política social y en el control de las actividades,
de modo que se conserve el papel protagónico del Estado y de una estrategia social centralizada y universal
(Espina, et al., 2008b).
Se continúa haciendo un llamado a la descentralización y a incrementar los niveles de participación de los
actores sociales locales en los procesos de desarrollo de sus territorios, así como a una continuidad de las
acciones dirigidas al incremento de la participación femenina en el empleo (Espina et al., 2009). Ramírez
(2013) también apunta a descentralizar aún más la gestión de la política social al territorio, buscando una
participación más efectiva de las organizaciones sociales y las familias en las decisiones y el control de las
actividades.
Es enunciada la necesidad de redistribución de poder, y es hacia esto último que habría que reorientar la
participación popular en la construcción de una agenda social (Espina et al., 2008a). Al mismo tiempo, se
recomienda promover la participación social lo que incluye el control ciudadano del desempeño institucional
formal, de modo que se tomen en cuenta las diferencias en la construcción de la ciudadanía que se desarrolla
en los diferentes territorios. También resulta importante potenciar la capacidad de las personas de ser agentes
de su propio bienestar; para lo cual es necesario que se priorice la dinamización de las estructuras de
participación local, así como que los gobiernos locales asuman la existencia de la pobreza, se refuerce el
estudio de sus causas y se produzca un explícito compromiso político con su erradicación (Peña, 2013).
En la misma dirección se sugiere elaborar, con la implicación de actores locales y comunitarios como sujetos
del proceso, una metodología participativa para el diseño, implementación y evaluación de la política social
a escala local-comunitaria (Gómez, et al., 2017), haciéndose necesario rescatar, o bien construir, espacios
organizados para deliberar, decidir y controlar sistemáticamente las decisiones, y que involucren a todos los
actores comunitarios, lo cual se ha mostrado como una necesidad de sustentabilidad de proyectos de
desarrollo local y su articulación con nuevas institucionalidades y liderazgos (D'Angelo, 2014), esto refleja
la necesidad de una cultura de participación que sustente los marcos de regulación y las políticas sociales
(Fernández, 2010; Bellido, 2013). Díaz et al. (2018), también señalan la necesidad de incrementar la
participación y la consulta popular de los procesos de toma de decisiones para el diseño de la Estrategia de
Desarrollo Municipal (EDM) desde la perspectiva de la equidad social y no solo desde la igualdad (Díaz, et
al., 2018).

Por otra parte, Espina et al. (2010) consideran necesario:
 Dinamizar los mecanismos de participación en la gestión local del desarrollo con un elevado peso de
la autogestión y de la participación de los actores locales en el diseño de estrategias de desarrollo.
 Consolidar una política cultural sustentada en estrategias de fortalecimiento de la diversidad, de
participación local y de superación de las brechas en el acceso al consumo cultural para diferentes
grupos sociales, tomando en consideración los análisis o las miradas a todos los grupos etarios
(Espina, et al., 2010).
Pensando en el género, Abed (2014) considera que es necesario incrementar la participación de la mujer en
las diferentes actividades que se realizan en los proyectos nacionales y territoriales. Castañeda (2018),
propone que lo necesario es impulsar una mayor participación de la mujer en puestos de dirección, mientras
que Espina et al. (2010) convocan a contar con programas de acciones comunitarias para una mayor
participación de la mujer, y mayor visibilidad y reconocimiento de su aporte a la sociedad.
Para Hernández y Martínez (2017), se hace imprescindible repensar el fomento de la cultura cooperativa
juvenil como un proceso articulador entre los actores sociales desde sus sistemas de relaciones, para facilitar
la consecución de un objetivo común.
Dirigidos al sector juvenil, se recomienda el reenfoque de la relación adultocéntrica y estadocéntrica con
relación a muchos sujetos y grupos sociales que necesitan más espacio para ejercer su autonomía
responsable, unido a procesos educativos y formativos complementarios en el ejercicio de las relaciones
sociales e interpersonales cotidianas (D'Angelo et al., 2012). También se llama a perfeccionar los
mecanismos de información, incorporando estadísticas específicas para el sector juvenil, que posibiliten el
seguimiento y la toma de decisiones sobre bases objetivas (Espina et al., 2008a).
Finalmente se propone estimular la participación de tomadores de decisiones y líderes formales de los
consejos populares en los espacios formativos (Díaz, et al., 2018). Al mismo tiempo, se dictamina que las
instituciones comunitarias (aquellas encargadas de la seguridad social, salud y educación a nivel local) deben
promover un cambio en su accionar de manera que se construya un proceso de interacción con la población
residente en los barrios periféricos, en aras de crear proyectos (Ramírez, 2013).
Como se observa, son muchas las propuestas para implementar políticas sociales que incentiven y
promuevan una real participación de la población en todas las esferas socio productiva y política de la
sociedad cubana, queda mucho trabajo por hacer y la necesidad de darle continuidad a estas propuestas.

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Notas aclaratorias:
* Este trabajo integra uno de los resultados del proyecto “Políticas sociales participativas: claves para la equidad y la sostenibilidad”, coordinado
por FLACSO-Cuba, que corresponde al Programa Nacional Sociedad Cubana. Retos y perspectivas en el proceso de actualización del modelo
económico y social. El referido resultado consiste en la sistematización de las principales desigualdades e inequidades sociales existentes en la
sociedad cubana actual.
1 Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista; Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el
2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos; Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el
período 2016-2021.
2 Los Talleres de Transformación Integral del Barrio fueron creados en 1988, como iniciativa del Grupo para el Desarrollo Integral de La Habana
con el propósito de transformar el barrio desde lo social, cultural, económico y ambiental.
3 Según los autores, en una organización o proceso, son diversos y plurales los actores y personas involucrados y cada uno de ellos suele hacerlo
de manera diferente, de ahí que sea imposible hablar de participación en abstracto, sin especificar el sujeto al que se hace referencia (Iglesias &
Jiménez 2017)
4 El anuario fue publicado en 2019 pero abarca datos de hasta el 2018.
Conflicto de intereses
Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.
Contribución autoral
Reynaldo Miguel Jiménez Guethón realizó la parte conceptual y la sistematización de las investigaciones
sobre participación.
Jagger Álvarez Cruz realizó la sistematización de las investigaciones sobre participación y las
recomendaciones a las políticas de participación.
Vilma Hidalgo López-Chávez realizó la sistematización de las investigaciones sobre participación y las
recomendaciones a las políticas de participación.