Pobreza, Exclusión y politización: Trayectoria económica y política de los mapuche durante el siglo XX

Abstract

RESUMEN El presente trabajo se propone adoptar la modalidad de ensayo histórico a partir del debate instalado en sectores del mundo académico y el mundo intelectual mapuche emergido en los últimos años sobre los resultados de modernización capitalista en La Araucanía. Constituye una mirada de los autores a la historia de la Araucanía durante el siglo XX, situados desde una perspectiva de mediana y larga duración con el objetivo de una comprensión no solo del pasado, sino que de los desafíos pendientes. El análisis se hace a partir de eventos específicos y de los temas que marcaron el

Full text

Pobreza, Exclusión y politización: Trayectoria económica y política
de los mapuche durante el siglo XX
Eduardo López Bravo - Fernando Pairican Padilla
Anuario Nº 32 / ISSN 1853-8835 / 2020
http://anuariodehistoria.unr.edu.ar/ojs/index.php/Anuario/index
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Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Pobreza, Exclusión y politización: Trayectoria
económica y política de los mapuche durante el
siglo XX
Poverty, Exclusion and politicization: Economic and
political path of the mapuche during the 20th century
EDUARDO LÓPEZ BRAVO
1
Universidad de Santiago de Chile;
Universidad Alberto Hurtado (Chile)
eduardo.lopezbr@usach.cl
FERNANDO PAIRICAN PADILLA
2
Centro de Estudios Interculturales Indígenas;
Universidad de Santiago de Chile;
Universidad Alberto Hurtado (Chile)
fernandopairican@gmail.com
RESUMEN
El presente trabajo se propone adoptar la modalidad de ensayo histórico a partir del
debate instalado en sectores del mundo académico y el mundo intelectual mapuche
emergido en los últimos años sobre los resultados de modernización capitalista en La
Araucanía. Constituye una mirada de los autores a la historia de la Araucanía durante
el siglo XX, situados desde una perspectiva de mediana y larga duración con el
objetivo de una comprensión no solo del pasado, sino que de los desafíos pendientes.
El análisis se hace a partir de eventos específicos y de los temas que marcaron el
1
Doctor en Estudios Americanos, mención Historia, Instituto de Estudios Avanzados -
Universidad de Santiago de Chile. Magister en Historia de América en la misma casa de
estudios. Investigador Asociado del Núcleo de Estudios Asiáticos del Instituto de Estudios
Avanzados (IDEA), Universidad de Santiago de Chile.
2
Doctor en Historia - Universidad de Santiago de Chile. Magister en Historia de América en la
misma casa de estudios. Investigador Asociado del Centro de Estudios Culturales e Indígenas
(CIIR).

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map che durante el siglo XX
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debate entre actores políticos, mapuche y empresariales desde la
década de los años 30’. De allí que presentemos algunas libertades analíticas tanto en
la periodización como en los hitos o coyunturas más relevantes.
Palabras clave: Conflicto Mapuche; Autodeterminación; Plurinacionalidad; Gremios
Empresariales.
ABSTRACT
The present work proposes to adopt the historical essay modality starting from the
debate installed in sectors of the academic world and the mapuche intellectual world
that emerged in recent years on the results of capitalist modernization in La
Araucanía. It constitutes a look by the authors at the history of Araucanía during the
20th century, situated from a medium and long-term perspective with the aim of
understanding not only the past, but also the pending challenges. The analysis is
based on specific events and the issues that marked the debate between political,
mapuche and business actors since the 1930s. In accordance with this is that we
present some analytical freedoms both in periodization and in the most relevant
milestones or junctures.
Keywords: Mapuche Conflict; Self-determination; Plurinationality; Business Guilds.
Introducción: El problema
En los últimos 30 años ha pasado a ser un lugar común para un sector de
chilenos y, específicamente, para la clase dirigente que los logros económicos
nos transformaron en comparación con otros países de la región en “un
verdadero oasis en una América Latina convulsionada”
3
. La respuesta a tan
categórica afirmación no tardó en llegar. La tarde noche del 18 de octubre de
2019 el país fue remecido hasta sus cimientos por un estallido social que en lo
mediático expresó el descontento ciudadano con el alza de los boletos del
Metro, pero que en la profundidad del fenómeno fue “la gota que rebalsó el
3
La frase pertenece a Sebastián Piñera Echeñique. La Tercera 8 de octubre de 2019. Revisar
https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura-medio-esta-america-latina-
convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-estable/851913/

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vaso” de la desigualdad económica y social estructural de la sociedad
neoliberal chilena. Transcurridos unos meses, existe consenso entre los
analistas de la plaza y cientistas sociales que la movilización fue un
catalizador de denuncias contra la acumulación de abusos, alzas en los
servicios públicos, en los productos de primera necesidad, la precarización de
los derechos sociales y el creciente endeudamiento de la población,
especialmente, la más pobre con las tarjetas de crédito (Garcés, 2019; Mayol,
2019; Ruíz, 2020; Ponce, 2020).
Los mapuche fueron también actores de este proceso. Expresiones de su
movilización las encontramos en masivas marchas en las principales ciudades
del sur del país. Novedosas fueron en el repertorio de protesta la destrucción
de monumentos contra la historia oficial de la conquista española y la mal
llamada “Pacificación de la Araucanía”. En Temuco, ciudad a 680 km al sur de
Santiago, se removieron bustos en la Plaza de Temuco y en Concepción la
figura de Pedro de Valdivia, fundador de Santiago y principal conquistador
español. La cabeza de la escultura fue colgada en la mano del guerrero
Kallfülikan, quien representó la resistencia ante el Imperio Español.
Adicionalmente, en la ciudad de Collipulli el busto de bronce del general
Cornelio Saavedra, se sumaba a la caída de los símbolos del coloniamos. Este
militar, empresario del carbón y ganadero, es reconocido por liderar la
sangrienta intervención militar en las tierras mapuche en el siglo XIX.
En Santiago, también se sumaron a las movilizaciones “mapuchizando” las
manifestaciones. Común fue ver la wenüfoye, bandera que estuvo presente en
las principales ciudades del país. También se expresó en el rewe instalado en
la principal arteria por los miembros del movimiento mapuche. Todos
compartieron el ideal de avanzar en la Autodeterminación y la libertad de los
prisioneros políticos (Huenchumil, 2020). Una parte considerable del pueblo
mapuche, sobre todo de quienes habitan en las periferias de las principales
ciudades, continua sin modificar sustancialmente su realidad socioeconómica,
las ideas autodeterminista, en ese escenario continúan siendo una opción y
ejercen una hegemonía discursiva en el interior del pueblo mapuche. Esto ha
hecho sostener, por lo menos a algunos autores, que nos encontramos en un
proceso de multiculturalismo neoliberal (De la Maza, De Cea y Rubilar, 2018).
Una parte significativa de la población mapuche vive en Santiago. Según el
Censo del año 2018, el 35% habita en la capital, mientras que La Araucanía es
la segunda región con mayor población situándose con un 18%. David Aniñir
ha escrito que los Mapuche somos hijos de las lavanderas, panaderos,
feriantes y ambulantes. “Nacimos en la `mierdopolis´ por culpa del buitre
cantor y nacimos en panaderías para que nos coma la maldición”. En algún

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aspecto el movimiento mapuche sintetiza esas dos variables
contenidas en la poesía de Mapurbe: ser clase y raza explica en una parte la
radicalización del pueblo mapuche (Aniñir, 2000).
La discusión hoy, como antes del 18 de octubre, no son fáciles; sin embargo,
el peso de la noche en las carencias del pueblo Mapuche, sobre todo de su
bienestar y oportunidades socioeconómicas hacen difícil aceptar que su
protesta y la demanda por la autodeterminación sean un tema reciente. Es
preciso recurrir a una perspectiva de larga duración para precisar
antecedentes y mirar ¿Qué mecanismos de exclusión histórica tanto
económicas como políticas se encuentran presentes ayer y hoy en la región de
la Araucanía? Se hace necesario clarificar los términos de modernización,
modernidad y desarrollo
4
, para luego discutir las políticas aplicadas en una
región y cuyos resultados están marcados por la desigualdad, la pobreza y la
exclusión.
Este ensayo se divide en tres partes. En primer término, se abordará el
proceso traumático de anexión del pueblo Mapuche al Estado Nación chileno
durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En segundo lugar, se
dedicará al estudio de la economía política en la región durante el siglo
pasado, con especial énfasis en eventos específicos donde examinaremos el
papel de los actores empresariales en la zona en el conflicto. Finalmente, se
realizará un examen de las proyecciones históricas del conflicto social y
político entre el Estado chileno y el movimiento mapuche. El estudio, de
carácter cualitativo, se realizó en base a análisis de documentos y
bibliografía pertinente, así como de información de fuentes primarias
recabadas por los autores.
Los elementos de discusión políticos constituyentes en el Chile actual y la
solidaridad del pueblo chileno con las demandas del conjunto de los pueblos
originarios, permiten mirar con mayor optimismo el futuro del movimiento
mapuche. Los altísimos costos sociales y humanos pagados por la población
mapuche en el transcurso de dos siglos hacen más ineludible que los
historiadores puedan arribar a conclusiones y perspectivas sobre el pasado de
un pueblo y una región con los ojos del presente.
4
Para los efectos de este ensayo asumimos la propuesta de Norbert Lechner (Flacso, 1990),
quien distinguía entre modernización y modernidad. En su perspectiva, modernización hace
referencia al desarrollo de la racionalidad instrumental, contraponiéndola a la modernidad en
tanto racionalidad normativa. Mientras la modernidad apunta a la autodeterminación política y
la autonomía moral, la modernización se refiere a al cálculo y control de los procesos sociales y
las fuerzas de naturalezas, las cuales están inscritas institucionalmente resolviéndose los
problemas en el sistema político. En lo económico, modernización implica relaciones mercantiles
y productivas sin trabas que impidan su desenvolvimiento.

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1. La matriz política: reducción y pobreza
El historiador Jorge Pinto ha dedicado su obra a comprender la historia de la
frontera. Al igual que Arturo Leiva, han decidido situar su origen con la
fundación de Angol, en 1862 (Pinto Rodríguez, 2012, 2015 y 2002).
Acompañado del Ejército, empresarios y colonos respaldados por el Estado, los
sujetos y sujetas fronterizas ingresaron al Fütalmapu para medir y mapear el
territorio mapuche. Con una perspectiva en que unió liberalismo político y
económico.
Esta nueva ingeniería política concluyo en la reducción. Un porcentaje de
tierras en que los mapuche continuaron viviendo aunque delimitado por la
institucionalidad no indígena. Previa a ella existió otro modelo que fue usado
en la provincia de Arauco, heredera de la forma hispana en base a los Títulos
de Merced. Al interior de esta, el Estado esperaba regenerar a los mapuche a
partir de la religión Católica –como fue el modelo aplicado a los wayú en
Venezuela y Guaraní en Paraguay–. A partir de esa conversión Católica,
insertarlos al modo de producción capitalista del país.
Desde mediados de la década de 1850 se comenzaron a materializar los
objetivos del proyecto económico liberal chileno del siglo XIX. La nueva política
económica que emergió desde 1860, vino a dar coherencia y respaldo jurídico
al modelo de economía abierta desde la independencia. Esta década abrió y
cerró lo que Timothy R. Scully denominó la coyuntura crítica de los años
1857-1861(Scully, 1992). Se trató de un momento de ajuste nacional que
implicó el abandonó paulatino del modelo autoritario conservador del poder
teniendo como telón de fondo un escenario de crisis económica.
Paradojalmente, esta dinámica terminará empujando al país a adecuarse con
más éxito a las demandas del comercio mundial de productos primarios
(Marichal, 1988 y Ross, 2003).
El proceso de ajuste que describimos significó para el país dos guerras civiles,
en las cuales participaron los mapuches como actores. En el caso de 1851, un
sector encabezado por el Toqui Mañilwenü participó de la insurrección con el
propósito de que se aceptaran los acuerdos firmados en los parlamentos que
señalaron que desde el río Bio Bío al sur el territorio pertenecía a los
mapuche. Este líder mapuche en alianzas con Kallfükurra en Argentina,
trabajaron por crear lo que Ingrid de Jong denominó una Confederación
Mapuche de la cual también hubiese sido parte el líder mapuche en
ngulumapu como se le denomina al sector mapuche entre lo que abarca el
Océano Pacífico a la cordillera de los Andes (De Jong, 2010).

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Los mapuche, tomaron partido por los bandos federales, porque
estos permitían espacios de autonomía política. Otro sector liderado por el
ñidolongko Venancio Coñuepan planteaba un acercamiento al Estado chileno
y la creación de una especie de “política indígena” en base a un
reconocimiento de sus liderazgos, en específico el suyo, como Cacique
Gobernador a partir del cual se podrían canalizar las divergencias políticas
mapuche (Ratto, 2010, Foerster, 2008 y Pairican, 2020).
Mientras los gobiernos Conservadores propusieron una política indígena en
base a los Títulos de Merced, las misiones religiosas como tránsito a la
“chilenización” y el reconocimiento a algunas autoridades políticas; los
gobiernos liberales usaron esa misma arquitectura, pero como método para
insertarlos al modelo capitalista. La experiencia de reducción norteamericana
y el modelo de colonialismo francés, pareció apropiado de ser adaptada a las
tierras mapuche entre el río Malleco y Cautín. Esa construcción de Estado, fue
posible luego de una guerra violenta que, como ha dicho Jorge Pinto, “abrieron
una herida que aún no cicatriza” (Pavez, 2008; Inostroza, 1998 y Pinto
Rodríguez, 2015).
Desde la perspectiva de José Bengoa, se desarrollaron “diversas formas de
integración”. En la perspectiva de la resistencia del pueblo mapuche, podría
ser considerada como una “desintegración” del viejo espacio fronterizo, con el
fin de acoplar la modernización capitalista liberal desarrollado luego de 1860
(Bengoa, 2000, Pairican, 2020). La política de los gobiernos liberales del siglo
XIX hacia los mapuches se situó en la regeneración productiva al capitalismo,
pero sin intervenir sus tradiciones y costumbres. Primo el pragmatismo. A
diferencia del período conservador, los nuevos gobiernos liberales no se
interesaron en sí mismo en la regeneración vía misiones religiosas. La
conversión de las almas no era su objetivo, sino más bien que fuesen
funcionales a las dinámicas productivas capitalistas (Pairican, 2019). Esta
perspectiva, permitió a las reducciones, continuar tejiendo sus redes de
parentesco de forma autónoma. Las tradiciones y costumbres –en perspectiva
thompseana–, también. Entre otras razones, explica la continuidad de su
tejido social hasta avanzado el siglo XX e inclusive XXI.
La “chilenización” se dio en los espacios compartidos con el resto de los
habitantes de la república: las escuelas públicas y lugares de trabajo. Las
primeras terminaron siendo espacios de adoctrinamiento de la chilenidad, lo
que afectó en parte a la niñez mapuche, como dan cuenta algunos testimonios
orales. También se aplicó un castigo físico –habitual en las escuelas de la
época–, pero entorno a las dificultades de comprensión por parte de la niñez
mapuche tomaron ribetes de colonialismo y violencia que fueron recordados
en las generaciones del siglo XX (Alvarado y Antileo, 2020).

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Varios adultos recuerdan las historias de violencias en las escuelas.
Pero otros se acoplaron al nuevo modelo, desarrollándose como docentes y
técnicos en distintos oficios (Ancan, 2000 y Hilger, 2001). No obstante, en las
primeras décadas del siglo XX, las reducciones mapuches lograron perpetuar
las tradiciones y costumbres pre república. Y si bien algunos pudieron
acoplarse al modelo de manera “racializada”, por lo menos los más cercanos a
los principales poblados productivos, otro número de mapuche sobrevivió en
la pobreza extrema. Digamos que a lo menos esas fueron las impresiones de
Pablo Neruda en sus recuerdos contenidos en Confieso que he vivido y una
parte de la poesía de Jorge Teillier. El primero escribe en sus primeras
páginas:
Temuco es una ciudad pionera, de esas ciudades sin pasado, pero con
ferreterías. Como los indios no saben leer, las ferreterías ostentan sus
notables eblemas en las calles: un inmenso serrucho, una olla gigantesca,
un candado ciclópeo, una cuchara antártica. Más allá, las zapaterías, una
bota colosa. Si temuco era la avanzada de la vida chilena en los territorios
del sur de Chile, esto significaba una larga historia de sangre. (Neruda,
1974: 12).
Situados bajo esa realidad, los mapuche se acoplaron al modo de producción
que los principales centros urbanos de La Araucanía fueron desarrollando.
Trabajadores de temporada, obreros industriales, mujeres de servicio
doméstico, entre otros lugares de trabajo. También hubo profesionales de la
docencia. Hacia mediados del siglo XX, reconvertirse en un enclave de
producción triguera parecía ser su futuro, sin embargo, ese mismo proyecto
mostró síntomas de agotamiento hacia 1960, coincidiendo con un cambio
generacional con nuevas ideas de transformación en las militancias de
partidos y una nueva generación de mapuche que vio en la Reforma Agraria, el
cooperativismo y la industrialización, una opción para llevar adelante la
recuperación de tierras. (Pinto Rodríguez, 2002 y Correa y Mella, 2012)
De esta manera, se fue gestando un primer ciclo del movimiento mapuche que
es posible dividirlo en dos momentos, el primero encabezado por el profesor
normalista Manuel Manquilef, fundador de la Sociedad Caupolicán Defensora
de La Araucanía (SCDA) en 1910. Este movimiento recuperó el legado del mito
ercillano para brindar una subjetividad, un “orgullo” mapuche detrás de estos
personajes e incorporarlos en un sentido de incipiente nacionalismo mapuche.
Así lo plantea Víctor Naguil (Naguil, 2016). Posteriormente de la SCDA se
fundaría una nueva organización bajo el nombre de “Federación Araucana”
encabezada por Manuel Aburto Panguilef. Esta organización estuvo influida
por los discursos de nacionalismo en Europa a partir del concepto de
“araucano” y planteaba el imaginario de una construcción de carácter

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nacional. Este líder mapuche quedó impactado por el proceso de
descolonización en Israel. La construcción nacional en ese país los llevó a
dilucidar como factible la construcción de una nación independiente,
declarando, a mediados de la década del 40’ su aspiración de construir una
Republica mapuche o Araucana (Menard, 2013).
Una tercera estrategia se relaciona con el mundo empresarial encabezado por
Venancio Coñuepan. El fundador de la “Corporación Araucana” provenía de
una familia vinculada a líderes que forjaron alianzas con los republicanos
desde sus orígenes como Bernardo O’Higgins y luego con los presidentes de la
República Conservadora. La familia Coñuepan junto a los Kolüpi fueron
engranajes de la creación de una política indígena que concluiría con la
negociación de las reducciones de tierras. Coñupean a mediados del siglo XX,
tomo partido por el modelo desarrollo en base al emprendimiento empresarial.
Apuesta que significó detractores y también apoyo de algunos longko
mapuche. (Ancan, 2010). En la arena política, sus alianzas se vincularon al
Partido Conservador y luego como ministro del segundo gobierno del General
Carlos Ibáñez del Campo.
Coñuepan fue organizador, presidente y gerente de la Caja Central de
Indígenas. Una instancia con la que se esperaba que los mapuche optaran a
créditos para emprendimientos económicos y se organizaran en cooperativas
para su desarrollo económico. Coñuepan llegó en algún momento a presidir la
Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Cayuqueo: 2020).
La historia post Ocupación de La Araucanía se situó en una dicotomía.
Sobrevivieron los mapuche bajo un modelo de reducción estilo
norteamericano, y a su vez, la apuesta a una industrialización permitió un
crecimiento de algunos líderes mapuche que se complementaron a ese modelo
industrial que, pese a todo, como ha dicho Jorge Pinto, no logro consolidarse
quedando en un caso frustrado de desarrollo (Pinto Rodríguez, 2020). Entre
otras variables explicaría las razones de un deseo de sumarse a la reforma de
la tierra a mediados de la década de los 60’. Pero ello respondió a las variables
que se relacionan con las matrices económicas, las ideas políticas mapuche y
el contexto internacional entorno a la reforma de la tierra. El “desarrollo
frustrado” de la provincia de Cautín terminó por generar una suma de
variables que en la década de los cincuenta radicalizó la cuestión étnica.
2. La matriz económica: modernización capitalista subordina, pobreza
y exclusión

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Del estudio de la economía política en la Araucanía durante el siglo XX se
puede concluir que la región contó con una estrategia de desarrollo económico
insuficiente o, podría incluso señalar, ausente. En rigor, la incorporación
tardía de la región al Estado Nación chileno – mediante la ocupación militar
setenta años después del nacimiento como república independiente – definió
en gran medida el devenir económico subordinado de la macrozona a las
lógicas de expansión productiva sin transformaciones estructurales del
desarrollo capitalista chileno del último cuarto del siglo XIX.
Diez años después de asentada la ocupación militar en la Araucanía, una
extensa red ferroviaria insertó a la región en el dominio del Estado chileno
bajó prácticas productivas y laborales de “antiguo régimen”; esto quiere decir,
en los marcos de la explotación al máximo de sus recursos naturales, el
reforzamiento de la estructura de la gran propiedad y la provisión de una
mano de obra donde la intermediación del salario era muy limitada (Pinto
Rodríguez, 2015) Se trató de una época donde la sabiduría convencional
empleo el término del “granero de Chile” para referirse a este espacio
fronterizo.
Durante el periodo de post-ocupación comprendido entre 1883 y 1940, la
Araucanía desarrolló una economía donde la producción triguera sería el pilar
más importante, pero también alcanzan un rol muy significativo la ganadería y
la actividad forestal, las que se hicieron cada vez más trascendentales en la
medida que avanzó el siglo XX. Los grandes productores se vincularon a la
economía nacional e internacional, y con el tiempo fueron desarrollando una
mayor especialización productiva (Flores, 2006; Henríquez, 2013).
Las historias locales que se han escrito en la frontera han destacado, en un
lenguaje elocuente y casi barroco, el desarrollo extraordinario de la producción
triguera, ayudando a alimentar el mito de la abundancia cerealera en la zona:
En segundo lugar citaremos la producción de trigo, factor principal que
marca la riqueza de un Departamento: pues durante la última cosecha se
han remitido a diversos puntos de la costa más de doscientos mil hectolitros
de dicho cereal, que dieron quehacer al ferrocarril hasta entradas de
invierno, a pesar de que, a más de los trenes ordinarios de carga uno
especial para llevar trigo venía semanalmente de Talcahuano a solicitud de
muchos agricultores i comerciantes del ramo, que desesperaban al ver que
no disminuían , a pesar del acarreo diario, los cerros permítasenos la
expresión, de trigo que casi llenan la extensa estación del ferrocarril
(Gallegos y Padilla, 1978, p. 103)

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La fase de “crecimiento hacia afuera” en la Araucanía se
extendió con éxito relativo hasta inicio de la década de 1940, a contrapunto de
la estrategia de “crecimiento hacia adentro” que se implementaba desde fines
de los años 1930 en el país. El modelo productivo regional descansó bajo
cuatro supuestos básicos: a) la presencia de grandes y medianos productores
que aprovecharon abundantes territorios obtenidos a costa de sus antiguos
dueños; b) una amplia disponibilidad de recursos naturales; c) alta demanda
en el mercado nacional de la producción triguera y ganadera y, finalmente, d)
una abundante mano de obra de peones y colonos de Chillán, Cañete y Lebu
que se concentraron en la producción agrícola. En esta matriz la población
mapuche no fue absorbida laboralmente, quedando excluida y confinada a las
reducciones o como destacaremos en la modalidad de trabajo estacional,
obreros industriales y el servicio doméstico femenino.
La alteración de cualquiera de estos supuestos tendría efectos negativos sobre
la actividad exportadora. En este sentido, el origen de la crisis y la contracción
económica en la región desde la década de 1940 fue el resultado del
agotamiento de una construcción histórica, provocada por la sobreexplotación
de los recursos naturales y los rendimientos decrecientes en la agricultura. La
ausencia de emprendimientos productivos articulados y de políticas de
fomento estatales para el incipiente sector industrial contribuyeron al débil o
limitado desarrollo de mercados de factores regionales para enfrentar la crisis
de la matriz exportadora regional (Flores, 2011).
La región entró en su propia crisis de matriz exportadora cuando a nivel
nacional se observaron claros signos de agotamiento de la fase clásica de
industrialización por sustitución de importaciones (ISI). En efecto, la segunda
mitad de 1950 estuvo marcada por el deterioro de la economía, el aumento del
proceso inflacionario, la desaceleración de las tasas de crecimiento, el
incremento de la conflictividad social y una aguda crisis política que puso en
jaque la vigencia del sistema democrático. Son los años en que dos influyentes
intelectuales e inspiradores de los proyectos económicos de la década de 1960
señalaron que el país vivía una “crisis integral”, como sostuvo Jorge Ahumada,
o que nos encontrábamos frente a “un caso de desarrollo frustrado”, en
palabras de Aníbal Pinto. (Ahumada, 1958; Pinto, A., 1959).
Tan importante como el desempeño de los sectores económicos y sus
indicadores, fueron los procesos sociales que se verificaron a nivel regional.
Entre 1931 y 1965 emergieron múltiples conflictos territoriales, marcados por
la usurpación de tierras y procesos divisorios al interior de los Títulos de
Merced, lo cual se tradujo en la reducción de cerca de 100 mil hectáreas la
propiedad mapuche, aumentando las demandas por la restitución territorial
con nulos resultados para sus originales dueños (Correa y Mella, 2012). Las
demandas por la restitución de las tierras a nivel regional se instalaron en el

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marco del radicalismo programático a nivel nacional para la solución
de los problemas sociales y económicos que se configuró en los años sesenta.
En rigor, todos los sectores políticos del país compartieron como criterio
generalmente aceptado el desfase de los diseños políticos, sociales y
económicos gestados con la restauración de la década de 1930 (López, 2020).
Aun cuando presentaron matices y diferencias ideológicas importantes, todos
terminaron asumiendo el cambio de las estructuras económicas vigentes como
alternativa de solución. Desde el centro, el antiguo pragmatismo radical fue
desplazado por una nueva fuerza política de características programáticas e
ideológicas: la Democracia Cristiana. Por lado de la izquierda, los dos
principales partidos del sector – el comunista y socialista – lograron (con
dificultades) forjar una alianza que perduró prácticamente por dos décadas.
En la derecha se vivió el comienzo de una etapa decisiva y que implicó al
finalizar la agonía de la derecha oligárquica y la emergencia de una fuerza
política renovadora: el gremialismo universitario de la Universidad Católica de
Chile (Valdivia, 2008).
¿Qué ocurrió en la Araucanía con el triunfo de la Unidad Popular (UP)? La
política económica del gobierno de Salvador Allende se propuso transformar
radicalmente la propiedad de los medios de producción y aumentar la
participación popular en la distribución del poder político y económico, todo lo
cual implicaba una redefinición del derecho de propiedad (Salazar y Pinto,
2002). El combate contra la gran propiedad, por tanto, generó las condiciones
para que la demanda mapuche se insertase en el proyecto político nacional de
la UP, al punto que las organizaciones mapuches se transformaron en una
realidad permanente durante esta breve experiencia. En efecto, el proyecto
revolucionario estuvo básicamente orientados a la redistribución de tierras a
los campesinos no mapuche y la restitución de ellas a la población mapuche.
La pregunta que puede formularse es ¿cuál fue la masividad de este proceso?
La respuesta puede encontrarse en las palabras de un hombre clave en la
conducción del proceso económico en los últimos meses del gobierno, José
Cademartori, último Ministro de Economía del gobierno de Salvador Allende,
para quien el proceso de transferencia de tierras a las comunidades indígenas
fue de 70 mil hectáreas. Otros autores calcularon cerca de 200.000 hectáreas
(Samaniego y Ruiz, 2007).
Inicialmente, la Unidad Popular no logró comprender en toda su dimensión la
situación específica de despojo y exclusión del pueblo mapuche. En su viaje a
Cautín el ministro de Agricultura Jacques Chonchol sostuvo en 1971:
Nosotros no creemos que en el fondo haya aqu un problema de indgenas o
de no indgenas [...] No es un problema racial sino un problema de
campesino pobre, explotado y oprimido a muchos de los cuales les han

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robado las tierras por generaciones con mtodos legales o no
legales [...] No es un problema fcil de resolver, la poblacin mapuche de
Cautn es del orden de las 200 mil personas: es un problema que se ha
venido postergando indefinidamente y que esperamos no resolverlo, pero en
fin, tratar de comenzar a abordarlo (Urrutia, 2019).
Como sugiere Daniel Barnaby, los colonos agricultores observaron el giro
hacia la izquierda que estaba teniendo lugar por toda la región de la Araucanía
como un escenario de amenaza e incertidumbre del viejo orden. En el caso de
Cautín, el legado de la ‘pacificación’ llevó a los colonos agricultores a creer que
‘sus propios’ campesinos y las comunidades indígenas cercanas podrían
mantenerse bajo control a través de una combinación de la sumisión
tradicional y la anticuada coerción ejercida en los territorios fronterizos recién
conquistados entre los años 1890 y 1920 (Barnaby, 2017). Lo anterior es
ilustrativo de uno del déficit del conjunto del proceso de Reforma Agraria en la
Araucanía: las disputas de tierra entre los agricultores y las comunidades
mapuche tenían un origen profundo y que se remontaba a la toma fraudulenta
de tierras de las comunidades mapuches por los fundos adyacentes, tierras a
menudo vendidas posteriormente, lo que creaba situaciones en las que ambas
partes podían reclamar derecho legal sobre el predio en cuestión.
Cabe destacar que la lucha por la tierra se convirtió desde mediados delo siglo
XX en una demanda creciente en países con alta presencia indígena; como el
caso Bolivia, Perú, Ecuador, México y Guatemala. La situación mapuche, con
sus diferencias, se sumó a ese proceso continental en que los proyectos
reformistas intentaron solucionar la concentración de la tierra y que en
algunos países adquirieron una dimensión revolucionaria. En Bolivia la
revolución de 1952 impulsará una reforma agraria de carácter campesina que
será criticada por algunos sectores del movimiento indígena, aunque fue clave
para comprender los movimientos posteriores en este país. Aspecto similar
sucedió en Perú, donde el presidente Juan Velasco Alvarado recuperará la
figura de Túpac Amaru como símbolo de su movimiento que repercutirá en las
organizaciones políticas. En ese escenario las escrituras del pensador José
Carlos Mariátegui volvieron a ser reinterpretadas y editadas para comprender
la situación indígena en el Perú (Mariátegui, 2007).
Bajo este escenario el proceso de reforma agraria en Chile de la década de
1960 no incursionó – y no era su propósito – en el significado social y
simbólico de la tierra para las comunidades mapuches y latinoamericanas. En
efecto, la demanda mapuche por la tierra fue leída y asimilada en muchas
ocasiones por los tecnócratas estatales como un problema no muy diferente a
los campesinos pobres del valle central. Con todo, los mapuche se sumaron a
los gobiernos que promovieron la reforma agraria. En específico bajo la Unidad
Popular desplegaron sus fuerzas para recuperar las tierras históricas; es decir,

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las que se encuentran presentes en los Títulos de Merced que fueron
apropiados por los colonos luego de la Ocupación de La Araucanía. De esta
manera, los mapuche en la provincia de Cautín desplegaron como repertorio
de acción colectiva la “corrida de cercos”, lo cual generó la respuesta por parte
de los agricultores a través de la organización de Comités de Recuperación de
Tierras de manera violenta.
En opinión de Martín Correa, desde la perspectiva mapuche durante la
aplicación de la reforma agraria en la región se articularon tres memorias
colectivas de la tierra. La primera la memoria histórica, esas que recuerdan los
más antiguos de las comunidades como los límites originales. La segunda,
asociadas a los Títulos de Mereced y Reducción. Finalmente, la tercera
corresponde a las tierras recuperadas durante la Reforma Agraria que luego
serían vueltas a perder por la contra reforma implementadas por el gobierno
cívico militar de Pinochet
5
. Estas tierras puestas al mercado fueron luego
compradas por los empresarios asociados a la industria forestal, comenzando
una nueva etapa histórica en relación con la propiedad, empresarios y el
surgimiento de un segundo ciclo del movimiento mapuche (Pairican, 2013). A
esa chilanizacióna neoliberal se respondió con el derecho a la
Auodeterminación, que derivó en el transcurso de mediados de la década de
los 90’ en un proceso de Liberación Nacinal Mapuche.
Las políticas neoliberales: rearticulación empresarial y el impulso forestal
El golpe militar de 1973 marcó la entrada de las políticas neoliberales a la
región y el proceso de contra reforma agraria cuyos costos sociales se
expresaron en la intervención de las organizaciones campesinas para erradicar
definitivamente el marxismo y controlar la población indígena mediante la
creación de fuentes de trabajo que asegurasen su integración a la comunidad
nacional. (Pinto, J., 2015). Tomando como insumo los últimos trabajos que
han examinado este período, la llegada de los Chicago Boys al control del
aparato estatal implicó la aplicación de un tratamiento de shock que condujo
a la destrucción de una parte no menor de empresas, enormes rebajas de
aranceles a las importaciones, la radical liberalización del mercado de
capitales, el ajuste del presupuesto fiscal, cambios tributarios y la completa
liberalización de precios tuvieron un profundo efecto en la agricultura y la
5
Adoptamos el concepto Cívico – Militar de Carlos Huneeus (2016) quien constata la decisiva
participación de civiles durante los 17 años de la Dictadura de Pinochet. Desde esta perspectiva
interpretativa fueron los civiles quienes diseñaron e implementaron las principales reformas
económicas e institucionales del régimen militar.

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industria (Gárate, 2012; Ffrench-Davis y Stallings, 2001). A
nivel regional, las medidas neoliberales implicaron la reducción del apoyo
estatal y la internacionalización forzosa obligó a los empresarios agrícolas,
lecheros y ganaderos a competir a nivel nacional. Hacia 1980 las áreas rurales
mostraban un comportamiento profundamente deficiente, con un
campesinado socialmente debilitado y con escasas posibilidades de acceder al
crédito. En este escenario, las transferencias tecnológicas desaparecen y los
magros rendimientos alcanzados por la agricultura no campesina se expresó
en un cuadro de recesión con indicadores de desempeño muy pobres. Al
finalizar la dictadura de Pinochet, la región mostraba los más altos índices de
pobreza e indigencia del país, indicadores que no mostraron síntomas de
mejora hasta el año 2003. De acuerdo con el ranking de competitividad del
Programada de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1992, en las
13 regiones del país, la Araucanía alcanzaba el lugar número 11 en el rubro
desarrollo económico, el 13 en personas, el 11 en infraestructura y el 6 en
recursos naturales (PNUD, 1996).
Para una zona socialmente resentida, los efectos de la estagnación económica
se hicieron particularmente extremos en las comunidades mapuches, quienes
vivieron bajo el "peso de la noche social y económica neoliberal". De acuerdo
con el informe elaborado por el Ministerio de Desarrollo y Planificación
(MIDEPLAN) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) el año 2002, la región
no sólo perdió representatividad en términos poblacionales en el país con un
5,76%, sino que el Producto Interno Bruto creció durante toda la década de
1990 a un ritmo menor que el resto del país (MIDEPLAN-INE, 2001; Pinto, J.
2015). Con todo, la agricultura continuó siendo el motor económico de la
región hasta entrada la década del 2000.
La acumulación de problemas sociales y económicos producto de la aplicación
ortodoxa de las políticas neoliberales también fueron una fuente de conflicto
para el mundo empresarial agrícola en la región de la Araucanía. Los
sacrificios que imponían las medidas económicas de los Chicago Boys fueron
tolerados por las grandes asociaciones empresariales más representativos de
los grandes empresarios, quienes privilegiaron el apoyo político al régimen
militar por sobre sus intereses frente al temor de una vuelta al radicalismo
político de los sesenta. Sin embargo, la exclusión de la participación de los
gremios representativos de la pequeña y mediana agricultura, de igual modo
que de la industria lechera, tuvieron como resultado la emergencia del
desencanto y la crítica al esquema neoliberal en su versión más ortodoxa entre
1975 y 1982 (Arriagada, 2004). Como han destacado Guillermo Campero y
Fabián Almonacid, si bien los pequeños y medianos empresarios respaldaron
las definiciones generales de las políticas neoliberales (especialmente en lo
concerniente a la devolución de tierras expropiadas), se manifestaron
abiertamente contrarios cuando fueron afectados por la liberación de precios y

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la rebaja de aranceles a las importaciones de productos que
competían directamente con su producción. La situación los empujó a una
espiral de conflicto con el gobierno, demandando y negociando cambios
concretos al ritmo e intensidad que exigían las políticas económicas
monetaristas en la región (Campero, 1984; Almonacid, 2016).
Con diferentes intensidades, la creciente oposición gremial al neoliberalismo
contó con el protagonismo de la Confederación de Productores Agrícolas (CPA),
el Consorcio Agrícola del Sur (CAS), dirigidas por Sergio Durán, y de
agrupaciones menos organizadas de trigueros y remolacheros de la Araucanía,
Valdivia y Osorno. Expuestos los empresarios agrícolas, especialmente la
industria lechera, al vértigo de los precios internacionales y a la competencia
de importaciones que generalmente recibían subsidios en sus países de origen,
se producirá la primera rebelión gremial de importancia que conoció el período
del gobierno cívico militar de Pinochet. El conflicto entre el gobierno y los
gremios empresariales de la zona sur del país escaló a niveles inusitados de
violencia verbal, cuando un funcionario del Ministerio de Economía recomendó
al sector que “se coman las vacas” producto de la imposibilidad de competir
con la leche importada (Gómez y Echeñique, 1988). Con todo, y pesar de la
oposición de la tecnocracia neoliberal enquistada en el gobierno, en octubre de
1977 se fijó un arancel específico de catorce productos lácteos que favorecía al
sector para continuar desarrollándose.
Las tensiones entre los productores tradicionales y las medidas neoliberales se
agudizaron entre 1981 y 1982. En efecto, el endeudamiento del sector a causa
del creciente debilitamiento del mercado interno, derivando en la cesación de
pagos de créditos adquiridos y la quiebra de empresas agroindustriales
dedicadas al procesamiento de remolacha y leche. La crisis condujo a la más
importante oleada de movilizaciones y protestas de los productores agrícolas
de las ciudades de Rancagua, Temuco y Valdivia durante todo el año 1982. El
resultado, se resolvió por los mecanismos clásicos de atenuación de la
protesta de los empresarios agrícola. En el caso de los productores agrícolas
tradicionales, el gobierno fijó bandas de precio cuya finalidad era defender la
producción local de trigo, leche, cereales y todos aquellos bienes que se
orientaban al mercado interno. Además, se definieron condiciones de
repactación de deudas para atenuar los problemas financieros que aquejaban
a los productores agrícolas (Montero, 1997; Arriagada, 2004).
Se resolvía transitoriamente un problema fundamental del mundo empresarial
tradicional en las regiones centro y sur del país, y, por cierto, clave en la
interpretación de su comportamiento sociopolítico: la defensa de sus
patrimonios, sean estos territoriales o de unidad productiva. Paradojalmente,

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si los pequeños y medianos empresarios agrícolas observaron un
cuadro de amenaza a sus intereses entre 1967 y 1973 bajo la versión
socialista de las expropiaciones y estatizaciones territoriales; entre 1977 y
1983 la incertidumbre provenía de la competencia externa y la caída de la
demanda interna; lo cual implicaba perder sus tierras para enfrentar la deuda
(Lovera, 2017; Arriagada, 2004).
Respecto al sector forestal, durante la década de los años de 1960 aumentó su
participación en la región como resultado de las políticas de incentivos
iniciadas por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). En efecto,
desde 1965 la zona entró en un proceso de “pinificación” bajo el impulso de
las políticas de planificación central del gobierno de Eduardo Frei. Sin
embrago, desde 1978, los grandes empresarios forestales hacen su aparición
formal en la Araucanía cuando la Corporación Nacional Forestal (CONAF)
procedió al remate de importantes extensiones territoriales a precios irrisorios
y generosas bonificaciones en los costos netos de forestación, la cuales
alcanzaban hasta el 75%.
Al finalizar la década de 1980, la región experimentó la disolución de la
propiedad colectiva de la tierra, y si bien los decretos leyes Nº 2.568 y Nº
2.7750 de 1979 prohibía la enajenación de las hijuelas resultantes del proceso
de división, lo concreto fue que muchas de esas tierras mapuches fueron
traspasadas a no indígenas mediante transacciones fraudulentas que
implicaron en muchas ocasiones arriendos por un período de 99 años (Gómez,
1999; Pairican, 2014). Junto con la desintegración de la propiedad comunal de
la tierra indígena, la dictadura impulsó un proceso de inversión forestal en
territorio mapuche. Entre 1976 y 2010 el Estado invirtió en el sector US$ 474,
3 millones en la industria forestal, de los cuales solo un 33,7% favoreció a
pequeños empresarios forestales (Pinto, J., 2015). Transcurridos 15 años, tres
grandes consorcios forestales lograron monopolizar el 70% de las ganancias
totales del sector forestal chileno. De acuerdo con los datos que aportan
Cristián Frene y Mariela Núñez, Celulosa Arauco (del grupo Angelini), la CMPC
(del grupo Matte) y MASISA controlaron hacia 1997 el 94,2% de las
plantaciones forestales en la región. Las utilidades acumuladas por estas
empresas entre 2000 y el 2005 superaron los 2.268 millones de dólares. En
tanto, CMPC obtuvo por si solas ganancias superiores a 230 millones de
dólares, acumulando para igual período un total de 1.369 millones de la
moneda norteamericana. Las utilidades de Celulosa Arauco alcanzaron el año
2012 los 141 millones de dólares. Por su parte MASISA también reconoció
utilidades por 84,2 millones de dólares (Frene y Núñez, 2010).
Desde el punto de vista de la economía política regional, ¿Por qué son
importantes estas cifras? La respuesta es compleja dada la gran cantidad de
elementos a conjugar en una zona marcada por el signo de la exclusión y la

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apropiación territorial. En esta nueva fase de la matriz exportadora
en la región, ahora en clave neoliberal, el modelo productivo forestal se
articuló en función de cuatro supuestos fundamentales: a) abundantes
territorios obtenidos a costa de los antiguos dueños mapuche; b) una amplia
disponibilidad de recursos forestales subvencionado por el Estado; c) alta
demanda desde el mercado internacional; y c) una demanda de mano de obra
muy acotada. Repitiendo una vez más la trayectoria del despojo territorial en
la región, el modelo productivo que instalaron las empresas forestales se
edificó sobre la base del control irregular y con escasa transparencia de las
tierras que habían sido expropiadas en favor de campesinos y mapuches en el
marco de la Reforma Agraria.
Adicionalmente, el proceso de cambio económico o desarrollo capitalista que
privilegió la dictadura era parte de un todo mayor: la formación de grupos
económicos capaces de crear las condiciones para su diseño e
implementación. Por estos motivos, los Chicago Boys estimularon la formación
de grupos económicos a partir de las privatizaciones, porque estaban
convencidos de que era esencial contar con conglomerados empresariales
poderosos que en economías de escala como el sector forestal permitieran
modernizar las empresas y llevarlas a competir en los mercados
internacionales. Esto tuvo como consecuencia a nivel nacional y,
particularmente, en la Araucanía una concentración económica nunca vista.
El proceso privatizador de las empresas y de los territorios de CONAF en la
región condujo a una recomposición del mapa de los grupos económicos
(Nazer, 2013) que introdujo cambios sustanciales en la tenencia de la tierra,
del trabajo, del medio ambiente y para el pequeño agricultor mapuche.
Paradojalmente, la Araucanía finalmente consolidó una estrategia económica
regional que la incorporó dentro de un proyecto de modernización económico
nacional de corte neoliberal con costos sociales profundos.
Los mapuche observaron como las forestales se apropiaron de su territorio
histórico y luego de los recuperados bajo la Reforma Agraria. Algunas
plantaciones pensadas para su proyecto de desarrollo colectivo también
terminaron en manos de los empresarios, de ese modo, la crítica a esa nueva
“usurpación” explicaría en los 90’ una variable de la rebelión del movimiento
mapuche. La empresa forestal fue uno de los grandes proyectos de la
dictadura militar, Joaquín Lavín lo asociaba a un nuevo cobre para el país
(Lavín, 1987). Estas plantaciones fueron posibles bajo el régimen cívico-
militar, pues las tierras recuperadas bajo la Reforma Agraria fueron devueltas
al Estado vía CORFO, luego puestas al mercado y vendidas a un bajo costo
para ser adquiridas por un nuevo tipo de empresarios: el forestal que se
pensaba como un pilar de la revolución neoliberal (Gárate, 2012).

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En la provincia de Arauco los mapuche vieron como sus tierras
recuperadas bajo la Reforma Agraria terminaron como propiedad de las
empresas forestales. Este hecho marcaría a futuro una de las variables de las
protestas mapuche al observar como sus tierras terminó en poder de los
futuros conglomerados de la década de los 90’. La segunda crítica por parte de
los mapuche se relaciona a un aspecto ambiental. Las forestales generaron
una sequía en menos de una década y un cambio en la diversidad de la flora y
fauna. En una tercera variable por el modo de producción de la empresa no
genero trabajos ni una mejoría económica como fueron las promesas iniciales.
Hacia 1997 los mapuche continuaban estando en niveles de pobreza no menor
en contraste con el rubro forestal que alcanzaba niveles altos de rentas.
(Moulian: 1997). ¿Cómo se explica? La respuesta se encuentra en el itinerario
que siguió la transición democrática en la década de los años 90’ y los actores
clave de este proceso: los empresarios, los gobiernos de la concertación y el
movimiento mapuche.
Los largos años noventa: Los empresarios frente a la estrategia
autonomista del movimiento Mapuche
¿Qué ocurrió con la llegada de los años 90’? Como lo han resaltado los
principales analistas de este período, la decisión económica (y por tanto
política) de las fuerzas de centro izquierda agrupadas en la Concertación de
Partidos por la Democracia fue mantener lo esencial del modelo neoliberal. Los
nuevos gobiernos de la concertación desde una posición pragmática
respetaron los fundamentos del llamado “modelo” y ampliaron los beneficios
de la inversión extranjera, lo cual redundó en una avalancha de inversión
extranjera que entre 1990 hasta el 2010 alcanzó los 72 mil millones de
dólares. Ciertamente la decisión de la continuidad de las políticas
monetaristas tuvo un efecto tranquilizador en las asociaciones empresariales
del gran empresariado nacional, quienes estuvieron alertas a la posibilidad del
rebrote populista o estatista, el aumento del gasto público, la discusión de la
carga tributaria o la rigidez del mercado laboral vía agenda legislativa. Como
sostiene Rolando Álvarez, durante el período 1990 y 2000, el gran
empresariado, utilizando su amplio repertorio de acción política defendió el
legado económico e institucional del régimen militar (Álvarez, 2015).
Correspondió a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) liderar la voz de los gremios nacionales,
asumiendo una opción confrontacional con los gobiernos concertacionistas,
comprometiéndose en una acción política más propiamente de partidos.
Desde una perspectiva nacional, los gremios empresariales, a diferencia de
cualquier otra etapa histórica del país, se asumieron como un bastión no tan

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solo de la defensa de la iniciativa privada o de la propiedad de su
patrimonio, sino que como parte de una alianza de defensa del modelo y la
obra institucional del régimen de Pinochet. En este sentido, los grandes
gremios empresariales formaron parte de los tres dispositivos
extrainstitucionales que en opinión de Antonio Cortés Terzi se organizaron
para la defensa del legado de la dictadura. La primera, la constituyó el ejército,
bajo dominio de Pinochet; la segunda, los partidos políticos de derecha,
quienes tenían un respaldo electoral no menos importante; y tercero, los
gremios empresariales, que formaron una comunidad de intereses económicos
y políticos sin fisuras (Cortés Terzi, 2000).
En la Araucanía, los gobiernos de la década de los años noventa heredaron no
sólo un modelo económico productivo consolidado, sino que también las
contradicciones sociales y demandas históricamente postergadas del pueblo
mapuche. La relación gobiernos de la concertación en la región se encuentra
marcada por tres momentos claramente diferenciables. El primero, desde el
Acuerdo de Nueva Imperial en diciembre de 1989 hasta la dictación en octubre
de 1993 de la Ley Indígena Nº 19.253, que estableció las normas de
protección, fomento y desarrollo indígenas creando la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (CONADI). Los resultados fueron decepcionantes para la
dirigencia Mapuche, que consideró que sus demandas y propuestas no se
encontraban incorporadas plenamente en la nueva institucionalidad (Bengoa:
1996).
Un segundo momento correspondió al gobierno de Eduardo Frei. En esta
segunda administración post dictadura, la decisión fue de preservar el sistema
económico desarrollando lo que algunos estudios han denominado una fase de
modernización económica sin modernización política (Huneeus, 2014). La
construcción de la Central Hidroeléctrica de Endesa en Ralco constituyó un
claro hito a nivel regional del necesario esfuerzo modernizador que el país
debía acometer, puesto que de acuerdo con los logros económicos del
momento (en 1994 la economía creció por encima del 7% anual) nos
encontrábamos en el umbral de desarrollo. Finalmente, un tercer momento
estuvo eclipsado por la “Política de Nuevo Trato” impulsada por el gobierno de
Ricardo lagos, mediante la cual se prometió focalizar su accionar en torno a
tres ejes: derechos de los pueblos indígenas, desarrollo con identidad y
adecuación del Estado a la diversidad cultural. Si bien los anuncios
parecieron contundentes, el accionar del gobierno estuvo marcado por grandes
contradicciones, donde lo retórico quedó subordinado a lo práctico. En
definitiva, su administración no introdujo las reformas jurídicas ni políticas
que fueron propuestas por la “Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato”
(CVHNT) y por las entidades internacionales. Por el contrario, quedaron

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pendientes el reconocimiento constitucional al pueblo mapuche,
la ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Existe consenso en señalar que este mandato se aplicó una “estrategia dual
hacia los pueblos indígenas”, que combinó (sin acierto) una política sectorial
orientada a beneficiar con tierras y recursos para el desarrollo material y
cultural a quienes no cuestionaran las opciones del modelo de desarrollo y
otra de carácter represivo, manifestada en el tratamiento criminal de la
protesta social indígena, en el uso de la legislación especial que incluyó la Ley
Antiterrorista para enfrentarla (Yánez y Aylwin, 2007; Pairican, 2014).
En definitiva, Ricardo Lagos buscó tempranamente la confianza de los
empresarios e inició una interlocución con los grandes capitales del país a
través del Centro de Estudios Públicos (CEP), controladora de la CMPC,
colocando el crecimiento económico como principal objetivo. Para asegurar la
marcha de los negocios resultaba indispensable suspender cualquier otra
consideración de carácter social. Con elocuencia uno de sus asesores en el
mítico segundo piso en La Moneda, Ernesto Ottone, resumía con claridad el
principio rector de la administración: “Sin crecimiento no hay empleo, porque
sin crecimiento no hay recursos para la inversión en equidad, porque sin
crecimiento no hay progreso” (Ottone y Vergara, 2006).
En el escenario que describimos, los sectores empresariales identificados con
los gremios agrícolas tradicionales y forestales transnacionales de la región
asumieron tareas y estrategias de acción política diferenciadas para enfrentar
la profundización de la matriz productiva neoliberal. Un ejemplo de lo anterior
se verificó con ocasión del proceso de internacionalización de la economía
chilena con el retorno de los gobiernos democráticos en los años noventa. En
este contexto, una fisura interesante de observar se provocó entre la Sociedad
Nacional de Agricultura (SNA) y el CAS como resultado de los anuncios de
integración que el gobierno de Eduardo Frei promovía con el Asia Pacífico,
Europa, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y otras regiones del mundo.
Mientras la agricultura tradicional de los pequeños y medianos empresarios
del sur demandó mayor protección frente a los potenciales efectos de las
importaciones, la SNA mantuvo una postura favorable al libre mercado y
cercana a las conveniencias de otros sectores productivos controlados por el
gran empresariado nacional (Avendaño y Escudero, 2016). De manera similar
a las movilizaciones del período 1977 y 1983, los agricultores tradicionales
manifestaron su rechazo y se movilizaron activamente. El momento más
emblemático de las movilizaciones en contra de los tratados de libre comercio
se produjo en julio de 1995 con la convocatoria a una concentración de los
agricultores en la medialuna de San Carlos, provincia de Ñuble, donde se
congregaron más de 25 mil pequeños y medianos empresarios agrícolas. El
resultado concreto fue que las protestas generaron un cambio en las

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negociaciones del resto de los tratados de libre comercio, mejorando
las condiciones para la agricultura nacional rubro por rubro (Scapini, 2006).
Al cumplirse 15 años de la firma del acuerdo del Mercosur, el presidente del
Consorcio Agrícola del Sur (CAS), Gastón Caminondo, consideró que el sector
de la agricultura tradicional sustitutiva de importaciones en las regiones no
tenía nada que celebrar, manifestando que: “(para) nosotros es una fecha que
nos produce, sino enojo, algo muy parecido a ello”. Asimismo, agregó que “... lo
único que pedimos es que todos juguemos con las mismas reglas, que les
pidamos a otros, lo mismo que nos piden a nosotros. Y que esas reglas sean
respetadas”
6
.
La intensificación de la movilización mapuche en las regiones del Biobío y la
Araucanía desde 1997 fue un tema de debate ineludible para las asociaciones
empresariales. Ciertamente, las ocupaciones de tierras trajeron a la memoria
colectiva del conjunto de los empresarios los acontecimientos previos a
septiembre de 1973, confirmando que la naturaleza social y política de
muchos eventos de la década de los sesenta y setenta se mantenían activos en
el recuerdo de los agricultores (Manzi, 2003). De esta manera, fueron los
agricultores tradicionales y los gremios representativos del sector quienes
reaccionaron activamente frente a lo que consideraron “hechos vandálicos”
que violaban la propiedad privada. Utilizando profusamente los medios de
comunicación, se encargaron de denunciar la intensificación del conflicto
territorial, marcando en muchas ocasiones la agenda política regional y
nacional.
El año 1999 fue definida por las comunidades Mapuche como “El año de la
Rebelión”. En este contexto, el volumen y complejidad del conflicto es tan
amplio que resulta difícil dar cuenta de todos los acontecimientos acaecidos en
las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Lagos. Entre los hechos más
relevantes podemos destacar la ocupación del Fundo Santa Ema, propiedad de
Forestal Mininco por las comunidades lideradas por Víctor Ancalaf (La
Tercera. 4 de febrero de 1999). Este dirigente ha retomado las recuperaciones
de tierras durante el último tiempo que se suma a una movilización más
amplia del movimiento mapuche ante las promesas incumplidas por el
gobierno y la situación pandémica (El Mercurio: 16 de agosto: C7)
Por su parte, unas treinta familias mapuches de diversas comunidades
aledañas al sector Lautaro-Antiquina, ocuparon un predio, propiedad Forestal
Arauco (La Tercera. 12 de marzo de 1999). En el mes de abril, un centenar
6
“El juicio del agro a los 15 años del Mercosur”. Disponible en: http://agro-
start.blogspot.com/2011/06/el-juicio-del-agro-los-15-anos-del.html

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comuneros mapuche-pehuenches de las comunidades Manuel
Marillanca y Quintonahuel ocuparon un fundo a cargo de la CONAF en sector
de Reigolil, a cuatro kilómetros de Curarrehue (La Tercera. 23 de abril
de1999). Adicionalmente, 78 familias de la comunidad de Llafenco se
instalaron en terrenos de propiedad de la empresa Sociedad Agrícola Forestal
Oregón en el sector oriente de Pucón. Un número cercano a cien mapuches de
las comunidades de Colihuinca Tori y Antonio Paillacón (agrupados por la
Coordinadora Arauco Malleco) ocuparon la Hacienda Rucañanco, propiedad de
Forestal Mininco, mientras que comuneros de Tranicura ingresaron a un
predio de Forestal Volterra, al sur de la comuna de Tirúa, y Miembros de la
comunidad José María Calbún se tomaron 90 hectáreas en poder de un
particular. (Diario el Sur. 27 de abril de 1999; La Tercera. 27 de abril 1999).
Quizás el hecho más relevante fue la ocupación de la hacienda Lleu Lleu por
parte de la comunidad Pascual Coña, que en el mes mayo fue afectada por
incendio aparentemente intencional y que destruyó un galpón, maquinaria e
insumos agrícolas. Para el werken José Huenchunao, las acciones responden
a la necesidad y pobreza de muchas comunidades indígenas, que están
ingresando a los predios para sembrar cereales o para cosechar bosques,
destacando que "... El Gobierno no da señales de querer devolver los predios en
conflictos, por lo que la gente se moviliza por necesidad...". (La Nación Crónica.
28 de abril de 1999).
La respuesta del mundo empresarial frente a las movilizaciones no se hizo
esperar. Jorge Serón, presidente regional de la Corporación Chilena de la
madera (Corma) señaló que “... el Gobierno debe garantizar la tranquilidad y el
Estado de derecho”. Por su parte, Hernán Ascuí, presidente de la Cámara de la
Producción y del Comercio, dijo que “... la violencia no contribuye a fomentar
nuevas fuentes de trabajo...”. Desde Santiago, las grandes asociaciones
empresariales asumieron una posición cada vez más crítica y contestataria al
movimiento mapuche. En este sentido exigen que el gobierno termine, a través
de la fuerza, con un conflicto que les está causando pérdidas millonarias.
Walter Riesco, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio
(CPC), manifestó que
nadie puede comprender que en hechos de tanta gravedad y con niveles de
violencia tan inusitados, finalmente nadie resulte procesado. Esa es una
pésima señal, especialmente en momentos en que la ciudadanía exige mano
dura en el combate de la acción criminal que nos afecta como país (La
Tercera. 2 de marzo de1999).
Por su parte, el presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, señaló en tono de
alarma que "... hay activistas de la etnia mapuche que se aprovechan de la
pobreza del sector y han comenzado una verdadera usurpación de tierras... el

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Gobierno debe encontrar una solución y no sólo bajarle el perfil al
problema". (La Nación Crónica. 28 de abril de 1999).
Años después Héctor Llaitul respondería a estas acusaciones. Argumentaba
sobre la inexistencia de grupos paramilitares en la zona en conflicto. En una
de las primeras declaraciones públicas señalaba la necesidad de operar con
medidas de seguridad debido a la existencia de grupos organizados por las
forestales para amedrentarlos como dirigentes. Es evidente que para
comprender a cabalidad el escalonamiento de la violencia en el conflicto es
consecuencia de la ausencia de una solución política integral que derivaría
pocos años después a intentar dar una solución en el marco del Estado de
Derecho con la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. (Llaitul y Arrate,
2012).
En reacción a las presiones empresariales, el gobierno intentó enviar una
señal a la opinión pública de control en las zonas en conflicto. De esta forma,
el Ministro Secretario General de la Presidencia, John Biehl, aseguró que el
gobierno aplicaría todo el rigor de la ley a quienes promuevan el uso de la
violencia, en la circunstancia que sea. Por su parte el Subsecretario del
Interior, Guillermo Pickering, aseguró que las minorías violentistas tendrían
una drástica sanción y después amenazó, en más de una ocasión, con aplicar
la “Ley de Seguridad Interior del Estado” (La Tercera. 15 de mayo de 1999;
Diario el Sur. 26 de mayo de 1999). Frente al aumento de las movilizaciones,
el Ejecutivo amenazó con no negociar con quienes estuviesen movilizados. El
ministro del Interior, Raúl Troncoso Castillo, en esa misma línea argumental
señaló_ “el gobierno quiere ser claro en señalar que el camino de las tomas no
es adecuado para resolver el problema y que el gobierno no aceptará sentirse
presionado ni dejarse presionar cuando se efectúan tomas de predios” (Diario el
Sur. 29 de abril de 1999). De igual forma Germán Quintana declaró que “no
negociaremos si ponen una pistola sobre la mesa” (La Tercera. 6 de mayo de
1999).
Al finalizar el año de la “rebelión Mapuche”, Ricardo Ariztía, señaló que “... lisa
y llanamente estamos frente a una situación que pasa a ser un conflicto
nacional y en este sentido, el gobierno tiene la obligación de abordarlo como una
política de Estado”. (Pairican, 2016). Asimismo, Ariztía comenzó a referirse al
movimiento mapuche como “terrorismo rural” (Pairican, 2016). No es extraña
la interpelación Ariztía y su lenguaje provocador. Haciendo gala de un carácter
fuerte y hostil a la hora de defender los intereses del empresariado, como
presidente de la CPC hizo fama de sus mensajes directos a las autoridades.
Por ejemplo, en el encuentro ENADE del 2001 se dirigió al presidente Ricardo

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Lagos señalando: “... por favor, déjenos trabajar tranquilos” (El
Mercurio, 25 de julio de 2004).
En el contexto de los focos de tensión social ocasionada por el conflicto
territorial, las empresas forestales desarrollaron acciones que definieron como
"acciones de buena vecindad". Como indica Noelia Carrasco, las empresas
forestales comenzaron un proceso de reconocimiento formal de las condiciones
de pobreza y exclusión en que efectivamente se encuentran sus "vecinos
mapuche" (Carrasco, 2012). Se inicia así el año 2008 una política de
“Responsabilidad Social Empresarial” (RSE) en las relaciones entre empresas
forestales y comunidades mapuche. Un caso emblemático fue el que se
desarrolló entre la empresa Forestal Mininco, perteneciente al grupo CMPC, y
la comunidad Tricauco, quienes reclamaban derechos sobre aproximadamente
50 hectáreas de bosque de pino. Los resultados se orientaron a mitigar los
conflictos de la empresa y las comunidades mapuches mediante el
establecimiento de relaciones de confianza (Wigodski, 2007). Desde una
perspectiva crítica, Héctor Nahuelpan, sostiene que la estrategia empresarial
de "buena vecindad" respondió a una iniciativa asistencialista planificada para
cooptar y desmovilizar las demandas mapuches y que hemos situado dentro
de la estrategia de multiculturalismo como opción para reencauzar dentro del
liberalismo económico y político la situación mapuche lo que podría generar
diferencias internas al interior de los mapuche y nuevos tipos de diferencias
sociales. Es viable observar que ante la apuesta multicultural se pueda
desarrollar diferencias sociales entre grupos indígenas (Nahuelpan, 2016 y
Pairican, 2018).
Durante los años 2003 hasta el 2010, nuevas organizaciones políticas
mapuches emergieron con el objetivo de profundizar en la dimensión política
del conflicto; es decir, avanzar en la reformulación de la Constitución para el
reconocimiento de los pueblos indígenas (Pairican, 2018). El año 2008 fue un
nuevo momento en la intensificación de la reivindicación Mapuche y, al mismo
tiempo, la agudización de la represión policial. El 3 de enero, la opinión
pública nacional conoció el asesinato del joven Matías Catrileo Quezada,
asesinado por la espalda por el cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez,
durante la ocupación del Fundo Santa Margarita. El 31 de ese mismo mes,
fallece Johny Cariqueo, con 22 años, como consecuencia de la golpiza
proporcionada por Carabineros en un cuartel policial.
En este escenario, los Think Tank privados vinculados a la derecha y el sector
empresarial desplegaron una arremetida comunicacional que cuestionó el
diseño y políticas de entrega de tierras a las comunidades Mapuche por parte
de la CONADI. A través de columnas de opinión en los principales medios
destacaron que el balance de dichas estrategias condujeron a una política
pública ruralizante y la segregación de las comunidades indígenas, a lo que se

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suma a la ausencia de programas eficientes de producción, por lo que
las comunidades no logran salir de la pobreza (Ena von Baer, Instituto
Libertad y Desarrollo, El Mercurio, Cuerpo A, 16 de agosto de 2009). En la
columna de opinión “Tierra por paz, ¿es esto justo?”, Beatriz Corbo,
investigadora Fundación Jaime Guzmán, consideró que la “política indígena...
ha sido deficiente, pues se ha recurrido a la entrega de tierras sin entrar al
fondo del problema”. Agregó, además, que estas políticas han “olvidado que la
gran mayoría de los indígenas chilenos viven hoy en las ciudades y hacia ellos
no se han focalizado recursos”. En consonancia con la visión empresarial, la
experta en temas indígenas abogó por una política que implementase,
mecanismos que hagan viable la explotación de las tierras entregadas, con
miras a lograr que la integración al proceso de desarrollo y la preservación
de la identidad de las culturas indígenas sean perfectamente compatibles
levantando esa verdadera interdicción que pesa sobre las comunidades
indígenas para disponer de sus tierras (El Mercurio, Cuerpo D, 13 de julio
de 2008).
Desde el punto de vista de las organizaciones gremiales de la región las
movilizaciones mapuche consistían en un “conflicto político” con el Estado,
eludiendo la responsabilidad de las fuerzas de la producción en este proceso.
En este sentido, a través de una crónica publicada por El Mercurio, los
empresarios de la región señalaron que la serie de atentados e incendios, que
han recibido sus propiedades, retrata la acción de grupos catalogados como
“terroristas que se aprovechan de la pobreza de ciertos sectores de la región”.
En este sentido, el contenido de la crónica destacó cómo los empresarios
“trabajan codo a codo con las comunidades mapuches cerca de sus predios e
industrias”, y que es un porcentaje mínimo el de mapuches comprometidos en
acciones de violencia. En consonancia con la opinión de los expertos de los
Think Tank de la derecha, los episodios de “violencia Mapuche” son
adjudicados a la entrega de tierras, pues los fundos tomados son comprados
por la CONADI para distribuir las tierras a las comunidades. Por tanto, las
acciones reivindicativas corresponden a grupos minoritarios, que buscan de
manera artificial y violenta imponer sus demandas. (El Mercurio, Cuerpo B, 13
de enero de 2008).
Durante esta etapa, el discurso empresarial y de los sectores de la derecha
política resulto invariable. En este sentido, de manera consistente a través de
los medios de comunicación y en declaraciones públicas se homologó la
protesta social mapuche por el reconocimiento político con actos de “violencia
terrorista” que atentaban contra el progreso económico y la paz social. Un
ejemplo de lo que comentamos se encuentra en una crónica de El Mercurio,
que recogiendo las demandas de los gremios empresariales de la región hacía

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un llamado al primer gobierno de Michelle Bachelet para que
asumiera “... su responsabilidad constitucional de garantizar la plena vigencia
del Estado de Derecho”, exigiendo, además, que se restableciera la seguridad y
el orden público en la zona para terminar con la “impunidad de los grupos
terroristas” (El Mercurio, Cuerpo C, 19 de agosto de 2008).
Al finalizar la primera década del siglo XXI, las organizaciones gremiales de la
agricultura tradicional de la región insistieron sobre dos temáticas de
recurrente preocupación para el desempeño de sus unidades productivas: el
tipo de cambio del dólar producto de los acuerdos internacionales y, en
segundo lugar, el conflicto mapuche en la zona de la Araucanía. Ambas
dimensiones definieron la agenda del sector durante el primer gobierno de
Michelle Bachelet. Con ocasión del encuentro Enagro 2008, el presidente de la
SNA, Luis Schmidt Montes, manifestó que,
No puedo dejar de mencionar lo clave que resulta trabajar en un ambiente
de paz y entendimiento. Lamentamos los incidentes que han ocurrido en las
zonas rurales del sur de nuestro país, donde grupos violentistas,
arrogándose la representación del pueblo mapuche, violan los derechos
básicos de honestos hombres de campo. Tal como lo difundió hace unos días
un estudio en esta materia, estos hechos desalientan las inversiones y
sumen a las familias de esos territorios en un mundo de desesperanza y
destierro. ¡Ellos no se lo merecen! ¡Chile, tampoco! (Discurso de Luis
Schmidt Montes, presidente de la SNA, Enagro 6 de octubre de 2008)
Las razones de esta preocupación surgen del hecho que una vez más el
crecimiento económico y las esperanzas en el buen rumbo de los negocios se
encuentran basados en la exportación de bienes primarios con escaso valor
agregado y condicionados al término del conflicto territorial mapuche.
3. Proyecciones del conflicto social y político del pueblo mapuche.
El movimiento mapuche ha usado frente al Estado chileno distintas
estrategias políticas para mantener su autonomía y proyectarse como pueblo.
(Marimán, 1997; Boccara y Seguel, 2005). En un primer momento, predominó
la concepción que alentó la asimilación de las “etnias”, bajo el supuesto que la
cultura dominante era superior y, por lo tanto, debía substituir a las culturas
inferiores. En el siglo XX se perfiló una estrategia integracionista en la que se
aceptó la idea que la nacionalidad era el producto de una fusión de razas,
aunque los mapuches defendieron la permanencia de algunos valores
culturales (Marimán et al., 2006). No obstante, ese ciclo agotado a mediados
de los 60’, dio paso a que los mapuche usaran las corridas de cerco para
obtener sus anhelos de tierras y en algunos sectores su emancipación. Algo de

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ese debate fue comprendido por la Unidad Popular en la
promulgación de una Ley Indígena que no logró aplicarse, no obstante, la
corrida de cercos y el parlamento fueron los dos mecanismos usados por los
mapuche para recuperar sus territorios y retomar espacios de poder.
El golpe de Estado, el exilio de algunos mapuche y los conflictos
internacionales marcaron la política en el pueblo mapuche. Estas tres
variables más su propia historia marcada por la ocupación y el primer ciclo de
movimiento organizacional influyeron en la gestación durante la segunda
mitad de la década de 1990 de un movimiento autonomista. Este movimiento
tiene sus raíces en una historia que comienza en 1910, que se ve impactada
por la Reforma Agraria y el contexto de indigenismo internacional. Pero que no
olvida la memoria de la Ocupación de La Araucanía. Estas tres variables
sitúan hacia 1979 la necesidad de crear un nuevo tipo de organización política
que piensa la Autonomía. Esta organización se denominó Ad Mapu, desde la
cual emerge luego el Aukiñ Wallmapu Ngulam y también algunos de los
miembros que fundarían la Coordinadora Arauco Malleco. Estas dos últimas
organizaciones consolidaron la autonomía como opción. No existían espacios
de convergencia con el Estado chileno, derechamente declararon que el
camino para el pueblo mapuche sería la Liberación Nacional (Parican: 2014).
El Estado chileno respondió con la creación de una Ley Indígena promulgada
en 1993. A través de ella se permitió la incorporación de los mapuche al
sistema educativo forjando una suerte de clase media mapuche. También se
desarrollaron proyectos para fomentar la producción e inserción de los
mapuche al campo profesional técnico. Menos avances se dieron en materias
de derechos colectivos, la Ley Indígena fue una normativa de fomento y
desarrollo de la identidad, pero sin derechos políticos. No es que estos
quedaron exentos del debate, no pudieron llevarse a efecto por la presión
ejercida por algunos parlamentarios de la derecha que se negaron a avanzar
en los acuerdos de Nueva Imperial (Bengoa, 2000).
Una de las raíces del actual desencuentro se encuentra en las promesas
incumplidas de Nueva Imperial en 1989. Aquel 1 de diciembre de 1989, el
candidato presidencial Patricio Aylwin se comprometió a cumplir las
demandas indígenas de elaboración de un marco jurídico a favor del desarrollo
de los pueblos originarios, si triunfaba en las elecciones presidenciales,
reconocería constitucionalmente a los pueblos originarios y ratificaría el

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Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)
(El desconcierto, 24 de septiembre de 2018)
7
.
Las políticas de reconocimiento de los gobiernos de la Concertación no fueron
acompañadas por las Reformas políticas entorno a los derechos colectivos
debatidos en ese momento a nivel internacional que concluyeron en 2007 en
la Declaración de la ONU sobre los derechos indígenas. Bajo ese escenario las
insurrecciones del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y el movimiento
Katarista en Bolivia que luego terminaría con el triunfo de Evo Morales en la
presidencia del año 2006 cambiaron el contexto latinoamericano y también la
discusión en el movimiento mapuche.
La situación internacional en materias de derechos indígenas generó un
debate al interior del mismo movimiento. Mientras que un sector decidió
continuar con la Autodeterminación vía Control Territorial asumiendo las
recuperaciones de tierras con el uso de la violencia como instrumento, el
triunfo de Morales abrió un camino dentro de la institucionalidad para la
conquista de los derechos colectivos. Este fue el caso adoptado por Adolfo
Millabur, alcalde de Tirúa que asumió el camino institucional y que, en el año
2010, tendría un complemento al fundarse el Partido Mapuche Wallmapuwen.
Frente a la situación política del tiempo presente, Millabur ha planteado la
Plurinacionalidad con perspectiva Intercultural como uno de los caminos
posibles para avanzar en los derechos colectivos, en sus palabras:
¿La plurinacionalidad como una vía? Por la experiencia que uno ha recogido
con los países vecinos, en este caso Ecuador y Bolivia. He tenido la
oportunidad de conocer bastante de cerca los dos procesos, uno más que
otro; Ecuador más que Bolivia. Creo que a partir de ese concepto se permite
generar una especie de convergencia para dialogar. Es importante que haya
una convergencia porque si yo le hablo a la sociedad chilena desde que
reivindico la autonomía, los pones a la defensiva y yo desde mi trinchera. Lo
veo como un concepto para poder entendernos y encontrarnos polticamente
con el otro que no es mapuche, que no es de los pueblos originarios. A partir
de ese punto de discusión, hablemos (Pairican, Millabur, y otros: 2020: p.
181).
Para Adolfo Millabur, integrante de la Identidad Territorial Lafquenche y
representante de la “vía política” a la Autonomía, lo expuesto permitiría correr
“el cerco de lo posible”. Metáfora que hace alusión a la corrida de cercos de la
Reforma Agraria que conoció como niño junto a sus antepasados y a su vez,
7
Véase: https://www.eldesconcierto.cl/2018/09/24/de-aylwin-a-pinera-el-historial-de-la-
incumplida-promesa-del-reconocimiento-constitucional-al-pueblo-mapuche/. Revisado el
16.08.2020.

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la vía gradualista que caracteriza a Chile, a la hora de tomar opción
por un camino de transformación.
En perspectiva histórica, la representación indígena en general, y la mapuche
en particular, se ha realizado mediante partidos e instituciones chilenas, y
ha relegado lo mapuche y a sus líderes a una posición subordinada que no
permite una participación eficiente en las decisiones con respecto a la
agenda étnica (Tricot y Bidegain, 2020). En el siglo XX, la Sociedad
Caupolicán optó por crear un partido mapuche el año 1932 y la Corporación
Araucana desarrolló una estrategia político-electoral y de alianzas (Ancan,
2010). Otro caso para destacar fue el Partido de la Tierra y de la Identidad de
1989 y que no logró constituirse como partido político reconocido.
Por tanto, la emergencia de una “vía política” a la autonomía, lejos de estar
ausente de tensiones con la “vía rupturista”, se suma al repertorio de acción
colectiva mapuche (Pairican: 2013). Sin embargo, como proclamó Aucan
Huilcaman, dirigente del Consejo de Todas las Tierras, la experiencia
reproduciría un colonialismo interno. Por su parte, inicialmente la
Coordinadora Arauko Malleco (CAM) fue crítica al Wallmapuwen,
considerándola como una construcción del mundo intelectual mapuche cuyo
objetivo sería captar apoyo electoral y obtener cargos, siendo ésta un camino
inviable para conquistar los derechos de autodeterminación. Recientemente, el
vocero de la organización, Héctor Llaitul, ha sugerido que como CAM no
comparten esta forma de participación, pero que la encuentran legítima como
una forma más de lucha del pueblo mapuche (Tricot y Bidegain, 2020). Con
todo, el Partido Mapuche Wallmapuwen, con una trayectoria de 10 años, es un
camino complementario y divergente a la lucha social y político Mapuche y se
posiciona como uno de los movimientos importantes post transición
democrática (Pairican: 2014).
¿Cuál ha sido la respuesta del Estado de Chile frente al movimiento Mapuche
durante los últimos 16 años? El camino que trazaron los gobiernos Bachelet y
Piñera fue apostar por el multiculturalismo como manera de abordar la
situación mapuche. Esta estrategia se suscribe a cómo el capitalismo
incorpora a los movimientos indígenas en base a sus lógicas económicas y la
flexibilidad del modelo liberal. Durante el gobierno de Michelle Bachelet se
planteó explícitamente esta política al denominarla: Reconocer: pacto por la
multiculturalidad. El gobierno de Sebastián Piñera profundizó esa arista en un
sentido neoliberal, para luego continuar la senda entorno a una política de
consultas indígenas intentando llevar a la praxis el Convenio 169 de la OIT.

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De esta manera, podemos incluso observar a algunos líderes
Mapuche que, al interior de los partidos chilenos, fuerzan a tomar una
definición en pos de los derechos fundamentales. No obstante es una tensión
que no ha dejado de generar controversias al interior del mismo movimiento
mapuche. Mientras algunos comparten el camino de la Plurinacionalidad
“desde arriba”; otros han optado, a partir de los cargos aceptados por algunos
miembros de la corporación mapuche ENAMA en el actual gobierno, que la vía
multicultural como opción política.
No obstante, el movimiento mapuche continúo profundizando su quehacer
político y en la medida que los gobiernos optaron por el multiculturalismo, los
mapuche radicalizaron su accionar fundando nuevas organizaciones
autonomistas que usaron la violencia política como instrumento. En La
Araucanía nació en 2012 la organización Aukan Weichan Mapu y en la
provincia de Arauco la Resistencia Territorial Arauco. Ambas organizaciones
son las que hoy han reivindicado a lo menos una treintena de hechos de
violencia política como quema de camiones y enfrentamientos con la policía
durante el año en curso.
Cabe destacar que la vía de la Plurinacionalidad ha sido la fórmula adoptada
por algunos Estados. En Ecuador, por ejemplo, se definió un “Estado
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. En Bolivia se
adoptó un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías”, que está relacionado con el reconocimiento de la preexistencia de
las naciones y pueblos originarios. El senador Francisco Huenchumilla
considera este Estado Plurinacional como un paso al reconocimiento de los
pueblos originarios como actores y sujetos de derechos colectivos, para ser
incorporados en base a una nueva estructura del Estado, a nivel
constitucional. La organización del Estado Plurinacional sería la república y se
gobernaría de manera descentralizada (Huenchumilla, 2016). En esta
perspectiva, las organizaciones que han ocupado la vía institucional como
camino para desmantelar la república homogénea, han sido en esta línea las
organizaciones como las Identidades Territoriales, la Asociación de Alcaldes
Mapuche y Wallmapuwen. Las dos primeras organizaciones sí observan en la
Plurinacionalidad una posibilidad.
Es cierto que el Estado Plurinacional puede “domesticar” los derechos, como
ha sostenido Aucan Huilcaman en su encuentro en la cumbre del cerro Ñielol
(CiperChile, 20 de diciembre de 2019). Para este dirigente, que ha planteado la
Autodeterminación como sendero para la liberación de Wallmapu, el Estado
Plurinacional es un “parteaguas” en el ascenso de la autodeterminación, e
impondría una nueva institucionalidad chilena que no empoderaría a la
sociedad mapuche. Por el contrario, la dominación se revigorizaría a partir de

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institucionalidades criollas administradas por funcionarios mapuche
(Pairican, Millabur y otros: 2020).
Considerando todo este debate, el Estado Plurinacional, de todos modos,
podría inaugurar una vía “mapuche” a la autodeterminación al interior de un
país donde el colonialismo goza de buena salud, sea por la capacidad de
regenerarse y también por la incapacidad del movimiento mapuche en
desmantelarlo. En ese ámbito el Estado Plurinacional puede servir para
remover las estructuras de dominación en las tomas de decisiones en los
planos económicos y políticos.
A favor del movimiento autodeterminista, existen experiencias de Control
Territorial que da cuenta de lo viable de la alternativa impulsada por los
sectores rupturistas del movimiento en algunas zonas de Arauco, Ercilla y
Vilcún. En el transcurso del año 2001-2003, la Coordinadora Arauco Malleco
lo definió como un proceso de mediana duración en que se irían conquistando
predios como bases de la autodeterminación. En ese ámbito, en la medida que
se avanza en el proceso, su construcción política se enmarcaría como parte de
la lucha contra el modelo capitalista y por lo tanto, en una alternativa política
para crear un nuevo tipo de sociedad comunitaria. Dialécticamente, en la
perspectiva de la CAM, sería una estrategia, un paso intermedio, para
reconstruir el Wallmapu desde abajo. El Control Territorial por lo tanto
disputa el territorio, recrea el hábitat del Buen Vivir, se opone a la jerarquía
del Estado chileno y consolidaría la autonomía disputando el territorio y
liberándolo para el retorno de los habitantes mapuche que viven en la
diáspora política. Todo este proceso culminaría con la reconstrucción del
Wallmapu (CAM, 2019).
Conclusión
La trayectoria de historia económica y política regional, con sus avances,
dificultades y exclusión, pueden ser situados desde una perspectiva de larga
duración; enfoque que permite una mejor comprensión de los desafíos
pendientes. Este es un tema central, pues las relaciones entre los sectores
público, privado y el movimiento mapuche en el siglo XX no se agotan en su
obvia importancia, sino que en el desocultamiento del papel e intereses que
correspondió desempeñar a cada uno de los actores sociales.

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Desde el punto de vista de la economía política regional, los
desafíos pendientes dicen relación con la capacidad de los actores Mapuche
para pensar una estrategia de desarrollo económico –o de modernización– que
hasta el momento se encuentra pendiente, o mejor dicho, ausente. Como
anticipáramos, la incorporación tardía de la región al estado Nación chileno –
mediante la ocupación militar setenta años después del nacimiento del
nacimiento como república independiente – definió en gran medida el devenir
económico subordinado de la macrozona a las lógicas de expansión productiva
sin transformaciones estructurales.
Paradojalmente, los cambios trascendentales en 1965 y 1973 en la región
abrieron paso, de forma impensada, a los problemas del actual modelo de
desarrollo en la región y la rearticulación del movimiento mapuche con una
nueva comprensión de las condiciones estructurales de la exclusión y las
nuevas estrategias políticas a favor de la autonomía y proyección como pueblo
nación Mapuche. La reforma agraria cristalizó un movimiento por las corridas
de cerco para obtener sus anhelos de tierras y en algunos sectores su
emancipación. Algo que la Unidad Popular comprendió con la promulgación de
una Ley Indígena que no logró aplicarse.
Por otra parte, los éxitos de la política extractivita del actual modelo neoliberal
en la región se encuentran asociados a los cambios trascendentales ocurridos
en esta misma fase. En efecto, tanto el gobierno de Eduardo Frei como el de
Salvador Allende tuvieron el mérito de destrabar los bloqueos estructurales en
una región que había basado su estrategia de desarrollo bajó prácticas
productivas y laborales de “antiguo régimen”. Esos cambios estructurales
hicieron más fácil la tarea transformadora que desempeñaron los Chicago
Boys. La reforma agraria, las expropiaciones industriales, los programas de
fomento frutícola y forestal fueron decisivos para el crecimiento de las
exportaciones en la década de 1980. A lo anterior, esta matriz de desarrollo
agregó otro componente necesario en la región: la exclusión y despojo
territorial de las comunidades mapuches.
En un momento en que el país se encuentra avanzando hacia un momento
constituyente. Como en pocas ocasiones, la posibilidad de desmantelar el
republicanismo homogéneo ha develado la oportunidad de pensar en un nuevo
tipo de Estado que aspire a que las naciones originarias sean portadoras y
sujetos de derecho al interior de la democracia chilena. A lo largo de su
historia, la república se ha encargado de negar sistemáticamente cualquier
avance en la democratización y reconocimientos desde los marcos legales,
coherente con una construcción de Estado y de sectores políticos que no
respetan la diversidad ni tampoco los nuevos Derechos Humanos emanados
de organismos internacionales.

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Visto de esta manera, tanto los problemas del desarrollo, como los
logros y dificultades recientes del movimiento Mapuche nos muestran que el
nivel de los desafíos es complejo. Tal como la construcción de un Estado-
nación, la elaboración de un Estado Plurinacional es una tarea de largo
aliento. En esta trayectoria el problema es cómo traducir adecuadamente las
promesas y no quedar en el camino de los espejismos. Desde este punto de
vista, este ensayo siguió la recomendación que determina que los historiadores
no sólo tienen que habérselas con un número mayor de variables que los
cientistas sociales y los economistas, sino también con elementos no
mensurables, irracionales, imprevisibles y con asociaciones que cambian
constantemente entre las variables (Cipolla, 1991).
Bibliografía
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Diarios y Revistas
La Tercera
Diario el Sur

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La Nación Crónica
Diario el Sur
El Mercurio
Ciper Chile
Recibido: 4 de Junio de 2020
Aceptado: 16 de Julio de 2020
Versión Final: 23 de Agosto de 2020