Acceso a la justicia: el camino hacia la tipificación del femicidio en Ecuador

Abstract

La presente investigación se enfoca en los retos y complejidades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia por razones de género al momento de acceder a las diferentes instancias administradoras de justicia. De manera particular, este trabajo pretende arrojar luz sobre los métodos utilizados por los perpetradores de violencia contra las mujeres, debido al hecho de que conocer la prevalencia de un tipo de arma por sobre otra puede colaborar a la elaboración de una muestra demográfica que permita establecer qué grupo etario, social, o de otra índole, es más vulnerable y cuál es el perfil identificado de la persona que ejerce la violencia. La metodología que utiliza esta investigación es del tipo cualitativa y cuantitativa, analizando documentos provistos por instancias del poder judicial, así como referencias bibliográficas donde se estudian casos similares desde la epistemología del feminismo. En un primer momento la investigación partió de la premisa de que, quienes están en capacidad de portar armas de fuego podían ser sujetos propensos a cometer actos violentos contra las mujeres. Luego de un análisis de campo se pudo comprobar que dichos actos son realizados, en su mayor parte, por armas blancas o por el método de asfixia, lo que encamina al trabajo investigativo hacia la hipótesis de que se trata de un grupo poblacional más amplio, lo que supone un riesgo mayor para las mujeres. Las causas y efectos de esta conclusión, así como las legislaciones vigentes en el Estado ecuatoriano, serán analizados a lo largo del presente proyecto.

Full text

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
1
Acceso a la justicia: el camino hacia la tipificación del femicidio en Ecuador
Access to justice: the path towards the typification of femicide in Ecuador
Roxana Arroyo Vargas1
Rusia Katalina Barreiro Santana2
1Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador, roxana.arroyo@iaen.edu.ec
2Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador, katalina.barreiro@iaen.edu.ec
Fecha de recepción: 11de diciembre de 2018 Fecha de aceptación: 9 de julio de 2019
Resumen
La presente investigación se enfoca en los retos y complejidades que enfrentan las mujeres víctimas
de violencia por razones de género al momento de acceder a las diferentes instancias
administradoras de justicia. De manera particular, este trabajo pretende arrojar luz sobre los
métodos utilizados por los perpetradores de violencia contra las mujeres, debido al hecho de que
conocer la prevalencia de un tipo de arma por sobre otra puede colaborar a la elaboración de una
muestra demográfica que permita establecer qué grupo etario, social, o de otra índole, es más
vulnerable y cuál es el perfil identificado de la persona que ejerce la violencia. La metodología que
utiliza esta investigación es del tipo cualitativa y cuantitativa, analizando documentos provistos por
instancias del poder judicial, así como referencias bibliográficas donde se estudian casos similares
desde la epistemología del feminismo. En un primer momento la investigación partió de la premisa
de que, quienes están en capacidad de portar armas de fuego podían ser sujetos propensos a cometer
actos violentos contra las mujeres. Luego de un análisis de campo se pudo comprobar que dichos
actos son realizados, en su mayor parte, por armas blancas o por el método de asfixia, lo que
encamina al trabajo investigativo hacia la hipótesis de que se trata de un grupo poblacional más
amplio, lo que supone un riesgo mayor para las mujeres. Las causas y efectos de esta conclusión,
así como las legislaciones vigentes en el Estado ecuatoriano, serán analizados a lo largo del
presente proyecto.
Palabras clave: Género, Derechos humanos, Violencia, Acceso a la justicia, Feminismo.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
2
Abstract
The hereby research focuses on the challenges and complexities faced by women who are victims
of gender-based violence when accessing the different administrative bodies of justice. In
particular, this work aims to shed light on the methods used by the perpetrators of violence against
women, due to the fact that knowing the prevalence of one type of weapon over another can
contribute to the development of a demographic sample that allows establishing what age group,
social or otherwise, is more vulnerable and what is the identified profile of the person who exercises
violence. The methodology used by this research is both qualitative and quantitative, analyzing
documents provided by the judiciary, as well as bibliographical references where similar cases are
studied from the epistemology of feminism. At first the investigation started from the premise that
those who are able to carry firearms could be more prone to commit violent acts against women.
After a field analysis it was possible to verify that these acts are carried out, for the most part, by
knives or by the method of asphyxia, which leads the investigative work towards the hypothesis
that it is a broader population group, which is a greater risk for women. The causes and effects of
this conclusion, as well as the legislation in force in the Ecuadorian State that protects victims of
gender violence, will be analyzed throughout this project.
Keywords: Gender, Human rights, Violence, Access to justice, Feminism.
Introducción
El reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un atentado contra los derechos
humanos es producto de un largo caminar. Un ejemplo de esto es la reciente conmemoración de
los 25 años de la realización, en 1993, de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. En este
importante evento se aprobó la Declaración y el Programa de Acción de Viena, transformándose
éste en el escenario donde la Comunidad Internacional reconoció por primera vez « que los
derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los
derechos universales (…) la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexual, en
particular las derivadas de prejuicios culturales y de trata internacional de personas son
incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas». (ONU,
Conferencia de 1993, 18). De los antecedentes de la mencionada declaración se desprende que
hasta 1993 las mujeres no eran aún consideradas seres humanos y por tanto no eran sujetos de
derecho.
Este dato fundamental nos permite reflexionar sobre el desarrollo expansivo de los derechos
humanos y su resignificación, los mismos que permitieron a las mujeres salir de la invisibilización.
En este constante proceso, el movimiento feminista ha dirigido sus luchas a tres ámbitos
fundamentales: la igualdad, el derecho a vivir una vida libre de violencia y la autonomía del cuerpo
(Arroyo Vargas 2016, 57).

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
3
Es así como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los sistemas regionales han
reconocido dos fenómenos fundamentales: la discriminación y la violencia contra las mujeres,
como aquellos que impactan a todas las culturas y que se expresan de manera generalizada.
Con respecto a esto, la Dra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial de la ONU entre
1994 y 2003 sobre la violencia contra la mujer, opina que existen algunas formas universales de
abuso, como la violencia doméstica y la violación; las mismas que se expresan de formas
particulares según las diversas culturas. La autora advierte que hay que tener en cuenta los
múltiples sistemas de opresión que dan como resultado interseccionalidades de discriminación y al
respecto señala « sin embargo, debe aceptarse que algunas modalidades de dominio patriarcal son
universales, aunque dicho dominio adopte diferentes formas como resultado de experiencias
históricas particulares y diferentes»
1
(Coomaraswamy Radhika 1994, 50).
Estudios como el antes mencionado han logrado llamar la atención de los Estados hacia el
hecho de que existen atentados contra la integridad y la vida de las mujeres que muchas veces
tienen como conclusión la muerte y que se dan por el hecho mismo de ser mujeres, esto es,
asesinatos por razones de género. Es así que las legislaciones en cada país están llamadas a
contemplar el desarrollo de políticas, normativas, directrices y protocolos que tengan como meta
erradicar estos actos, en ocasiones letales, actuando con la debida diligencia; lo que permita el
abordaje jurídico de dicha problemática.
Frente a estos avances, lo que resulta relevante es la tensión existente entre un marco
jurídico, caracterizado por una visión androcéntrica del derecho que refleja los estereotipos y
visiones sexistas de la cultura; y una emergente cultura jurídica que rompe mitos, como el de la
víctima provocadora, y coloca en su verdadera dimensión el tema de la violencia, como un asunto
de poder sexista abusivo y tolerado en las sociedades.
Este nuevo paradigma jurídico surge desde la incorporación de la perspectiva de género y
derecho fundamentados en el principio de igualdad y no discriminación, vinculados de manera
inseparable al acceso a la justicia, desnaturalizando las explicaciones arcaicas que justificaban los
comportamientos violentos dentro de parámetros como el honor, utilizados generalmente en
Oriente, o aquellos que responden a prácticas religiosas o culturales; así como el concepto de
crimen pasional, más común en Occidente.
1
En 1994, la Comisión de Derechos Humanos en su 50ma sesión integró los procedimientos especiales no convencionales en una
relatoría especial sobre la violencia contra la mujer para investigar e informar sobre todos los aspectos de violencia contra las
mujeres, el primer mandato lo ejerció la Dra. Radhika Coomaraswamy (Sri Lanka) (1994 - julio de 2003). Su mandato exigía velar
por que se incluya un informe sobre lo que los gobiernos están haciendo para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las
mujeres que se presenta en cada sesión que realiza la Comisión de Derechos Humanos. El primero de sus informes resulta en una
contextualización de las causas de la violencia de género, siendo un referente importante en este tema. Posteriormente se nombra a
Yakin Erturk (Turquía), (agosto 2003 - julio 2009), Rashida Manjoo (Sudáfrica) (agosto 2009 - julio 2015). La actual Relatora
Especial es Dubravka Šimonović (Croacia), desde agosto de 2015.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
4
El ubicar a los actos de violencia perpetrados contra las mujeres dentro de la anécdota
amorosa ha impedido dimensionar la realidad de la problemática existente, la misma que responde
a factores políticos, económicos, sociales, culturales y principalmente de género, los cuales están
íntimamente ligados y ponen de manifiesto las relaciones de poder que marcan las asimetrías entre
hombres y mujeres, un dato expresado por la también Relatora Especial de la ONU Rashida Manjoo
(2012, 23).
Como lo plantea Sagot (2013, 26), los asesinatos de mujeres no son anomalías o patologías,
sino que revelan estructuras profundamente desiguales donde es posible ejercer el bio-poder basado
en la noción de soberanía expresada como la capacidad de determinar quién es o no persona y quien
es o no desechable en una sociedad.
Las recientes estadísticas revelan cifras altamente preocupantes. Según la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), existe un promedio de 12 mujeres que son
asesinadas diariamente en la región por razones de género. Los feminicidios ocasionados en el
ámbito de las relaciones de pareja constituyen la forma más dramática de violencia contra la mujer.
A pesar de los avances significativos que presenta la región, con la aprobación, en más de
18 países de leyes o reformas a la normativa interna de los códigos penales; se evidencia, según la
información oficial proporcionada hasta el momento por los países: en 2016 un total de 1.831
mujeres de 16 países de la región (13 de América Latina y 3 del Caribe) que fueron víctimas de
femicidio o feminicidio; existe una diferenciación epistemológica entre estos dos términos, la
misma que será analizada en el desarrollo de este texto.
Cabe destacar la alarmante tasa de femicidios en dos países del istmo centroamericano:
Honduras con un total de 466 muertes violentas en el 2016, lo que se traduce en 10.2 femicidios
por cada 100.000 mujeres, y El Salvador como el país que actualmente registra un número de 11.2
femicidios por cada 100.000 mujeres, lo que da cuenta de 371 muertes en el año 2016 (CEPAL,
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina)
En la Figura 1 se observa una tabla estadística de femicidios durante el 2016, con datos
proporcionados por la CEPAL que corresponden a la cuantificación anual de muertes violentas de
mujeres de 15 años en adelante, por razones de género. De acuerdo a las legislaciones nacionales,
este tipo de crimen se conoce como feminicidio, femicidio u homicidio agravado por razones de
género.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
5
Figura 1. Cuantificación anual de homicidios de mujeres en 2016
Fuente: CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina, elaborado por Roxana Arroyo.
Existe una lamentable tendencia al aumento de femicidios en los países de América Latina.
Es importante destacar que este dato nos muestra que la mayoría de los homicidios contra mujeres
son el resultado de un crimen por razones de género, siendo este un indicador indiscutible de las
profundas desigualdades expresadas en discriminación y violencia que aún persisten en nuestras
sociedades.
Ecuador no está exento de esta problemática: en 2016 se registró un crecimiento en relación
a los asesinatos de mujeres por razones de género, como lo ilustran los datos recopilados y
procesados por instituciones que trabajan el tema y que se pueden observar en la Tabla 1.
Tabla 1. Número de víctimas por femicidio en Ecuador periodo 2014- 2017
Femicidios
Víctimas
2014
27
2015
55
2016
69
2017
109
Total
260
Fuente: Subcomisión Técnica de Validación de la Comisión Especial Interinstitucional de Seguridad y
Justicia. Elaborado por la Dirección de Política Criminal (2014-2017)

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
6
En la Figura 2 se puede apreciar cómo los femicidios se dan en todo el territorio nacional,
con mayor prevalencia en algunas provincias por sobre otras. Esta información es una clara muestra
de que el fenómeno de la violencia es estructural y se manifiesta a lo largo del ciclo de vida de las
mujeres, lo que significa va más allá de su edad, clase social, etc. Esta afirmación se puede sustentar
con diferentes indicadores, por ejemplo, con la información suministrada de femicidios
contabilizados desde el año 2015 hasta el 30 de octubre del 2018, que incluyen todos los rangos de
edad, a partir de casos procesados por la Fiscalía General del Estado del Ecuador.
Figura 2. Femicidios procesados total por provincia periodo 2015-octubre 2018
Fuente: Fiscalía General del Estado del Ecuador, elaborado por grupo de investigación del Instituto de Altos
Estudios Nacionales (2018).
En la Tabla 2 se puede ver en detalle el número de femicidios registrados por provincia, en
esta categoría Pichincha ocupa el primer lugar con un total de 60 casos, seguida de Guayas con 44
y Manabí con 29 muertes en el periodo que se especifica.
6% 3%
2%
5%
21%
6%
10%
16%
3%
3%
3%
5%
3%
2%
7%0%
2%
2%
ESMERALDAS
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CAÑAR
EL ORO
PICHINCHA
ORELLANA
MANABI
GUAYAS
LOJA
TUNGURAHUA
SUCUMBIOS
LOS RIOS
CHIMBORAZO

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
7
Tabla 2. Cantidad de víctimas procesados como femicidios de todas las edades Ecuador, 2015 a
30 de octubre 2018
.PROVINCIA2
CANTIDAD
Pichincha
60
Guayas
44
Manabi
29
Azuay
18
Orellana
16
Esmeraldas
15
El Oro
13
Los Rios
13
Tungurahua
11
Loja
10
Santo Domingo De Los Colorados
9
Sucumbios
9
Chimborazo
8
Imbabura
8
Cotopaxi
6
Santa Elena
5
Cañar
4
Napo
1
Bolivar
1
Total
280
Fuente: Fiscalía General del Estado del Ecuador, elaborado por grupo de investigación del Instituto de Altos
Estudios Nacionales (2018).
Conceptualización de los asesinatos de mujeres, aportes desde el feminismo
Como lo afirma la filosofía Celia Amorós (2008) «conceptualizar es politizar». Estudiar la
violencia es descubrir que, cuando las feministas lograron conceptualizarla, se pasó de la anécdota
del caso a la categoría; es así como salieron a la luz las dimensiones estructurales del fenómeno y
se empezó a hablar de violencia sexista o violencia de género.
2
En Ecuador existen 24 provincias, Pichincha, ubicada en la Sierra Central y es la segunda más poblada, Guayas y Manabí están
ubicadas en la región Costa Sur.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
8
Este dato posibilitó que, desde un punto de vista epistemológico, se pueda realizar un
análisis retrospectivo del tránsito entre lo anecdótico a lo estadístico, resultando en un
reconocimiento de que las relaciones de poder guardan un vínculo estrecho con la elaboración de
leyes y políticas integrales contra la violencia sexista o de género (Amorós 2008, 15- 26).
La teoría feminista, en palabras de Amorós (2007, 25) «está en función de un irracionalizar
que por su propio mecanismo generaliza y en su generalizar mismo, se vuelve perceptible qua tale
el sistema de dominación» es por esto que pueden aportar nuevas categorías interpretativas a fin
de visibilizar fenómenos, hechos o situaciones, como el caso de la violencia, que se habían
mantenido en el ostracismo.
A lo largo de sus tres siglos de tradición, la teoría feminista ha trabajado por evidenciar la
diversidad de formas de violencia que resultan en la muerte y que, antes de su concepción, no
habían sido documentadas (Amorós 2007, 27); algunos ejemplos a nivel mundial constituyen la
violencia ejercida por la pareja, por acusaciones de brujería y hechicería, en contextos de conflicto
de guerra, relacionadas con la dote, por razones de honor en contra de niñas y mujeres, de mujeres
aborígenes e indígenas debido a la intersección de distintos factores de discriminación por motivo
de raza, identidad étnica, orientación sexual o identidad de género, clase, educación y opinión
política. Estos actos violentos despojan a las mujeres de sus derechos en varios niveles de opresión,
que en algunos casos derivan en delitos como la trata de personas, la delincuencia organizada, entre
otros (Manjoo 2012).
Los significativos avances en materia de derecho penal y criminología han abierto el debate
sobre las limitaciones y ocultamientos que conlleva el homicidio como tipo penal cuando se aplica
a la realidad que sufren las mujeres víctimas de discriminación y violencia.
Es dentro de estos parámetros que se empieza a cuestionar la supuesta neutralidad de género
en la elaboración de leyes y políticas que amparen el principio de igualdad en el acceso a la justicia,
observándose que la misma está atravesada por una profunda raíz androcéntrica, lo que perpetúa la
impunidad y revela nuevos cuestionamientos sobre los pactos patriarcales existentes en nuestras
sociedades.
Estos pactos se refieren al recurso coercitivo que los hombres han ido construyendo a lo
largo de la historia y que les han permitido asegurar sus propias libertades y legitimar el dominio
sexista que ejercen sobre las mujeres, avalado además por el propio sistema, lo que las excluye de
ser sujetos políticos e individuales (Amorós 1990)
Hasta la transversalización de la teoría feminista, la categoría de homicidio no lograba
mostrar las verdaderas causas de los asesinatos de mujeres a nivel mundial, la real dimensión de
este fenómeno es el resultado de las estructuras patriarcales y el estatus social de las víctimas y los
perpetradores (Monárrez 2002), situación que permite la prolongación de la impunidad. De este

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
9
intenso debate resultó la aceptación de los conceptos femicidio y feminicidio, como tipo penal
autónomo, utilizados por los Estados como sinónimos.
Como lo señalan inicialmente Caputi y Russell (1990) en su libro «Femicide: the Politics
of Women Killing» el femicidio nace como un concepto político que sirve para visibilizar este tipo
de violencia contra las mujeres, destacando que se trata de un mecanismo de control que busca
perpetuar el estatus quo del patriarcado. Es así que las autoras definen el femicidio «como el
asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de
propiedad de las mujeres».
En un posterior trabajo, Radfor y Russel (1992) amplían esta categoría a otros supuestos de
muertes, como las que son resultado de abortos clandestinos o negligencia, los mismos que pueden
ser considerados como femicidios ya que responden a la lógica de un sistema estructural de
opresión que posibilita estas muertes producto de actitudes misóginas o de prácticas sociales
patriarcales. Ya en 1976, la misma Russell reflexionaba sobre este fenómeno ante el Primer
Tribunal de Crímenes Contra Mujeres realizado en Bruselas e inaugurado por Simone de Beauvoir,
donde realza la importancia del Encuentro para que las mujeres puedan apropiarse del destino que
está en sus manos (Atencio 2011).
El término femicide surge en idioma inglés para referirse al asesinato por razones de género,
sin embargo, en América Latina se bifurca hacia dos interpretaciones: el femicidio y el feminicidio.
El primero de estos acuñado en 2001 por Ana Carcedo y Monserrat Sagot, quienes consideran que
se trata de un concepto político construido y posicionado colectivamente para denunciar la
violencia contra las mujeres donde el factor fundamental es la letalidad del hecho. En este caso, el
rol del Estado al impartir justicia tiene que reconocer además que el móvil es la misoginia y el
estatus de la víctima.
Las autoras consideran que el elemento determinante es la letalidad del hecho y no la
impunidad o responsabilidad estatal, ya que si se toma únicamente este concepto se invisibiliza las
muertes de mujeres derivadas de las relaciones de poder entre géneros y a propósito se plantean
algunas preguntas ¿Qué pasa con los asesinatos producto de la violencia contra las mujeres que sí
son castigados? ¿Son simples homicidios de mujeres?
El segundo concepto es el de feminicidio, utilizado por Marcela Lagarde (2006) e inspirado
en los acontecimientos que tuvieron lugar en Ciudad Juárez, México donde el asesinato masivo de
mujeres y la falta de respuesta por parte del Estado dio origen a la organización y movilización de
madres y familiares de las víctimas, hecho que consiguió que el tema fuera conocido a nivel
regional y mundial
3
.
3
Ciudad Juárez está ubicada en México, al norte del estado de Chihuahua, en la frontera con El Paso, Texas. Las desigualdades
sociales y la proximidad con la frontera internacional han contribuido al desarrollo de diversas formas de delincuencia organizada,
tales como narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y lavado de dinero. Desde 1993 existe un aumento significativo en el

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
10
En este contexto se promulgó la sentencia de la Corte Interamericana (2009) que se refiere
al tema de asesinatos de mujeres por su estatus de género, Caso González y otras (Campo
Algodonero) Vs. México, que se convierte en un referente y juicio emblemático en este tema. El
no esclarecimiento de estos asesinatos lleva a cuestionar la responsabilidad del Estado y el
incumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer (Belem Do Para 1994).
Según la autora, el feminicidio alude a las formas de violencia extrema que pueden
conllevar a las muertes de mujeres caracterizadas por la misoginia y la tolerancia expresa o tácita
del Estado y sus instituciones frente a estas conductas, lo que deriva en la impunidad (Toledo 2008).
En palabras de Lagarde «el feminicidio es un crimen de Estado, ya que éste no es capaz de
garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en general, quienes viven diversas formas y grados
de violencia cotidianas a lo largo de la vida (...) el feminicidio, en tanto violencia institucional, se
caracteriza también por el no esclarecimiento de los casos, la falta de acceso a la justicia, a la verdad
y a la reparación del daño. Todo ello, conforma la fractura del Estado democrático de derecho»
(2006, 12-13). Es así que el feminicidio se convierte en la manifestación más extrema de este tipo
de violencia y caracteriza lo que Liz Kelly (1998) denomina «el continuum de la violencia contra
las mujeres» uno de cuyos elementos principales es la impunidad por parte del Estado.
Este debate aún es inconcluso y si bien es cierto las ciencias sociales, especialmente la
epistemología feminista, han ido constituyendo marcos teóricos y políticos que irrumpen en los
derechos humanos y proporcionan las condiciones para el reconceptualización y ampliación del
derecho penal, su impacto fundamental es develar la violencia estructural de nuestras sociedades y
el carácter androcéntrico del Estado.
Producto de esta discusión, actualmente se cuenta con un desarrollo normativo que aborda
este fenómeno con diferentes tipificaciones, fundamentadas en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994)
4
, que
son claras y contundentes al ampliar la responsabilidad y sustentar la debida diligencia de los
Estados al respecto.
número de desapariciones y homicidios de mujeres de origen humilde, estudiantes o trabajadoras de entre 15 y 25 años de edad. No
existen datos concluyentes, pero algunos informes hablan de cifras que oscilan entre 260 y 370 homicidios de mujeres entre 1993
y 2003. En cuanto a las desapariciones, las cifras varían entre 257 y 400 mujeres, en el mismo período Tomado de
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
4
La Convención fue aprobada por consenso en la Asamblea General de la OEA, en junio de 1994. Los únicos países que se
abstuvieron fueron Estados Unidos, Canadá y México.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
11
Marco jurídico internacional y nacional
Derecho Internacional
En el tema de la violencia sexista hay antecedentes importantes en relación al marco ético
jurídico de los Derechos Humanos que se consideran hitos, tales como la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos de Viena de 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer de la ONU de 1993 o la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer de 1979 (conocida como CEDAW por sus siglas en inglés)
5
; ésta
última se constituye en una suerte de Carta Magna del feminismo, siendo el primer instrumento
convencional que define la discriminación contra las mujeres y establece un concepto de igualdad
sustantiva, es decir, una igualdad no androcéntrica e identifica el resultado de dicha discriminación
como una violencia estructural (Facio 2009, 54).
En el espectro regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994) aporta una definición clara y comprensiva de lo que
significa la violencia contra las mujeres, así como una afirmación de los derechos que deben ser
reconocidos en este ámbito para lograr su eliminación física, sexual y psicológica en todas las
esferas, tanto dentro como fuera de la familia (Arroyo Vargas 2002), proporcionando así un
parámetro que los Estados deben tomar en cuenta al momento de encauzar su quehacer en lo que
respecta a la protección, prevención y sanción contra la violencia sexista.
A propósito del trabajo realizado para erradicar la violencia de género desde el derecho
internacional, es necesario destacar el rol que cumplen los tribunales internacionales como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, ésta última de especial
importancia por estar relacionada con los tipos penales contenidos en el Estatuto de Roma (1982)
6
que abarcan los actos de violencia contra la mujer dentro de la categoría de crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra (Estatuto de Roma 1982)
7
.
En este sentido los Estados signatarios de la CEDAW deben acatar las llamadas
Recomendaciones Generales, las cuales representan una síntesis de años de experiencia en el
5
La Convención fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, entrando en vigor en septiembre de 1981, 30 días
después del depósito del vigésimo instrumento de ratificación.
6
El Estatuto fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la Conferencia Diplomática de
plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional
7
El apartado g) del párrafo 1 del artículo 7 establece que se entenderán por crímenes de lesa humanidad la violación, la esclavitud
sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable
cuando concurran los elementos constituyentes del delito. En el inciso XXII) del apartado b) del párrafo 2) del artículo 8 se afirma
lo mismo en relación a los crímenes de guerra durante conflictos internacionales y en el inciso vi) del apartado e) del párrafo 2) del
artículo 8 en relación a los crímenes de guerra durante conflictos internos. Además, en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 7 se
reconoce que el crimen de esclavitud sexual incluye el tráfico de mujeres y niños/as. En el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7
se señala que el género es un motivo independiente de persecuciones cuando tiene que ver con crímenes de lesa humanidad y la
definición de la tortura en el apartado e) del párrafo 2 del artículo 7 es lo suficientemente amplia para incluir los actos particulares.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
12
examen de informes provenientes de los países y del diálogo respecto a un determinado tema. Las
Recomendaciones orientan a los Estados Partes en la comprensión de las obligaciones que aporta
su articulado, estableciendo vínculos entre la discriminación y la violencia e incentivando a la
elaboración de reportes que den cuenta de los avances que realiza cada país para poner fin a éste
fenómeno (CEDAW 1992).
De manera particular, es necesario analizar algunas de las Recomendaciones más
relevantes, empezando por la número 19 que es la que señala que la violencia es una forma extrema
de discriminación que afecta a las mujeres por su condición de género, por lo que se ven limitadas,
restringidas o menoscabadas en el ejercicio de los derechos que establece la convención; incluye
actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos
actos, coacción y otras formas de privación de la libertad (CEDAW 1992 Recomendación 19).
Posteriormente la Recomendación número 35 establece que, tanto la opinión juris como la
práctica de los Estados, dan a entender que la prohibición de la violencia de género contra las
mujeres se constituye en un principio de derecho internacional consuetudinario. Esta importante
afirmación nos lleva a reconocer que la violencia sexista no es un problema individual, sino de
carácter social, es por esto que utiliza la categoría violencia por razón de género contra las mujeres,
ya que así se establecen con mayor claridad las causas y los efectos relacionados con el género. Es
importante tener presente que las Recomendaciones se complementan entre sí con el fin de llegar
a comprender mejor la responsabilidad que tienen la Comunidad Internacional y los Estados en la
erradicación de la violencia:
El Comité considera que la violencia por razón de género contra la mujer es uno de los medios
sociales, políticos y económicos fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición
subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados. En toda su labor el
Comité ha dejado claro que esa violencia constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres y para el disfrute por parte de la mujer de sus derechos humanos
y libertades fundamentales, consagradas en la Convención. (CEDAW 2017 Recomendación 35)
Siguiendo con esta línea, la Recomendación número 28, relativa a las obligaciones básicas
de los Estados amparadas en la Convención, plantea la profunda interseccionalidad de
discriminaciones que pueden sufrir las mujeres y que deben analizarse en cuanto a sus posibles
impactos en contra del principio de igualdad y el derecho a vivir una vida libre de violencia,
señalando que los Estados están llamados a reconocer y prohibir dichas formas de discriminación,
así como poner en práctica políticas y programas encaminados a eliminarlas (CEDAW 2010,
Recomendación 28).
Finalmente, la Recomendación número 33 relativa al acceso de las mujeres a la justicia,
analiza los múltiples obstáculos y restricciones que éstas enfrentan al tratar de garantizar sus
derechos, ésta problemática responde a contextos estructurales de discriminación y desigualdad
que afectan el cumplimiento de la debida diligencia de los Estados a este respecto.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
13
La Recomendación número 33 señala además que los factores que conforman ese contexto
son los estereotipos de género, las leyes discriminatorias, las discriminaciones inter seccionales o
compuestas, los procedimientos y las prácticas discriminatorias, los requisitos en materia
probatoria y el hecho de que no se ha asegurado sistemáticamente que los mecanismos judiciales
sean física, económica, social y culturalmente accesibles a todas las mujeres (CEDAW 2015,
Recomendación 33).
Los estereotipos y los prejuicios de género en los sistemas legales a menudo distorsionan
las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de
hechos. Es fundamental que las personas encargadas de la administración de justicia actúen
alejadas de normas o conceptos que encasillan a las mujeres dentro de comportamientos que
consideran adecuados en una sociedad y no menoscaben la credibilidad de las denuncias
presentadas.
La consecuencia de una administración con sesgos de género es la interpretación y
aplicación errónea o defectuosa de las leyes en los casos de femicidio/feminicidio. Un ejemplo
concreto de esto es lo ocurrido en el caso González y otras vs México, también conocido como
Campo Algodonero (Corte IDH 2009, 401-402), en el cual la Corte Interamericana de Justicia se
pronunció señalando que, al ligar la ejecución de prácticas o políticas jurídicas a la concepción de
los roles pre asignados a las mujeres, el Estado incumplió la condición de no discriminación
inherente a sus obligaciones bajo este instrumento vinculante.
Las distintas formas de opresión contra las mujeres y la negligencia de los Estados para
salvaguardar sus derechos a través de la oportuna e imparcial administración de justicia no son
fenómenos inconexos, sino que responden a una lógica androcéntrica de poder y subyugación. La
epistemología feminista es clave para erradicar este flagelo en las sociedades actuales.
Evolución de las legislaciones de los Estados a nivel interno
La evolución de la legislación relacionada con el derecho a vivir una vida libre de violencia,
la no discriminación y el principio de igualdad, dieron pie a normas encaminadas a sustituir a
aquellas que subsumían a las mujeres al ámbito familiar considerándolas sujetos de derechos sólo
en tanto formaran parte de un grupo doméstico y desempeñaran su rol tradicional de cuidadoras
(Facio 1992), invisibilizándolas como principales víctimas y salvaguardando a los hombres, a pesar
de que estadísticamente son los principales agresores (Arroyo Vargas 2002). Se contaba con leyes
de acción afirmativa para la familia, pero no de protección directa a las mujeres, este tipo de normas
se expresaron en dos modalidades: leyes especiales contra la violencia doméstica/familiar y tipos
penales incluidos en los Códigos Penales.
Dicha evolución logró, posteriormente, ubicar a las mujeres como sujetos de protección, ya
que son víctimas de los diferentes tipos de violencia, incorporando de esta manera el tipo penal de

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
14
femicidio o feminicidio en América Latina, lo que se convierte en un catalizador para que los
Estados avancen paulatinamente hacia la consecución de políticas que abarquen la perspectiva de
género de acuerdo con lo establecido en la CEDAW y la Convención de Belem do Pará (1994)
profundizando en estrategias de investigación, persecución, sanción, reparación y protección a las
víctimas y sus familiares (Arroyo Vargas 2016, 62- 63)
Dependiendo de los países, se establecen diferencias en lo formal y sustantivo en el
tratamiento jurídico del femicidio/feminicidio, que van desde la reformulación de delitos o la
incorporación de tipos penales autónomos hasta la promulgación de leyes integrales o especiales
de penalización de la violencia contras las mujeres (Garita 2012).
El desarrollo de la normativa en cuanto a la antes mencionada penalización ha evolucionado
hasta llegar a abordar los tipos específicos de acuerdo con las diferentes conductas violentas, sean
estas psicológicas, sexuales, patrimoniales y/ o femicidas.
Los tipos penales y sus alcances jurídicos están marcados por la definición de los elementos
del crimen, los cuales pueden estar relacionados al femicidio/feminicidio cuando existe una
relación íntima o de pareja, tal es el caso en países como Costa Rica y Chile, o aquellos que además
incluyen al feminicidio/femicidio cometido por personas fuera del entorno cercano de la víctima,
como sucede en El Salvador y Nicaragua
8
.
En el caso concreto de Ecuador, la adopción en 2014 del nuevo Código Integral Penal (en
lo sucesivo referido como COIP), reconoce al femicidio en su artículo 141:
La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia,
dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena
privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. (COIP 2014, 141)
Dentro del mismo Código se establecen cuatro posibles agravantes para la categoría de
femicidio, las cuales constituyen:
1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la
víctima.
2. Que exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares,
conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales,
escolares, o cualquiera otra que implique confianza, subordinación o superioridad.
3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos, o cualquier otro familiar de la víctima.
4. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. (COIP 2014,
142)
8
La terminología referente a femicidio o feminicidio difiere según la legislación interna de cada país, en la mayoría de los casos
son considerados sinónimos sin tomar en cuenta que a nivel teórico existen elementos que los diferencian. Para propósitos de esta
investigación se destaca que Ecuador utiliza el término femicidio.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
15
Como se desprende de los antes mencionados extractos del Código Integral Penal
ecuatoriano, el femicidio es considerado en dos supuestos: el femicidio íntimo, o sea aquel
cometido por hombres con quien las víctimas tenían o tuvieron una relación íntima, familiar, de
convivencia, o afines; y el femicidio no íntimo, cometido por hombres que no tenían o tuvieron
una relación íntima, familiar o de convivencia.
Resultados de la investigación
El camino hacia la tipificación del femicidio en Ecuador ha sido largo y caracterizado por
la alta exposición en los medios de casos particulares. Esta investigación ha tomado dos ejemplos
emblemáticos de dichos casos: el de María Fernanda Fernández de Córdoba en 2011, quien fue
asesinada con 25 martillazos perpetrados por su ex novio, el mismo que aún se encuentra prófugo
de la justicia; y el de Karina del Pozo, quien fuera reportada como desaparecida en febrero de 2013,
a la edad de 20 años, y encontrada días más tarde sin vida en una zona despoblada de la ciudad de
Quito con fuerte evidencia de haber sufrido violencia extrema (Diario el Universo, 2013).
El impacto de estos hallazgos, más los elementos que acompañaban a la reconstrucción de
cada caso, evidenciaban que dicho delito no podía tener el tratamiento tradicional de un asesinato
simple, sino que obedecía a una serie de factores que rodeaban a la víctima, a sus victimarios y al
impacto en la sociedad como una amenaza hacia las mujeres.
La cruda revelación de estos actos execrables contra la vida de las mujeres permitió abrir
un debate importante y por mucho tiempo postergado en el Ecuador. La conjugación entre la
evidencia empírica y la voluntad política decantaron en la incorporación en febrero de 2014, del
artículo 141 en el Código Integral Penal que contempla la figura de femicidio.
Las primeras aproximaciones a la adopción de este nuevo tipo penal no estuvieron exentas
de obstáculos. El presente trabajo se apoya en una investigación llevada a cabo por el Instituto de
Altos Estudios Nacionales de Ecuador, en el año 2016, donde se obtuvieron reportes del Consejo
de la Judicatura adscrito a la Dirección Provincial de Pichincha, los mismos que revelaron que no
se habían tomado en cuenta los criterios mínimos de identificación de las víctimas y la clasificación
del tipo de acto. Como se muestra en la Tabla 3 a continuación, no se estaba contemplando la
distinción por género ni las formas específicas en que se perpetraron los atentados, sino que
únicamente se realizó una organización según el número de documento de identidad de la víctima,
la fecha de la denuncia y si se trataba o no de un delito contra la vida.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
16
Tabla 3. Criterios de identificación
Provincia
Cantón
Id juicio
Nombre delito causa
Año
Mes
Pichincha
Quito
1724720130345
Asesinato
2013
ago
Pichincha
Quito
1726820140805
Asesinato
2013
ago
Pichincha
Quito
1712120130293
Contra la vida
2013
ago
Pichincha
Quito
1712120130301
Contra la vida
2013
ago
Pichincha
Quito
1712120130305
Contra la vida
2013
ago
Pichincha
Quito
1712120130321
Contra la vida
2013
ago
Pichincha
Quito
1712220130267
Contra la vida
2013
ago
Pichincha
Quito
1712220130284
Contra la vida
2013
ago
Pichincha
Quito
1712320130309
Contra la vida
2013
ago
Pichincha
Quito
1712320130330
Contra la vida
2013
ago
Pichincha
Quito
1717120130396
Contra la vida
2013
ago
Pichincha
Quito
1717220130014
Contra la vida
2013
ago
Pichincha
Quito
1724120130342
Contra la vida
2013
ago
Fuente: Consejo de la Judicatura, Dirección Provincial de Pichincha, elaborado por el grupo de
investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales (2016).
La falta de información relevante sobre el tema llevó a que se realice una revisión de cada
uno de los expedientes de manera individual, con el objetivo de identificar a aquellos que habían
sido resueltos como femicidios en primera instancia, así como el tipo de instrumento utilizado para
la perpetración del crimen. A este respecto es importante subrayar que sin el adecuado proceso de
capacitación, los operadores de justicia, tanto en el proceso de investigación como en el de
juzgamiento, no pueden determinar si están tratando un caso de homicidio o de femicidio.
La subjetividad de la interpretación, por parte de las autoridades, frente a la determinación
del femicidio se debe a menudo que no se toman en cuenta los parámetros que permiten configurar
que, dadas las condiciones en que la violencia se ejerció, las características de la víctima y el nivel
de agresividad del acto cometido, es necesario establecer que no se trata únicamente de un delito
contra la vida, sino de un delito por causas de género, es decir, un femicidio.
Con el objetivo de aportar con un análisis más comprensivo de los expedientes que
respaldan las denuncias por femicidio, se elaboró una propuesta matriz en la cual constan categorías
más específicas (Tabla 4).

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
17
Tabla 4. Matriz de clasificación, ordenamiento de datos por sentencias
Provincia
Cantón
Id juicio
Nombre
delito/
causa
Año
Mes
Sexo de
la
víctima
Delito
sancionado
Tipo de
muerte
Tipo de
arma
Pichincha
Quito
172472013
0345
Asesinato
2013
Ago
F
Asesinato
Asfixia por
sofocación
Ninguna
Pichincha
Quito
172682014
0805
Asesinato
2013
Ago
Este juicio pertenece al año 2012 pero por un error
se lo ingresó nuevamente (17243-2012-0016).
Pichincha
Quito
171212013
0293
Contra la
vida
2013
Ago
F
Asesinato
Hemorragia y
laceración
cerebral
Arma de
fuego
Pichincha
Quito
171212013
0301
Contra la
vida
2013
Ago
M
Homicidio
Hemorragia
Cuchillo
Pichincha
Quito
171212013
0305
Contra la
vida
2013
Ago
M
Homicidio
Hemorragia
interna
Arma
corto
punzante
Pichincha
Quito
171212013
0321
Contra la
vida
2013
Ago
F
Tentativa de
homicidio
No existió
muerte
Cuchillo
Pichincha
Quito
171222013
0267
Contra la
vida
2013
Ago
M
Homicidio
Hemorragia
Arma
corto
punzante
Pichincha
Quito
171222013
0284
Contra la
vida
2013
Ago
Se inició en agosto de 2012 pero se envió a los
Tribunales Penales y ahí tomó este nuevo número.
Pichincha
Quito
171232013
0309
Contra la
vida
2013
Ago
M
Asesinato
Laceración,
hemorragia
cerebral,
fractura de
cráneo, trauma
cráneo
encefálico
Combo
Fuente: Consejo de la Judicatura, Dirección Provincial de Pichincha, elaborado por el grupo de
investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales (2016)
Además de las limitaciones que se encontraron en el análisis de los datos proporcionados
por las instancias judiciales (falta de clasificación básica, causas de muerte, entre otras), la
investigación enfrentó un nuevo obstáculo que impedía contar con resultados confiables. Al revisar
un total de 669 expedientes, se pudo observar que en 75 de ellos se había realizado un doble
registro, es decir que se trataba de un mismo caso llevado a diferentes instancias, lo que significaba
que el número real de casos era incorrecto, como lo detalla la Tabla 5 a continuación.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
18
Tabla 5. Ejemplo de duplicidad de la información
No. de juicio
Fecha de
inicio
Instancia
Nombre de la
víctima
Nombre del victimario
17281-2013-2959
Octubre de
2013
Unidad Judicial de
Delitos Flagrantes
Erika Alexandra
Agudelo Rodríguez
Héctor Santiago
Caizapasto Sánchez
17241-2014-0023
Octubre de
2013
Tribunal Penal
Erika Alexandra
Agudelo Rodríguez
Héctor Santiago
Caizapasto Sánchez
17124-2014-0863
Octubre de
2013
Apelación-Corte
Provincial de
Pichincha
Erika Alexandra
Agudelo Rodríguez
Héctor Santiago
Caizapasto Sánchez
17262-2013-0681
Septiembre
de 2013
Juzgado Décimo
Segundo
Mónica Alexandra
Gordón Salazar
Juan Sebastián Chávez
Flor, David Rosendo
Yela Tufiño, Jonathan
Gustavo Lituma Pacheco
y Gerardo Arturo Ushiña
Bolaños
17281-2013-247*
Septiembre
de 2013
Unidad Judicial
Mónica Alexandra
Gordón Salazar
Juan Sebastián Chávez
Flor, David Rosendo
Yela Tufiño, Jonathan
Gustavo Lituma Pacheco
y Gerardo Arturo Ushiña
Bolaños
17257-2014-0098
Enero de
2014
Juzgado y Corte
Provincial
Verónica Dallanara
Angulo López
Raúl Guillermo Maffare
Ibarra, Carmen Ketty
Castillo Benitez, Bélgica
Teresa Cortez Benitez
17281-2013-285*
Octubre de
2013
Unidad Judicial de
Delitos Flagrantes
Verónica Dallanara
Angulo López
Raúl Guillermo Maffare
Ibarra
Fuente: Consejo de la Judicatura, Dirección Provincial de Pichincha, elaborado por el grupo de
investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales (2016)
Uno de los hallazgos revelados en la investigación fue el método y tipo de armas utilizados
por parte de los perpetradores de femicidios, siendo el más común el asesinato por asfixia, seguido
por aquel cometido mediante armas corto punzantes. La Tabla 6, a continuación, muestra algunas
cifras alarmantes que apoyan el trabajo investigativo.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
19
Tabla 6. Tipo de método o arma utilizada en la comisión de femicidios
Método o Tipo de Arma
No. De víctimas
Asfixia
30
Arma corto punzante
27
Objeto contundente
10
Arma de Fuego
9
Indeterminada
5
Otras (veneno, quemadura)
3
Total
84
Fuente: Consejo de la Judicatura, Dirección Provincial de Pichincha, elaborado por el grupo de investigación
del Instituto de Altos Estudios Nacionales (2016)
La forma en la que se cometen los femicidios no constituye un hecho aislado, sino que
responde al acto misógino de ejercer poder sobre la vida de las mujeres, llevando a cabo éstos
crímenes de manera que el victimario termina adueñándose del último aliento de la víctima
(Monárrez 2009). Aquí es necesario hacer hincapié en la importancia fundamental de que los
operadores de justicia conozcan y comprendan este fenómeno a fin de realizar una correcta
tipificación del delito.
Un adecuado proceso judicial e investigativo que involucre violencia contra la mujer debe
tener como premisa la presunción de femicidio o su tentativa. Los expedientes que se analizaron
para realizar este trabajo investigativo demostraron que los registros carecían de información
relevante sobre los métodos utilizados en los actos que causaron muerte, así como falencias en el
procedimiento específico para el tratamiento del femicidio.
Los expedientes antes mencionados, proporcionados al grupo investigativo del Instituto de
Altos Estudios Nacionales por parte del Consejo de la Judicatura, mostraron que, además de no
haber especificado la forma en la que se cometió el delito, no se estableció un dato clave para
determinar el perfil del victimario: la relación de éste con la víctima. Tampoco se llevaron a cabo
peritajes que permitan obtener testimonios por parte de personas allegadas que pudieran saber si
quienes cometieron los crímenes pertenecían a su círculo íntimo y finalmente, en el caso de muertes
ocasionadas por armas de fuego, conocer si los perpetradores contaban con el respectivo permiso
de tenencia. Datos relacionados a estos aspectos se pueden observar en la Tabla 7 a continuación.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
20
Tabla 7. Relación víctima- victimario
Fecha de
inicio
Instancia
Nombre de la
víctima
Nombre del victimario
Profesión u
ocupación victimario
Tipo de arma
Tenencia legal
o ilegal
Año 2012
Apelación-
Corte
Provincial
de
Pichincha
Jessica Marín
Agudelo y
Gloria Jazmín
Raúl Bossa Rodríguez,
Drayzon Arenas Ortiz y
Miguel Camacho
Muñoz
Miembros de una
banda delictiva
Pistola Taurus
TYK48189
Tenencia ilegal
incluso se
iniciaron juicios
anteriores en
contra de los
imputados por
tenencia ilegal
de armas
Marzo de
2013
Tribunal
Penal
Verónica
Vargas
Yaguincela
Edgar German Vélez
Argandoña y Kleber
Efraín Cuji Cargua
Edgar Veléz era
guardía del Night Club
administrado por
Efraín Cuji
Arma de
fuego no se
establecen
más detalles
No se establece
y no consta en
el sistema
Septiembre
de 2013
Juzgado
Décimo
Segundo
Mónica
Alexandra
Gordón
Salazar
Juan Sebastián Chávez
Flor, David Rosendo
Yela Tufiño, Jonathan
Gustavo Lituma
Pacheco y Gerardo
Arturo Ushiña Bolaños
Gerardo Ushiña-
Gerente Finacieron;
Jonathan Lituma-no se
establece; David Yela-
pintor; y, Juan
Chávez-estudiante
Armar de
fuego no se
establecen
detalles
No se establece
y no consta en
el sistema
Septiembre
de 2013
Unidad
Judicial
Mónica
Alexandra
Gordón
Salazar
Juan Sebastián Chávez
Flor, David Rosendo
Yela Tufiño, Jonathan
Gustavo Lituma
Pacheco y Gerardo
Arturo Ushiña Bolaños
Gerardo Ushiña-
Gerente Finacieron;
Jonathan Lituma-no se
establece; David Yela-
pintor; y, Juan
Chávez-estudiante
Armar de
fuego no se
establecen
detalles
No se establece
y no consta en
el sistema
Enero de
2014
Juzgado y
Corte
Provincial
Verónica
Dallanara
Angulo López
Raúl Guillermo Maffare
Ibarra, Carmen Ketty
Castillo Benitez,
Bélgica Teresa Cortez
Benitez
No se establece
Arma de
fuego no se
establecen
más detalles
No se establece
y no consta en
el sistema
Octubre de
2013
Unidad
Judicial de
Delitos
Flagrantes
Verónica
Dallanara
Angulo López
Raúl Guillermo Maffare
Ibarra
Comerciante
Arma de
fuego no se
establecen
más detalles
No se establece
y no consta en
el sistema
Octubre de
2013
Unidad
Judicial de
Delitos
Flagrantes
Erika
Alexandra
Agudelo
Rodríguez
Héctor Santiago
Caizapasto Sánchez
No se establece
Arma de
fuego no se
establecen
más detalles
No se establece
y no consta en
el sistema
Enero de
2013
Apelación-
Corte
Provincial
de
Pichincha
María Augusta
Moya Ibarra
Edison Fernando Puente
Pazos
Militar activo
(Subteniente)
Pistola Taurus
No se establece
y no consta en
el sistema

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
21
Fecha de
inicio
Instancia
Nombre de la
víctima
Nombre del victimario
Profesión u
ocupación victimario
Tipo de arma
Tenencia legal
o ilegal
Noviembre
de 2013
Tribunal
Penal
Wilmer Petit y
Ana María
Flores Gómez
Luis Alfredo Arboleda
Andrade, Jairo
Fernando Zambrano
Demera, Eduardo
Fernando Bass
Matamba, Miguel Isaías
Vernaza Caicedo,
Dalember José Álvarez
Coello
Jairo Fernando
Zambrano Demera y
Dalember José
Álvarez Coello-
comerciantes de ropa;
Eduardo Fernando
Bass Matamba y
Miguel Isaías Vernaza
Caicedo-
comerciantes;y, Luis
Alfredo Arboleda
Andrade-comerciante
de accesorios de
celular
Pistola Pietro
Veretta, serie
091535MC
No se establece
y no consta en
el sistema
Fuente: Consejo de la Judicatura, Dirección Provincial de Pichincha, elaborado por el grupo de
investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales (2016)
Uno de los hallazgos más importantes es la evaluación de la causa según la instancia. En el
período estudiado, se determina que 84 de estos datos corresponden a muertes violentas hacia
mujeres, pero sólo 13 de ellos fueron denunciados como femicidios en primera instancia, siendo el
más publicitado el de Karina del Pozo (Grupo de investigación del Instituto de Altos Estudios
Nacionales 2016). Es importante recalcar que, en el primer acceso a la justicia, se presume la
comisión de un femicidio; sin embargo, en el transcurso de las investigaciones los resultados poco
a poco van desvirtuando su configuración ya que no se han generado protocolos específicos, por
ejemplo, valoraciones psicológicas post mortem o la autopsia psicológica.
El tratamiento pericial aún mantiene a las fuentes testimoniales como elemento fundamental
de reconstrucción de los hechos, tanto para la caracterización de la víctima como del victimario, lo
cual supone un alto margen de manipulación subjetiva de las condiciones en que se dio el crimen
ya que se siguen considerando como fuentes naturales y esenciales del caso a las versiones de
personas amigas, conocidas o familiares de ambos, lo que infiere en la caracterización del tipo
penal. La consecuencia de esto es la desestimación del femicidio, que pasa a convertirse en un
asesinato con agravantes.
En el año 2014, un peritaje sobre femicidio realizado por la Da. Alejandra Cárdenas,
estableció que en los casos en que el femicidio se haya ratificado como tipo penal en segunda
instancia, se debe aplicar lo que ella llama el modelo ecológico feminista, que contempla la
necesidad de analizar la violencia en cuatro niveles: el nivel social, el nivel comunitario, el nivel
relacional y el nivel individual (Ferreto, Incháustegui y Romero 2011).
Adicionalmente, según el Protocolo Latinoamericano (2013) existen cinco elementos que
deben tomarse en cuenta para el análisis: el contexto y los escenarios, el sujeto activo, el sujeto

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
22
pasivo, las formas de violencia en la ejecución del delito y manifestaciones previas de violencia en
contra de mujeres (ONU Mujeres 2013).
Estos elementos no sólo plantean una jurisprudencia que debería ser considerada, sino que
evidencian la falta de protocolos y procedimientos para el levantamiento del cadáver, para la
caracterización de la víctima y victimario y, sobre todo, la posibilidad de generar criterios de
prevención sobre este tipo de violencia. Lamentablemente las alertas sobre previas denuncias de
violencia intrafamiliar o misoginia no han tenido el grado de repercusión encaminado a configurar
elementos que establezcan la relación del poder con la condición de ser mujer y no sólo la evidencia
del uso de la fuerza desmedida que termina en la muerte.
En la Figura 3, a continuación, se puede corroborar la necesidad de una mayor
especialización en el juzgamiento de casos, lo cual no sólo significa contar con una adecuada
política de persecución fiscal, sino también un nivel de conocimiento por parte de los operadores
de justicia.
Figura 3. Detenidos y sentenciados entre 2015 y 2016
Fuente: Datos de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones,
Extorsión y Secuestros (DINASED), elaborado por Reyes (2018).
Aún hay mucho camino por recorrer para generar métodos eficientes y objetivos que
permitan lograr estrategias preventivas contra la violencia hacia las mujeres en la sociedad, a esto
se suma la necesidad de contar con un sistema de justicia libre de prejuicios y sesgos de género que
garantice el rechazo a la violencia extrema y proporcione una atención adecuada y oportuna a las
víctimas.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
23
Conclusiones
La medida en la que los Estados incorporan en sus legislaciones políticas que resguardan a
las víctimas de discriminación y violencia es indicador de su compromiso para con los derechos
humanos. Pese a los significativos avances en la elaboración de marcos legales en el tema de género
en la región, aún es mucho lo que falta para lograr que las mujeres accedan a la justicia de manera
oportuna y sin ser revictimizadas.
Como lo comprueban las cifras y datos proporcionados en esta investigación, la utilización
de métodos como la asfixia y el asesinato con armas blancas son los más comunes en la comisión
de femicidios, el acto de dar muerte a las mujeres implica también un ejercicio de poder machista
que no sólo pretender arrebatar la vida, sino demostrar hasta qué punto el cuerpo de las víctimas es
considerado un objeto de propiedad del hombre, sobre el que tiene posesión y es capaz de someter
hasta las últimas consecuencias.
Ante estos hechos execrables, la sociedad debe actuar de manera inmediata, sin delaciones
y sin pretender que sean las víctimas las que, con sus testimonios, generen los cambios en las
legislaciones, porque esto sólo significa que se tuvo que llegar a cometer una agresión en muchos
casos fatal, para que un Estado lleve su atención al tema y actúe en consecuencia.
Lo primero que se urge de los Estados, para evitar y prevenir la violencia de género, es una
educación apropiada que destierre al machismo como parte integral de la vida de las personas, pero
al ser este un proceso que conlleva tiempo y en ocasiones profundos cambios generacionales, los
marcos jurídicos de los países deben contemplar políticas y protocolos para garantizar sus derechos
a las mujeres que lamentablemente están inmersas en situaciones de violencia.
En este sentido, una de las labores más importantes es la de crear consciencia, expertis en
las personas encargadas de investigar, juzgar estos hechos, en especial a las que reciben los
testimonios de las víctimas, ya que el primer momento en que una persona se acerca a presentar
una denuncia por violencia es crucial: si la atención brindada es sensible al tema, oportuna y
respetuosa, libre de prejuicios y sesgos, ésta puede ser la diferencia entre un caso archivado y uno
que, potencialmente, haya logrado salvar una vida.
El camino sigue siendo complejo y plagado de obstáculos, pero ante todo es necesario
recordar que es un camino labrado con los testimonios de las mujeres sobrevivientes y de las
familias de quienes lamentablemente ingresaron a la estadística como víctimas de femicidio.
Lograr que este término se haya posicionado de manera firme en los Estados de la región
Latinoamericana es sin duda un hito, pero no por ello representa el final de este trayecto, el cual
sólo se podrá completar con una verdadera transformación en los sistemas jurídicos, educativos,
sociales y culturales de la sociedad, encaminados a que las mujeres puedan, realmente, vivir una
vida libre de violencia.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
24
Referencias
Amorós, Celia. 2008. Conceptualizar es politizar. En Género, violencia y derecho / coord. por
Patricia Laurenzo Copello, María Luisa Maqueda Abreu, Ana María Rubio Castro. Tirant
Lo Blanch alternativa.
Amorós, Celia. 2007. Teoría feminista: de la Ilustración a la Globalización. De la ilustración al
segundo sexo. Madrid, España. Editorial. Minerva Ediciones.
Amorós, Celia 1990. «Violencia contra las mujeres y pactos patriarcales”. En Virginia Maquieira
y Cristina Sánchez (comps) Violencia y sociedad patriarcal. Madrid, Pablo Iglesias.
Arroyo Vargas, Roxana. 2002. Las Normas sobre violencia contra la mujer y su aplicación, un
análisis comparado para América Central. Aplicabilidad de la normativa sobre violencia
contra la mujer en Centroamérica. Heredia, Costa Rica: Editorial Universidad Nacional,
CEM-MUJE-IEM.
Arroyo Vargas, Roxana. 2004. «Violencia estructural de género: una categoría necesaria de análisis
para los derechos humanos de las mujeres». Revista Pensamiento Jurídico Feminista. No.1.
69-84.
Arroyo Vargas, Roxana. 2016. «Consideraciones generales acerca del femicidio/feminicidio como
delito autónomo y su contexto». En Temas Penales. Estudios de Derecho Penal y
Criminología, editado por Gladys Terán Sierra, 55-85. Quito, Ecuador: Editorial Corte
Nacional de Justicia.
Atencio, Gabriela. 2011. «Femicidio –Feminicidio: Un Paradigma para el Análisis de la Violencia
de Género». Feminicidio.net, 2 (marzo): 1-12.
https://feminicidio.net/sites/default/files/seccion_feminicidio_paper_02.pdf
Caputi, Jane y Diana E. H. Russell. 1990. «Femicide: Speaking the unspeakable». MS: the World
of Women, 1 (2).
Carcedo, Ana y Montserrat Sagot. 2000. Femicidio en Costa Rica.1990-1999, San José, Costa Rica.
CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer). 1992. Recomendación General número 19. Violencia contra la mujer A/47/38, 11º
período de sesiones, 29/01/1992.

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
25
CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer). 2010. Recomendación general número 28 relativa a las obligaciones básicas de los
Estados partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer.
CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer). 2015. Recomendación General Número 33 sobre acceso a la justicia de las mujeres.
CEDAW/C/GC/33.
CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer). 2017. Recomendación General Número 35 sobre acceso a la justicia de las mujeres.
CEDAW/C/GC/35.
CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer). 1979.
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2018. Observatorio de Igualdad
de Género de América Latina.
Coomaraswamy, Radhika. 1994. «Informe preliminar presentado por el Relator especial sobre la
violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, de conformidad con
la resolución 1994/45 de la Comisión de Derechos Humanos. Ulterior promoción y fomento
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la cuestión del
programa y los métodos de trabajo de la comisión. Otros enfoques y medios que ofrece el
sistema de las naciones unidas para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las
libertades fundamentales». E/CN.4/1995/42
Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos). 2009. González y otras («Campo
Algodonero») Vs. México.
Corte Penal Internacional. 1988. Estatuto de Roma. A/CONF/183/9. 17 de julio, 1998.
AFP. 2013. «El feminicidio tendría pena de hasta 35 años de cárcel en Ecuador». El Universo, 27
de marzo, 2013. https://www.eluniverso.com/2013/03/27/1/1422/feminicidio-tendria-
pena-hasta-35-anos-carcel-ecuador.html
Facio, Alda. 1992. Cuando el género dueña cambios trae (una metodología para el análisis de
género del fenómeno jurídico legal), San José, Costa Rica: Editorial ILANUD.
Facio, Alda. 2009. «La Carta Magna de las Mujeres». En El género en el derecho. Ensayos críticos.
Serie Justicia y Derechos Humanos. Neoconstitucionalismo y Sociedad. Ministerio de

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
26
Justicia y Derechos Humanos, editado Ávila, Ramiro y Judith, Salgado, 541-558. Quito,
Ecuador.
Garita Vílchez, Ana Isabel. 2012. La regulación del femicidio/feminicidio en América Latina y el
Caribe. Secretariado de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas únete
para poner fin a la violencia contra las mujeres ciudad de Panamá.
https://www.google.com/search?q=Garita+Ana+Isabel+regulacion+del+femicidio&ie=utf
-8&oe=utf-8&client=firefox-b
«Joven muere asesinada a martillazos en condominio de ciudadela Urdesa». El Universo, 5 de
octubre, 2011. https://www.eluniverso.com/2011/10/05/1/1422/joven-muere-asesinada-
martillazos-condominio-ciudadela-urdesa.html
Kelly, Liz .1988. Surviving sexual violence. Polity Press, Inglaterra.
Lagarde, Marcela. 1996. Género y feminismo, Desarrollo humano y democracia. Cuadernos
inacabados, Madrid, España: Ediciones Horas y Horas.
Lagarde, Marcela. 2006. «Femicidio: una perspectiva global». En H. Russell, D, Harnes, R,
México.
Manjoo, Rashida. 2012. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia sus causas y sus
consecuencias. Asamblea General de Naciones Unidas. A/HRC/20/16, parraf. 22.
Mbembe, Achille. 2003. Necropolitics, Public Culture 15 (1) 11.
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto del Ecuador. Subsecretaría de Desarrollo
Normativo. 2014. Código Orgánico Integral Penal. Serie Justicia y Derechos Humanos,
Neoconstitucionalismo y Sociedad.
Monárrez Fragoso, Julia. 2002. Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez (1993-2001). En Debate
Feminista, 13 (25) (abril).
Monárrez Fragoso, Julia. 2009. Trama de una injusticia. Femicidio sexual sistémico en Ciudad
Juárez, D.F. México: Editorial Tijuana, Baja California: El Colegio de la Frontera Norte
Miguel Ángel Porrúa, “Cultura del femicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999”, Frontera
Norte, Tijuana, B.C, 23 (12), 87-117. Enero-junio 2000.
ONU (Organización de las Naciones Unidas). 1993. Conferencia Mundial de Derechos Humanos.
Asamblea General de Naciones Unidas. (A/CONF.157/23, 1993, parr18)

E-ISSN: 1659-2859
Volumen 98 – Número Especial 2019: 1-27
Julio-Diciembre
DOI 10.15517/rr.v98i0.35577
Este obra está bajo una licencia de Creative Comm ons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
27
ONU (Organización de las Naciones Unidas). 1993. Declaración sobre la Eliminación de la
violencia contra la mujer. Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
48/104 del 20 de diciembre de 1993.
Reyes Reinoso, Janine. 2018. «Femicidio e Investigación Policial, el enfoque de género como
imperativo para evitar la impunidad». Tesis maestría. Instituto de Altos Estudios Nacionales
de Ecuador.
Sagot, Montserrat. 2013. «El femicidio como necropolítica en Centroamérica». En labrys, études
féministes/ estudos feministasjuillet / décembre 2013 -julh o / dezembro 2013.
https://www.researchgate.net/publication/258210077_
Toledo, Ana. 2008. «Tipificar el femicidio». Revistas académicas de la Universidad de Chile
portada No. 4.