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El reconocimiento y la reglamentación del ejercicio de la profesión de entrenador deportivo en Colombia y en España: del riesgo social a la seguridad y a la salud de los deportistas Néstor Ordóñez Saavedra Nicolás de la Plata Caballero

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Resumen: El artículo 26 de la Constitución Política de Colombia expresa el libre derecho de las personas para elegir su profesión; además expresa el riesgo social de manera indeterminada; el concepto es desarrollado por la Corte Constitucional. En España, la protección constitucional es algo más limitada, en línea con la reserva legal para regular los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesionales tituladas, previsto en el artículo 36. La concreción de determinadas titulaciones para ejercer dichas profesiones, incluida la de entrenador, se basa en proteger el derecho a la salud y la seguridad de los usuarios de actividades deportivas. En este sentido, y luego de la revisión de algunas fuentes de Derecho (Constitución, leyes, jurisprudencia y doctrina), se concluye que la actividad de entrenamiento deportivo implica un riesgo social, por lo que no puede haber un libre ejercicio de éste, afectando también al derecho a la salud y a la seguridad. Así, este trabajo establece que tanto el legislador colombiano como el regional español han definido válidamente la actividad de entrenador como profesión, para lo que es constitucionalmente admisible la exigencia de títulos de idoneidad protegiendo el interés general de congruencia con el principio de la dignidad humana como derecho fundamental. Palabras clave: riesgo social, ejercicio profesional, colegio profesional, entrenador deportivo. Abstract: Article 26 of Colombia's Political Constitution express people's liberty for chose their profession; although it express too the social risk as an indeterminate; the Constitutional Court in several sentences developed this concept. In Spain, the constitutional protection is more limited, in line with the legal reserve to regulate professional associations and the exercise of the titled professionals, laid down in article 36. The realization of certain qualifications to exercise these professions, including that of coach, is based on protecting the right to health and safety of users of sporting activities.
1
El reconocimiento y la reglamentación del
ejercicio de la profesión de entrenador deportivo
en Colombia y en España: del riesgo social a la
seguridad y a la salud de los deportistas
Néstor Ordóñez Saavedra
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (Bogotá)
Nicolás de la Plata Caballero
Universidad Europea de Madrid
Resumen: El artículo 26 de la Constitución Política de Colombia expresa el
libre derecho de las personas para elegir su profesión; además expresa el riesgo
social de manera indeterminada; el concepto es desarrollado por la Corte
Constitucional.
En España, la protección constitucional es algo más limitada, en línea con la
reserva legal para regular los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesionales
tituladas, previsto en el artículo 36. La concreción de determinadas titulaciones para
ejercer dichas profesiones, incluida la de entrenador, se basa en proteger el derecho a
la salud y la seguridad de los usuarios de actividades deportivas.
En este sentido, y luego de la revisión de algunas fuentes de Derecho
(Constitución, leyes, jurisprudencia y doctrina), se concluye que la actividad de
entrenamiento deportivo implica un riesgo social, por lo que no puede haber un libre
ejercicio de éste, afectando también al derecho a la salud y a la seguridad. Así, este
trabajo establece que tanto el legislador colombiano como el regional español han
definido válidamente la actividad de entrenador como profesión, para lo que es
constitucionalmente admisible la exigencia de títulos de idoneidad protegiendo el
interés general de congruencia con el principio de la dignidad humana como derecho
fundamental.
Palabras clave: riesgo social, ejercicio profesional, colegio profesional,
entrenador deportivo.
Abstract: Article 26 of Colombia’s Political Constitution express people’s liberty
for chose their profession; although it express too the social risk as an indeterminate;
the Constitutional Court in several sentences developed this concept.
In Spain, the constitutional protection is more limited, in line with the legal
reserve to regulate professional associations and the exercise of the titled
professionals, laid down in article 36. The realization of certain qualifications to
exercise these professions, including that of coach, is based on protecting the right to
health and safety of users of sporting activities.
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In this sense, and because of the revision of several law sources (Constitution,
laws, jurisprudence and doctrine), the present paper concludes that sports training
activity involves a social risk, so there cannot be a free exercise of it, also affecting the
right to health and safety. Thus, this work established that both the Colombian
legislator as the regional Spanish, defined properly the activity of coaching as a
profession, which makes it constitutionally admissible for requires competence
certificates to protect common interest in keeping the principle of human dignity as a
fundamental right.
Key words: social risk, professional exercise, professional college, sports
coach.
S
UMARIO
: I. Introducción.- II. Concepto de entrenador deportivo.- III. El
reconocimiento y el ejercicio de la profesión de entrenador deportivo en Colombia: A.
Antecedentes de los proyectos de ley sobre esta materia.- B. Consideraciones frente a
las objeciones presidenciales y la Sentencia C-307-2013.- IV. La regulación de la
profesión de entrenador deportivo en España: A: Marco competencial: ¿Estado a
Autonomías?.- B. Regulación estatal a futuro.- C. Regulación autonómica.- V.
Conclusiones.- VI. Bibliografía.
I. Introducción
Hasta hace pocos años en España no era obligatorio poseer un título
oficial para ejercer ninguna de las profesiones del ámbito de la actividad física y
del deporte, salvo las ligadas a la educación física como asignatura obligatoria
de los niños desde los 6 hasta los 17 años. En Colombia tampoco. Por ello la
profesión de entrenador no estaba garantizada por las autoridades públicas, y
han sido las federaciones deportivas las que han exigido una titulación para
poder ejercer como entrenador en las competiciones desarrolladas durante
cada temporada: en España de forma generalizada y en Colombia solamente
las más representativas.
En España esa titulación era desarrollada exclusivamente por cada
federación, hasta que la actual Ley del Deporte 10/1990 de 15 de octubre
determinó que las titulaciones de técnico deportivo (entrenadores) debían ser
reguladas por el Estado: de ese modo conviven actualmente títulos privados
aprobados por las federaciones y títulos oficiales con rango educativo
aprobados por el Estado. Pero esta situación ha cambiado en los últimos años,
puesto que la inmensa mayoría de las federaciones deportivas han apostado
por regularizar sus titulaciones y establecerlas conforme a la normativa oficial
educativa.
Por su parte, Colombia ha vivido un intrincado proceso legislativo de
ocho años. El proyecto de Ley «por medio de la cual se reglamenta la actividad
del entrenador (a) deportivo (a) y se dictan otras disposiciones» fue aprobado
en 2012 y posteriormente objetado por el Ejecutivo; sin embargo, la Corte
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Constitucional resolvió las objeciones en el año 2013. Nunca antes ha habido
una regulación pública sobre los entrenadores deportivos, y para ello ha habido
que basarse en el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, por el
que el Congreso de la República puede adoptar leyes con el objeto de
reconocer y reglamentar algunas profesiones. La jurisprudencia establece que
para imponer requisitos de formación académica al ejercicio de una actividad
debe existir un riesgo social en su aplicación: y eso ha sido lo demostrado por
fin con la Sentencia C-307-2013.
Y en España, bajo la competencia autonómica, se están regulando
varias profesiones deportivas entre las que destaca la del entrenador. Primero
fue la Ley catalana de 2008 y ahora son ya varias las Comunidades Autónomas
españolas que poseen una regulación que incluye la exigencia a los
entrenadores de la posesión del título de técnico deportivo. Hoy existe esta
regulación, bien mediante una ley específica, bien dentro de la legislación
deportiva general, en Cataluña, La Rioja, Extremadura, Andalucía, Madrid y
Murcia con disposiciones a las que luego se hará referencia.
En general se reconocen, como profesiones del ámbito del deporte, las
del director deportivo, el preparador físico, el monitor deportivo, y el entrenador
deportivo. Así este entrenador deportivo (del modo clásico, de competición)
requerirá disponer del título de técnico deportivo correspondiente, y en algunas
Comunidades se habilita también a los Graduados en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte con especialización en una modalidad deportiva.
II. Concepto de entrenador deportivo
Entendemos que un entrenador deportivo es aquella persona física que
planifica, dirige y ejecuta de modo principal los planteamientos técnico-tácticos
de un equipo o de un deportista individual, que participará en una competición
deportiva federada.
Es decir, debemos estar ante:
Una persona única, que es la máxima responsable del entrenamiento.
Dentro de una modalidad deportiva oficial
Dentro de una competición federada.
Por ello, el personal trainer o el técnico de fitness, de sala, etc., el
animador, también entrenan, aplican la teoría del entrenamiento con adultos o
niños, pero no están inmersos dentro de un deporte federado, sino en otra
esfera.
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En el lenguaje coloquial y periodístico recibe multitud de
denominaciones: entrenador (a secas), técnico (deportivo o sin más), míster
(en la versión más futbolera y actualmente de tinte machista), monitor, etc.
En esa línea, tanto la nueva ley del entrenador en Colombia como la
normativa española nos aportan unas visiones en algunas ocasiones
diferentes:
La iniciativa legislativa colombiana nos lleva a una definición más
amplia que engloba al entrenador de deporte federado y al entrenador personal
o técnico de fitness: «Entrenador (a) deportivo (a) es el responsable de orientar
con idoneidad procesos pedagógicos de enseñanza, educación y
perfeccionamiento de la capacidad motriz específica de individuos que
practican un determinado tipo de deporte o modalidad deportiva» (art. 2).
La Ley del Deporte de España nos habla de «técnicos deportivos» (art.
55) o «técnicos» (arts. 30 y ss.), sin ofrecer definición alguna. Igualmente
ocurre con el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones
Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas.
A través del artículo 63 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, (y su desarrollo con el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre,
por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de
régimen especial), se viene a indicar que «1. Las enseñanzas deportivas tienen
como finalidad preparar a los alumnos para la actividad profesional en relación
con una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar su adaptación a
la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa […]. 3. Las
enseñanzas deportivas se organizarán tomando como base las modalidades
deportivas, y, en su caso, sus especialidades, de conformidad con el
reconocimiento otorgado por el Consejo Superior de Deportes».
Solamente podemos encontrar una interpretación amplia del concepto
de técnico, establecida por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que
indica que va más allá del entrenador: es decir, una persona que tiene su
titulación oficial de técnico deportivo, pero que en ese tiempo no entrena a
nadie, pero sí ejerce funciones de asesoramiento técnico. Así lo expresa el
Tribunal al hacer suyos los razonamientos extensivos de una Junta Electoral
1
en el sentido de que se puede ser técnico deportivo sin ejercer directamente de
1
«No pudiendo hacer una interpretación restrictiva a aquellas personas que únicamente
entrenan, pues el ámbito del técnico es un ámbito mucho más rico que el mero entrenar, como
puede ser el ser nombrado por la Federación Internacional como Técnico para la organización,
preparación, ejecución y evaluación de una prueba olímpica. Por otro lado, el participar en
seminarios de nivel internacional en la formación de técnicos, igualmente debe ser tenido en
cuenta a la hora de valorar la inclusión o exclusión del censo de técnicos, ya que es esa
condición de técnico la que le habilita para dar esa formación y asumir esas responsabilidades»
(FJ 5.º de la Resolución acumulada del Tribunal Administrativo del Deporte de 14 de octubre de
2016, Expedientes núms. 656, 660, 663, 666, 669, 688, 689/2016).
5
entrenador en competiciones (como profesor de cursos, como responsable de
alguna organización técnica, etc.), todo ello al interpretar la Orden
ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos
electorales en las federaciones deportivas españolas.
En paralelo, la legislación autonómica española contrapone la figura
del entrenador con la de monitor deportivo (este más en la línea del fitness o la
iniciación deportiva, cuestión última mínimamente dudosa ya que creemos que
en este caso estamos ante otro entrenador más).
III. El reconocimiento y el ejercicio de la profesión de entrenador
deportivo en Colombia
A. Antecedentes de los proyectos de ley sobre esta materia
Desde el año 2010 el Comité Olímpico Colombiano y la Asociación Red
Colombiana de Facultades del Deporte, Educación Física y Recreación
(Arcofader) trabajaron en la construcción de una propuesta en el marco del
ejercicio profesional del entrenador deportivo. Esta iniciativa se construye con
el espíritu de «contribuir al mejoramiento de los procesos de preparación
deportiva», para proteger a los practicantes de deficientes ofertas de formación
o perfeccionamiento deportivo, que están siendo realizadas por algunos
entrenadores que no cumplen con estándares de idoneidad profesional. En
este sentido, el proyecto de Ley fue radicado en la Cámara de Representantes
el 11 de mayo de 2011. Surtido el trámite legislativo, la iniciativa fue aprobada
en el año 2012, la cual fue objetada por el Presidente de la República, por
razones de inconveniencia e inconstitucionalidad.
La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-307 del mayo 22 de
2013, declaró: i) infundada la objeción gubernamental por inconstitucionalidad,
formulada por el Gobierno Nacional en relación con el proyecto de Ley 180/11
Senado, 248/11 de Cámara: «por la cual, se reconoce y reglamenta el ejercicio
de la profesión del (la) entrenador (ra) deportivo (va) y se dictan otras
disposiciones», en relación con la vulneración del artículo 26 de la Constitución;
ii) fundada la objeción gubernamental por inconstitucionalidad, «formulada por
el Gobierno Nacional en relación con la mencionada iniciativa legislativa», por
desconocimiento del artículo 154 de la Constitución.
6
B. Consideraciones frente a las objeciones presidenciales y la Sentencia
C-307-2013.
Para efectos del presente apartado, solo se abordará lo inherente al
riesgo social. En primer rmino, sobre las objeciones presidenciales al
proyecto de Ley que fue aprobado en el Congreso de la República.
Posteriormente, se tratará lo relacionado con la Sentencia C-307 de 2013.
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 26, establece dos
pilares fundamentales en materia de profesiones, ocupaciones, artes y oficios.
Son ellos la delegación a la ley para exigir títulos de idoneidad, y lo referente a
que las citadas actividades que no exijan formación académica son de libre
ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
De acuerdo con una de las objeciones presidenciales, la profesión del
entrenador deportivo no produce riesgo social, y en tal condición no puede
integrarse dentro del contexto constitucional para estos efectos, y se apoya en
una reiterada jurisprudencia constitucional, donde algunos afectados (sin la
formación académica) demandan por el derecho a la igualdad y otros derechos
fundamentales. Como puede observarse, la objeción parte de una posición
sofística, debido a que coloca al entrenador deportivo en igualdad de
condiciones con quienes ejercen actos comunes y corrientes, sobre la supuesta
base de no existir formación académica, cuando la realidad es que el proyecto
de ley pretendía elevar el status del entrenador deportivo, para que, mediante
la formación académica, pudiera acreditarse, ya sea a través de la tarjeta
profesional o registro provisional, otorgado por un cuerpo colegiado de
naturaleza privada.
Por lo expresado, da grima la apreciación de la objeción presidencial, en
cuanto invita a la mediocridad y al conformismo, cuando lo que se requiere hoy
en día es formación integral educativa, de la cual no puede estar exenta por
ninguna razón el entrenamiento deportivo como disciplina, ya establecido
ampliamente en número importante de programas académicos en instituciones
de educación superior de orden nacional e internacional. Por esta razón, un
entrenador deportivo, además de profundos conocimientos en su deporte
específico, en lo cual puede no diferir de los deportistas de altos resultados,
requiere una sólida formación en ciencias o disciplinas del deporte, tales como
fisiología deportiva, bioquímica del deporte, biomecánica deportiva, psicología
deportiva, nutrición deportiva, pedagogía y didáctica, las cuales requieren un
abordaje académico de nivel superior.
La Corte Constitucional en la Sentencia C-226-94 establece una
diferenciación entre las profesiones, ocupaciones, artes y oficios. En este
sentido, en la mencionada Sentencia se expresa:
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«Lo expuesto se fundamenta en que el constituyente supone que las
profesiones van ligadas a una necesaria cuota de escolaridad, la cual se
presentaría como garantía de aptitud para realizar la labor profesional. De esa
manera, se reduce el riesgo social que puede implicar para la sociedad el
ejercicio de una actividad profesional. En cambio, el Constituyente entiende
que las ocupaciones, artes y oficios, por lo general, no requieren formación
académica y no comportan un riesgo social».
Por lo anterior, debe quedar claro que cuando hablamos de la actividad
de entrenamiento deportivo, estamos haciendo referencia a una profesión, y no
a un arte u oficio; profesión, que debe ser ejercida por una persona idónea,
dotada de una suficiente preparación académica.
Considerando que la actividad del entrenamiento deportivo da origen a
una profesión que implica un riesgo social, en la elaboración del proyecto de
Ley se consideró el reiterado pronunciamiento de la Corte: «el objetivo de la
reglamentación de las profesiones no es consagrar privilegios en favor de
determinados grupos sociales sino controlar los riesgos sociales derivados de
determinadas prácticas profesionales». Por tal motivo, en los requisitos para
obtener Tarjeta Profesional o Registro, se tuvo especial precaución de no
favorecer a ningún grupo social, que en la actualidad viene ejerciendo la
profesión de entrenador deportivo.
Se puede colegir que el mencionado proyecto de Ley ha considerado y
valorado la realidad nacional, específicamente en todo lo atinente al ejercicio
de la profesión de entrenador deportivo; actividad que requiere de una
intervención del legislador, la cual permitirá establecer unas condiciones
académicas, para así poder mitigar el riesgo social producto de una
preparación deportiva. A su vez, resulta infundado el argumento, cuando en las
objeciones de inconstitucionalidad se menciona que se está violando el
derecho al trabajo; por el contrario, el proyecto de Ley incluyó a todos los
entrenadores deportivos con o sin formación académica. En este sentido, se
establecen unos plazos razonables para cumplir con ciertos requisitos mínimos,
que son indispensables en el ejercicio profesional.
En las objeciones de inconstitucionalidad, se trata de plantear
infundadamente que no existe riesgo social en el marco del ejercicio
profesional del entrenamiento deportivo. La Corte ha manifestado que son
legítimas las regulaciones, si estas se fundamentan de manera razonable en el
control del riesgo social. En este aspecto, el proyecto de ley no violó ningún
precepto constitucional en esta materia, debido a que su finalidad fue mitigar, a
través de la formación académica, el riesgo social en el contexto del
entrenamiento deportivo. De igual forma, el legislador determinó unos
requisitos que son estrictamente necesarios para proteger el interés general en
8
congruencia con el principio de la dignidad humana; tampoco, se puede
aseverar que un tratamiento legislativo diferente de las personas, implica una
violación del principio de igualdad. Por lo anterior, es infundado el argumento
cuando en las objeciones de inconstitucionalidad se hace uso de la típica
doctrina overinclusive statute (clasificación demasiado amplia), porque el
proyecto de Ley, incluyó e involucró a todas las personas que efectivamente
ocasionan un riesgo social mediante el ejercicio de su profesión.
La objeción de inconstitucionalidad resulta infundada cuando se afirma
que el proyecto de Ley deja de lado las «profesiones de ciencias afines que
también pueden actuar como entrenadores deportivos». Esta expresión resultó
un exabrupto epistemológico, debido a que las denominadas profesiones de
ciencias afines no existen. Por lo general, estas ciencias aplicadas o disciplinas
aplicadas obedecen a formaciones pos graduales (en el nivel de
especialización, maestría o doctorado), a las que aplican profesionales
universitarios de medicina, psicología, nutrición, educación física, ciencias del
deporte, cultura física, entre otros. En este orden de ideas, es relevante
observar que la actividad debe ser ejercida por un profesional que dirija el
proceso de preparación deportiva, situación que no puede ser realizada por un
profesional de la medicina, psicología, fisioterapia, nutrición u otro.
De otra parte, resulta absurdo que, en las objeciones de inconveniencia,
se haya afirmado que un ex deportista pueda convertirse en entrenador, tal y
como viene ocurriendo en nuestro país. Aceptar este descabellado
planteamiento de la Presidencia de la República es negar todo el desarrollo
científico y académico que ha construido la humanidad en el área del deporte.
En el marco de la metodología de investigación aplicada para el
presente trabajo, en la línea jurisprudencial se estableció como Sentencia hito
la C-166-15, lo que se constituyó en un aspecto clave para resolver el siguiente
interrogante: ¿la acción propia del entrenamiento deportivo, constituye riesgo
social?, lo que resulta crucial para poder plantear la necesidad de la
promulgación de una ley ordinaria, en la que se reconozca y se reglamente el
ejercicio de la profesión de entrenador deportivo en Colombia.
En las intervenciones del Procuraduría General de la Nación y la
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), se planteó
claramente que, en la acción del entrenamiento deportivo, está presente el
riesgo social. Asimismo, que la formación académica contribuye a la
prevención y mitigación de ese riesgo social. En consecuencia, las objeciones
del Ejecutivo en el marco del artículo 26 de la Constitución Política de Colombia
son infundadas; sin embargo, es importante aclarar que la Corte, en la
Sentencia C-307-2015, interpretó de manera parcial y superficial el concepto
9
remitido por el Procurador, algo inadmisible y reprochable para esa
Corporación.
Para resolver las objeciones en materia del riesgo social, la Corte
planteó el siguiente interrogante:
¿Vulnera el proyecto de Ley número 180/11 Senado, 248/11 Cámara:
«por la cual se reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión del (la)
entrenador (ra) deportivo (va) y se dictan otras disposiciones», el artículo 26 de
la Constitución Política que consagra la libertad de ejercicio de ocupaciones y
oficios, al exigir títulos de idoneidad a los entrenadores deportivos, ocupación
que debe ser considerada de libre ejercicio por no requerir de formación
académica, ni entrañar un riesgo social?.
En este orden de ideas, la Corte hizo uso de una jurisprudencia
consignada en la C-191 de 2015, en la que se señala que la potestad del
legislador otorgada por la Constitución es la «manera de hacer pública la
aptitud adquirida merced a la formación académica»; en el mismo sentido, se
cita la Sentencia C-050-1997, en la que se hace referencia a la exigencia del
legislador de los títulos de idoneidad, así: «responde, entre otras cosas, a la
necesidad social de contar con una certificación académica sobre la idoneidad
de sus titulares». Finalmente, en la revisión jurisprudencial, la Corte ratifica lo
expresado en la Sentencia C-964 de 1999 sobre el riesgo social, en el que se
establece una clara diferencia entre las contingencias individuales y el amparo
del interés general, lo que se resume en «salvaguarda de intereses colectivos
que se materializan en la protección de los derechos constitucionales de los
posibles usuarios del servicio».
La Corte una vez hecha la revisión jurisprudencial, deduce: i) el
Congreso, en uso de su libertad de configuración, definió la actividad de
entrenador deportivo como una profesión; ii) la decisión del legislador sobre la
profesión de entrenador se fundamenta en su condición interdisciplinaria y en la
existencia de una teoría y unos principios que rigen el entrenamiento deportivo
y que ordenan esta materia; iii) la profesión se apoya en la naturaleza
pedagógica del entrenamiento deportivo, que busca desarrollar las
capacidades de los practicantes; iv) para el ejercicio del entrenamiento
deportivo se requieren de destrezas pedagógicas y de formación académica,
por eso el legislador puede exigir títulos de idoneidad.
En la misma línea, la Corporación en la señalada Sentencia plantea
que, así se considere la actividad del entrenador como un oficio, estará
presente el riesgo social, porque existen riesgos contra la integridad física y
para la vida de los practicantes. Es por esta razón, que la Corte manifiesta
claramente que es necesario limitar el libre ejercicio, lo cual es posible con la
exigencia de conocimientos en esta materia o la formación académica. Nótese
10
que la Corte no se compromete de manera concreta con los títulos de
idoneidad, porque deja la puerta abierta cuando se refiere a conocimientos en
esta materia y a que puede ser un oficio; sin embargo, concluye que el
proyecto de Ley no vulnera el artículo 26 de la Constitución Política, por las
siguientes razones: (i) es definida por el legislador como profesión,
razonadamente; (ii) tiene un contenido académico: componente
interdisciplinario, existencia de una teoría y métodos propios; (iii) es de
naturaleza pedagógica, por lo que su ejercicio impone ciertos conocimientos;
(iv) puede, en determinados niveles, entrañar riesgo social.
En suma, la Corte encontró que el legislador definió válidamente la
actividad de entrenador como una profesión, que entraña riesgo social. Para
estos efectos, el entrenamiento como tal exige un conocimiento; por esto,
constitucionalmente es admisible la exigencia de títulos de idoneidad, tal y
como se señala en el proyecto de ley. Empero, es importante señalar que el
caso no fue resuelto en su totalidad, porque la Corte declaró fundada la
objeción presidencial de que el Congreso no tenía la iniciativa para proponer la
creación del Consejo Nacional de Acreditación Profesional de los (las)
Entrenadores (as) Deportivos (vas); situación que obligó a la presentación de
un nuevo proyecto de Ley en el año 2015.
IV. La regulación de la profesión de entrenador deportivo en España
A. Marco competencial: ¿Estado o Autonomías?
Desde el año 2006 se ha venido desarrollando un relevante movimiento
para que las diversas profesiones del deporte (entre las que siempre ha estado
el entrenador) se regulen en España, que en principio fue liderado por el
Estado pero que pronto fue sustituido por la iniciativa legislativa autonómica. La
regulación implicará que:
su ejercicio requerirá de una titulación oficial académica o profesional
concreta (profesión titulada);
o que para su ejercicio sea necesario la posesión de ciertos requisitos,
sin una titulación precisa.
A nuestro entender, la regulación profesional del sector deportivo debe y
está siendo formalizada como profesión titulada siendo una competencia
compartida entre el Estado y las diversas Comunidades Autónomas con
competencia sobre la materia (seis con carácter de exclusiva) de forma que el
Estado posee capacidad para determinar unas previsiones básicas (por
11
ejemplo, regular los aspectos esenciales del ejercicio de las profesiones del
deporte, reconocer expresamente cuáles son estas profesiones, concretando
las titulaciones y asignarles las competencias asociadas respecto a
nomenclatura, tipología de actividades o instalaciones), mientras que serían las
Comunidades Autónomas las que desarrollarían esta regulación, describiendo
las acreditaciones necesarias, el procedimiento administrativo y sancionador, la
inspección, y atribuyendo a cada profesión el ámbito funcional específico que le
corresponde, entre otras cuestiones.
La motivación fundamental para que el legislador (estatal o autonómico)
regule la profesión titulada de entrenador ya ha venido referida en el Real
Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial (que es el que
establece las titulaciones de técnico deportivo, o sea, de los entrenadores): la
salud y la seguridad de los deportistas o usuarios.
En esa línea, la Constitución Española reserva un relevante papel al
Estado
(vía art. 36)
2
respecto a la regulación de los Colegios profesionales y el
ejercicio de las profesiones tituladas (art. 149.1.30.ª), cuestión reforzada a
través de la eliminación de obstáculos a la libertad de circulación de personas
del artículo 139. Pero la realidad es que no lo ha ejercido hasta la fecha en el
deporte.
La mayoría de la doctrina
3
, así como el Anteproyecto de Ley sobre
ordenación del ejercicio de determinadas profesiones del deporte
4
(auspiciado
2
Espartero llega a observar que realmente estamos ante una competencia exclusiva del
Estado: «Pero creemos que estas notables iniciativas que se proyectan cargadas de razón,
desafortunadamente, se encuentran ayunas de razones jurídicas a partir del momento en que
la regulación del ejercicio profesional es una competencia exclusiva del Estado».
Cfr. J. Espartero Casado, «Por la necesaria intervención estatal en la regulación de las
profesiones del deporte», en Cultura, Ciencia y Deporte: Revista de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de la Universidad Católica de San Antonio, núm. 31 (2016), p. 18.
3
Véase, como maravillosa síntesis de esta doctrina, lo que indican nuestros compañeros:
«la publicación de la reiterada Ley 25/2009 [Colegios Profesionales], con su expresa remisión a
la competencia estatal para la determinación de la colegiación profesional como condición
indispensable para ejercer una profesión titulada, tiene un más que difícil encaje con los
planteamientos que postulan la competencia autonómica para la regulación del ejercicio
profesional en el deporte».
Cfr. A. Palomar Olmeda, J. Espartero Casado y R. Terol Gómez, La regulación del
ejercicio profesional en el ámbito del deporte. Viabilidad de una ley estatal ordenadora de la
profesión de educador físico deportivo, Consejo COLEF-ISDE, Madrid, 2018, p. 41.
4
1.ª (Habilitación competencial).
«1. Sin perjuicio de la competencia del Estado para dictar aquellos preceptos relativos a su
propia organización y los que se refieren a los intereses que afectan al deporte estatal en su
conjunto, la presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.3 de la Constitución Española
respecto a aquellas Comunidades Autónomas que no hayan asumido en sus respectivos
Estatutos de Autonomía la competencia en materia de ejercicio de profesiones tituladas.
2. Se exceptúan de dichas habilitaciones constitucionales los artículos siguientes:
a) Los artículos 1, 2, 4.1, 5.1, 6.1, 7 y 9 que se dictan al amparo del artículo 149.1.1.º y
16.º de la Constitución Española.
12
por el Consejo Superior de Deportyes en el año 2008), y la Ley de Cataluña
3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte, coinciden en
dicha competencia compartida: por nuestra parte observamos cómo indicaba
anteriormente Espartero, que el Estado (a través de lo detallado en los artículos
139 y 149.1.1.ª de la Constitución, e incluso tangencialmente con su
competencia exclusiva sobre la legislación laboral: art. 149.1.7.ª CE) podría
exigir dicha competencia, si bien hasta la fecha no ha sido esa su línea y es
política y constitucionalmente más complicado.
Tras el notable avance que supuso en los años 2007 y 2008 la Comisión
del Consejo Superior de Deportes sobre la regulación del ejercicio de la
actividad físico deportiva, culminada en el Anteproyecto de Ley sobre
ordenación del ejercicio de determinadas profesiones del deporte, se fue
perdiendo dicho empuje.
Retomado en la breve etapa de José Ramón Lete en el Consejo
Superior de Deportes, es el Consejo General de Colegios Profesionales de
Educación Física y del Deporte (Consejo COLEF) su gran valedor. En esa
línea, se esperaba una futura ley estatal que el Consejo Superior de Deportes
(con el Gobierno del Partido Popular) estaba diseñando, si bien no con
demasiada premura, pero la realidad es que con el cambio de Gobierno no se
prevé que dicha norma se apruebe, y en cualquier caso hasta la fecha lo único
documentado es un breve informe sobre su contenido realizado desde el
COLEF y un denso y profundo Informe sobre la posibilidad de actuación por
parte del Estado ante las Comunidades Autónomas encargado por el propio
Colegio Profesional.
Este informe incluye una propuesta de texto articulado, y detalla con
rotundidad que «puede admitirse que existe una justificación suficiente para
que el legislador optase por regular la profesión que conecta directamente con
la actividad física y el deporte»
5
.
Tampoco el Anteproyecto de Ley del Deporte (2019) elaborado por el
Partido Socialista y un grupo de expertos incluye ningún tipo de consideración
al respecto.
b) El artículo 3.1 y 3.5, que se dicta al amparo del artículo 149.1.1.º, 16y 30.º de la
Constitución Española
c) El artículo 10, la disposición adicional 5.ª, la disposición transitoria 1.ª, apartado 3,
disposición transitoria 2.ª, apartado 5, disposición transitoria 3.ª y la disposición final 6.ª, que se
dictan al amparo del artículo 149.1.1.º, 16.º y 18.º de la Constitución Española.
d) El artículo 19 se dicta al amparo de los artículos 51.1 y 149.1.1.º, 13.º y 16.º de la
Constitución Española.
5
A. Palomar Olmeda, J. Espartero Casado y R. Terol Gómez, La regulación del ejercicio
profesional en el ámbito del deporte. Viabilidad de una ley estatal ordenadora de la profesión
de educador físico deportivo, Consejo COLEF-ISDE, Madrid, 2018, p. 83.
13
Las reticencias a que esta cuestión se regule radican, principalmente, en
la crisis económica que padecemos, en la Directiva sobre Servicios
6
y su
transposición a España (que tienden a desregular todos los mercados), así
como la línea impuesta habitualmente en la misma dirección desde los
Ministerios de Economía y Hacienda (Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio).
Asimismo, para dar el impulso necesario al proceso de transposición,
también se ha optado por la elaboración de una Ley Ómnibus
7
que retoca la
legislación española para adecuarla a los principios de la Ley sobre el libre
acceso y ejercicio de las actividades de servicios, y que en definitiva, va en
contra de la línea de regulación forzosa de las profesiones, máxime en aquellas
que a día de hoy no están reguladas. Incluso se propone, desde el Gobierno
español, eliminar al máximo la colegiación obligatoria.
B. Regulación estatal a futuro
Basándonos en el único documento actual que establece un avance de
regulación de lege ferenda (el Informe del Consejo COLEF), creemos que el
alcance que proponen es demasiado alicorto, puesto que aboga por regular
únicamente las situaciones sobre las que el Graduado o licenciado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte puede incidir.
El propio informe, basándose en la jurisprudencia constitucional,
reconoce que, aunque prima la vinculación titulaciones superiores-profesiones,
nada impide que existan otras reservas profesionales respecto a otro tipo de
titulaciones oficiales. Los autores entienden que es más operativa («lo
razonable es regular la profesión únicamente en el ámbito de las titulaciones
superiores»
8
) esta correspondencia para evitar un conflicto directo con la leyes
autonómicas aprobadas y por el carácter multidisciplinar del graduado.
Siendo cierto todo ello, creemos que, en el ámbito que nos ocupa, debe
protegerse la figura del entrenador deportivo, reservando que quienes ejerciten
6
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior [Diario Oficial L 376, de 27 de diciembre de
2006]. Con el fin de crear un auténtico mercado interior de servicios en 2010, la Directiva
«Servicios» tiene como objetivo facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores de
servicios en otros Estados miembros y la libertad de prestación de servicios entre los Estados
miembros. Esta Directiva también tiene como objetivo ampliar la posibilidad de elección de los
destinatarios de los servicios y mejorar la calidad de tales servicios tanto para los
consumidores como para las empresas usuarias de servicios.
7
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
8
A. Palomar Olmeda, J. Espartero Casado y R. Terol Gómez, La regulación del ejercicio
profesional en el ámbito del deporte, cit., p. 83
14
dicha profesión sean los titulados oficiales en cada modalidad deportiva,
además de los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con
una especialización deportiva concreta.
En cuanto al texto articulado que propone el Informe, creemos que la
propia denominación de la profesión de «educador deportivo» es bastante
complicada, máxime con la amplitud de planes de estudios oficiales que hoy
día hay en España, y en los que la salud o la gestión poseen un peso
sustancial.
C. Regulación autonómica
1. Planteamiento
Dada la inactividad en la que el Estado se ha instalado y el elevado
consenso político que el ámbito deportivo suele gozar (incluido en los territorios
autonómicos), vemos cómo hasta la fecha disponemos de seis leyes
autonómicas que regulan las profesiones del deporte, bien como un título
dentro de una ley general, o bien como una norma propia.
Cataluña: Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones
del deporte, y su actualización mediante la Ley 7/2015, de 14 de mayo, de
modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.
La Rioja: Ley 1/2015, de 23 marzo, del Ejercicio Físico y del Deporte de
La Rioja
Extremadura: Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el
ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura
Andalucía: Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía
Madrid: Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el
ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid
Murcia: Ley 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena el ejercicio
de las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Todas ellas reconocen al entrenador deportivo como una profesión, y lo
enmarcan dentro del Marco Europeo de Cualificaciones
9
.
Para aplicar esta restricción a la libertad de comercio en las profesiones
deportivas, los diversos legisladores españoles no hacen mención al riesgo
9
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a
la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (2008/C
111/01).
15
social (como ocurre en Colombia), sino que sus respectivas normas se
fundamentan en la necesidad de salvaguardar la salud y la seguridad de los
deportistas y los usuarios de servicios físico-deportivos, dado el carácter
educador, preventivo y multidisciplinar de los titulados deportivos. Así se
expresa por ejemplo la ley catalana, pionera en esta regulación pública:
a) El deporte ocupa un lugar privilegiado en el mercado económico, esto
ha propiciado la proliferación o nacimiento de numerosas profesiones u
ocupaciones.
b) Existe un creciente interés público por el deporte, que tiene una gran
incidencia en la salud y la seguridad de las personas.
c) En el mundo deportivo concurren numerosas titulaciones de diversa
naturaleza, pero el ejercicio de las actividades profesionales está siendo
asumido por personas que no tienen una formación mínima.
d) La delimitación de una determinada profesión siempre implica un
conflicto con otras profesiones que tienen alguna relación con la disciplina.
e) Siempre existirá confusión a la hora de identificar las profesiones, así
como también, con las titulaciones y los puestos de trabajo.
f) Es muy difícil regular todas las profesiones del deporte en una sola
norma, por esta razón, fueron excluidas algunas, (buceo profesional).
g) Se considera que el entrenador tiene una responsabilidad civil
relevante dado el riesgo inherente a la práctica deportiva, para lo que es
necesario la constitución de una garantía o seguro.
h) Para que el ejercicio ilegal de la profesión de entrenador deportivo sea
castigado penalmente, es necesario regular la profesión y por ello, ahora se
puede hablar de delito de intrusismo.
Analicemos brevemente cómo abordan estas seis leyes la profesión de
entrenador deportivo, por orden de antigüedad normativa.
2. Cataluña: Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del
deporte, y su actualización mediante la Ley 7/2015, de 14 de mayo, de
modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.
La Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte, obedece a
las normas básicas dictadas por el Estado español en materia de educación,
salud y lucha contra el dopaje en el deporte; en esta misma línea, la Ley 3 de
2008 no solamente regula aspectos relacionados específicamente con el
entrenamiento deportivo, sino que incorpora otros, como los profesores de
educación física y los directores deportivos.
16
Establece la profesión de entrenador deportivo (de un deporte
específico), que seguidamente al regularlo en concreto dentro del artículo 5 lo
titula como entrenador deportivo profesional (en contraposición con la figura del
voluntariado en competición y del animador-monitor deportivo fuera de la
competición).
La definición es bastante amplia: «permite efectuar el entrenamiento, la
selección, el asesoramiento, la planificación, la programación, la dirección, el
control, la evaluación y el seguimiento de deportistas y equipos, y funciones
análogas, de cara a la competición».
Las titulaciones exigidas diferencian entre quienes compiten en un nivel
normal (básico y medio) y el alto nivel:
Normal:
a) Grado/licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (con
formación o experiencia en el deporte de que se trate)
b) El título de técnico deportivo medio o superior del deporte de que se
trate.
Alto nivel:
a) Grado/licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (con
formación o experiencia en el deporte de que se trate)
b) El título de técnico deportivo superior del deporte de que se trate.
A diferencia de otras leyes autonómicas, se incluye en dicha
obligatoriedad a los ayudantes de entrenador y a los recuperadores.
Como es lógico, únicamente se aplica dicha obligatoriedad a los
entrenadores pertenecientes a entidades deportivas catalanas, no al resto de
entrenadores de clubes internacionales o del resto de España que compitan en
Cataluña.
Además, la ley (art. 1.7) obliga a que el entrenador disponga de
competencias de asistencia sanitaria inmediata, referidas a la reanimación
cardiopulmonar (en el caso de los Técnicos deportivos la tienen en la
asignatura de primeros auxilios; en los Graduados en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte no siempre es seguro que lo tengan, para lo que deberán
efectuar una acreditación desde centros autorizados por la Generalidad).
En esta primera ley, como ocurre luego en el resto, no existe la
referencia constitucional o legal sobre el riesgo social; sino que la base
competencial de actuación es el asegurar la salud y las condiciones de
seguridad de los usuarios de la práctica y el ejercicio físico-deportivo. Y es por
dicha vía como se limitan las condiciones del ejercicio de estas profesiones. Así
nos lo advierte Javaloyes, para quien este tipo de leyes busca prevenir y
promocionar la salud, evitando accidentes: «para evitar estos riesgos se debe
exigir que los profesionales que intervienen acrediten las competencias y la
17
cualificación necesaria que permita asegurar unas condiciones de seguridad
que garanticen la integridad de los practicantes”
10
Probablemente esta línea se ha podido asentar tras una nueva línea
jurisprudencial plasmada en la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/1998,
que versa sobre el ejercicio de la profesión de un profesor de educación física.
En este sentido, el Tribunal Constitucional entró a analizar un recurso de
amparo, en el marco de una decisión proferida por el Juzgado Instrucción
número 3 de Badajoz en la que se condenó a un ciudadano por el delito de
intrusismo, por haber ejercido como profesor de educación física en un colegio
privado sin hallarse incorporado al Colegio Oficial de Profesores y Licenciados
de Educación Física.
Con este fallo del Tribunal Constitucional se ratifica que el legislador es
el que determina qué profesiones quedan por fuera del principio general de
libertad, valorando cuáles requieren la incorporación a un determinado Colegio
Profesional; asimismo, la exigencia de una titulación para ejercer una profesión.
En síntesis, el legislador puede limitar el principio general de libertad mediante
la adscripción forzosa a un Colegio Profesional, lo que no significa ir en contra
de la regla general de libertad negativa de asociación que forma parte del
contenido constitucionalmente protegido en el artículo 22 de la Carta Magna
española.
Ahora bien, en gracia de discusión, aunque el Tribunal Constitucional
avala la decisión del juez de condenar al profesor de educación física por el
delito de intrusismo, con este fallo se puede concluir que, desde la perspectiva
profesional del educador físico, es obligatoria y necesaria la adscripción forzosa
al Colegio Profesional. Esta aparente restricción de libertad general se justifica
porque la actividad esestrechamente relacionada con la salud, que puede
tener repercusiones negativas, ya sea por la práctica de la actividad física o del
deporte, cuyo ejercicio conlleva un riesgo; por esta razón, en la Sentencia
194/1998 se expresa: «Debe, además tenerse en cuenta, que los destinatarios
de tales actividades son, en una buena parte de los casos, menores de edad, y
ello redunda, en unas mayores exigencias de preparación y de responsabilidad
para los que asumen dicha docencia».
10
V. Javaloyes Sanchis, «El ejercicio profesional del deporte (1): ámbito funcional y requi-
sitos de titulación de las profesiones del deporte (arts. 85 a 95)», en Comentarios a la nueva
Ley del Deporte de Andalucía, dirigidos por A. Millán Garrido, Reus, Madrid, 2017, p. 626.
18
3. Ley 1/2015 del ejercicio físico y del deporte de La Rioja
Invocando el principio de necesidad, se regula el ejercicio de las
profesiones del deporte con fundamento en el interés público. Para ello la
norma regula a los técnicos del deporte (que no cnicos deportivos) que son
todas las personas que ejercen algún tipo de labor en el ámbito físico-
deportivo; dentro de ellos distingue a los profesionales y a los que no tienen
dedicación profesional (voluntarios o profesionales con un salario inferior al
salario mínimo interprofesional, sin dedicación plena lógicamente).
Bajo ese panorama nos aparecen las siguientes situaciones, únicas en
el panorama legislativo autonómico deportivo español:
a) Profesionales:
Entrenador: que permite efectuar el entrenamiento, selección,
asesoramiento, planificación, programación, dirección, control, evaluación y
seguimiento de deportistas, equipos, y funciones análogas destinadas a la
competición, respecto de cualquier competición deportiva y de cualquier nivel
deportivo.
Titulaciones:
Licenciado/Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
con la formación establecida por la respectiva federación en la modalidad
deportiva correspondiente.
Técnico Deportivo de Grado Medio o Superior en la modalidad
deportiva.
Técnico Deportivo Superior (de otro deporte), con la formación
establecida por la respectiva federación en la modalidad deportiva
correspondiente. Esto último es realmente extraño y entendemos que no es
demasiado lógico dentro del devenir de la norma puesto que imposibilita una
adecuada formación del entrenador profesional.
Auxiliar deportivo de competición: que son quienes, formando parte del
equipo multidisciplinar del entrenador, desarrollan, bajo su tutela y supervisión,
funciones de asesoramiento, planificación y seguimiento, así como preparación
y recuperación física, que ejercerán, en su área, respecto a deportistas y
entidades deportivas que participen en competiciones de cualquier nivel
deportivo.
Las titulaciones que se requieren son: las mismas que las anteriores,
salvo que el graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte no
requiere mayor cualificación.
b) Sin dedicación Profesional:
Monitores deportivos: que dirigen actividades deportivas escolares y
en la etapa de inicio en el deporte de recreación y ocio.
19
La formación necesaria para desempeñar su competencia en el deporte
escolar será la determinada reglamentariamente por el Gobierno de La Rioja y,
en el deporte de recreación y ocio, por las federaciones deportivas a través de
diferentes niveles formativos del ámbito federado. Creemos que justamente por
tratarse de este sector infantil, con los niños, es donde se debería ser más
cauteloso y protector, y exigir las mismas titulaciones que en el ámbito
profesional.
Entrenadores: en este caso la definición es bastante confusa, puesto
que deposita la descripción en quien posea un título federativo, sin titulación
oficial. Y evidentemente la mezcla que exponemos no tiene lógica alguna
siguiendo nuestra anterior argumentación.
Monitor- entrenador en modalidades no reconocidas: habrá que poseer
el Grado o la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o el
Técnico Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva, o bien el
Técnico Deportivo de Grado Medio o Superior en cualquier modalidad deportiva
(otra cuestión que nos deja perplejos, la verdad), o el título de Monitor deportivo
o equivalente del ámbito de la formación profesional ocupacional.
Todos ellos deberán acreditar tener la formación en primeros auxilios
que determine el Plan de Asistencia Médica en el Deporte, lo que en el caso de
los técnicos deportivos oficiales asegura el plan de estudios español.
Por otro lado, la legislación riojana garantiza la unidad de mercado, por
la que cualquier profesional deportivo de España podrá prestar sus servicios en
La Rioja si cumple los requisitos que le soliciten en tu ámbito territorial propio.
4. Extremadura: Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el
ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura
La mencionada norma determina cuáles son las profesiones del deporte,
las funciones de cada una y lo requisitos para su ejercicio. En la misma línea, la
Ley pretende evitar los casos de intrusismo y de garantizar los derechos de los
consumidores y usuarios de los servicios deportivos, resaltando en la
Exposición de motivos que en Extremadura: «existen personas que dirigen
estas actividades, sin la cualificación adecuada, lo que resulta impropio de un
sistema deportivo moderno, seguro y de calidad», lo que conduce a una mala
práctica, y por ende, a la «proliferación de lesiones musculares y óseo-
articulares, con el consiguiente gasto sanitario».
La norma se aplica tanto a profesionales con retribución como
voluntarios, aplicándose con buen criterio únicamente al «profesional [que] esté
establecido legalmente en Extremadura. Dichos requisitos no serán aplicables
20
a los profesionales del deporte legalmente establecidos en el territorio de
cualquier otra Comunidad Autónoma o Estado de la Unión Europea cuando
entrenen, compitan, organicen eventos o ejerzan su profesión en Extremadura,
siempre que cumplan los requisitos de acceso a la actividad del lugar de
origen» (art. 2.4).
Su visión del entrenador es la de «aquel profesional del deporte que
orienta su actividad profesional a dirigir la práctica deportiva de los usuarios de
sus servicios elaborando para ellos y proponiéndoles actividades y ejercicios
físicos personalizados, enfocados a la competición y a la obtención de un
rendimiento deportivo», según determina el artículo 10.1.
Es notable resaltar que es la única norma española que admite
directamente que los entrenadores posean un título-diploma federativo, sin
necesidad real de disponer del título oficial de técnico deportivo. Así, en
general, las titulaciones exigidas diferencian entre quienes compiten en deporte
profesional y/o de alto rendimiento, y los demás:
Competición general: título de técnico deportivo medio o superior del
deporte de que se trate.
Alto nivel/ Deporte profesional: técnico deportivo superior del deporte
de que se trate.
Pero a diferencia del resto de las cinco leyes autonómicas, establece
una excepción en las competiciones federadas (art. 16.4): «quienes acrediten
dicha cualificación profesional mediante Diploma expedido por dichas
Federaciones o por la Dirección General competente en materia de Deportes
de la Junta de Extremadura; el Diploma deberá corresponderse con las
diferentes categorías de competición de cada modalidad o especialidad
deportiva. Cuando se actúe con deportistas y equipos profesionales, o que
participen en competiciones profesionales, o con deportistas declarados de alto
nivel o de alto rendimiento, será necesario acreditar la cualificación de
Entrenador Deportivo mediante la posesión de un Diploma Federativo del
máximo nivel».
Finalmente, es importante señalar que en la Resolución de 15 de febrero
de 2016, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación y Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con esta Ley 15/2015, los profesionales que ya hayan
accedido a la actividad deportiva en otra Comunidad Autónoma, pueden ejercer
su actividad libremente en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin que se
les puedan exigir trámites adicionales o requisitos adicionales no ligados a la
instalación o infraestructura, como el seguro de responsabilidad civil.
21
5. Andalucía: Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía
Andalucía op por aplicar sus prevenciones respecto al ejercicio
profesional del deporte dentro del marco regulador general, en los artículos 85-
101. Marca cuatro profesiones deportivas: profesor de educación física,
entrenador deportivo, monitor deportivo y director deportivo, sin una referencia
unívoca a la profesión de entrenador deportivo.
En este caso se excluyen de dicha regulación las relaciones bajo
voluntariado, por lo que muchísimos técnicos que ejercen como entrenadores
no deberán cumplir las formalidades que pasamos a describir.
La definición que nos aporta es muy certera, observando como
sinónimas las expresiones entrenador/técnico deportivo, expuestas en el
artículo 47.1, dejando de lado al monitor deportivo para las situaciones fuera de
la competición
11
:
«Se consideran entrenadores o técnicos deportivos aquellas personas
que, con la titulación exigida conforme a lo dispuesto en la presente ley,
ejercen las siguientes funciones en torno al proceso de preparación y su
participación en competiciones de deportistas y equipos en relación a una
modalidad o especialidad deportiva:
a) La instrucción e iniciación deportiva.
b) La planificación, programación y dirección del entrenamiento deportivo
y de la competición.
c) La preparación, selección, asesoramiento, conducción, control,
evaluación y seguimiento de deportistas y equipos».
A través del artículo 92 se establecen las titulaciones mínimas a
disponer para ejercer de entrenador, pero diferenciando tres categorías:
Competiciones de categoría absoluta e inmediatamente inferior en el
ámbito nacional e internacional:
a) Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
b) Técnico Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva
correspondiente.
Resto de competiciones, se exigirá uno de los siguientes títulos:
a) Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
b) Técnico Deportivo (medio o Superior) en la modalidad o especialidad
deportiva correspondiente
Escuelas de iniciación al rendimiento deportivo dirigidas a la población
en edad escolar: lo mismo que la anterior categoría.
11
Así lo observa Javaloyes Sanchis: «A nuestro entender, la figura del monitor deportivo
es más amplia y abarca muchas más posibilidades. La figura del entrenador es mucho más
restrictiva y circunscrita a un contexto deportivo determinado, el de la competición».
Cfr. V. Javaloyes Sanchis, «El ejercicio profesional del deporte», cit., p. 641.
22
El artículo 88 establece como mecanismos de garantía para «la
salvaguarda de los derechos de seguridad y salud de las personas
consumidoras o destinatarias de los servicios deportivos» un sistema a
posteriori de control e inspección, a posteriori, a través de la Inspección de
Deporte.
Por lo demás, efectúa la mejor (en nuestra opinión) regulación respecto
al ámbito de aplicación territorial:
Se aplica a los entrenadores de entidades andaluzas, cuando estén
fuera de Andalucía en concentraciones o competiciones.
Se aplica a entidades no radicadas en Andalucía, pero donde sus
entrenadores sí que actúen profesionalmente en Andalucía habitualmente.
No se aplica a quienes ejerzan su profesión ocasionalmente en
Andalucía, si son de entidades de otros países o comunidades autónomas
españolas.
Finalmente, observamos, como el profesor I. Jiménez Soto, totalmente
pertinente la obligatoriedad de disponer de un seguro de responsabilidad civil
por parte del entrenador, si bien la ley establece ciertas excepciones para
profesionales que ya están cubiertos a través de otros escenarios (art. 97). El
profesor lo justifica así: «el ejercicio profesional en el deporte en numerosas
ocasiones implica situaciones de riesgo que, por lo tanto deben ser objeto de
aseguramiento, como garantía de los practicantes y usuarios principalmente y,
cómo no, por la seguridad económica y personal del profesional»
12
.
6. Madrid: Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el
ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid
La ley madrileña era más restrictiva en relación a las titulaciones
habilitadas respecto a la profesión de entrenador, si bien ha sufrido una
reciente modificación por la que se admiten los diplomas federativos realizados
hasta 2019 y los posteriores que cumplan con el plan formativo oficial.
Establece que el entrenador es todo aquel profesional del deporte que
desempeña actividades y funciones de entrenamiento, selección, planificación,
programación, control y evaluación a deportistas y/o equipos para la
competición federada en la modalidad deportiva o especialidad
correspondiente.
12
I. Jiménez Soto, «El ejercicio profesional del deporte (2): prestación de servicios (arts.
96 a 101)», en Comentarios a la nueva Ley del Deporte de Andalucía, dirigidos por A. Millán
Garrido, Reus, Madrid, 2017, p. 671.
23
Para ellos únicamente admite la ley la titulación de Técnico Deportivo (a
secas) o Superior de la modalidad y especialidad deportiva correspondiente,
así como los diplomas por una Federación hasta 2019 en su correspondiente
deporte (cuando sea entrenador para la competición federada, lo que son
prácticamente todos) y los posteriores que cumplan con el horario, las
asignaturas y los contenidos del plan oficial (no así con las instalaciones o la
titulación del profesorado); por lo que los graduados en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte con especialización no pueden acceder a esta profesión,
cuando en la mayor parte de España sí es factible. Un problema creado donde
no lo había, y que esperemos se rectifique dado que en la mayoría de las
universidades madrileñas (y españolas) el egresado goza del conocimiento
general sobre el deporte y el entrenamiento, y suele disponer de una profunda
especialización en uno de ellos.
En paralelo, regula la figura del Monitor Deportivo en Actividad Física
Deportiva de Carácter Formativo, el cual podrá ejercer como entrenador en
competiciones escolares o eventos recreativos.
En dicho caso las titulaciones podrán ser:
cnico Deportivo (medio o Superior) de la modalidad y especialidad
deportiva correspondiente.
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
(TAFAD).
Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TEAS)
que sustituye al Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y
Deportivas.
El nuevo Técnico Superior en Acondicionamiento Físico.
Licenciatura/ Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Diplomatura en Magisterio con especialidad en Educación Física o
Grado en Educación Primaria con mención en educación física.
En los artículos 4 y 5 establece que las exigencias expuestas se aplican
tanto a quienes desarrollan el ejercicio profesional a cambio de una retribución
o en régimen de voluntariedad, cuando lo ejerzan en la Comunidad madrileña
(lo que podría colisionar con una interpretación restrictiva en contra de la
unidad de mercado nacional).
Por lo demás, esta iniciativa legislativa establece la obligación de
suscribir un seguro de responsabilidad civil para cubrir la indemnización por los
daños que se causen a terceros, así como la restricción de toda publicidad de
actividades sobre los que no exista evidencia de sus efectos beneficiosos para
la salud o no estén respaldados por pruebas técnicas o científicas acreditadas.
24
7. Murcia: Ley 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena el ejercicio de
las profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
Esta norma define al entrenador deportivo como aquella persona
profesional del deporte que entrena, selecciona, planifica, programa, controla y
evalúa a deportistas y equipos para la competición en la modalidad deportiva o
especialidad correspondiente, en el ámbito competitivo (art. 8); si es en el
ámbito escolar estaríamos hablando de la figura (idéntica a la madrileña) del
Monitor deportivo especialista de actividad física deportiva de carácter
formativo (art. 7.4).
El entrenador debe ostentar la titulación de Técnico Deportivo (a secas)
o Superior de la modalidad y especialidad deportiva correspondiente, por lo que
los graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con
especialización tampoco pueden acceder a esta profesión.
Cuando actúan en deporte profesional o de alto rendimiento, se les exige
poseer el título Superior. El Profesor de Educación Física podrá ejercer las
funciones del Entrenador en el ámbito escolar
Respecto a los Monitores Deportivos en Actividad Física Deportiva de
Carácter Formativo, las titulaciones deberán coincidir con:
cnico Deportivo (medio o Superior) de la modalidad y especialidad
deportiva correspondiente.
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
(TAFAD).
Licenciatura/ Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Si la ley madrileña dejaba alguna duda sobre cómo aplicar la unidad de
mercado a dicha exigencia de titulación, la murciana (aunque parezca en
ambos casos increíble) no deja margen de duda. En su artículo 2 (2.1 y 2.5)
establece que se aplicará en la Región de Murcia sobre cualquier tipo de
entidad aunque no tenga su sede social allí: es decir, un equipo deportivo
extranjero o de otra región española, que en origen cumple con su normativa,
en puridad debería ser sancionado si se atreve a actuar con un entrenador sin
la titulación requerida por este ley: esto es un error muy grave, que desde luego
el legislador no debería haber obviado (máxime siendo la sexta ley en
promulgarse en España, y que por lo demás, no proviene de una iniciativa
política independentista (lo que no mejoraría el error, pero lo explicaría cuanto
menos).
Así el artículo 2.1 determina que la ley «se aplica en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a las actividades físicas y
deportivas que se realicen en el marco de una prestación de servicios
profesionales», añadiendo en el artículo 2.5 que «las entidades que presten
25
servicios deportivos en esta Comunidad Autónoma, tengan o no sede social en
la propia Comunidad, deberán cumplir las exigencias que en esta ley se
establecen».
V. Conclusiones
A pesar que en la Constitución Política de Colombia de 1886 y 1991 se
expresa la libertad de escoger una profesión u oficio, la legislación puede exigir
títulos de idoneidad que constriñan parcialmente dicha libertad. Ello se
establece en base al riesgo social, que realmente se incorporar a partir de la
Carta de 1991, el cual hace parte de los derechos fundamentales.
En España, es a través del artículo 36 donde se reserva un papel al
legislador para regular los Colegios profesionales y el ejercicio de las
profesiones tituladas; su conexión con la Directiva 2006/123/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior, requiere que el legislador posea una gran
fuerza por la que incidir en la libertad de mercado y no es sino el derecho de
los usuarios deportivos a la salud y la seguridad en las actividades físico-
deportivas el que posibilita la regulación jurídica comentada en las
Comunidades Autónomas españolas, y una futura legislación estatal. Además,
de modo complementario, se deberá lograr una mejor calidad y garantías en
las actividades deportivas.
La exigencia de un título académico se fundamenta en la necesidad de
evitar un riesgo social en Colombia, y el derecho a la salud y a la seguridad en
España. Este riesgo debe ser claro y afectar o poner en peligro el interés
general y derechos fundamentales; asimismo, tiene una connotación objetiva,
que resulta relevante en el momento de reconocer y reglamentar una
determinada profesión, cuyo espíritu es prevenir y proteger los intereses de la
colectividad, que podrían resultar afectados por las impericias profesionales: en
ello se aplica un perfil muy similar al español.
El riesgo social está presente en el proceso de entrenamiento o
preparación deportiva, debido a que reúne tres condiciones: (i) es de magnitud
considerable, respecto de la capacidad que pueda tener de afectar el interés
general y los derechos fundamentales; (ii) es susceptible de control o
disminución sustantiva con la formación académica específica; (iii) tiene como
finalidad la prevención del ejercicio torpe de un oficio que pueda producir
efectos nocivos.
De esta manera, el juez constitucional colombiano debe hacer una
ponderación entre el riesgo social y la libertad de escoger una determinada
26
profesión. La libertad de escoger una profesión no debe entenderse como algo
absoluto. La iniciativa legislativa aprobada en Colombia no violó ningún
precepto constitucional, debido a que su finalidad es mitigar, a través de la
formación académica, el riesgo social en el contexto del entrenamiento
deportivo; asimismo, el legislador determinó unos requisitos que son
estrictamente necesarios para proteger el interés general en congruencia con el
principio de la dignidad humana.
Y las seis leyes regionales aprobada en España tampoco se han
excedido en las previsiones constitucionales. Los únicos escollos, salvados ya,
han estado ligados al ámbito competencial entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, y para ello el Tribunal Constitucional ya ha procedido a invalidar
mínimamente algunos preceptos legales.
Lo cierto es que el deporte ocupa un lugar privilegiado en el mercado
económico y esto ha propiciado la proliferación o nacimiento de numerosas
profesiones u ocupaciones; asimismo, existe un creciente interés público por el
deporte, que tiene una gran incidencia en la salud y la seguridad de las
personas.
En el mundo deportivo concurren numerosas titulaciones de diversa
naturaleza, pero, el ejercicio de las actividades profesionales está siendo
asumido por personas que no gozan de una formación académica mínima en
muchísimas ocasiones, tanto en España como en Colombia. Por ello es
necesario regular la profesión de entrenador, aunque pueda generar alguna
disfunción: la delimitación de una determinada profesión siempre implica un
conflicto con otras profesiones que tienen alguna relación con la delimitada; por
esta razón, siempre existirá confusión a la hora de identificar las profesiones,
tal y como sucede con la relacionadas con el deporte, así como también, con
las titulaciones y los puestos de trabajo.
El legislador es quien determina qué profesiones quedan por fuera del
principio general de libertad. En síntesis, el poder legislativo puede limitar el
principio general de libertad, mediante la adscripción forzosa a un Colegio
Profesional, lo que no significa ir en contravía de la regla general de libertad
negativa de asociación. Y todo ello por la primacía del deber de proteger el
interés general y los derechos subjetivos, lo cual requiere una formación
académica adecuada y suficiente, en la profesión que implique riesgo social o
un cierto riesgo para la salud y la seguridad de las personas.
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... Según Saavedra & Plata (2020), en España existe la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas y los colegios profesionales, pero requiere la fortaleza necesaria para incidir en la libertad de mercado. En el caso de la educación física y deportiva está apoyada en el derecho de los usuarios deportivos a la salud y la seguridad en las actividades físico-deportivas, que posibilita las diferentes regulaciones que existen. ...
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ABSTRACT: Over the last few years, intense changes have been taking place in collegiate organisations, mainly related to the evolution of the labour market, regulations and digitalisation processes. There is a need in these entities to improve access to the information they generate, and therefore the visibility of the professional collective to the public. It proposed a descriptive analysis of the information on the web portals of the autonomous collegues of physical education and sports at national level (COLEF). Considering the regulations on transparency and good governance, multiple case models, and various studies on website content and design, a checklist oriented for the OCM model was used. Information was obtained from 17 COLEFs, collecting disparate data that responded to five pillars of information: organisation, participation, communication, transparency and services. Problems of access to basic and professional information were detected, affecting the level of transparency of the corporations, both on mandatory and additional issues. From the official data collected, and despite the progress made, a gender gap similar to that of other professional groups was detected among the governing bodies and the collegiate groups themselves.
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El 23 de mayo de 2021, se sancionó la Ley 2210 de 2021, "Por medio de la cual se reglamenta la actividad del entrenador (a) deportivo (a) y se dictan otras disposiciones", norma que tardó 13 años en su aprobación. En este sentido, en el presente escrito, se explicará la cronología de esta iniciativa legislativa, así como sus implicaciones en el sector deportivo, tanto en el ámbito público como privado.
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Vivimos actualmente importantes cambios científicos y tecnológicos, una sensibilidad social y cultural de nuevos signos, y visiones paradigmáticas en constante construcción, que constituyen un espacio ideal y estimulante para nuevas y más amplias reflexiones científicas, académicas y profesionales. Frente a tales realidades, resulta apremiante una visión teórico epistemológica, no contemplativa, sino fundante, de crítica que construye, y es también apremiante revalorizar los enfoques integradores, sistémico constructivistas y hermenéuticos, para la comprensión del conocimiento pertinente, para asumir que los discursos científicos son productores de sentido, aceptando que pueden provenir de distintas racionalidades y de diversos modos de aprehensión de la realidad como fenómenos culturales y complejos; este es precisamente el caso del libro “Avances en Educación Física y Deporte” que recién sale a la luz.
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Este libro se ha escrito con el objetivo de ofrecer un espacio académico para la difusión y extensión de los conocimientos teóricos y/o prácticos sobre la educación física y el deporte, a fin de aumentar el conocimiento multidisciplinar en estas áreas. El cuerpo académico UABC-CA-331 de la Facultad de Deportes, ha liderado este ejercicio de compilación, convocando a un espacio para investigadores, académicos, profesionales, practicantes y estudiantes de diferentes instituciones de América Latina, en el que se compartan conocimientos en las modalidades de investigación empírica o teórica, revisión de literatura, o modelos conceptuales, que suponen un avance al conocimiento de la educación física o del deporte, y al progreso en el ámbito multidisciplinario, entendiendo que el conocimiento no es estático, y que no existe una única verdad, puesto que esta verdad se construye, evoluciona, y se redescubre a partir del quehacer de los profesionales involucrados De esta manera, se incorporaron diversos trabajos de revisión teórica o técnica, de divulgación, de naturaleza empírica y profesional, los cuales transitaron por la emisión de dictámenes internos y externos para su aprobación. El libro se organiza en dos partes generales. Parte I En este apartado, titulado “Temáticas de actualidad”, se presentan diversos tópicos en torno a ciencias que aplican sus conocimientos para la mejora de la práctica profesional del deporte o de la educación física; por lo que se transita por temáticas de aplicaciones psicológicas, de salud y pedagógicas, para cerrar con aspectos relacionados con la gestión deportiva. Parte II Este apartado, titulado “Educación física y deporte en tiempos de COVID-19”, produce un análisis reflexivo sobre retos, desafíos, problemáticas, y áreas de oportunidad a las que se enfrenta la educación física y el deporte ante el confinamiento y la virtualidad, como consecuencia de la enfermedad COVID-19. Espero que este libro sea uno de muchos más, para fortalecer lazos de trabajo entre las instituciones de Educación Superior de los países que aquí colaboraron, y, de este modo, seguir creando sinergias enriquecedoras del conocimiento y de las prácticas profesionales. Deseo que, a los estudiantes y profesionales de la educación física y el deporte, les despierte el interés en el estudio y la investigación sobre las diversas temáticas que giran en torno a estas disciplinas.
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El acto pedagógico entorno a los procesos de preparación deportiva, no pueden quedar solamente en las acciones encaminadas a fortalecer el proceso de Bioadaptación solamente, en términos de pedagogía del entrenamiento deportivo debemos incluir todos lo componente de la preparación, así, como el fortalecimiento de la integralidad del deportista como hecho formativo del deporte. No podemos desconocer que en la actualidad los alcances de un proceso deportivo que no guarda por completo de una idoneidad, siendo así, la profesión de entrenador, requiere de una formación pertinente, que considere un aporte a las necesidades que demanda la preparación deportiva, desde lo ético, científico y formativo. Esto obliga a que el entrenador deportivo tenga un alto desarrollo de las destrezas pedagógicas y del dominio de las ciencias o disciplinas del deporte, para poder orientar eficientemente los procesos de formación, perfeccionamiento y maestría. Para Platonov (2001) “el deporte de altos logros es una esfera de la actividad humana que se caracteriza por el desarrollo de muchas lesiones, diferentes enfermedades profesionales y estados prepatológicos y patológicos que suponen un peligro para la salud de los deportistas y la eficacia de su actividad de entrenamiento y competición”. Por esta razón, consideramos, que una sólida formación académica, contribuirá significativamente a mitigar este riesgo inherente al proceso de entrenamiento deportivo. En conclusión, a pesar que en la Constitución Política de 1886 y 1991, se expresa la libertad de escoger una profesión u oficio; así mismo, que la ley puede exigir títulos de idoneidad, incluyendo el riesgo social, el cual hace parte de los derechos fundamentales. Por tanto, la exigencia de un título académico, se hace para precaver un riesgo social. Este riesgo debe ser claro y afectar o pone en peligro, el interés general y derechos fundamentales; así mismo, tiene una connotación objetiva, que resulta relevante en el momento de reconocer y reglamentar una determinada profesión, cuyo espíritu es prevenir y proteger los intereses de la colectividad, que podrían resultar afectados por las impericias profesionales. Por otro lado, el riesgo social está presente en el proceso de preparación deportiva, debido a que reúne tres condiciones: (i) es de magnitud considerable, respecto de la capacidad que pueda tener de afectar el interés general y los derechos fundamentales; (ii) es susceptible de control o disminución sustantiva con la formación académica específica; (iii) tiene como finalidad la prevención del ejercicio torpe de un oficio que pueda producir efectos nocivos.
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En esta obra Alexy desarrolla su fundamentación de las decisiones judiciales o teoría de la argumentación jurídica. Su concepción es eminentemente racional y parte de la teoría del discurso de Habermas, en el intento de lograr un modelo de argumentación jurídica que corresponda al Estado constitucional democrático. La singularidad del punto de vista que aquí expone radica en que considera la argumentación jurídica como un caso especial del discurso práctico general.
Derechos, constitucionalismo y democracia
  • R Arango Rivadeneira
ARANGO RIVADENEIRA, R.: Derechos, constitucionalismo y democracia, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá DC, 2004.
Plan de Desarrollo Municipal
  • O Blanco Zúñiga
BLANCO ZÚÑIGA, O.: Plan de Desarrollo Municipal, Ed. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Bogotá, 2013.
«Reflexiones en torno a la Ley 3/2008, del Parlamento de Cataluña, del ejercicio de las profesiones del deporte», en Revista Jurídica del Deporte
  • A Camps Povill
CAMPS POVILL, A.: «Reflexiones en torno a la Ley 3/2008, del Parlamento de Cataluña, del ejercicio de las profesiones del deporte», en Revista Jurídica del Deporte, núm. 24 (2008).
«Por la necesaria intervención estatal en la regulación de las profesiones del deporte», en Cultura
  • Díez
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  • J Casado
DÍEZ PICAZO, L.: Derecho de daños, Civitas, Madrid, 1999. ESPARTERO CASADO, J.: «Por la necesaria intervención estatal en la regulación de las profesiones del deporte», en Cultura, Ciencia y Deporte: Revista de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Católica de San Antonio, núm. 31 (2016).
Tratado de las obligaciones, tomo I (Concepto, estructura, vicisitudes)
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  • Trotta
  • Madrid
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FEITO BLANCO, J.: Las enseñanzas deportivas en España, Reus, Madrid, 2016. HABERMAS, J.: Facticidad y validez, Trotta, Madrid, 2010. HINESTROSA FORERO, F.: Tratado de las obligaciones, tomo I (Concepto, estructura, vicisitudes), Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá DC, 2002.
El ejercicio profesional del deporte (1): ámbito funcional y requisitos de titulación de las profesiones del deporte (arts. 85 a 95)», en Comentarios a la nueva Ley del Deporte de Andalucía
  • V Javaloyes Sanchis
JAVALOYES SANCHIS, V.: «El ejercicio profesional del deporte (1): ámbito funcional y requisitos de titulación de las profesiones del deporte (arts. 85 a 95)», en Comentarios a la nueva Ley del Deporte de Andalucía, dirigidos por A. MILLÁN GARRIDO, Reus, Madrid, 2017.
«El ejercicio profesional del deporte (2): prestación de servicios (arts. 96 a 101)», en Comentarios a la nueva Ley del Deporte de Andalucía, dirigidos por A
  • Jiménez
  • I Soto
JIMÉNEZ SOTO, I.: «El ejercicio profesional del deporte (2): prestación de servicios (arts. 96 a 101)», en Comentarios a la nueva Ley del Deporte de Andalucía, dirigidos por A. MILLÁN GARRIDO, Reus, Madrid, 2017.
La responsabilidad civil por riesgo entre particulares
  • Pérez
  • D Salas
PÉREZ SALAS, D.: La responsabilidad civil por riesgo entre particulares, Doctrina y Ley, Bogotá DC, 2007.