En 2013 el gobierno federal de México presentó lo que parecía un parteaguas entre la forma de desarrollar vivienda de interés social desde los 1990s, virando hacia un nuevo modelo en donde la localización de la vivienda adquirió mayor importancia. Por medio de la implementación de Perímetros de Contención Urbana (PCU), el gobierno buscó que la política de vivienda contribuyera a ‘hacer ciudad’. Dichos instrumentos fueron vistos como la solución al problema de expansión a través de desincentivar la construcción de viviendas en ubicaciones lejanas a los centros de empleo y servicios. Pero ¿qué tan efectiva ha sido dicha política? A pesar de que los resultados preliminares muestran un incremento en las reservas territoriales ubicadas dentro de los PCU, esto no significa que estén ‘haciendo ciudad’ pues muchas zonas dentro de esos perímetros continúan estando alejadas de las ciudades, teniendo altos índices de deshabitación y careciendo de una cobertura de servicios apropiada. A la fecha, sin embargo, no existe una evaluación de las implicaciones sociales y espaciales de la política en términos de su capacidad para contener la expansión urbana al dirigir las viviendas sociales a áreas menos distantes y ‘mejorar’ el acceso de los residentes a empleos y servicios urbanos (Monkkonen y Giottonini 2017). Además, no se ha evaluado la relación de los PCU con los asentamientos irregulares que, si bien no forman parte de sus objetivos, sí representan más de la mitad del total de viviendas asequibles y contribuyen considerablemente a la expansión urbana (Connolly 2012). En este capítulo discuto resultados preliminares de mi investigación doctoral, ofreciendo una evaluación del éxito (o fracaso) de los PCU en disminuir la expansión urbana en la zona norte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).