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Reforma del sistema de pensiones en El Salvador en el contexto de los convenios internacionales de seguridad social y las buenas prácticas internacionales

Authors:
  • Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO)
  • Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo

Abstract

Este estudio tiene como propósito analizar el proceso y los contenidos de la reforma del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) desarrollada en 2017, e identificar los avances y desafíos pendientes luego de esta reforma, tomando como referencia las normas internacionales y los principios fundamentales de la seguridad social precisados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Este documento evalúa las propuestas de re-reforma presentadas a la Asamblea Legislativa por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), las Confederaciones, Federaciones, Sindicatos y Movimientos populares, el Grupo Parlamentario (GANA), el Gobierno de El Salvador (GOES), y la propuesta elaborada por los Grupos Parlamentarios de ARENA, GANA, PDC y PCN.
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En 1981, Chile inició una ronda de reformas a los sistemas de pensiones que introdujo cuentas individuales de pensión de tipo obligatorio, alejándose así de los sistemas públicos. A principios de los 1990s, otros diez países Latinoamericanos siguieron el ejemplo de Chile. En años recientes, incluso antes del comienzo de la crisis financiera, una segunda ronda de reformas de pensiones fue iniciada para fortalecer el componente público del sistema y enfrentar los problemas creados por las cuentas individuales. El caso más extremo de contracción es Argentina, donde las cotizaciones obligatorias a las cuentas individuales fueron eliminadas a finales de 2008, volviendo así a un plan tradicional de beneficios definidos bajo un esquema de reparto. Este nota de investigación analiza las dos rondas de reformas de pensiones en Latinoamérica para determinar si la región esta alejándose de las pensiones basadas en cuentas individuales. Aunque Latinoamérica es bastante heterogénea, sus mercados laborales y sus sistemas de seguridad social comparten características como una economía informal extensa y la desarticulación de una variedad de instituciones que proveen protección de los ingresos durante la vejez. A esto se le suma la crisis financiera y la recesión económica que está generando nuevos desafíos para los sistemas basados en cuentas individuales.
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Latin America has been a world pioneer of neoliberal, structural reform of social security pensions (‘privatisation’). This article focuses on the diverse political economy circumstances that enabled such reform, analysing why policy makers have chosen such a costly strategy and how they have managed to implement it. First, in nine countries with diverse regimes (authoritarian and democratic) it examines the internal political process that led to the adoption of reform. There tends to be an inverse relationship between the degree of democratisation and that of privatisation, but the political regime alone cannot fully explain the reform outcomes in all cases. To expand the search for explanatory variables, other key factors that might have influenced the reform design are studied, among them relevant political actors (driving and opposing forces), existing institutional arrangements, legal constraints, internal and external economics and policy legacy.
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p>El presente trabajo consiste en el análisis de la reciente reforma a la Ley del SAP, aprobada mediante el Decreto Legislativo 787, del 28 de septiembre de este año, 2017. La denominada Reforma Integral de Pensiones redujo el valor de las prestaciones del SAP, aliviando con ello la presión existente sobre las finanzas públicas y preservando, a la vez, la administración privada de los ahorros para el retiro de los trabajadores. En los medios de comunicación se han destacado las virtudes del consenso logrado para reformar la Ley del SAP, argumentando que con ello se viabilizarían, luego, otro tipo de acuerdos de nación, particularmente, en material fiscal. De las reiteradas declaraciones se desprendería que todos los actores relevantes a la problemática han ganado con la reforma, tanto el Gobierno, los operadores del sistema y hasta los trabajadores. ¿Pero cómo puede ser posible esto? En este breve análisis se mostrará cómo mediante la reforma de pensiones se trasladó cerca del 50% de las obligaciones que tenía el Estado con el sistema, a los afiliados activos del SAP y, que además, redujo las obligaciones que tenía con otros afiliados al SAP, tanto activos como pasivos, identificados mediante el apelativo de “optados”, por pertenecer a una franja etaria determinada cuando entró en operaciones el actual sistema de contribución definida, en abril de 1998. Hay muchos cambios en la Ley, pero lo esencial de la reforma denominada integral, fue la extinción de obligaciones fiscales, preservando la administración privada del ahorro para el retiro. Cabe aclarar que muchos de esos cambios carecen de fundamentación doctrinaria desde la perspectiva de la Seguridad Social y por ende, tienden a aumentar la vulnerabilidad de la población afiliada al SAP, en vez de mitigarla. Estoy seguro que, en caso de haberse resulto primero el problema fiscal del país, la reforma de pensiones hubiera tenía un enfoque diferente, aunque eso supusiera implementar cambios en el diseño original del sistema, pero sin desnaturalizarlo tanto. Sólo para poner un ejemplo, el adelanto de saldos parecería tener una finalidad funcional, más que responder a una eventualidad concreta que afecte un hito de la vida del trabajador al retirarse del mercado laboral; de hecho, es una paradoja desde el punto de vista de las decisiones intertemporales de consumo, tomando de base la teoría del ingreso permanente Daría la impresión que esto se incluyó en la reforma para desviar la atención de la reducción en el monto de las pensiones y del traslado de obligaciones de la Hacienda Pública a la Hacienda Privada de los trabajadores afiliados al SAP. AKADEMOS, Año 11, Vol. 1, No 28, Enero-Junio 2017: 9-49</p
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The right to social security is accepted in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights. Nonetheless, international human rights instruments and supervisory mechanisms have remained mostly silent about its definition. Within the UN family, it has been left to the ILO to give substance to this right through international labour Convention No. 102. Despite international recognition of the Convention's positive influence as a mechanism to help steer the progressive development of social security, it falls short of obliging minimum requirements for a basic social floor. In examining whether existing ILO standards can help States realize the universal right to at least a basic social security package, the article suggests the need for the ILO to develop new complementary mechanisms, which would also contribute to the achievement of the Millennium Development Goals and global poverty reduction.
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A description in a comparative manner of the social security pensions and health care reforms implemented in the 20 countries of Latin America. Evaluation of the reforms results and impact on conventional social security principles, as well as testing on whether the reforms presumed effects have materialized. Based on 44 statistical tables and more than 500 bibliographical sources.
19), existía una deuda acumulada por parte del Estado hacia el programa de IVM del ISSS en concepto de la cotización del 0,5 por ciento sobre los salarios
  • Con De
  • Mesa-Lago
De acuerdo con Mesa-Lago et al. (1994: 19), existía una deuda acumulada por parte del Estado hacia el programa de IVM del ISSS en concepto de la cotización del 0,5 por ciento sobre los salarios. Entre 1983 y 1993, "el aporte estatal del 0.5 % debió generar 152 millones de colones (…), pero solo fue de 10 millones". 65 GOES (2014), pág. 27.
Un aumento de un punto porcentual en la rentabilidad promedio a lo largo de la vida laboral puede incrementar el monto de la pensión hasta en un 20 por ciento
  • Bernstein
Un aumento de un punto porcentual en la rentabilidad promedio a lo largo de la vida laboral puede incrementar el monto de la pensión hasta en un 20 por ciento (Bernstein et al., 2005: 6).