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Abstract

Resumen El artículo analiza el Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del Ecuador (2008), en el periodo de implementación, bajo el enfoque secuencial de análisis de políticas públicas propuesto por André-Noel Roth Deubel considerando los siguientes criterios; (1) Definición del problema, (2) Formulación de soluciones, (3) Toma de decisiones, (4) Implementación y (5) Evaluación. Se identifica la eficiencia, eficacia y sostenibilidad del decreto, el análisis de costo-beneficio, la cuantificación y valorización de los resultados, el impacto social y desarrollo económico alcanzado, determinando que su implementación erradicó gran parte de la problemática patrimonial, más no alcanzó el horizonte proyectado y vislumbra dificultades constantes. Palabras clave: Decreto de Emergencia, instrumentos jurídicos de gestión, patrimonio cultural, enfoque de etapas políticas, políticas públicas.
Impacto del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del Ecuador: análisis costo-beneficio
Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
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Impacto del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del Ecuador: análisis costo-beneficio
Impact of the Emergency Decree on the Cultural Heritage of Ecuador: Cost benefit analysis
Amaranta Cortés Aguirre
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.
amarantha25@outlook.es
María del Cisne Aguirre Ullauri
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España.
Christian Contreras-Escandón
Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.
Resumen
El artículo analiza el Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del
Ecuador (2008), en el periodo de implementación, bajo el enfoque
secuencial de análisis de políticas públicas propuesto por André-Noel
Roth Deubel considerando los siguientes criterios; (1) Definición del
problema, (2) Formulación de soluciones, (3) Toma de decisiones, (4)
Implementación y (5) Evaluación. Se identifica la eficiencia, eficacia y
sostenibilidad del decreto, el análisis de costo-beneficio, la cuantificación
y valorización de los resultados, el impacto social y desarrollo económico
alcanzado, determinando que su implementación erradicó gran parte de
la problemática patrimonial, más no alcanzó el horizonte proyectado y
vislumbra dificultades constantes.
Palabras clave: Decreto de Emergencia, instrumentos jurídicos de
gestión, patrimonio cultural, enfoque de etapas políticas, políticas
públicas.
Abstract
The article analyses the Decree of Emergency of the Cultural Patrimony
of Ecuador, in the implementation period, under the sequential
approach of analysis of public policies (policy stages approach) arranged
by André-Noel Roth Deubel considering the following criteria; (1)
Definition of the problem, (2) Formulation of solutions, (3) Decision
making, (4) Implementation and (5) Evaluation. The efficiency, efficacy
and sustainability of the decree were identified, the cost-benefit analysis,
the quantification and valorization of the results, the social impact and
economic development achieved, determining that the implementation
of the decree eradicated a large part of the patrimonial problem, but it
was not it reached the projected horizon.
Keywords: cultural heritage, Emergency Decree, legal management
instrument, policy stages approach, public policies.
Documento recibido el 10 de marzo de 2019 y aceptado el 25 de octubre de 2019.
Cómo citar: Cortés Aguirre, A., Aguirre Ullauri, M. y Contreras-Escandón, C. (2019). Impacto del Decreto de Emergencia del
Patrimonio Cultural del Ecuador: análisis costo-beneficio. Revista de Urbanismo, 41, 1-20. https://doi.org/10.5354/0717-
5051.2019.52492
Revista de Urbanismo N°41 | Diciembre 2019
Departamento de Urbanismo | FAU | Universidad de Chile
REVISTA DE URBANISMO
ISSN 0717-5051
http://revistaurbanismo.uchile.cl
Cortés Aguirre, Aguirre Ullauri y Contreras-Escandón
Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
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Introducción
El Ecuador posee veintisiete etnias, doce lenguas
ancestrales y cerca de tres millones de recursos culturales,
tangibles e intangibles, siendo dos millones de los mismos
de carácter patrimonial (PPRPC, 2007), es denominado
como un país multiétnico, pluricultural y diverso, con una
densidad de doce bienes culturales por km2, recursos que
forman parte de una identidad posicionada en la
población. Hasta el año 2008, estos han sido manejados
con una perspectiva caracterizada por un bajo nivel de
reconocimiento, empoderamiento y gestión por la
ciudadanía y el gobierno, en relación a la posibilidad de
fortalecer el desarrollo integral de la nación. Este
argumento ha traído consigo algunas problemáticas socio-
espaciales, como la pérdida paulatina de identidad
cultural, condiciones inapropiadas de vida en sectores
patrimoniales, y sobre todo la actuación aislada de los
propietarios de bienes, frente a la hipótesis de una
imposición perjudicial o negativa. Es decir, poseer un bien
patrimonial es una carga económica y social (Godoy,
2008).
Frente a esta situación la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), previa disposición
de recursos para accionar procesos que se plantearon en
el Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural1 (PPRPC
(2007); desarrolló un diagnóstico del estado del
patrimonio y de las capacidades, técnicas, económicas y
operativas para la gestión, con el fin de determinar la
vulnerabilidad de los bienes ante la mercantilización,
homogenización cultural, fenómenos naturales y
antrópicos; y la desinformación, que se ven directamente
influenciadas por falta de procesos judiciales que
legitimen a las instituciones involucradas, por la ausencia
de normas que regulen el manejo adecuado del
patrimonio, y la limitada presencia de especialistas.
A partir de este análisis el Gobierno Ecuatoriano se vio
obligado a actuar de forma inmediata, para evitar la
pérdida irreversible del patrimonio, por ello se destinaron
U$D43.000.000 para ejecutar la campaña de salvamento
de los acervos patrimoniales, la misma que tuvo vigencia
durante dos años. Este proceso se enfocó en la
1 El patrimonio como base material y espiritual del buen vivir, sustenta la
implementación del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del
restauración, conservación y preservación de bienes
inmuebles, muebles y arqueológicos, a través de una
relación Estadosociedad (Migdal, 2004).
El presente artículo analiza el impacto del decreto para
determinar la eficacia de la implementación de esta
política pública (PP) emergente. Esta valoración tiene
como finalidad elucidar el aprendizaje social de los
métodos que reconoce el Estado, sobre patrimonio, para
enfrentar los desafíos sociales, políticos y económicos que
impone el desarrollo, siendo una de las problemáticas más
controversiales, los escasos recursos y la desigualdad de
oportunidades. Se identifica la aplicación y el
cumplimiento de los procesos descritos en las fases de la
PP como son: (1) la influencia de la disposición en el
manejo de bienes patrimoniales a partir de su caducidad y
(2) determinar las falencias generadas en el periodo de
implementación y años posteriores, para distinguir los
planteamientos y acciones que erraron en el transcurso de
la PP emergente y las consecuencias económicas y sociales
que resultan de tales decisiones.
Marco teórico
Patrimonio Cultural
El término patrimonio cultural (PC) desde su origen en el
siglo XVIII hasta la actualidad ha evolucionado, tomando
enfoques distintos, ha ampliado la visión sobre el
componente cultural como un derecho constitutivo
humano (Mejía, 2014). El PC reconoce a un conjunto de
bienes materiales e inmateriales que pertenecen a un
grupo y tiempo determinado, y representan un valor
significativo para la historia de una sociedad (Martínez,
2016). En un principio el vocablo involucraba únicamente
a los bienes artísticos, evidentemente el segmento
consideraba excluyentemente a un solo componente de
las formas de vida colectiva, pero el PC es mucho más que
solo arte; compromete asumir varias dinámicas socio
espaciales, costumbres, creencias, prácticas ancestrales,
entre otros (MCP, 2012). A razón de esto, en el siglo XX la
conceptualización del término intenta ampliar su enfoque
y se considera al PC como compuesto por sucesos
intangibles que proporcionan identidad a una población
(Mejía, 2014).
Ecuador que plantea el salvamento y conservación de bienes
patrimoniales muebles, inmuebles, documentales y arqueológicos.
Impacto del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del Ecuador: análisis costo-beneficio
Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
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Los cuerpos normativos que progresivamente se
crearon, alrededor del PC, han apoyado la gestión, manejo
y conservación de los bienes que involucra. Por ende, la
Carta de Atenas en 1931, documento internacional, busca
la protección del patrimonio histórico, artístico, científico
y arqueológico; en 1954 aparece la Convención de Haya y,
en 1972 la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
[UNESCO]. En estas colisiones se mantiene la ideología de
la Carta de Atenas con cambios insignificantes. La
Organización de las Naciones Unidas en 1948 publica la
Declaración Universal de los Derechos Humanos que, a
través del Art. 27 promueve la libertad de crear, fomentar
y disfrutar la vida cultural de una comunidad, y con ello la
defensa de los derechos culturales (Mesinas, 2016). En
1982 la Declaración de Políticas Culturales de México
incorpora principios reguladores concisos, inclusivos que
engloban de manera integral la definición de PC,
proponiendo como aquello que da identidad a una
comunidad y se construye de manera dinámica a través
del tiempo (Mejía, 2014). Consiguientemente, en el siglo
XXI surgen nuevas categorías para el entendimiento del
PC, donde se incluyen el paisaje cultural, paisaje urbano
histórico, espacio cultural, patrimonio industrial,
patrimonio moderno y otras.
En el contexto ecuatoriano se manifiestan los
instrumentos, procesos y estructuras creadas bajo el
paraguas internacional anteriormente descrito. El primer
discurso público que manifestó la necesidad de proteger
el PC fue expuesto por Eugenio Espejo en la Real Audiencia
de Quito en el siglo XVIII. Este acontecimiento marcó un
interés particular en el Estado, mismo que operó desde el
año 1860, sin embargo, no se gestaron proyectos que
permitan para alcanzar el objetivo planteado. Es solo
hasta 1872, cuando el presidente Gabriel García Moreno
funda la Escuela de Bellas Artes en Quito con la finalidad
de realizar estudios de arqueología, prehistoria y
antropología; y se evidencia una primera aproximación. Ya
en 1890, Monseñor Federico González Suárez manifiesta
que en el país existía un mínimo interés por apreciar el PC,
a raíz de lo cual con otros personajes funda la Academia
Nacional de Historia (Kennedy, 2008). Esta entidad, en la
búsqueda de actividades de salvaguarda, incentivó el
desarrollo de los primeros inventarios de bienes a través
de la investigación documental y el análisis crítico.
En 1911, el presidente Emilio Estrada promulgó el
primer decreto que prohibía la exportación de bienes sin
el permiso del Estado, mismo que fue modificado en 1916
por su homólogo Alfredo Baquerizo Moreno, y se
prohibiendo en absoluto la exportación de bienes. En
consecuencia, en 1937 el país realiza un acuerdo con la
Santa Sede denominado Modus Vivendi, el cual motivaba
la conformación de una comisión que se encargue de la
conservación de obras religiosas y elementos que las
componen; este artificio legal disminuyó la problemática
que asechaba a los elementos patrimoniales en general, a
pesar de ello, el resultado no fue satisfactorio debido a
que no se vinculó una metodología práctica y real
(Kennedy, 2008).
Hasta el momento la preocupación era sobre bienes
muebles e inmuebles, y es hasta 1940 que se aborda el
tema desde el área urbanoarquitectónica. Debido al
desarrollo de los planes de ordenamiento urbano,
necesarios para guiar el acelerado crecimiento de las
ciudades, se reconoce este potencial como amenaza
significativa para el patrimonio construido. En 1945, según
la primera Ley de Protección del Patrimonio Artístico
propuesta por Benjamín Carrión y otros pensadores, la
Casa de la Cultura toma el mando de la Comisión del
Modus Vivendi, en la presidencia de José María Velasco
Ibarra. Desde entonces esta ley posiciona el término PC
con fuerza desde el Estado (MCP, 2012), que a través de
múltiples acciones normativas, legales y efectivas de
intervención busca la gestión integral dentro de una
compleja diversidad tipológica, siempre que se
constituyan como parte de la identidad y memoria
colectiva.
Instrumentos jurídicos de gestión
La situación del PC del Ecuador hacia 2008 era deficiente,
se limitaba a analizar el estado de destrucción total o
parcial de los bienes, mas no acciones de protección o
recuperación (SENPLADES, 2008). Evidentemente el
legado arquitectónico se veía alterado en conjunto con los
bienes muebles, patrimonio documental y artístico, por la
falta del elemento docto que norme y dirija la protección,
conservación y registro de los acervos patrimoniales
(Godoy, 2008). Sin embargo, este panorama no tiene
reporte ceñido a dicho momento; largo es el proceso
histórico hasta definir el actual estado de la tutela del PC.
Cortés Aguirre, Aguirre Ullauri y Contreras-Escandón
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Desde 1830 hasta hoy han existido diversos
instrumentos jurídicos sobre cultura y patrimonio; las
diversas constituciones políticas (1835, 1945, 1946, 1967,
1978, 1998 y 2008) muestran la evolución en su
comprensión y amplitud en reconocer las diversas
manifestaciones y realidades históricas del Ecuador. De
manera particular no es sino hasta 1945 con la Ley de
Patrimonio Artístico que se establece la protección para
los objetos arqueológicos, construcciones prehispánicas,
objetos de arte, construcciones y monumentos coloniales,
es decir aquello que en estricto sentido se ajuste al sentido
de lo artístico y/o histórico. En 1973 con la emisión de la
Ley Nacional de Cultura del Ecuador se mejoró la
estructura administrativa organizada por su precedesora,
empero no es hasta 1978 y 1979 que la creación del
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y la
creación de la Ley de Patrimonio Cultural, cuando el
verdadero y efectivo camino de la gestión del patrimonio
inicia, y no es hasta 1984 cuando se reglamenta a través
del Decreto Ejecutivo 2733 (Mejía, 2014, p. 18).
En lo posterior el paso sucesivo entre la Ley de Cultura
(2004) y la Ley Orgánica de Cultura (2016), han incluido la
creación de herramientas para la inversión en el PC; tal es
el caso del Fondo Nacional de la Cultura (Foncultura), así
como el ABACO o SIFCE para la gestión de inventarios,
catálogos e información asociada, que se enmarcan en el
Decreto Ejecutivo No. 816, único en su especie en el
Ecuador.
El desarrollo histórico jurídico, normativo y legal se ha
visto complementado por instituciones públicas que,
desde el siglo XIX han contribuido a operativizarlas, más
que apoyar la formación artístico cultural como hasta
entonces; durante el siglo XX, adquieren especial
desarrollo a nivel estatal. Se incorporan además de la Casa
de la Cultura Ecuatoriana, la Biblioteca Nacional, el
Archivo Nacional de Historia, el Consejo Nacional de
Cultura, a partir de 2007 el Ministerio de Cultura y en 2013
el Ministerio de Cultura y Patrimonio; ambos con
autonomía para la creación de planes, programas y
proyectos de inversión. Sus principales aportes se limitan
a los planes de fortalecimiento institucional en los
1
Las características faltantes son 1) Restitutivas, 2) Constructivas y 3)
Regulatorias. Las cuatro hacen referencia a las condiciones que las
diversos gobiernos descentralizados, la actualización
progresiva de inventarios, así como la difusión,
capacitación y puesta en valor para prevenir el tráfico
ilícito, la implementación de la Red de Áreas
Arqueológicas y Paleontológicas, la de Museos, de
Bibliotecas, de Archivos Históricos Regionales y
semejantes (MCP, 2017).
En este contexto, las iniciativas de inversión
encuentran en el citado Decreto No. 816 del año 2007, así
como el Decreto No. 1004 del año 2016, los dos casos
históricos. El primer caso sucita en interés particular del
presente estudio y se aborda a detalle en el siguiente
apartado; por su parte el segundo refiere al decreto
presidencial para la creación del Comité de la
Reconstrucción y Reactivación Productiva (CRRP) con la
finalidad de dar respuesta a las necesidades en la
construcción y reconstrucción de infraestructura
necesaria para mitigar los efectos del terremoto (CRRP
2017) del 16 de abril de 2016, así como implementar
planes, programas, acciones y PP para la reactivación
productiva y de empleo en zonas comprometidas. Para la
implementación se considera solo a partir de la variable
Sostenibles (1 de 4)
1
, que las políticas a implementar no
deberán comprometer los ecosistemas, y deberán
proteger el patrimonio natural y cultural. La inversión
macro del Decreto incluía US$ 1.369 millones, de los
cuales el 2.9% se destinaría concretamente a patrimonio y
cultura (CRRP, 2017, p. 30), y toma para su ejecución el
Art. 137 del COOTAD (2010). De esta manera, el mero
ejercicio de recordar la obligatoriedad de los gobiernos
autónomos descentralizados municipales y
metropolitanos crea el mayor nivel de riesgo y
vulnerabilidad en la conservación de un patrimonio
devastado.
Si bien han existido instrumentos jurídicos de gestión
del patrimonio acordes a la evolución en su comprensión,
la limitada dedicación presupuestaria han limitado tanto
su implementación cuanto la conservación efectiva del PC,
reportando pérdidas irrecuperables. La Constitución del
año 2008 como máximo aporte al reconocimiento del
papel del patrimonio y la cultura en la ciudadanía, y
intervenciones planteadas debían propender para la reconstrucción
integral de los territorios afectados por el evento sísmico.
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Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
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aunque supone vela por los derechos del buen vivir de la
nación, la simbiosis entre el hombre, el ambiente sano,
libertad de expresión y el desarrollo integral del entorno,
no ha sido consecuente en la asignación presupuestaria
sostenida para su viabilidad.
El Decreto Ejecutivo No. 816. A raíz de varios actos
delictivos como el robo de recurso de carácter
patrimonial, en especial el hurto de la Custodia del Museo
de las Religiosas Conceptas (Riobamba), perpetrado el 13
de octubre del 2007 (DEPC, 2008), el 21 de diciembre se
determina la implementación inmediata del denominado
Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural (DEPC),
con el propósito de identificar medios y sistemas para el
control, uso y planificación de actividades dirigidas a la
conservación y preservación del patrimonio nacional
(DEPC, 2008). Se sustenta en la Constitución de la
República del Ecuador que plantea el manejo de un
sistema que articule al territorio, genere identidad y uso
dinámico, englobando armónicamente lo espacial,
funcional y el equilibrio social (Constitución, 2008,
Art.380).
El DEPC se puso en marcha en mayo 2008, dos años
más tarde se consiguió recuperar alrededor de cien
inmuebles de carácter público caracterizados por un alto
grado de deterioro, y significado prominente para el país.
Es importante destacar que la cosmovisión del patrimonio
cambia rotundamente y busca el trabajo dinámico en
lugares que han sido relegados
2
por no ser declarados
Patrimonio de la Humanidad, como el caso del Centro
Histórico de Cuenca y Quito (DEPC, 2008), pero cuya
recuperación y conservación, representa un segmento de
igual interés. Además, el énfasis en accesibilidad,
revalorización y uso constante fueron las directrices que
encaminaron el proceso, es decir la PP fomentó la
recuperación de bienes arquitectónicos que marcaron la
historia e influenciaron en el desarrollo socio-espacial
(Soja, 1980) de cada comunidad o región.
La estructuración de actividades y procesos de
conservación de los bienes culturales según el DEPC, se
planteó en cinco instancias simultáneas a lo largo del
programa de actuación, y a través de la dirección de la
Unidad de Gestión de Emergencia; en el año 2009 la
actividad se respalda por técnicos del INPC (DEPC, 2008).
La primera etapa fue la Colocación de seguridad
electrónica - cámaras, sensores y alarmas - (Figura I), que
planificó la instalación de 300 kits de seguridad en las tres
regiones del país. El factor de selección de los
contenedores se sustentó en el valor patrimonial,
artístico, histórico y cultural.
El sistema de seguridad se compone del Sistema de
Alarma de Instrucción, que funciona por tres zonas: (1)
zona temporizada para áreas de ingreso y salida, (2) zona
instantánea para espacios que requieran detección
inmediata, y (3) la zona para espacio de pánico en
funcionamiento las veinte y cuatro horas; además, se
implementaron sistemas de alarma de detección de
incendios y sistemas de grabación y video vigilancia,
mecanismos compuestos por cámaras, monitores y
videograbadoras. Otro de los procesos son las Obras de
consolidación arquitectónica, acciones de rescate y
preservación (Figura I), fundamentadas en la
conservación, ya que gran parte de los bienes inmuebles
son susceptibles o vulnerables al riesgo de destrucción por
agentes internos y externos del entorno. Así, se planteó la
intervención de 100 inmuebles, pero únicamente se
realizaron actividades en 70 de carácter público
seleccionados de manera puntual (Tabla 1). El alcance de
las intervenciones llegó a sitios hasta entonces olvidados,
donde la esencia del patrimonio no era reconocida, mucho
menos valorada. El enfoque de esta acción se fundamentó
en la rehabilitación de bienes, para generar condiciones y
entornos de interacción y uso permanente por parte de la
población.
2
Ciudades poseedoras de bienes patrimoniales con alto potencial que no
han sido consideradas por instancia gubernamental alguna.
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Tabla 1
Modelo de matriz utilizada por los técnicos del INPC y la Unidad de Gestión del Patrimonio para seleccionar los bienes de
urgente intervención
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en base a Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural, 2008
En el mismo periodo se ejecutó la Campaña nacional de
fumigación (Figura I), actividad con el fin de auxiliar y
rescatar los bienes culturales materiales, en especial los
documentales, que por factores de vulnerabilidad
climática y microorganismos, están permanentemente
sujetos a desaparición total o parcial. Tal actividad, tomó
en consideración tres niveles operativos, gases inertes,
radiaciones y uso de tóxicos, los cuales fueron trabajados
por técnicos especialistas. La validez de estos métodos no
fue destacada por el grado de deterioro de los bienes, sin
embargo el uso de tóxicos se convirtió en una alternativa
al ser un procedimiento económico, factible de ejecutar
de forma directa y en grandes masas (DEPC, 2008).
Reconocimiento
Riesgos
UNESCO
Nacional
Local
Ninguno
Naturaleza
Materiales
intrínsecos
Antrópicos
10
8
5
1
10
5
10
Internacional
Institucional
Comunidad
Fallas
Geológicas
Envejecimiento
de material
Robo/
huaquerismo
Hidrología
inundaciones
Fragilidad
Descuido /falta
de
mantenimiento
Sismicidad
Tecnología
Vandalismo
Fenómenos
climáticos
Calidad de
material
Incendio
Vulcanismo
Mala
intervención
Contaminación
Conservación
Régimen uso
Grado de percepción
Solido
A reparar
Ruinoso
Uso público
Alterado
Parcial
Preservado
1
5
10
10
1
5
10
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Figura 1. Actividades y estrategias de gestión. Fuente: Amaranta Andreina Cortés Aguirre en base a Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural, 2008 .
Como cuarto proceso, los Convenios para la
sostenibilidad (Figura I) fueron fundamentales para el
cumplimiento del objetivo central del DEPC, debido a que
la relación Estado-sociedad debía marcarse de tal manera
que, la sociedad y las instituciones no gubernamentales
estén involucradas con el rescate, conservación y difusión
del PC. A razón de esto los Convenios de Cooperación,
garantizarían la sustentabilidad económica de los
proyectos de intervención. También permitiría que
propietarios se responsabilicen de sus inmuebles, dándole
valor de reutilización y promoción social. Las directrices
que toma esta etapa se fundamentan en el beneficio
común; es decir tanto personas naturales y no naturales
en cada región del país serían beneficiarias de las
potencialidades de desarrollo del patrimonio. Convenios
se realizaron con propietarios, autoridades parroquiales,
cantonales y nacionales, además de congregaciones
religiosas (Contreras, 2018). También se incorpora a la
Policía del Patrimonio Cultural (Figura I). En el 2008 gracias
al Ministerio Coordinador del Patrimonio y de Gobierno,
el Ministerio Público, la Policía Nacional y el INPC, se
efectuó un convenio para priorizar el resguardo de los
bienes y las acciones a ejecutar en caso de actos delictivos.
A partir de esto, la Policía del Patrimonio incluye policías
entrenados cognitiva y físicamente para la protección
inmediata de los recursos culturales (DEPC, 2008). Su
finalidad es limitar el expolio, mismo que no reportaba en
el país contexto legal asociado.
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El Decreto solventó a través del Programa de
Emergencia de Patrimonio Cultural (PEPC) las
intervenciones de emergencia mencionadas (Figura I) en
los bienes más deteriorados; siendo protegidos y
conservados en un lapso de 10 años, el 25% de los casos
diagnosticados. También se generó el Sistema Nacional de
Gestión de Bienes Culturales, que integra el inventario
nacional de los bienes, a través de una plataforma
informática creada por el Banco Central del Ecuador,
identificada como ABACO; actualmente se denomina
Sistema de Información del Patrimonio Cultural
Ecuatoriano (SIPCE)
3
y está a cargo del Instituto Nacional
de Patrimonio del Ecuador (INPC, 2011b). Como
complemento se programan campañas de concientización
(Calpi, 2013) en temas puntuales que analicen el valor que
tiene el patrimonio para garantizar la permanencia
(PPRPC, 2007), todas forman parte de la primera fase del
accionamiento de la PP, por ende asumen un presupuesto
efectivo.
Con la creación del Sistema Nacional de Gestión Bienes
Culturales y Patrimoniales a más de proponerse
fortalecer, conservar y proteger el legado histórico, bienes
inmuebles, muebles, documentales, arqueológicos e
inmateriales, se generaron ocho mil plazas de trabajo,
cinco mil empleos directos y tres mil indirectos,
incentivando varios segmentos económicos (PPRPC, 2007)
(Tabla 2).
Tabla 2
Empleos generados: Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural
Años
Directos
Indirectos
Total
Decreto de emergencia 2008-2010
5000
8000
13000
2011
400
2400
2800
2012
901
5319
6220
Total
6301
15719
22020
Fuente: Amaranta Andreina Cortés Aguirre, en base al Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural de Ecuador, 2012.
Los aportes de la Unidad de Gestión de Patrimonio
Cultural junto con el Ministerio de Cultura, antes
Ministerio Coordinador del Patrimonio, y el INPC, no
satisfacían las políticas de actuación, limitando la garantía
del planteamiento de proyectos y la ejecución en plazos
reales. En consecuencia, en el año 2010 se crea la Unidad
Técnica de Protección y Recuperación del Patrimonio
Cultural, que se articula con la finalidad de manejar los del
área patrimonial (PPRPC, 2007). Esta entidad posiciona al
patrimonio dentro de las herramientas oficiales que
buscan el desarrollo territorial (COOTAD, 2010).
3
El Sistema tiene connotación de carácter conceptual importante, ya que
no se trata únicamente de organizar la información en un sistema
informático de gran capacidad y alcance, sino que es una herramienta
para la gestión del patrimonio material e inmaterial a nivel nacional;
permite contar con la información georreferenciada para visibilizarla de
manera objetiva en los planes de ordenamiento territorial, que deben
A partir del 13 de diciembre de 2011 el Ecuador a
través de un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) destinan US$ 37,8 millones para
potencializar la actualización del PPRP con la finalidad de
atender de manera permanente la conservación,
conciencia y cuidado determinando un impacto social y
económico a largo y mediano plazo (PPRPC, 2007). La
proyección del PPRP tuvo plazo de ocho años (20102017)
e inversión estimada de US$ 104.203.635,98 provenientes
de otros créditos internacionales y recursos fiscales. Este
programa manifiesta cuatro objetivos específicos, (1) El
fortalecimiento del registro y sistematización de los
Bienes Culturales y Patrimoniales (BCP), (2) La realización
de Proyectos demostrativos y emergentes de
desarrollar los gobiernos autónomos descentralizados en el marco del
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y
Descentralización COOTAD-.
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recuperación patrimonial a replicar, (3) La ejecución de
Modelos de gestión sustentables a replicar y el (4)
Fortalecimiento Institucional de las entidades
relacionadas a la conservación y salvaguarda del PC
(PPRPC, 2007).
A través del SIPCE, se puede identificar el progreso de
la ejecución del PPRP durante el Decreto de Emergencia,
de tal manera, se determina que para el 2013 en cuanto a
bienes inmuebles solo el 1,75% de edificaciones fueron
intervenidas en todo el país, mismo que representa el 4%
de los recursos patrimoniales (DEPC, 2008) a nivel
nacional.
Tabla 3
Dotación de seguridades e Intervenciones de emergencia, en comparación con el Universo estimado de Bienes por intervenir
Tipo de actualización
Universo estimado de bienes contenedores
que requieren actuación
Bienes protegidos intervenidos
Colocación juegos seguridad electrónica
600
300
Intervención refuerzo estructural, restauración
5700
94
Campaña fumigación contenedores,
documentos/ bienes madera
4500
360
Intervención, consolidación, restauración o
protección de bienes muebles ( obras de arte)
20000
300
Fuente: Amaranta Andreina Cortés Aguirre, en base al Sistema de Información ABACO. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Ecuador. INPC 2011.
Este ambicioso proyecto plantea el registro y
sistematización de 219 mil bienes patrimoniales en un
periodo de cinco años, la ejecución de tres proyectos
demostrativos con 49 actuaciones, cinco emergentes,
además de la implementación de tres modelos de
sostenibilidad y Modelos de Gestión de las 49 actuaciones
y de cinco emergentes, durante el ciclo de vida del
proyecto. Finalmente se plantea el desarrollo del marco
normativo para proteger la integridad de los bienes,
establecer medidas que orienten su manejo, y definir
sanciones administrativas, civiles y/o penales que sean
resultado del incumplimiento de lo estipulado por la ley.
Análisis de Políticas Públicas
El Estado moderno (el que se posiciona progresivamente
después de la Segunda Guerra Mundial) se formó por un
conjunto de organizaciones que distribuyen varios
servicios públicos y programas sociales incidiendo en la
vida diaria de una población en todos sus niveles, tales
acciones, se movilizan con ingentes cantidades de dinero
que resultan de los impuestos. El Estado actual va más allá
e interviene directamente en las actividades económicas
por numerosas vías, a estas actividades se conocen
generalmente como políticas públicas (PP) (Pallares,
1988).
A partir de la década de los cincuenta se experimenta
en el mundo académico un interés sobre el estudio de las
PP, en el marco de las ciencias sociales y especialmente en
la ciencia política anglosajona (Hernández, 1999).
Actualmente términos como política urbana, política
económica, política sanitaria, política educativa y similares
forman parte del lenguaje cotidiano en una sociedad
(Pallares, 1988) y que exhortan escrutinio académico.
Jorgensen y Mintzberg (1995) equiparan las PP a
estrategias emergentes que surgen a partir de un gran
número de procesos graduales, colectivos, espontáneos y
muchos de ellos planteados sin ni siquiera poder ser
administrados. Los autores sugieren que es posible
entender las PP bajo los siguientes enfoques:
1. La PP producto de una lógica racional donde el
conocimiento precede al acto, bajo esa ruta se puede
hacer la distinción de que existe una separación entre
política pública y administración de la política, es decir
por un lado los políticos fijan la formulación de leyes y
reglamentos, y, por otro lado, una burocracia de
servidores públicos la aplica, a este modelo se lo
conoce como modelo tradicional.
2. La PP bajo la articulación Estadosociedad, que ha
generado una sociedad de organizaciones débilmente
acopladas en el que las presiones administrativas
desempeñan un papel fundamental. Bajo esta óptica la
Cortés Aguirre, Aguirre Ullauri y Contreras-Escandón
Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
10
producción de PP se deberían ver en el contexto de un
espacio organizado.
3. La versión más avanzada de los dos modelos citados se
conoce como el sistema de planeación-programación-
presupuestación, cuyo aporte consistió en un conjunto
de técnicas analíticas y de procedimientos
denominados planeación estratégica, pero que a la
final se ha convertido en un mero dispositivo para
controlar el gasto.
4. Por otro lado, los autores señalan a las PP que surgen
como un proceso incremental y/o político, donde un
sin número de formuladores de las políticas
reaccionan uno frente a otro por medio de ajustes
mutuos, donde pesan más decisiones antes que
resultados articulados y son producto de intereses
individuales o de grupos de poder los que se legitiman
a través de PP.
A partir de los anteriores, Jorgensen & Mintzberg
(1995) apuntan ver las PP como estrategias emergentes
donde las organizaciones en el proceso de formulación
puedan aprender y responder a los resultados de sus
propias acciones, es decir tanto los formuladores como los
burócratas funcionalizadores de las PP, puedan reconocer
la complejidad de las demandas que exigen no solo grados
de conocimientos especializados para enfrentar las
problemáticas sino también exigidos en operaciones más
vastas y en condiciones geográficas diferenciales. Dentro
de este entramado la necesidad de respuestas
emergentes ha ido en aumento, superando la lógica de
que es posible controlar los procesos desde un solo
centro.
En el ejercicio académico latinoamericano, Velásquez
(2009, p156) analiza las definiciones existentes sobre PP
en la bibliografía especializada y plantea la siguiente
definición:
Proceso integrador de decisiones, acciones,
inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por
autoridades públicas con la participación eventual de los
particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una
situación definida como problemática. La política pública
hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre
y al cual pretende modificar o mantener.
De igual manera para Hernández (1999) las PP son:
[…] el resultado de decisiones (sin limitarse a ser
decisiones), de actores actuando a título
gubernamental (no obstante, la participación de
otros actores sociales), pero que las decisiones de
no hacer pueden igualmente constituir una
política, y que generalmente las políticas contienen
objetivos, recursos y producen resultados. (p. 84)
En función de la revisión anterior se considera al
Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural (2008)
como el resultado de decisiones (sin limitarse a ser
decisiones), de actores actuando a título del gobierno en
un contexto específico con la presencia de otros actores,
define decisiones, considera objetivos, recursos y busca
producir resultados.
Al caso de estudio (DEPC) se considera bajo el marco
de análisis propuesto por Lasswell (1956), implementado
por Jones (1970) y difundido actualmente por Roth (2009);
que parte de la perspectiva denominada policy stages
approach, que plantea desagregar el proceso de
producción de una PP en una secuencia de etapas
funcional y temporalmente separados (Hernández, 1999;
Howlett, Ramesh M., & Perl Anthony, 2009; Schlager &
Sabatier, 1999), en este sentido, se considera analizar
cinco contenidos: (1) Definición del problema del decreto,
(2) Formulación de soluciones que plantea el decreto, (3)
Toma de decisiones, (4) Implementación y (5) Evaluación.
Esta propuesta no solo facilita la comprensión del proceso
de producción del decreto, sino permite elaborar
observaciones específicas y analizar el papel de actores
involucrados en la problemática que pretende atender.
Metodología
La metodología de esta investigación se sustentó en
técnicas bibliográficas sobre PP, que permitió una
definición teórica, así como la de un marco de análisis que
permita abordar el Decreto de Emergencia del Patrimonio
Cultural movilizado por el Estado, también se revisaron
noticias de periódico y publicaciones en la red de alcance
nacional, vinculadas al momento de implementación del
decreto.
Para el análisis del Decreto de Emergencia del
Patrimonio Cultural desde su implementación hasta la
situación actual, se manejó el enfoque secuencial de
análisis de PP propuesto por Lasswell (1956),
implementado por Jones (1970) y difundido actualmente
por Roth (2009); en este sentido, se identifican y analizan
cinco etapas: (1) Definición del problema, (2) Formulación
de soluciones, (3) Toma de decisiones, (4) Implementación
y (5) Evaluación. La fase de evaluación vela por el
Impacto del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del Ecuador: análisis costo-beneficio
Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
11
apropiado funcionamiento de las políticas y programas
gubernamentales, de tal forma que controla los abusos y
malas prácticas; el proceso no es únicamente un ejercicio
técnico, tras este existe un marco de referencia, un punto
de vista, un propósito, que son previos a las decisiones
técnicas y a la rigurosidad metodológica, a razón de esto
se determinó que el tipo de evaluación es ex-post5
incluyendo un análisis de costo-beneficio6.
Resultados
Según el enfoque secuencial descrito en la evaluación de
los resultados y las fases asociadas se determina que:
Desde la Definición del problema. El poco interés en
materializar el potencial del Patrimonio Cultural fue un
limitante para el desarrollo socioeconómico y pluricultural
del país. Esta problemática se manifestaba por la ausencia
de reconocimiento del universo total de bienes del
patrimonio, y la carencia de acciones bajo una PP que
garantice la revalorización, reutilización y accesibilidad de
los acervos. En esta instancia, en el Ecuador, no se
potencializaban adecuadamente las características de los
bienes, reteniendo un posible desarrollo efectivo de
beneficios sociales y económicos, del PC y sus temas
asociados.
En sí, las condiciones de los bienes culturales estaban
siendo aprovechadas por un limitado número de
personas, a través de actos delictivos que generaban
enriquecimiento ilícito, se ponía en riesgo la integridad y
valor de los mismos. Además, el legado arquitectónico
estaba sujeto a riesgos latentes como los agentes
antrópicos, naturales y abandono debido a la fragilidad de
las instituciones encargadas del manejo de estos recursos
y la falta de objetivos gubernamentales que consoliden su
resguardo. Frente a este problema el gobierno toma una
posición firme para plantear acciones que contrarresten la
pérdida irreversible de la identidad y cultura de la
sociedad, con evidente eficacia temporal.
Desde el segmento de Formulación de soluciones.
Frente al desamparo de los Bienes Culturales nace el
Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural,
5 Posterior a la implementación de la PP e involucra el análisis de cada
etapa que estructura la planificación de la misma.
6 El análisis costo-beneficio ACB- es un método de evaluación que
plantea un marco referencial determinando en un tiempo acotado, si el
sustentado en que los bienes son un eje fundamental para
incentivar el desarrollo, la interculturalidad y la
democracia (PPRPC, 2007), el cual plantea fases
específicas de intervención dependiendo del tipo de bien.
En este sentido se plantean procesos como la Colocación
de Kits de seguridad, que representaban una inversión
significativa, sin embargo, se colige que no era requerida
en todos los casos, es decir frente a la función se estima
un desperdicio probable y no priorizado- de recursos que
podían ser aplicados en aspectos emergentes de mayor
significado.
A partir de la implementación de la PP, el gobierno,
crea y mejora sistemas de gestión para el manejo y puesta
en valor de los bienes materiales e inmateriales, con el
propósito de que las acciones a llevarse a cabo durante la
vigencia del Decreto y posterior a él, sean sustentables a
través del dinamismo económico que puede generar el
uso adecuado de los bienes inmuebles, un capital que se
puede reinvertir en la permanencia y uso perdurable de
los mismos.
Uno de los problemas que aún se evidencia en el país
es la falta de personal técnico con la capacidad de tratar
temas de esta temática y magnitud, a razón de esto se
puede manifestar que el Gobierno no ha considerado una
inversión importante en la preparación académica y
capacitación técnica, además, que el interés o inclinación
por temas relacionados, no es representativa, pese a que
todos los programas dispuestos a partir del decreto están
direccionados a la conservación, protección y reutilización
de los bienes patrimoniales, con requerimientos
puntuales.
En el caso de la Toma de decisiones. El Gobierno
planificó la inversión y los beneficios resultantes del
accionamiento, por ende, se determinó la factibilidad de
la implementación de la PP fuera de su propio escenario
de acción. A pesar de dicha planificación previa existieron
falencias importantes en la ejecución de diversos procesos
planteados dentro de las estrategias, como la restauración
de edificaciones patrimoniales sin un contexto de
costo de una acción específica, en este caso intervención, es mayor que
los beneficios derivados de la misma; y nos permite determinar si las
decisiones políticas son adecuadas o no en términos económicos (Leal,
2010).
Cortés Aguirre, Aguirre Ullauri y Contreras-Escandón
Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
12
reutilización, mismas que requieren soluciones que
comprometen una nueva inversión.
Bajo este parámetro el funcionamiento de las
directrices de actuación fue valido en el periodo de
implementación de las dos fases de la PP, mas no
solucionó de forma integral la problemática de los bienes
patrimoniales, es decir las medidas planificadas e
implementadas no abarcaron la evolución y mejoramiento
de las mismas en base a la proyección del tiempo y todas
las variables que requiere el tema y la problemática.
Para el caso de la Implementación. El gobierno
implementa el Decreto en el año 2008 con vigencia de dos
años, en vista de que el plazo fue corto para la ejecución
global de un proyecto de tal magnitud, en el año 2010 se
plantea la actualización y puesta en marcha del Plan de
Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural hasta
el año 2017.
La implementación de la PP, desde el punto de vista
actual, ha fortalecido el empoderamiento del patrimonio
dentro de la planificación y gestión pública, ha fomentado
el interés de la academia por realizar proyectos de
investigación y ha potencializado el desarrollo turístico de
varias ciudades del país; aun así, el alcance del proyecto
global no ha sido ejecutado en su totalidad por factores
políticos, económicos y por la insuficiente gestión; además
la intervención planificada entre el 2008 y el 2017, no
abarcó el universo total de bienes culturales y
patrimoniales que posee el Ecuador, relegando recursos
importantes que pueden fortalecer varios aspectos de
desarrollo social y económico.
Finalmente, en el segmento de Evaluación, en el
Análisis de Oferta y demanda. El proyecto se plantea con
el interés de generar beneficios sociales, sin fines de lucro
para una población específica. Pese a esta ideología (Soja,
1980), las acciones que ameritan la implementación de la
PP trae consigo utilidades financieras vinculadas con la
promoción turística, y la demanda potencial se compone
de turistas nacionales e internacionales.
Se puede determinar según La Experiencia Turística en
el Ecuador, cifras esenciales del turismo interno y receptor,
análisis realizado por el Ministerio de Turismo del Ecuador
en el año 2011, que el estimado de turistas nacionales en
el año 2010 fue de 5.060.460 y para el año de 2017, se
tiene un aproximado de 7.030.887 de visitantes,
determinando un incremento de 1.970.427 en un periodo
de ocho años. En cuanto a los turistas extranjeros, en el
2010, de 1.048.983 de personas, llegan a ser 1.400.205
para el 2017, determinando un crecimiento de 351.222
visitantes. Frente a esta situación se establece que la
demanda nacional es considerablemente mayor al
turismo internacional.
El número de turistas nacionales y extranjeros que
hacen uso de los bienes y servicio de carácter patrimonial
se ajustan al 73,8%; siendo este porcentaje el argumento
que da validez al enfoque de demanda establecido por la
PP. Evidentemente el patrimonio cultural del país
representa gran valor para propios y extraños, interés que
permite fortalecer el desarrollo económico de
determinados sectores productivos.
En cuanto a la oferta, en la primera fase se plantea
dotar de seguridad y recatar a los Bienes a través de cinco
procesos: (1) Colocación de 300 juegos de seguridad
electrónica - cámaras, sensores y alarmas, (2) Obras de
consolidación arquitectónica, acciones de rescate y
preservación en 100 inmuebles, (3) Campaña nacional de
fumigación en 360 bibliotecas, (4) Convenios para la
sostenibilidad y (5) la Policía del Patrimonio Cultural. Por
su parte, en la segunda fase se considera la intervención
en 219.054 bienes culturales, proceso que se dividió en
tres etapas de actuación:
Registro de 219.000 bienes culturales patrimoniales,
Proyectos demostrativos: 49 actuaciones o
intervenciones directas en BCP de carácter inmueble y
Cinco proyectos emergentes de recuperación
patrimonial.
Para lograr dichas metas, el gobierno acude a cuatro
universidades públicas con la finalidad de complementar
el trabajo del INPC y de la Subsecretaria del Ministerio de
Cultura, dos entidades que son responsables del manejo
de los bienes a nivel de país, cabe recalcar que el enfoque
del MC era establecer las PP mas no intervenir
directamente en campo.
Las dos etapas del proyecto se establecieron con el
objetivo de intervenir en sectores olvidados con potencial
patrimonial, de manera que se viabilidad a las
características turísticas de cada Gobierno local, de lo cual
se identifica que el número de visitantes en sectores no
netamente turísticos incrementó considerablemente a
Impacto del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del Ecuador: análisis costo-beneficio
Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
13
raíz de la operatividad de los procesos planificados frente
a los recursos de cada localidad.
De otro lado, realizando un escrutinio económico de
los datos generales del programa, que planteó que la
generación de recursos se a través de las actividades
productivas que se vinculan con el uso de entornos
patrimoniales. En este sentido, se pretendía que los
beneficios cualitativos sean la prioridad ante la ejecución
de la PP. Para este fin y para medir los beneficios
cuantitativos hipotéticamente se plantean dos variables
de estudio, la primera basada en los gastos que generan
los visitantes nacionales y extranjeros para acceder al sitio
de interés, y la segunda basada, en un método de precios
hedónicos. Con estos parámetros el Departamento de
Planificación del programa determina la relación costo -
beneficio del proyecto definiendo un TIRE de 12,03% y un
VANE de US$ 83.279,64, sin tomar en cuenta la amplia
gama de beneficios sociales (PPRPC, 2007) como la
revalorización del componente nacional relegado.
Frente a estos resultados, se demostró la factibilidad y
la potencialidad económica del proyecto desde la
perspectiva del retorno de la inversión pública, en su
momento. Actualmente el aspecto económico es un
determinante fundamental para que el óptimo desarrollo
de un bien patrimonial perdure en el tiempo.
Lamentablemente existen intervenciones en inmuebles
que no son utilizados, es decir, no están generando
ingresos que ayuden a mantenerlo, o en su defecto a más
de dichos egresos, posiblemente requerirán acciones
periódicas de mantenimiento.
El programa además manejó una solución que impulse
la sostenibilidad de los recursos a través de tres
estrategias:
la generación de convenios con diversas entidades
públicas, la obtención de financiamiento externo
proyectando una deuda nacional de
aproximadamente US$ 40 millones, y
el fortalecimiento estratégico de las instituciones
encargadas en el manejo de los bienes patrimoniales.
Para el análisis, dentro de este artículo, se consideran
dos fases, la primera, la implementación del Decreto de
Emergencia del Patrimonio Cultural, y la segunda, la
actualización del PPRP.
En la primera, el costo total de inversión planteado por
el gobierno nacional se aproxima a US$ 37 millones, los
cuales abastecen a cada proceso de intervención. Los
procesos de restauración y rehabilitación tuvieron una
inversión total de US$ 19.283.386,39, distribuidos
conforme en, sesenta por ciento en la región Sierra,
treinta y dos por ciento en la región Costa y ocho por
ciento en la región del Oriente; esto representa que las
operaciones y procesos que requirieron mayor inversión
se dan en la Sierra, con énfasis en las provincias de Azuay
y Loja. Los US$ 17.716 613,61 restantes fueron invertidos
en las otras actividades, como las campañas de fumigación
y la colocación de los kits de seguridad. Este panorama
indica que más de la mitad del presupuesto destinado
para la primera etapa de la implementación de la PP se
direccionó a la intervención en diversos inmuebles de
carácter patrimonial, esto se debe a que la pérdida del
legado arquitectónico es irreversible. Con la culminación
de esta etapa se definió un monto devengado de US$
37.143.140,12.
En la segunda fase el costo total de inversión
planteado por el gobierno se aproxima a US$
104.203.635,98 (Tabla 4), de los cuales US$ 40.000.000 se
enmarcan en el monto total de crédito externo con el BID.
Cortés Aguirre, Aguirre Ullauri y Contreras-Escandón
Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
14
Tabla 4
Presupuesto de las actividades del Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural
Componentes/ rubros
Crédito
Recursos fiscales
Total (US$)
Componente 1. Fortalecer el registro y sistematización de los Bienes Culturales y Patrimoniales (BCP)
Total costo de actividades (USD)
10.966.840,00
1.814.813,81
12.781.653,81
Componente 2. Realizar Proyectos demostrativos y emergentes de recuperación patrimonial
Total costo de actividades (USD)
24.183.160,00
56.315.832,08
80.498.992,08
Componente 3. Realizar Modelos de gestión sustentables
Total costo de actividades (USD)
1.400.000,00
241.438,73
1.641.438,73
Componente 4. Fortalecer Institucionalmente el MCP
Total costo de actividades (USD)
1.070.000,00
842.551,94
1.912.551,94
Administración del Programa
220.000,00
7.148.999,42
7.368.999,42
TOTAL (USD)
37.840.000,00
66.363.635,98
104.203.635,98
Fuente: Amaranta Andreina Cortés Aguirre en base a Planificación Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador.
Es evidente que el logro de la mayoría de actividades
dependió totalmente del crédito internacional, debido a
que los recursos fiscales del país eran limitados, o incluso
mínimos, lo que indica que la eficacia estuvo condicionada
a fuentes externas, de flujo y permanencia acotada y
definida.
En cuanto al cumplimiento de actividades, en la
primera fase del Decreto se puede determinar que las
acciones dispuestas no cumplieron con la meta debido a
que se planteó colocar 300 kits de seguridad y fueron
instalados el 91%; se planificó la intervención de 100
bienes inmuebles y se intervino el 70%, así como se
programó la fumigación de 360 instalaciones de carácter
patrimonial siendo el 85% puestas en marcha (Tabla 5).
Esta situación evidencia que no se alcanzó el horizonte
proyectado, y mantener el ritmo de ambos horizontes es
aún más cuestionable.
Impacto del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del Ecuador: análisis costo-beneficio
Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
15
Tabla 5
Tabla resumen de las intervenciones realizadas durante el Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural
Región
Provincia
Número de
contenedores
instalados
%
Intervención de bienes inmuebles
%
Monto invertido
Número de
bienes
fumigados
%
Sierra
Azuay
35
13
8 Obras, una de ellas de carácter
arqueológico
11
2.039.396,87
42
14
Bolívar
17
6
3 Obras
4
1.282.829,67
16
5
Cañar
14
5
4 Obras, una de ellas de carácter
arqueológico
6
1.238.234,9
12
4
Carchi
17
6
3 Obras
4
481.523,79
15
5
Cotopaxi
25
9
4 Obras
6
623.153,35
19
6
Chimborazo
33
12
8 Obras
11
1.677.792
33
11
Imbabura
19
7
6 Obras
9
2.377.810
17
6
Loja
17
6
4 Obras
6
1.063.635,1
35
11
Pichincha
16
6
1 Obras
1
258.047,21
13
4
Tungurahua
15
5
4 Obras
6
690.929,29
26
8
Costa
El Oro
12
4
4 Obras
6
485.953,75
18
6
Esmeraldas
6
2
1 Obras
1
188.299,01
9
3
Guayas
12
4
4 Obras
6
3.766.610,2
22
7
Los Ríos
8
3
1 Obras
1
493.176,1
8
3
Manabí
10
4
7 Obras
10
1.086.457,4
16
5
Santa Elena
4
1
4 Obras, una de ellas de carácter
arqueológico
6
243.683,6
8
3
Oriente
Napo
5
2
3 Obras
4
476.898,11
Zamora
Chinchipe
2
1
1 Obras
1
808.956,14
Morona Santiago
2
1
Orellana
2
1
Pastaza
2
1
Sucumbíos
1
0
Total
274
100
70
100
19.283.386
309
100
Fuente: Amaranta Andreina Cortés Aguirre, en base a Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural, 2008
La implementación de los contenedores se realizó en
las tres regiones del país (Figura 3.a), el mayor número de
dotaciones corresponde a la Sierra, seguida por la región
Costa y finalmente el Oriente, los porcentajes de
implementación son 42%, 21% y 25%, respectivamente. La
Sierra destaca debido a que el número de espacios
patrimoniales como museos, iglesias, conventos y otros,
de alta importancia y representan cuidado minucioso se
encuentran emplazados en ella. El 13% de las provincias
del Ecuador no ha sido considerado para este proceso por
la ausencia, o incluso por el desconocimiento de
elementos a proteger.
Cortés Aguirre, Aguirre Ullauri y Contreras-Escandón
Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
16
Figura 3. Estadística por Región. Fuente: Amaranta Andreina Cortés Aguirre en base a Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural, 2008.
Destacan ejemplos representativos de la
implementación de kits de seguridad en las tres regiones
del Ecuador, el Museo de las Conceptas (Riobamba) e
Iglesia de la Merced del Centro Histórico de Quito, en la
Sierra; la Casa Rocafuerte (Guayas) y el Museo Eloy Alfaro
(Montecristi) en la Costa. Finalmente, la Biblioteca,
archivo y Museos Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo
de Morona Santiago y la Iglesia de Puyo (Pastaza), en el
Oriente. En cuanto a las obras de consolidación
arquitectónica, acciones de rescate y preservación de
igual forma el mayor número de intervenciones a nivel
nacional se da en la región Sierra (Figura 3.b), seguido por
la región Costa y finalmente el Oriente, los porcentajes de
implementación corresponden a 42%, 25% y 8%,
respectivamente. El 25% de los bienes de las provincias
restantes no han sido intervenidos por la carencia o no
reconocimiento de infraestructura patrimonial, y en
algunos casos por la falta de gestión pública de las
competencias involucradas.
Por otro lado, las campañas de fumigación solventaron
309 prácticas lo que corresponde al 86% de la meta
establecida. Los porcentajes de actuación (Figura 3.c) son
los siguientes: el 42% en Sierra, el 33% en Costa y
porcentaje nulo en el Oriente. La última se debe a que no
existían lugares de documentación en riesgo. Al
considerar únicamente a los bienes inmuebles, en una
situación actual, después del DEPC se puede colegir que a
partir del 2010 se encuentran registrados 21.726 bienes
inmuebles comprendidos desde la colonia hasta el siglo
XXI, sin incluir las 5.000 edificaciones del Centro Histórico
de Quito (PPRPC,2007). En general existe variación en
cuanto a la cantidad de bienes inmuebles dentro de cada
región, provincia y ciudad, debido a factores como la
utilización de materiales poco resistentes a agentes
internos y externos, el enfoque de crecimiento urbano de
las ciudades y sobre todo que la base de datos no está
culminada (INPC, 2011a); además, existen subgrupos de
clasificación determinados de acuerdo a los bienes que
tienen características similares, que incluyen: Inmuebles
patrimoniales por ubicación y tenencia; tipología de los
inmuebles patrimoniales donde el 90,6% de bienes
corresponden a una arquitectura civil de carácter
tradicional, vernáculo y monumental; Por estilos y
períodos históricos en el Ecuador; Por estado de
conservación; y Por el uso actual.
Por otro lado, de las 70 edificaciones intervenidas, que
representa el 1,65% de bienes inmuebles, el 50% están
relegadas, ya que no se usan las instalaciones, ni se
plantea el mantenimiento correspondiente; en esta
instancia tanto inmuebles en uso como en desuso,
presentan deterioros por este motivo, siendo el decreto
una inversión disipada. Así mismo, 2.883 (13%) inmuebles
están inventariados, es decir, cuentan con protección
legal, mientras que 18.843 (87%) inmuebles, están
solamente registrados, es decir los cuerpos legales como
la Ley de Patrimonio Cultural, no regulan ningún tipo de
actividad o intervención en el bien, la protección y
conservación del acervo, ya que no se sujeta a ningún
marco legal.
En términos generales, el PC inmueble se concentra en
la región geográfica de la Sierra con el 87,5 %,
sobresaliendo el Azuay con un 23,6% del universo, seguido
por Loja 13% (Figura 4), es notorio que en Pichincha
(Quito) se encuentra sub-representada.
21%
41%
25%
13%
COSTA SIERRA
ORIENTE OTROS
25%
42%
8%
25%
COSTA SIERRA
ORIENTE OTROS
33%
42%
25%
COSTA SIERRA
ORIENTE OTROS
a
)
b
)
c
)
Impacto del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del Ecuador: análisis costo-beneficio
Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
17
23.60
5.50 5.5 5.1 75.8
2.7
0.3 0.1
3.7
9.4
13
0.4 0.7 1.4 0.5 0.1 1
6
0.9 0.1 0.4
6.5
0.2
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Figura 4. Registro de Inmuebles según la ubicación geográfica. Fuente: Amaranta Andreina Cortés Aguirre, en base a Godoy, 2018.
Finalmente, la Identificación de impactos, indica que el
enfoque netamente del programa impone un impacto
ambiental mínimo, debido a que se basa en la reutilización
y readecuación de inmuebles existentes, es decir la
metodología de intervención no se compara con la
construcción nueva o total de entidades arquitectónicas.
El impacto se genera por la sustitución de elementos
estructurales en mal estado, que se deterioran por las
condiciones naturales, catástrofes, lesiones patológicas y
agentes antrópicos.
El impacto social del proyecto se basa en tres criterios
específicos; la participación ciudadana, la equidad y la
interculturalidad, mismos que se plasmen en las diversas
actividades proyectadas, con el fin de formar una
conciencia de respeto y cuidado en cuanto al manejo de
bienes culturales, un hábito que puede ser trasferido de
generación en generación para promulgar la permanencia
PC del país. Además, el programa generó una fuente de
empleo local que dinamizó la economía local, ya que la
mano de obra se compuso de personal con conocimientos
de construcción ancestral, siendo este argumento a la vez
un factor negativo, debido a que las obras se dejaron en
manos de personas que no siempre tenían conocimientos
técnicos necesarios para tomar decisiones frente a los
inmuebles.
Conclusiones
Sobre la definición del problema. Sin la
implementación de la PP la probabilidad de permanecía
de los bienes patrimoniales del Ecuador hubiera sido nula,
gracias a la misma el patrimonio tangible e intangible se
entrevió, no solo en sector gubernamental, sino también
en gran parte de la población ecuatoriana, un sentido de
pertenencia propicio el cuidado, rescate, y conservación
de gran parte de los recursos. La revalorización de un
legado histórico permitió que el desarrollo económico se
active coyunturalmente sin trastocar los modos
productivos ni las dinámicas socioeconómicas locales.
Sobre la formulación de soluciones. Intervenciones
planificadas para poner en marca el funcionamiento de
una PP, en varios casos devienen en esfuerzos económicos
coyunturales y de corto plazo, factor que evidencia que la
toma de decisiones se realizó de forma apresurada sin el
estudio minucioso de los benéficos y repercusiones frente
a cada actividad a realizar, además la intención de
sostenibilidad de los planes y programas de intervención
en caso de bienes inmuebles se ve limitada frente a las
Cortés Aguirre, Aguirre Ullauri y Contreras-Escandón
Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
18
malas prácticas por ausencia de estudios y personal
cualificado.
Se puede determinar que en el Ecuador existe falta de
profesionales capaces de asumir temas de investigación,
conservación, gestión, y difusión del patrimonio cultural,
además del desconocimiento social y cognitivo de la
comunidad con respecto a temas relacionados, de tal
manera, el potencial del patrimonio se limita. La falta de
planificación disminuye la intención de conservar la
tradición, cultura y significado.
En el caso de la toma de decisiones. Las decisiones en
muchos de los casos fueron ajustadas, pero no suficientes,
debido a que la problemática de los recursos
patrimoniales, desde la implementación de la PP hasta el
periodo actual, no fue solucionada de manera global, ya
que no se tomaron en cuenta decisiones con mayor
proyección temporal, es decir, dentro de la planificación
las medidas de actuación debían actualizarse de manera
constante adaptándose al contexto de la realidad
temporal, sin considerar su permanencia y mejora.
Sobre la implementación. Gracias al Decreto de
Emergencia la percepción de la sociedad cambio
radicalmente frente al empoderamiento de la herencia
nacional, a partir del mismo nace la intención de
involucrarse en situaciones de investigación, práctica y
protección en temas relacionados al PC. Funcionalmente,
el Decreto garantizó el bienestar de los recursos de
carácter patrimonial y su puesta en valor para
potencializar las bondades de este. La vigencia fue un
periodo crítico, ya que en él se rescató gran parte de
bienes perdidos por la falta de mantenimiento, abandono,
factores biológicos y antrópicos; este fue el punto de
partida, para que el gobierno determine la importancia
que presta el tema frente a un posible desarrollo
económico a través de la promoción turística o similar; y
establezca leyes que validen y regulen el manejo de cada
uno de los recursos. A partir de la implementación de la
PP se han creado y consolidado las instituciones que
trabajan constantemente en la restauración, conservación
y protección de bienes culturales, bajo la estructura del
Sistema Nacional de Cultura; que incluye dos subsistemas
de Memoria Social y el Patrimonio Cultural y de Artes e
Innovación- que aglutinan a más de un centenar de
instituciones del ámbito cultural que reciben fondos
públicos.
Sobre la evaluación. El enfoque del proyecto no busca
acumulación de capital, sino trae consigo importantes
beneficios sociales donde la participación de los gobiernos
locales es fundamental. A pesar de aquello se procura un
desarrollo económico en base a las actividades
productivas necesarias para el desenvolvimiento del
sector patrimonial, medios necesarios para cubrir la
deuda externa que adquirió el país con el BID, misma que
fue el eje fundamental para el desarrollo de las actividades
propuestas, es decir sin el capital proporcionado, los
recursos fiscales del país no hubieran abastecido ni la
cuarta parte del proyecto, y con ello los niveles de
cumplimiento de objetivos serían significativamente
menor a los alcanzados.
El desempeño de las acciones dictadas en el Decreto
alcanzó el 80%, pudiéndose definir como exitoso al
considerar, además, la magnitud del proyecto. Aun así, a
pesar de salvar a muchos inmuebles al borde del colapso,
la mayoría quedaron sin uso, debido a que las
restauraciones se realizaron en corto tiempo y no
permitieron realizar estudios previos, ni modelos de
gestión efectivos y a largo plazo, lo cual sigue poniendo en
riesgo la permanencia.
Azuay y Pichincha son las provincias que concentran
mayor cantidad de edificaciones patrimoniales por el alto
índice de densidad poblacional, mas no por extensión
territorial. Se debe a que, en las dos, se concentra el
patrimonio declarado como patrimonio mundial de la
humanidad. Guayaquil una de las ciudades más
importantes, extensas y pobladas, no registra cantidad
significativa de bienes inmuebles, porque los materiales
que componen su arquitectura son más vulnerables al
deterioro, y existen numerosos inmuebles patrimoniales
que fueron arrasados por históricos incendios.
Para que una PP se ejecute integralmente se considera
necesario que los gobiernos locales tengan un sentido de
pertenencia y busquen soluciones que respondan a las
necesidades y prioridades de su realidad actual, caso
contrario lo que se plantee a nivel nacional no abarcará
todos los problemas latentes e incluso el accionamiento
de los procesos probablemente requerirá de mayor
gestión y tiempo.
Sobre la identificación de impactos. El impacto social
que generó el proyecto global trajo grandes beneficios,
desde el cambio de percepción frente a los recursos
Impacto del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del Ecuador: análisis costo-beneficio
Revista de Urbanismo, 41, 1-20.
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patrimoniales, así como un impulso económico de algunos
sectores productivos, y el potencial del uso, manejo y
cuidado de los acervos patrimoniales a favor del del
turismo principalmente, por lo que, el decreto se define
como un hito tanto de planificación, ejecución,
conocimiento y reconocimiento, así como de impacto de
la administración como de la población
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... Arizaga (2012),Argudo et al. (2015) y Rueda (2014) han destacado, desde diferentes ámbitos profesionales y competencias legales, la importancia de identificar lesiones en elementos y componentes arquitectónicos significativos, así como valorar el riesgo y la vulnerabilidad como recursos para la conservación del patrimonio, a pesar de que esto no ha sido una prioridad en la política pública nacional(Aguirre Ullauri, 2021). El máximo aporte en este sentido ha sido la instalación de medidas de seguridad electrónica, como cámaras, sensores y alarmas, en 300 contenedores patrimoniales y sistemas de alarma de intrusión, como parte de la implementación del Decreto Ejecutivo No. 816(Cortés Aguirre et al., 2019). Carvajal y Heras (2020) profundizan en la asociación entre la gestión de riesgos y la gestión del patrimonio moderno ecuatoriano, considerando las características intrínsecas de los bienes y su entorno, así como la gestión actual del bien en términos de ubicación. ...
Chapter
La preocupación por salvaguardar el patrimonio cultural frente a efectos antrópicos como la urbanización acelerada, el cambio climático y otros riesgos ha impulsado la búsqueda de soluciones mediante el aprovechamiento de nuevas tecnologías. El presente libro describe la integración de estas tecnologías en la gestión del patrimonio, ofreciendo soluciones adecuadas para el registro, la documentación, la conservación y la difusión de los bienes patrimoniales. El texto se compone de diversas investigaciones realizadas por académicos e instituciones públicas que han implementado estas tecnologías, teniendo en cuenta los marcos normativos vigentes y las especificaciones requeridas para el cuidado de cada bien patrimonial.
... En diciembre de 2007, se emite el Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del Ecuador con el fin de rescatar y salvaguardar la identidad cultural, que genera un informe para proteger a las construcciones primitivas. Las provincias que son parte de este estudio poseen 4.855 edificaciones de los 14.597 bienes catalogados, concentrando el 30,8% de los inmuebles registrados (MCP, 2009;Cortés et al., 2019). ...
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A partir del análisis tipológico de las construcciones de adobe, tapial y bahareque de 50 inmuebles situados en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, se han analizado las lesiones físicas, mecánicas, químico-biológicas y antrópicas producidas por los agentes atmosféricos y por el suelo, que afectan a las edificaciones en tierra cruda del área andina ecuatoriana y posteriormente las características físicas, resistencia mecánica y composición químico-mineralógica. Los resultados determinan que el agua afecta principalmente al 40% de los inmuebles por defectos constructivos, como la falta de sobrecimientos que facilitan las humedades en las partes bajas o de aleros pequeños que no protegen del agua de lluvia deteriorando los recubrimientos de barro, sobre todo de los bahareques y que se acentúa por el emplazamiento aislado de las edificaciones. Además, la dosificación empírica de la tierra utilizada con tamaño máximo de grava de 15-18mm más arenas está en la proporción de menos de 30% y poco más de 70% de arcillas y limos en las muestras de adobe y tapial; proporciones que varían en el bahareque con casi 55% de gravas -arenas y 45% de finos; con resistencias a compresión menores a 3MPa. Se han recogido las especies madereras, cañas y fibras utilizadas en la confección de las armaduras de cubiertas, entramados y mampuestos. La antigüedad de las edificaciones rurales sobrepasa los 50 años y el 82% de las estudiadas se encuentran en estado de abandono.
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Este estudio se centra en la optimización del proceso productivo de sillas dentro de una empresa mediante la implementación de mejoras significativas. Utilizando una metodología mixta que combina enfoques cuantitativos y cualitativos, se identificaron y abordaron diversas áreas de oportunidad. La investigación comenzó con un análisis detallado del proceso actual, revelando cuellos de botella y problemas en la distribución de recursos. A través del balanceo de la línea de producción, la redistribución de máquinas y operarios, y la adición de equipos adicionales en áreas clave, se logró un incremento notable en la productividad, pasando del 65.16% al 93.37%. El estudio también incluyó un análisis costo-beneficio que mostró una reducción en los costos operativos y un aumento en la rentabilidad anual. La producción diaria alcanzó 169 sillas en una jornada laboral de 9 horas, demostrando una mejora sustancial en la eficiencia operativa.
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La preocupación por salvaguardar este patrimonio frente a efectos antrópicos como la urbanización acelerada, el cambio climático u otros riesgos, ha impulsado la búsqueda de soluciones en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías; a esto se suma, en el caso ecuatoriano, a la carencia de profesionales que trabajen en este sector. En este contexto, el presente libro describe la inserción de nuevas tecnologías en la gestión del patrimonio, encontrando soluciones adecuadas para tareas de registro, documentación, conservación y difusión de los bienes patrimoniales. El texto se compone de varias investigaciones que desde la academia o instituciones públicas han hecho uso de estas tecnologías, teniendo en cuenta los marcos normativos vigentes y las especificaciones que el cuidado de cada bien patrimonial así lo demanda.
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El turismo patrimonial conserva la cultura de las comunidades y aporta al desarrollo local, para lo cual debe ser incluido en la planificación turística. El objetivo de la investigación fue diseñar una propuesta de e marketing turístico para la difusión de los bienes patrimoniales inmuebles de Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador. El enfoque fue mixto, no experimental y del tipo exploratorio. Mediante la aplicación de técnicas de análisis e instrumentos de recolección de datos, se identificaron y caracterizaron los bienes inmuebles de la ciudad de Portoviejo a través de metodologías locales del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador (INPC) y del Ministerio de Turismo del Ecuador. Se encontraron 23 bienes con potencialidad. Asimismo, se aplicó entrevistas a actores locales vinculados al manejo y sostenimiento del patrimonio cultural. Finalmente, se determinaron las estrategias para hacer uso de las plataformas digitales a fin de potenciar el turismo cultural de la zona y contribuir al desarrollo local turístico a través de los bienes patrimoniales inmuebles.
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El artículo contrapone dos escenarios de análisis (2017-2018 y 2020-2021) de los materiales de la arquitectura patrimonial en contextos urbanos consolidados a partir del caso del Centro Histórico de Cuenca (Ecuador); el primero, desde lo arquitectónico e incidencias ambientales y antrópicas en 35 fachadas patrimoniales, y, el segundo valorando cambios en la interacción de las variables mediante cuatro puntos de control y acotando el parámetro de percepción ciudadana. Se incluyó análisis bibliográfico, aplicación de fichas arquitectónicas, matrices de cuantificación simple y valoración ambiental, y una encuesta descriptiva de percepción ciudadana. En los dos escenarios, los materiales afectados (travertino, madera, ladrillo y morteros) coinciden en representatividad y grado de deterioro por efecto de la contaminación ambiental, precipitación, radiación solar, humedad relativa y actividad antrópica. A su vez, el 92 % de la población identifica únicamente rasgos estéticos, mientras subordina los procesos patológicos, lo cual dificulta la conservación y el disfrute del patrimonio.
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Cuenca (Ecuador) es una ciudad dispersa. Núcleos poblacionales como Sinincay se han desarrollado condicionados a factores socio-espaciales, políticos o económicos que han limitado la conservación patrimonial. La presente investigación describe el estado de conservación de la arquitectura patrimonial de dicho asentamiento para promoverla como estrategia de desarrollo. Se estudian 13 bienes inmuebles a partir del análisis morfotipológico, la aplicación de fichas urbano-arquitectónicas y herramientas ambientales. Como resultado se determinó que la tipología predominante es la continua en trama de carácter doméstico y que presentan estados de conservación regulares. Con estas condiciones, la aptitud como recurso de desarrollo enmarca al 31 % de los bienes como parcialmente aptos, y a los restantes como aptos. Además, según la morfotipología, las variaciones en las expresiones formales posicionan el uso del portal como una invariante desde 1930, cuya alta capacidad de integración es propicia para la derivación de un plan piloto.
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El reconocimiento de Cuenca como ciudad patrimonial, trajo consigo la constante remembranza de los criterios de valoración que le concedieron tal distinción. En tal contexto, la declaratoria del Centro Histórico dentro de la conservación de la traza de una ciudad colonial ha plasmado un discurso ya dominante sobre lo patrimonial en la capital del Azuay. Desde esta mirada, la incorporación de nuevos actores dentro de la gestión patrimonial prepara grandes retos con respecto no solo al patrimonio tangible sino también a las personas y sus saberes tradicionales. Dentro de esta dinámica de construcción de lo patrimonial, resaltan las actividades y oficios que durante décadas han distinguido a Cuenca como una ciudad de artistas y artesanos. La alfarería cuencana tiene su mayor asidero, en el tradicional “Barrio de la Convención del 45 o Barrio de las Ollerías”, donde pese al paso del tiempo aún subsisten varios talleres familiares. Esta actividad se suma al patrimonio inmaterial de la ciudad a merced de la modernización y el riesgo de perder detentores. Este trabajo, tiene como objetivo acercarnos hacia la actividad alfarera de Cuenca, introduciendo a los detentores de este saber en un contexto de acción y producción patrimonial. La Gestión del Patrimonio Cultural, en Cuenca y el Ecuador, presenta nuevos y ambiciosos retos frente la incorporación de actores e instituciones con miras a una gobernanza cultural inclusiva. En tal sentido, se plantea mediante un breve estudio etnográfico, realizar un diagnóstico de la realidad actual de esta práctica artesanal, situándola dentro del contexto humano en una ciudad patrimonial moderna y un nuevo marco normativo cultural en el Ecuador.
Book
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Este maravilloso libro nos ha conducido a estas reflexiones, que todavía son preliminares. Pero si queda claro que el paradigmo único empieza a flaquear, gracias a trabajos académicos como este. Una felicitación enorme a los autores y a las instituciones que han hecho posible este gran esfuerzo de publicarlo. Ahora este gran aporte queda en manos de los lectores y estudiosos, para seguir en esta línea crítica de entender y desarrollar el patrimonio de nuestras ciudades, para beneficio de su población. Eso supone entrar en la línea de la democratización, que solo vendrá del reconocimiento de los derechos patrimoniales. Fernando Carrión Mena
Conference Paper
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Se propone debatir la relación del Estado y políticas públicas urbanas en la Mesa No. 3: Metodologías, tecnología y enfoques para el Ordenamiento Territorial. Para lo cual se propone la presente ponencia que articula un análisis sobre ¿cómo estudiar las políticas públicas urbanas bajo los enfoques de las contribuciones de la teoría crítica del Estado? La ponencia desplegará un posicionamiento analítico considerando los siguientes temas: (1) La Gubernamentalidad: El Estado como regímenes de gobierno, (2) La teoría del “Estado en la sociedad” y el Estado “estratégico relacional” y (3) Teoría del Estado en América Latina. Los textos teóricos elegidos para el análisis son: “Governmentality” de Foucault (2006), “From Micro-Powers to Governmentality: Foucault’s Work on Statehood, State Formation, State- craft and State Power” de Jessop (2007), “State Power” de Jessop, Bob (2008), “State in Society: Studying How States and Society constitute One Another” de Migdal (2001) y, “Off centered States: Rethinking state theory through and Andean Lens” de Krupa y Nugent (2015). La idea de política pública urbana se considerará con la noción simple del Estado en acción, expresada como un conjunto de iniciativas, propósitos, decisiones y demás formas que permitan ver al Estado en acción o intervención sobre un territorio. Es decir, se considera a las políticas públicas urbanas como un efecto del Estado que pone en movimiento al Estado y a actores involucrados en una situación o temática. A manera de conclusión se propone ubicar el tema de políticas públicas urbanas como efectos móviles, pero visibles para estudiar al Estado y su ejercicio de poder. Adicionalmente se plantea algunas rutas de investigación para el descentramiento del Estado, en las cuales puedan considerarse la noción de políticas públicas urbanas como objeto de estudio.
Article
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Este artículo presenta una descripción de la situación actual del patrimonio cultural del municipio de Viotá, realizado por el equipo interdisciplinario conformado por investigadores de los programas de Arquitectura, Economía y Administración Turística y Hotelera de la Universidad Piloto de Colombia. El objetivo del trabajo es identificar los bienes de interés cultural e histórico, los instrumentos e incentivos económicos, y las fuentes fiscales y de financiación que hacen posible la conservación del patrimonio cultural; dado que los recursos de financiación son limitados, el turismo es una fuente de ingreso alternativa para la conservación de estos elementos patrimoniales. La metodología es cualitativa y cuantitativa, y consistió en la aplicación de un cuestionario que se utilizó para la recolección de la información, que se estructuró en seis (6) módulos: identificación, acerca del patrimonio cultural, financiación, valor, observaciones y resultados de la encuesta. De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, se encontró que la población conoce parte de su patrimonio cultural, por ejemplo, haciendas cafeteras, caminos reales y petroglifos. Para el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la unesco, es importante que la comunidad local, los turistas y los visitantes lo reconozcan y lo apropien con el fin de generar declaratoria en el nivel municipal. Los bienes culturales son parte del turismo porque generan experiencias en los turistas y visitantes. De acuerdo con la experiencia en trabajo de campo, el patrimonio cultural existente está deteriorado y en total abandono porque los propietarios no tienen los recursos para conservarlo, las vías que los conectan se encuentran en mal estado, no hay señalización y el costo de viaje es alto.
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Presenta una introducción al análisis de las políticas públicas, que pretende ser un marco conceptual para analizar la actividad gubernamental , al igual que un instrumento de racionalizacion de dicha actividad y, como conclusión, presentar un breve panorama de la disciplina en Colombia.
Article
An increasingly rigidifying orthodoxy has begun to emerge within Marxist spatial analysis that threatens to choke off the development of a critical theory of space in its infancy. The concept of a socio-spatial dialectic is introduced as a means of reopening the debate and calling for the explicit incorporation of the social production of space in Marxist analysis as something more than an epiphenomenon. Building upon the works of Henri Lefebvre, Ernest Mandel, and others, a general spatial problematic is identified and discussed within the context of both urban and regional political economy. The spatial problematic is not a substitute for class analysis but it can be an integral and increasingly salient element in class consciousness and class struggle within contemporary capitalism.Space is not a scientific object removed from ideology and politics; it has always been political and strategic. If space has an air of neutrality and indifference with regard to its contents and thus seems to be “purely” formal, the epitome of rational abstraction, it is precisely because it has been occupied and used, and has already been the focus of past processes whose traces are not always evident on the landscape. Space has been shaped and molded from historical and natural elements, but this has been a political process. Space is political and ideological. It is a product literally filled with ideologies.
La protección del patrimonio una responsabilidad
  • L I Calpi
  • De
Calpi, L. I. De. (2013). La protección del patrimonio una responsabilidad.
Constitución del Ecuador
  • Constitución
Constitución. (2008). Constitución del Ecuador. Quito.
Plan Reconstruyo Ecuador. Plan de Reconstrucción y Reactivación Productiva post terremoto
CRRP (2017). Plan Reconstruyo Ecuador. Plan de Reconstrucción y Reactivación Productiva post terremoto. Inédito.