La legislación española en materia migratoria mantiene y perpetúa una aceptación del migrante exclusivamente como trabajador/a conduciéndole a espacios laborales no cubiertos pro la población autóctona. Esto produce una integración subalterna, claramente deficiente y discriminatoria, que es preciso corregir.
Las claves de la integración laboral de la población inmigrada son la inserción laboral digna y el estatuto jurídico estable. Por ello, el papel del Estado y de empleadores y sindicatos es fundamental para evitar situaciones de explotación y precarización.
Por, además, para una integración plena es necesario el reconocimiento de derechos en igualdad con la población autóctona. No solo derechos sociales básicos (como educación, sanidad o empleo) sino también derechos de ciudadanía, de participación política, que potencian la integración y el sentimiento de pertenencia al espacio donde se habita.