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Deusto Journal of Human Rights
ISSN: 2530-4275 • ISSN-e: 2603-6002, No. 5/2020, 215-241
http://djhr.revistas.deusto.es/ 215
Violación de los derechos humanos en Cuba:
¿Baja o alta intensidad?
Human rights abuses in Cuba: High or low intensity?
Laura Tedesco
Saint Louis University
ltedesco@slu.edu
Rut Diamint
Universidad Torcuato Di Tella
rutd@utdt.edu
doi: http://dx.doi.org/10.18543/djhr.1794 Fecha de recepción: 31.10.2019
Fecha de aceptación: 13.04.2020
Cómo citar/Citation: Tedesco, Laura y Rut Diamint. 2020. «Violación de los derechos humanos en Cuba:
¿Baja o alta intensidad?». Deusto Journal of Human Rights, n. 5: 215-241. doi: http://dx.doi.org/10.18543/
djhr.1794
Sumario: Introducción. 1. ¿Violaciones de baja intensidad?
2. Encuadre metodológico. 3. Legalidad ignorada. 4. Derechos
humanos y seguridad. 5. La cuestión de los regulados. 6. Detenciones
arbitrarias. 7. Las Damas de Blanco. 8. Libertad de expresión.
Conclusiones. Referencias bibliográficas.
Resumen: El artículo ofrece un análisis de la situación de los derechos
humanos en Cuba teniendo en cuenta el marco legal vigente con la reciente
aprobación de una nueva Constitución. Cuando Raúl Castro asumió la
Presidencia, implementó cambios económicos que no se trasladaron en lo
político. Por el contrario, las violaciones a los derechos humanos continuaron
y en algunos casos se han incrementado. La investigación que se presenta
en estas páginas está basada en entrevistas realizadas entre 2016 y 2019
en distintas ciudades de Cuba y en un seguimiento de las informaciones
publicadas en distintos medios sobre las detenciones en la isla. La cuestión
que se trata de responder refiere a la intensidad de las violaciones de derechos
humanos que se registran en Cuba.
Palabras clave: Cuba, derechos humanos, democracia, Constitución,
libertad de expresión
Abstract: The article offers an analysis of the situation of human rights
in Cuba, taking into account the legal framework established by the new
Deusto Journal of Human Rights
ISSN: 2530-4275 • ISSN-e: 2603-6002, No. 5/2020, 215-241
216 doi: http://dx.doi.org/10.18543/djhr.1794 • http://djhr.revistas.deusto.es/
Violación de los derechos humanos en Cuba: ¿Baja o alta intensidad? Laura Tedesco y Rut Diamint
Constitution. When Raul Castro took office, he implemented economic
changes which were not translated into the political sphere. On the contrary,
human rights violations continued, and in some cases have increased. The
research presented here is based on interviews conducted between 2016 and
2019 in different cities in Cuba and the follow-up of information in different
media sources on illegal arrests on the island. The main goal is to ascertain the
intensity of human rights violations in Cuba.
Keywords: Cuba, human rights, democracy, Constitution, freedom of
expression
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Introducción
El significado de la Revolución Cubana de 1959 era, desde el punto
de vista humanitario, un progreso hacia la igualdad de los ciudadanos
y un medio para liberarlos de un estado de dominación material y
política. Basta con recordar el discurso del comandante Fidel Castro
en su llegada triunfal a La Habana: «En la época de dictadura la
opinión pública no es nada, pero en la época de la libertad la opinión
pública lo es todo, y los fusiles se tienen que doblegar y arrodillar
ante la opinión pública» (Castro 1959). Sin duda, desde los años
60, la Revolución expandió derechos económicos y sociales, inspiró
otras luchas regionales, creó mitos y héroes intocables, pero existen
controversias sobre el respeto a las libertades civiles y de expresión.
Sesenta años después, entre los legados de la Revolución se encuentra
la falta de reconocimiento a la protección de los derechos humanos de
los ciudadanos que ejercen libertad de pensamiento.
Este artículo analiza diferentes problemas de los derechos humanos
en Cuba. Estudiar la situación de los derechos humanos en Cuba
presenta dificultades que hemos intentado superar. La información es
escasa y, en muchos casos, ideológicamente subjetiva. Es necesario
poder desmitificar los discursos de los extremos políticos históricamente
enfrentados. Unos estudios enfatizan el acceso a la educación y a la
salud para todos los cubanos, tal como expresa el diario oficial Granma:
«Junto a la educación, el acceso a los servicios de salud constituye uno
de los derechos humanos más esenciales, pues determina sobre las
posibilidades de vida o muerte de las personas» (Quevedo 2014). Otros
ponen el énfasis en la represión sobre aquellos que piensan diferente.
Los defensores del régimen argumentan que en Cuba nunca se
dieron violaciones a los derechos humanos similares a las de otros
países latinoamericanos; por ejemplo, se insiste que en Cuba nunca
se torturó masivamente a ciudadanos, ni se apropiaron de los hijos de
detenidos ilegales. Las fuerzas armadas y de seguridad no hurtaron
los bienes de aquellos a quienes apresaron. Sin embargo, del lado
opositor, se argumenta que existieron violaciones, muy especialmente
en los primeros años revolucionarios.
El objetivo de este artículo es analizar las violaciones a los derechos
humanos desde que Fidel Castro dejó de ejercer el gobierno en 2006.
La apertura económica propiciada por Raúl Castro, el establecimiento
de distintos tipos de propiedad, el surgimiento de los cuentapropistas y
el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los EE.UU. en 2014
alentaron ideas sobre cambios políticos. No obstante, esa apertura
económica no estuvo acompañada ni de cambios políticos ni de
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libertades civiles. Por el contrario, el artículo confirma que los cambios,
incluso con la aprobación de la reforma a la Constitución en febrero
de 2019, no modificaron la persecución política y la ausencia de
alternativas al Partido Comunista. Esa imagen de apertura presente
desde 2014 oculta un atropello constante y creciente a la libertad de
expresión y de movimiento.
En los últimos años se han incrementado las detenciones
injustificadas de periodistas independientes, artistas o activistas sociales,
como así también las trabas para movilizarse a reuniones o encuentros
a nivel local, nacional o internacional, y los encarcelamientos sin juicio,
tal como se especifica en el punto siguiente.
Un efecto llamativo de estas circunstancias es que, a pesar de la
publicación de cifras que confirman la persecución a cualquier tipo
de crítica o disidencia con el oficialismo, son pocos los gobiernos que
condenan a Cuba por estas violaciones a los derechos humanos. Aún
peor, los países u organismos internacionales que denuncian abusos
son tildados de pro fascistas gracias a una propaganda muy bien
orquestada del gobierno cubano.
El artículo comienza analizando el marco conceptual e histórico
en base al cual se desprende el supuesto de este trabajo: la violación
de los derechos humanos en Cuba es una política sistemática del
gobierno que se traduce en actos abusivos contra la libertad de
expresión y circulación de los ciudadanos. Estas violaciones no reciben
la atención debida de la comunidad internacional. El punto siguiente
describe el encuadre metodológico de la investigación llevada a cabo.
El tercer apartado se ocupa de la cara legal que esconde una realidad
diferente ya que muchos de los derechos que otorga la Constitución
son violados sistemáticamente por el Estado. Los siguientes puntos
detallan casos específicos que permiten comprobar las violaciones a
los derechos humanos. Así, el apartado 4 explica la relación de los
derechos humanos con los aparatos de seguridad. El 5 describe el
problema de los llamados «regulados». El caso siguiente es el de las
detenciones arbitrarias. El punto 7 expone la situación de las «Damas
de Blanco». En el apartado 8 se delinean las cuestiones relativas a
la libertad de expresión. Finalmente presentamos los comentarios
conclusivos del artículo.
1. ¿Violaciones de baja intensidad?
Una extensa literatura ha dado cuenta de los abusos a los derechos
humanos en América Latina. Las organizaciones de la sociedad
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civil emprendieron una lucha denodada por lograr el retorno a la
democracia (Leis 1989, 21-24). Jelin (2003, 5) grafica claramente ese
proceso que se asienta en los años 70:
Lo que ocurrió en ese período fue la incorporación del marco
de los derechos humanos en la lucha anti-dictatorial. Antes, la
dominación y las luchas sociales y políticas eran interpretadas
en términos de lucha de clases o de revoluciones nacionales. La
incorporación de la clave «violaciones a los derechos humanos» fue,
en ese marco, una verdadera revolución paradigmática.
Y agrega refiriéndose a las décadas de los años 80 y 90: «las
demandas de los movimientos de mujeres y de los movimientos de
derechos humanos fueron incorporadas en la agenda social y política de
las transiciones» (Jelin 2003, 8). Aquellas violaciones fueron masivas.
En el caso de Cuba no existen datos que indiquen violaciones
masivas sino acciones gubernamentales que afectan la vida cotidiana
de ciudadanos que tienen un pensamiento distinto del gobierno y
ejercen su libertad de pensamiento y expresión como periodistas,
opositores políticos o activistas sociales. ¿Se puede decir, entonces,
que se trata de violaciones a los derechos humanos de baja intensidad?
Boaventura de Sousa (2002, 69) considera que «los derechos humanos
de baja intensidad son la otra cara de la democracia de baja intensidad».
Tomamos el término basándonos en la literatura sobre democracia. Esa
literatura se ha ocupado de las llamadas democracias de baja intensidad,
que se caracterizan por cumplir con las reglas procesales que permiten
cierta oposición política, pero su desempeño es más limitado respecto
de las libertades individuales o la división de poderes. Como sostienen
Gills et al. (1994, 8-9): «la paradoja de la democracia de baja intensidad
es que un régimen civil conservador puede seguir políticas sociales y
económicas severas, e incluso represivas, con más impunidad y menos
resistencia popular que un régimen abiertamente autoritario».
Krujit (2001, 409-430) considera que las democracias de baja
intensidad son «las democracias cuyos ciudadanos están vigilados,
cuyos políticos están asesorados, cuyos legisladores son tímidos y cuyos
jueces temen». Y agrega:
Estas son democracias cuyas instituciones democráticas (gobiernos
civiles, partidos políticos, parlamentos y poderes judiciales
independientes) y la sociedad civil (asociaciones empresariales,
el movimiento laboral, asociaciones populares y el circuito de
ONGs) parecen estar suspendidas en un estado de «adolescencia
permanente» (Krujit 2001, 409-430).
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Ello provoca «la amenaza de la mano dura de los educadores
militares nacionales» (Krujit 2001, 409-430). Guillermo O´Donnell
agrega otra dimensión similar. Dice: «Un estado que no puede hacer
cumplir su legalidad sostiene una democracia con una ciudadanía de
baja intensidad» (O´Donnell 1993, 14).
Partiendo de una diferencia fundamental, ya que en Cuba no hay
democracia, ni de alta ni de baja intensidad, queremos trasladar el
concepto para analizar otro aspecto de la realidad cubana: ¿es posible
considerar que el gobierno viola los derechos humanos en un nivel de
baja intensidad porque hace un uso limitado de la fuerza?
Ya había señalado Foucault (2002, 213) que los discursos y
las prácticas disciplinarias operan sobre todos los planos de lo
social, por medio de prácticas institucionales específicas. Los
ciudadanos internalizan esa disciplina, incluso ante el hecho que no
se apliquen directamente sobre su persona, pero que se reconocen
como una política posible. El individuo vive con temor, pues se
instala la noción que el Estado, o un representante del Estado,
tiene la facultad de castigar, hay certidumbre de ser castigado.
Cualquiera puede ser identificado como un peligro social, ya que
una manifestación contraria se traduce como una afrenta al régimen,
un quebrantamiento de las reglas significa un ataque al presidente.
Las técnicas de coerción al individuo son leves pero efectivas. Son la
expresión de las relaciones de poder a las que están sometidos los
habitantes. El objetivo es corregir, hacer dócil al individuo. En una de
las entrevistas en La Habana un joven nos dijo «no te matan, pero no
te dejan vivir».
En el caso de violaciones masivas de derechos humanos, tanto
organismos internacionales como organizaciones de la sociedad civil
reaccionan fuertemente y cuestionan a esos gobiernos. Ese fue el caso
durante las dictaduras militares en América Latina, las atrocidades
durante la guerra de los Balcanes o el genocidio en Ruanda. En Cuba
no hay evidencias de desapariciones ni genocidios. Sin embargo,
existe escasez de alimentos, precariedad de las viviendas, raquitismo
de los salarios y una constante persecución y encarcelamiento de
aquellos que piensan distinto y se atreven a expresar sus opiniones.
Las redes sociales se están convirtiendo en una ventana transparente
donde se pueden ver los abusos sobre los derechos civiles y políticos
y el deterioro de los derechos sociales. De todas maneras, la reacción
internacional frente a esta situación es casi nula.
Amnistía Internacional (2018) especificó que: «un gran número
de activistas, tanto políticos como en favor de los derechos humanos,
continuaban siendo objeto de hostigamiento, intimidación y detención
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arbitraria». Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos de
Derechos Humanos (CIDH) informó:
Las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y
asociación, y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento,
además de las vulneraciones masivas a los derechos a la libertad,
a la seguridad e integridad de la persona, a la protección contra la
detención arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio y circulación
de la correspondencia, a la residencia y tránsito, a las garantías
judiciales mínimas y a la protección judicial, continúan limitando
de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes en
Cuba, en particular, en perjuicio de personas defensoras de derechos
humanos, líderes sociales y políticos, y periodistas independientes,
así como afrodescendientes, mujeres, personas LGTBI, entre otros
grupos históricamente vulnerables. (Lanza 2018)
Human Rights Watch (2019) reportó que: «la cantidad de
detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de
derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue
sustancialmente menor que en 2017, pero igualmente alta, y hubo más
de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto
de 2018». Hay denuncias concretas de organismos especializados; sin
embargo, el alto grado de polarización deriva en que algunos medios de
comunicación se hagan eco de estas informaciones y otros las ignoren.
Reporteros Sin Fronteras también ha informado acerca de las
prohibiciones sobre la prensa independiente y la falta de cumplimiento
del gobierno cubano con los compromisos internacionales (Beaulieu
2014, 472).
Aquellos países gobernados por partidos de izquierda nunca
han condenado las acciones del gobierno de Cuba. Hay un respeto
histórico por aquella revolución que supo enfrentarse al imperialismo
norteamericano en plena Guerra Fría y por un pueblo que ha
sobrevivido 60 años a un bloqueo comercial, económico y político
por parte de la mayor potencia del mundo. El gobierno cubano ha
convencido a sus compatriotas y a una izquierda en el exterior de los
éxitos de la revolución, como si fuera un dogma de fe, victimizándose
ante la amenaza siempre virtual de la invasión estadounidense. Sobre
ello ha dicho el escritor Leonardo Padura, que sus obras son: «una
reflexión sobre la gran perversión de esa utopía» (Stefanoni 2013). En
este contexto, los gobiernos de izquierda miran para otro lado cuando
el gobierno de los Castro o, el de Miguel Díaz Canel, atropella los
derechos humanos. Más aún, cuando el nivel de ese atropello puede
considerarse de baja intensidad.
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2. Encuadre metodológico
Esta sección presenta las particularidades metodológicas de esta
investigación cualitativa, un estudio de caso basado en entrevistas. Entre
2016 y 2019 realizamos cuatro viajes a Cuba donde pudimos realizar
64 entrevistas en La Habana, Cienfuegos y Santa Clara. La selección de
entrevistas, en este caso específico, no podía responder a un modelo claro
de una muestra «en cadena» o de «intención». El proceso de indagación
ha sido inductivo, proveniente de las interacciones con los participantes.
En un país como Cuba, se presentan importantes dificultades para seguir
una estricta metodología de estudio: se realizan las entrevistas que se
pueden realizar (en algunos casos los cubanos o cubanas no asistían a la
cita porque habían sido arrestados), se preguntan cuestiones que no van
a incomodar al entrevistado para poder continuar la conversación, las
entrevistas no se graban y se toman notas inmediatamente después de la
entrevista para que el entrevistado no sienta temor.
Entrevistamos a militares retirados, periodistas de medios oficiales
y medios independientes, artistas independientes, disidentes con
vigilancia en las puertas de sus casas, académicos con puestos en
universidades públicas, médicos con trabajos en hospitales públicos,
activistas relacionados con la iglesia católica, seguidores de la religión
Yoruba, directores de teatro y militares en actividad que confesaban
poner su carrera en riesgo por encontrarse con nosotras.
En la mayoría de los casos, es necesario establecer un vínculo
de confianza con el entrevistado. En una sociedad como la cubana
prevalece el miedo y la desconfianza como nos lo hicieron saber muchas
veces los entrevistados y los cubanos y cubanas que participaron en los
eventos organizados.
Las entrevistas eran individuales y en profundidad, con el objetivo
de encuadrar el estudio desde el punto de vista de los participantes.
Debido a las limitaciones para acceder a internet, la mayoría de las
personas conectadas solicitaban que las llamáramos por teléfono al
llegar a la isla. Con el fin de ampliar la lista de entrevistados, a cada
uno le pedíamos sugerencias y contactos. En otras ocasiones, íbamos
a diferentes actividades artísticas, periodísticas o culturales y nos
acercábamos a las personas que nos resultaban interesantes por su
participación en la actividad. En todos los casos, contábamos con un
cuestionario prefijado, para garantizar el rigor del trabajo científico,
pero raramente se completaba ya que los entrevistados tenían su
propia agenda o urgencias (Cádena-Iñíguez 2017, 1612).
Por otra parte, recabar información sobre violaciones de los derechos
humanos en Cuba es complejo, y en cierta medida peligroso. Toda
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la información que se encuentra puede haber sido manipulada con
intenciones ideológicas de favorecer o desfavorecer al gobierno cubano.
Vale acotar que las entrevistas referían a cuestiones más amplias que los
derechos humanos. Ni las entrevistas, ni las estadísticas por sí mismas
presentan la complejidad de la situación de los derechos humanos en la
isla. Un ejemplo claro de esta situación fue la entrevista con el equipo de
Cubalex, sobre lo que informamos en el apartado 7.
Pese a esas dificultades, hemos contextualizado y clasificado las
violaciones. Existen distintas dimensiones: tipo de violación, frecuencia
de la violación y cantidad de personas que son objeto de la violación
(Stohl et al. 1986). Gran parte de esta clasificación se construyó a
partir de las denuncias efectuadas por nuestros entrevistados, desde un
paradigma hermenéutico-interpretativo.
Hemos id entificado los puntos principales para entende r la idea
de derechos de baja intensidad. Por ejemplo, una de las formas
tradicionales de atemorizar a la población en Cuba es encarcelarlos
por un periodo corto, dos o tres días. El acusado no recibe ninguna
información, no conoce la causa de su detención ni los procesos
consiguientes a su encarcelación. Se le anula su derecho de información,
se rebaja su identidad de persona y se lo destrata en su dignidad.
Recientemente, este tipo de detenciones se producen con mayor
frecuencia por lo que determinados ciudadanos cubanos ven su vida
cotidiana interrumpida constantemente por estas «visitas» de la
Seguridad del Estado. En suma, teniendo presente el rigor científico
que merece cualquier investigación, este escrito surge de entrevistas
individuales, sistematizadas, pero cada una de ellas fue tratada como
un estudio de caso.
3. Legalidad ignorada
En abril de 2019 entró en vigor una nueva Constitución en Cuba,
aprobada en un referéndum en febrero. «La nueva Constitución
cubana trata de consolidar y dar continuidad a un sistema socialista,
democrático, próspero y sostenible. Consta de un Preámbulo y
229 artículos, divididos en 12 títulos, 24 capítulos y 16 secciones. Los
fundamentos políticos del Estado socialista y revolucionario permanecen
invariables» (Berg-Rodríguez 2019, 940). El artículo primero sostiene
que Cuba es un estado socialista de derecho y justicia social,
democrático, independiente y soberano. El artículo 4 dice que la defensa
de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de
cada cubano. El sistema socialista que refrenda esta Constitución es
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irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos
los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro
recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social
y económico establecido por esta Constitución. El articulo 5 afirma que
el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y
leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su
carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la
fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.
En el Capítulo II se describen los derechos. Es importante la
asunción del vocablo derechos humanos por primera vez desde el
periodo posterior a 1959 (Prieto 2019, 55). El artículo 51 afirma que
las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas
ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y el artículo 52
dice que las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar
y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia,
sin más limitaciones que las establecidas por la ley. El artículo 54
afirma que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la
libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Todo ello muestra
una peculiaridad de las características del régimen cubano y las
contradicciones evidentes entre la realidad política y la interpretación
de la norma jurídica. Rojas (2017, 29) recuerda que el artículo 62º
establece que las libertades ciudadanas no pueden ser ejercidas
contra lo establecido en la Constitución ni contra la decisión del
pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. Una jaula
de hierro para cualquiera que intente una alternativa política. Incluso
la objeción de conciencia no es aceptada legalmente (Berg-Rodríguez
2019, 941). Prieto (2019, 58) señala que se constatan en el texto
nuevos derechos, entre ellos: al libre desarrollo de la personalidad,
a la intimidad, a la información veraz, al disfrute de los bienes de
su propiedad, pero no se ha adjuntado la instrumentación legal que
asegure su ejercicio.
La Constitución reconoce también garantías de los derechos y
establece la estructura del Estado (Granma 2019). Es relevante la
presencia de una referencia directa a la obligación del Estado de
garantizar los derechos humanos, un avance respecto a la constitución
anterior (Bobes 2019, 32). Repasar los principales artículos de la
Constitución es importante porque Cuba se ha caracterizado por
intentar mantener una apariencia de legalidad. De todas maneras,
Cuba es un caso más que confirma que no existe relación entre los
tratados que se ratifican o las leyes que se sancionan y la protección
de los derechos humanos. Lo que Landman (2004) dividió en derechos
humanos en principio y en la práctica.
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Históricamente cuando se apresaban opositores, se simulaba un
juicio nombrando fiscales y se designaban defensores de oficio (Lanza
2018). Esto iba acompañado de la ausencia de rendición de cuentas
de las instituciones públicas, datos poco confiables de la Oficina
Nacional de Estadística e Información, y la opacidad general de las
condenas (Azor 2018, 73-76) Ante tanta manipulación histórica de
la información, la reciente expansión de las redes sociales en Cuba
dificulta cada vez más que el gobierno aparente una realidad que no
existe. Sin embargo, las continuas y crecientes detenciones reflejan
la omnipotencia y el desinterés del gobierno, que no modifica sus
acciones por las consecuencias que podría tener el conocimiento
sobre violaciones de derechos humanos, ni se preocupa por disimular
su propia ilegalidad. En realidad, el gobierno ha formado un aparato
represivo que permanece intacto para defender su naturaleza
comunista y que descansa en el Ministerio del Interior (MININT) como
explicamos a continuación.
La presunción de que los estados son responsables de proteger
los derechos humanos de su población se sustenta en la teoría política
clásica sobre la soberanía. Sin embargo, existe un dilema ya que el
estado es el que protege los derechos humanos, pero puede convertirse en
el violador más cruel de esos derechos. El soberano, a quien la sociedad
transfiere poder para asegurar la supervivencia, es responsable por los
actos cometidos por sus agentes. Esta visión se basa en la constatación
que, en muchos casos, no es el Estado el que directamente propicia
los abusos en los derechos ciudadanos, sino suele suceder que los
realiza por medio de funcionarios directamente, o a través de agentes
encubiertos, como son los grupos paramilitares. En Cuba no hay
espacio para acciones individuales de los funcionarios. La verticalidad
entre las máximas autoridades y sus subordinados es férrea. Ningún
empleado del Estado se animaría a interpretar por sí mismo, o desafiar,
las órdenes emanadas de los mandos superiores. Es el mismo Estado,
a través de sus agentes de la seguridad del MININT el que viola los
derechos humanos de los cubanos.
4. Derechos humanos y seguridad
Cuando se utiliza el término seguridad, en general se refiere a
dos conceptos diferentes. Uno, define el instrumento público para
asegurar externamente al Estado de agresiones probables al territorio,
la soberanía o la forma de vida de una población. Más específicamente,
es aquello que determina la función de la política de defensa de una
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nación. Por otra parte, el concepto se utiliza para las políticas internas,
supuestamente garantizadas por los distintos cuerpos de policía. En el
caso de Cuba, formalmente, hay una división entre las FAR, las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, que repelen agresiones externas y las tareas
del MININT, por medio de un cuerpo policial.
En 1959, se crea el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(MINFAR) y desde entonces hasta su asunción como Jefe de Estado,
Raúl Castro fue puesto a su cargo. El Departamento de Información e
Investigaciones de las FAR se ocupa de enfrentar actividades subversivas
o contra-revolucionarias. En 1961 se crea el Ministerio del Interior que
cuenta con el Departamento de Seguridad del Estado. En 1962, se crea
la Dirección de Contrainteligencia de las FAR. Todos estos organismos
trabajan de manera muy cercana con los Comité de Defensa de la
Revolución, lo cual facilitó el control sobre la vida de los ciudadanos
(Ecu Red 2019).
Por lo tanto, de las tareas de control, persecución, encarcelamiento
y amedrentamiento de la población, se ha ocupado históricamente el
MININT. En las entrevistas realizadas en Cuba para esta investigación,
los militares entrevistados aseguraron que las fuerzas armadas nunca
reprimieron a la población. Sin embargo, varios entrevistados que
no pertenecían a las FAR, explicaron que las autoridades de ese
ministerio son militares. Un entrevistado explicó que un mismo oficial
puede presentarse con uniforme de las FAR o del MININT. Ello daría
cuenta de una segmentación de las fuerzas armadas entre quienes se
ocupan de las tareas asignadas a las FAR y aquellos que controlan a los
ciudadanos, y al mismo tiempo, una superposición de tareas.
En realidad, las FAR se han convertido en administradoras de la
economía cubana. A partir del período especial, pasaron a gestionar
el turismo, el mercado interno de divisas (las tiendas de recuperación
de divisas y las casas de cambio), el transporte aéreo, la minería,
biomedicina y exportaciones de tabaco. Se calcula que las FAR
controlan 844 empresas (Aznarez 2007). En 2017, la publicación
online Cubanet difundió la lista de hoteles y empresas prohibidas
para los estadounidenses por ser consideradas establecimientos
militares (Cubanet 2017). El Grupo de Administración Empresarial SA
(GAESA) controla entre el 50 y el 80% de la recaudación empresarial
(Aznarez 2015). GAESA incluye empresas turísticas, comercios,
tiendas recaudadoras de divisas, comunicaciones y producción
agropecuaria. El incremento de su rol económico implicó un
proceso de desmilitarización de las fuerzas ya que su entrenamiento
militar pasó a un segundo plano para poder ocuparse de las tareas
económicas. Es probable que el gobierno haya entendido que las
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consecuencias del embargo estadounidense, después de la caída de
la Unión Soviética, eran un desafío más real que la invasión militar por
parte del «Imperio».
Por su rol en la Revolución, sus actividades de solidaridad internacional
y su papel en el período especial, además de su no involucramiento en
tareas de represión interna, los miembros de las FAR son queridos
y respetados entre la mayor parte de la población. La institución es
considerada como una de las más eficientes y leales. Esta percepción
se confirmó en las entrevistas realizadas, ya que nuestros interlocutores
consideraron que las FAR deberían ser el actor central en el proceso
de «actualización» del modelo económico, ya que por su papel en el
período especial habían adquirido una mayor conciencia de los déficits
que ha enfrentado históricamente la Revolución cubana.
Una de las tantas contradicciones que existen en Cuba es la
percepción de las FAR como una institución cercana al pueblo, cuando
en realidad muy poco se sabe de la situación interna de las fuerzas. En
realidad, la baja oficialidad es parte de la ciudadanía de a pie, mientras
que la jerarquía disfruta, según varios ex militares, de beneficios
exclusivos. Una de las características del gobierno es que, como todo
régimen autoritario, no consulta sus decisiones ni rinde cuentas.
En América Latina, un recurso para revertir el autoritarismo ha
sido el establecimiento de accountability. Sin una traducción exacta,
esta acción implica tanto un mecanismo legítimo de control sobre los
actos de gobierno por parte de grupos de la sociedad civil, como una
responsabilidad de los funcionarios públicos por rendir cuentas por
el ejercicio de sus funciones. Esto no se cumple en Cuba, y mucho
menos en las FAR, ni en su papel de fuerzas armadas ni en su papel
empresarial. Con la justificación de evitar que cualquier información
caiga en manos de los EE.UU., el gobierno cubano oculta más allá de
lo necesario. Entre lo que oculta está el tema de las violaciones de los
derechos humanos.
5. La cuestión de los «regulados»
Los «regulados», medio por el cual las autoridades restringen la
libre circulación de activistas, periodistas y opositores en general, es
un procedimiento que carece de cualquier legitimidad. No surge de
ningún registro legal ni documento que justifique la imposibilidad de
viajar al exterior de Cuba. Es una amenaza verbal que no se sostiene
en un reglamento, ni en un proceso judicial. Comenzó a aplicarse
desde 2016, aunque desde 2018 la estrategia de informar acerca de
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su estatus de «regulados» en el momento de pasar por la ventanilla de
Inmigración se ha vuelto más habitual.
No obstante, las autoridades se justifican en base a leyes que son
terriblemente ambiguas. La libre circulación de personas, consagrada
tanto por el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos como por el artículo 52 de la Constitución cubana, es un
derecho. La «regulación» se sustenta en un criterio que figura en el
Código Penal. El código establece la peligrosidad predelictiva que
permite detener o castigar un delito antes que se cometa. Definidas en
los artículos 73 al 84 del Código penal cubano, pueden llevar condenas
de 1 a 4 años de cárcel. Sin embargo, según el artículo 25 de la Ley
Migratoria «toda persona que se encuentre en el territorio nacional»
puede salir del país a menos que se halle «sujeto a proceso penal» (Ley
n. 1312).
La explicación acerca de cuáles son las razones de defensa y
seguridad nacional, o de interés público, que justifican regular a un
ciudadano cubano, no existen. No hay una reglamentación accesoria
que identifique esos causales. Por lo tanto, todo queda en manos de
una caprichosa decisión de las autoridades migratorias, que responden
al MININT. La Ley de Migración, Ley n. 1312, incorporada por el
Decreto-Ley n. 302, dispone las causales por las que una persona no
puede salir del país. Los incisos d y h hacen una determinación muy
abierta de cuáles son las razones de defensa y seguridad nacional que
aconsejan que una persona no pueda salir del país o cuáles son las
razones de interés público para tomar esa decisión.
La persona regulada desconoce los motivos de su imposibilidad de
trasladarse al exterior, la duración de esa medida o las consecuencias
que sobrelleva. El periodista Boris González Arenas comentó a la
publicación 14 y medio: «La Constitución cubana actual tiene un
instrumento que no es el habeas data [aunque se asemeja], pero por
el cual uno puede pedir al Estado la información que tiene sobre él.
Lo solicité a Inmigración para saber la razón de mi ‘regulación’. Por
supuesto no hubo respuesta» (Escobar 2019). A principios de 2020
este periodista fue encarcelado en varias oportunidades.
Se supone que un regulado puede encaminarse a la Dirección de
Identificación, Inmigración y Extranjería, en el mismo edificio donde se
otorga el carné de identidad, ambas pertenecientes al MININT. Pero la
experiencia de este periodista grafica claramente lo irrelevante de ese
procedimiento.
Es seguramente por ello que los regulados no son encarcelados, pues
la privación ilegítima de la libertad recae sobre los agentes del Estado.
Mayormente, no son apresados. Pero sus derechos son vulnerados.
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Todo esto es más incomprensible e incoherente si recordamos que el
propio Código Penal fija, en el capítulo IV, Delito contra la libre emisión
del pensamiento, por medio del artículo 291, inciso 1, lo siguiente:
«El que, en cualquier forma, impida a otro el ejercicio del derecho de
libertad de palabra o prensa garantizado por la Constitución y las leyes,
es sancionado con privación de libertad de tres meses a un año o multa
de cien a trescientas cuotas o ambas».
Estos regulados no son sometidos a juicio, ni se les informa de
la falta cometida para impedir su salida al exterior. La comunidad
internacional no reacciona ante estos hechos de privación de
derechos. Mayormente son los mismos cubanos, muchos de ellos
radicados en el exterior, quienes denuncian estas faltas graves.1
Uno de los «regulados», Osmel Ramírez (2019), afirma: «No tengo
ningún proceso judicial pendiente, no me dicen exactamente por
qué» y agrega que han intentado condicionarle el levantamiento de
la prohibición de viajes a «que firme algún documento o haga algún
video diciendo que no voy a participar en la política opositora en el
extranjero, si acaso me quedara en algún momento» (ADN Cuba
2020).
El temor de activistas, periodistas, artistas, es que finalmente se
les procese por medio de la Ley 88, conocida como «Ley Mordaza».
La Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía
de Cuba, de febrero de 1999, fija penas de privación de libertad de
ocho a veinte años a quienes actúen en favor de EE.UU. En realidad,
esta ley ha servido para coartar y criminalizar todo ejercicio de libertad
de expresión. El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba,
Rubén Remigio Ferro, amenazó con aplicar la Ley n. 88 que contiene
apartados destinados a reprimir al periodismo independiente en el país
(INFOBAE 2019).
6. Detenciones arbitrarias
Una fuente confiable para recabar datos acerca de los abusos
contra los derechos humanos, son los informes de Amnistía
Internacional. Desde 2007 dan cuenta del incremento de actos de
repudio realizados por pequeños grupos de personas afines al gobierno
contra aquellos identificados como opositores. El informe de Amnistía
1 Por ejemplo, Los «Regulados» es una web participativa que busca visibilizar
los casos de esos cubanos a los que el gobierno les impide salir del país por razones
políticas. Véase: https://adncuba.com/noticias-de-cuba/derechos-humanos/los-regulados.
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considera estos actos de repudio como una tortura psicológica
(Amnistía Internacional 2018).
El análisis de los informes de Amnistía entre 2006 y 2018 indica
un incremento en las violaciones a los derechos humanos (Amnistía
Internacional 2018). Por ejemplo, en 2008 se impidió a varias personas
participar en una reunión deteniéndolas por unas horas. Este es un
método que la seguridad del Estado utiliza con una frecuencia casi
cotidiana2. En algunos casos, los ciudadanos serán detenidos por unas
horas y, en otros, los agentes de la seguridad les impedirán salir de sus
hogares vulnerando la libertad de tránsito. En el año 2012, cuando los
cubanos comenzaban a descubrir internet, la entonces bloguera Yoani
Sánchez no pudo viajar a Brasil para asistir a una reunión. Eran los
comienzos de la política de los «regulados».
El informe de 2015 de Amnistía contabilizaba 1400 detenciones por
motivos políticos. La mayoría de estos ciudadanos estuvieron detenidos
entre 1 y 30 horas. En 2016, cuando muere Fidel Castro, el grafitero
Danilo Maldonado fue arrestado por escribir en un muro de La Habana:
«Se fue». El informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos registra distintos casos de persecución hacia periodistas de
medios independientes como Periodismo de Barrio, Diario de Cuba,
La Hora de Cuba, Cocodrilo Callejero, 14yMedio, y hacia directivos y
periodistas del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa.
Iris Mariño contabilizó 22 casos de hostigamiento hacia ella con
detenciones e interrogatorios donde no había ninguna oficial mujer
(Lanza 2018). Entre febrero y marzo de 2018, 16 periodistas fueron
impedidos de viajar al exterior. Asimismo, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos recibió informes sobre deportaciones internas
(Lanza 2018). En Cuba existen regulaciones internas para la libre
movilización de ciudadanos, especialmente hacia La Habana. Muchos
activistas o periodistas independientes son imposibilitados de viajar
libremente por la isla. Human Rights Watch (2019: 1) denuncia que:
El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para
hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores
políticos y otras personas. La cantidad de detenciones arbitrarias de
corta duración, que aumentó de manera drástica entre 2010 y 2016
—de un promedio mensual de 172 incidentes a 827—, empezó a
descender durante 2017, según datos de la Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, una organización
2 Las autoras de este ensayo fueron demoradas en el aeropuerto de La Habana, sin
ninguna explicación ni respuesta.
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independiente de derechos humanos que es considerada ilegal por el
gobierno.
Este descenso también lo registra el Observatorio Cubano de Derechos
Humanos con sede en Madrid, que desde 2014 publica informes anuales
online. El siguiente cuadro muestra las cifras que ofrece el Observatorio
sobre detenciones arbitrarias.
Tabla 1
Detenciones Arbitrarias en Cuba
Año Detenciones Arbitrarias Mujeres detenidas
2014 8.970 5.737
2015 8.314 4.006
2016 9.351 5.383
2017 4.821 3.333
2018 2.525 1.700
2019* 1.729 n.a.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los informes del Observatorio Cubano
de Derechos Humanos (2014-2019).
En general, las mujeres sufren más detenciones que los hombres y
esto se debe, principalmente, al movimiento de las Damas de Blanco.
En 2017 y 2018 se registran detenciones de artistas como Tania
Bruguera, Danilo Maldonado (conocido como El Sexto) y artistas
integrantes del Movimiento San Isidro, opositores al Decreto 349 de
abril de 2018 (Hernández Busto 2018).
En suma, con el fin de preservar la revolución, el régimen estigmatiza
toda opinión contraria a los preceptos del gobierno como un atentado
a la estabilidad y seguridad de Cuba, y con ello justifica la aplicación de
medidas represivas. Comparando con otras experiencias latinoamericanas,
sus formas de acallar a la disidencia y eliminar a los elementos nocivos
para el criterio oficial son menos crueles que las experimentadas
en dictaduras como las de Argentina o Chile. De todas formas, ¿se
pueden considerar abusos contra los ciudadanos de baja intensidad?
Veamos otros ejemplos que permitirán responder más objetivamente a
esta cuestión.
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7. Las Damas de Blanco
Las Damas de Blanco surgen espontáneamente en 2003, luego del
encarcelamiento de sus maridos o hijos, en lo que se conoce como la
Primavera Negra de Cuba.
El gobierno cubano preocupado por la fuerza del movimiento
opositor organizó una redada el 18 de marzo de 2003 que culminó
con la detención de 75 opositores. Durante el mes de abril, en juicios
sumarios, los detenidos fueron condenados a prisión con sentencias
que iban de los 6 a los 30 años. Algunos de los arrestados fueron
condenados a 28 años de cárcel por atentar contra el Estado y socavar
los principios de la Revolución.
La denominada «Primavera Negra» fue una reacción al éxito del
Proyecto Varela, un proyecto de ley para la expansión de los derechos
y las libertades. Cualquier proyecto de ley con un número superior a
10.000 firmas obligaba a la Asamblea Nacional del Poder Popular a
tomarlo en cuenta. El proyecto, formulado por Oswaldo Payá Sardiñas,
logró la firma de 25.000 cubanos.
Como consecuencia de las detenciones y las posteriores condenas,
surgieron las Damas de Blanco. Todos los domingos se reúnen para ir
caminando pacíficamente hacia la iglesia. Las más conocidas son las
Damas que residen en La Habana que intentan ir a la iglesia de Santa
Rita en el barrio de Miramar, pero hay Damas en casi todos los pueblos
y ciudades del país.
En el año 2010, 52 de los 75 presos fueron desterrados a España y
13 se quedaron en Cuba. Las Damas siguen saliendo cada domingo
porque se han convertido en una voz en la lucha por la libertad.
La imagen de este grupo de mujeres ha sido perjudicada por
enfrentamientos y pugnas internos –algunos de ellos inducidos y/o
potenciados por la labor de agentes del gobierno– y por la propaganda
negativa del gobierno cubano, que las señaló como agentes de los
intereses de EE.UU.
En 1977, otro grupo de mujeres había salido a la calle reclamando
por sus hijos. Los militares argentinos las llamaron «viejas locas», pero
el mundo las conoce como las Madres de Plaza de Mayo. Eduardo
Galeano en su poema «Derecho al delirio» escribió «en Argentina
las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque
ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria».
La fuerte propaganda negativa por parte del gobierno cubano hacia
las Damas de Blanco resulta en una muy escasa solidaridad nacional,
regional o internacional con ellas, comparado con el enorme caudal
de apoyo logrado internacionalmente por las Madres. Un dato curioso
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es que las Madres de Plaza de Mayo tampoco se solidarizan con las
Damas, por diferencias ideológicas y por esa arraigada costumbre de
defender la revolución cubana como adalid del progreso ciudadano.
Una peculiaridad del régimen cubano es que ha proyectado,
especialmente hacia América Latina, una imagen romántica de la
Revolución. Por ello, la solidaridad de muchos grupos de izquierda
sigue estando con la Revolución, y a los opositores se los considera
como un brazo del imperialismo norteamericano. Por lo tanto, no hay
lazos de solidaridad entre las Madres de Plaza de Mayo y las Damas de
Blanco, a pesar de que los dos grupos luchan contra la represión de las
libertades fundamentales.
Tampoco existe mucha simpatía o solidaridad entre los cubanos con las
Damas en Cuba, una situación que recuerda a la indiferencia de la mayoría
de los argentinos hacia las Madres durante los años de la dictadura. Para
explicar esta indiferencia hay que tener en cuenta la exitosa campaña del
gobierno contra ellas, el limitado acceso a información externa a la que
están sometidos los cubanos y el miedo de los ciudadanos a enfrentarse a
la máquina represora. Todo ello conduce a que las Damas sufran fuertes
restricciones para expresar sus puntos de vista.
En el apartado siguiente, se refleja otro aspecto de los impedimentos
para la libre expresión, vinculado a las artes y el periodismo.
8. Libertad de expresión
Durante 2019 se produjo en Cuba un movimiento inesperado,
una reacción instintiva generada por los artistas contra el Decreto
gubernamental 349, de censura previa a las producciones artísticas.
Con la excusa de controlar la calidad cultural del regaetton, el gobierno
nombraba inspectores para verificar las obras de arte. Los artistas de
distintas expresiones del arte (pintura, escultura, teatro, literatura,
música) viabilizaron el descontento de forma activa y organizada (Rojas
2018). Se capitalizó la energía, juntando gente apolítica que desplegó
objetivos políticos. Gracias a las acciones de estos artistas, se revirtió
el control de la cultura que intentaba implementar el gobierno. Los
escritores buscaron sacarse la mordaza, escultores y pintores pelearon
por su libertad creativa (Gallo 2019). Realizaron una bienal paralela a la
que organizó el gobierno e intentaron captar un público que sorteaba
la deslegitimación provocada por las autoridades. Sin embargo, algunos
continúan sufriendo encarcelaciones. Otros debieron huir del país.
Algunos fueron expulsados de las universidades donde dictaban
clases. Otros dejaron de tener apoyo estatal para sus producciones. La
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movilización contra el decreto 349 mostró una vez más que la lucha
por la libertad de expresión en Cuba tiene costos.
De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, Cuba
es uno de los diez países con mayor censura en el mundo (Lanza 2018).
Hay periodistas que son perseguidos. Sus publicaciones en medios
alternativos son denunciadas como antirrevolucionarias. No se les deja
salir del país. Pese a ello, en los últimos años surgieron numerosos
medios que dan cuenta de la vitalidad de estos jóvenes por expresar
sus ideas, como 14 y medio, Joven Cuba, On Cuba news, El Estornudo,
El Toque, Periodismo de Barrio. Todos los periodistas saben los riesgos
que corren al propagar sus ideas en publicaciones no aceptadas por
el oficialismo. Es llamativo que muchas de estas publicaciones no son
políticas, sin embargo, están igualmente sujetas a represión.
Twitter se ha convertido en un medio relativamente económico y
eficiente que permite a los cubanos expresar ideas. Díaz Canel permitió
utilizar este recurso en diciembre de 2018. Instó a sus ministros a
abrir sus respectivas cuentas para comunicarse con los ciudadanos.
Sin embargo, cuando las críticas eran evidentes, muchos de ellos
bloquearon a los twitteros. Por cierto, la mayoría de las cuentas no
van más allá de te mas muy cotidianos. Por ejemplo , la campaña
#BajenlosPreciosdeInternet no produjo una discusión sobre la libertad
de expresión, sino por el costo del servicio. El gobierno mantiene
precios altos no solo por los costos sino también para poder controlar
el acceso a internet. Es otra forma de coerción, sutil, pero efectiva.
¿Estamos ante otra forma de atropellar los derechos humanos
del modo de baja intensidad? No diría lo mismo, seguramente, la
abogada Laritza Diversent, que tuvo que exilarse ante la violencia con
la que fue destruida su institución (Pentón 2017). CUBALEX era una
organización no gubernamental que brindaba servicios de asistencia y
asesoría legal gratuita a víctimas de violaciones de derechos humanos
y grupos en situación de vulnerabilidad en Cuba. En s eptiembre de
2016 miembros de la Seguridad del Estado realizaron un registro y
decomisaron documentos, destruyeron ordenadores y humillaron a las
personas que encontraron en la institución. Algunos de ellos fueron
obligados a desnudarse frente de los investigadores y los miembros de
la Seguridad. Catorce miembros de CUBALEX se terminaron refugiando
en EE.UU., entre ellos, Laritza Diversent3.
3 En abril de 2016 visitamos la sede de CUBALEX en la localidad El Calvario, municipio
de Arroyo Naranjo de La Habana, y conversamos con varios miembros de la ONG. No sólo
prestaban servicios a activistas perseguidos por sus ideas políticas sino también a mujeres
víctimas de violencia de género o menores víctimas de violencia familiar.
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Tal como se evidencia en los comentarios siguientes recopilados en
nuestras entrevistas, periodistas, artistas y activistas políticos dan cuenta
de la persecución constante que sufren por parte de las autoridades.
Un joven artista más comprometido desde las movilizaciones contra
el decreto 349 expresó: «La oposición se enfrenta a un gobierno
profundamente opresivo; te sacan tu identidad ciudadana, te criminalizan,
te convierten en un delincuente. Es un costo político y social muy alto,
por eso hay miedo. La comunidad está resquebrajada». Un joven
periodista independiente nos comentaba que los opositores se quedan
muy solos. Muchas veces por miedo sus amigos o sus familias los van
dejando solos. En otros casos, estos jóvenes se enfrentan a sus padres
quienes siguen defendiendo la Revolución. Una de las entrevistadas
más jóvenes4 nos comentaba que creía que sus padres se aferraban
a la idea de la Revolución porque enfrentar el fracaso de esa utopía
significaba enfrentar el fracaso de sus propias vidas.
Desde una mirada más sofisticada, uno de ellos nos dijo: «es un
daño antropológico. A mis padres les extirparon la capacidad crítica».
Otro entrevistado, con más frustraciones, aseveró: «el [decreto] 349
muestra que el legado de la revolución es la mediocridad, a ellos les
conviene la mediocridad y hacer sentir que lo que se tenga es un regalo
para agradecer toda la vida».
En las entrevistas realizadas en mayo de 2019 percibimos un cambio
muy importante en estos jóvenes. Una de ellas lo resumió: «antes
éramos apolíticos, pero llego Twitter y cambiamos». Los Twitteros están
seguros de que los «ministros leen, pero no debaten».
Twitter es la vidriera, junto con Facebook, donde se comunican
las detenciones arbitrarias, las prohibiciones de viajes al exterior, las
golpizas en manifestaciones o la intimidación a las Damas de Blanco. Y
es también donde los cubanos se ríen de la torpeza de sus dirigentes y
se burlan de sus propias luchas cotidianas.
Esta transparencia inesperada complica al gobierno cubano, para
el cual el secretismo ha sido siempre la médula de su poder. Más
aún cuando el presidente no es un Castro y no tiene ni una pizca de
carisma y, con las penurias económicas, cada vez es probable que
tenga menos legitimidad.
Diaz Canel impuso el hashtag #SomosContinuidad, lo que
demuestra su distorsionada percepción de la realidad cubana. Uno
de los entrevistados en nuestro viaje a La Habana de julio de 2019
sentenció: «estamos hartos de continuidad, queremos cambio». No
4 Los jóvenes entrevistados tenían entre 25 y 36 años.
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sólo los opositores perciben la necesidad de cambio. Una mirada a
la situación social muestra que la Revolución está fallando en varios
frentes.
De acuerdo con el Observatorio de Derechos Sociales de Cuba, el
55,4% de los hogares recibe menos de 100 dólares al mes. El 70% no
cuenta con suministro permanente de agua. Un 32% dice tener agua
entre cuatro y cinco días por semana y un 28% menos de tres días a la
semana. El 80% de la población no tiene suministro eléctrico continuo.
El 42,3% de las personas que necesitaron medicamentos no pudieron
conseguirlos. Finalmente, el 78,6% asegura que no recibe ningún
tipo de asistencia social por parte del estado (Observatorio Cubano de
Derechos Humanos 2019).
En este contexto, la continuidad que propone el presidente es
inexplicable no sólo para los opositores, sino quizás también para los
que apoyan el gobierno.
Recientemente, Amnistía Internacional pidió a Miguel Díaz-Canel
permitirle observar el juicio de José Daniel Ferrer García, líder del
grupo de oposición política Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). Ferrer
fue detenido el 1 de octubre de 2019 y en abril de 2020 permanece
incomunicado. «Amnistía Internacional ha observado juicios en
múltiples países desde hace décadas como una herramienta que
permite monitorear la situación de derechos humanos en un caso
específico y de manera objetiva e imparcial. En consonancia con esta
práctica, solicitamos al presidente Díaz-Canel que permita nuestro
acceso a Cuba», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas
de la Secretaría Internacional de Amnistía Internacional (Deutsche Welle
2019). El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba,
calificó a Ferrer como «agente asalariado al servicio de EE.UU., con
una larga trayectoria de acciones de provocación». La prensa oficial
presenta a Ferrer como violento, agresor, ladrón y estafador (Bohemia
2019).
Conclusiones
Todos estos análisis y testimonios nos llevan a replantear nuestra
pregunta inicial: ¿Estamos ante abusos contra los derechos humanos
de baja intensidad? O en realidad, aunque no tengan el carácter masivo
de las dictaduras latinoamericanas, ¿son abusos de alta intensidad
contra los derechos ciudadanos?
La literatura recuerda que el movimiento por los derechos humanos
surgió como un valor universal luego de la Segunda Guerra Mundial,
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como respuesta al horror del Holocausto, el autoritarismo político
y la discriminación racial y étnica. El movimiento por los derechos
humanos se fortalece para evitar las patologías políticas que atentan
contra los seres humanos, promoviendo una convivencia digna en
el Estado. El Estado es responsable de brindar una protección a
sus ciudadanos. Y este concepto se universaliza, no sólo para las
democracias occidentales, sino como un valor filosófico extendido a
toda la humanidad.
En Cuba, la interpretación de los derechos humanos es sesgada. Tal
como lo expresa Human Rights Watch (1999, 3):
Con el Código Penal en mano, los funcionarios cubanos cuentan
con amplios poderes para reprimir internamente a la oposición
pacífica al Gobierno, mientras afirman su respeto al Estado de
Derecho en los foros internacionales. La legislación penal cubana
está concebida para aplastar la disidencia interna y mantener en el
poder al gobierno actual por medio de la restricción rigurosa de las
libertades de expresión, asociación, reunión, prensa y movimiento.
En una declaración extraordinaria de junio de 1998, el Ministro de
Justicia cubano Roberto Díaz Sotolongo justificó las restricciones
a la disidencia en Cuba explicando que, al igual que España ha
promulgado leyes para proteger de las críticas al monarca, Cuba
tenía motivos para proteger a Fidel Castro de las críticas, dado que
cumplía una función similar, la de «rey» de Cuba.
Las violaciones a los derechos humanos en Cuba son cotidianas.
Aquellos ciudadanos que piensan diferente viven con miedo. Expresar
una opinión distinta, reunirse con asociaciones o movimientos
opositores tiene un costo: perder el trabajo, perder los pocos beneficios
que pueden haber logrado, perjudicar a un familiar, no poder ingresar
a la universidad, ir preso o no poder salir del país. Que las violaciones
no sean masivas no significa que la intensidad de las mismas no
abrume a los ciudadanos. Es verdad que, comparadas con el genocidio
en Guatemala, en Argentina o en Chile, las violaciones son menores
en número y perversión. No obstante, no es una cuestión de números
sino del sufrimiento y temor constante de una amplísima parte de la
población.
El Estado cubano garantiza ciertos derechos de sus ciudadanos,
a través de un marco legal como la Constitución de 2019, y
contradictoriamente viola los derechos de sus ciudadanos habitualmente,
obligándolos a aceptar una utopía que movilizó al mundo muchos años
atrás. Los condenan cotidianamente a una vida paupérrima, al miedo y
al silencio. Amparados en algunas políticas sociales, las autoridades
Violación de los derechos humanos en Cuba: ¿Baja o alta intensidad? Laura Tedesco y Rut Diamint
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implementan acciones represivas, impunes y desmovilizantes de la
población.
Los datos que presentamos muestran que, aunque en apariencia
se crea que en Cuba hay abusos de baja intensidad de los derechos
humanos, la realidad es que los derechos humanos están enterrados y
olvidados. Este artículo marca una realidad que la polarización entre una
derecha reaccionaria y una izquierda cómplice deja abandonada. Ni las
acusaciones muchas veces infundadas, ni las mentiras bien resguardadas,
reflejan la vida diaria de los cubanos de a pie que, entre limitaciones
materiales y psicológicas, sobreviven en una Cuba que no fue.
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