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LOS LEGADOS DE REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN EN CHILE ANTE LA OPORTUNIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
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|LOS LEGADOS DE REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN
EN CHILE ANTE LA OPORTUNIDAD DE LA NUEVA
CONSTITUCIÓN
| LEGACIES OF REPRESSION AND EXCLUSION
AND THE OPPORTUNITY OF THE NEW CONSTITUTION IN CHILE
Jul i eta Suárez-Cao / Ja vie r a arCe-rif f o / Su S ana riquelme Parra / Carolina aCe v edo
de l a Har P e / natali a eSPinoza Soto / rodolfo diSi Pavl i C / Beatr i z roq u e / valentina
moya n o / Beatr i z vega elizondo
INTRODUCCIÓN
Desde el estallido social del mes de octu-
bre de 2019, Chile ha vivido unos tiem-
pos inciertos y poco comunes en el país
que era siempre mencionado como el
ejemplo de la estabilidad política y eco-
nómica de la región. Resulta evidente a
esta altura que tal estabilidad tenía pies
de barro y dependía de la exclusión, por
acción o por omisión, de grandes sec-
tores de la población. Dicha exclusión
está marcada territorialmente por las
desigualdades socioeconómicas, y polí-
ticamente por la elitización de las ins-
tituciones partidarias y de gobierno. En
este punto en que la exclusión desembo-
ca en una fuerte crisis de representación
y legitimidad, el proceso constituyente
para escribir una nueva Constitución
que reemplace la de la dictadura de Au-
gusto Pinochet abre una oportunidad
para pensar instituciones y un modelo
de Estado que se haga cargo de incluir y
de representar a la ciudadanía y sus de-
mandas.
En este “Foro de debate” traemos prin-
cipalmente las voces de integrantes de la
Red de Politólogas que ponen el foco en
las exclusiones basadas en el género y los
pueblos originarios. Esta selección, si bien
no es exhaustiva de todas las exclusiones y
de los targets de represión en Chile, no es
aleatoria y está relacionada con las inno-
vaciones representativas que trae con sí la
próxima Convención Constitucional. A
partir de mediados de 2021, en Chile se-
sionará una Constituyente paritaria y con
representación de pueblos originarios.
En un contexto de cierto consenso por
la necesidad de desconcentrar el poder
que actualmente posee la Presidencia y de
descentralizar la autoridad, diseño e im-
plementación de políticas públicas hacia
niveles territoriales, que la nueva Consti-
tución sea redactada por personas que no
son “las mismas de siempre” parece ser
un paso en la dirección correcta hacia el
objetivo de generar un pacto social más
incluyente.
No es sorprendente entonces que el
foco de estas contribuciones esté puesto
en las mujeres y en los pueblos origina-
rios. En las mujeres, porque desde las
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240 limitaciones presentadas por la cuotas
de género incluidas en la reforma del
sistema electoral de 2015 a la integra-
ción paritaria conseguida para la Con-
vención Constitucional cinco años más
tarde, se pone en evidencia la inuencia
poderosa de las movilizaciones feminis-
tas y los cambios culturales que apoyan
la igualdad de género. Basta con ver que
aún las resistencias políticas a la paridad
de género que surgieron desde la dere-
cha no discutían la importancia o jus-
ticia de la paridad en las candidaturas,
sino el resultado nal paritario. Como
muestra de estas transformaciones en el
ideario social y político, resultaba sor-
prendente ver que quienes se habían
opuesto férreamente a las cuotas cinco
años antes, ahora coincidían en que
eran necesarias.
Y la discusión continúa avanzando.
Con miras a la nueva Constitución, la
acción de los feminismos ha contribuido
a que el debate público haya ampliado
el foco que estaba principalmente sobre
la representación de las mujeres para ir a
centrarse en los cimientos que sostienen
la desigualdad de género: el trabajo de
reproducción, las tareas domésticas y de
cuidados no reconocidas y no remune-
radas. Así, es posible reexionar de cara
al futuro sobre el poder transformador
de las mujeres. Aún antes de ser electas,
la explosión de candidaturas de muje-
res para la Convención Constitucional
(un 51% del total) logró incorporar a la
discusión política y mediática una va-
riedad de temas de derechos, políticas
públicas y organización del Estado que
solían pasar por debajo del radar en la
sociedad.
Sin embargo, la deuda histórica no es
solo con las mujeres. La represión que
quedó a la vista de todo el mundo du-
rante el estallido social, no era algo nue-
vo para los sectores más vulnerados ni
para los pueblos originarios de Chile. En
especial, el pueblo mapuche que sufre en
carne propia la criminalización que se
ha hecho de sus protestas y demandas.
La utilización de la fuerza represiva del
Estado ha sido moneda frecuente en los
conictos indígenas, así como el empleo
de la Ley Antiterrorista, a pesar de las
indicaciones a contrario estipuladas por
la experiencia internacional. La reivin-
dicación de la presencia de los pueblos
originarios en la Convención Constitu-
yente puede ser un paso adelante hacia
una salida política de reconocimientos
de autonomía y plurinacionalidad en
sintonía con una estructura de poder
más descentralizada y con miras a la sus-
tentabilidad.
En suma, la oportunidad que inaugu-
ra el proceso constituyente es la de dejar
atrás los legados de exclusión sobre los
que se construyó la democracia en Chi-
le. Es una buena señal que la Convención
Constitucional presente una composición
muy novedosa en las candidaturas: que
sean más las candidatas que los candida-
tos, que haya bajado mucho el promedio
de edad, y que se incorporen personas de
las diversidades sexuales y en situación
de discapacidad. Porque el primer paso
para dejar atrás la exclusión es tomar la
decisión explícita de incluir a quienes han
estado históricamente al margen de los es-
pacios de poder.
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DESDE EL ESTALLIDO SOCIAL A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
EN EL CHILE ALBOROTADO. LA APARENTE INSTITUCIONALIZACIÓN
DE UN CONFLICTO LATENTE
El 8 de octubre de 2019 el presidente Se-
bastián Piñera, en una entrevista otorga-
da a un matinal llamado Mucho Gusto del
canal de televisión Mega, armó que “en
medio de una América Latina convulsio-
nada, Chile es un verdadero oasis con una
democracia estable”, haciendo referencia
a las crisis político-institucionales de los
países vecinos. No obstante, diez días des-
pués Chile entero se quemaría a través de
una violenta protesta social, que comenzó
con manifestaciones encabezadas por es-
tudiantes secundarios evadiendo el pasaje
del metro, pero que luego se extendieron
por toda la capital chilena, hasta sobrepa-
sar las fronteras de la Región Metropoli-
tana y tener sus propias variaciones a lo
largo y ancho del país.
Las estaciones del metro de la ciudad
de Santiago se llenaron de manifestantes
durante la tarde y noche de aquel viernes
18 de octubre, demandando dignidad
y justicia. Poco más de veinte personas
murieron luego de la represión policial y
miles de manifestantes fueron tomados
detenidos por la policía uniformada del
país, alertando a la comunidad mundial
sobre violaciones de derechos humanos
en democracia, y también sobre la tortura
sexual de la policía chilena contra las mu-
jeres que se manifestaron, como lo advir-
tió el canal de noticias Vice News.
Como resultado a un mes de protes-
tas de características inorgánicas, el poder
político decidió ofrecer una alternativa
para resolver el conicto a la ciudadanía
a través del Acuerdo por la Paz y la Nueva
Constitución, suscrito la madrugada del
15 de noviembre, la posibilidad de hacer
un plebiscito nacional para cambiar la
constitución, ofreciendo dos alternativas:
aprobar o rechazar el cambio constitucio-
nal, y bajo qué organismo hacer este cam-
bio institucional, por medio de una Con-
vención Mixta, compuesta por la mitad
de miembros del Congreso Nacional y la
otra mitad electa en distritos de baja mag-
nitud, o el 100% de miembros electos.
Debido a la crisis sanitaria producida por
el covid-19 en el mundo, este plebiscito
se debió posponer desde abril de 2020 a
octubre. El día 25 de octubre, el apruebo
se raticó con un 78,2% de las preferen-
cias, y la Convención Constitucional con
un porcentaje similar.
CAUSAS DEL ESTALLIDO
Chile aparentaba ser una de las demo-
cracias más sólidas de América Latina,
contaba con un sistema de partidos que
funcionaba, de acuerdo a estudiosos de la
ciencia política con un sistema de parti-
dos institucionalizado y competitivo, de
acuerdo al texto clásico de Scott Mainwa-
ring y Timothy Scully, titulado La insti-
tucionalización de los sistemas de partidos
en América Latina. También Chile pare-
cía un país bastante estable, pero escondía
entre tanta “perfección” un índice Gini
que dejaba entrever niveles altos de des-
igualdad, que alertaban además la preca-
riedad de la vida de la ciudadanía, en que
el sobre-endeudamiento marcaba la vida
de las personas. El propio Banco Central
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242 advirtió en 2020 que el endeudamiento
ocupaba el 74,5% del ingreso de los chi-
lenos y chilenas.
Todo esto, además, en un escenario
en que los salarios son bajos para el cos-
to de la vida en Chile, considerado como
uno de los países más caros de la región
y Santiago una de las ciudades más caras
de América Latina, en donde el salario
promedio alcanza los 550 dólares men-
suales, con un sueldo mínimo de 414 dó-
lares (INE). Las pensiones resultan bajas,
un promedio de 286 dólares al mes, y se
basan en un sistema privado de capitali-
zación individual. Lo anterior contras-
tado con el nivel de gasto de las familias
demuestra que es una situación compleja
para las familias llegar a n de mes y de-
ben recurrir a endeudarse.
Chile posee uno de los sistemas de
transporte más caros de América Latina,
su alza de precio las semanas previas al es-
tallido en la ciudad de Santiago motivó
las protestas sociales que apuntaron a eva-
dir el metro por parte de los estudiantes
secundarios, el cual luego del reajuste al-
canzaría la suma de 1,7 dólares por viaje.
Si a esto se agregan los gastos en despensa,
consumos básicos y también costo de la
vivienda, las familias se observan as-
xiadas para poder sobrevivir, de acuerdo
al reportaje de Cecilia Barría de la BBC
Mundo.
Respecto de los servicios públicos,
Chile exhibe uno de los sistemas de edu-
cación superior más caros del mundo, las
atenciones médicas y medicamentos re-
sultan altamente costosos, de acuerdo a
Jiménez-Yáñez en su texto “#Chiledesper-
tó: causas del estallido social en Chile”.
Si a esto se le agrega un desgaste del
sistema de partidos, a lo que el propio
Jiménez- Yáñez denomina como debilita-
miento e incapacidad de la clase política
(partidos tradicionales) de empatizar y
sintonizar con la ciudadanía, que durante
los últimos veinte años provocaron el na-
cimiento de movimientos sociales como
las y estudiantes (2001, 2006, 2011 y
2018), grupos indígenas y el movimien-
to feminista, los movimientos NO+ AFP
(movimiento creado para poner n al
modelo privado de pensiones chileno),
NO+ TAG (movimiento creado para
terminar con el cobro en las carreteras al
interior de la región metropolitana a tra-
vés del aparato electrónico de cobro au-
tomático llamado TAG), lograron tomar-
se la agenda pública, impulsar agendas,
superando las fronteras de los partidos
políticos.
Todo lo anterior queda en evidencia
la batalla perdida ante la provisión de es-
tos servicios públicos basados en modelos
neoliberales con estrictas focalizaciones,
representando un verdadero fracaso en
materia de provisión de dichos servicios.
Esto ha generado un caldo de cultivo
para la protesta social, como lo advier-
ten Somma, Bargsted, Disi y Medel, en
su texto “No water in the oasis: the Chi-
lean Spring of 2019-2020”. Es más, este
diseño altamente focalizado de políticas
sociales ha sido perjudicial para la entre-
ga de las ayudas estatales anunciadas por
el presidente Piñera, que no han llegado
a la población altamente vulnerable que
no cumple con los requisitos del Regis-
tro Social de Hogares. El Registro vino
a perfeccionar la cha de los Comités de
Asistencia Social, cuyo origen se remonta
desde la dictadura, con la nalidad de cla-
sicar a la población y priorizar el gasto
social en la población vulnerable. Con el
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paso de los gobiernos de la Concertación
y ex Nueva Mayoría, esta cha fue “per-
feccionada” pero nunca fue sustituida por
un instrumento que promueva la univer-
salidad en las políticas sociales.
Esto coincide además con un escena-
rio de alto abstencionismo electoral, que
ya se remontaba antes al año 2012 en
que se aprueba la reforma que permitió
el voto voluntario, en que los niveles de
abstención electoral cayeron a la mitad
del padrón electoral. Al año 2017 Chile
se observa, de acuerdo a datos de IDEA
Internacional como el tercer país con me-
nor participación electoral de las Améri-
cas, seguido por Venezuela y Haití.
ARREGLOS INSTITUCIONALES:
LA PARIDAD, ESCAÑOS
RESERVADOS E INDEPENDIENTES
La madrugada del día 15 de noviembre
de 2019 se logra rmar el Acuerdo por la
Paz y la Nueva Constitución, que permi-
tió avanzar en la idea del plebiscito. Sin
embargo algunos aspectos no quedaron
resueltos en ese texto, ni tampoco en la
Mesa Técnica Constituyente, cuya mi-
sión fue transformar dicho texto en una
reforma constitucional con representan-
tes de todos los partidos que rmaron
dicho acuerdo. Las temáticas pendientes
fueron: la paridad de género, los escaños
reservados para los pueblos originarios y
la participación de las candidaturas inde-
pendientes de los partidos políticos. Fue
así como se le delegó al legislador la con-
fección de arreglos institucionales para
resolver estas cuestiones.
Dentro de la discusión legislativa, no
hubo posibilidades de modicar el núme-
ro de escaños para la Convención Cons-
titucional, aun cuando la evidencia de la
teoría de los sistemas electorales, marcada
por la regla de la raíz cúbica de la pobla-
ción avizoraba que 155 curules resultaba
ser un número reducido para el número
de la población. De hecho, fue imposible
persuadir a sectores políticos ligados a la
derecha quiénes se opusieron de manera
rme a agregar escaños para pueblos ori-
ginarios. Todos los arreglos debieron ha-
cerse sobre ese número.
La paridad de género fue el asunto de
más rápida tramitación, ya que gracias a
la presión de los movimientos de mujeres
y feministas que se hizo presente no solo
en la calle, a través del colectivo Las Tesis,
que pusieron la desigualdad de género de
inmediato en la esfera pública y aprove-
charon, a través de la performance mun-
dialmente conocida “Un violador en tu
camino”, de levantar el movimiento so-
cial que parecía un tanto desgastado hacia
nes de 2019. Fue así como esta acción,
sumado a una serie de movimientos de
mujeres, unidas transversalmente desde la
izquierda hasta la derecha liberal, que el
día 4 de marzo de 2020 se logró aprobar
la reforma constitucional que permiti-
rá alcanzar la paridad en la Convención
Constitucional. Es importante considerar
en este punto, que el Acuerdo por la Paz
y la Nueva Constitución planteaba repli-
car el mismo sistema electoral que el de
la elección de diputados, el cual si bien
incluía una cuota de género, debido a las
deciencias en su diseño y sus magros re-
sultados, no se podía pensar en reescribir
una constitución sin mujeres. Trabajos
como los de Suárez-Cao y Le Foulon, así
como también de Arce-Rio, demuestran
en la evaluación de la cuota de género,
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244 que se requerían medidas profundas para
alcanzar la paridad de género en un órga-
no como la Convención Constitucional.
La fórmula acordada a través correccio-
nes sucesivas, que se realizaran por cada
distrito, ya sea este par o impar. En los
distritos pares, ninguno de los sexos debe
superar al otro, mientras que en los impa-
res, ningún de los sexos debe superar en
más de una persona al otro.
Sobre los otros puntos pendientes, la
situación se dilató. En un segundo orden,
con la pandemia del covid-19, la situa-
ción de las candidaturas extrapartidarias
se volvió muy difícil, ya que recolectar
patrocinios e ir a la notaría para su r-
ma se volvió un problema para aquellas
candidaturas provenientes del mundo
social. Por este motivo, se decidió rebajar
el número de rmas solicitadas, lo que
permitió inscribir un gran número de
candidaturas independientes que supera
las mil cuatrocientas personas, de acuer-
do a registros ociales del Servicio Elec-
toral de Chile. Esto demuestra además el
desinterés de la ciudadanía por el siste-
ma de partidos existente y la búsqueda
de encarnar otro tipo de representación
política, menos elitizada y desde los te-
rritorios.
Finalmente los escaños reservados fue-
ron por lejos el punto más resistido por
el Congreso Nacional. La posibilidad de
llegar a un arreglo institucional que pu-
diese ser aceptado transversalmente ter-
minó con un proyecto exiguo que acabó
por bajar la proporcionalidad de los dis-
tritos y no representar demográcamente
a la población de los pueblos originarios
chilenos. Fue así como se decidió quitar
17 escaños de los 155 para distribuirlos
demográcamente de acuerdo a la re-
presentación de cada uno de los pueblos
reconocidos por el Estado a través de la
Corporación Nacional de Desarrollo In-
dígena, por medio de la construcción de
un padrón especial, previa inscripción de
las personas interesadas. Cabe recordar
que esta reforma se realizó luego del ple-
biscito del 25 de octubre, lo que permite
concluir un desinterés por un importan-
te grupo de representantes al interior del
Congreso Nacional de incluir a los pue-
blos indígenas en la discusión constitu-
yente.
EL CONFLICTO LATENTE:
PÉRDIDA DE DEMOCRACIA
La pandemia provocada por el covid-19
provocó en algunos sectores, particu-
larmente del gobierno, la necesidad de
postergar las elecciones. A pesar de ello,
el daño institucional se ha vuelto tan
evidente, que apenas comenzaron los
desconnamientos, grupos de activistas
comenzaron a reunirse en las calles del
país y en el punto neurálgico de la ciu-
dad de Santiago, la plaza Dignidad, para
continuar con las protestas. Asimismo,
se volvieron recurrentes los cacerolazos,
pero también la precariedad económica
de la población ha incentivado nuevas
formas de organización, que no se obser-
vaban desde la dictadura como las Ollas
Comunes, que han servido para alimen-
tar poblaciones completas durante la
pandemia. Estas formas de organización
han mantenido vivo el espíritu de trans-
formación social, política y económica
de la población, quienes participaron,
a pesar de la pandemia, activamente en
las elecciones del 25 de octubre de 2020
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y que, a pesar de los connamientos, la
campaña por el apruebo y la Conven-
ción Constitucional se hizo práctica-
mente sola.
A pesar de ello, es importante cons-
tatar la tentación autoritaria en la que ha
caído el actual gobierno. Chile es uno de
los cinco países en todo el mundo con los
horarios de toque de queda más extensos,
entre los que se encuentran Puerto Rico,
Perú, Haití y Honduras. En que la pro-
pia comunidad médica ha advertido que,
de existir medidas de cuarentenas efecti-
vas con ayudas económicas, trazabilidad
eciente y estrategia COVID-ZERO,
este tipo de medidas podrían haber sido
prescindibles. Sin embargo el gobierno
buscó controlar a la población para evitar
las protestas sociales, desacreditándolas e
incluso tomándose fotografías los prime-
ros días del mes de abril en el epicentro
de las protestas en Chile, y debió pedir
disculpas, como lo retrató el artículo de la
BBC Mundo.
En cuanto a las medidas económicas,
se creó un Ingreso Familiar de Emergen-
cia (80 dólares por integrante de la fami-
lia), un Bono Clase Media (700 dólares),
y un bono covid (56 dólares), los cuales
fueron extremadamente acotados a pe-
queños segmentos de la población, con
altos requisitos para transformarse en re-
ceptores, así como también muy por de-
bajo de lo que se requiere para vivir en
Chile. Esto sumado a medidas como la
Ley de Protección del Empleo, que ha he-
cho pagar a los propios trabajadores, de
sus ahorros a través del seguro de desem-
pleo, las suspensiones de sus labores habi-
tuales, sumado a una ola de despidos de
una serie de negocios que no han podido
sobrevivir a la pandemia, la precariedad
económica de la población ha hecho pen-
sar en medidas alternativas a un grupo de
parlamentarios, que ante la entrega de-
ciente de ayudas económicas, ha propues-
to retirar parte de los ahorros de fondos
de pensiones, dos oportunidades, y es
probable que, a pesar de los intentos de
Piñera de frenarlo, se apruebe un tercer
retiro de fondos.
Todos estos problemas constituyen
conictos latentes y puntos de desen-
cuentros entre el poder político y la
ciudadanía. Hoy Chile se encuentra
ad-portas de la elección más importan-
te de los últimos 30 años, en un esce-
nario de total incertidumbre, ya que no
se sabe si las condiciones sanitarias per-
mitirán realizar los comicios, y tampo-
co se ha podido proyectar qué ocurrirá
con la participación y preferencias de los
electores. Existe la posibilidad de que
los partidos puedan sobrevivir, ante las
asimetrías informativas de las candidatu-
ras independientes con menos recursos,
pero también se ha observado una fuerte
tendencia a preferir estas candidaturas
frente a las provenientes de los partidos
políticos.
Una de las lecciones que podría
aprender el sistema político es que la
democracia no se puede suspender bajo
ninguna circunstancia y que los cam-
bios se realizarán con los partidos o sin
ellos. La democracia chilena se encuen-
tra transitando desde la instituciona-
lización y formalismo a una que posee
tintes de una ciudadanía activa que va
a cuestionar a sus dirigentes. ¿Con par-
tido o sin partidos? Solo el tiempo dará
la respuesta.
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246 SALTAR LOS TORNIQUETES DE LA SEGREGACIÓN SEXISTA
EN LA POLÍTICA CHILENA
EL ESTALLIDO DE LA DESIGUALDAD
Y DESLEGITIMIDAD
Chile se encuentra ante un reciente episo-
dio histórico conocido como el Estallido
Social, que se inicia con la evasión masiva
del metro de Santiago (capital chilena)
el 18 de octubre de 2019. Ese día, estu-
diantes de enseñanza secundaria inician
el movimiento con el primer “salto a los
torniquetes” que se constituye como un
hito relevante para el país.
Como señala Stiglitz en su libro de
2015 El peligro de la desigualdad, la per-
cepción de injusticia, así como el poder
desproporcionado de las élites econó-
micas contribuyen a la desilusión y des-
conanza hacia el sistema político. En
Chile esto signicó una revuelta social
que denuncia el fracaso del modelo de
desarrollo político y económico, y es por
ello que una de las consignas de este con-
texto es “Chile Despertó”. Se reere al
problema de la desigualdad y la necesi-
dad de reformas estructurales. La ciuda-
danía pasa de la desilusión y desafección
política a retomar lo político desde lo
ciudadano.
La canalización del descontento so-
cial se realiza a través de un acuerdo
institucional para alcanzar un cambio
constitucional, efectuado en noviembre
de 2019, momento que Claudia Heiss
en su libro ¿Por qué necesitamos una nue-
va Constitución? de 2020 describe como
uno de los principales hitos para cambiar
la Constitución de 1980, la cual se ca-
racteriza por su “ilegitimidad de origen
y de ejercicio”, dada su elaboración en
tiempos de dictadura militar, sin parti-
cipación ciudadana ni de sectores que
representasen a las personas, ni con al-
gún tipo de proceso político que otorgue
legitimidad desde un punto de vista de-
mocrático.
Luego del retorno a la democracia,
hubo algunas reformas constitucionales,
pero que no signicaron un avance sig-
nicativo y sustantivo en términos de los
principales amarres que esta Constitución
tiene en tanto procesos democráticos y un
posible Estado de bienestar. El paso del
sistema autoritario a un sistema democrá-
tico no signicó un cambio en elementos
de participación democrática efectiva y
con una ciudadanía incidente.
LAS MUJERES Y EL HITO
DE LOS TORNIQUETES
El simbolismo del salto a los tornique-
tes da cuenta de la desconexión entre las
demandas sociales y la clase política. Las
mujeres no estuvieron exentas de ello,
puesto que el “tsunami feminista” del
2018 es una de las antesalas de lo que
sucedería en el estallido social, ya que se
visibilizan con ímpetu las problemáticas
de género desde diversas intersecciones,
y con clara incidencia en la opinión pú-
blica, donde el 71% de las/os chilenas/os
apoya la movilización feminista de acuer-
do con los resultados de la Encuesta Plaza
Pública de mayo de 2018.
Las mujeres han estado desaando
al poder político de manera permanen-
te, con episodios de visibilidad histórica
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como la lucha sufragista, que en Chile
alcanza su pleno derecho en 1949 o la lu-
cha contra la dictadura. El logro de una
constituyente paritaria se sitúa dentro es-
tos hitos, puesto que su aprobación en el
Congreso no hubiera sido posible sin la
convicción de las mujeres feministas que
demandan los abusos y la impunidad del
poder político ante las múltiples violen-
cias sexistas.
La redacción de una Constitución es-
crita en términos de equilibrio de género
signica un importante hito desde la ló-
gica del feminismo institucional, puesto
consideraría la igualdad sustantiva en
todo orden, pudiendo desestructurar
los modelos de gobernanza y toda es-
tructura del poder político. Es un hecho
que apunta más allá de ser ciudadanas
con plenos derechos, ya que se redacta-
rá un texto constitucional con mujeres,
esperando así romper con el “contrato
sexual” que subyace la creación de los
Estados, según los términos de Carole
Pateman en 1995.
EVIDENCIAS DE LA SEGREGACIÓN
SEXISTA EN EL PODER POLÍTICO
CHILENO
Evidenciar el límite actual de la igualdad
de la participación de las mujeres y su
subordinación en la política, es clave para
demostrar la relevancia de una transfor-
mación sustantiva hacia una democracia
paritaria y un poder político con equili-
brio de género.
De acuerdo con Mariana Caminotti y
Flavia Freidenberg en su introducción del
libro Mujeres en la política. Experiencias
nacionales y subnacionales en América La-
tina del año 2018, Latinoamérica ha teni-
do avances en materia de derechos políti-
cos y electorales de las mujeres, pero que
conviven con pautas culturales y prácticas
informales que limitan la igualdad en la
práctica y refuerzan el lugar subordinado
de las mujeres en la política. Al situarse en
Chile, las autoras identican que efectiva-
mente el país posee una ley de cuotas cuya
franja paritaria es de 40/60, sin mandato
de posicionamiento y con sanción (Ley
20.840) para lo que concierne el poder
legislativo.
El documento “Mapa del Poder Po-
lítico” del PNUD del año 2020, señala
que el total de personas que al año 2018
se encuentra ejerciendo algún cargo den-
tro del poder político en Chile, corres-
ponde a 4.764, donde solo el 26% son
mujeres. En el gráco 1 se observan las
distribuciones porcentuales de hombres
y mujeres por sector, y se muestra una
franja que visibiliza que un sexo sobre-
rrepresentado está en una proporción
superior al 60%, mientras que el sub-re-
presentado, está bajo el 40%. En el grá-
co 2 se visualizan los índices de femi-
nidad y masculinidad, que dan cuenta
de la infrarrepresentación de las mujeres.
Y, en la tabla 1, se observa el índice de
contribución al sexismo (ICS) de cada
uno de los sectores, donde el valor sobre
1 indica que contribuye al sexismo. Este
índice es una variación relativa en torno
al total porcentual del poder político, el
cual es ampliamente masculinizado, por
lo que, los índices mayores a 1, indican
que el sector contribuye en mayor me-
dida al sexismo, presente en todos los
sectores.
Se observa una gran brecha en el po-
der legislativo, que en Chile es bicameral
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ya que consta del Senado y la Cámara de
Diputados/as, pese a que su composición
cambia luego de la promulgación de la ley
20.840, que considera cuotas mínimas de
participación de mujeres como candida-
tas (40%) para la elección del año 2017.
De acuerdo con el estudio del Servicio
Electoral de Chile (SERVEL): “Participa-
Gráco 1. Participación de mujeres y hombres en el poder político chileno en 2018
Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD, 2020.
Tabla 1. Índice de Contribución al Sexismo (ICS), año 2018
Sector Poder Político ICS
(1) Poder ejecutivo: nivel central 0,71
(2) Poder ejecutivo: niveles regional-local 1,04
(3) Instituciones públicas autónomas 0,63
(4) Empresas estatales 0,88
(5) Poder judicial 0,54
(6) Poder legislativo 1,13
(7) Partidos políticos 0,75
(8) Seguridad y defensa 2,04
Total poder político 1,00
Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD, 2020
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LOS LEGADOS DE REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN EN CHILE ANTE LA OPORTUNIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
249
ción de mujeres en la política” de 2018,
las cuotas inciden en las postulantes, lo-
grando por primera vez en la historia del
país, un 40,9% de candidatas postulantes
al Senado, y un 41,4% de candidatas para
la Cámara de Diputados/as.
Gráco 2. Índice de feminidad y masculinidad en poder político chileno en 2018
Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD, 2020
*Se excluye el sector 8: Seguridad y defensa, dados sus altos valores de masculinidad
(9.900).
Gráco 3. Participación de mujeres y hombres en el poder legislativo entre 1989-2017
Fuente: Elaboración propia con datos de SERVEL, 2018
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250 Los datos de la composición del Con-
greso de la última elección (2017) y de las
elecciones anteriores (post-dictadura), de-
muestran que esta ley no necesariamente
ha incidido en la estructura del Congreso,
el cual se mantiene como un órgano con
importantes desequilibrios de género. En
el gráco 3, es posible observar las gran-
des distancias con el borde mínimo de la
franja paritaria que se considera para las
candidaturas, pero que se mantienen dis-
tantes en la elección misma.
El índice de feminidad y masculinidad
(gráco 4), expresa la distribución por
sexo de un grupo a estudiar en cuanto a
un valor referencial, a n de observar la re-
lación que existe entre ambos (desde una
perspectiva binaria), mostrando la canti-
dad de mujeres que existe por cada 100
hombres y viceversa; este índice es utili-
zado para visibilizar las disparidades de
género. En este caso permite mostrar la
existencia de una tendencia a la disminu-
ción de las brechas de género en el Con-
greso en el último periodo dado el efecto
ley de cuotas, pero se mantiene como un
espacio político altamente masculino.
Para complementar el análisis de las
brechas señaladas, se utiliza el índice de
segregación parcial (gráco 5), el que, de
igual manera que en un sector ocupacio-
nal reeja que no están distribuidos de
manera equitativa hombres y mujeres,
pese a que se calcula en términos de los
porcentajes de sus propios grupos. El ín-
dice se encontraría equilibrado si se situa-
se en 0; los valores negativos indican que
favorece a los hombres. De acuerdo con
la descripción de Marta Ibáñez en 2008,
este “permite saber cuál es la presencia de
mujeres y hombres que existiría en cada
ocupación” para lo cual se neutralizan las
desigualdades en el lugar a estudiar, que
en este caso corresponde al Congreso,
Gráco 4. Índice de feminidad y masculinidad en el poder legislativo entre 1989-2017
Fuente: Elaboración propia con datos de SERVEL, 2018
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LOS LEGADOS DE REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN EN CHILE ANTE LA OPORTUNIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
251
para ello, se dividen los índices de con-
centración de mujeres respecto a hom-
bres, y a ese cociente se le resta la unidad.
Se destaca una alta disparidad en el Sena-
do, que tiende a equilibrar las proporcio-
nes de género luego del 2009; para el caso
de la Cámara de Diputados, ocurre al re-
vés, tendiendo a cifras negativas a partir
del mismo periodo. El resultado del índi-
ce arma la existencia de segregación de
género en la composición del Congreso.
Y, mediante el índice de distribución
(gráco 6), se visualiza la proporción de
mujeres en el poder legislativo separado
Gráco 5. Índice de segregación parcial en el poder legislativo entre 1989-2017
Fuente: Elaboración propia con datos de SERVEL, 2018
Gráco 6. Índice de distribución en el poder legislativo entre 1989-2017
Fuente: Elaboración propia con datos de SERVEL, 2018
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252 por cargo político, es decir, en términos de
equilibrio de género de acuerdo con el últi-
mo periodo legislativo (2017), se esperaría
que el índice de mujeres en la Cámara de
Diputados/as alcance a 39, y en el Senado a
11. Para ambos casos el índice visibiliza una
amplia distancia con los valores óptimos
esperados. La línea presenta una tendencia,
que, si bien es creciente, su pendiente no es
pronunciada, lo que permite apreciar que
sin el desarrollo de acciones legislativas con
perspectiva de género y que consideren la
paridad sustantiva, no se alcanzarán los óp-
timos antes señalados en la composición de
este y todos los poderes políticos.
DAR PASO A LA PARIDAD
EN TODO EL PODER POLÍTICO
Son importantes las evidencias que mues-
tran los desequilibrios y, por tanto, el se-
xismo en el poder político, porque contri-
buyen a visibilizar las desigualdades y así
terminar con la relativización de las exigen-
cias por una participación política igualita-
ria. “Saltar el torniquete” en 2019 permitió
concretar un proceso histórico para Chile:
cambiar a una Constitución redactada de
manera paritaria con posibilidades de mo-
dicar la tendencia que indica que, en un
futuro próximo, no se vislumbra equilibrio
de género en el poder político.
La incorporación de las mujeres en
la política no ha sido un camino sencillo
ni en Chile ni en América Latina, así lo
describió Flavia Freidenberg en el libro
Cuando hacer política te cuesta la vida en
el año 2017, quien indica que hasta el año
2015 más de 36 reformas electorales se
han realizado en la región a n de mejo-
rar las condiciones de competencia políti-
co-partidista de las mujeres; sin embargo,
ello no ha signicado un equilibrio en las
relaciones entre mujeres y hombres en lo
que respecta al ejercicio del poder. Se evi-
dencian presiones, resistencias, estructuras
con dinámicas dominantes, y prácticas re-
lacionales que socavan y cuestionan los de-
rechos políticos-electorales de las mujeres.
Chile se encuentra en un momento
de su historia en el cual las mujeres han
exigido transformar el poder del Estado
puesto que la discusión actual apunta más
allá de la incorporación de las mujeres en
la política, ya que los datos muestran la re-
levancia de avanzar en la paridad de entra-
da (candidaturas), de salida (resultado de
elecciones), y en los cargos de conanza.
Se requiere estabilizar la incorporación de
las mujeres en el poder, así como la pers-
pectiva de género en el tiempo, y así alcan-
zar lo que Julieta Kirkwood consideraba
como “hacer política desde las mujeres”.
S R P
MÁS ALLÁ DE LAS CUOTAS DE GÉNERO: COMPORTAMIENTO
LEGISLATIVO DE LAS DIPUTADAS Y LA REPRESENTACIÓN
SUSTANTIVA DE LAS MUJERES EN CHILE
El establecimiento de cuotas de género elec-
torales por listas signicó un avance frente
a la severa sub-representación de las muje-
res en el Congreso chileno, consiguiendo
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LOS LEGADOS DE REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN EN CHILE ANTE LA OPORTUNIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
253
ampliar el número de candidatas inscritas
y modestamente el de las electas. Sumado
a lo anterior, una ola de protestas y mani-
festaciones feministas desde el año 2018 ha
sido parte de un cambio político y cultural
hacia la equidad de género. Ante este leve
avance en la brecha institucional, nos pare-
ce interesante identicar cómo aquellas re-
presentantes electas resguardan a través de
su trabajo político, especícamente a través
de su comportamiento legislativo, los dere-
chos de las mujeres. El análisis de esta te-
mática se vuelve particularmente oportuno
considerando el copado calendario electo-
ral chileno de 2021, que incluye la elección
de la futura Convención Constitucional, la
que además será paritaria.
¿De qué forma factores como la re-
presentación descriptiva y las protestas
feministas afectan el comportamiento le-
gislativo relacionado con la representación
sustantiva de las mujeres? Para poder res-
ponder esta pregunta analizamos los votos
nominales de las 91 diputadas presentes en
los cuatro períodos parlamentarios com-
prendidos entre 2006 y 2022 para tres ti-
pos de ley con enfoque de género –leyes de
justicia, trabajo y salud–. Argumentamos
que existe una clara contraposición entre
factores que aspiran a mayor equidad de
género (cuotas, protestas) versus factores
más tradicionales como la ideología par-
tidaria, que explican hasta qué punto se
logra la representación sustantiva.
En los siguientes apartados se presen-
tará una discusión sobre los aspectos teó-
ricos más relevantes para el estudio de la
representación sustantiva de mujeres en el
parlamento. Luego se presentará un análi-
sis de regresión multinomial, destacando
como principales hallazgos que las protes-
tas y la ideología partidaria moldean en
buena medida el comportamiento de las
diputadas. Finalmente, se discutirá sobre la
importancia de observar la representación
sustantiva de las mujeres en el parlamento
y en futuras instancias deliberativas.
¿POR QUÉ REPRESENTACIÓN
SUSTANTIVA?
En su seminal trabajo, Hanna Pitkin pro-
fundizó el concepto de representación e
identicó varias formas de esta. Nosotros
pondremos énfasis en dos de ellas. Por un
lado, se encuentra la representación des-
criptiva que supone un grado de corres-
pondencia o semejanza entre represen-
tantes y representados; la representación
sustantiva, por su parte, no se produce
por la legitimación de los representados
ni por correspondencia o semejanza, sino
que enfatiza las acciones del representante
en nombre de los representados.
Cuando se analiza la representación de
género, aun cuando las mujeres tienen una
multiplicidad de experiencias distintas, vale
la pena analizar desde la vereda de la repre-
sentación sustantiva si las leyes proporcio-
nan cambios, acciones y efectos sobre el
sistema y administración que por siglos
ha discriminado a la mujer. En especíco,
nos motiva el comportamiento legislativo
en materia de representación sustantiva, ya
que implica observar la intención, enfoque
y contenido de las acciones de las legislado-
ras. Si bien es probable que la relación entre
la legislación que promueva los derechos de
las mujeres y la cantidad de mujeres par-
lamentarias varíe temporalmente y por te-
mática, es esperable que exista una asocia-
ción entre ambas; de ahí que sea necesario
investigar si la presencia de más mujeres re-
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254 presentantes inuye en el comportamiento
legislativo relacionado con temas relevantes
para las mujeres representadas, y qué facto-
res intervienen en sus acciones.
Dentro de esta discusión parece per-
tinente aclarar qué se considera como
temas relevantes para las mujeres, y es
que, al igual que muchos otros grupos, las
mujeres no constituyen una masa homo-
génea con intereses comunes especícos.
En efecto, la intersección de género con
clase, raza, etnia, condición económica
y/o orientación sexual es lo que permite
acentuar jerarquías dentro de las mujeres,
lo que nalmente se traduce en preferen-
cias. Aun así, es posible aunar estas temá-
ticas horizontalmente cuando tienen que
ver con la promoción de derechos en base
a las desventajas de mujeres frente a hom-
bres, las cuales se evidencian en ámbitos
privados y públicos de la vida, como por
ejemplo, la tareas del hogar, la desigual-
dad en los ingresos o pensiones, así como
el acceso diferenciado a la política.
UNA MIRADA AL CONGRESO
CHILENO
Chile desde el año 2017 con la aplicación
de la ley de cuotas de género pasó de tener
6 a 10 senadoras y de 29 a 35 diputadas,
lo que equivale a un 22,6% y 23,3% de
los representantes en la Cámara y el Sena-
do, respectivamente. Instituciones como
el PNUD han valorado positivamente es-
tos resultados porque fomentan no solo
el número de mujeres dentro de las listas,
sino también porque realizan contrapesos
entre candidaturas fuertes y debutantes
y ayudan a rearticular la estructura de
las campañas electorales. Sin embargo,
estas cifras aún no son óptimas respecto
del panorama regional. En otros países de
la región, mejores resultados se deben en
gran medida al establecimiento de cuotas
de género que empezaron a aplicarse des-
de principios de los años 1990 en países
como Argentina, Bolivia, Perú y México.
Características importantes del Con-
greso chileno se relacionan con la discipli-
na partidaria y coordinación intra-parti-
daria. Esto se vincula directamente con la
aprobación de leyes que son “disputables
o buscan de alguna manera mermar las ca-
racterísticas individuales de las parlamen-
tarias. La unidad se presenta bajo la alinea-
ción de las y los congresistas bajo factores
ideológicos o bajo conductas instrumenta-
les por parte de los partidos para controlar
sus nominaciones. Dentro de este escena-
rio, los proyectos de ley que abordan mate-
rias de género se tornan tensos y medulares
para evaluar la representación sustantiva.
DISEÑO Y RESULTADOS
Nuestro objeto de estudio son las leyes
con perspectiva de género para los perío-
dos legislativos entre 2009 y 2020, las que
abarcan temas relevantes para las mujeres y
son parte central de las demandas sociales
que intentan corregir desigualdades de gé-
nero. Como se puede observar en la Tabla
1, el primer tipo de ley se codicó como
“Justicia”, las cuales se enfocan en el acoso,
violencia (femicidios) y equidad de género;
el segundo tipo corresponde a “Trabajo”,
la cual aúna leyes orientadas al resguardo
de los derechos laborales, tales como re-
muneraciones y derechos maternales; por
último, la categoría “Salud” se focaliza en
los derechos sexuales y reproductivos.
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LOS LEGADOS DE REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN EN CHILE ANTE LA OPORTUNIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
255
Es importante destacar que los votos
nominales tienen cuatro categorías: a fa-
vor, en contra, abstención e inasistencia.
Esto signica que las parlamentarias, si
no quieren votar a favor de un proyecto,
pueden realizar otras acciones distintas a
votar en contra. Como muestran los da-
tos, las parlamentarias han usado todos
los tipos de acciones para los distintos
tipos de ley (salvo abstenerse para leyes
de “Justicia”). Cabe destacar que en estos
proyectos exitosos la tasa de inasistencia
suele ser mayor que la de rechazo o abs-
tención. Solo para el segundo período no
se consideró una ley de “Salud” puesto
que dentro de esos años no se aprobó nin-
gún proyecto de esas características.
El análisis multinomial permite ana-
lizar el efecto de variables institucionales,
contextuales e individuales sobre el com-
portamiento legislativo de las diputadas
en estas leyes. Las variables institucionales
son: el porcentaje de diputadas en la Cá-
mara por período legislativo; la ideología
del partido de cada diputada según los
datos de V-Dem; y el tipo de proyecto de
ley. La variable contextual considerada es
el promedio de protestas feministas por
período según los datos del Observatorio
de Conictos de COES, mientras que los
factores que varían por diputada son los
años de ejercicio, edad y educación. Ade-
más, incluimos un efecto de interacción
entre la ideología partidaria y el promedio
de protestas, porque sospechamos que el
efecto de las protestas sobre el compor-
tamiento legislativo depende de actitudes
preexistentes como la ideología de las par-
lamentarias. Los resultados del modelo
multinomial aparecen en la Tabla 2.
Por un lado, nos sorprende la nula
signicancia estadística de las variables de
Tabla 1. Comportamiento legislativo de diputadas en leyes con enfoque de género
Tipo
de Ley
Número Período Fecha Porcentaje de votos nominales
A favor En contra Abstención Inasistencia
Justicia 20.480 LII 18/12/2010 78,96 0 0 21,04
20.607 LIII 8/08/2012 70,6 0 0 29,4
20.820 LIV 20/03/2015 63,15 15,8 0 21,05
21.212 LV 3/04/2020 80,6 0 0 19,4
Trabajo 20.348 LII 19/06/2009 63,2 36,8 0 0
20.545 LIII 17/10/2011 70,6 0 0 29,4
20.891 LIV 22/01/2016 73,7 0 0 26,3
21.283 LV 11/07/2020 50 2,8 5,5 41,7
Salud 20.418 LII 28/01/2010 68,4 31,6 0 0
21.030 LIV 23/09/2017 68,4 15,8 5,3 10,5
21.155 LV 05/05/2019 75 0 25 0
Fuente: Elaboración propia.
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256 representación descriptiva y promedio de
protestas (en ausencia de ideología de de-
recha), elementos que coyunturalmente
considerábamos podrían explicar la apro-
bación de leyes con enfoque de género.
En segundo lugar, el efecto de interac-
ción entre ideología y protestas arroja que
cuando una diputada es ideológicamente
de derecha y contextualmente el nivel de
protestas es alto, es menos probable que
vote en contra, se abstenga o no asista a la
sesión, versus votar a favor.
Este resultado se refuerza por el efec-
to positivo, estadísticamente signicativo
y relativamente mayor de la ideología de
derecha (en ausencia de protestas) sobre la
probabilidad de que las diputadas se abs-
tengan, voten en contra o no asista, com-
parado con votar a favor. Por otro lado,
destacamos que no todos los tipos de ley
presentan el mismo comportamiento.
Efectivamente, la probabilidad de abste-
nerse aumenta bastante tanto para las le-
yes de trabajo como de salud (comparado
con las leyes de justicia). Esto podría de-
berse a los desincentivos que puede gene-
rar realizar otras acciones cuando están en
conicto los intereses sociales y políticos
Tabla 2. Regresión multinomial de voto de diputadas en leyes con enfoque de género
(referencia: a favor)
Fuente: elaboración propia
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LOS LEGADOS DE REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN EN CHILE ANTE LA OPORTUNIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
257
de las mujeres en general, los personales, y
los partidarios en el contenido de proyec-
tos de salud y de trabajo, pensando sobre
todo en la disciplina partidaria.
A modo de ilustración, la gura 1
muestra los efectos predictivos para cada
tipo de comportamiento electoral en el
modelo multinomial. Se calcula la proba-
bilidad de cada acción para los valores ob-
servados de ideología partidaria, yendo de
izquierda (Partido Humanista) a derecha
(Unión Demócrata Independiente) y para
los promedios de protestas feministas por
período, que van de 5,5 (2010-2014) a
172 eventos por año (2018-2022).
En el caso de votar a favor, los resulta-
dos muestran que la probabilidad dismi-
nuye a medida que la posición ideológica
se vuelca hacia la derecha para todos los
niveles de protestas con excepción del
más alto (172 eventos por año), donde
la probabilidad de votar a favor aumenta
mientras más derechista sea la diputada.
Lo opuesto ocurre en las otras acciones
(como votar en contra o ausentarse),
donde la probabilidad de realizarlas dis-
minuye con la ideología de derecha en
años particularmente contenciosos. Los
datos sugieren, por lo tanto, que un con-
texto de alta movilización feminista pue-
de alterar el comportamiento legislativo
a favor de la representación substantiva,
en particular el de las parlamentarias más
conservadoras.
Figura 1. Efectos predictivos de protestas e ideología partidaria sobre voto de diputadas,
con intervalos de conanza de 95%
Fuente: Elaboración propia
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258 CONCLUSIÓN
En esta nota buscamos mostrar un tema
poco explorado dentro de la literatura so-
bre comportamiento legislativo en Améri-
ca Latina, que además cruza asuntos con-
tingentes como las protestas feministas,
cuotas de género y democracia sustantiva.
El análisis permite identicar elementos
que son explicativos del comportamiento
de las diputadas chilenas para tres tipos
leyes con enfoque de género, pero sobre
todo invita a reexionar en torno a cómo
las protestas impactan en la votación en
conjunto a la ideología, en especial cuan-
do la tendencia es a rechazar por sobre
aprobar.
En denitiva, el análisis invita a pen-
sar cómo se relacionan la representación
descriptiva y sustantiva de las mujeres, en
el contenido de las leyes que se promul-
gan y en el bienestar social que nalmen-
te impacta la cotidianidad de las mujeres.
En tal sentido, y más allá de los resulta-
dos es importante señalar que las cuotas
de género y la paridad no son solamente
mecanismos de acción armativa para
que haya representación sustantiva de las
mujeres, sino una forma de reparación
y justicia por la marginación histórica
de las mujeres; está claro que las muje-
res parlamentarias y/o convencionales
–dado el contexto de redacción de una
nueva Constitución en Chile– pueden
impulsar y fomentar estas transformacio-
nes y equiparar las desigualdades entre
hombres y mujeres. Finalmente, nuestros
resultados sugieren que las dinámicas de
generación de leyes son susceptibles a
las movilizaciones sociales, en particular
cuando las posturas de legislación tien-
den al statu quo.
C A   H
/ N E S / R
D P
ARTICULACIÓN FEMINISTA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
EN CHILE
En los últimos años hemos observado
un aumento en la participación política
de mujeres en Chile, tanto por la notoria
intensicación de las protestas feministas
como también por diversas transforma-
ciones ocurridas al interior de las insti-
tuciones políticas que han desaado el
poder de género en diversos ámbitos, se-
gún Catherine Reyes-Housholder y Bea-
triz Roque en el 2019, en su texto “Chile
2020: Desafíos al poder de género desde
la calle hasta La Moneda”. De esta forma,
el año 2020 se caracterizó por el prota-
gonismo del feminismo en el acontecer
nacional y la fuerza de la articulación fe-
minista, pues la pandemia del covid-19
ha intensicado los cuestionamientos a
las desigualdades de género. La naturaleza
de la crisis sanitaria y las soluciones que se
han propuesto para preservar la vida han
enarbolado un sinfín de problemáticas
que afectan principalmente a las mujeres
como grupo social, invitándonos a cues-
tionar y repensar este rol en la sociedad.
Todo esto revela la condición desigual
que enfrentan las mujeres en la sociedad y
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LOS LEGADOS DE REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN EN CHILE ANTE LA OPORTUNIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
259
el protagonismo que deben ocupar en el
proceso constituyente.
Previo a la crisis política y social ini-
ciada el 18 de octubre del 2019, el Mo-
vimiento Feminista protagonizó multi-
tudinarias manifestaciones en Chile: la
primera marcha por el aborto en 2013, las
movilizaciones #NiUnaMenos en 2016,
el “Mayo Feminista” en 2018 y las movili-
zaciones gatilladas por la performance del
colectivo Las Tesis en 2019. Así, el año
2020 comenzó acompañado de un fuerte
cuestionamiento al patriarcado en la so-
ciedad chilena, donde las instituciones no
se quedaron al margen. Por el contrario,
la tramitación legislativa del mecanismo
de paridad para la Convención Constitu-
cional, marcó el debate nacional sobre la
necesidad de profundizar la democracia
e impulsar medidas de acción armativa
que garantizaran la representación de mu-
jeres en la redacción de la nueva constitu-
ción, como ha sido sostenido por Javiera
Arce-Rio, Carolina Garrido y Julieta
Suárez-Cao en 2019 en el artículo “Todo
sobre el mecanismo paritario que puede
transformarnos en ejemplo mundial de
inclusión de las mujeres”.
Según Julieta Suárez-Cao en su artícu-
lo “Desafíos hacia una Constituyente Pa-
ritaria”, luego de tres meses de tramitación
y arduas sesiones de discusión el día 4 de
marzo se aprobó la reforma constitucional
necesaria para que Chile se convirtiera en
el primer país del mundo que redactará
una Constitución en paridad de género,
proyecto impulsado por integrantes de la
Red de Politólogas #NoSinMujeres. La
histórica aprobación de un mecanismo
de paridad fue posible gracias las accio-
nes realizadas por diputadas y senadoras
de distintos sectores políticos, mujeres de
organizaciones de la sociedad civil y aca-
démicas feministas articuladas en el con-
greso.
Dicho hito fue seguido por una multi-
tudinaria e histórica conmemoración del
día de la mujer el 8 de marzo, donde las
calles se repletaron por millones de mu-
jeres a lo largo de todo Chile. Sin em-
bargo, dado el momento incipiente de la
pandemia, aquellas mujeres que salieron
a las calles en diversas ciudades del país,
no imaginaban que la articulación y redes
feministas serían fundamentales para los
próximos meses de connamiento.
La pandemia marcó las agendas du-
rante todo el año, producto de la profun-
da crisis sanitaria que permeó todas las
esferas de la sociedad. Con el pasar del
tiempo se hicieron evidentes los efectos
diferenciados de la pandemia entre hom-
bres y mujeres, siendo las últimas quienes
se han visto mayormente afectadas. En
este contexto, mujeres de los diversos sec-
tores se articularon en diversos espacios
para enfrentar la ola de violencia de gé-
nero recrudecida con el connamiento, el
retroceso de más de diez años en inserción
laboral femenina, la carga inconmensura-
ble de labores domésticas y de cuidado,
entre otros hechos.
Uno de los efectos más preocupan-
tes de la crisis sanitaria se manifestó en
el mundo laboral. Según la OIT en el
informe “Impacto de la pandemia por
covid-19 en el mundo del trabajo de las
mujeres: Chile” publicado en 2021, el
desempleo femenino ha presentado cifras
alarmantes en América Latina. Durante
los últimos meses se han profundizado los
nudos de desigualdad de género y vulne-
rado la autonomía económica de las mu-
jeres. La CEPAL, en su informe “La au-
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260 tonomía económica de las mujeres en la
recuperación sostenible con igualdad” de
2021, ha proyectado un retroceso de más
de diez años en participación en el merca-
do laboral, considerando que, además, los
rubros más impactados por la pandemia
cuentan con una mayor concentración de
mujeres. En Chile, el Instituto Nacional
de Estadísticas, según datos publicados
en el “Boletín Estadístico Empleo Tri-
mestral” de 2020, entre mayo y julio re-
gistró una tasa de participación laboral de
mujeres en 41,3% y de hombres 62,7%,
además, se registró una tasa de desocupa-
ción de 12,5% y 13,5% respectivamente.
Lo más complejo de esta situación es que,
a diferencia de los hombres, el 88% de
las mujeres que perdió su empleo no vol-
vió al mercado laboral, es decir, nueve de
cada diez mujeres desempleadas dejaron
de buscar empleo, como fue alertado por
ComunidadMujer en 2020 en su artículo
Alternativas de Cuidados para la Reacti-
vación Económica tras la Emergencia Sa-
nitaria covid-19”. La pérdida de empleos
ha signicado un retorno forzoso al ho-
gar para miles de mujeres. Por otra parte,
hubo mujeres que se vieron obligadas a
renunciar a sus trabajos, pues no todas las
ocupaciones son compatibles con el tra-
bajo remoto, y el cierre de las salas cunas
y colegios dicultó aún más la compatibi-
lización de las labores de cuidados con el
trabajo remunerado.
Por otra parte, el estudio World Emplo-
yment and Social Outlook: Trends for Wo-
men, publicado por la OIT en 2018, ha
sostenido que la informalidad laboral está
mayoritariamente vinculada a mujeres.
Por su parte, el Centro de Políticas Públi-
cas UC, en su informe “Empleo Femeni-
no y covid-19: Diagnóstico y Propuestas
ha identicado que las mujeres en Chile
también presentan mayores niveles de in-
formalidad laboral, y esto se relaciona con
menores ingresos, inestabilidad y dicul-
tades para acceder a la protección social.
El trabajo doméstico y de cuidados ha
constituido una gran problemática, al-
canzando denominaciones como “la crisis
de los cuidados”, según la CEPAL en su
texto “Observatorio de Géneros y Polí-
ticas Públicas” publicado en 2020. Este
contexto ha develado que buena parte del
funcionamiento del sistema económico
se sostiene gracias a la carga de trabajo
doméstico y de cuidados realizado pre-
ponderantemente por mujeres. Sumado a
esta sobrecarga laboral se ha incluido una
tarea más al trabajo de cuidados: cuidar a
otros para protegerlos del contagio, labor
delegada a las mujeres a cargo del bienes-
tar de la familia, e incluso las comunida-
des. Esto signica una carga más para el
uso del tiempo de las mujeres, como lo
advierten David Bravo, Ernesto Castillo y
Eileen Hughes, en 2020, en su “Estudio
Longitudinal Empleo-covid-19. Datos de
empleo en tiempo real”.
Para dar respuesta a uno de los múlti-
ples problemas desatados por la pandemia,
un grupo de parlamentarias agrupadas en
la bancada feminista Julieta Kirkwood
con el apoyo de otros congresistas presen-
taron un proyecto para extender el per-
miso prenatal, postnatal y fuero maternal
mientras durase la crisis sanitaria. Esta
medida beneciaría a miles de mujeres
que se veían imposibilitadas de volver a
trabajar, ya que con el cierre de guarde-
rías no podían resolver el cuidado de sus
hija/os, sumado al riesgo y exposición al
contagio que signicaba. Tras una arti-
culación política de diversos sectores en
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LOS LEGADOS DE REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN EN CHILE ANTE LA OPORTUNIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
261
el congreso y una fuerte campaña comu-
nicacional, como indicó CNN en 2020
en su noticia “De RN al PC: Postnatal de
emergencia suma transversalidad y une
al ocialismo y la oposición”, se accedió
desde el ejecutivo a llegar a un acuerdo
que otorgaba licencias médicas preventi-
vas parentales por 90 días, exclusivamente
para aquellas madres cuyo postnatal había
vencido desde el inicio de la pandemia.
Por su parte, la incidencia de conta-
gios demostró diferencias territoriales,
pues en las comunas más ricas de Santia-
go la incidencia del contagio, además de
ser menor, se prolongó por más tiempo
que en el resto de las comunas de la Re-
gión Metropolitana, según lo concluido
por Alejandro Canales en su estudio “La
desigualdad social frente al covid-19 en el
Área Metropolitana de Santiago de Chile
publicado en 2020. El aumento fuerte del
desempleo, las medidas de connamiento
decretadas por la autoridad sanitaria y la
inexistencia de ayudas económicas efecti-
vas para la población provocaron dicul-
tades para que las personas pudieran ac-
ceder a recursos necesarios para subsistir.
Frente a esta realidad se masicaron las de
ollas comunes, reactivando los vínculos
de organizaciones de mujeres pobladoras
que se fueron transformando en redes de
apoyo para proveer ayuda concreta a las
personas que no podían cubrir sus necesi-
dades básicas de alimentación.
Las ollas comunes no son un fenóme-
no nuevo, tienen raíces históricas en la so-
ciedad chilena. Durante la dictadura cívi-
co-militar las mujeres se organizaron para
“enfrentar el problema de la subsistencia
y la reproducción de la vida cotidiana en
los sectores populares” como indica Tere-
sa Valdés y Marisa Weinstein en su obra
“Mujeres que sueñan: las organizaciones
de pobladoras: 1973-1989” publicada
en 1993. En este contexto, al igual que
en los años 80, “son las mujeres quienes
comienzan a formar espacios colectivos
para enfrentar problemas de subsistencia
económica” según Marcela Ríos, Lorena
Godoy y Elizabeth Guerrero en 2003, en
su texto “¿Un nuevo silencio feminista?
Las transformaciones de un movimiento
social en el Chile posdictadura”. Así, las
mujeres organizadas no solo eran las en-
cargadas de preparar alimentos, sino que
también se vinculan directamente con el
movimiento de pobladoras, fortaleciendo
la organización de mujeres.
Por otra parte, el “retiro del 10%”
puso en la palestra la deuda enorme en
pensiones alimenticias en el país, hecho
que afecta principalmente a las madres.
Las cifras son alarmantes: un 84% de
las pensiones se encuentran impagas. La
Corporación de Asistencia Judicial sostu-
vo que 9 de cada 10 causas de demandan-
tes de alimentos son mujeres. Gracias al
retiro del 10% de fondos de pensiones, el
poder judicial cifró en $307.876.504.313
el dinero retenido por pensiones alimen-
ticias en Chile como indicó EMOL en
2020 en su noticia “Suprema: retenciones
por deuda de pensión de alimentos alcan-
zan $307.876 millones”, permitiéndonos
dimensionar la deuda que han solventado
las mujeres.
Durante los meses de pandemia las
mujeres no solo estaban organizadas en
el territorio liderando las ollas comunes
y otras iniciativas de ayuda comunitaria,
sino que también hubo importantes es-
fuerzos a nivel institucional. La articula-
ción de la plataforma “Mujeres de opo-
sición” fue fundamental para promover
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Iberoamericana, X XI, 77 (2021), 239-270 SUÁREZ-CAO / ARCE-RIFFO / RIQUELME / ACEVEDO / ESPINOZA / DISI / ROQUE / MOYANO / VEGA
262 la acción coordinada de mujeres de di-
versos partidos políticos. Esta plataforma
se compuso por: vicepresidentas mujeres,
encargadas nacionales de género y frentes
feministas de partidos de oposición al go-
bierno.
El objetivo de esta plataforma era de-
nir una agenda de trabajo en conjunto
para enfrentar la pandemia. Dicha orga-
nización fue enfática en solicitar medi-
das de diversa índole para atenuar que
las mujeres habían sido las más perjudi-
cadas y dentro de las ayudas propuestas
por el gobierno no se identicaban polí-
ticas públicas con enfoque de género. La
articulación realizó un diagnóstico entre
mujeres y organizaciones, cuyos resul-
tados detallan la poca capacidad estatal
para dar respuesta a la crisis de cuidados
y el aumento en la violencia de género en
el contexto de connamiento. Debido a
la lenta e ineciente respuesta estatal es
que las organizaciones de mujeres tuvie-
ron que cubrir la brecha entre la violencia
y la desprotección del Estado según los
datos presentados por Marcela Sandoval,
Antonia Orellana y Valentina Moyano en
“Violencia contra las mujeres en Chile y
covid-19: un Estado ausente” publicado
en 2020.
El efecto del encierro y la pandemia,
como advirtió ONU Mujeres, se vería
reejado en el aumento en la violencia
contra las mujeres y niñas. Chile no fue
la excepción, tan solo en el primer mes
de connamiento las llamadas a la línea
de ayuda por violencia intrafamiliar au-
mentaron en un 70% respecto al año
anterior, mientras las denuncias forma-
les disminuyeron un 18%, según CNN,
2021 en su noticia “Aumenta violencia
contra la mujer: Hubo un alza de un 97%
en los llamados a Carabineros en 2020”.
Hacia el nal del año 2020, los llamados
a carabineros solicitando ayuda por vio-
lencia intrafamiliar aumentaron en un
97%, pese a que las denuncias formales
disminuyeron cerca del 7%. Lo anterior
indica que existió una mayor cantidad
de mujeres víctimas de violencia que re-
currían a ayuda, pero la mayoría de ellas
no decidieron proceder de manera legal
a denunciar. Asimismo, el porcentaje de
femicidios frustrados aumentó un 38%
según datos del Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género, siendo la cifra más
alta de la última década, lo cual retrata
un recrudecimiento de la violencia de
género.
En este contexto, el caso de una joven
estudiante que se suicidó luego de vivir
una agresión sexual, Antonia Barra, ge-
neró un gran revuelo e indignación en la
sociedad chilena. Los medios de comuni-
cación otorgaron una amplia cobertura a
este caso, en concordancia con el segui-
miento multitudinario a las transmisiones
de la formalización de Martín Pradenas.
Las mujeres cuestionaron fuertemente las
argumentaciones y cuestionamientos a la
víctima, demostrando su rechazo a la vio-
lencia sexual y sosteniendo: Justicia Para
Antonia, como fue reportado por BBC
en su noticia “Antonia Barra: el caso de
la joven de 21 años que se suicidó tras ser
violada que estremece a Chile”. La reso-
lución de la audiencia de formalización
fue sumamente polémica. El juez acredi-
tó el hecho, sin embargo dejó en libertad
preventiva al acusado. Sin importar la
pandemia, cientos de mujeres salieron a
marchar y manifestarse, denunciando el
machismo en las instituciones, bajo la
consigna “el violador eres tú”.
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LOS LEGADOS DE REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN EN CHILE ANTE LA OPORTUNIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
263
La alusión a la performance del co-
lectivo Las Tesis pone en evidencia la
relación entre el patriarcado y las institu-
ciones que mantienen y perpetúan la vio-
lencia de género, reejando cómo opera
la cultura de la violación. En concordan-
cia con las teorizaciones sobre la violen-
cia de género, Rita Segato, en su libro La
guerra contra las mujeres de 2016, sostiene
que “los crímenes sexuales no son obra de
desviados individuales, enfermos menta-
les o anomalías sociales, sino expresiones
de una estructura simbólica profunda que
organizan nuestros actos y nuestra fan-
tasía, y les conere inteligibilidad”. La
gran indignación provocó que la Corte de
Apelaciones acogiera la acción y decretara
prisión preventiva para Martín Pradenas,
pues la evidencia presentada concluye que
el acusado es un peligro para la sociedad,
según informó RadioUChile en 2020 en
“La presión tuvo efecto: Corte de Temu-
co decreta la prisión preventiva de Martín
Pradenas”. Este caso visibilizó la impor-
tancia de la adhesión a Convenciones in-
ternacionales como la CEDAW y Belém
do Pará, entregando un marco jurídico
para la argumentación con enfoque de
Derechos Humanos. A su vez, este caso
abrió una ventana de oportunidad para
que se empezara a discutir la inclusión del
delito de suicidio feminicida en la actual
legislación.
Por otra parte, el país tenía una situa-
ción particular: por primera vez en la his-
toria estaba planicado un plebiscito para
consultar a la ciudadanía respecto al cam-
bio de la carta magna del país. La Cons-
titución chilena ha estado vigente desde
1980, y se caracteriza por haber sido re-
dactada en dictadura cívico-militar, sien-
do motivo de duras críticas dado su fal-
ta de legitimidad, según Claudia Heiss,
2020, en su libro ¿Por qué necesitamos
una nueva Constitución? Este plebiscito
estaba planicado para abril, pero debido
a la crisis sanitaria se postergó para oc-
tubre.
Durante las semanas previas a la vo-
tación se levantaron diversas iniciativas
para relevar la importancia del sufragio
femenino en estas elecciones, ya que su
participación había ido a la baja en las
últimas décadas, dada la importancia de
este hito era fundamental su voto indicó
el PNUD, 2020 en “Vota por todas”. De
manera paralela, se gestó la articulación
“Unidas por el Apruebo”, un grupo de
mujeres de partidos de oposición liderado
por la ex candidata presidencial Beatriz
Sánchez, Carmen Hertz, Carmen Frei y
Maya Fernández, con el n de unir es-
fuerzos en la campaña por una nueva
constitución y la convención constitucio-
nal. Finalmente, el plebiscito de octubre
tuvo una participación electoral del 51%,
la más alta en las últimas décadas, y la
opción por un órgano paritario obtuvo
cerca del 79% de los votos, según lo pre-
sentado por Claudio Fuentes en su texto
“Participación electoral en el plebiscito.
Lecciones para el proceso constituyente”
publicado en 2020.
A lo largo de este artículo hemos iden-
ticado una serie de hitos y problemáticas
trascendentales para el feminismo chile-
no, demostrando que si bien la pandemia
marcó el acontecer nacional en todas sus
esferas, la participación y disputa cons-
tante de las mujeres en diversos ámbitos
también inuenció la agenda pública en
Chile. La pandemia ha acentuado una
serie de desigualdades de género y, a su
vez, plantea un desafío a la sociedad en
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Iberoamericana, X XI, 77 (2021), 239-270 SUÁREZ-CAO / ARCE-RIFFO / RIQUELME / ACEVEDO / ESPINOZA / DISI / ROQUE / MOYANO / VEGA
264 su conjunto: construir un país donde el
género no sea un articulador de desigual-
dades. Es paradójico que un contexto tan
adverso como la crisis sanitaria coincida y
nos entregue la posibilidad de pensar y re-
construir las bases de nuestra sociedad en
el proceso constituyente. Es fundamental
que las mujeres sean protagonistas de la
nueva constitución, tanto en presencia
como en ideas.
B R / V M
“NARCOTERRORISMO MAPUCHE”: ¿EL NUEVO RELATO OFICIAL?
GENTE DE LA TIERRA, SIN TIERRA
El pueblo mapuche, históricamente situa-
do entre los actuales Estados de Chile y
Argentina, constituyó uno de los pueblos
indígenas más extensos de Sudamérica
hasta la llegada de los conquistadores es-
pañoles, quienes lo diezmaron, pero no
pudieron someterlo, viéndose forzados a
parlamentar y respetar su autonomía po-
lítica y territorial. Sin embargo, la ocupa-
ción militar a ambos lados de la cordillera
de Los Andes desde mediados del siglo
, terminó con este estatus y supuso su
reducción a pequeñas hectáreas de tierra,
cuando no a su exterminio.
Hoy en día se trata del pueblo indíge-
na más numeroso en Chile, con más de un
millón setecientas mil personas que se au-
to-identican como mapuche, de acuer-
do con el Censo 2017. No obstante, son
signicativamente más pobres que el resto
de la población, cuentan con menos años
de educación formal, y están marginados
de las instituciones y procesos políticos
del país. En rigor, pese a su magnitud, no
existen partidos políticos mapuche, me-
canismos especiales para asegurar su par-
ticipación política, ni espacios permanen-
tes de toma de decisiones respecto a los
temas que les afectan; con excepción de
la próxima Convención Constitucional,
que de forma inédita contará con 17 esca-
ños reservados para pueblos indígenas, 7
de los cuales son para el pueblo mapuche.
Paradojalmente, mapuche signica
“gente de la tierra” (mapu = tierra, che =
gente), la misma tierra que les fue despo-
jada, que representa el vínculo con sus
ancestros y que es parte central de su cos-
movisión y de su espiritualidad. Como
señala el historiador mapuche Fernando
Pairican en su libro del 2014 Malon. La
rebelión del movimiento mapuche 1990-
2013, cerca del 40% de sus tierras ances-
trales fue entregada a colonos extranjeros
y chilenos. En ellas habrían de instalar-
se más tarde industrias forestales e hi-
droeléctricas, cercenando su ecosistema.
Esta es la raíz del “conicto mapuche”,
término acuñado por los medios de co-
municación para referirse a la escalada de
violencia entre el Estado chileno y comu-
nidades mapuche del sur, en el marco de
sus reivindicaciones territoriales. La que-
ma de camiones de la Forestal Bosques
Arauco en Lumaco, y la férrea oposición
a la construcción de la represa hidroeléc-
trica Ralco sobre un cementerio mapuche
en Alto Biobío en 1997, son identica-
das como detonantes del conicto, tras el
abandono por ciertos grupos mapuche de
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LOS LEGADOS DE REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN EN CHILE ANTE LA OPORTUNIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
265
la vía institucional, a causa de las deman-
das desoídas y las promesas incumplidas
post retorno a la democracia. Entre ellas
se cuentan la incorporación de los pue-
blos indígenas en la Constitución, cues-
tión que no sucede hasta el día de hoy,
y la expropiación y devolución de tierras,
canalizadas de manera discutible por la
CONADI. Esto motivó a los gobiernos
de la Concertación a tratar estos actos de
protesta como una problemática de segu-
ridad pública, aplicando la ley de seguri-
dad interior del Estado y la ley antiterro-
rista heredadas de Pinochet.
LA INSTALACIÓN
DEL TERRORISMO
Como señalara Ruth Vargas en 2017 en su
libro Pewmas / Sueños de justicia. Lonkos y
dirigentes mapuche versus Chile en la Corte
Interamericana, el uso de la ley antiterro-
rista comienza en el gobierno de Ricardo
Lagos, como una forma de alinearse con
la “guerra contra el terrorismo” que lleva-
ba adelante George W. Bush en EE UU.
Pero ¿qué se ha entendido como te-
rrorismo? La ONU, en el Informe “Diez
esferas de mejores prácticas en la lucha
contra el terrorismo” del año 2010, ha
propuesto una denición modelo de te-
rrorismo que lo entiende como todo acto
que está constituido por toma de rehenes
intencionada; o que se propone causar la
muerte o lesiones corporales graves; o que
entraña el recurso a la violencia física con
efecto mortal o contra personas o partes
de la población; además del objetivo de
ocasionar terror y la coerción de una or-
ganización o gobierno, constituyendo un
delito grave en la respectiva legislación
nacional. Por ende, se trata siempre de
violencia hacia las personas.
Si bien hay una serie de otros aspec-
tos sobre los cuales no hay consenso, la
mayoría de los tratados internacionales
reconoce también el carácter político
del terrorismo. De ahí que las penas que
conllevan los delitos terroristas tengan
que ver justamente con la anulación de
derechos políticos, como la ciudadanía,
el derecho a sufragio, o la posibilidad de
ejercer cargos públicos o de elección po-
pular. Asimismo, el terrorismo que hemos
visto desaparecer en democracia, como el
de IRA o ETA, lo ha hecho por la vía po-
lítica y no por la fuerza.
Por ello, el causar temor en la pobla-
ción, como se mantiene en la ley antite-
rrorista chilena, es un motivo necesario,
pero no suciente, para calicar un delito
de terrorista. Según esta noción, lanzar
una bomba molotov puede ser considera-
do terrorismo, así como cualquier delito
a la propiedad privada. De hecho, una de
las recomendaciones del Relator Especial
de la ONU sobre derechos humanos y
contraterrorismo, Ben Emmerson, en su
visita a Chile el 2013, fue que la deni-
ción de delitos de terrorismo debe limi-
tarse a actividades que estén relacionadas
de forma directa con el uso de violencia
letal o grave contra civiles.
Más importante aún, la aplicación
de la ley antiterrorista ha sido sindicada
por los Relatores sobre pueblos indíge-
nas y contraterrorismo de la ONU como
incorrecta y discriminatoria para el pue-
blo mapuche, y le ha valido a Chile ser
condenado por la CIDH. Las principales
críticas han sido: 1. La denición impre-
cisa de terrorismo, donde cabe casi cual-
quier delito, así como actos legítimos de
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266 protesta social; 2. La discriminación con
que se ha aplicado, considerando que los
mismos delitos, cometidos fuera del terri-
torio histórico mapuche, no han llevado
el apellido de terroristas; 3. Las prolon-
gadas prisiones preventivas, que superan
con creces las de la legislación común, y;
4. La utilización de “testigos sin rostro”
en los juicios, testigos anónimos con los
cuales es muy difícil dialogar dado que las
preguntas no pueden llevar a sospechar de
su identidad.
Aun cuando expertos y organismos
internacionales han rechazado el uso de
la ley en el contexto mapuche, el concep-
to ha calado en la ciudadanía: la encuesta
CADEM ha preguntado en cuatro oca-
siones desde el 2017 si existe terrorismo
en La Araucanía –la última en agosto de
2020–, arrojando en promedio un 59%
de respuestas armativas, y un 37% de
respuestas negativas. Lo interesante es que
se haya instalado la idea de terrorismo
con anterioridad por parte de autorida-
des y el poder judicial, cuando no existían
precedentes de atentados dirigidos hacia
personas, lo cual termina el año 2013
con el incendio con resultado de muerte
del matrimonio Luchsinger-Mackay. En
este sentido, los cables ltrados por Wi-
kileaks y reproducidos por el periódico
español El País en 2010, que dan cuenta
del análisis de EE UU sobre el conicto
mapuche a solicitud del Ministro de In-
terior de Michelle Bachelet el 2008, son
esclarecedores. En ellos puede leerse que
la comunidad mapuche es abrumadora-
mente no violenta, que el problema ha
sido magnicado por los medios, y que
quienes alegan que existen lazos entre los
mapuches y organizaciones terroristas ex-
tranjeras no han proporcionado pruebas
de ello. Los mismos cables señalan que
los actos ilegales mapuche se presentan a
todo color en la prensa con descarados ti-
tulares, y muchas veces con una cobertura
muy superior a la que se da a crímenes
más graves cometidos por chilenos no in-
dígenas. Aún hoy El Mercurio, el diario
conservador más leído en Chile, dedica
casi diariamente una plana respecto a ac-
ciones violentas ocurridas en La Arauca-
nía y su presunta vinculación con la causa
mapuche.
EL CASO CATRILLANCA
Y LAS TOMAS DE MUNICIPIOS
COMO PUNTOS DE INFLEXIÓN
En noviembre de 2018, un grave inci-
dente remueve a la opinión pública: el
comunero mapuche Camilo Catrillanca
es asesinado por la espalda en un confuso
operativo policial. Aunque en principio
las autoridades aseguraban que Catri-
llanca estaba implicado en un robo de
automóviles a profesoras en Ercilla, con
el pasar de los días quedaría en eviden-
cia que se trataba de una acción no solo
desproporcionada, sino que injusticada,
por parte de los efectivos policiales del
“Comando Jungla” –grupo policial anti-
terrorista entrenado en Colombia con la
experiencia antiguerrilla, según la presen-
tación de Sebastián Piñera–, quienes ocul-
taron información que luego fue ltrada.
No era la primera vez que se terminaba
con la vida de un activista mapuche, pero
sí la primera vez que se documentaba un
hecho de esta naturaleza, gracias a Ciper,
un sitio web de periodismo investigativo.
Cabe destacar que no es habitual para un
consumidor de noticias promedio estar al
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LOS LEGADOS DE REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN EN CHILE ANTE LA OPORTUNIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
267
tanto de los abusos de los agentes del or-
den en territorio mapuche, las observacio-
nes de organizaciones internacionales, ni
mucho menos la sentencia de la CIDH,
pues los medios tradicionales apenas lo
cubren, y pocas veces se ha sancionado la
violencia excesiva de Carabineros en con-
tra de las comunidades mapuche.
El caso Catrillanca pone al descubierto
la vulnerable realidad de las comunidades
mapuche y cómo se encarna la injusticia:
una persona indefensa es asesinada por la
institución policial, intenta indagarse en
su historial y culpársele, y solo se cono-
ce la verdad al ltrarse los crudos videos
del procedimiento. Es tal la conmoción
en la opinión pública, que la represión
del estallido social del 18-O un año des-
pués, y sus cientos de personas mutiladas,
motiva a muchos manifestantes a levantar
consignas como “Los mapuches decían la
verdad”, aludiendo a la violencia de la que
han sido objeto, y poniendo en entredi-
cho el constructo del “mapuche terroris-
ta”. La bandera mapuche se convierte en
el símbolo espontáneo de un Chile que
despertó, y el rostro de Catrillanca se ob-
serva en carteles y gratis.
A nes de julio de 2020, sin embar-
go, los medios dan cuenta de un episodio
muy distinto. Se realizan tomas de mu-
nicipios en la región de La Araucanía, en
apoyo a la prolongada huelga de hambre
del machi Celestino Córdoba –autoridad
tradicional del pueblo mapuche calica-
do como el único autor de la muerte del
matrimonio Luchsinger-Mackay–, quien
solicita cumplir parte de su condena en
su entorno sagrado. Estas terminan con
diversos enfrentamientos entre personas
mapuche y no mapuche. Estos últimos
responden con ataques y gritos racistas,
y en redes sociales se les responsabiliza
de acciones violentas coordinadas, como
la quema de vehículos. En particular, se
denuncia al APRA, la Asociación para la
Paz y Reconciliación en La Araucanía,
que según ellos mismos indican, busca
congregar a la mayor cantidad de víctimas
directas de los hechos de terrorismo.
¿NARCOTERRORISMO MAPUCHE,
O NARCOTERRORISMO A SECAS?
Desde los altercados en las municipalida-
des de La Araucanía, comienza a vislum-
brarse con fuerza la idea del “narcoterro-
rismo”. Solo días después, la Fundación
Nueva Mente, ligada a la ultraderechista
Teresa Marinovic, estrena el video Susa-
na: el narcoterrorismo no es mapuche. En
él se muestra el análisis de Susana, quien
se presenta como matrona de La Arauca-
nía, y advierte, entre otras cosas, que el
narcoterrorismo habría sido introducido
por la élite del oscurantismo chileno que
ha adoctrinado a los mapuches, inculcán-
doles odio y resentimiento hacia el Estado
chileno, además de prepararlos con arma-
mento militar y tecnología de alta gama.
Así también, los caracteriza de guerrilla,
indica que se nancian a través de la pro-
ducción de marihuana, y especula que,
dada la existencia del pueblo mapuche
en Argentina, no sería raro pensar que
se quiere crear un corredero de droga. El
título hace referencia a que el narcoterro-
rismo se disfraza del problema ancestral
de las tierras. Este planteamiento no es
aislado, políticos de distinto signo, seña-
lan que este narcoterrorismo en la zona
nada tendría que ver con la causa mapu-
che. Del mismo modo, en redes sociales
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268 pueden encontrarse mensajes como “El
pueblo mapuche es precioso. El narcote-
rrorismo no es mapuche”.
En octubre de 2020, es Víctor Pérez, el
entonces ministro de Interior, quien ar-
mó en televisión abierta que, en La Arau-
canía, aun cuando la inmensa mayoría de
las comunidades mapuche son pacícas,
existen grupos violentos nanciados por
el narco y por el robo de maderas, y que
en todos los operativos que se han realiza-
do en la región aparece la droga.
Si bien terrorismo y narcoterrorismo
suelen ser utilizados indistintamente, este
último puede entenderse como los actos
terroristas llevados a cabo por grupos que
están directa o indirectamente involucra-
dos en el cultivo, fabricación, transporte
o distribución de drogas ilícitas, según la
denición de Lucia Ovidia Vreja, en su
publicación Narcoterrorism in Southeas-
tern Europe del 2005. De esta manera, se
utiliza el narcotráco para nanciar acti-
vidades terroristas, sean los mismos terro-
ristas quienes estén involucrados o se trate
de una cooperación con redes de crimen
organizado.
Este artículo no se propone deter-
minar la veracidad de la existencia del
narcoterrorismo en la “zona roja” del de-
nominado conicto mapuche, sino que
apuntar a una calicación irresponsable y
poco rigurosa de medios y representantes
políticos, cuando se trata de una etique-
ta conceptualmente dudosa para Chile
y hasta el momento infundada –no hay
detenidos, procesos ni sentencias–. Sin ir
más lejos, recientemente tanto el direc-
tor de la unidad de drogas de la Fiscalía
Nacional, como el director de control de
drogas e investigación criminal de Cara-
bineros, desestimaron los supuestos nexos
entre narcotracantes y organizaciones
mapuches.
Con todo, ha de recordarse que uno
de los énfasis del Relator Emmerson en
su visita a Chile, fue el potencial de las
acusaciones de terrorismo para aumentar
el nivel de tensión del conicto y susci-
tar el antagonismo de los sectores mapu-
che más activos. En otras ocasiones, se
ha referido a la discriminación étnica, la
exclusión política y la marginación so-
cioeconómica como condiciones para la
propagación del terrorismo, por lo que
no sería extraño que se generase un caldo
de cultivo para actividades terroristas. Lo
cierto es que la violencia rural, el crimen
organizado, e inclusive el narcotráco,
podrían convivir en La Araucanía, sin por
ello constituir terrorismo.
En la actualidad, se observan discursos
contradictorios tanto en políticos del o-
cialismo, como de la oposición. Ejemplo
de ello es lo que publicó El Mercurio el
28 de febrero de este año respecto a la di-
putada de oposición por la zona, Andrea
Parra. Esta maniesta, por un lado, que
coincide con el gobierno en que la vio-
lencia es un tema aparte de la causa ma-
puche. Por otro, indica que la solución es
saldar la deuda material con el mundo in-
dígena, institucionalizar el diálogo y abrir
espacios de poder. Si la violencia no tiene
que ver con la causa mapuche, ¿cómo po-
dría acabarse canalizando sus demandas?
En las últimas semanas se ha observa-
do un recrudecimiento de la violencia en
La Araucanía, sin poder determinarse su
origen. Un reconocido periodista de Televi-
sión Nacional de Chile y su equipo de pren-
sa fueron atacados a balazos, sin embargo,
ningún grupo se ha atribuido la agresión,
y no se ha identicado a los responsables.
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LOS LEGADOS DE REPRESIÓN Y EXCLUSIÓN EN CHILE ANTE LA OPORTUNIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
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CONCLUSIONES
El relato del terrorismo ha sido renovado
en la gura del narcoterrorismo: desde gre-
mios empresariales hasta el presidente de
la República no escatiman en echar mano
al concepto al referirse a la violencia en
La Araucanía. Sin embargo, son enfáticos
en señalar que esta violencia no se vincu-
la con las legítimas demandas del pueblo
mapuche. Por tanto, hay dos alternativas:
o se trata de narcotracantes foráneos, o
no estamos ante la presencia de un terro-
rismo mapuche nanciado por el narco,
pues como se ha revisado aquí, el terro-
rismo supone un objetivo político. Pero
cuando se sitúa geográcamente el terro-
rismo y el narcotráco en una sola región,
y en su solo pueblo, ¿puede no atribuírsele
un componente étnico y reivindicativo?
Si hay algo que hemos aprendido con
las recomendaciones de los organismos
internacionales es que no toda acción vio-
lenta constituye terrorismo. El terrorismo
pretende alterar la paz social o atentar
contra el orden establecido, no recuperar
un terreno. Por ende, las recuperaciones
de tierra y la violencia rural pueden seguir
sucediéndose en territorio mapuche, sin
que tengan relación con un supuesto nar-
coterrorismo.
Este apelativo, en realidad, parece ser
otro intento por despolitizar las deman-
das mapuches por la vía de la criminaliza-
ción, en vez de realizar las acomodaciones
democráticas necesarias para un Estado
desarrollado, donde convivan sanamente
todas las naciones.
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SOBRE LOS AUTORES
|Julieta Suarez-Cao. Ponticia Universidad Católica de Chile, julieta.suarez@uc.cl. Doctora en
Ciencia Política por la Universidad de Northwestern (Estados Unidos). Profesora asociada en el
Instituto de Ciencia Política. Coordinadora de la Red de Politólogas #NoSinMujeres.
|Javiera Arce-Riffo. Universidad de Valparaíso, Chile, javiera.arce@uv.cl. Licenciada en Cien-
cias Políticas por la Universidad de Chile. Magíster en Ciencia Política por la Ponticia Uni-
versidad Católica de Chile y profesora del Magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Uni-
versidad de Valparaíso e integrante de la Red de Politólogas. Código ORCID https://orcid.
org/0000-0002-7800-8139.
|Susana Riquelme Parra. Universidad del Bío-Bío, Chile, susana.riquelmeparra @gmail.com.
Magíster en Política y Gobierno, doctoranda en Política y Gestión de la Educación Superior.
Analista de Estudios en Universidad del Bío-Bío e integrante de la Red de Politólogas.
|Carolina Acevedo de la Harpe. Universidad Católica de Temuco, Chile, cacevedo@uct.cl. Doc-
tora en Ciencia Política y profesora de la Universidad Católica de Temuco e integrante de la
Red de Politólogas.
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270 |Natalia Espinoza Soto. Universidad Católica de Temuco, Chile, nataliaeespinozas@gmail.com.
Licenciada en Ciencia Política.
|Rodolfo Disi Pavlic. Universidad Católica de Temuco, Chile, rdisip@gmail.com. Doctor en
Gobierno y profesor asistente de la Universidad Católica de Temuco. Investigador del Proyecto
Fondecyt N°11190233 “En Actitud de Protesta: Efectos Espaciales y Temporales de la Protesta
sobre la Opinión Pública en Chile” e investigador adjunto del Centro de Estudios de Conicto
y Cohesión Social [CONICYT/FONDAP/15130009].
|Beatriz Roque López. Red de Politólogas, Chile, bcroque@uc.cl, cientista política y magíster
en Ciencia Política, mención Gobierno y Políticas Públicas, Ponticia Universidad Católica de
Chile e integrante de la Red de Politólogas.
|Valentina Moyano Mejías. vfmoyano@uc.cl, cientista política y magíster en Ciencia Política,
mención Gobierno y Políticas Públicas, Ponticia Universidad Católica de Chile e integrante
de la Red de Politólogas.
|Beatriz Vega. UNIACC, Chile, beatrizvegaelizondo@gmail.com. Máster en Democracias Ac-
tuales: Nacionalismo, Federalismo y Multiculturalidad de la Universitat Pompeu Fabra, Barce-
lona e integrante de la Red de Politólogas.
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