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Plan Colombia: debates, tendencias recientes, perspectivas
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Desde la aprobación formal por parte del congreso estadounidense del proyecto del
ley Alianza Act que se constituiría en el eje del Plan Colombia y de su
correspondiente sanción presidencial, el 13 de julio de 2000, por el entonces
presidente Bill Clinton, han transcurrido más de dos años. Entre tanto existen
mayores elementos de análisis para una más precisa caracterización del Plan. Tales
elementos contribuyen de paso a resolver parte de la discusiones que ha suscitado
el Plan desde su aparición.
El Plan Colombia ha merecido un rico e intenso debate tanto en Colombia como en
el exterior, especialmente en Estados Unidos y en los países del área andina. El
examen inicial del Plan Colombia contó en sus inicios con importantes
contribuciones de organizaciones sociales y políticas, de organismos no
gubernamentales y de intelectuales independientes. El debate académico es
posterior y ha sido recogido parcialmente en Colombia con la publicación por parte
de la Universidad Nacional, primero del libro “Plan Colombia. Ensayos críticos” (abril
de 2001), elaborado en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y luego
del libro “El Plan Colombia y la internacionalización del conflicto” (agosto de 2001),
preparado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - IEPRI.
Estas últimas publicaciones, como otras aparecidas en diferentes revistas
especializadas y de divulgación, son representativas de las diversas y en ocasiones
encontradas posiciones políticas, ideológicas y académicas que en nuestro medio se
han gestado y desarrollado en torno a una política que por sus características,
alcances e implicaciones tocan la médula del devenir actual y futuro de la sociedad
colombiana.
Y no puede ser de otra manera, pues el Plan Colombia y sus programas, además de
constituirse en un espléndido campo para juiciosos exámenes académicos, sintetiza
de manera ejemplar las cuestiones fundamentales de un ejercicio y una
conceptualización de la política y del análisis político hoy. El examen del Plan
Jairo Estrada Álvarez [**]
Tendencias generales de discusión en torno al Plan Colombia
Plan Colombia: debates,
tendencias recientes,
perspectivas[*]
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Colombia coloca en evidencia los límites de perspectivas de trabajo de mucha
aceptación en nuestro país, como las influidas por la teoría de la decisión. Si bien es
cierto que para el análisis político resulta de gran interés el estudio de tendencias y
de comportamientos de actores políticos, o de y entre bancadas en el congreso, o
de medios masivos de comunicación, o de agencias e instituciones del Estado, o
incluso de la llamada democracia de opinión, tal perspectiva de análisis puede
resultar superficial y en exceso descriptiva si no contempla factores del orden
estructural, de las configuraciones específicas del poder y la dominación hoy. El
estudio sobre el origen, los contenidos y los desarrollos del Plan Colombia demanda
una perspectiva de análisis que de cuenta de la nueva espacialidad de la fase actual
del capital a nivel mundial, que permita comprender configuraciones específicas
regionales y locales en un contexto de reestructuraciones, recomposiciones y
transformaciones globales, que contribuya a interpretar variadas expresiones de la
resistencia social y política y a desentrañar posibilidades de alternativa.
En esta perspectiva de análisis, más que a una aproximación limitada a una
descripción y a un análisis crítico interno de los programas que han constituido el
Plan, lo cual también resulta valioso, de lo que se trata es de avanzar y profundizar,
de una parte, en la caracterización y demostración de lo que ya en los estudios
iniciales aparecía como las llamadas “intenciones ocultas” del Plan Colombia. De la
otra, en razón de la misma dinámica de implantación del Plan, de ahondar en el
análisis y en la comprobación de lo que hasta ahora son sus primeros impactos
notorios sobre el medio ambiente, la vida humana, animal y vegetal y sobre la
situación de derechos humanos [1] .
Si los debates iniciales en torno al Plan Colombia pudieron estar mediados por una
percepción de la política, con predominio de algunos paradigmas interpretativos y
de análisis, a partir de trayectorias y experiencias históricas, o de estudios de
tendencia, o de exámenes comparados, o incluso, con los perfiles ideológicos
propios del discernimiento en una sociedad a la cual le es intrínseco el conflicto
social y de clases, lo que se ha vendido expresando, especialmente a partir de
2001, es una creciente connotación científica del debate, que atraviesa el campo
tanto de las ciencias sociales como de otras disciplinas científicas y saberes. El Plan
Colombia se constituyó en un lugar de encuentro entre la ciencia política, la
economía, el derecho, la sociología, la antropología, la sicología, la medicina, la
biología, la ingeniería en diversas disciplinas, la agronomía, entre otros. El Plan
Colombia en suma devino en objeto de estudio inter- y transdisciplinario, lo cual
resulta de la mayor trascendencia en la perspectiva de la construcción del
conocimiento. Y de paso, reabre -en otros niveles y dimensiones- discusiones sobre
la relación entre conocimiento, política e ideología, y si se quiere, sobre el lugar y
papel de la intelectualidad en los procesos sociales y en la construcción de un
proyecto social de identidad nacional y regional.
Las políticas y los programas contenidos en el Plan Colombia, sus primeras
aplicaciones e impactos han desplegado igualmente algo inusual, al menos en
nuestro medio durante la última década: la articulación de diversas expresiones del
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movimiento social y político, de los campesinos, de las comunidades negras e
indígenas, de algunos mandatarios locales y departamentales, con los esfuerzos de
académicos e intelectuales. Éstos por su parte, también han comprendido, de
manera diferenciada, que su quehacer, además de cumplir una función social y
política no necesariamente declarada o evidenciada, encuentra en las trayectorias
de esas expresiones nuevas perspectivas de estudio y análisis, que no siempre
pueden ser abordadas desde sus centros de investigación.
De otra parte, debe considerarse el interés regional que ha suscitado el Plan
Colombia en Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, por no decir que en América
Latina. También en esos países el debate en torno al Plan Colombia es expresivo de
las posiciones encontradas que se aprecian en Colombia. Quienes consideran que el
debate en la región andina ha sido magro [2] , probablemente no han tenido los
suficientes acercamientos a la intensa producción que desde allí se ha venido
elaborando, o simplemente -en razón de sus perspectivas de análisis- no han podido
valorar las importantes contribuciones realizadas para una comprensión más
integral del Plan Colombia. Creo conveniente destacar, primero, los aportes para
análisis más juiciosos de la política antidrogas de Estados Unidos, alimentados por
experiencias vividas en algunos de esos países durante la década de los noventa. Y
sobre todo, las contribuciones a una interpretación de las dimensiones espaciales
del Plan Colombia en un contexto de reconfiguraciones de la acumulación, la
dominación y del movimiento social y político.
Aunque no se podría aseverar que la “cuestión colombiana” ocupa un lugar central
en el contexto mundial o despierta una gran atención de la opinión pública
internacional, es evidente que el Plan Colombia ha abierto un campo de debate
tanto en Estados Unidos como en Europa. Allí los énfasis son distintos. Además de
las discusiones en torno a los procesos de diseño y aplicación de la política, se
aprecian posturas diferenciadas en torno al tratamiento de problemas que hoy son
considerados globales: el tráfico de narcóticos, los derechos humanos y la
resolución de conflictos internos armados. Con algunas significativas excepciones,
con mucho peso en la discusión, de sectores de la intelectualidad o de importantes
organismos no gubernamentales o de algunos centros de investigación, que han
contribuido a una comprensión del Plan Colombia en la perspectiva de las nuevas
configuraciones del orden mundial, de los conflictos que éste encarna, de la
naturaleza compleja de la cuestión del narcotráfico y del conflicto armado
colombiano, se aprecian tendencias de discusión impregnadas por la llamada
“realpolitik” o el pragmatismo político. También allí se está en presencia de
posiciones encontradas en torno al asunto Plan Colombia. Los hechos ocurridos el
11 de septiembre de 2001 favorecieron en todo caso la consolidación de visiones
neoconservadoras sobre el lugar del Plan Colombia en un contexto de redefinición
de las “políticas de seguridad” y de “lucha contra el terrorismo”.
A partir de estas tendencias generales de la discusión en torno al Plan Colombia,
que tienen simplemente el propósito de suministrar algunos elementos de contexto,
en el presente trabajo se examinarán en primer lugar las configuraciones específicas
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del plan según lo aseverado por la administración Pastrana. En segundo lugar, los
principales rasgos de la “ayuda militar” estadounidense, considerando tanto la
Iniciativa Regional Andina como lo proyectado para el 2003. Y en tercer lugar, las
tendencias más recientes, luego de la posesión del nuevo presidente de Colombia,
Álvaro Uribe Vélez.
El Plan Colombia en la visión gubernamental [3]
El Plan Colombia fue presentado inicialmente, por el gobierno de Andrés Pastrana,
como un “plan antidrogas”, con dos componentes esenciales: Uno militar y otro
social. Así mismo, como un propósito de consenso internacional, que contaría con la
financiación de Estados Unidos, la Unión Europea, algunos países europeos
individualmente considerados, Japón y algunas agencias multilaterales [4] . De esa
visión inicial al día de hoy, el Plan Colombia ha sufrido importantes
transformaciones.
Al promediar el gobierno de Pastrana, el plan se había constituido prácticamente en
el plan nacional de desarrollo. Son varias las razones que explican semejante
metamorfosis. Las fuertes críticas desatadas contra el Plan Colombia a nivel
nacional e internacional, dado el previsible escalamiento de la guerra interna y la
perspectiva de una crisis humanitaria sin precedentes, obligaron al gobierno de
Pastrana a desplegar una estrategia mediática y de propaganda, con el propósito
de minimizar tales efectos y enfatizar en el mal llamado componente social del plan.
Se trataba de mostrar un Plan Colombia en el que el fuerte despliegue militar y el
notorio alistamiento logístico (sobre todo tecnológico, de inteligencia y guerra
aérea) para una extensión e intensificación de la guerra, aparecían relegados a un
segundo plano y subsidiarios, por tanto, de la “estrategia social”.
A través del llamado componente social, el país asistió a la proliferación de
programas de diversa índole, que buscaban el doble propósito de desvirtuar
justamente la tesis de que se estaba en presencia de un plan que alimentaba la
guerra interna, de una parte, y de construir una base social favorable a las políticas
del gobierno, especialmente en sectores sociales con elevados niveles de pobreza y
en una multiplicidad de organizaciones no gubernamentales atraídas por los
recursos de la contratación, de la otra. Los programas fueron presentado como
parte de una estrategia de desarrollo social. El Plan Colombia aparecía como el eje
de una gran movilización nacional que favorecía a desempleados, jóvenes, mujeres,
entre otros [5] . Un plan diseñado para la guerra aparecía de repente convertido en
un plan de lucha contra la pobreza. También la recortada inversión pública se
El Plan Colombia como plan de desarrollo
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tramitó a través de programas del Plan Colombia. Tal fue el caso, por ejemplo, de
“Vías en acción”.
El interés gubernamental por otorgarle al Plan Colombia un connotación de plan de
desarrollo se vio en cierta medida favorecido adicionalmente por la declaratoria de
inconstitucionalidad de las normas que dieron vida al plan nacional de desarrollo:
Inicialmente de la Ley 508 de 1999 y luego del Decreto 955 de 2000 [6] . Ante la
ausencia de un “plan legal”, estaba abonado el terreno para el “plan real”, que en la
forma de Plan Colombia ya se encontraba en pleno proceso de aplicación. Hacia el
segundo semestre de 2000, las políticas más visibles del gobierno de Pastrana,
daban cuenta de una perfecta conjunción entre el Plan Colombia y el programa de
ajuste económico pactado por el gobierno colombiano con el Fondo Monetario
internacional, en 1999. La relación de complementariedad entre uno y otro –
formulada en los documentos iniciales del plan- adquirió de esa forma un dimensión
real, que trascendía los simples enunciados. De paso se sentaron las bases, para la
fundamentación de un discurso sobre la relación seguridad-economía, que hoy es
parte esencial de la política de Uribe Vélez.
Sólo en los balances del gobierno de Pastrana cabe la interpretación de que sus
políticas sentaron las bases para un mejor bienestar de los colombianos en los años
venideros. La demagogia oficial entorno a los resultados de la llamada empresa
Colombia y del Plan Colombia como plan de desarrollo ha quedado sepultada por
hechos incontrovertibles: Las condiciones del crecimiento económico se han
deteriorado. Después del amago de reactivación económica del año 2000, el año
2001 trajo consigo una fuerte caída de la actividad económica y lo que se espera el
finalizar el año 2002 apenas bordea un crecimiento del PIB de 1 por ciento. Los
problemas de desempleo se acentuaron durante este último cuatrienio. Cerca del
18% de la población económicamente activa (PEA) está desempleada; el subempleo
bordea el 35% de la PEA. La pobreza alcanzó niveles que afectan al 64% de la
población total. Según datos del Departamento Nacional de Planeación [7] , 24
millones de colombianos viven con menos de dos dólares al día y 9 millones lo
hacen con menos de un dólar diario. El endeudamiento público continuó su
vertiginoso ascenso; como proporción del PIB se acercó al 50%; el servicio de la
deuda compromete casi el 40% del presupuesto de gastos; la situación fiscal, pese
a las dramáticas políticas de ajuste, no registra mejoría significativa. El déficit fiscal
alcanza el 3.6% del PIB. Si bien los indicadores aquí reseñados dan cuenta de
problemas estructurales del capitalismo colombiano, lo que se quiere resaltar es que
las políticas del Plan Colombia, en especial las del mal llamado componente social,
no arrojan resultados que indiquen alguna mejoría. La tendencia predominante ha
ido más bien en sentido contrario.
Gracias al enfoque de plan de desarrollo que se logró imponer al Plan Colombia por
El Plan Colombia como plan antidrogas
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parte del gobierno de Pastrana y a mal llamada autocensura (más bien
complacencia) de los medios de comunicación, la opinión pública pudo ser distraída
de la escalada militar en curso y, sobre todo, de los efectos económicos, sociales y
ambientales de las fumigaciones mediante la aspersión aérea de glifosato. El
proyecto inicial del plan, de adelantarse por etapas, empezando por el sur del país,
en el departamento de Putumayo, evolucionó de manera rápida durante el año 2001
hacia la fumigación generalizada en las zonas cocaleras de los departamentos de
Nariño, Cauca, Guaviare, Caquetá, Bolívar (en el sur), Norte de Santander (en la
región del Catatumbo). De plan regional de fumigaciones, el Plan colombia transitó
a un plan nacional de fumigaciones.
La propaganda gubernamental, orquestada con conceptos científicos de agencias
estadounidenses, se concentró en minimizar los efectos de las fumigaciones sobre la
vida humana, animal y vegetal y, en general, sobre la naturaleza y los ecosistemas.
Así mismo, en mostrar que los desplazamientos forzosos de población respondían de
manera exclusiva a las luchas por el control territorial entre la insurgencia armada y
los grupos paramilitares. El Estado se hacía aparecer, junto a la población, como
otra víctima en la disputa por los recursos que genera el control territorial en las
zonas de cultivos de coca. La tesis del Plan Colombia como plan para la
desfinanciación de la guerrilla y los paramilitares logró consolidarse en sectores de
la opinión. La tesis sobre la evolución de la guerrilla hacia una industria criminal,
que abdicaba sus propósitos políticos altruistas por intereses exclusivamente
económicos, se fue abriendo paso, aún durante el fracasado proceso de diálogo y
negociación, para una vez clausurado éste, a principios de 2002, reaparecer en la
conceptualización de “narcoterrorismo”. Dicha conceptualización se reforzada ahora
con los “nuevos” discursos que irrumpieron en la escena de la política después de
los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.
La actitud crítica asumida por sectores de intelectuales y profesionales respecto de
los efectos de la aspersión aérea de glifosato permitió controvertir las tesis
gubernamentales sobre las bondades del herbicida y sensibilizar temporalmente,
sobre todo durante el año 2001, a sectores de la opinión pública nacional e
internacional. De otra parte, la presión política y social de las masas campesinas
afectadas y de algunos mandatarios regionales y locales logró forzar la negociación
de “pactos” para la erradicación manual de cultivos a cambio de recursos para
emprender “programas de desarrollo alternativo” [8] .
El balance del Plan Colombia como plan antidrogas arroja lo que se esperaba desde
el principio: un estruendoso fracaso. Desde hace más de una década, los
especialistas en el estudio de las políticas contra el tráfico de drogas han venido
insistiendo en dos planteamientos principalmente: El cultivo de coca representa
apenas el eslabón más débil y menos rentable de todo el negocio. La rentabilidad
mayor se encuentra en la comercialización, especialmente en los mercados del
capitalismo central. Es en esos países donde circula y se reinvierten las jugosas
ganancias que arroja el negocio. Son muchas las industrias y actividades
económicas, sobre todo en el sector financiero internacional que se lucran del tráfico
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de drogas. Enfrentar el problema del tráfico de drogas demanda por tanto una
acción de carácter global, que comprometa por igual a países productores y a países
consumidores. Los ataques a la oferta –en este caso de uno de los principales
insumos, la hoja de coca- generan simplemente el desplazamiento de cultivos hacia
nuevas regiones., como lo demuestra la evolución de los cultivos de coca en el área
andina durante la década de los noventa [9] . A esta tesis, se le adiciona otra,
sostenida por Ibán de Rementería, quién aprecia que la masificación del cultivo de
coca se explicaría esencialmente por la estructura de la producción y del comercio
agrícola en el mundo. Los subsidios aplicados a los productos agrícolas en los países
del capitalismo central habrían llevado a los precios de estos productos a quedar por
debajo de los precios reales de producción. Como consecuencia se presentaría “un
reventón de la economía agraria del Tercer Mundo, que no puede subsidiar o no
puede llegar a los niveles de subsidio de los países desarrollados”, con
consecuencias en términos de destecnificación e ineficiencia de la agricultura y de la
ganadería, que se vuelve depredadora del medio ambiente. La racionalidad
económica llevaría al reconocimiento de que hay producto en el mercado que sí es
pagado con arreglo a sus costos de producción: la droga. Introducirse en la
actividad ilícita se traduce en lograr propósitos de rentabilidad y “una agricultura de
alta recuperación económica, que sin usar alta tecnología es muy poco depredadora
del medio ambiente. Necesita poco territorio [10] . Por ello, las políticas de
erradicación de cultivos mediante la fumigación con herbicidas resulta ridículas. En
la perspectiva de de Rementería enfrentar el problema empezaría por “plantear un
nuevos pacto internacional a nivel de la OMC”, para que los países del Tercer
Mundo, particularmente los de la franja tropical, “podamos lograr validar nuestras
ventajas en el comercio internacional” [11] .
El caso colombiano es por demás ilustrativo. Mientras el gobierno, en el marco de
las políticas del Plan Colombia ofrecía 2 millones de pesos por hectárea erradicada,
el negocio les dejaba a los cultivadores de coca cerca de 6 millones. Pese a que
durante los últimos tres años se fumigaron 267.419 hectáreas, el área sembrada
continuó si crecimiento. Mientras que en 1995 había 50.900 hectáreas, en 2002 la
cifra ya superaba 269.00 hectáreas [12] . Para la estadística queda la política del
espectáculo: “Entre 1998 y julio de 2002 fueron capturados 35.194 ‘narcos’,
inmovilizadas 206 aeronaves, incautados 169.582 kilos de cocaína, 260.000 de
marihuana y 2.086 de heroína. También fueron extraditados 50 colombianos. Pero
los resultados se opacaron con el escándalo de la Policía Antinarcóticos” [13] .
El Plan Colombia fue presentado al inicio como el resultado de una operación
financiera internacional de gran envergadura. A la opinión pública nacional se le
informó que de los 7.5 billones de pesos que se estimaba costaba el plan, algo más
de 3.5 billones tendrían financiación externa. Es particular se insistió en que además
Cuestiones en torno a la financiación del Plan Colombia
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de la “ayuda estadounidense”, estaba garantizada un fuerte financiación
proveniente de los países de la unión Europea. Durante el año 2000, buena parte de
la actividad diplomática del gobierno colombiano estuvo centrada en la búsqueda de
recursos para el cubrimiento de las demandas del plan. Al final de ese año, las
“ayudas internacionales” con destinación específica para el Plan Colombia, distintas
al aporte de Estados Unidos, apenas alcanzaron 100 millones de dólares
provenientes de España. En la conferencia de Madrid de julio 7 de 2000, se
obtuvieron 151 millones de dólares (131 millones de la ONU y 20 millones de
Noruega) que podrían ser destinados o no para programas del Plan Colombia. En
Bogotá, en octubre de ese mismo año, los países de la Unión Europea
comprometieron aportes (entre 180 y 221 millones de dólares), que en sentido
estricto fueron considerados como aportes que no son específicamente para el Plan
Colombia [14] y más bien para “apoyo al proceso de paz”.
De lo anterior se infiere, que la financiación internacional del plan resultó ser un
fiasco. La llamada ayuda internacional ha correspondido casi exclusivamente a los
aportes de Estados Unidos, que como es sabido son principalmente en material y
equipos bélicos provistos por multinacionales estadounidenses. Además de esta
fuente, el grueso de la financiación ha recaído sobre los recursos propios (del
presupuesto) y sobre todo ha provenido de la contratación de recursos de crédito
como ha sido señalado de manera reiterada por la Contraloría General en sus
informes sobre el estado de la ejecución del Plan Colombia[15].
Como se ha podido apreciar, si el estudio del Plan Colombia se limitara considerar
sus llamados componentes sociales o al análisis de la política antinarcóticos, o a las
cuestiones de la financiación, los resultados hasta ahora mostrados llevarían a
pensar que se está en presencia de una estrategia fracasada. No obstante, si el plan
se lee en la perspectiva de las transformaciones capitalistas globales y como parte
de una estrategia de dominación imperial en marcha, se podría aseverar que nos
encontramos al inicio de un propósito de más largo aliento cuyas configuraciones
específicas reales apenas se empiezan a develar y han venido adquiriendo cuerpo
con la política de “seguridad democrática” de la administración Uribe Vélez. Dos son
los aspectos que destaco en ese sentido: las llamadas “intenciones ocultas” y la
política militar del Plan Colombia. Ambas se entrecruzan para mostrar que desde
sus inicios el Plan Colombia ha pretendido la consolidación de la hegemonía
estadounidense en la región sobre la base de la superación del principal obstáculo:
la insurgencia armada, en particular la guerrilla de la FARC-EP. En desarrollo del
plan se tiene la pretensión de producir un cambio en el actual balance militar, que
posibilite la creación de condiciones para asestar duros golpes de debilitamiento de
esa fuerza guerrillera [16] y, sobre ese supuesto, genere un nuevo escenario de
negociación frente a una insurgencia debilitada política, económica y militarmente.
Itinerario de la “ayuda estadounidense”: Del “plan antidrogas” al
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(Millones dólares)
“plan contra el narcoterrorismo”.
A partir de la segunda mitad de los noventa, se acentuó la “ayuda militar”
estadounidense hacia Colombia. Aunque en 1999, tal ayuda se había incrementado
en casi tres veces, respecto de 1998, al alcanzar 308.81 millones de dólares, el
mayor nivel histórico se obtuvo en el año 2000, cuando los recursos dispuestos
ascendieron a 785.56 millones dólares. Si se contempla que los recursos para
programas económicos y sociales se encuentran inmersos dentro de un concepto
militar de orden estratégico, tendría que afirmarse que la “ayuda estadounidense”
se disparó de 317.56 millones en 1999 a 997.56 millones dólares de en 2000. Tal
aumento se explica justamente por la disposición de los recursos del Plan Colombia,
que contó con un fuerte impulso inicial. Aunque en 2001 se aprecia un descenso en
la “ayuda” respecto de 2000, lo previsto para el 2002, que ya involucra los recursos
de la Iniciativa Regional Andina, representa nuevo crecimiento significativo que
debe continuar acelerándose en 2003 (ver tabla 1).
El análisis de tendencia muestra que de 1997 a 2003, Colombia habrá recibido de
“ayuda estadounidense” un total de 2.909 millones de dólares (cerca de 8 billones
de pesos, a una tasa de cambio de 2.700 pesos) y que tal “ayuda” se incrementó en
más de 30 veces durante el mismo período. Del total de esa “ayuda”, más del 82%
corresponde a los últimos cuatro años (incluido el 2003), lo cual equivale a un
promedio anual aproximado de 1.4 billones de pesos.
Con semejante guarismos, Colombia se convirtió desde hace rato en el principal
receptor de la “ayuda estadounidense” de todo el hemisferio occidental . A Colombia
le correspondió en 2000, el 80% del total de la “asistencia militar y policial”,
distribuida entre 32 países de América Latina y el Caribe, que recibieron cerca de
944 millones de dólares [17] . A nivel, Colombia está el tercer lugar, después de
Israel y Egipto.
Tabla 1: “Ayuda” de Estados Unidos a Colombia
Fuente: www.ciponline.org/colombia/aid.03.htm
*Programas relacionados con la políticas de control de antinarcóticos. Recursos INC
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total
Militar y de
policía 88.56 112.44 308.81 785.56 220.15 374.17 508.49 2.400.00
Programas
económicos
y sociales*
0.00 0.32 8.75 212.00 5.65 127.50 154.80 509.00
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En ese contexto, la pregunta que surge se refiere a las motivaciones y los
propósitos de tal “ayuda”: ¿Se trata simplemente del interés por combatir el
fenómeno del narcotráfico?, ¿se destina la ayuda a la llamada guerra contra las
drogas?. La respuesta a tal inquietud obliga a varias consideraciones. Después del
derrumbe de los proyectos de socialismo de Estado de Europa Oriental y de la Unión
Soviética, el discurso del enemigo comunista se trasladó, entre otros, hacia el
tráfico de narcóticos y hacia los focos de “terrorismo internacional”, que
comprendían una gama amplia que se iniciaba en “Estados terroristas” y proseguía
con “movimientos u organizaciones terroristas”. El sostenimiento del complejo
militar industrial estadounidense y de la maquinaria de guerra, con la que Estados
Unidos garantizaba de sus pretensiones hegemónicas y se erigía en un verdadero
gendarme mundial, demandaba la demostración de la existencia de un enemigo que
afectara la “seguridad nacional” de la principal potencia imperialista.
Tal enemigo, si bien podía considerarse deslocalizado, en el caso del narcotráfico,
dada la naturaleza global del negocio, poseía en todo caso unas configuraciones
específicas, entre otros, en los países de la región andina, particularmente en
Colombia. Allí coexistía con una insurgencia armada, con décadas de existencia,
arraigos regionales y locales importantes y orígenes en las condiciones
socioeconómicas y políticas de exclusión que han caracterizado la sociedad
colombiana a lo largo de su historia. Se trata, además, de una insurgencia que
superó en cierta medida el impacto de la “crisis del socialismo”, entró en un proceso
de expansión a lo largo de la década de los noventa, y posee -en sus definiciones
programáticas- una marcada influencia marxista.
Durante parte de los noventa, la política estadounidense demarcó un línea difusa,
en todo caso, entre narcotráfico e insurgencia armada. De hecho, hacia mediados
de los años ochenta, algunos funcionarios del Departamento de Estado habían
empezado a desarrollar la tesis de la “narcoguerrilla” a fin de justificar un mayor
involucramiento de Estados Unidos en el conflicto colombiano. Según
consideraciones más bien coyunturales y de acuerdo a propósitos específicos de la
política estadounidense, la línea marcaba distancia o desaparecía de manera
transitoria. Otro tanto ocurría con la caracterización de “terrorista”, la cual también
era oscilante, Según circunstancias se otorgaba a las organizaciones insurgentes la
condición de organización política o de empresa delincuencial con fines terroristas.
Un claro ejemplo de ello, se expresa en las tipificaciones de que fue objeto la
guerrilla colombiana durante la administración Pastrana. En los inicios del proceso
de diálogos, que al parecer en su etapa inicial contó con el beneplácito de Estados
Unidos, se le caracterizó como organización política y se consideró una clara
diferenciación respecto del tráfico de drogas. Evidenciados los límites de un proceso
que al parecer tenía en mira unos escenarios de negociación similares a los de fines
de los ochenta y principios de los noventa, se produce un “endurecimiento”, que
borra de un tajo los límites entre insurgencia, narcotráfico y terrorismo. Entre tanto
habían ocurrido los episodios del 11 de septiembre y se había emprendido la
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(Millones de dólares)
“cruzada contra el terrorismo” en sus diversas manifestaciones. Este nuevo
escenario permitía construir un discurso en el que ya son necesarias las sutilezas, ni
mucho menos las juiciosas consideraciones académicas. La lucha antidrogas deviene
en lucha antiterrotista.
La cuestión de la “ayuda” y sus metamorfosis no es sólo un asunto discursivo y de
cambios en los acentos. En el trasfondo se encuentra lo que no es dado reconocer:
Lo que está en juego son los intereses de Estados Unidos –y del capitalismo en
general- sobre un región que resulta a todas luces estratégica, si bien hoy no se
expresa como tal. La cuestión es del mantenimiento de unas ciertas relaciones de
poder y de dominación; de consolidación de una condición hegemónica y de control.
Así mismo de protuberantes intereses económicos de empresas multinacionales. Y
desde luego, de la liquidación de las resistencias, sociales y políticas,
independientemente de las formas que estas puedan asumir.
Por ello, cualquier lectura que se haga del Plan Colombia y de la “ayuda militar”
estadounidense impone la superación de visiones de corto plazo. Quienes pudieron
considerar el Plan Colombia como un plan cortoplacista y de lucha contra las drogas,
hoy deben admitir que lo que está en juego son intereses estratégicos, entendidos
éstos como valores políticos y económicos.
Una perspectiva de esas características permite entender por qué el Plan Colombia
deviene en 2001 en Iniciativa Regional Andina [18] , con lo que de paso se coloca en
evidencia que intereses estratégicos no se juegan exclusivamente en espacios
nacional-estatales y asumen en la actualidad configuraciones regionales (ver tabla
2).
Tabla 2: Distribución de los recursos de la Iniciativa Regional Andina
Colombia 439
Perú 135
Bolivia 91
Ecuador 37
Brasil 12
Venezuela 8
Panamá 9
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De otra parte, la noción de intereses estratégicos permite entender el proceso de
liberación de recursos de la “lucha antidrogas” hacia la “lucha contra el terrorismo”,
tal y como ocurrió en Colombia. Todavía en septiembre 8 de 2001, Colin Powel
asevaraba que el gobierno de Estados Unidos “no esta dando apoyo en
contrainsurgencia al Gobierno de Colombia” [19] . Hacia finales de octubre de 2001,
la embajadora de Estados Unidos en Colombia, Anne Patterson, expresó que “el
componente militar del Plan Colombia, sin mayores ajustes, pero con mayor
asesoría y vigilancia de resultados, se convertirá en punta de lanza de la ofensiva
antiterrorista en Colombia” [20] . La revista Semana registró igualmente: “la
embajadora norteamericana borró de un tajo la diferencia existente hasta ahora
entre la lucha antinarcóticos y la insurgente [21] . Lo que siguió a esas declaraciones
fue el trámite en Estados Unidos para levantar las restricciones en la aplicación de
los recursos del Plan Colombia, empezando por los pronunciamientos favorables del
Departamento de Estado en febrero de 2002, siguiendo con la petición formal del
Presidente Bush presentada formalmente al Congreso de Estado Unidos [22] , hasta
la su aprobación definitiva en este órgano legislativo en el mes de junio de 2002.
En igual sentido, la consideración de recursos abiertamente destinados a la
protección de los negocios de empresas multinacionales petroleras. Precisamente de
aquellas, que en su momento invirtieron en cabildeo en el Congreso
estadounidense, para lograr la aprobación de los primeros recursos del Plan
Colombia. Así por ejemplo, de la “ayuda” prevista para el año 2003, 98 millones de
dólares serán para fortalecer la brigada XVIII del ejército colombiano, que se
encargará de proteger la infraestructura del oleoducto Caño-Limón Coveñas (por
donde sale el petróleo de la Occidental) [23] . De esa forma, de manera abierta, se
anunció la disposición de recursos para la lucha contraguerrillera.
Lo que debe preverse es una escalonamiento de la intervención estadounidense con
el propósito de incidir sobre el curso de la guerra en Colombia. De esa forma, se da
continuidad a una práctica que en la historia reciente del país se remonta al Plan
Laso, emprendido hacia mediados de los años sesenta del siglo pasado contra las
entonces nacientes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Hasta el
momento, la modalidades de intervención se refieren a la disposición de “personal
técnico”, a la inteligencia tecnológica y sobre todo a la creciente disposición de
recursos, a través de esquemas de financiación que han sido caracterizados como
de privatización de la guerra, en tanto incorporan modalidades de subcontratación.
¿Adónde conducirá el mayor involucramiento estadounidense en la guerra
colombiana?, es una pregunta cuyos alcances se definirán en función de los
desenvolvimientos de la confrontación militar que se cierne sobre el país. Cambios
en el balance militar en favor de las fuerzas del Estado, reproducirán un esquema
Fuente: http://ciponline.org/
Total 731
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de intervención basado en la asesoría técnica y en la disposición de recursos.
Tendencias en contrario, esto es, cambios en el balance militar en favor de la
insurgencia armada podrían conducir adicionalmente a formas más directas de la
intervención militar.
La decisión política de Estados Unidos de cofinanciar una guerra en un país con una
crítica situación fiscal debe leerse en la perspectiva de contribuir a generar unas
condiciones de relativa estabilidad política que hagan viable la estrategia económica
en curso. En ese sentido, es evidente que el Plan Colombia se junta con la política
de ajuste “acordada” con el Fondo Monetario Internacional. Sin los recursos del Plan
Colombia, las medidas del ajuste de la ortodoxia neoliberal tendrían que ser mucho
más drásticas, lo cual haría insostenible políticamente la intensificación de la guerra
y generaría probablemente explosiones sociales incalculables en cuanto a sus
dimensiones y efectos. Con los recursos del Plan Colombia, se sostiene la agenda de
la guerra y además se propician condiciones para proseguir con las reformas
estructurales que demandan las políticas neoliberales. El Plan Colombia aparece
perfectamente articulado a la agenda del Consenso de Washington, la cual se ha
constituido en preparatoria del proyecto político de Estados Unidos para América
Latina: El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Ahora bien, ¿hasta qué
punto es sostenible la guerra cofinanciada con el ajuste económico?. Eso resulta
impredecible. La dinámica de la confrontación y los resultados militares lo dirán.
El Plan Colombia y el proyecto de “seguridad democrática”
El triunfo electoral de Uribe Vélez representó la inclinación de importantes sectores
de la opinión pública por un proyecto político se corte autoritario y es expresión de
un consenso político de las elites dominantes por buscar una salida militar al
conflicto social y político armado que atraviesa la sociedad colombiana desde década
atrás. Para esa decisión, los acontecimientos del 11 de septiembre desempeñaron
un papel de la mayor trascendencia, pues generaron unas condiciones nuevas de
contexto, que permiten ahora hacer aparecer al Estado colombiano como víctima de
una guerra propiciada por grupos terroristas que se lucran del negocio del
narcotráfico. Y, en esa perspectiva, la posibilidad a futuro de un mayor
involucramiento estadounidense e incluso de otros países en la resolución definitiva
de la guerra en Colombia. El débil apoyo internacional a una salida militar de la
cuestión colombiana parecería superarse en razón de la cruzada mundial contra el
terrorismo.
El consenso para la guerra se fundamentó además en la disposición para su
cofinanciación –al parecer prolongada- por parte de Estados Unidos, como ya lo ha
venido haciendo con los recursos del Plan Colombia. En esta ocasión hubo, no
obstante, el requerimiento expreso por parte de funcionarios norteamericanos para
que los aportes colombianos alcanzaran mayores niveles de los históricos. De ahí
nace precisamente el impuesto a la seguridad democrática, que afecta los
patrimonios superiores a 162 millones de pesos. Con él se esperan recaudar cerca
de 2 billones de pesos, 70% de los cuales serán aportados por los principales
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grupos económicos. Estos recursos, con destinación específica, se adicionan al ya
desbordado crecimiento del gasto público en seguridad y defensa.
El consenso para la guerra se ha construido además sobre el supuesto de que los
principales problemas de crecimiento, empleo, distribución del ingreso y pobreza se
explicarían esencialmente por la situación de inseguridad y violencia existentes en el
país. De suerte que, resuelto el problema de la seguridad, la economía entraría en
una especie de círculo virtuoso de mayor inversión, empleo y crecimiento, el cual de
paso contribuiría a resolver los problemas de las finanzas del Estado. En este
supuesto un escalamiento de la guerra y la mayor destrucción de valor se da casi
por descartada, por cuanto se supone que “el país desde hace rato estaba en
guerra”. Si esa fuera, no obstante, la circunstancia se trataría de un costo
transitorio, que como costo de oportunidad resultaría inferior al costo de una
prolongación indefinida de la guerra.
El consenso para la guerra se considera además que un recorte de las libertades
civiles y políticas
Recorte a las libertades
Involucramiento de la población civil. Guerra contra el Estado, el Estado somo
todos, corporativo
Uribe a meter a todo el mundo, crear un clima para américa Latina. La situación
está muy inestable
La identidad de intereses con las elites dominantes es , que se comporta como la
prolongación de una presencia,
Economía y creciento
Aopoyo económico interno
Sin plata no hay guerra
Plan Colombia – Fmi silencio de la medios, no se sabe nada
En los elementos de análisis aquí planteados se ha mostrado:
Todavía no se sabe lo que cuenta una guerra
Reafirmaciones necesarias en torno al Plan Colombia
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... Ver libro Plan Colombia
[*] Versión corregida y ampliada del documento presentado en la instalación
del Seminario Internacional: Plan Colombia. Impactos políticos, económicos,
sociales y ambientales, realizado en la Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá, D.C., del 12 al 14 de septiembre de 2001. El texto se encuentra
publicado en el libro de memorias del seminario, que tuve oportunidad de
compilar bajo el título El Plan Colombia y la intensificación de la guerra.
Aspectos globales y locales (2002).
[**] Profesor Asociado, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional de Colombia.
[1] En ambos sentidos contribuyen sin duda los trabajos presentados en el
seminario internacional Plan Colombia. Impactos políticos, económicos,
sociales y ambientales, realizado por la Universidad Nacional de Colombia en
septiembre de 2001 y publicados en este libro.
[2] Luis Alberto Restrepo (2001), el Plan Colombia: Una estrategia fatal para
una ayuda necesaria. En: Varios autores: el Plan Colombia y la
internacionalización del conflicto, Planeta, Bogotá, D.C., p.307
[3] En este punto se trata de examinar algunos de los aspectos, probablemente
de mayor relevancia, de la ejecución del Plan Colombia por parte del gobierno
colombiano. Contribuciones a la crítica de los diseños iniciales del plan y de las
definiciones formales de contenido se encuentran en mi trabajo Elementos de
economía política, en el libro Plan Colombia. Ensayos críticos (abril de 2001),
de varios autores, editado por Jairo Estrada Álvarez, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, D.C., pp. 27-61
[4] Documento del gobierno
[5] “Empleo en acción”, “Jóvenes en acción”, “Mujeres en acción” . ver pastrana
[6] En ambos casos se trata normas sobre la expedición del Plan Nacional de
Desarrollo que, una vez ejercido el control de constitucionalidad por parte de la
Corte Constitucional, fueron consideradas contrarias al ordenamiento vigente
en el país (por razones de forma).
[7] El Tiempo ...
[8] Desde luego que la presión militar y la amenaza de fumigación aérea
persistió durante todo el período. Las suspensiones de las fumigaciones
terminaron siendo transitorias. El gobierno adujo incumplimiento de los
“pactos” por parte de los campesinos. Éstos acusaron al gobierno de violar lo
acordado y de destruir sus nuevas economías de subsistencia
[9] Los trabajos de Ricardo Vargas
[10] Ibán de Rementaría (2001). La guerra de las drogas. Cultivos ilícitos y
desarrollo alternativo. Planeta. Véase. Conversación con un “cocólogo”.
Entrevista de Álvaro Sierra. El Tiempo, 29 de septiembre de 2002, p. 5
[11] Ibid.
[12] El plan no funciono. El Espectador, 14 de julio o de agosto de 2002
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¿???????
[13] Ibid.
[14] Jairo Estrada Álvarez, “Elementos..., ob. Cit, p.44
[15] Contraloría General
[16] Por ejemplo, mediante la introducción de nuevas tecnologías para el
combate y la inteligencia, sobre todo a través de la guerra aérea, y nuevos
batallones de fuerzas elite, entre otros)
[17] Cálculos del autor con base en U.S. Security Assistence to the western
Hemisphere: By Country. En: http://ciponline.org/facts/country.htm
[18] Con la IRA de Bush es clara la intención de un involucramiento de los
países de la región en el conflicto colombiano. Ella puede se expresiva del
interés por avanzar hacia un enfoque multilateral (regional) frente
“narcoterrorismo”. Por ahora, dada la complejidad de los procesos políticos en
la región es poco probable que prosperen propósitos en ese sentido.
[19] El Tiempo, 9 de septiembre de 2001
[20] El Espectador, 28 de octubre de 2001
[21] Revista Semana, 29 de octubre de 2001
[22] El texto de la propuesta decía: “Durante los años fiscales 2002 y 2003 los
fondos disponibles para asistir a Colombia deberían quedar disponibles para
que se apoye al país en su campaña unificada contra el narcotráfico, las
actividades terrorista y otras amenazas contra su seguridad nacional”. El
Tiempo, 22 de abril de 2002.
[23] El Tiempo, 10 de febrero de 2002