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Escalas de impunidad en el mundo. Índice Global de Impunidad 2020 (IGI-2020)
Abstract
Resultados del Índice Global de Impunidad 2020. Tercer análisis comparado sobre la impunidad global preparado por el CESIJ-UDAP. Entiende la impunidad como un fenómeno multidimensional de hecho y de derecho. Mide el desempeño de la estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia y respeto a los derechos humanos en 69 países, lo que se complementa con el análisis de casos que se encuentran en situación de impunidad estadística ante la ausencia o inconsistencia de datos reportados.
En el año 2015, México adoptó una política de Estado que implicó la reforma al marco constitucional para la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que, entre otros aspectos, implicó un catálogo de hechos de corrupción graves y no graves contenido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como un nuevo andamiaje institucional que involucra la participación corresponsable de las entidades federativas. Por ello, el objeto del presente ensayo es proponer la metodología para el cálculo del índice de desempeño de los sistemas locales Anticorrupción de las Entidades Federativas, concretamente de autoridades investigadoras, substanciadoras y sancionadoras con relación a los procedimientos vinculados con la aplicación de la Ley General de mérito. Con ello, se dispondría de un instrumento homogéneo de medición, comparación e interpretación de datos e identificar un desempeño bajo u óptimo en razón del inicio y conclusión de los procedimientos.
Este artículo complementa la exposición del autor sobre relaciones cívico-militares (RCM), en un panel virtual sobre “la defensa y legitimidad social”, durante el VI Simposio Anual del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) del Ministerio de Defensa de República Dominicana en agosto del 2020. Explora el rol actual de las Fuerzas Armadas en el hemisferio occidental y los impactos de su actuación en sectores de defensa y seguridad. Inicia con un análisis de tendencias regionales respecto a la inseguridad y el marco conceptual del sistema hemisférico, específicamente de la Organización de Estados Americanos. A continuación, considera el contexto histórico de las RCM en la región, tratando avances en las últimas décadas y algunos desafíos pendientes, para incluir el desbordamiento de la misión de las FF. AA. y los efectos institucionales. Concluye con unas reflexiones críticas que toman en cuenta distintos paradigmas de seguridad y recomienda una visión integral y participativa (a nivel sociedad) para mejorar la seguridad regional y relaciones entre actores relevantes.
El objetivo de este artículo es presentar desde una perspectiva crítica un análisis de los derechos fundamentales de las mujeres mayores, vulnerados por las desapariciones forzadas cometidas en Colombia y México hacia sus familiares. En este artículo se argumentan cuáles han sido los derechos humanos vulnerados (el derecho a la vida y a la libertad) en las mujeres, víctimas directas e indirectas de los conflictos armados y desapariciones forzadas de Colombia y México, y que configuran un crimen de lesa humanidad. Se revisa la legislación y los tratados internacionales y se exponen datos actualizados de la magnitud de este problema. Se concluye que para la protección de los derechos fundamentales de las personas mayores en general y las mujeres en particular, es necesario articular mecanismos que defiendan y hagan cumplir los derechos en América Latina.
The objective of this article is to present, from a critical perspective, an analysis of the fundamental rights of older women, violated by the forced disappearances committed in Colombia and Mexico against their relatives. This article argues which human rights have been violated (the right to life and freedom) in women, direct and indirect victims of armed conflicts and forced disappearances in Colombia and Mexico, and which constitute a crime against humanity. The legislation and international treaties are reviewed and updated data on the magnitude of this problem are presented. It is concluded that for the protection of the fundamental rights of the elderly in general and women in particular, it is necessary to articulate mechanisms to defend and enforce their rights in Latin America.
Este ensayo constituye un diagnóstico alrededor de la decisión adoptada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cerrar el examen preliminar más extenso de su historia. Así, plantea consideraciones sobre la política criminal de este organismo y las repercusiones y expectativas de tal determinación de acuerdo con el contexto colombiano. Para ello, parte por caracterizar el examen preliminar adelantado por 17 años; luego, valora la incidencia de su cierre; y finalmente, estudia las condiciones actuales de la situación de derechos humanos en Colombia y la capacidad institucional para hacerle frente de cara al papel de la Fiscalía de la Corte. De esta manera identifica las siguientes reflexiones: (i) la necesidad de delimitar las etapas de los exámenes preliminares; (ii) que la decisión de cerrar el examen preliminar en Colombia tuvo (y tendrá) más efectos políticos que prácticos en virtud de la complementariedad positiva; y (iii) los crímenes cometidos luego de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) constituyen una preocupación latente a la luz de los fines que persigue el Estatuto de Roma.
En México, los Mecanismos Alternos para la Solución de Conflictos (MASC) han sido elevados al rango constitucional como un derecho humano de acceso a la justicia, de ahí que esta investigación documental sobre el estado de la cuestión de los MASC en México, se realizó sobre el eje transversal del objetivo 16 de la Agenda 2030 (PNUD, 2020) para los Objetivos de Desarrollo Sostenible; que se refiere a la Paz, justicia e instituciones sólidas y que impulsa los derechos humanos como ejes rectores; la cual concluye en que los esfuerzos realizados por México en ésta materia han sido insuficientes y se reflejan en el estado de derecho que impera actualmente.
The unexpected appearance and expansion of the pandemic caused by COVID-19 have shown that both developed and less developed countries need strategic, scientific-technological capacities and an innovation ecosystem to respond quickly to these challenges. The objective of this research is to analyze the potential correlation between competitiveness and sustainable development for a global recovery. To carry out the study, five global indexes were considered: competitiveness, sustainability, innovation, impunity, and human development which were analyzed with a mixed-method approach, quantitative and qualitative analysis. Organizational and government leaders are facing significant collateral effects of the health pandemic including economic recession and social development regression; therefore, the road to recovery requires they work toward sustainable development to reach desired competitiveness.
Purpose
This paper aims to discuss the importance of having several entry points into the field, via gatekeepers who do not belong to law enforcement agencies, in contexts where the police cannot be defined as trustworthy.
Design/methodology/approach
The argumentation of this paper is based on qualitative research on women and gangs in Honduras. An ethnographical methodology was implemented, which included over a year of observations, 65 interviews and two focus groups in gang-controlled communities and detention centers in Central America (with a focus on Honduras), between 2017 and 2020. The paper implements a feminist reflexive approach, focusing on patriarchy, positionality and silence.
Findings
Collaborating with the police as gatekeepers in gang research needs to be reevaluated. In countries such as Honduras, the police are riddled with corruption and impunity, which eventually leads to mistrust among gang members and other citizens. Hence, it is recommended to approach other, non-law enforcement, gatekeepers, who often stand much closer to the gangs and have a less conflicted or biased position toward them and toward other people living in gang areas.
Research limitations/implications
A feminist reflexive approach is recommended for researching women and gangs, and thus also for choosing the right gatekeepers in the field, taking into account researchers’ and gatekeepers’ positionality.
Originality/value
Police corruption in relation to gangs and gang-related crimes often goes unreported and silences people living in gang-controlled areas. This paper exposes these conflicted roles, not only regarding police abuse vis-à-vis gangs and people living in gang areas but also in relation to gang researchers in the field.
¿Qué elementos debemos ordenar y mapear antes de iniciar una estrategia anticorrupción? Es necesario aclarar tres puntos: ¿cuál es el tipo de impunidad que queremos combatir? ¿En qué órganos o unidad(es) de análisis realizaremos la política anti-impunidad? ¿Cuáles son las distintas causas que general el tipo de impunidad que nos interesa disminuir en el órgano concreto que estamos analizando? En el artículo se responden estas preguntas.
En este trabajo analizamos el concepto de patología de la política, entendiéndola
como una idea relevante para comprender la reproducción y
extensión de problemas como la corrupción, la violencia, la inseguridad
pública, la traición, la exclusión social, la demagogia populista, el
recurso político a la mentira y el engaño (“posverdad”, en jerga de
actualidad) o el predominio de la propaganda sobre la propuesta
política. Desde nuestra perspectiva, la pérdida de credibilidad social de
las instituciones y actores políticos, en general de la idea misma de la
política, es inseparable de la existencia de gobiernos que han permitido
o se han beneficiado de la extensión pública de las patologías políticas.
En la primera parte analizamos la dicotomía orden y desorden tal
como se desprende de la obra de Friedrich. A continuación discutimos
la relevancia del concepto de patología política y las funciones que
cumplen en la vida política cuando éstas no están profundamente
extendidas. Desde esta perspectiva, proponemos la idea de implosión
patológica como una forma de aproximarse al potencial destructivo
de las patologías políticas cuando éstas se combinan. Finalmente,
revisamos el concepto de impunidad como una patología especialmente
destructiva, factor de implosión patológica, tomando como punto de
partida casos caracterizados como impunidad alta y muy alta por el
Índice Global de Impunidad (IGI). En la última parte concluimos.
Este trabajo analiza los resultados que obtiene México en el Índice Global de Impunidad (2015), así como el
desempeño por entidad federativa en el Índice Global de Impunidad México 2016 (igi-mex 2016). Ambos
entrados en el desempeño comparado de los sistemas de justicia y seguridad, así como en la existencia de
violaciones a los derechos humanos en México y a nivel global, identifican niveles de impunidad muy altos
para el caso mexicano, en comparación con el promedio global y condiciones generalizadas de impunidad
entre los estados de la República. Se discute el alcance y la relevancia del concepto de impunidad, explicando
criterios metodológicos en los que se basan dichos estudios, además se revisan los distintos factores que explican
los niveles de impunidad en forma agregada, al igual que por cada por subdimensión y variable incorporada.
Este trabajo actualiza la información reportada en IGI 2015. Extiende la muestra de países analizados a 69, incluyendo por primera vez casos de África. El estudio mide los grados de impunidad en forma comparada poniendo énfasis en la estructura y funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad, al igual que el respeto a los derechos humanos. Entre los principales hallazgos destacan la existencia de niveles muy altos de impunidad en América Latina y reafirma los muy altos niveles de impunidad encontrados en 2015 para Filipinas y México.
This work updates the information reported in GII 2015. It extends the sample of countries analyzed to 69, including for the first time cases from Africa. The study measures the degrees of impunity in a comparative way, emphasizing the structure and functioning of the justice and security systems, as well as respect for human rights. The main findings include the existence of very high levels of impunity in Latin America and reaffirms the very high levels of impunity found in 2015 for the Philippines and Mexico.
La impunidad es reconocida como un fenómeno que es al mismo tiempo origen y destino de algunos de los más serios problemas que enfrentan los países de América Latina y el resto del mundo. En este artículo se presentan varios retos conceptuales y metodológicos para medir el fenómeno de la impunidad, particularmente en América Latina. También se busca comprender la correlación que existe entre impunidad y otros problemas que afrontan los Estados como inseguridad, violencia, corrupción y desigualdad. Para este propósito, se utilizó la metodología del Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015).
Au Guatemala, la peur, la suspicion et la paranoia resultent de l'impunite et sont aussi des moyens pour la maintenir. « La Violencia » comprend a la fois la violence visible et invisible. Les morts, les disparitions augmentent la conscience de la vulnerabilite de la population psychologiquement reprimee.
Human Rights Quarterly 21.1 (1999) 56-79
The end of the Cold War represented a seminal moment for the human rights movement. In less than three decades of active campaigning, non-governmental advocates had made human rights a common and powerful language and could claim no small part in the widespread attention to civil liberties and democratic reforms in countries throughout Latin America, Africa, Asia, and Eastern Europe. But if the expansion of freedom and democracy represented a victory for human rights, it also underscores the dangers of equating civil and political rights with human dignity. The enduring and pervasive poverty suffered by well over a billion people across the globe stands as an inescapable rebuke to those ready to celebrate the "age of rights."
The human rights movement has much to offer the struggle against poverty, but it must first move beyond its unnecessarily narrow vision of human rights. The domination of Western nongovernmental organizations (NGOs) and governments has produced a model of human rights advocacy that is limited to civil liberties and state action. While the narrow focus on civil liberties has been widely criticized and an increasing number of NGOs are now addressing economic, social, and cultural rights (ESCR), the singular focus on state action endures. This focus fails to address the roots of many violations -- particularly violations of ESCR -- that increasingly lie beyond national borders.
This article suggests a fuller interpretation of human rights obligations, making them more relevant and truer to international realities. Moving human rights beyond its state-centric paradigm will potentially serve two purposes. First, it will challenge the reigning neo-liberal extremism that infects much of the public discourse about development and poverty, providing a rhetoric and vision to suggest that entrenched poverty is neither inevitable nor acceptable. Second, it will provide a legal framework with which to begin holding the most influential non-state actors -- corporations, financial institutions, and third-party states --more accountable for their role in creating and sustaining poverty. This article will outline the role of these sectors in ESCR violations and the extent to which they are governed by human rights instruments. The focus on impact and accountability is meant to demonstrate the importance of, and the legal basis for, broadening human rights advocacy to address additional actors.
Some years ago, the Center for Economic and Social Rights (CESR) undertook an investigation of the impact of oil development on humans in the Ecuadorian Amazon. The investigation initially focused on the government's human rights obligations despite the fact that a private company, Texaco, was responsible for the brunt of the damage.
For decades, the affected Amazon communities had suffered Texaco's abuses largely in silence, having been repeatedly told, both explicitly and implicitly, that they had no rights against the oil company and that the damage was a natural and inevitable price to pay for the country's development. Human rights offered these communities a rare alternative to the dominant discourse, guaranteeing them a right to a healthy environment that was clearly being violated by Texaco's regular dumping of toxic wastes into their water supplies.
When CESR met with these communities, there was little sympathy for the legal nuance that private companies are technically immune to human rights claims, that they do not sign covenants guaranteeing human rights, and that only the state is responsible for ensuring these rights. In the communities' eyes, Texaco was the villain. Texaco had operated for years in the Amazon as practically a state unto itself, with annual global earnings four times the size of Ecuador's GNP and the active support of the US government. Even if the Ecuadorian government had been disposed to control the company, few believed it could.
Under these circumstances, CESR's intended approach risked the uncomfortable prospect of doing more harm than good. Insisting solely on governmental obligations would obscure the true nature of the violation, reinforce Texaco's impunity, and, most importantly, detract from the communities' long-overdue sense of injustice and resolve.