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POLÍTICA DE LA INFORMACIÓN, LAS ONG Y LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS CONFLICTOS
POR DERECHOS HUMANOS: UN BALANCE*
INFORMATION POLICY, NGOs AND MASS MEDIA IN HUMAN RIGHTS
CONFLICTS: AN ASSESSMENT
JAiro Antonio lópez**
Resumen
Objetivo. El presente artículo presenta una revisión crítica de la literatura académica que
estudia la relación entre las ONG y los medios de comunicación en los conflictos por derechos
humanos. Metodología. A partir de una revisión documental, a manera de balance de estado del arte,
se clasifica y analizan los principales enfoques y tesis de la literatura. Resultados. Se argumenta que la
literatura académica ha enfatizado en cómo la política de la información se constituye en un repertorio
modular del activismo en defensa de los derechos humanos, pero mantiene un sesgo en el análisis de las
dinámicas, organizaciones y medios internacionales. Conclusiones. Se plantea la necesidad de desarrollar
una agenda de investigación que tenga en cuenta los procesos y relaciones entre las ONG y los medios de
comunicación a nivel estatal, además de repensar dicha relación en contextos de grave violencia contra
periodistas con el fin de explicar las posibilidades y límites de la política de la información.
Palabras clave: ONG, derechos humanos, política de la información, medios de comunicación.
Abstract
Objective: This paper presents a critical review of the academic literature that studies
the relationship between NGOs and mass media in human rights conflicts. Methodology: From a
documentary review, as an assessment of the state of the art, the main approaches and theses of the
literature are classified and analyzed. Results: It is argued that the academic literature has emphasized
how information policy constitutes a modular repertoire of activism in defense of human rights, but
maintains a bias in the analysis of international dynamics, organizations and mass media. Conclusions:
There is a need to develop a research agenda that takes into account the processes and relationships
between NGOs and mass media at the state level, in addition to rethinking this relationship in contexts
of serious violence against journalists, in order to explain the possibilities and limits of the information
policy.
Key words: NGOs, human rights, information policy, media.
* Artículo de revisión, parte del proyecto de investigación “Medios de comunicación, poder e información en los conflictos por
derechos humanos”.
** Universidad Veracruzana. Veracruz, México. E-mail: jairolopez32@gmail.com.
orcid.org/0000-0003-4877-6708 Google Scholar
Como citar este artículo:
López, J.A. (2020). Política de la información, las ONG y los medios de comunicación en
los conflictos por derechos humanos: un balance. Revista Eleuthera, 22 (1), 88-105. DOI:
10.17151/eleu.2019.20.6.
rev. eleuthera. Vol 22 No. 1, enero-junio 2020, 88-105
Recibido: 28 de marzo de 2019. Aprobado: 10 de octubre de 2019
ISSN 2011-4532 (Impreso) ISSN 2463-1469 (En línea) DOI: 10.17151/eleu.2020.22.1.6
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Introducción
El mundo en general, y América Latina en particular, atraviesa momentos críticos en relación
con el compromiso de los gobiernos con el respeto de los derechos humanos. Una de las
manifestaciones más claras de esta situación son las políticas y prácticas gubernamentales
(tanto en los países centrales como periféricos) de restricción o confrontación a la libertad de
expresión y de prensa, al mismo tiempo que un aumento de la violencia contra el periodismo
crítico1. Por otro lado, existe una tendencia global de los gobiernos por restringir el rol de
los activistas y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, dado su creciente
esfuerzo por documentar, analizar y visibilizar las violaciones de derechos humanos y el abuso
de poder (Dupuy, Ron & Prakash, 2016).
Además de lo anterior, en varios países de América Latina se presentan graves escenarios de
violencia e implementación de políticas de militarización con terribles consecuencias para
los derechos humanos. Precisamente las investigaciones académicas han encontrado que los
y las activistas de derechos humanos encuentran grandes límites para difundir sus demandas
en contextos de implementación de políticas de seguridad y militarización bajo estrategias
de “combate al terrorismo”, “lucha contra el crimen organizado”, o “amenaza a la seguridad
nacional”. Esto se debe, entre otras razones, al respaldo que este tipo de políticas pueden
tener por parte de la población, la capacidad de los gobiernos de generar discursos retóricos
para presentarse como defensores de derechos humanos ante la “amenaza a la seguridad”, así
como por la dificultad que encuentran las redes, organizaciones, movimientos y medios para
producir “presión creíble” dados los “difusos responsables de las violaciones” (Brysk, 2013,
2009; Brysk & Shafir, 2007; Cárdenas, 2010, 2007; Dancy & Sikkink, 2017; Gordon, 2014;
Jetschke, 2010; Jetschke & Liese, 2013; Shor, 2008).
Frente a estas restricciones, no todas las violaciones a los derechos humanos tienen repercusión
pública y muchos medios de comunicación no siempre tienen líneas editoriales claramente
vinculadas con la denuncia en materia de derechos humanos. Por estas razones, la relación entre
organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos y medios de comunicación
toma relevancia; no obstante, en América Latina existen pocas investigaciones que la aborden
como parte de las estrategias de defensa de los derechos humanos y fortalecimiento de la
circulación de la información en la materia.
En tal sentido, el objetivo del presente artículo es realizar un balance crítico de las principales
líneas de investigación, ejes y preguntas de la literatura que estudia la relación entre las
ONG de derechos humanos y medios de comunicación. El argumento principal es que en
1 Según los informes mundiales, en los últimos años ha habido una caída constante de los indicadores de libertad de expresión, de
prensa y democracia. Contrario a lo esperado con la cada vez mayor firma y ratificación de tratados, convenios y convenciones
de derechos humanos, el mundo experimenta significativos retrocesos de libertades fundamentales (Freedom House, 2018).
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los estudios especializados predomina el análisis de la política de información como estrategia
del activismo en derechos humanos, con dos énfasis: primero, la capacidad que puedan tener
las ONG de incidir en el contenido de los medios de comunicación, definidos estos como
mediadores principales de las demandas colectivas; y segundo, el análisis del rol que tienen las
ONG como productoras autónomas de información y los beneficios o costos que esto puede tener
para los medios de comunicación. Ambos énfasis reproducen un sesgo internacionalista de
las preguntas sobre la relación entre ONG de derechos humanos y medios de comunicación,
que no ha permitido abordar y explicar las dinámicas que posibilitan o limitan la circulación e
interacción de información entre ONG de derechos humanos y medios de comunicación en
contextos estatales.
Primero, defino analíticamente la política de la información como repertorio establecido
en todo el mundo para la defensa de los derechos humanos, delimitando la importancia que
toma la relación entre ONG y medios de comunicación en dicha dinámica. Segundo, expongo
críticamente los enfoques de la literatura en torno a esta relación, distinguiendo el énfasis
dado al rol de los medios como mediadores y el de las ONG como productoras novedosas de
información. Finalmente, planteo un cuestionamiento al sesgo en el análisis de la dimensión
internacional y las grandes organizaciones norteamericanas, exponiendo la necesidad de
retomar los aportes de la literatura para profundizar en el estudio de este tipo de procesos
dentro de los Estados.
Discusión
La política de la información: un repertorio establecido en los conflictos por
derechos humanos
Como plantea Hincapié (2017, 2015), los derechos humanos son principios éticos, dispositivos
jurídicos y recursos de movilización para la acción colectiva. Especialmente desde la expansión
del régimen internacional de los derechos humanos en los años setenta del siglo XX, los
movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y actores colectivos han adelantado
estrategias y repertorios para la defensa y socialización de los derechos humanos en escenarios
de abusos del poder (López, 2017; Risse, Ropp & Sikkink, 2013; Simmons, 2009; Tsutsui,
Whitlinger & Lim, 2012; Wotipka & Tstutsui, 2008).
En este proceso, se ha denominado como “política de la información” (Keck & Sikkink, 2000)
a las estrategias de documentación, investigación y denuncia pública que llevan a cabo las redes
y activistas de derechos humanos para generar presión sobre los gobiernos en contextos de
violencia y violaciones de derechos humanos. Dentro de las muchas actividades que desarrollan
los actores colectivos como parte de su política de información se encuentra documentar
sistemáticamente violaciones de derechos humanos, realizar análisis de contextos y causas de
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las violaciones, publicar informes con base en datos y testimonios, generar campañas que den
visibilidad pública por medio de casos emblemáticos, cabildear frente a actores poderosos
y órganos intergubernamentales, entre muchas otras (Brysk, 1994; Burgerman, 2001; Keck
& Sikkink, 2000; Risse, Ropp & Sikkink, 1999). Como recuerda Brysk (2013), los hechos y
las violaciones de derechos humanos no hablan solas, éstas se conocen y difunden a partir de
estrategias de comunicación, narración y socialización que implican decisiones, habilidades
y capacidades de actores concretos. Igualmente, la forma como los hechos relacionados con
derechos humanos son narrados tienen implicaciones sustanciales, tanto en la construcción
de dicha realidad como en la posibilidad de generar empatía y solidaridad para que las cosas
cambien (Borer, 2012; Brysk, 2013).
La política de información es una estrategia colectiva muy generalizada en la defensa de los
derechos humanos por tres razones, todas relacionadas con los recursos con los que cuentan
los activistas y organizaciones no gubernamentales. Primero, está basada en el establecimiento
de estándares altamente aceptados a través de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y los diferentes tratados regionales e internacionales, es decir, cuando se denuncia
la “perversidad” de una práctica se hace con base en principios moralmente aceptados. Segundo,
se ha consolidado una amplia variedad de ONG, organizaciones intergubernamentales y
algunas organizaciones gubernamentales, dedicadas a investigar con sistematicidad los abusos
en materia de derechos humanos, consolidando una reputación positiva que ha permitido que
su información sea tomada con mucha seriedad. Tercero, hasta el momento dentro del campo
de los derechos humanos los actores civiles no tienen muchos otros medios de presión para
generar cambios, razón por la cual esta estrategia comúnmente está dirigida a ejercer presión
sobre actores con capacidad coercitiva, como pueden ser cortes y gobiernos poderosos, para
que tomen medidas de castigo activando indirectamente mecanismos de rendición de cuentas
(Cárdenas, 2007; Franklin, 2015; Hafner-Burton, 2008; Hagan, 2010; Keck & Sikkink, 2000;
Murdie & Davis, 2011; Tarrow, 2005).
En el centro de la apuesta por generar información por parte de activistas de derechos
humanos está el supuesto según el cual “nombrar y avergonzar” (naming and shaming) puede ser
efectivo en la medida que los Estados tienen interés en mantener una correcta “reputación” en
el escenario internacional. En otras palabras, la política de la información tiene en su origen
la idea según la cual los derechos humanos son principios éticos y morales frente a los cuales
los gobiernos no pueden presentar rechazo (la ola de regresiones autoritarias y anti-derechos
humanos que vivimos hoy parece ir en contra de estas ideas). En este sentido, cuando se
visibilizan públicamente practicas indeseadas como las violaciones a los derechos humanos,
los Estados verían, en teoría, afectados sus intereses y tendrían incentivos para cambiar su
comportamiento, o por lo menos, actores poderosos se verían llamados a presionar sobre éstos
(Cárdenas, 2007; Keck & Sikkink, 2000; López, 2013; Risse et al., 2013).
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Los estudios clásicos como los de Keck & Sikkink (2000) y Brysk (1994) habían definido a
las redes de activismo (de las cuales la política de la información en derechos humanos es
su principal repertorio de movilización) como espacios de horizontalidad, donde los actores
involucrados tienen relaciones de cooperación2. Sin embargo, se han elaborado críticas certeras
a esta lectura en la medida que la capacidad de generar información es un recurso especial para
el cual se requieren habilidades y capacidades económicas, de infraestructura, de personal y
conocimiento (López e Hincapié, 2015). En otras palabras, no todos los actores colectivos
tienen habilidades desarrolladas para generar información, contratar personal profesional,
tener vínculos en el campo y, al mismo tiempo, establecer interlocución con actores
gubernamentales e internacionales. Autores como Bob (2010, 2005), Gordon (2008) y López e
Hincapié (2015), han señalado las relaciones de poder, interés y conflicto que se generan entre
las propias organizaciones no gubernamentales y los actores colectivos instituidos en la defensa
de los derechos humanos3. Igualmente, la capacidad que tienen las organizaciones para que su
información circule y se posicione en espacios estratégicos como los medios de comunicación
varía sustancialmente de una a otra (no es lo mismo una organización posicionada de la capital
de un país y una organización de las regiones del mismo país).
Pruce y Cosima (2016) proponen una interesante tipología para distinguir los niveles y ámbitos
de influencia de la política de la información que llevan a cabo los y las activistas en general,
y las ONG en particular. En primer lugar, cuando la política de información está orientada
a la influencia en el mundo jurídico, ésta mantiene un tono claramente legal, delimitado
estrictamente a “documentar”, “recopilar evidencia” y “demostrar”, siempre bajo una lógica
científica y jurídica. En segundo lugar, cuando la información está orientada específicamente
a “nombrar y avergonzar” frente al público estaríamos hablando de estrategias de información
para “revelar”, donde los medios de comunicación cobran un rol más importante dado que
la apuesta se concentra en impulsar cambios con base en información, objetivo que sólo se
puede lograr cuando ésta circula, es accesible y se hace visible para grandes públicos (incluidos
los actores con influencia y poder de incidencia). Por último, el impulso del conocimiento
sobre derechos humanos en audiencias globales, el cual está orientado ya no sólo a impactar
en los medios para difundir información y evidencia, sino que ésta transcienda las fronteras
comunicando y convenciendo a actores internacionales sobre la urgencia de actuar sobre la
situación.
2 Esta definición estaba muy vinculada a una idea original sobre “la sociedad civil” donde ésta era definida como una “esfera de
acción” separada del estado y el mercado, con rasgos democráticos y de horizontalidad. Lo cierto es que dentro de la llamada
sociedad civil existen diversas tendencias y orientaciones con valores liberales o conservadores, así como relaciones de interés y
poder, que pueden reproducir relaciones verticales y elitistas (Olvera, 1999).
3 Esta dinámica de producción de información y conocimiento se inscribe en la tensión señalada por Álvarez (2009) en relación
con la “ongenización” de los movimientos sociales, es decir, a la marcada necesidad de generar procesos de profesionalización para
vincularse y relacionarse de manera sostenida y eficiente con las instituciones gubernamentales. Este es un proceso que también ha
sido explicado con claridad por Neil Stammers (2009), en relación con la necesidad que encuentran los movimientos sociales que
promueven y defienden los derechos humanos de entablar relaciones estables con ONG profesionales, como grandes mediadoras
entre los procesos locales y de base con los gobiernos y el Estado (López e Hincapié, 2015).
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De esta manera, dadas las particularidades de la política de la información en la defensa de
los derechos humanos, la relación entre las demandas colectivas, las ONG y los medios de
comunicación se vuelve central. Cuando los medios de comunicación informan e investigan
sobre problemas puntuales, tienen la capacidad de producir cambios sobre la percepción social y
posicionar debates en agendas más generales y públicas (Castells, 2011; Thompson, 2001). Así,
cuando los movimientos y organizaciones no gubernamentales logran incidir en la generación
de noticias que visibilicen los abusos del poder y las violaciones de derechos humanos, se
pueden constituir como “contrapoderes”, potenciando un efecto democratizador de la esfera
pública y en la defensa de los derechos (Castells, 2011; Rosanvallon, 2007; Stammers, 2009;
Tumber & Waisbord, 2004; Waisbord, 2016).
ONG y medios de comunicación: entre la mediación y la autoproducción
Como se ha establecido hasta este punto, la política de la información como estrategia central
en el activismo de defensa de los derechos humanos es el principal eje para entender la relación
entre ONG y los medios de comunicación, sus potencialidades y limitaciones. Desde el origen
del activismo global por los derechos humanos, en los años sesenta y setenta del siglo XX, se
encuentra una estrecha relación entre las nacientes organizaciones no gubernamentales como
Amnistía Internacional y Human Rights W a tch con la prensa como plataforma de denuncia global,
relación establecida principalmente en la defensa de los presos políticos de los regímenes
autoritarios (Keck & Sikkink, 2000; Menon, 2009; Risse et al., 1999).
En todos los casos, la principal vía de denuncia que seguían las organizaciones de derechos
humanos era la de publicar notas en la prensa, donde documentaban, lo mejor que podían, los
casos de violaciones de derechos humanos. Ahora bien, como claramente lo plantean Winston
y Pollock (2016), en esa época:
Los periódicos se publicaban exclusivamente en papel impreso,
las noticias de televisión se transmitían por radio y se recibían por
antenas, y las cartas de activistas de derechos humanos dirigidas a
funcionarios del gobierno se escribían en máquinas de escribir y
se enviaban por correo. (p. 303)
En otras palabras, si bien desde el origen de las estrategias de activismo en defensa de los
derechos humanos ha existido un vínculo estrecho entre ONG y medios de comunicación, hoy
nos encontramos ante realidades tecnológicas, de capacidad de acción colectiva y circulación
de información muy diferentes, razón por la cual es importante entender cómo se dan y
estudian estas interacciones.
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Los medios como mediadores de la política de la información
El primer gran conjunto de investigaciones sobre la relación entre ONG de derechos humanos
y medios de comunicación tienen en común el definir a los medios “como gatekeepers clave
que deciden, según las normas de noticias establecidas, cuál de los problemas aparentemente
infinitos de derechos humanos puede ocupar una parte de la agenda de noticias” (Power s, 2016a,
p. 316). En otras palabras, estas investigaciones demuestran que los medios de comunicación
no sólo son aliados estratégicos de las ONG y los activistas de derechos humanos, sino que
tienen una agencia fundamental que los vuelve mediadores activos en la posibilidad de que las
denuncias de derechos humanos circulen y tengan eco.
Esta mediación de los medios de comunicación en la política de la información es atendida
desde diversos ángulos. En primer lugar, quienes estudian los casos en los que las ONG logran
tener cobertura en los medios, destacando la forma como los actores colectivos construyen
“la credibilidad” de la información y el drama que denuncian, con la finalidad de traducir los
temas de derechos humanos a las normas dominantes de las noticias y medios que favorecen
“el conflicto y el espectáculo” (Cottle & Nolan, 2007; Fenton, 2010; Powers, 2016c; Waisbord,
2011). En este sentido, Waisbord (2011) señala que en América Latina las ONG siguen un
“enfoque pragmático” en su relación con la prensa con el fin de lograr visibilidad, es decir,
si bien muchos integrantes de las ONG tienen perspectivas críticas frente a los principales
medios y la forma como suelen informar y cubrir problemas, éstos no entran en estrategias de
confrontación entendiendo que su intermediación es muy importante para su trabajo.
En segundo lugar, se señala que uno de los factores fundamentales del impacto que pueden
tener las denuncias de las ONG en los medios es el desarrollo de estrategias de “narración y
reportaje del dolor”, especialmente cuando éstas refuerzan representaciones de “la pobreza
y los dramas humanitarios del sur en los medios del norte” (Dogra, 2014; Orgad, 2013;
Rothmyer, 2011). Dentro de esta línea de análisis, Seaga (2012) plantea que el periodismo de
derechos humanos, además de las limitaciones que encuentra por las políticas editoriales de
informar con dramatismo sobre violaciones de derechos en sociedades no occidentales o no
desarrolladas (a contraluz de lo que ocurre en las sociedades occidentales), enfrenta también
la barrera de no atender las “formas indirectas de violencia estructural y cultural” que originan
la violencia y violaciones, concentrándose en acontecimientos y situaciones de un momento.
Esto se ve reforzado por lo que Thrall, Steculla y Sweet (2014) denominan como cortos ciclos
de atención de los medios y la corta cobertura de los problemas que son capaces de realizar,
razón por la cual la mayoría de los temas y problemas asociados con los derechos humanos, sus
causas y razones, no logran recibir atención de los medios de comunicación.
Estos resultados son consistentes con aquellos estudios que han señalado que la mediación
de los medios de comunicación está, generalmente, limitada a la cobertura y resonancia de
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violaciones de derechos civiles y políticos (por ejemplo, tortura, detención ilegal) (Clark,
2001; Hopgood, 2006; Powers, 2015; Winston, 2001). Además, la mayoría de los esfuerzos
de generación de información y denuncias públicas de las grandes ONG se “desinflan” en la
medida que hay temas vetados para la lógica de los medios y los intereses de los gobiernos
centrales (Murdie & David, 2011; Ron, Ramos y Rodgers, 2005).
En tercer lugar, dentro de la misma agenda que entiende a los medios de comunicación como
mediadores de la política de información, autores críticos como Bob (2005, 2010) han señalado
las “estrategias de marketing mediático” de las organizaciones de derechos humanos, es decir,
la forma como ciertas ONG posicionan su “marca” en los medios y legitiman su prestigio
(con casos como Amnistía Internacional o Greenpeace). En sus estudios, Bob ha resaltado la
importancia de las estrategias de comunicación para las organizaciones, no sólo para difundir
la información sobre las denuncias que realizan, sino también para posicionarse como actor
visible, creíble y con prestigio en lo que denomina “el mercado de movimientos morales”
(Bob, 2002). En este sentido, sus aportes son importantes para señalar que en la política
de la información prevalecen los intereses y objetivos de pequeños grupos de ONG, por lo
general de élites con capacidad de movilizar recursos, teniendo como efecto la exclusión de
las coberturas de noticias sobre derechos humanos a otro tipo de organizaciones y actores con
perfiles menos visibles.
Estos resultados, muy críticos con el rol de las grandes ONG norteamericanas, se encuentran
en la misma línea de los trabajos realizados por Carpenter (2007a; 2007b), en la medida que
identifican las disputas por “certificar los reclamos de derechos humanos” entre las ONG.
Estas disputas de certificación afectan la forma y probabilidad de que ciertos temas y causas
impulsadas por los activistas de derechos humanos sean retomadas o no en los medios,
determinando la capacidad de que ciertas agendas (por ejemplo, la violencia contra niños
y niñas y no temas sobre violencia contra migrantes) y áreas geográficas tengan visibilidad
(Carpenter; 2014; 2007a).
Finalmente, en relación con las nuevas tecnologías los estudios señalan el esfuerzo de las ONG
por aumentar el público receptor de los mensajes, de allí que algunas de las más importantes
organizaciones internacionales han acudido a planes de publicidad donde incluyen producción
muy elaborada de videos, campañas con personajes famosos e influencia (actores y actrices,
deportistas, artistas), documentales, mensajes para recaudar fondos, entre otras (Pruce, 2015). Si
bien las nuevas tecnologías para documentar y generar información sobre problemas relacionados
con el respeto de los derechos humanos aumentan, estas estrategias no suplen las tradicionales
prácticas de documentación y elaboración de informes detallados (Ristovska, 2016). Es decir, las
nuevas tecnologías han sido herramientas para fortalecer las tradicionales prácticas de impulsar
“campañas” por hacer pública y visible una situación, tratando de convencer a otros sobre la
importancia de retomar y apoyar una causa (Becker, 2013; Nash, 2009).
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Las ONG como productoras de información para los medios
Además de la relación de los medios de comunicación como “mediadores” de la política de
la información, los acelerados cambios tecnológicos han abierto un campo de práctica y
reflexión sobre las nuevas estrategias para la producción de la propia información de derechos
humanos. En este sentido, diversos trabajos señalan el nuevo rol de “informantes” que pueden
tener los ciudadanos y ciudadanas activistas al tener disponibilidad de teléfonos móviles
para registrar y circular casos de violaciones de derechos humanos (Becker, 2013; Bennett
y Segerberg, 2012; Chadwick, 2013). Dados estos cambios, las ONG de derechos humanos
han rediseñado estrategias para la circulación de información, incorporando “funciones
aparentemente periodísticas” a sus propios cuerpos de trabajo. Así, como recuerda Powers
(2016), organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional ahora contratan
fotógrafos y productores de video para acompañar los informes de investigación, así como han
adelantado estrategias para ampliar sus sedes y presencia de campo directo en el “sur global”.
La literatura que analiza estos procesos de fortalecimiento de las ONG como productoras directas
de la información para los medios señala dos elementos importantes. Por un lado, la forma como
las nuevas tecnologías permiten que los actores colectivos reinventen sus roles y estrategias para
el acceso a la información. Por el otro, que las grandes ONG se han consolidado como grandes
concentradoras de recursos económicos, razón por la cual tienen tanta capacidad de producción
de contenidos. En este sentido, Human Rights Watch, por ejemplo, tiene “una fuerza laboral que
rivaliza con todas las agencias de noticias internacionales de los principales proveedores de noticias
de Estados Unidos como el New York Times o el Washington Post” (Powers, 2016a, p. 318);
mientras que la propia Amnistía Internacional “emplea a más de 125 investigadores para recopilar
información sobre temas de derechos humanos en todo el mundo” (Powers, 2016a, p. 318).
Sin duda, las nuevas tecnologías están incidiendo directamente en la relación entre
derechos humanos y comunicación, transformando algunas de las estrategias del activismo
internacional en derechos humanos (Tumber & Waisbord, 2017). Sin embargo, también es
claro que las organizaciones no gubernamentales que impulsan estas costosas campañas son
las principales organizaciones internacionales, que tienen fuertes vínculos con organismos
intergubernamentales, agencias de financiación, entre otras, reproduciendo igualmente un
sesgo de selección y atención de los problemas que cubren.
Dentro de la misma línea que se pregunta por el rol de las ONG como productoras de la
información, los trabajos de McPherson (2016, 2012) sostienen que la relación entre las
organizaciones de noticias, medios de comunicación y las ONG de derechos humanos se
presenta en un doble sentido. Por una parte, la información que producen las ONG puede
generar un “subsidio de información” para los periodistas, dado que las ONG generan
información valiosa sobre temas problemáticos difíciles de cubrir. Al mismo tiempo, en la
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medida que la credibilidad de la fuente es fundamental para la lógica del periodismo, las ONG
con mayor reputación proporcionan materiales que cubren los parámetros de credibilidad
y autorización, generando igualmente un “subsidio de verificación” que en todos los casos
disminuye el costo de la investigación y verificación de los hechos.
Este costo de verificación “cubierto” por el trabajo de las ONG se fundamenta, principalmente,
en el hecho de que la información y documentación que estas organizaciones realizan están
pensadas para generar procesos no sólo de presión pública, sino también para apoyar demandas
legales y mecanismos de rendición de cuentas, por lo cual la revisión editorial de la información
de las ONG más profesionalizadas suele ser incluso más rigurosa que la de las editoriales de
prensa (Pruce & Cosima, 2016, p. 413). De esta manera, la interrelación entre ONG y medios
se vuelve cada vez más importante, dice McPherson (2016), dado que los modelos de negocio
de los medios de comunicación y periodísticos tradicionales encuentran mayores problemas
de financiamiento, lo que los obliga a realizar recortes de personal. Nuevamente, el caso de
Human Rights Watch es destacado, organización que ya tiene sedes en lugares como Beirut,
Nairobi y Tokio, asumiendo un rol activo en la política de producir los propios contenidos de
información a las secciones de prensa internacional (Powers, 2018).
El sesgo internacional de la literatura
Como hemos apreciado, el campo de estudio de la relación entre ONG de derechos humanos
y medios de comunicación se distingue por el reconocimiento de la política de la información
como estrategia clave del activismo en defensa de los derechos humanos. Esta relación nos
habla, justamente, de la forma en que la información generada para visibilizar violaciones de
derechos humanos y cuestionar los abusos de poder, puede circular y tener difusión entre
amplios públicos. Así, hemos identificado dos grandes ejes en los que se divide el énfasis dado
a esta relación: por un lado, aquellos que entienden a los medios de comunicación como
mediadores de la política de la información; por otro lado, quienes aceptando lo anterior, se
preguntan por el rol especial de las ONG en el proceso mismo de producción y generación de
la información, su relación con las nuevas tecnologías y la forma como las organizaciones se
convierten en productoras creíbles de contenido para los propios medios.
Como se sintetiza en la Tabla 1, las líneas de investigación y perspectivas analíticas han dado
insumos importantes. En este sentido, las investigaciones son claras en mostrar que sería
impensable un proceso de presión y cuestionamiento del abuso del poder sin la interacción
estratégica entre ONG y medios de comunicación para la circulación y difusión de información.
Es igualmente claro que las estrategias de los actores colectivos para “narrar”, “visibilizar” y
generar empatía en torno a violaciones de derechos humanos están igualmente condicionadas,
por lo menos en cuanto a la circulación en medios, por las políticas editoriales y la tendencia
dominante de prestarle atención a violaciones de derechos civiles y políticos.
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Tabla 1. Principales ejes de análisis de la relación ONG de derechos humanos y medios de comunicación.
Política de la información
Medios como mediadores ONG como productoras de
información para los medios
Principales
preguntas
El rol que juegan los medios en
la política de la información y
los factores que permiten que
las ONG tengan incidencia en
la producción de noticias en los
medios de comunicación.
El rol que juegan las ONG, dentro de la
dinámica de las nuevas tecnologías, en
la producción directa de información
para las secciones de información
internacional de los medios de
comunicación.
Ejes de análisis -Qué estrategias siguen las ONG
para incidir en el contenido de los
medios.
-Qué tipo de narrativas son más
proclives a recibir atención de los
medios y qué implicaciones tiene
el tipo de noticias que los medios
cubren en materia de derechos
humanos.
-Cuáles y por qué ciertas ONG
tienen más capacidad de incidencia
en los medios que otras.
-Los nuevos recursos con los que
cuentan las ONG para producir
información de campo en el área
internacional.
-Los efectos positivos o negativos del
rol activo de las ONG en la producción
de información para las secciones
internacionales de los medios.
-El impacto de las nuevas tecnologías
en el activismo y la producción de
información.
Objetos
empíricos
-Contenido de prensa y medios.
-Estrategias de construcción de
información y narrativas de las
ONG.
-Las prácticas de trabajo de las ONG
internacionales.
Fuente: elaboración propia.
Ahora bien, más allá de estos aportes, es necesario cuestionar lo que denomino un sesgo
internacionalista y elitista en la literatura. Esto es, todas las perspectivas e investigaciones están
abordando los casos de las grandes organizaciones de derechos humanos transnacionales y
los grandes medios de comunicación internacionales. Lo anterior se ve reflejado en el hecho
de que las investigaciones, en su gran mayoría, han analizado empíricamente la influencia
que tienen grandes ONG como Human Rights Watch y Aministía Internacional en la
producción de noticias e información en medios como CNN, The New York Times, entre
otros, específicamente en las secciones de noticias internacionales. Lo anterior se debe a que la
problematización de todos los trabajos sobre la relación entre medios de comunicación y ONG
está orientada sobre el rol que cumplen las organizaciones en la cobertura e información sobre
la “realidad internacional”, de allí que uno de los ejes de mayor preocupación en los últimos
años sea el de explicar cómo esta relación reduce costos para la prensa en el levantamiento de
información en “el extranjero” (Powers, 2016b; 2018).
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Este énfasis en la dimensión internacional y en las grandes organizaciones no gubernamentales
reproduce una lectura que define la socialización de los derechos humanos como una dinámica
que va de los países centrales hacia la periferia (López, 2013; 2017; López e Hincapié, 2015).
En la medida que las teorías de la socialización y activismo transnacional de derechos humanos
fueron pensadas por las relaciones internacionales para explicar procesos de presión sobre
gobiernos autoritarios dictatoriales, la investigación sobre la política de la información se centró
en cómo se hacían visibles internacionalmente las situaciones y violaciones que los gobiernos
autoritarios tenían “bloqueados” a nivel nacional. Como es de esperarse, entonces, estas
perspectivas encuentran serias limitaciones cuando el estudio demanda entender procesos
donde la defensa de los derechos humanos se inscribe en lógicas de regímenes con cierto
grado de pluralismo electoral, en los cuales cierto tipo de libertades son respetadas, pero
“paradójicamente” persisten graves violaciones de derechos humanos.
La lógica de denuncia pública sobre “claras” violaciones de derechos humanos por gobiernos
dictatoriales no es la que prevalece hoy, por el contrario, persisten contextos donde los
gobiernos “retóricamente” se comprometen con los derechos humanos ante la comunidad
internacional, pero se reproducen las graves violaciones de derechos dentro de los Estados. En
contextos de democracia formal, donde existe relativa circulación de la información y espacios
de expresión, las disputas y conflictos por los derechos humanos se generan, precisamente, en
los Estados, y el rol de la relación entre ONG y medios de comunicación estatales se vuelve
central.
Finalmente, dado que las preguntas de la literatura académica están orientadas a la influencia
que las grandes ONG de derechos humanos tienen en los grandes medios de comunicación
para visibilizar las “situaciones internacionales”, es inexistente el cuestionamiento sobre: a) los
campos de relaciones en que se insertan las ONG dentro de los Estados; y b) las diferentes
estructuras de los sistemas de medios de comunicación que pueden determinar, igualmente, la
relación que las ONG puedan establecer con los medios. Esta falta de problematización tiene
implicaciones en el análisis en la medida que no se profundiza en los contextos, cuáles, cuántas
y porqué ciertas ONG son consultadas y tienen repercusiones mediáticas en relación con los
amplios campos de acción colectiva de defensa de derechos humanos (pensando en colectivos
de víctimas y organizaciones con menos recursos). De la misma manera, sin cuestionar la
propia estructura del sistema de medios de comunicación no podremos entender por qué la
información circula o no, y las implicaciones que esto tiene para reforzar las situaciones de
abuso del poder en aparentes contextos de apertura democrática.
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Conclusiones
En este artículo he realizado un balance crítico de la literatura académica que estudia la
relación entre ONG de derechos humanos y medios de comunicación. El principal eje
analítico que ordena los estudios es el reconocimiento de la política de la información como
principal repertorio de activismo por los derechos humanos, proceso en el que la relación
que se establece entre ONG y medios en la circulación de la información se vuelve central.
Una vez definido este marco general en el que se inscriben las investigaciones, identifiqué
dos énfasis, por un lado aquel concentrado en la capacidad y factores que permiten que las
ONG incidan en la producción de noticias e información en los medios de comunicación; por
otro lado, aquella que se pregunta, principalmente, por las implicaciones que tiene el que las
ONG asuman, cada vez más, roles de productoras directas de información para los medios,
reconocimiento los cambios tecnológicos y las lógicas de cubrimiento que siguen estos actores
colectivos.
En la medida que las dinámicas sociopolíticas en el mundo se han transformado (y especialmente
en América Latina con la consolidación de regímenes híbridos), es cada vez mayor el consenso
en torno a la importancia de la dinámica contenciosa dentro de los Estados y la manera en
que los actores colectivos apelan a diferentes repertorios para la defensa de los derechos
humanos (Dancy & Sikkink, 2017; López, 2017; López e Hincapié, 2015; Tsutsui y Smith,
2018). Por estas razones, he realizado una crítica a la literatura dado sus sesgos de análisis en la
dinámica internacional y en el trabajo de las grandes ONG de derechos humanos, lo que lleva
a invisibilizar los múltiples procesos y conflictos por derechos humanos que se generan en los
Estados, el trabajo de múltiples y diversas organizaciones que bajo parámetros de democracia
formal adelantan esfuerzos por generar procesos de control al abuso del poder.
Son múltiples las preguntas que esta agenda de investigación demanda. ¿La política de
información ha permitido mayor rendición de cuentas? ¿Cuál ha sido el rol de los sistemas
de medios y prensa en el cubrimiento y la forma como retoman la información de derechos
humanos? ¿Las ONG y actores colectivos se han posicionado en los medios, y el campo de
derechos humanos en general para influir en los marcos con que se cubren los conflictos y las
crisis? ¿Podemos pensar en un proceso de socialización de los derechos humanos en los medios
al interior de los estados? Todas estas preguntas son más necesarias si tenemos en cuenta que en
escenarios como los latinoamericanos, muchas veces coexisten sistemas de medios altamente
concentrados, los principales medios tienen relaciones estrechas con el poder político, existen
políticas de restricción a la cobertura de la violencia y crisis de derechos humanos, aunado
al aumento exponencial de la violencia que experimentan aquellos periodistas y activistas
críticos que salen de dicha lógica.
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