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1
LA LUCHA DEL SECTOR AGRARIO Y LA CONQUISTA
DEMOCRÁTICA EN LA ESPAÑA RURAL. EL CASO DE
CIUDAD REAL (1976-1979)*
Diego Ruiz Panadero
Universidad de Castilla-La Mancha
Los estudios de la Transición española han variado extraordinariamente
desde la década de los años ochenta, momento clave en la transitología por
cuanto los científicos sociales introdujeron en el debate historiográfico nuevos
marcos y enfoques interpretativos. Autores como Joe Foweraker, José María
Maravall o Manuel Castells resultaron fundamentales al reconocer la influencia
de los movimientos sociales en la democratización de España; actores que,
tradicionalmente, habían quedado fuera de estos estudios en pos de una
interpretación que cedía a las élites políticas toda la iniciativa del cambio
1
. De esa
forma, al aplicarse un enfoque social a la Transición se abrían nuevas claves
explicativas que resultaban vitales para un entendimiento más profundo de la
conquista de la democracia.
Desde ese momento comenzó a prestarse atención a otros actores como el
movimiento obrero y el universitario, que concentraron buena parte de los
estudios al concebirse que los partidos y sindicatos del antifranquismo —en
especial el Partido Comunista de España (PCE) y las Comisiones Obreras—
fraguaron la principal resistencia contra la dictadura. Otros movimientos, sin
embargo, tendieron a quedarse fuera de los análisis al considerarse que su papel
en la Transición fue poco relevante. Los recientes estudios en este campo han
demostrado lo contrario: la existencia de movimientos como el vecinal, el
*Texto presentado en Historia de la Transición en España: la dimensión internacional y otros estudios
[recurso electrónico], coord. por Mónica Fernández Amador, 2019, págs. 1111-1128.
1
Las obras en cuestión son las siguientes: Joe Foweraker, La democracia española, Madrid, Arias
Montano, 1990; José María Maravall Herrero y Julián Santamaría Ossorio, “Transición política y
consolidación de la democracia en España”, José Félix Tezanos Tortajada (coord.) et al., La
Transición democrática española, España, Sistema, 1989, pp. 183-249; Manuel Castells, Crisis urbana
y cambio social, España, Siglo XXI, 1981.
2
feminista, el del clero base o el de los agricultores resultó capital para evitar la
continuación de la dictadura y la edificación de una falsa democracia.
Por tanto, en el presente escrito se pretende estudiar el impacto de las
provincias rurales en la conquista de la democracia, utilizando como sujeto de
análisis la provincia de Ciudad Real. Las movilizaciones que tuvieron lugar en
este espacio, insertas siempre en el contexto de inestabilidad nacional,
consiguieron conectar las reivindicaciones económicas con unas demandas
políticas que se fueron intensificando a partir de 1976. A través de un enfoque
local se busca demostrar que la conflictividad en el campo ciudadrealeño tuvo
vinculación con el ciclo de protestas nacionales y que, en definitiva, contribuyó a
condicionar las actuaciones de los Gobiernos de la Transición.
Los factores coadyuvantes de la protesta rural
En 1976 Ciudad Real era una región empobrecida, gravemente afectada por
la crisis económica y la emigración hacia los polos industriales. Cerca de 107.875
personas abandonaron la provincia entre 1965 y 1979, una cifra que se halla en
consonancia con el resto de provincias de la actual Castilla-La Mancha, que
soportó una bajada del 14,80% de media entre 1960 y 1970
2
. Esa sangría
demográfica tuvo un notable impacto en la evolución económica de la provincia,
que se vio sometida a un abandono casi generalizado por parte de la dictadura.
En consecuencia, el campo quedó anclado a un modelo de explotación poco
productivo en el que la mecanización todavía no se había implantado de forma
plena y efectiva
3
.
El retraso de la provincia se debía, en parte, al acusado empobrecimiento
del sector agrario durante los años sesenta, producido a partir de la disparidad
2
Instituto Nacional de Estadística (Anuarios Estadísticos, de 1961 a 1970 y de 1971 a 1980:
Demografía, Migración interior).
3
Aun así, Ciudad Real contaba en 1965 con 5446 tractores frente a los 3936 de Albacete y 4584 de
Cuenca, situándose, en el ámbito regional, solo por debajo de Toledo. Ángela Triguero Cano, “De
la agricultura tradicional a la agricultura moderna”, Miguel R. Pardo Pardo (coord.), Historia
económica de Castilla-La Mancha: (siglos XVI-XX), España, Biblioteca Añil, 2000, p. 215.
3
entre ese sector y el industrial. Este último, en contraste, contaba con un pequeño
pero sólido núcleo fabril en Puertollano. Esa asimetría conllevó una escasa
modernización rural y el trasvase de capitales hacia la industria, lo que significó
inevitablemente el retraso de la agricultura ciudadrealeña, como demuestran los
datos del Gobierno Civil
4
. Solo entre 1973 y 1975 el sector primario se había visto
reducido del 49,24% al 36,90%, mientras que el secundario (25,09%/32,3%) y el
terciario (25,64%/30,80%) habían crecido lenta pero inexorablemente, señal de
que Ciudad Real se hallaba en pleno proceso de terciarización
5
.
A pesar de esa tímida industrialización la industria era escasa, con un sector
primario que se situaba por encima de la media nacional y en relación con el resto
de territorios de la actual Castilla-La Mancha
6
. Las consecuencias económicas y
sociales de ese bajo desarrollo fueron importantes, pues al no establecerse una
industria que ejerciera un efecto positivo de arrastre sobre el resto de sectores
productivos la economía continuó dependiendo del sector primario. Tampoco
aumentó la iniciativa privada, prosiguieron las prácticas proteccionistas
comerciales y las subvenciones empresariales continuaron siendo habituales, por
lo que se produjo un adormecimiento de la modernización empresarial y la
ralentización del desarrollo provincial
7
.
Por otro lado, la infraestructura pública adolecía de numerosas fallas. La
disponibilidad de colegios, hospitales, carreteras, alumbrado, canalización de
agua potable o alcantarillado era muy baja en la mayor parte de la provincia. La
falta de viviendas obligaba a una parte de la población a subsistir en chabolas
improvisadas en las áreas periféricas de las ciudades, con denuncias como la que
4
Miguel R. Pardo Pardo, “El tardío despegue industrial: luces y sombras en el proceso de
industrialización”, Miguel R. Pardo Pardo (coord.), Historia económica de Castilla-La Mancha: (siglos
XVI-XX), España, Biblioteca Añil, 2000, p. 272.
5
“Esquema de la provincia de Ciudad Real” (julio de 1973), AHPCR, sección Gobierno Civil, caja
G464, p. 11.
6
Elisa Amo Saus, “Demografía”, Manuel Requena Gallego (coord.), Castilla-La Mancha en el
franquismo, Ciudad Real, Biblioteca Añil, 2003, p. 171.
7
Miguel R. Pardo Pardo, “La economía durante el franquismo”, Manuel Requena Gallego
(coord.), Castilla-La Mancha en el franquismo, Ciudad Real, Biblioteca Añil, 2003, pp. 218-219.
4
realizaba un vecino del barrio la Era del Cerrillo (Ciudad Real). En un artículo de
prensa señalaba que “sus habitantes no tienen cama y duermen en colchones en
el suelo entre charcos de agua”, pidiendo limosna para sobrevivir a falta de
trabajo estable
8
.
En cuanto a número de colegios Ciudad Real estaba por debajo de la media
nacional, algo que se observa también en sanidad y vivienda. Para el curso 1974-
1975 contaba con 2214 unidades de educación general básica y 249 para la
prescolar, mientras que la media se situaba en 3.075.460 respectivamente
9
. Lo
mismo ocurre respecto a hospitales y número de sanitarios, que reflejan un
estado de abandono casi generalizado. La provincia solo contaba con 10
hospitales generales (19,62 de media en España) y 425 sanitarios médicos (1090,66
de media), de los que un 25,41% se concentraba en la capital mientras que el resto
de médicos (74,58%) se distribuía por los restantes municipios de la provincia
10
.
También el pavimento era un problema en todo el territorio —
fundamentalmente en las ciudades—, ya que existían numerosos socavones en
las carreteras que no pudieron ser reparados debido a los retrasos en los planes
de obras de alcantarillado planeados en 1973
11
. Del suministro de agua existían
igualmente quejas, pues las canalizaciones del agua eran, en algunas zonas,
prácticamente inexistentes, además de que a veces el agua salía demasiado turbia
como resultado del mal filtrado de las depuradoras
12
. Un problema que persistió
8
“Llamada a los ciudadrrealeños”, Lanza, 15 de enero de 1970, p. 6.
9
Instituto Nacional de Estadística (Anuarios Estadísticos, de 1971 a 1980: Enseñanza y expansión
cultural).
10
Instituto Nacional de Estadística (Anuarios Estadísticos, Anuario de 1976: Sanidad y
beneficencia, acceso el 14 de septiembre de 2019),
https://www.ine.es/inebaseweb/treeNavigation.do?tn=119538&tns=120318#120318. Las
medias en este caso no incluyen a Ceuta y Melilla, ya que no aparecen en las tablas de
profesionales sanitarios a finales de 1975.
11
Carlos María San Martín, “Las calles, imposibles”, Lanza, 18 de diciembre de 1975, p. 24.
12
A. García-Cervigón, “Abastecimiento de agua y arreglo de la plaza del caudillo: reunión de la
corporación y consejo del movimiento”, Lanza, 25 de diciembre de 1975, p. 7; Carlos María San
Martín, “Agua cochina”, Lanza, 2 de marzo de 1978, p. 3.
5
hasta bien entrados los ochenta, con las numerosas reclamaciones de unos
vecinos que solo deseaban un abastecimiento continuo y fiable de agua
13
.
Otro elemento que contribuyó a incentivar la protesta en 1976 fue la
completa desprotección a la que agricultores y jornaleros se hallaban sometidos.
En caso de destrucción de la cosecha por fenómenos meteorológicos extremos —
granizadas, inundaciones, sequías…—las aseguradoras no siempre
proporcionaban un pago suficiente para afrontar las pérdidas de la producción.
En esas situaciones los agricultores dependían de unas ayudas estatales que, en
muchas ocasiones, llegaban tarde y resultaban escasas, por lo que la obtención de
un jornal estable se dificultaba todavía más.
Como se puede observar, Ciudad Real presentaba en 1976 un panorama
socioeconómico inestable, con la evidente existencia de malestar en buena parte
de la sociedad rural. Las malas condiciones de vida y el empeoramiento de la
economía a partir de 1973 supusieron un importante agente movilizador en la
provincia durante la Transición, con unas protestas que inicialmente tuvieron un
carácter puramente económico pero que, con el paso de los años —y sobre todo
tras la muerte del dictador— fueron adquiriendo tintes políticos. Además, el paso
de una agricultura proteccionista a otra de mercado y la lucha por la obtención
de mayores libertades resultaron esenciales para impulsar un ciclo de protestas
en Ciudad Real.
La escalada de conflictividad social en la Transición
Buena parte de las movilizaciones vividas durante la década de 1970
correspondieron a movimientos que articulaban reivindicaciones económicas y
políticas. Las protestas se dirigían esencialmente a denunciar la introducción de
la agricultura capitalista, la baja modernización del campo, las exiguas
inversiones que en él se realizaban y el excesivo control oligopolístico del
mercado comercial agrícola por parte de unas pocas empresas que contaban con
13
J. Flores, “Alcolea, sin agua corriente”, Lanza, 8 de abril de 1981, p. 18.
6
el apoyo de la Organización Sindical Española (OSE)
14
. Se revelan así las posturas
autoritarias de la administración y el continuo sometimiento de los pequeños
propietarios al Sindicato Vertical.
Fruto de esa actitud arbitraria del Gobierno surgieron, a finales de 1975,
problemas en el sector remolachero. La mala planificación para la campaña
agraria de 1976/1977, en la que la administración no contó con la opinión de los
agricultores, causó un superávit en la producción de remolacha. La extensión de
ayudas y el incentivo a los agricultores para que plantaran este producto conllevó
la obtención de unos excedentes de azúcar que, como indicaba Luis Martínez
Gutiérrez, “deberán pesar sobre los cultivadores e industriales”
15
. Este problema
se agravó más todavía con las heladas e inundaciones que se produjeron a
mediados de noviembre y que destrozaron buena parte de las cosechas de
remolacha.
En efecto, Luis Martínez Gutiérrez no se equivocaba en sus predicciones.
Poco tiempo después comenzaron las paralizaciones en la recogida de la
remolacha por parte de algunas azucareras españolas como efecto de la
sobreabundancia en la cosecha
16
. Esto provocó el enfado no solo de los
agricultores, sino también de ochenta jornaleros de Argamasilla de Alba que,
ante la posibilidad de ser despedidos —por cuanto hacía falta un menor número
de ellos para recoger la cosecha— decidieron iniciar un paro laboral el 17 de
noviembre de 1976, un día antes de la aprobación de la Ley para la Reforma
Política de Suárez. La funesta organización del Gobierno, que no contó para nada
con los agricultores, conllevó el enfado generalizado de todos aquellos que
14
Alberto Sabio Alcutén, “Cultivadores de democracia. Politización campesina y sindicalismo
agrario progresista en España, 1970-1980”, Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural,
núm. 38, 2006, p. 77.
15
“Sobre el grave problema de la remolacha: ruego del señor procurador en Cortes señor
Martínez Gutiérrez”, Lanza, 9 de noviembre de 1976, p. 6. Se trataba del procurador en Cortes de
Representación Familiar por la provincia de Ciudad Real.
16
“La azucarera del Duero no recogerá más remolacha”, Lanza, 17 de noviembre de 1977, p. 8.
7
habían invertido en la plantación de remolacha, llevados por la
sobreestimulación del Ministerio de Agricultura
17
.
Las protestas no se debían únicamente a motivos económicos, pues existía
un fuerte malestar en el sector por la nula capacidad de participación que los
agricultores tenían en las políticas agrarias. Los conflictos de la remolacha no
eran sino el reflejo de la cultura autoritaria del Gobierno y de las Hermandades
Sindicales, los órganos que debían hacer valer los derechos de los agricultores. Se
había decidido incentivar la mecanización del campo y apoyar el cultivo
remolachero sin ampliar los objetivos de producción ni tener en cuenta las
necesidades de los agricultores, por lo que ahora existía un exceso de remolacha
que impedía el retorno de las inversiones realizadas. De ahí que Luis Martínez
Gutiérrez criticara que no se contará con los agricultores y defendiera un control
de precios —y la disminución de las importaciones— para paliar el problema
18
.
Estos conflictos en el sector de la remolacha enlazaron, durante 1977, con
otros que compartían una misma cuestión de fondo: la introducción de lógicas
productivas capitalistas en un sector ampliamente protegido y subvencionado.
En 1977 el Ministerio de Comercio impulsó una política de aumento de las
importaciones que desestabilizó más aún los precios de productos como la
patata, la cebolla, la oliva y la remolacha. Así, a finales de febrero se desencadenó
una oleada de manifestaciones que arrastró a miles de agricultores, quienes se
posicionaban en contra de unas importaciones que imposibilitaban la venta de
los propios excedentes en el mercado nacional
19
.
Una vez más asoma el autoritarismo que impregnaba las relaciones
sindicales. La imposibilidad de que los agricultores debatieran los precios a
través de las Hermandades provocó una tensa desconfianza respecto a la OSE,
17
Textos de la Guardia Civil (17 de noviembre de 1976), AHPCR, sección Gobierno Civil, caja
G1023, núm. 1070, 1069 y 1065.
18
José Montalbán Serrano, “El presidente de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de
Argamasilla de Alba se dirige al Ministerio de Agricultura”, Lanza, 9 de enero de 1977, p. 6.
19
David Martínez Pérez, Construyendo la democracia. Tardofranquismo, transición política y la cuestión
autonómica en la provincia de León (1962-1984), León, Universidad de León, 2015, p. 290.
8
hecho que permitió a la COAG auparse a nivel nacional y consolidarse como uno
de los principales sindicatos progresistas en el campo
20
. De esa forma, la COAG
respondió a la bajada de precios con una llamada a la movilización el 27 de
febrero, convocando a agricultores de toda España a ocupar las carreteras con sus
tractores. En total, cerca de 108.000 vehículos acudieron al llamamiento; Ciudad
Real, por su parte, solo logró movilizar 45 tractores
21
.
A pesar de la poca intensidad que alcanzó la tractorada en esta provincia
hay que tener en cuenta que “las repercusiones políticas de las múltiples y
heterogéneas acciones conflictuales fueron más importantes que su propio
número”
22
. De esa manera, la incorporación de Ciudad Real al ciclo de protestas
debe entenderse bajo esta idea de contestación social en un área tradicionalmente
poco activa, así como el impacto que las movilizaciones generaron a nivel local.
Si bien el número de tractores dispuestos en la provincia durante marzo de 1977
fue modesto en comparación con el resto de España no es menos cierto que creó
preocupación en las autoridades locales. El subsecretario de orden público Félix
Hernández Gil conminó a los gobernadores civiles de toda España a proceder
“enérgicamente contra todos los integrantes de piquetes y en particular contra
los promotores”
23
.
A pesar del intenso control por parte de las autoridades la COAG logró
crear una sección provincial a finales de 1977, posibilitando una mejor
organización de cara a las futuras confrontaciones que tuvieron lugar durante
marzo de 1978. Esos conflictos se debieron, en gran medida, a la mala situación
económica, la agudización de la crisis agraria y la renovación de los convenios
colectivos a nivel nacional. Además, las protestas nacidas al albor de estas
20
Ibid. Las siglas corresponden a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG).
21
Rafael Cruz, Protestar en España 1900-2013, Madrid, Alianza editorial, 2015, p. 193. Respecto al
número de tractores: “Situación conflictiva de los agricultores” (2 de marzo de 1977), AHPCR,
sección Gobierno Civil, caja G1023, núm. 77.
22
Manuel Ortiz Heras, “Movimientos sociales y culturas políticas en la construcción de
ciudadanía: la Transición española”, Alcores, núm. 14, 2012, p. 14.
23
Télex del subsecretario de orden público (3 de marzo de 1977), AHPCR, sección Gobierno Civil,
caja G1023, núm. 265.
9
problemáticas se vieron potenciadas por la aparición de un decreto el 14 de
febrero de 1978 que permitía retirar el carnet de conducir a aquellas personas que
utilizaran sus tractores en las manifestaciones.
Dicha medida fue calificada por la COAG como “un atentado al derecho de
huelga”, lo que sirvió para tensar todavía más el ambiente
24
. El sindicalismo
progresista ciudadrealeño apoyó el 14 de marzo una protesta en toda la provincia
en reivindicación de la regulación de precios agrarios, una ley de seguros para
las cosechas y el ganado y la anulación de las jornadas teóricas, que eran vistas
como un impuesto ilegítimo y anticuado cuyo único fin era recaudar
25
. Así, en el
ciclo de movilizaciones del 14, 15 y 16 de marzo se llegaron a movilizar cerca de
setecientos tractores en su punto más álgido, por lo que lejos de ser un fracaso
como afirmaba el periódico Lanza sirvió para demostrar la implantación y fuerza
Paralelamente a estos conflictos se dio una lucha relacionada con el
mantenimiento de las estructuras sindicales franquistas en el campo. Pese a que
la lucha social había logrado en junio de 1977 la libertad sindical y el fin de la
sindicación obligatoria siguieron manteniéndose comportamientos y actitudes
autoritarias por parte del Gobierno de Suárez
26
. El 2 de junio de 1977 se creaban
las Cámaras Agrarias, que daban pie a establecer un órgano sindical
aparentemente democrático que debía representar a los agricultores. La realidad
es que se trataba de un intento de continuismo postfranquista en el campo, pues
este resultaba vital para Suárez de cara a consolidar su proyecto de reforma
política.
Las Cámaras Agrarias, el refugio sindical del franquismo
24
Petición de entrevista de la COAG estatal al ministro de agricultura (13 de marzo de 1978),
AHPCR, sección Gobierno Civil, caja G1023.
25
“A todos los agricultores y ganaderos de la provincia de Ciudad Real”, Lanza, 14 de marzo de
1978, p. 6.
26
La libertad sindical se ratificó con el Real Decreto Ley 31/1977, de 2 junio, sobre extinción de la
sindicación obligatoria, reforma de estructuras sindicales y reconversión del Organismo
autónomo «Administración Institucional de Servicios Socio-profesionales».
10
Las Cámaras Agrarias fueron creadas el 6 de junio de 1977 para servir,
según el Gobierno, “de órganos de consulta y colaboración con la Administración
pública […], de carácter no sindical, de ámbito territorial y bajo la forma jurídica
de corporación de derecho público”, que no afectaban a la libertad sindical
27
. Sin
embargo, en la práctica no eran sino un intento continuista de transformar el viejo
sindicalismo franquista de las Hermandades en las nuevas Cámaras, al albor del
proceso de democratización que se estaba viviendo en otros ámbitos
28
. Suárez no
podía perder el control del mundo rural, pues peligraba la victoria electoral de la
UCD en los futuros comicios municipales de 1979 mientras que la izquierda
amenazaba con penetrar en los ayuntamientos de toda España.
La conflictividad vivida en el campo durante 1977 demostró a Suárez que
era vital neutralizar el crecimiento de las organizaciones sindicales progresistas,
que ha habían alcanzado cierta fuerza durante 1976. Por otra parte, existía el
miedo en parte de los agricultores de que si desaparecía el sindicalismo vertical
las competencias se trasladarían a los ayuntamientos y sus problemas, por tanto,
se disolverían en medio de los problemas municipales
29
. La lucha por el control
de las Cámaras Agrarias se convirtió así en el caballo de batalla del sindicalismo
progresista, pues estaba en juego la dirección de unos órganos sindicales que
disponían de importantes funciones socio-asistenciales como la distribución de
subsidios familiares, afiliación a los seguros sociales, garantías sanitarias o la
confección de las listas con los parados locales para que estos pudieran acceder a
las ayudas de instancias superiores
30
.
27
“Demarcación territorial para la policía y Fuerzas de Orden Público”, Lanza, 3 de junio de 1977,
pp. 1 y 18.
28
Herrera González de Molina, La construcción de la democracia en el campo (1975-1988). El
sindicalismo agrario socialista en la Transición española, Madrid, Secretaría General Técnica Centro
de Publicaciones, 2007, p. 93.
29
Eduardo Moyano Estrada, “Ideologías y sindicalismo agrario en la transición democrática”,
Agricultura y sociedad, núm. 31, 1984, pp. 38-39.
30
Alberto Sabio Alcutén, “Cultivadores de democracia…”, op. cit., pp. 86-87.
11
Esa disputa se convirtió en la tónica habitual durante 1977 y 1978 entre las
organizaciones sindicales ciudadrealeñas, que necesitaban contar con la
legitimidad representativa de los agricultores para poder lograr buenos
resultados. Por un lado estaban las OPAS, que tendían a defender los intereses
de los agricultores propietarios —aunque la COAG y FTT primaban la defensa
de las explotaciones familiares y a los trabajadores—
31
. Por otro estaban los
sindicatos, principales valedores de jornaleros y asalariados, desprotegidos
frente a los empresarios agrícolas que, al controlar las Hermandades Sindicales,
imposibilitaban cualquier queja formal
32
. La competencia entre OPAS y
sindicatos progresistas y las afines al Gobierno impregnó todo el año de 1978,
pues esa contienda electoral se veía como una preparación para las futuras
elecciones municipales.
Las OPAS y sindicatos vinculados al oficialismo defendían la continuación
de las estructuras burocrático-administrativas de las antiguas Hermandades
Sindicales en las nuevas Cámaras Agrarias, para convertirlas, teóricamente, en
actores mediadores y armonizadores de los distintos grupos sindicales lejos del
corporativismo estatal, con un funcionamiento democrático
33
. Es decir, buscaban
que las Cámaras canalizaran el malestar del campo para evitar una escalada de
conflictividad social que pudiera desestabilizar el orden público. Ejemplo de ello
es la APAG, integrada en la CNAG —considerada heredera del Sindicato
Vertical—, que se posicionaba radicalmente en contra de las tractoradas
promovidas por la COAG
34
.
31
Francisco Ferrer Gálvez, “Conflictos, asambleas y democracia: transición y mundo rural en la
provincia de Almeríaˮ, Mónica Fernández Amador y Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz (eds.),
Movimientos sociales e instituciones locales en la transición: la lucha por la democracia en la Andalucía
rural, España, Catarata, 2017, p. 82. Las siglas pertenecen a los siguientes nombres:
Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT).
32
Damián Alberto González Madrid, “Los trabajadores de Ciudad Real…”, op. cit., p. 116.
33
Eduardo Moyano Estrada, “Ideologías y sindicalismo agrario…”, op. cit., p. 55.
34
“Puntualizaciones sobre la concentración de tractores en la provincia”, Lanza, 16 de marzo de
1978, p. 10. Siglas de Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) y Confederación
Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG).
12
Por el contrario, la oposición criticaba a las Cámaras Agrarias y el
favoritismo del Gobierno hacia las asociaciones progubernamentales, como
ocurrió durante marzo de 1978. El día 13, dos meses antes de los comicios, la
COAG demandó una reunión con el ministro de agricultura por la presencia de
la ARA y del CNJA en las negociaciones sobre los problemas del campo
español
35
. Según ellos estas OPAS tenían cuatro representantes cada una, lo que
no se correspondía con la representatividad real dada su baja implantación “en
las distintas regiones y nacionalidades del Estado español”
36
. Lo cierto es que el
ARA y el CNJA tenían una visión reformista y muchos de sus cargos estaban
vinculados a la UCD y a Alianza Popular. Es el caso de la ARA, cuyo presidente,
Alberto Mallarín Marcial, fue senador por UCD entre 1977 y 1982.
En un intento de obtener la legitimidad del sector agrario las OPAS y
sindicatos progresistas alentaron, durante abril de 1978, manifestaciones a favor
de mejorar las condiciones económicas del campo. Una de las cuestiones
fundamentales fue la defensa de la firma de los convenios colectivos, hasta
entonces inexistentes. Los salarios se guiaban por las Ordenanzas del Campo y
las retribuciones mínimas quedaban establecidas por el Gobierno, que luego se
pactaban a nivel individual con agricultores y trabajadores. Hartos de esa
situación los jornaleros de Tomelloso se declararon en huelga el 3 de abril y
convocaron una manifestación en la plaza del pueblo para ese día. Las
autoridades, en respuesta, ordenaron la intervención de los antidisturbios y la
posterior disolución de la concentración. Su lucha, no obstante, sirvió para
aumentar el salario mínimo, que ascendió de 548 pesetas diarias a 650 para los
obreros fijos y de 810 a 950 para los eventuales, revisable en octubre
37
.
35
Asociación Regional Agraria (ARA) y Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNAJ).
36
En cualquier caso, resulta interesante que aludieran a las “regiones y nacionalidades del Estado
español”, ya que suponía la ruptura de la idea nacionalista del franquismo, de la “unidad
espiritual, nacional y social” indicada en el Fuero de los Españoles de 1945 y, al mismo tiempo,
indica la penetración de fuerzas de la izquierda en este sindicato.
37
“Informe sobre la situación laboral en el «sector agrícola», en la provincia de Ciudad Real” (21
de septiembre de 1978), AHPCR, sección Gobierno Civil, caja G1023, núm. 6650.
13
Por otra parte se daba una candente lucha electoral. Desde la izquierda se
acusaba a los presidentes de las Cámaras Agrarias de servir a los intereses del
Gobierno, negándole a la oposición el uso de espacios públicos como el de los
locales de las viejas Hermandades, tal como ocurrió en Campo de Criptana y en
otros pueblos de Ciudad Real
38
. También se les recriminaba el haber creado una
estructura electoral que proporcionaba ventaja a las áreas rurales pequeñas,
donde la capacidad de coacción de las OPAS oficialistas era mayor. No era para
menos, pues los encargados de elaborar los censos electorales y de avalar a los
candidatos eran los antiguos secretarios de las Hermandades —ahora en las
Cámaras—, que ponían trabas administrativas a los candidatos ajenos a la onda
de UCD
39
.
Además, el sistema de reparto de votos favorecía a las circunscripciones
pequeñas y, por tanto, a las candidaturas oficialistas
40
. A las Cámaras Agrarias
locales con un censo por encima de doscientos cincuenta titulares de
explotaciones agrarias se les asignaban doce vocales, mientras que las que se
hallaban por debajo de esa cifra les correspondían ocho vocales, lo que en la
práctica otorgaba una sobrerrepresentación a los pueblos pequeños
41
. A esto hay
que sumar las quejas referentes al censo agrario. No solo se estaba utilizando el
censo de 1972, que a todas luces resultaba anticuado por los grandes cambios que
se habían producido en la década, sino que se tuvieron que atrasar las elecciones
38
José López Sánchez, “Unión de Campesinos de la Mancha: sobre Cámaras agrarias”, Lanza, 4
de marzo de 1978, p. 4.
39
Antonio Herrera González de Molina, “La democratización de la democracia. La Transición en
los municipios andaluces (1977-1983)”, Alcores, núm. 14, 2012, p. 104.
40
Desde las Cámaras locales se escogían a los representantes provinciales, quienes a su vez
elegían a veinticuatro miembros que conformaban las Cámaras provinciales. El presidente y el
vicepresidente de cada Cámara eran escogidos para ir a la Confederación Nacional de Cámaras
Agrarias, donde finalmente se designaba a un presidente y dos vicepresidentes con gran poder
de influencia en el mundo rural. De ahí la pugna entre la UCD y la oposición por lograr que esos
cargos fueran ocupados por miembros afines. Luis Carlos Navarro Pérez, “Las elecciones de 1978
en las cámaras agrarias andaluzas y sus repercusiones políticas”, Mónica Fernández Amador y
Rafael Quirosa-Cheyrouze Muñoz (eds.), Movimientos sociales e instituciones locales…, op. cit., p.
186.
41
Ibid., p. 189.
14
a Cámaras como consecuencia de las quejas vertidas por las OPAS y sindicatos,
pasando del 30 de abril al 21 de mayo.
Las elecciones a Cámaras llegaron finalmente el día 21 de mayo, con unos
resultados favorecedores a los candidatos afines al Gobierno. Los independientes
—entre los que había muchas candidaturas de antiguos franquistas que ahora
gravitaban en torno a la UCD— obtuvieron la mayor parte de los representantes
sindicales, que se repartieron de la siguiente forma: independientes (95), APAG
(26), FTT (22), UAGA-COAG (13), UCM (8), APA (4), APV (3), CNAG (2), AMA
(1)
42
. La derrota de la izquierda fue aplastante, pues el bloque progresista
(UAGA-COAG, FTT y UCM) solo logró alcanzar el 14,97% de los votos, mientras
que el bloque vinculado a la derecha (APAG, APR y CNAG) sumó un 23,77%, a
los que habría que sumar la parte proporcional afín de los independientes —un
59,41% en total—
43
.
Estos resultados le permitieron a la UCD alzarse con una rotunda victoria.
Aunque los grupos de izquierdas consiguieron una buena representación
alícuota en los distritos cuyo censo era mayor a doscientos cincuenta propietarios
ese porcentaje se vio claramente contrarrestado por el éxito de la derecha en las
zonas más pequeñas. OPAS y sindicatos progresistas experimentaron
dificultades en los comicios electorales al no contar con los recursos humanos y
materiales necesarios, pudiendo presentar solo cuarenta y cuatro candidaturas
frente a las noventa y cinco de la derecha
44
. Los afines a UCD, por el contrario,
42
“Elecciones a Cámaras agrarias”, Lanza, 14 de mayo de 1978, p. 4. Las abreviaturas
corresponden a la Unión de Campesinos de la Mancha (UCM), Asociación Provincial de
Remolacheros (APR), la Asociación Provincial de Viticultores (APV) y la Asociación de
Maquinaria Agrícola (AMA).
43
Pese a todo, los resultados obtenidos por la izquierda sirvieron “para ratificar que el
sindicalismo de pequeños agricultores, representado por COAG y FTT, debía ser, cuanto menos,
tenido en cuenta por la Administración”. Antonio Herrera González de Molina, “«Otra lectura
de la Transición española es posible». La democratización del mundo rural (1975-1982)”, Ayer,
núm. 74, 2009, p. 236.
44
Damián Alberto González Madrid y Manuel Ortiz Heras, “La conflictiva democratización de
las relaciones sindicales agrarias: patronos, sindicatos y trabajadores manchegos en el escenario
posdictatorial (1976-1979)”, VI Congreso Internacional Historia de la Transición en España, Almería,
Universidad de Almería, 2015, p. 712. Son cuarenta y cuatro si se tiene en cuenta la candidatura
del AMA, cuya orientación parece ser progresista.
15
gozaron de los privilegios del Gobierno. El control del campo siguió estando en
manos de Suárez, lo que le proporcionaba cierta ventaja de cara a las elecciones
municipales de 1979. Empero, se enfrentaba a una importante contestación social
por parte del mundo rural, que deseaba mayores libertades fuera del viejo
sistema reciclado en el nuevo sindicalismo agrario.
Consideraciones finales
Mediante el texto aquí expuesto se ha tratado de dar respuesta a uno de los
interrogantes más comunes en los estudios de la Transición: ¿cuál fue el papel de
las provincias rurales en el cambio político? Habitualmente se ha tendido a
considerar a estas áreas como elementos inactivos, plenamente subordinados a
los tejemanejes del reformismo franquista, sin capacidad autoorganizativa frente
a los Gobiernos de la Transición. En definitiva, se ha vertido una visión que
concibe al campesino “como un agente social de carácter residual, que representa
la ruralidad con connotaciones peyorativas y despectivas y que además
jerarquiza la diferencia entre mundo urbano y mundo rural condenando a la
inferioridad a este último”
45
.
Esas habituales alusiones a un mundo rural apacible y despolitizado son
fundamentalmente paradigmas anclados a la visión más conservadora de la
Transición
46
. Aunque es cierto que los niveles de conflictividad no fueron altos
durante la dictadura sí que se produjo un notable ascenso de la contestación
social durante los años setenta. En ese sentido, los factores económicos resultaron
fundamentales para desencadenar las protestas, pero no son ni mucho menos los
únicos elementos explicativos del ciclo de movilizaciones sociales. También la
45
María Teresa Ortega López, “¿La soledad del campesino? Politización y conflictividad en el
campo español durante la dictadura franquista”, XIII Congreso de Historia Agraria, Lleida,
Sociedad Española de Historia Agraria, 2011, p. 5.
46
Esa visión también podría relacionarse con aquellos postulados críticos con la Transición que
defienden que no hubo una verdadera ruptura con la dictadura y que el proceso fue,
esencialmente, producto de las élites políticas. De esa forma, se buscaría culpar a la Transición de
los males y vicios que experimenta el régimen político actual. Pere Ysàs, “La Transición. Luces y
sombras”, Ayer, núm. 79, 2010, p. 32.
16
actitud represiva de los gobernadores civiles y la falta de representatividad por
parte de los sindicatos afines al reformismo franquista condicionaron la
evolución de protestas.
En Ciudad Real la construcción de un movimiento antifranquista fue largo
y tedioso por diversos motivos. Por un lado, las características físicas de la
provincia impedían crear redes fluidas de oposición a la dictadura debido a la
distancia entre pueblos o la escasez de núcleos urbanos. Las relaciones sociales
en el campo eran mucho más públicas que en las grandes ciudades, por lo que la
militancia en organizaciones prohibidas conllevaba un riesgo extra. Además, la
carencia de una cultura participativa y el miedo provocado por la fuerte
represión de posguerra —con más de cuatro mil fusilados— determinaron el
matizado carácter pasivo de la sociedad ciudadrealeña
47
.
Pasivo no significa, empero, despolitizado. Partiendo de que la sociedad
rural estuvo siempre fuertemente influenciada por el sindicalismo vertical—
donde los grandes propietarios agrícolas se hallaban aliados con los políticos del
régimen— los estudios centrados en el universo rural han permitido superar la
tradicional visión sociológica difundida por la dictadura
48
. Aunque las muestras
de oposición no fueron tan visibles como en la industria el campo contó con
dinámicas y lógicas propias de confrontación al Gobierno. Ocultaciones de la
cosecha, impagos de impuestos a las Hermandades Sindicales o el envío de cartas
colectivas de protesta a la prensa fueron las maneras más comunes de oponerse
al autoritarismo del régimen
49
.
En ese sentido, Ciudad Real tuvo —al igual que otras muchas provincias de
España— que aprender a protestar. Para ello requirió de un largo aprendizaje
que fue lento y gradual y de ninguna manera inculcado por las instancias
47
Las últimas investigaciones acercan a 4000 el número de asesinados por la represión franquista,
mientras que en 2008 se cifraban en 1828. Más información en Julián López García et al., Para
hacerte saber mil cosas nuevas: Ciudad Real, 1939, Madrid, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, 2018.
48
Alberto Sabio Alcutén, “Cultivadores de democracia…”, op. cit., p. 82.
49
Ana Cabana y Daniel Lanero, “Movilización social en la Galicia rural del Tardofranquismo
(1960-1977)”, Historia agraria, núm. 48, 2009, pp. 118-119.
17
oficiales. Fue gracias a la acción del antifranquismo que se logró implantar los
brotes de una cultura democrática en el campo, mediante la utilización del
“entrismo” y la infiltración en los órganos sindicales locales
50
. La creación de
nuevas asociaciones agrarias a partir de 1976 —como la COAG, la UCM o la
FTT—resultó, en ese sentido, clave para difundir prácticas políticas
democráticas
51
.
Finalmente, la resistencia que ofrecieron los Gobiernos de la Transición en
el campo al cambio político —poniendo trabas a la oposición, manipulando actas,
impidiendo candidaturas de la izquierda, prohibiendo manifestaciones, etc.—
demuestra el temor existente en las autoridades a que se produjera una
desestabilización del orden público. Esto manifiesta que las acciones de la
sociedad ciudadrealeña tuvieron su repercusión en las actuaciones del Gobierno
Civil de Ciudad Real, que tuvo que moverse siempre entre aplicar medidas
represivas y lograr una legitimidad democrática. Así, la lucha de la oposición por
conquistar las Cámaras Agrarias o las llamadas guerras de los tractores
desmitifican el relato tradicional de la Transición, en el que las élites políticas
habrían asentado la democracia sin la participación activa de la ciudadanía. Por
ello cabe afirmar que Ciudad Real tuvo una participación activa en la
consecución de la democracia y que las áreas rurales siguen siendo un valioso
campo de estudio sobre los movimientos sociales en la Transición española.
50
Sirva como ejemplo el estudio realizado por Damián Alberto González Madrid y Oscar Martín
García, “Desde abajo y en la periferia del desarrollismo. Cambio político y conflictividad social
en La Mancha. 1962-1977”, Damián Alberto González Madrid (ed.), El Franquismo y la Transición
en España: Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época, Madrid, Los Libros de la
Catarata, 2008, pp. 131-136. En estas páginas abordan la introducción del PCE en las cooperativas
locales de Villamalea (Albacete) durante los años sesenta y setenta, lo que resultó imprescindible
para la construcción de un movimiento rural antifranquista.
51
Herrera González de Molina, “La construcción de la democracia…”, op. cit., p. 15.
18
Anexo: lista de abreviaturas
AMA
Asociación de Maquinaria Agrícola
AHPCR
Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real
AISS
Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales
APAG
Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos
APR
Asociación Provincial de Remolacheros
APV
Asociación Provincial de Viticultores
CNAG
Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos
CNJA
Centro Nacional de Jóvenes Agricultores
COAG
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
del Estado Español
FTT
Federación de Trabajadores de la Tierra.
OSE
Organización Sindical Española