Indicadores municipales de pobreza energética en la ciudad de Barcelona

Full text

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Indicadores
municipales de
pobreza energética
en la ciudad de
Barcelona
Sergio Tirado Herrero, RMIT Europe

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Indicadores municipales de pobreza energética en la ciudad de Barcelona
Dr. Sergio Tirado Herrero
Enero de 2018
Se sugiere citar este informe como:
Tirado Herrero, S. 2018. Indicadores municipales de pobreza energética en la
ciudad de Barcelona, RMIT Europe, RMIT University, Barcelona.
Publicado por:
RMIT Europe
Carrer de Roc Boronat 117
08018 Barcelona (España)
Diseño y maquetación:
Andy Sondalini y Karen Matthews

3
Agradecimientos
Resumen
1. Introducción
2. Objetivos y prioridades del informe
3. Antecedentes y marco teórico
3.1 Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética
3.2 Pobreza energética a escala urbana
3.3 Derecho a la energía y protección frente a desconexiones: principios
y realidades
4. Barcelona como caso de estudio
4.1 Un espacio urbano fragmentado
4.2 Del asistencialismo a la defensa del derecho a la energía: iniciativas
puestas en marcha desde 2015
5. Fuentes de información y enfoque de análisis
6. Resultados I: encuestas a hogares
6.1 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV 2016)
6.1.1 Cifras principales
6.1.2 Resultados desagregados
6.1.3 Pobreza energética e inseguridad residencial
6.2 Encuesta de Condiciones de Vida a Usuarios de Servicios Sociales
(ECVUSS 2016)
6.2.1 Cifras principales
6.2.2 Resultados desagregados
6.2.3 Pobreza energética e inseguridad residencial
7. Resultados II: registros de proyectos e intervenciones
7.1 Hogares atendidos en Puntos de Atención a la Pobreza Energética
(PAPE)
7.2 Hogares atendidos por los Puntos de Asesoramiento Energético
(PAE)
7.3 Hogares participantes en el programa Energia, la justa
8. Un análisis socio-espacial por distritos
9. Conclusiones y recomendaciones
9.1 Pobreza energética en Barcelona: cifras clave y cuestiones prioritarias
9.2 Objetivos y prioridades del informe
10. Referencias bibliográcas
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Índice

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Agradecimientos
Este proyecto ha sido contratado y nanciado
por el Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Barcelona con el n de
reforzar la acción del gobierno municipal
en materia de pobreza energética y
corte de suministros básicos. Las ideas
expresadas por el autor de este informe
no reejan necesariamente las opiniones
del Ayuntamiento de Barcelona o de RMIT
University.
Agradecemos el apoyo proporcionado por
una serie de personas para la recopilación y
análisis de las bases de datos empleadas en el
informe. Nos gustaría destacar especialmente
las aportaciones de Frederic Romea, Joana
Curtó y Lluís Torrens (Área de Derechos
Sociales); Laia Fargas y Cristina Ramos
(Ecoserveis); Juli Carrere y Mònica Plana
(Associació Benestar i Desenvolupament);
Andrés Peralta (Agència de Salut Pública de
Barcelona); y Tatiana Guerrero (Gabinete de
Alcaldía). Sus contribuciones han ayudado
a una mejor comprensión de la información
existente y de la compleja realidad social
a la que se reeren los datos. Cualquier
equivocación o error de interpretación son
responsabilidad del autor.

5
Barcelona es una ciudad pionera en la defensa
de los derechos energéticos. La prioridad
dada a cuestiones de pobreza energética y
corte de suministros básicos por la actual
administración al frente de del Ayuntamiento
de Barcelona se concreta, entre otros, en
la apertura de 10 Puntos de Asesoramiento
Energético (PAE), la puesta en marcha de
protocolos coordinados de detección de
hogares vulnerables y la aprobación de
ayudas para la rehabilitación de viviendas
para personas en situación de vulnerabilidad.
Estas acciones se sustentan en los principios
de la ley 24/2015, del Parlament de Catalunya,
que insta a las administraciones públicas
a garantizar el derecho de acceso a los
suministros básicos hogares en riesgo de
exclusión residencial. En cumplimiento de
ese mandato, los servicios municipales de
la ciudad habrían dado soporte a 25.000
personas desde el inicio de la legislatura, de
las cuales 18.000 fueron atendidas por los PAE
entre enero y octubre de 2017.
Las actuaciones puestas en marcha se
justican por la extensión y características
de la pobreza energética como problemática
urbana de primer orden en Barcelona. El
análisis de indicadores principales llevado a
cabo permite estimar que en 2016 170.000
personas eran incapaces de mantener su
vivienda a una temperatura adecuada en los
meses fríos o tenían retraso en el pago de los
recibos de suministros básicos incluyendo
la electricidad, el gas o el agua corriente.
De éstos, unos miles de personas dejaron
además de disponer de alguna de sus fuentes
habituales de energía en algún momento,
es decir, fueron desconectados de manera
forzada o voluntaria debido a dicultades
económicas en el hogar. Si bien estas cifras
absolutas equivalen a porcentajes relativos de
incidencia más contenidos que los promedios
para el conjunto de Cataluña, España y la
UE, también indican que el derecho a un
nivel adecuado de servicios de la energía
doméstica, especialmente entre consumidores
vulnerables, queda aún lejos de estar
plenamente garantizado.
Por características socioeconómicas de
los hogares afectados, los datos indican
una incidencia por encima del promedio en
hogares de rentas bajas (especialmente de
aquellos en riesgo de pobreza monetaria cuyos
ingresos no superan el 60% de la mediana
del Estado), en hogares unipersonales con
al menos un niño dependiente (hogares
monomarentales) y en hogares que viven
de alquiler. Estos resultados señalan
problemáticas más amplias de feminización de
la pobreza y de la existencia de vínculos entre
inseguridad residencial y pobreza energética.
Por distritos, se ha observado que la pobreza
energética sigue un patrón de distribución
socio-espacial parecido al de otras formas de
pobreza y desigualdad, con Ciutat Vella y la
periferia norte (Horta-Guinardó y Nou Barris y
en cierta medida también Sant Andreu y Sant
Martí) como áreas más afectadas.
Entre la población vulnerable atendida por los
servicios del Ayuntamiento se han detectado
también que muchos hogares no tienen
acceso físico a su contador de electricidad,
falta de conocimiento sobre los contadores
Resumen

6
digitales, porcentajes elevados de contratos
de mercado libre, potencias contratadas
excesivas, bajos niveles de implantación de
bono social y un número muy reducido de
contratos con discriminación horaria. Se ha
detectado también que la electricidad es el
suministro para el que ocurren más casos de
deuda por impago, avisos de corte y cortes.
Toda esta evidencia indica que la electricidad
es el suministro más problemático desde el
punto de vista de la pobreza energética en
Barcelona.
Con el n de consolidar la defensa de
derechos energéticos de los consumidores
vulnerables como estrategia de ciudad, se
recomienda ampliar el foco de la acción
municipal de hogares en situación crítica a
hogares vulnerables en sentido más amplio,
así como avanzar en la sustitución del
modelo asistencial que aun persiste por uno
predistributivo o preventivo en el que los
esfuerzos se pongan en evitar la aparición de
casos de pobreza energética, o al menos de
los más graves. Se propone también anticipar
los riesgos y aprovechar las potenciales
oportunidades de la instalación a gran escala
de contadores digitales; reforzar el tratamiento
coordinado de la inseguridad residencial y la
pobreza energética; reducir y sustituir modos
eléctricos de provisión de calor doméstico
(calefacción, cocina y agua caliente sanitaria);
y asegurar que los hogares vulnerables son
los beneciarios preferentes de las ayudas
para intervenciones de eciencia energética
doméstica. Se sugiere por último dar mayor
visibilidad al caso de Barcelona como
experiencia singular y paradigmática de acción
pública en materia de pobreza energética en
Cataluña, España y la Unión Europea.

7
Los espacios urbanos son ámbitos
privilegiados para la observación de realidades
problemáticas y la experimentación de nuevas
respuestas a dichos retos. Los gobiernos
de ciudades globales como Barcelona, que
son nodos en los ujos internacionales de
capital, personas e ideas, se enfrentan a la
paradoja de tener que administrar espacios
estrictamente delimitados geográcamente
pero atravesados por procesos que van
mucho más allá de las fronteras de términos
municipales sobre los que los ejercen
sus competencias. Los problemas de los
ciudadanos son muy cercanos y localizados
en barrios y distritos pero al mismo resultan de
dinámicas que operan en escalas temporales
y espaciales que trascienden la capacidad de
acción – aquí y ahora – de los ayuntamientos.
Y dado que las ciudades concentran grandes
volúmenes de población, las administraciones
municipales se ven a menudo obligadas a dar
respuesta a problemáticas de profundo calado
como los impactos de crisis económicas,
a desigualdades e injusticias fuertemente
enraizadas en estructuras económicas y
sociales y a problemas ambientales que,
como el cambio climático, son globales por
denición.
La pobreza energética es una prioridad
explícita del actual Ayuntamiento de Barcelona.
Para ello la administración municipal tiene que
hacer frente a actores y factores sobrevenidos,
como la ineciencia energética del parque
de viviendas de la ciudad, la mayor parte del
cual fue construido cuando aún no existían
estándares de confort térmico, o un sector
energético dominado por empresas privadas
que a pesar de la desintegración vertical de
su actividad llevada a cabo bajo directrices
de la UE siguen manteniendo amplias cuotas
de poder de mercado e inuencia sobre los
reguladores. Enfrentados a este reto, esta
acción municipal se plantea en términos
de defensa de derechos energéticos de
los ciudadanos, en especial de los más
vulnerables y de los casos más agudos en
los que la pobreza energética se presenta
en forma de emergencia social. Se trata de
personas y hogares que, incapaces de hacer
frente las facturas de suministro básico como
electricidad, gas y agua corriente junto a otros
gastos básicos como vivienda, alimentación
y educación, que se ven abocados al impago
y acumulación de deudas con compañías
suministradoras, y acaban expuestos a un
riesgo de corte de suministro. De acuerdo con
estimaciones propias del Ayuntamiento, los
servicios municipales de Barcelona habrían
atendido en torno a 25.000 personas (10.000
hogares) hasta noviembre de 2017. De éstas,
unas 18.000 personas (correspondiente a
7.000 casos de hogares mayoritariamente
vulnerables) fueron atendidas por los Puntos
de Asesoramiento Energético (PAE) entre enero
y octubre de 2017. Estas cifras dan evidencia
del nivel de compromiso del Ayuntamiento de
Barcelona con la protección de los ciudadanos
vulnerables desde el punto de vista del
consumo de energía doméstica.
Introducción
1.

8
Este programa de actuación se sustenta en
buena medida en la ley 24/2015 de medidas
urgentes para afrontar la emergencia en el
ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
Esta ley procede de una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) promovida por la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH), la
Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y
el Observatorio DESC y fue aprobada por el
Parlament de Catalunya casi por unanimidad el
29 de julio de 2015. Aunque suspendida por el
Tribunal Constitucional en la parte del apoyo a
hogares endeudados por impago de hipotecas
y cesión de pisos vacíos, los artículos referidos
a pobreza energética y la protección a la
desconexión de suministros básicos siguen
vigentes y proporcionando sustento legal a
los miles de cortes de suministro que han
sido paralizados desde su aprobación. Tras
la aprobación en octubre de 2016 en el
Congreso de los Diputados del Real Decreto-
ley 7/2016, por el que se regula el mecanismo
de nanciación del coste del bono social y
otras medidas de protección al consumidor
vulnerable de energía eléctrica, se plantea el
reto de la convivencia de una ley autonómica
más garantista (24/2015) con la norma estatal
(RDL 7/2016).
La notable actividad legislativa registrada
en los últimos años, con sus avances y
retrocesos, demuestra el reconocimiento
de una realidad ignorada por diferentes
administraciones durante mucho tiempo.
Pero sigue sin dar una respuesta suciente
a las situaciones de precariedad energética
que experimentan una parte muy cuantiosa,
aunque por fortuna minoritaria, de la
ciudadanía de Barcelona. Partiendo de la
premisa de que la recopilación y análisis de
datos permite dar visibilidad a realidades
latentes, y por tanto generar interés para
articular respuestas (Huyer y Westholm,
2001), desde RMIT Europe respondemos a la
petición del Ayuntamiento de Barcelona para
la realización de un informe sobre indicadores
municipales de pobreza energética.
Aprovechamos para ello las numerosas fuentes
de información cuantitativa ya disponibles
para ofrecer una radiografía de la cuestión a
escala urbana y poner estas cifras en relación
las actuaciones del Ayuntamiento entre 2015
y 2017. Se pretende que el documento y la
información recopilada sirvan como base para
un debate actualizado sobre la defensa de los
derechos energéticos de los consumidores
en Barcelona, especialmente de los más
vulnerables.
Este informe complementa y se benecia de
los realizados por organizaciones encargadas
por el Ayuntamiento de Barcelona para
los proyectos piloto Puntos de Atención
a la Pobreza Energética (Fundació ABD /
Associació Ecoserveis, 2016a) y Energia, la
justa (Fundació ABD /Associació Ecoserveis,
2016b). Continúa también la estela de estudios
realizados por los ayuntamientos de Madrid
(Sanz Fernández et al., 2017) y Valencia
(UPV, 2016) y da continuidad a los tres
informes sobre pobreza energética en España
publicados por la Asociación de Ciencias
Ambientales desde 2012 (Tirado Herrero et al.,
2016, 2014, 2012) y coordinados por el autor
de este estudio.

9
El objetivo fundamental de este informe
es proporcionar una base de información
amplia y actualizada sobre la incidencia y
características de la pobreza energética en la
ciudad de Barcelona para apoyar su actuación
de la defensa de los derechos energéticos de
los ciudadanos, especialmente de los más
vulnerables.
Sobre la base de este objetivo marco, el
informe se plantea las siguientes metas:
• Recopilar las fuentes de información
disponibles a escala municipal susceptibles
de ser analizadas desde una perspectiva
de pobreza energética, con independencia
del propósito inicial para el que se hayan
recopilado.
• Obtener una radiografía actualizada de la
situación de hogares y personas residentes
en Barcelona en pobreza energética o
riesgo de estarlo por medio de indicadores,
prestando especial atención a datos sobre
factura energética, impagos, deudas y
desconexiones sobre los que existen muy
pocos datos.
• Analizar social y espacialmente la
incidencia de la pobreza energética
en Barcelona por medio de la
desagregación de indicadores por grupos
socioeconómicos y distritos.
• Hacer recomendaciones con el n de
revitalizar y reforzar la acción municipal en
el ámbito de la defensa de los derechos
energéticos, especialmente de los más
vulnerables.
El análisis de datos cuantitativos presentado
en este informe se centra exclusivamente en
los hogares residentes en Barcelona dado que
son éstos sobre lo que el Ayuntamiento tiene
responsabilidad en función de sus atribuciones
y competencias como administración
municipal.
El informe presta particular atención a hogares
con impagos, acumulación de deudas y que
han sido desconectados o están en riesgo
de desconexión de los suministros básicos
(electricidad, gas y agua) por tratarse de casos
especialmente urgentes. Se entiende que un
corte de suministro es un evento crítico en
la biografía energética de un hogar con un
fuerte impacto sobre su bienestar. Se trata
de situaciones de emergencia energética que
requieren de una respuesta rápida y efectiva
por parte de las Administraciones públicas.
Ponemos además énfasis en torno a tres
temas transversales (vivienda, género e
ingresos) que son prioridades de la acción
política y administrativa del Ayuntamiento de
Barcelona. En cuanto a vivienda, se lleva a
cabo una exploración preliminar del solape
entre indicadores de precariedad residencial
y energética, fenómenos estrechamente
relacionados y sobre los que hay evidencia de
sus impactos sobre la salud de la población
afectada (Clair et al., 2016; Marmot Review
Team, 2011; McKee et al., 2017).
Objetivos y
prioridades
del informe
2.

10
Una denición global de la pobreza energética
capaz de apelar a múltiples realidades
y contextos se reere a ésta como a la
“incapacidad [de un hogar] de alcanzar un nivel
social y materialmente necesario de servicios
domésticos de la energía” (Bouzarovski y
Petrova, 2015, p. 31). Esta denición trata
de superar la dicotomía acceso-capacidad
de pago y proponen considerar a la pobreza
energética como un “problema planetario” que
afecta por diferentes vías a las poblaciones
vulnerables tanto de países del sur como del
norte global. Su carácter integrador permite
considerar bajo un mismo marco conceptual
tanto dicultades en la capacidad de pago
de los servicios de la energía doméstica
(aordability) que es una idea central en un
entorno como la Unión Europea como la
problemática de falta de acceso a vectores
energéticos1 de calidad como la electricidad,
un fenómeno que recibe más atención en
países en vías desarrollo (Birol, 2007).
La pobreza energética puede entenderse
como un epifenómeno de la vulnerabilidad
energética, es decir, es la expresión concreta
de esa vulnerabilidad en un espacio y
momento determinados. Entendida como
una condición más extensa y abstracta, la
vulnerabilidad energética se dene como la
propensión de un hogar a experimentar una
situación en la que dicho hogar no recibe una
cantidad adecuada de servicios de la energía
(Bouzarovski y Petrova, 2015). En el contexto
concreto de Barcelona, puede referirse, por
ejemplo, a la entada de un hogar en pobreza
energética al producirse un cambio en las
condiciones internas de la unidad familiar
(pérdida de empleo, nacimiento o fallecimiento
de uno de sus miembros, presencia de un
enfermo crónico, etc.) o externas a ésta
(crisis económica, cambio en los criterios de
asignación del bono social, en las políticas
de bienestar social, de los mecanismos de
regulación de precios de la energía, etc.).
Permite una conceptualización más dinámica
del fenómeno según la cual diferentes hogares
entran o caen en pobreza energética en
momentos concretos de sus vidas y en la que
este tipo de privación no es una condición
permanente sino temporal. El foco se pone
tanto sobre condiciones estructurales como
coyunturales que van más allá de la triada de
factores tradicionalmente considerados en las
deniciones clásicas de pobreza energética
(ingresos del hogar, precios de la energía y
eciencia energética de la vivienda) y que
se amplían a los seis factores constitutivos
recogidos en la Tabla 1.
Antecedentes
y marco
teórico
3.
3.1 Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética
1 Los vectores energéticos son “transmisores de energía […] que en las cadenas de provisión de energía
permiten el paso de fuentes primarias a usos y aplicaciones nales”. Incluyen “la electricidad y calor, así
como combustibles sólidos, líquidos y gaseosos (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007).

11
Tabla 1. Factores de vulnerabilidad energética y sus elementos constituyentes.
Fuente: Bouzarovski y Petrova (2015)
Factor Fuerza motriz
Acceso Baja disponibilidad de vectores energéticos adecuados para cubrir las necesidades
del hogar
Asequibilidad Desproporción entre el coste de la energía y los ingresos del hogar, incluyendo
el papel de impuestos y mecanismos de asistencia. Incapacidad de invertir en la
construcción de nuevas infraestructuras energéticas.
Flexibilidad Incapacidad de cambiar de un modo de provisión de energía que sea apropiado
para la necesidades del hogar
Eciencia
energética
Pérdida desproporcionada de energía útil en la conversión de energía a servicios de
la energía en el hogar.
Necesidades Desajuste entre requerimientos energéticos del hogar y servicios de la energía
disponible por razones sociales, culturales, económicas o de salud.
Prácticas Falta de conocimiento sobre programas de apoyo o formas ecientes de uso de
energía en el hogar.
Por otra parte, la vulnerabilidad como
concepto tiene una importancia práctica que
se ve reejada en las Directivas 2009/72/EC
y 2009/73/EC sobre reglas comunes para el
mercado interno de gas y electricidad, que
llaman a los Estados Miembros a establecer
criterios para la denición de consumidores
vulnerables desde una perspectiva de pobreza
energética si el legislador nacional lo cree
necesario.
Un tercer concepto relacionado es el de la
desigualdad energética. Inicialmente entendido
a través de las diferencias globales en niveles
de acceso a la energía, esta ha puesto de
maniesto las diferencias sustanciales en
el consumo de energía por persona entre
diferentes partes del mundo. Se estima así
que el tercio de población más rico del mundo
consume dos tercios de toda la energía
consumida a escala global (Lawrence et
al., 2013). Estas profundas disparidades se
explican por diferencias en niveles de ingresos,
producción y consumo, así como en estilos de
vida (Pachauri y Rao, 2014), y necesariamente
se trasladan a las cifras de emisiones de
gases de efecto invernadero por persona.
Según cálculos de Oxfam (2015), el 10% de
la población con mayor renta per cápita es
responsable de casi la mitad de las emisiones
del mundo derivadas del consumo individual
de energía (es decir, sin considerar el gasto de
energía llevado a cabo por el gobierno o para
inversiones), mientras que el 50% más pobre
solo alcanza a emitir el 10% de ese total.
En Europa, una primera aproximación teórica
y empírica a la desigualdad energética es el
análisis pionero llevado a cabo para Estados
Miembros de la UE por Dubois y Meier (2016)
que se reere a la desigualdad energética
como el “hecho de que diferentes grupos
de hogares no están afectados de igual
manera” por condiciones de privación material
relacionados con la energía doméstica. Para
España, el informe de 2016 de la Asociación
de Ciencias Ambientales encontró que los
hogares de rentas más bajas experimentan en
mayor proporción condiciones asociadas a la
pobreza energética y tienen menores niveles
de gasto energético a pesar de que tienen
que dedicar un porcentaje sustancialmente
mayor de sus ingresos a estos gastos que los
hogares de rentas altas (Tirado Herrero et al.,
2016).

12
3.2 Pobreza energética a escala urbana
La pobreza energética es un fenómeno
urbano en la medida que la elevada densidad
y complejidad sociodemográca de las
ciudades resulta en una concentración de
casos de hogares que tienen dicultades
para asegurar una cantidad de servicios de
la energía doméstica adecuada. Se puede
hablar de factores especícamente urbanos
de diferente signo que inuyen en la extensión
y características de la pobreza energética.
Así, frente a otro tipo de espacios no urbanos,
los habitantes de ciudades tienen acceso a
más trabajos y mejores salarios pero también
están sujetos a un nivel general de precios de
bienes y servicios más elevado. Especialmente
importante es el precio de la vivienda en este
punto ya que se trata habitualmente de la
partida más abultada en el presupuesto de un
hogar (ya sea en forma de pagos de alquiler
o hipoteca) y dado que se trata de un bien
para inversión en el que se concentran ujos
de capital que a menudo operan a escala
global. El mercado inmobiliario es un agente
determinante en la conguración socio-
espacial de las ciudades y que determina de
forma fundamental el nivel de ingresos efectivo
de las poblaciones urbanas. Reconociendo
la importancia de este factor, las estadísticas
ociales de pobreza energética en Inglaterra–
el denominado indicador Low Income-High
Costs (LIHC) – se calculan desde 2012 a partir
de cifras de ingresos del hogar una vez se han
deducido los costes de vivienda. Este cambio
metodológico ha hecho aumentar de forma
perceptible las cifras ociales de pobreza
energética en Londres, cuyas elevadas rentas
per cápita sin descontar los costes de la
vivienda ocultaban problemas de asequibilidad
de la energía doméstica (GLA, 2012).
La conguración urbana y arquitectónica de las
ciudades es otro factor estructural relevante.
A pesar de la amplia diversidad existente de
formas constructivas y urbanísticas entre
ciudades y al interior de las ciudades, dominan
los edicios de apartamentos como forma de
ocupación densa del espacio disponible frente
a viviendas unifamiliares y otras modalidades
de baja densidad que son más frecuentes
en zonas donde el precio del suelo es más
contenido. Este tipo de edicación tiene
mejores ratios de supercie-volumen de la
vivienda y resultan en una mayor eciencia
energética. Además facilitan la instalación
de redes de suministro de energía doméstica
que como el gas o la calefacción urbana o de
distrito se asocia con mejores ratios de confort
térmico (Ürge-Vorsatz et al., 2006). Al mismo
tiempo, estas formas constructivas suponen
un obstáculo a la rehabilitación de viviendas
ya que obliga a llegar a acuerdos entre
copropietarios, y que se complica en presencia
de viviendas de alquiler como régimen de
tenencia más habitual en zonas urbanas.
Un tercer factor de este listado no
exhaustivo es la proximidad de redes de
apoyo institucionales o privadas como
servicios sociales, asociaciones de vecinos,
organizaciones sin ánimo de lucro, etc. que,
como demuestra el caso de Barcelona,
pueden ser actores clave para la protección
de los consumidores más vulnerables. Por
contra, la rotación poblacional y mayor grado
de anonimidad propios de zonas urbanas
pueden exacerbar sensaciones de aislamiento,
desconanza y desconexión, especialmente
entre población migrante o transitoria que no
cuentan con el apoyo de una comunidad de
referencia a su llegada.
Estos y otros factores operan de forma
simultánea para generar complejos patrones
de privación material que se expresan en forma
de diferentes tasas, tipologías e intensidades
de pobreza energética. En el caso de España,
se han observado una menor incidencia de la
pobreza energética en ciudades respecto de
zonas de densidad poblacional media y baja,
especialmente según indicadores basados en
gastos e ingresos del hogar (Tirado Herrero et
al., 2016). Sin embargo, cuando se desciende
a escalas de más detalle se observan
profundas desigualdades a múltiples escalas
(distritos, barrios, calles, edicio, vivienda) y
entre segmentos poblacionales especícos.
Los indicadores recogidos en este informe
proporcionan evidencia de estas disparidades
para el caso de Barcelona.
Por otra parte, las ciudades son en virtud de
su tamaño, densidad y diversidad cuna de
movimientos sociales y se constituyen así

13
también como espacios para la resistencia,
solidaridad y protesta (Nicholls, 2008;
Uitermark et al., 2012). Las ciudades como
centros de poder donde se localiza la toma
de decisiones conlleva el surgimiento de
actores que desafían el status quo. Esta
contraposición explícita de visiones e intereses
puede ser generativa de nuevos enfoques y en
ocasiones también genuinamente disruptiva.
No es casualidad que movimientos sociales
de gran relevancia en las cuestiones tratadas
en este informe como la Alianza contra la
Pobreza Energética o la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético (Px1NM) tengan
sus orígenes y estén implantadas en ciudades
como Barcelona, Madrid o Valencia.
3.3 Derecho a la energía y protección frente a
desconexiones: principios y realidades
La acción municipal del Ayuntamiento de
Barcelona en el área de pobreza energética
se encuadra en el marco de la defensa de los
derechos energéticos. Bajo esta perspectiva
aspira a proteger los consumidores vulnerables
de los cortes de suministros básicos
(electricidad, gas y agua) por medio de la
ley 24/2015, del Parlament de Catalunya,
que prohíbe a las empresas suministradoras
efectuar cortes de suministro si el impago se
produce por falta de recursos económicos y
las obliga a mantener el servicio mientras dure
la situación de vulnerabilidad o de dicultad
económica.
Este planteamiento supone la consideración
de la energía doméstica como un derecho
que en determinadas circunstancias de
vulnerabilidad económica cuya disponibilidad
debe estar garantizada. Confronta así con la
visión dominante en las políticas energéticas
de la UE según la cual la energía es un servicio
cuya provisión se rige con criterios de mercado
(en el contexto de un sector notablemente
regulado) y de maximización de benecios
privados para las empresas suministradoras.
Al plantearse en términos de defensa de los
derechos energéticos puede relacionarse
con tesis rawlsianas de distribución positiva
de los bienes sociales que, como la energía,
tienen que ser distribuidos de forma equitativa
a menos que hacerlo de forma no equitativa
resultara en un benecio de toda la sociedad.
La idea que guía este principio es que como
los ciudadanos son fundamentalmente iguales
entre sí, los bienes producidos de forma
cooperativa deben ser divididos de forma
equitativa.
Sin llegar a la propuesta de máximos
expresada en el principio de distribución
positiva de bienes sociales, campañas
como la Energy Bill of Rights lanzada por la
organización británica Fuel Poverty Action
cuyo primer punto exige el derecho de
todas las personas a una energía asequible
para la satisfacción de las necesidades
básicas. Plantea además el derecho a tener
precios justos, a no sufrir desconexiones
de suministro, a no ser forzado a instalar un
contador de prepago (la criticada alternativa
que se da en Reino Unido a hogares que
tienen dicultades para pagar facturas a
tiempo) y a la propiedad colectiva de los
sistemas de provisión de energía para que
puedan ser responder a los intereses de la
mayoría. En términos similares se expresan
los proponentes de la campaña Energy Rights
for All Europeans lanzada por la Federación
Europea de Sindicatos de Servicios Públicos
(EPSU) y la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) para toda
la UE. Planteada en términos de lucha contra
la pobreza energética, sus tres demandas
principales son:
“Introducir el derecho a la energía para
todos los ciudadanos en legislación
europea que prohíba la desconexión de
consumidores vulnerables en momentos
críticos.
Detener la eliminación progresiva de
tarifas reguladas de energía para el
sector doméstico y apoyar la aprobación
de tarifas sociales para consumidores
vulnerables.

14
Asignar un porcentaje generoso de
inversión pública a medidas de eciencia
energética dirigidas a hogares de bajos
ingresos y que no implique costes de
vivienda o facturas adicionales para estos
hogares”
Si bien estas reclamaciones son mucho más
ambiciosas que los principios rectores de la
política energética de la UE, el documento
estratégico Energía limpia para todos los
europeos aprobado por la Comisión Europea
a nales de 2016 arma que “todos los
consumidores (sin olvidar a las personas
vulnerables y en situación de pobreza
energética) deben sentirse implicados y
aprovechar los benecios patentes del
acceso a una energía más segura, limpia
y competitiva”. Sin embargo, al referirse
a las desconexiones tan solo “propone
determinadas garantías procesales antes
de que pueda cortarse el suministro a un
consumidor”.
En términos más contundentes se expresa
el Defensor del Pueblo (2017) en su
recomendación al Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital para la denición
del concepto de consumidor vulnerable
en materia de energía eléctrica a raíz de la
aprobación del Real Decreto-ley 7/2016,
de 23 de diciembre, por el que se regula el
mecanismo de nanciación del coste del
bono social y otras medidas de protección al
consumidor vulnerable de energía eléctrica.
Sus dos primeras consideraciones son claras
al respecto:
“1. El suministro eléctrico es esencial
para una vida digna y una condición
imprescindible para el ejercicio de otros
derechos fundamentales. La alimentación,
la educación o la salud de las personas
son derechos que se ven afectados por
una falta de suministro eléctrico, que
aboca a la exclusión social. Dado su
carácter instrumental se debería avanzar
hacia el reconocimiento del acceso a la
energía como un derecho subjetivo que,
como tal, ha de ser protegido y amparado
por los poderes públicos.
2. Debido a la íntima relación entre la
energía y los derechos humanos, la
privación del suministro eléctrico en
personas físicas en su domicilio habitual
no puede someterse exclusivamente a
las reglas de mercado, ni regirse por la
autotutela privada, sino que es necesario
promover algún tipo de protección pública
ecaz para garantizar los derechos de las
personas.”
En la práctica, sin embargo, estas
declaraciones de principios se traducen
tan solo en una protección limitada
de consumidores vulnerables frente a
desconexiones de suministro por impago.
En el caso del Real Decreto 897/2017
que desarrolla el Real Decreto-ley 7/2016
la protección frente a suspensiones del
suministro eléctrico está restringida a
consumidores con condición de vulnerable
severo y siempre y cuando “la administración
autonómica o local cuyos servicios
sociales estén atendiendo al consumidor
asuma al menos el 50 por ciento del importe
de su factura”. Esta es la primera vez que
una ley de rango estatal establece de forma
explícita una protección de consumidores
vulnerables frente a cortes de suministro.
Dentro del ámbito competencial de
Cataluña, la ley 24/2015 establece que “las
administraciones públicas deben garantizar el
derecho de acceso a los suministros básicos
de agua potable, de gas y de electricidad a las
personas y unidades familiares en situación de
riesgo de exclusión residencial […] mientras
dure dicha situación”. La ley instaura también
un principio de precaución según el cual “la
empresa suministradora tenga que realizar un
corte de suministro debe solicitar previamente
un informe a los servicios sociales municipales
para determinar si la persona o la unidad
familiar se encuentra en una de las situaciones
de riesgo de exclusión residencial”. Esta ley,
que sin duda es la más garantista de todo el
Estado, protege a consumidores vulnerables
frente a cortes de tres tipos suministro (y
no solo de electricidad) y además obliga a
las suministradoras, mediante el principio
de precaución, a asegurarse de que el
consumidor no en situación de riesgo de
exclusión residencial antes de proceder al
corte. Ha inspirado también otras similares
como la aprobada en noviembre de 2017 por
la Generalitat valenciana, y posteriormente
recurrida por el Gobierno al Tribunal
Constitucional.

15
El análisis realizado en este informe se localiza
en el complejo y socia-espacialmente diverso
espacio urbano de Barcelona. Lejos de ser
una ciudad uniforme en su estructura física
y humana, la ciudad presenta pronunciados
gradientes de desigualdad acentuados por
la densidad que es una de sus señas de
identidad. Estas divisiones se producen a lo
largo de múltiples líneas de fractura: niveles
educativos y de ingresos, lugar de origen
de los residentes, lengua preferida para la
comunicación, tipología, precio y calidad
de las viviendas, calidad del aire, acceso
a parques y espacios públicos, cercanía a
transporte público, etc. Estas disparidades
se expresan espacialmente en complejos
patrones de diferenciación socio-residencial
que se extienden al área y región metropolitana
de Barcelona y cuya constitución y
reproducción está muy vinculada al precio
de la vivienda (Porcel et al., 2015; Rubiales-
Pérez et al., 2012). Dichas conguraciones son
relativamente estables en el tiempo aunque se
ven afectadas por procesos externos, como la
crisis económica de 2008 y a procesos propios
de reordenación urbana (Sarasa et al., 2013).
En los proceso de agregación y desagregación
social, material y espacial del espacio urbano
las redes de infraestructuras – de transporte,
agua, electricidad, gas, y telecomunicaciones
– tienen un papel clave como elementos
que regulan los ujos constitutivos de las
ciudades de la globalización (Graham y
Marvin, 2001). El supuesto es que estas
redes contribuyen a cohesionar espacios
y territorios pero, como puede verse en el
apartado 8, las diferencias en los niveles de
pobreza energética por distritos en parte
debidos a esas redes de infraestructura (como,
por ejemplo, a la disponibilidad o no de gas
natural para calefacción doméstica) resultan en
patrones de segregación socio-espacial poco
conocidos. Estos datos añaden una nueva
capa a esa geografía urbana de la pobreza y
la desigualdad de Barcelona y complementan
los esfuerzos realizados en otros ámbitos de
investigación urbana.
Barcelona
como caso de
estudio
4.
4.1 Un espacio urbano fragmentado
4.2 Del asistencialismo a la defensa de los derechos
energéticos
Como en muchos otros municipios, los
servicios sociales del Ayuntamiento de
Barcelona atendían tradicionalmente a hogares
vulnerables ayudándoles a pagar las facturas
de suministros básicos. Este apoyo era de
carácter discrecional y puntual y no actuaba
sobre causas ya no estructurales del problema
(como la calidad de la vivienda) sino ni siquiera

16
sobre aspectos básicos de los contratos de
suministro como, por ejemplo, la potencia
eléctrica contratada.
Barcelona es un caso singular en el panorama
político español y europeo que muestra
como movimientos sociales de base han
podido organizarse de forma efectiva para
alcanzar el gobierno de una gran ciudad a
través de la plataforma Barcelona en Comú
que combina las estrategias y recursos de
estas organizaciones con fuerte arraigo
local y conocimiento de los problemas de
la ciudadanía con la estructura y presencia
institucional de partidos políticos que operan
en el ámbito catalán y español. Como
resultado, a partir de 2015 se ha priorizado
la pobreza energética en la agenda municipal
y la respuesta a esta problemática se trata
de abordar en términos de defensa de los
derechos energéticos de los ciudadanos.
En este cambio es fundamental la actuación de
los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE)
como herramienta y punto de contacto entre
la administración y los hogares vulnerables,
que acaban derivados a estos puntos por
los centros de servicios sociales cuando
detectan indicios de pobreza energética.
Fueron abiertos en enero 2017 como un
servicio del Ayuntamiento de Barcelona
que “ofrece la información, la atención y la
intervención necesarias para que las personas
puedan ejercer sus derechos energéticos y
las compañías no les nieguen el acceso a los
suministros básicos” en cumplimiento con
la ley 24/2015. Es un proyecto vigente entre
enero de 2017 y enero de 2019 compuesto
de 10 ocinas que dan servicio a todos los
distritos de la ciudad, si bien hay PAE que
atienden a más de un distrito (y viceversa) con
el n de ajustar la disponibilidad del servicio
a la realidad socioeconómica de cada uno
de los territorios. ABD, FABD y Ecoserveis
son las organizaciones responsables de
la coordinación del proyecto, que también
cuenta con la participación de Suara, Fundació
Surt, Ciutat i Valors y la Fundació Salut i
Comunitat. Su lanzamiento estuvo precedido
de dos experiencias pilotos previas. Uno es el
proyecto de Puntos de Atención a la Pobreza
Energética (PAPE), que es el antecesor directo
de los PAE y se llevó a cabo entre noviembre
de 2015 y marzo de 2016 (apartado 7.2). El
segundo es el programa de inserción laboral
Energia, la justa desarrollado entre los meses
de febrero y julio de 2016 (apartado 7.3).
La mayoría de los casos atendidos por los PAE
son personas que se acercan voluntariamente
a los puntos de asesoramiento o son derivadas
desde los centros de servicios sociales.
Pero el Ayuntamiento reconoce la existencia
de muchos hogares vulnerables que o bien
desconocen el servicio de PAE o no se
reconocen como vulnerables. Con el n de
detectar casos difíciles y prevenir accidentes,
en paralelo a los PAE se ha puesto en marcha
en marzo de 2017 una serie de protocolos de
detección de casos de pobreza energética
por medio de servicios adicionales del
Ayuntamiento, de la siguiente manera:
• Bombers de Barcelona: de acuerdo con el
acuerdo suscrito con el Instituto Municipal
de Servicios Sociales (IMSS), los agentes
del cuerpo municipal de bomberos tienen
la tarea de observar si falta suministro
energético o de agua corriente a partir de
indicios como la presencia de hornillos en
la cocina en un edicio con suministro de
gas, o lámparas sin bombillas o presencia
de goteras y humedades.
• Unitats d’Exclusió Residencial (UCER) y
Servei d’Intervenció i mediació en situació
de Pèrdua i/o Ocupació d’Habitatge
(SIPHO): los equipos de intervención
en materia de vivienda también han
recibido formación para identicar casos
de pobreza energética por medio de
conversaciones informales con usuarios de
estos servicios y las visitas a sus viviendas.
La identicación de estos casos se hace
con cuidado de no generar preocupación
ni estigmatizar a las personas afectadas.
• Centres d’Atenció Primària de salut
(CAP) y Centres d’Atenció i Seguiments
a les drogodependències (CAS) cuyo
personal ha recibido formación especíca
sobre pobreza energética. Se ha creado
también una mesa de trabajo con el
Servei Català de la Salut (CatSalut)
y otras administraciones implicadas
para determinar condiciones sanitarias
que resultan en casos de dependencia
energética (por ejemplo, respiradores
articiales).

17
También se trabaja con el teléfono de
información ciudadana (010) y Serveis
d’Atenció Domiciliària (SAD) que dan apoyo a
personas que por razones de edad, situación
de dependencia o discapacidad tienen limitada
su autonomía para actividades básicas
(compra, higiene personal, etc.)
Además, con la intención de garantizar el
cumplimiento de la ley 24/2015 por parte
de las suministradoras, el Ayuntamiento de
Barcelona sacó a concurso en enero de 2017
el contrato de suministro de electricidad para
el consistorio y otros organismos asociados
por valor de 65 millones de euros. Como
condición para participar se impuso como
la rma por parte de las suministradoras del
modelo unicado de convenio de Cataluña
según el cual las empresas se comprometen a
cubrir el 50% de las facturas de consumidores
vulnerables cuyo suministro está asegurado
por la ley 24/2015. El concurso fue recurrido
por Endesa y Gas Natural por contener
cláusulas discriminatorias y posteriormente
anulado por el Tribunal de Contratos del
Sector Público. Posteriormente el pleno
del Ayuntamiento aprobó en marzo de
2017 la creación de Barcelona Energia,
la comercializadora pública municipal de
electricidad que abastece todo el consumo
del Ayuntamiento desde verano de 2018 y se
abrirá a 20.000 consumidores domésticos en
2019.
Otra iniciativa relevante es la incorporación
explícita de la pobreza energética en las
Ayudas del Programa de Rehabilitación
de Viviendas para personas en situación
de vulnerabilidad de 2017. Esta medida
está orientada a mejorar las condiciones
de habitabilidad de viviendas generales y
contempla actuaciones complementarias
de mejora energética de los domicilios para
evitar la pobreza energética. El programa
cubre el 100% de los gastos de la intervención
hasta los 20.000 euros por vivienda. Pueden
beneciarse hogares que vivan de alquiler
siempre y cuando el propietario de la vivienda
garantice la continuidad del contrato de
arrendamiento sin incremento del precio de
alquiler al menos por dos años.
En el apartado de comunicación y
diseminación, el Ayuntamiento de Barcelona
patrocinó el primer Congreso Catalán de
Pobreza Energética celebrado en Sabadell en
octubre de 2016 y acogerá su segunda edición
en 2018.

18
Las fuentes de datos normalmente empleados
para el análisis cuantitativo de la pobreza
energética por medio de indicadores
están fundamentalmente disponibles en la
UE a escala de Estado Miembro aunque
permiten la desagregación por regiones
estadísticas tipo NUTS2, que en España
equivalen a Comunidades Autónomas
según la nomenclatura de Eurostat. No hay
prácticamente bases de datos disponibles
a escala urbana o suburbana. Los casos de
los estudios de Madrid (Sanz Fernández et
al., 2017) y Valencia (UPV, 2016) aparecidos
recientemente ilustran las dicultades para el
análisis cuantitativo de indicadores de pobreza
energética a escala municipal. En ambos
casos se han utilizado fuentes estadísticas
que o no son estadísticamente representativas
o son proxis – aproximaciones a indicadores
de pobreza energética como nivel educativo
o ingresos familiares. Aunque las fuentes
utilizadas en este estudio no están exentas
de esos problemas, Barcelona es casi con
seguridad la única ciudad del Estado, y
probablemente una de las pocas de la UE,
con estadísticas sobre aspectos relacionados
con la pobreza energética representativas a
escala municipal. La existencia de estas bases
de datos se debe al esfuerzo realizado por las
administraciones autonómica y local. Por una
parte, disponemos de la ampliación, nanciada
por Generalitat de Catalunya, de la submuestra
de hogares residentes en Barcelona y Cataluña
de la Encuesta de Condiciones de Vida de
2016 (ECV 2016). Se trata de una encuesta
que todos los Estados Miembros realizan
anualmente bajo la coordinación de Eurostat
que a escala de la UE se denomina Survey
on Income and Living Conditions (EU SILC).
Por otra parte, la Agència de Salut Pública
de Barcelona (ASPB) aprobó la inclusión
de varias preguntas sobre indicadores de
pobreza energética basadas en percepciones
y declaraciones de hogares en su Encuesta
de Salud Pública de Barcelona del año
2016. Estas son dos fuentes de información
principales de las que se nutre el informe en
diferente medida (Tabla 2).
A estas dos se le añaden otras fuentes
cuantitativas de información que sin aspirar
a tener representatividad estadística por
la forma en que la recogida de datos se
lleva a cabo, permiten la observación de
subgrupos poblaciones vulnerables como
los hogares atendidos por servicios sociales
o los Puntos de Asesoramiento Energético
puestos en marcha a principios de 2017.
Como puede verse en la Tabla 3 se trata de
miles de registros correspondientes a hogares
que reciben y participan de programas del
Ayuntamiento o nanciados por el mismo.
Aunque se trata de muestra y registros no
probabilísticos, los datos recogidos ofrecen
información sobre aspectos de la pobreza
energética como impagos y deudas contraídas
con suministradoras, cortes de suministro
o conexiones irregulares que no aparecen
en estadísticas ociales. Su inclusión en el
informe está justicada por estas razones. Los
Fuentes de
información
y enfoque de
análisis
5.

19
Encuesta Características Uso en el informe y
observaciones
Encuesta de Condiciones de
Vida (ECV 2016) – submuestra de
hogares residentes en Barcelona
- 14.240 hogares encuestados
en España en 2016, 799 de
los cuales son residentes en
Barcelona.
- Encuesta anual con un diseño
de panel rotante en el que
la muestra la forman cuatro
submuestras independientes,
cada una de las cuales es un
panel de cuatro años de duración.
Se ha empleado la base de datos
original proporcionada por el
Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Barcelona.
Encuesta de Salud Pública de
Barcelona (ESPB 2016)
N.d. Se han empleado resultados
agregados del informe La Salut a
Barcelona 2016 (Agència de Salut
Pública, 2017)
Tabla 2. Encuestas estadísticamente representativas a escala municipal empleadas en el informe.
Fuente: ver Tabla
Encuesta Características Uso en el informe y
observaciones
Encuesta de Condiciones de Vida
a usuarios de Servicios Sociales
(ECVUSS 2016)
- 6.624 personas
correspondientes al mismo
número de hogares.
- Muestreo no probabilístico
circunstancial según criterios de
accesibilidad a las unidades de
muestreo
- Error de muestro ± 1,01% bajo
el supuesto de muestreo aleatorio
simple.
- Trabajo de campo del 3 de
febrero de 2016 al 14 de juny de
2016.
Se ha empleado la base de datos
original proporcionada por el
Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Barcelona.
Registro de hogares atendidos
por el proyecto piloto Puntos de
Atención a la Pobreza Energética
(PAPE)
- Datos sobre 993 personas
(correspondientes al mismo
número de hogares) atendidas
por los PAPE en 4 distritos de la
ciudad entre 30 de noviembre de
2015 y el 31 de marzo de 2016
Se han empleado resultados
agregados del informe Resultats
de la Prova Pilot de Punts
d’Atenció a la Pobresa Energètica
(Fundació ABD/Associació
Ecoserveis, 2016a)
Registro de hogares atendidos
por los Puntos de Asesoramiento
Energético (PAE)
- Datos sobre 7.176 personas
(correspondientes al mismo
número de hogares) atendidas
por los PAE en los 10 distritos de
la ciudad entre enero y octubre
de 2017. Se siguen recopilando
datos.
Se han empleado los cuadros de
resumen de personas atendidas
proporcionadas por la Associació
Ecoserveis
Registro de hogares participantes
en el programa Energia, la justa
- Datos sobre 3.100 hogares
participantes en el programa
Energia, la justa en los 10 distritos
de la ciudad entre febrero y julio
de 2016.
Se ha empleado la base de datos
original proporcionada por la
Fundació ABD.
Tabla 3. Fuentes de información cuantitativa no representativas a escala municipal empleadas en el informe.
Fuente: ver Tabla

20
resultados derivados no pueden considerarse
representativos ni de Barcelona ni de sus
distritos.
El enfoque de indicadores presentado
se corresponde fundamentalmente con
el de percepciones y declaraciones del
hogar. Esta aproximación trata de recoger
directamente información de los hogares
sobre condiciones asociadas a la pobreza
energética que puedan ser explicitadas en
una pregunta cerrada en una encuesta (Healy,
2004; Healy and Clinch, 2002). Para ello
tradicionalmente han empleado datos de la
Encuesta de Condiciones de Vida de Eurostat,
y más concretamente preguntas que buscan
saber si un hogar es capaz de mantener su
vivienda a una temperatura adecuada, si tiene
retrasos en el pago de recibos o si su vivienda
tiene alguna deciencia relacionada con la
pobreza energética como goteras, pudrición
o humedades. Los indicadores así obtenidos
se denominan también “consensuales” por
hacer referencia a propiedades o condiciones
del espacio habitado que por consenso se
consideran necesarias para tener una vida
digna y no sentirse excluido de la sociedad
de referencia. Frente a otros trabajos que
únicamente utilizan datos de la ECV y su
equivalente europeo (EU SILC), las fuentes
de información disponibles en Barcelona
contienen datos sobre muchos otros aspectos
de la experiencia diaria de los hogares
vulnerables o en pobreza energética y que
permiten un análisis más complejo y el al
contexto local.
En cuanto al tratamiento de los datos, se ha
llevado a cabo fundamentalmente a través
de estadísticas descriptivas que utilizan
porcentajes y número de hogares/personas
que experimentan diferentes condiciones
asociadas a la pobreza energética. Los
resultados se presentan agregados,
desagregados y de forma comparativa.
Siempre que es posible, los resultados de
indicadores referidos a Barcelona se comparan
con las cifras equivalentes para Cataluña,
España y la UE.
Una particularidad metodológica de este
estudio es que considera el suministro de agua
doméstica, algo que choca con casi todas las
deniciones de pobreza energética existente
y las discusiones académicas y políticas
correspondientes. De hecho, los problemas
de asequibilidad al agua doméstica y de los
servicios que ésta proporciona se han tratado
de forma separada bajo terminología propia
como water poverty (Feitelson and Chenoweth,
2002; Huby, 1995) La decisión de incluir el
agua corriente en este informe se justica
por dos razones. Una es por coherencia con
la práctica del Ayuntamiento que no hace
distinciones entre (electricidad, agua y gas),
lo que además coincide con la percepción de
hogares vulnerables para los que todos son
facturas de suministros básicos difíciles de
pagar. La segunda razón tiene que ver con
la denición de pobreza energética referida
a servicios de la energía doméstica (y no a
la energía en sí). Es claro que la provisión
de servicios de cocina, higiene personal y la
limpieza de la vivienda (agua caliente para
duchas o limpieza de instrumentos de cocina,
lavadora, etc.) requiere de la combinación
material de agua corriente con energía.

21
El análisis de datos de la submuestra de 799
hogares residentes en Barcelona de la ECV
2016 y su comparativa con otras escalas
territoriales y de gobernanza más amplias
(Cataluña, España y la UE) pone de maniesto
unos menores niveles de afectación menores
en Barcelona de acuerdo con los indicadores
basados en percepciones y declaraciones de
los hogares. Esta conclusión es inequívoca
en el año 2016, el único disponible para la
comparación. En este año, el porcentaje de
barceloneses viviendo en hogares incapaces
de mantener su vivienda a una temperatura
adecuada en los meses fríos (7%) estaba
por debajo de los valores calculados para
Cataluña, España y la UE (en el entorno del
9-10%). Los de personas en hogares con
retraso en el pago de facturas (5% de los
barceloneses) y en viviendas con goteras,
humedades o podredumbre (6%) estaban
también por debajo de los encontrados en
el resto de ámbitos territoriales en 2016.
Resultados I:
encuestas a
hogares
6.
6.1 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV 2016)
6.1.1 Cifras principales
Gráco 1. Porcentaje de personas en hogares que declaran incapacidad de mantener su vivienda a una
temperatura adecuada
Fuente: Eurostat, INE

22
Gráco 3. Porcentaje de personas en viviendas con problema de goteras, humedades en paredes, suelos,
techos o cimientos, o podredumbre en suelos, marcos de ventanas o puertas
Fuente: Eurostat, INE
Nota: de forma excepcional en estos tres grácos los porcentajes se reeren a personas para permitir la
comparación con las resultados globales para la UE de Eurostat, que únicamente vienen expresadas en esta
unidad. En el resto del informe los resultados se recogen en porcentajes de hogares y número de personas
Gráco 2. Porcentaje de personas en hogares que declaran retrasos en el pago de recibos (electricidad, agua,
gas, etc.) en los últimos 12 meses
Fuente: Eurostat, INE
También puede apreciarse que los porcentajes
de Cataluña están algo por debajo de los de
España, y éstos son ligeramente mejores que
los de la UE, aunque siempre en márgenes
estrechos probablemente contenidos en los
intervalos de conanza.
En términos de la evolución temporal de los
indicadores, se observa un incremento en la
incidencia de la pobreza energética a partir
de 2008, especialmente para el indicador
de retraso en el pago de los recibos. Este
empeoramiento de la situación es visible en la
UE, España y Cataluña y puede especularse
que ha tenido lugar también en Barcelona.
Esta tendencia ha sido descrita anteriormente
para el conjunto de España (Tirado Herrero
y Jiménez Meneses, 2016) como resultado
de una combinación de causas estructurales
(desigualdades sistémicas en la estructura

23
Tabla 4. Cifras de pobreza energética en Barcelona frente a Cataluña y España (2016) de acuerdo con los tres
indicadores principales basados en percepciones y declaraciones de los hogares.
Fuente: ECV 2016
No pueden permitirse
mantener la vivienda con
una temperatura adecuada
durante los meses de
invierno
Retrasos en el pago de las
facturas de electricidad,
agua, gas, etc. en los últi-
mos 12 meses
Vivienda con problema de
goteras, humedades en
paredes, suelos, techos o
cimientos, o podredumbre
en suelos, marcos de
ventanas o puertas
% hogares Nº de
personas
% hogares Nº de
personas
% hogares Nº de
personas
España 10,2% 4.620.000 6,6% 3.600.000 15,0% 7.300.000
Cataluña 9,1% 640.000 7,3% 580.000 5,9% 470.000
Barcelona 8,8% 110.000 4,6% 70.000 5,7% 90.000
Gráco 4. Porcentaje de hogares afectados, ECV 2016 frente a Encuesta de Salud Pública de Barcelona 2016
(ESPB 2016); Barcelona (2016).
Fuente: ECV 2016 y Agència de Salut Pública (2017)
económica y social y bajos niveles de
eciencia energética del parque de viviendas)
y coyunturales (aumento de la tasa de paro,
caída de la renta de los hogares y aumento de
los precios de la energía para consumidores
domésticos).
Aunque estos porcentajes puedan dar la idea
de que la pobreza energética afecta a un
sector minoritario de la población, cuando
los resultados se expresan en cifras totales
(calculadas por medio de los factores de
elevación poblacional de la ECV), puede
verse que en Barcelona, durante 2016,
110.00 personas habitaban viviendas con
temperaturas inadecuadas, 70.000 eran parte
de hogares con retrasos en el pago de facturas
de suministros básicos, y 90.000 declaraban
tener goteras, humedades o podredumbre en
su vivienda (Tabla 4).
Hay que señalar que los dos primeros
indicadores se consideran clave en la medición
de la pobreza energética mediante el enfoque
de percepciones y declaraciones de hogares.
Por su parte, la presencia de goteras,
humedades y podredumbre, tal y como
está planteada como pregunta en la ECV,
es más problemática de interpretar porque
puede referirse a realidades domésticas
muy dispares, una parte de las cuales no
se corresponde con situaciones de pobreza
energética. Por ello se utiliza únicamente en
este apartado para hace una comparativa con

24
Tabla 5. Cifras de pobreza energética en Barcelona (2016) de acuerdo con los indicadores de temperatura
inadecuada y retraso en el pago de facturas.
Fuente: ECV 2016
Número de casos Número equivalente
de personas (elevado
poblacionalmente)
Hogares encuestados en Barcelona 799 1.540.000
… en una vivienda con temperatura inadecuada 74 110.000
… con retraso en el pago de las facturas 49 70.000
… con las dos situaciones simultáneamente 17 Miles de personas
… con al menos una de las dos situaciones 106 170.000
Gráco 5. Porcentaje de hogares y número de personas (cifra junto a las barras) con retrasos en el pago de
recibos de electricidad, agua, gas, etc. en los últimos 12 meses. Barcelona frente a Cataluña y España (2016).
Fuente: ECV 2016
la UE y España dado que es un indicador que
ha sido frecuentemente en estas escalas en el
pasado, pero que comienza a estar en desuso.
Los resultados de la Tabla 4 procedentes de
la ECV 2016 se comparan con los de otra
fuente estadística representativa para toda la
ciudad de Barcelona – la Encuesta de Salud
Pública de Barcelona (ESPB 2016), que en
2016 incorporó por primera vez los mismos
tres indicadores consensuales de la ECV.
Al compararlos entre sí puede verse una
discrepancia muy signicativa en el indicador
de retraso de facturas, con el triple de hogares
afectados en la ESPB 2016 frente a la ECV
2016. Estas diferencias podrían deberse al
mayor tamaño de la muestra (mucho mayor
en la ESPB 2016), a diferentes periodos
de recogida de datos o a diferencias en el
enunciado de la pregunta en los cuestionarios.
Hay que señalar también que el valor de este
indicador (14,6%) está muy por encima del
promedio para Cataluña, España y la UE en
toda la serie disponible recogida en el Gráco
1. De hacer caso a las cifras de ESPB 2016, el
número de personas en hogares con retrasos
en el pago de las facturas sería de más de
200.000 en toda Barcelona.
En un análisis más detallado (Tabla 5), se
observa que el solape entre hogares que
declaran temperaturas inadecuadas en
el hogar y con retraso en el pago de sus
facturas es limitado. Entre los 799 hogares
encuestados, tan solo 17 casos declaraban
sufrir simultáneamente estas dos situaciones

25
Tabla 6. Porcentaje de hogares y número de personas que dejaron de disponer de alguna de sus fuentes
habituales de energía debido a dicultades económicas. Barcelona frente a Cataluña y España (2016).
Fuente: ECV 2016
Número de casos Porcentaje de hogares Número de personas
España 248 1,8% 910.000
Cataluña 50 1,4% 100.000
Barcelona 11 0,8% Miles de personas
2 Para evitar cifras de precisión espuria, los resultados en este apartado se expresan redondeados a las
decenas de miles de personas. En el caso de las cifras por debajo de 50.000 personas (calculadas a
partir del número de casos elevados poblacionalmente) se ofrecen tan solo ordenes de magnitud – miles
o decenas de miles de personas. Se hace así porque cuando la elevación poblacional se hace a partir
de un número pequeño de casos (hogares), una cifra elevada de población acaba dependiendo mucho
del número de miembros y del factor de elevación concreto de esos pocos hogares, lo que conduce a
resultados poco ables.
relacionados con la pobreza energética.
Este bajo nivel de coincidencia entre estos
dos indicadores es conocido en la literatura
especializada y se puede interpretar desde
el punto de vista de las diferentes formas en
que se expresa la vulnerabilidad energética
en función, entre otros, de la composición
socio-demográca de los hogares y las
características materiales de la vivienda
incluyendo su eciencia energética y la
posibilidad de proporcionar a servicios
energéticos con tecnologías y tipos de energía
concretos. Por ejemplo, se ha visto que
familias pobres con niños priorizan el gasto en
calefacción en aunque para ello tengan que
reducir su gasto en alimentación (Bhattacharya
et al., 2003), y es conocido que las personas
jubiladas declaran menos retrasos en las
facturas (Buzar, 2007; Tirado Herrero, 2013a),
ya sea porque realmente pagan puntualmente
o porque al ser encuestados preeren ocultar
que no lo hacen. Es previsible también que
los hogares que disponen de algún tipo de
sistema de calefacción preinstalado en su
vivienda, especialmente si es de gas natural
y con radiadores en las diferentes estancias
de la vivienda, disfruten de un mayor confort
térmico que aquellos que dependen de
radiadores o calefactores portátiles.
Desde este punto de vista, planteamos la
posibilidad de considerar ambos indicadores
de forma aditiva, de manera que el total
de personas afectadas en Barcelona de
acuerdo con estas unidades de medida
sería de 170.000 personas. De éstas, unos
unos cuantos miles2 estarían en situación
más precaria por sufrir las dos situaciones
simultáneamente.
Los datos de este indicador permiten
desagregar también por niveles de precariedad
dentro del subgrupo de hogares que declaran
retrasos en el pago de las facturas. Como se
recoge en el apartado de objetivos y alcance
del informe (apartado 2), este segmento de
la ciudadanía es de particular interés para
este informe y para la acción política del
Ayuntamiento de Barcelona en el ámbito de la
defensa de los derechos energéticos.
Respecto del indicador de retraso en el pago
de facturas, los datos indican que dominan los
hogares con dos o más retrasos que los que
solo fallaron una vez en el pago de las facturas
a tiempo. Este patrón se observa tanto para
Barcelona como Cataluña y España (Gráco 5).
Los hogares que tuvieron dos o más retrasos
son subgrupo más vulnerable por el mayor
riesgo de tener que enfrentarse a acumulación
de deudas, avisos de corte, desconexión de
suministro, etc.
Una novedad de la ECV 2016 frente a
anteriores versiones de la encuesta es que
incorpora un nuevo ítem que no estaba
presente en versiones anteriores de la
encuesta y que se reere precisamente a un
elemento crítico, los cortes de suministro. En
concreto, se trata de la siguiente pregunta:

26
Gráco 6. Representación visual del número de casos recogidos en la Tabla 7 para Barcelona (2016).
Fuente: ECV 2016
Nota: El tamaño de círculos e intersecciones son proporcionales al número de casos registrados para cada
categoría. Se establece también una escala semicuantitativa de niveles de vulnerabilidad en función del número y
tipo de circunstancias que concurren.
Tabla 7. Número de casos de la submuestra de hogares de Barcelona en la ECV 2016 y número personas
(elevado poblacionalmente) que experimentan condiciones asociadas a la pobreza energética en Barcelona
(2016).
Fuente: ECV 2016
Nota: La tabla utiliza la misma escala de niveles de vulnerabilidad del Gráco 6.
Circunstancias o combinación de
circunstancias
Número de casos Número de personas (elevado
poblacionalmente)
Vivienda con temperatura inadecuada 74 110.000
Un retraso en el pago de recibos 11 Decenas de miles de personas
Dos o más retrasos en el pago de recibos 38 Decenas de miles de personas
Un retraso y temperatura inadecuada 2 Miles de personas
Dos retrasos y temperatura inadecuada (sin
desconexión de suministro)
6 Miles de personas
Desconexión de suministro (y temperatura
inadecuada)
11 Miles de personas
Dos retrasos, desconexión de suministro (y
temperatura inadecuada)
9 Miles de personas
En los últimos 12 meses, ¿hubo alguna
ocasión en la que, debido a dicultades
económicas, el hogar dejó de disponer
de alguna de sus fuentes habituales
de energía? Se debe tener en cuenta
tanto el no poder comprar ningún
tipo de combustible necesario para
la vida diaria como el haber tenido
algún corte de suministro energético.
Incluya electricidad, gas natural, butano,
propano, gasóleo, fuel-oil, carbón,
madera, turba, etc.
Como puede verse, la pregunta se reere tanto
a cortes de suministro forzados resultantes
de impago de facturas como a desconexión
o cese de uso voluntario, como, por ejemplo,
cuando un hogar vulnerable de baja su
contrato del gas natural o deja de comprar
bombonas de butano. Aunque resulta un
avance frente a la falta de información en
versiones previas de la ECV, el problema es
que esta pregunta no permite desagregar
entre estos dos tipos de situaciones (cortes
voluntarios o forzosos) y, sobre todo, que

27
3 Dado que se trata de un número muy bajo de casos sobre el total de la muestra de la ECV 2016, las cifras
elevadas poblacionalmente deben leerse con cautela ya que indican un orden de magnitud más que una
cifra ajustada.
solo se le hace esta pregunta a hogares
que declaran ser incapaces de mantener su
vivienda a una temperatura adecuada (y, no,
por ejemplo, a aquellos con retraso en el pago
de facturas). Es posible que haya hogares
que declararon ser capaces de mantener su
vivienda a una temperatura adecuada y que sin
embargo dejaron de disponer de alguna de sus
fuentes habituales de energía. Se piensa que
esta decisión metodológica de hacer depender
una pregunta de la respuesta de la anterior
subestima las cifras de desconexiones de
suministro.
Los resultados principales de este nuevo
indicador se muestran en la Tabla 6 e indican
nuevamente un menor grado de incidencia
de esta problemática en Barcelona en
comparación con Cataluña y España. Parte
de esta diferencia podría explicarse por el
efecto de la ley 24/2015 cuya entrada en
vigor se produjo unos cuantos meses antes
de la realización de la encuesta. Y aun así,
se trata de miles de personas (calculadas
sobre el 0,8% de casos) que en Barcelona
experimentaron cortes de suministro en 2016.
Nuevamente se trataría de un segmento
poblacional prioritario por la situación pobreza
energética severa en la que se encuentran.
La Tabla 7 y el Gráco 6 presentan un
resumen3 numérico y visual de los indicadores
principales identicados en este apartado,
así como de los solapes entre éstos. Puede
verse que tan solo una minoría de los hogares
con retrasos en el pago de recibos declara
tener también su vivienda a una temperatura
inadecuada. Este resultado puede indicar que
la pobreza energética se expresa de diferentes
circunstancias (viviendas frías o facturas
impagadas) que no tienen por qué coincidir en
los mismos hogares. Además, todos los casos
con desconexiones están contenidos dentro
de viviendas con temperaturas inadecuadas,
ya que cómo se mencionaba más arriba estas
dos preguntas están ligadas entre sí.
El análisis también presenta unos niveles
semicuantativos de vulnerabilidad denidos
ad hoc que dependen del número y tipo
de circunstancias que se dan en un mismo
hogar. Así los hogares con menor nivel de
vulnerabilidad son aquellos que solo declaran
temperatura inadecuada en la vivienda o
un retraso en el pago de facturas. En el
extremo contrario (máxima vulnerabilidad) se
sitúan los casos en los que hay desconexión
de suministro (y por tanto temperaturas
inadecuadas) y dos o más retrasos en el pago
de facturas.
6.1.2 Resultados desagregados
El análisis desagregado de los indicadores
principales de pobreza energética identicados
en el apartado anterior se ha hecho a través
de tres criterios: régimen de tenencia, tipo de
hogar por composición sociodemográca y
riesgo de pobreza monetaria. Su selección se
justica por las siguientes razones.
La variable régimen de tenencia puede verse
como un factor relacionado con el estatus
socioeconómico del hogar pero también con
su edad y su nivel de arraigo y estabilidad
residencial. Además, desde el punto de vista
de la acción municipal contra la pobreza
energética, es importante porque actuaciones
de carácter estructural sobre la eciencia
energética de la vivienda son más complejas
cuando los residentes en ella no son sus
propietarios.
El tipo de hogar por composición
sociodemográca permite fundamentalmente
observar diferencias entre hogares con y sin
hijos, reconociendo la mayor vulnerabilidad
de los niños a la pobreza energética. En la
reclasicación de las múltiples categorías
originales de tipos de hogares de que se ha
llevado a cabo para este análisis desagregado
(ver Tabla 8), se ha mantenido la tipología ‘Un
adulto con al menos un niño dependiente’

28
% de hogares
Temperatura
inadecuada
Desconexión
de suministro
Un retraso en
facturas
Dos o más
retrasos
ESPAÑA 10% 2% 2% 5%
Régimen de tenencia
En propiedad sin hipoteca 8% 1% 1% 3%
En propiedad con hipoteca 8% 1% 2% 5%
En alquiler o realquiler a precio de
mercado
17% 4% 4% 9%
En alquiler o realquiler a precio inferior al
de mercado
30% 9% 1% 24%
En cesión gratuita 12% 3% 1% 6%
Tipo de hogar
Hogares unipersonales 13% 2% 1% 4%
Hogares sin niños dependientes
económicamente
9% 1% 1% 4%
Un adulto con al menos un niño
dependiente
17% 5% 3% 12%
Hogares con niños dependientes y más
de un adulto
9% 2% 2% 7%
Riesgo de pobreza monetaria
Sí 23% 6% 3% 15%
No 7% 1% 1% 2%
Tabla 8. Porcentaje de hogares en Barcelona (2016) afectados según los indicadores principales de pobreza
energética.
Fuente: ECV 2016
Nota: se marcan en gris las celdas en las que el valor del indicador supera al del promedio correspondiente a su
unidad territorial (España, Cataluña o Barcelona)
4 Los ingresos equivalentes por unidad de consumo se obtienen, para cada hogar, dividiendo los ingresos
totales del hogar entre el número de unidades de consumo equivalentes para tener en cuenta economías
de escala en los hogares al compartir el consumo diversos miembros. El número de unidades de consumo
se calcula utilizando la escala de la OCDE modicada, que concede un peso de 1 al primer adulto, un peso
de 0,5 a los demás adultos y un peso de 0,3 a los menores de 14 años.” (INE, 2017a). Por ejemplo, en un
hogar con dos adultos y dos niños menores de 14 años, el número de unidades consumo será 1 + 0,5 + 0,3
+ 0,3 = 2,1. Si sus ingresos totales en 2015 eran de 15.000 euros al año, los ingresos equivalentes serán
de 7.143 euros por unidad de consumo y año. Dado que el umbral de riesgo de pobreza monetaria para
España ese año estaba situado en 8.209 euros anuales (INE, 2017b), este hogar se encontraría en riesgo de
pobreza.
porque se trata de una las pocas vías que
la ECV permite explorar el género de la
persona principal del hogar como factor de
vulnerabilidad energética.
Por último, el criterio de riesgo de pobreza
monetaria se reere directamente al estatus
nanciero de la unidad doméstica ya que está
basado exclusivamente en los ingresos y en
el umbral de riesgo de pobreza empleado
de forma general en la UE: un hogar se
encuentra en riesgo de pobreza si sus ingresos
equivalentes (por unidad de consumo)4 están
por debajo del 60% de la mediana del Estado
Miembro, España en este caso (INE, 2017b).
Desde un punto de vista operativo, estos
tres criterios son potencialmente útiles
para identicar grupos poblacionales más
expuestos a la pobreza energética por parte de

29
% de hogares
Temperatura
inadecuada
Desconexión
de suministro
Un retraso
en facturas
Dos o más
retrasos
CATALUÑA 9% 1% 3% 5%
Régimen de tenencia
En propiedad sin hipoteca 6% 1% 1% 2%
En propiedad con hipoteca 6% 1% 3% 6%
En alquiler o realquiler a precio de mercado 20% 2% 4% 9%
En alquiler o realquiler a precio inferior al de
mercado
10% 1% 2% 4%
En cesión gratuita 8% 2% 4% 7%
Tipo de hogar
Hogares unipersonales 10% 2% 2% 4%
Hogares sin niños dependientes
económicamente
9% 1% 2% 4%
Un adulto con al menos un niño dependiente 16% 3% 4% 13%
Hogares con niños dependientes y más de un
adulto
8% 1% 3% 6%
Riesgo de pobreza monetaria
Sí 24% 5% 5% 16%
No 7% 1% 2% 3%
% de hogares
Temperatura
inadecuada
Desconexión
de suministro
Un retraso
en facturas
Dos o más
retrasos
BARCELONA 9% 1% 2% 3%
Régimen de tenencia
En propiedad sin hipoteca 7% 1% 1% 1%
En propiedad con hipoteca 2% 0% 0% 5%
En alquiler o realquiler a precio de mercado 16% 0% 5% 4%
En alquiler o realquiler a precio inferior al de
mercado
12% 0% 0% 2%
En cesión gratuita 5% 5% 0% 5%
Tipo de hogar
Hogares unipersonales 12% 1% 0% 3%
Hogares sin niños dependientes
económicamente
9% 1% 2% 2%
Un adulto con al menos un niño dependiente 13% 3% 4% 24%
Hogares con niños dependientes y más de un
adulto
3% 0% 3% 2%
Riesgo de pobreza monetaria
Sí 19% 2% 0% 9%
No 8% 1% 2% 2%
Tabla 8 (continuación). Porcentaje de hogares en Barcelona (2016) afectados según los indicadores principales
de pobreza energética.
Fuente: ECV 2016
Nota: se marcan en gris las celdas en las que el valor del indicador supera al del promedio correspondiente a su
unidad territorial (España, Cataluña o Barcelona)

30
Gráco 7. Precio medio de alquiler de viviendas en Barcelona (2000-2016) en euros por metro cuadrado
construido
Fuente: Patronat Municipal de l’Habitatge (2016)
Ayuntamiento de Barcelona ya que se trata de
información relativamente sencilla de obtener
a través de fuentes como el Padrón Municipal
de Habitantes, la Agencia Tributaria y servicios
sociales.
Como puede verse también en la Tabla 8, se
presentan resultados para España, Cataluña y
Barcelona para permitir la comparación entre
escalas y también para reforzar los resultados
obtenidos a nivel municipal dado que el
número de casos (hogares) afectados en
Barcelona es en ocasiones muy reducido. Por
ejemplo, de los 799 casos de la submuestra
de Barcelona en la ECV 2016, tan solo 11
declararon desconexiones en el suministro.
Los resultados desagregados por régimen
de tenencia indican una mayor incidencia de
la pobreza energética en hogares residentes
en viviendas que no son de su propiedad,
especialmente en pisos de alquiler a precio
de mercado. Esta diferencia es importante
por el fuerte repunte en el precio medio
de los alquileres registrado en los últimos
años (Gráco 7). Además, dado que el
mercado del alquiler privado funciona a
escalas que superan los límites territoriales
de Barcelona ciudad y área metropolitana,
puede especularse con que movimientos de
población asociados al aumento del precio
de los alquileres estarían resultando en el
desplazamiento de hogares energéticamente
vulnerables hacia otros municipios de las
cercanías de Barcelona.
La mayor incidencia de pobreza energética
en hogares con vivienda alquilada puede
buscarse en la mayor precariedad laboral
y nanciera de algunos de estos hogares,
su menor renta disponible y también en
la escasez de posibilidades e incentivos
para invertir en la eciencia energética
de la vivienda. Este segundo aspecto es
especialmente importante a la hora de
promover actuaciones encaminadas a mejorar
la eciencia energética de las viviendas,
dadas las limitaciones que los contratos de
alquiler imponen, la necesidad de contar con
el propietario del alquiler y el riesgo de que
el hogar originalmente beneciario de esa
actuación acabe saliendo de esa vivienda
tras la intervención ya sea por un cambio en
sus circunstancias o por un aumento en el
precio de alquiler justicado precisamente
por las mejoras introducidas. Este efecto se
ha empezado a denominar en inglés con el
término renoviction5 (Tirado Herrero, 2013b)
5 De renovation (rehabilitación) y eviction (desahucio)

31
% de hogares Número de personas
BARCELONA 100% 1.535.000
Régimen de tenencia
En propiedad sin hipoteca 46% 709.000
En propiedad con hipoteca 19% 326.000
En alquiler o realquiler a precio de mercado 27% 405.000
En alquiler o realquiler a precio inferior al de mercado 4% 49.000
En cesión gratuita 4% 46.000
Tipo de hogar2
Hogares unipersonales 32% 218.000
Hogares sin niños dependientes económicamente 41% 636.000
Un adulto con al menos un niño dependiente 4% 58.000
Hogares con niños dependientes y más de un adulto 24% 623.000
Riesgo de pobreza
Sí 8% 97.000
No 92% 1.439.000
Tabla 9. Porcentaje de hogares y número en Barcelona (2016) de acuerdo con los criterios empleados para el
análisis desagregado de los indicadores principales de pobreza energética.
Fuente: ECV 2016
Nota: 1 La población total de Barcelona (1.536.109) es la obtenida directamente de multiplicar los factores de
elevación de los 799 hogares residentes en Barcelona de la ECV por el número de miembros de cada hogar. Es
ligeramente inferior a la recogida por el Padrón Municipal de Habitantes para 2016 (1.608.710 habitantes); 2 Las
categorías denidas en esta tabla proceden de una reclasicación de las 15 tipologías de hogar originales de la
ECV 2016, que se han condensado en las cuatro mostradas en esta tabla.
que se puede traducir como desahucio
por rehabilitación de la vivienda. Aunque
la evidencia disponible es escasa, se ha
documentado miedo a desahucio o subida
del precio de alquiler por solicitar mejoras en
la vivienda como consecuencia de la desigual
relación de poder entre propietario e inquilino
(Ambrose et al., 2016). Se postula también la
existencia de nuevos procesos de acumulación
de capital por medio de la eciencia energética
de activos inmobiliarios (Bouzarovski, 2016)
que podrían ser relevantes en ciudades-nodo
en la red de ujos globales de capital y con
tensiones en el mercado de la vivienda como
Barcelona.
Por el lado de las tipologías de hogar por
composición sociodemográca, el aspecto
más reseñable es la mayor incidencia de
condiciones asociadas a la pobreza energética
en hogares constituidos por un adulto con al
menos un niño dependiente. Especialmente
reseñable son los valores del indicador de
dos o más retrasos en el pago de facturas,
que es varias veces superior al promedio
tanto en Barcelona como en Cataluña y
España. Estos resultados tienen que ser leídos
necesariamente en términos de desigualdades
de género puesto que esta tipología de
hogares están en su mayoría encabezados por
mujeres y evidencian una de las vías en las que
el género se expresa como factor “olvidado”
de vulnerabilidad energética (González Pijuan,
2017). Las causas son múltiples y tienen que
ver con la mayor precariedad laboral de las
mujeres, que se traduce en forma de brecha
salarial y más dicultades en el acceso a
trabajos estables y de mejor calidad, con la
mayor demanda de servicios de la energía
por las actividades de cuidado de niños, la
dicultad en el acceso a viviendas de calidad o
la escasez de ayudas especícas.
Se observa también en la Tabla 8
porcentajes mayores que la media en
hogares unipersonales incapaces de
mantener su vivienda a una temperatura
adecuada, que se puede relacionar con
el hecho de que personas viviendo solas

32
6.1.3 Pobreza energética e inseguridad residencial
Un aspecto poco explorado hasta el momento
en la literatura especializada es la relación
entre pobreza energética e inseguridad
residencial (Bone, 2014; Módenes Cabrerizo,
2017). La hipótesis de partida es que hogares
que experimentan dicultades para conseguir
un nivel adecuado de servicios de energía
doméstica son también más proclives
a al riesgo de sufrir un desahucio de su
vivienda habitual. Se trata de dos tipos de
precariedades estrechamente relacionadas
con la vivienda como espacio clave para la
reproducción social cuyas condiciones son
fundamentales para garantizar una vida digna.
Para el análisis cuantitativo presentado en este
informe, la inseguridad residencial se entiende
a través de indicadores referidos al retraso
Gráco 8. Porcentaje de personas con retrasos en el pago de alquiler o hipoteca para diferentes escalas desde
Barcelona hasta el conjunto de la UE (2016).
Fuente: Eurostat y ECV 2016
Nota: La comparación se realiza sobre el porcentaje de personas dado que es la única unidad de medida
disponible que permita el contraste con los datos de Eurostat. Datos de hogares con alquiler o hipoteca no
disponibles para la UE. El porcentaje total para la UE es de 2015 (último año disponible en Eurostat).
no disfrutan de economías de escala en el
reparto de los costes de vivienda, energía,
telecomunicaciones, etc.
El tercer criterio de desagregación de
resultados (riesgo de pobreza monetaria)
ofrece los resultados esperados ya que
los hogares cuyos ingresos por unidad de
consumo están debajo del 60% de la mediana
en España tienen mayor probabilidad de pasar
frío en la vivienda y, especialmente, sufrir
dos o más retrasos en el pago de facturas.
Este patrón es consistente con los resultados
de la incidencia de pobreza desagregados
por clases sociales de la Encuesta de Salud
Pública de Barcelona en 2016 (Agència de
Salut Pública, 2017).
En resumen, de acuerdo con los resultados
desagregados, para 2016 se puede observar
una mayor concentración de pobreza
energética en tres categorías de hogares:
viviendo en pisos de alquiler (sobre todo a
precio de mercado), hogares constituidos
por un adulto (normalmente una mujer) con
niños dependientes y hogares en riesgo de
pobreza monetaria. Se trata, como se puede
ver en la Tabla 9, de segmentos poblacionales
minoritarios pero signicativos ya que su
tamaño es de decenas o centenares de miles
de personas.

33
Tabla 10. Número de casos y personas en Barcelona (2016) que experimentan condiciones asociadas a la
pobreza energética y con retraso en el pago de alquiler o hipoteca.
Fuente: ECV 2016
Nota: de forma excepcional algunas cifras de personas afectadas se expresan en unidades de mil
Indicador Número de
casos
Número de personas (elevado
poblacionalmente)
Vivienda con temperatura inadecuada 74 110.000
Retrasos en el pago de recibos 49 70.000
Retrasos en pago de alquiler o hipoteca 32 70.000
Temperatura inadecuada y retrasos en el pago de recibos 17 Decenas de miles de personas
Temperatura inadecuada y retrasos en el pago de
hipoteca o alquiler
10 Miles de personas
Retrasos en el pago de recibos y de alquiler o hipoteca 20 Decenas de miles de personas
Temperatura inadecuada y retrasos en el pago de recibos
y de alquiler o hipoteca
6 Miles de personas
Gráco 9. Representación visual del número y porcentajes de personas recogidos en la. El tamaño de los
círculos es proporcional a los valores recogidos para cada categoría.
Fuente: ECV 2016
Nota: El tamaño de círculos e intersecciones son proporcionales al número de casos registrados para cada
categoría.

34
Barcelona es un caso único como ciudad ya
que dispone de dos encuestas representativas
a escala de ciudad (la EVCV 2016 y la ESPB
2016) con preguntas especícas sobre pobreza
energética. Además cuenta con una encuesta
especíca hecha a ciudadanos usuarios de
servicios sociales6: la Encuesta de Condiciones
de Vida a usuarios de Servicios Sociales
(ECVUSS 2016). Esta riqueza de fuentes de
información estadística permite hacer una
comparativa para los mismos indicadores
de pobreza energética entre escalas que
van desde la UE hasta la submunicipal. Los
resultados de esta comparación se muestran
en el Gráco 10. De forma excepcional, los
datos agregados se expresan en porcentaje
de personas (y no de hogares) para permitir
la comparación con las cifras de Eurostat,
que únicamente están disponibles en esta
unidad en su página web. Para ello las
cifras calculadas a partir de hogares en
ECV 2016 y ECVUSS 2016 están elevadas
poblacionalmente con sus respectivos factores
de elevación y número de miembros de cada
hogar encuestado.
Los resultados muestran una mucho mayor
incidencia de pobreza energética entre
usuarios de servicios sociales de Barcelona,
según los tres indicadores basados en
percepciones y declaraciones de hogares.
De hecho, en este subgrupo poblacional es
entre 7 y 10 veces más probable encontrar
una persona afectada que en el conjunto de
la población de Barcelona. Estos porcentajes
son también signicativamente más elevados
que los de Cataluña, España y la UE. Tales
resultados son esperables dada la mayor
6.2 Encuesta de Condiciones de Vida a Usuarios de
Servicios Sociales (ECVUSS 2016)
6.2.1 Cifras principales
6 El universo muestral de la ECVUSS no es, sin embargo, el conjunto de hogares y personas atendidas por
servicios sociales sino aquellos que se considera tienen unas determinadas capacidades para contestar la
encuestas. Deben interpretarse las cifras recogidas en este apartado con esta cautela.
en el pago del alquiler o de la hipoteca de la
vivienda principal. Como puede verse en el
Gráco 9, los niveles de afectación medidos
a través del porcentaje personas viviendo en
hogares que han tenido uno o más retrasos
en el pago del alquiler o la hipoteca son
similares (en torno al 5% de la población) en
todas las escalas consideradas. Cuando solo
se consideran los hogares expuestos a este
riesgo por habitar en viviendas de alquiler o
ser titulares de un préstamo hipotecario para
su vivienda habitual, los niveles de afectación
son superiores. Para la ciudad de Barcelona,
se trataría de un 8% de la población residentes
en vivienda de alquiler o con hipoteca,
un porcentaje equivalente de decenas de
miles de personas – unas 70.000 según un
cálculo hecho con los factores de elevación
poblacional y número de miembros de cada
hogar encuestado. De éstos, una mayoría
declaraban tener un solo retraso frente a dos
o más retrasos en el pago del alquiler o la
hipoteca en los últimos 12 meses (5% frente al
3% de personas) según datos de 2016.
Una mayoría de esas decenas de miles de
barceloneses con inseguridad residencial
también estarían declarando retrasos en
el pago de recibos de suministros básicos
de la vivienda (Gráco 9). Este resultado
es esperable dado que los hogares en
dicultades se ven a menudo forzados a tomar
una decisión difícil a la hora de elegir entre
dejar de pagar suministros y arriesgarse a una
desconexión y dejar de pagar el alquiler o la
hipoteca y exponerse al riesgo de desahucio.
El nivel de solapamiento de estas dos
variables con la de temperatura inadecuada
es relativamente bajo, lo que indica que hay
muchos hogares que no puedan calentar
sucientemente su vivienda en invierno que no
están teniendo que dejar de pagar facturas,
alquiler o hipoteca.

35
Gráco 10. Porcentaje de personas afectadas para diferentes escalas desde usuarios de servicios sociales de
Barcelona hasta el conjunto de la UE (2016).
Fuente: Eurostat, ECV 2016 y ECVUSS 2016
Nota: Los valores para la UE son de 2015
vulnerabilidad de los hogares atendidos
por servicios sociales y justican también
la inversión de recursos públicos en estos
hogares y personas. Su nivel de precariedad
económica viene conrmada por los mismos
datos de la ECVUSS 2016, que indican que el
83% de los encuestados llegaba a n de mes
con dicultad o mucha dicultad. Todos estos
valores explican que una parte importante de
los hogares atendidos por pobreza energética
en la ciudad estén siendo localizados a través
de servicios sociales.
En términos absolutos, de las 17.809 personas
que componen los 6.624 hogares encuestados
por la ECVUSS 2016 en Barcelona, 9.859
ocupaban viviendas con temperaturas
inadecuadas, 8.605 formaban parte de un
hogar con retraso en el pago de recibos y
7.387 tenían problemas de humedad en su
vivienda. Los valores recogidos en la Tabla
11 y en el análisis de codependencias entre
los indicadores principales del Gráco 12
muestran además elementos diferenciales
de la población atendida por servicios
sociales. Por una parte, entre los hogares que
declaran tener retraso en el pago de recibos
hay una proporción mucho más elevada de
aquellos que no pudieron pagar sus facturas
a tiempo en los últimos 12 meses, ya sea
una dos, o más veces. También muestra un
fracción muy importante de hogares (23%
de los encuestados, que representan a 4.917
personas) que expuestos a temperaturas están
inadecuadas en su vivienda durante los meses
fríos y que han tenido dos o más retrasos en
el pago de las facturas en comparación con
las cifras totales para todos los residentes
en Barcelona (ver Tabla 4). Este subgrupo
se considera especialmente afectado por
la pobreza energética y está más expuesto
al riesgo de desconexión de suministros
básicos. De hecho, una conclusión que puede
extraerse de este análisis es que si un hogar
atendido por servicios sociales declara tener
dicultades asociadas al consumo doméstico
de energía es bastante probable que tenga
bajas temperaturas en su vivienda y que
además esté en dicultades importantes
para pagar los suministros regularmente. Sin
embargo, no pueden presentarse estadísticas
de desconexión de suministros como en el
caso de la ECV 2016 (apartado 6.1.1), porque
la ECVUSS no dispone de estos datos.

36
Gráco 11. Representación visual del número y porcentajes de personas recogidos en la Tabla 11.
Fuente: ECVUSS 2016
Nota: El tamaño de círculos e intersecciones son proporcionales al número de casos registrados para cada
categoría.
Tabla 11. Porcentaje de hogares, número de personas afectadas por una o varias condiciones asociadas a la
pobreza energética; usuarios de servicios sociales de Barcelona (2016).
Fuente: ECVUSS 2016
Indicador % hogares sobre el
total
Nº de personas
Temperatura inadecuada en la vivienda 51% 9.859
Un retraso en el pago de recibos 4% 908
Dos retraso en el pago de recibos 35% 7.697
Temperatura inadecuada en la vivienda y un retraso en
el pago de recibos
3% 569
Temperatura inadecuada en la vivienda y dos o más
retrasos en el pago de recibos
23% 4.917
A diferencia de la ECV 2016, la ECVUSS
2016 sí dispone de información sobre los
gastos e ingresos del hogar7. Esto permite
hacer un análisis del esfuerzo – medido como
porcentaje de sus ingresos disponibles – que
tienen que hacer los hogares atendidos por
servicios sociales para conseguir el nivel de
servicios de energía doméstica que cada uno
de ellos puede permitirse. Se recuerda que
estas cifras son de gastos reales, al contrario
de las utilizadas en las estadísticas ociales
de Inglaterra como el indicador Low Income
– High Cost, que emplea una cifra de gastos
teóricos necesarios para mantener un régimen
de confort térmico adecuado calculados
para cada hogar encuestado en función de
las características de la vivienda y del uso
por medio de modelos (DECC/BRE, 2016;
Hills, 2012). Esta precisión es especialmente
importante en el caso de la ECVUSS ya que
7 La muestra de ECVUSS no es completa para todas las variables analizadas. Hay un número signicativo
de casos en los que no hay datos disponibles para renta del hogar o gastos en electricidad, gas y otros
combustibles, agua, etc. Los hogares con un valor nulo o negativo de ingresos anuales según las variables
RENTA_NET y RENTA_INTEROP no se han considerado a la hora de hacer estos cálculos. Se considera
que no se dispone de información sobre la renta de ese hogar aunque en algunos casos los ingresos de
ese hogar puedan ser efectivamente cero o negativos.

37
se sabe los usuarios de servicios sociales
tienden a racionar su consumo de servicios
energéticos más que el promedio de la
población de Barcelona,como demuestra
por ejemplo el hecho de que el 51% de
los encuestados por la ECVUSS residía en
viviendas con temperaturas inadecuadas
en los meses fríos. Por tanto, los gastos
reales estarán más alejados de algún tipo de
nivel ideal de confort térmico y de consumo
adecuado de otros servicios domésticos de la
energía previamente denido.
Hecha esta precisión, el análisis de la
proporción de hogares en los que el peso de
los gastos en energía sobre sus ingresos es
desproporcionado es especialmente elevada
entre usuarios de servicios sociales. Como
puede verse en el Gráco 12 más del 40%
de estas unidades familiares gasta más del
10% de sus ingresos anuales en energía
doméstica, y hasta el 20% destina más de
un quinto de sus ingresos a estas facturas.
En comparación, en 2014 un 15% de los
hogares españoles gastaba más del 10% de
sus ingresos en energía doméstica y tan solo
el 3% de los encuestados más de un 20%
(Tirado Herrero et al., 2016). Esto valores
señalan que los usuarios de servicios sociales
de Barcelona soportan un carga energética
signicativamente mayor que la del promedio
del Estado. Se ha de tener aquí también la
precisión metodológica hecha anteriormente:
que una parte – incluso quizás una mayoría –
de los hogares atendidos por servicios sociales
están racionando su consumo y cubriendo
de manera inadecuada sus necesidades de
servicios energéticos en el hogar precisamente
por su condición de vulnerables (Tirado
Herrero, 2017). Es decir, se piensa que si
pudieran permitirse un gasto en energía sin
tantas restricciones (como el que hacen
los consumidores que disfrutan de mejores
circunstancias), los porcentajes de afectación
en el Gráco 12 podrían ser más elevados.
Gráco 12. Porcentaje de hogares cuyo gasto en energía doméstica está por encima de un determinado
porcentaje de sus ingresos anuales.
Fuente: ECVUSS 2016

38
De forma similar a la desagregación llevada
a cabo para los resultados de la ECV 2016
(apartado 6.1.2), se presentan aquí datos para
indicadores ECVUSS clave desagregados en
primer lugar por régimen de tenencia (Tabla
12). Aunque las categorías son ligeramente
diferentes de las mostradas en la Tabla 8,
nuevamente aparecen los hogares viviendo
en régimen de alquiler como subgrupo con
mayor porcentaje de afectación. Al contrario
de la población general de Barcelona en la que
domina la vivienda en propiedad, el subgrupo
de hogares que viven de alquiler es mayoritario
entre usuarios de servicios sociales ya que
representa el 59% de los encuestados de la
ECVUSS 2016. Estos datos señalan que la
doble precariedad – energética y habitacional –
que es una de las características denitorias de
la pobreza energética urbana de la ciudad de
Barcelona, se maniesta con mayor intensidad
en el caso de los ciudadanos que necesitan del
apoyo de servicios sociales.
Para la desagregación por criterios de renta8
los datos muestran gradientes más o menos
pronunciados de afectación, con cifras de
incidencia más reducidas hacia los deciles de
rentas más altas (Gráco 13). Especialmente
intenso es el gradiente del indicador de carga
energética superior al 20%9, que muestra
que más del 80% de los hogares en mayor
precariedad nanciera (deciles 1 y 2) destinan
más de un quinto de sus ingresos a pagar sus
facturas energéticas, y que a pesar de ello
en torno a un 60% es incapaz de mantener
su vivienda a una temperatura adecuada en
los meses fríos. Por otra parte, incluso en los
deciles más altos como 9 y 10 encontramos un
30 a 40% de encuestados con viviendas frías
y un 10 a 20% de retrasos múltiples en el pago
de recibos.
Por su parte, para explorar las desigualdades
de género se muestran los datos desagregados
de ayudas por pobreza energética en servicios
sociales en Barcelona en 2015 en función
6.2.2 Resultados desagregados
Tabla 12. Porcentaje de hogares usuarios de servicios sociales en Barcelona (2016) afectados según indicadores
principales de pobreza energética, desagregados por régimen de tenencia de la vivienda.
Fuente: ECVUSS 2016
Nota: se marcan en gris las celdas en las que el valor del indicador valor supera al del promedio correspondiente.
% de hogares
Temperatura
inadecuada
Un retraso en
recibos
Dos o más
retrasos
Carga
energética >
20% ingresos
anuales
Promedio de ECVUSS 2016 51% 4% 35% 20%
Régimen de tenencia
En propiedad 40% 3% 27% 16%
En alquiler o realquiler a precio
de mercado
58% 6% 43% 23%
En alquiler o realquiler a precio
inferior al de mercado
56% 6% 39% 22%
En cesión gratuita 47% 2% 25% 19%
Habitación de alquiler 49% 2% 13% 20%
8 Renta equivalente (por unidad de consumo) calculados a partir de la variable RENTA_NET. Ésta
corresponde a los ingresos declarados por los encuestados frente a la fuente alternativa de datos sobre
ingresos procedentes de fuentes ociales.
9 Para este cálculo se ha empleado la variable de ingresos declarados en la encuesta (RENTA_NET) porque
tiene más datos disponibles a pesar de subestimar los ingresos de hogares.

39
Gráco 14. Ayudas por distrito y sexo del demandante, Barcelona (2015).
Fuente: González Pijuan (2017)
Gráco 13. Porcentaje de hogares usuarios de servicios sociales en Barcelona (2016) afectados según
indicadores principales de pobreza energética, desagregados por deciles de renta.
Fuente: ECVUSS 2016
del sexo del demandante (Gráco 14). De
forma sistemática, en todos los distritos de
la ciudad se observa una mayor proporción
de mujeres solicitantes de ayudas, que
complementa la evidencia sobre la mayor
vulnerabilidad de hogares monomarentales
presentada en el apartado 6.1.2. La cuestión
de género no se reduce exclusivamente a este
tipo de hogares, y los datos del Gráco 14 y
la experiencia de entidades como la Alianza
contra la Pobreza Energética indican que son
las mujeres las encargadas de salir en busca
de apoyos externos cuando su unidad familiar,
sea monomarental o no, se encuentran en
dicultades para hacer frente al pago de las
facturas de suministros básicos.

40
Los datos disponibles en la ECVUSS 2016
permiten añadir detalle al análisis cruzado
entre indicadores de pobreza energética e
inseguridad residencial iniciado en el apartado
6.1.3. El indicador de inseguridad residencial
es nuevamente el de retraso en el pago de
alquiler o de hipoteca. La ECVUSS 2016
permite además desagregar entre estas dos
categorías (alquiler e hipoteca), algo que no
era no posible con los datos de la ECV 2016.
Por tanto, del total de usuarios de servicios
sociales encuestados, este análisis se reere
de forma diferenciada a las 1.681 personas
que habitan viviendas de su propiedad con
hipoteca y a las 11.391 que viven de alquiler
(a precio de mercado o por debajo del precio
de mercado). Son por tanto una mayoría
(13.072 personas) de la población estadística
de 17.809 personas que habitan en los 6.624
hogares encuestados por la ECVUSS 2016.
Los resultados indican en primer lugar
niveles signicativamente más elevados de
inseguridad residencial entre usuarios de
servicios sociales en comparación con la
población total de Barcelona y también con
los promedios para Cataluña, España y la UE.
En concreto, el 38% de todas las personas
atendidas por servicios sociales y el 52% con
alquiler o hipoteca declararon tener retrasos
en el pago de estos dos conceptos durante
los últimos 12 meses, como puede verse en el
Gráco 8. Estas cifras proporcionan evidencia
de la extensión del problema en este subgrupo
poblacional y también de las múltiples facetas
de la vulnerabilidad de los hogares atendidos
por servicios sociales en Barcelona.
Los resultados desagregados (Tabla 13 y
Tabla 14) indican también mayores niveles de
inseguridad residencial en hogares que viven
de alquiler, tanto términos relativos (47% de
hogares con vivienda de alquiler frente al
15% de hogares con vivienda en propiedad)
como absolutos (5.865 afectadas en alquiler
frente a 880 con vivienda en propiedad.
Estas cifras son consistentes con el análisis
de inseguridad residencial para España y la
UE de Módenes Cabrerizo (2017) en el que
se observaba que hogares en viviendas de
alquiler, monomarentales y constituidos por
personas extranjeras o en paro estaban más
afectadas que el conjunto de la población.
Se observa también un elevado grado de
coincidencia entre hogares que no pueden
pagar los recibos de suministros básicos y la
hipoteca o el alquiler (Gráco 16 y Gráco 18).
6.2.3 Pobreza energética e inseguridad residencial
Gráco 15. Porcentaje de personas con retrasos en el pago de alquiler o hipoteca para diferentes escalas desde
usuarios de servicios sociales de Barcelona hasta el conjunto de la UE (2016).
Fuente: Eurostat y ECV 2016
Nota: La comparación se realiza sobre el porcentaje de personas dado que es la única unidad de medida
disponible que permita el contraste con los datos de Eurostat. Datos de hogares con alquiler o hipoteca no
disponibles para la UE. El porcentaje total para la UE es de 2015 (último año disponible en Eurostat).

Gráco 17. Representación visual del grado de solape entre categorías para hogares
con vivienda de alquiler (número y porcentajes de personas recogidos en la Tabla 14).
Fuente: ECVUSS 2016
Nota: El tamaño de círculos e intersecciones son proporcionales al número de casos
registrados para cada categoría.
Tabla 14. Porcentaje de hogares, número de personas afectadas por una o varias
condiciones asociadas a la pobreza energética y por dicultades en el pago del
alquiler; hogares con vivienda de alquiler que son usuarios de los servicios sociales
municipales de Barcelona (2016).
Fuente: ECVUSS 2016
Indicador % hogares con
vivienda de
alquiler
Nº de
personas
Temperatura inadecuada 57% 6.882
Retraso en el pago de recibos 48% 6.290
Retraso en el pago de alquiler 47% 5.865
Retrasos en pago de recibos y retraso en alquiler 35% 4.532
Temperatura inadecuada y retraso en alquiler 29% 3.715
Temperatura inadecuada y retraso en pago de recibos 31% 4.153
Temperatura inadecuada, retraso en el pago de recibos
y retraso en alquiler
22% 3.017
Gráco 16. Representación visual del grado de solape entre categorías para hoagres
con vivienda en propiedad e hipoteca (número y porcentajes de personas recogidos
en la Tabla 13).
Fuente: ECVUSS 2016
Nota: El tamaño de círculos e intersecciones son proporcionales al número de casos
Tabla 13. Porcentaje de hogares, número de personas afectadas por una o varias
condiciones asociadas a la pobreza energética y por dicultades en el pago de
cuotas hipotecarias; hogares con vivienda en propiedad y con hipoteca que son
usuarios de los servicios sociales municipales de Barcelona (2016).
Fuente: ECVUSS 2016
Indicador % hogares con
vivienda en
propiedad
Nº de
personas
Temperatura inadecuada 53% 928
Retraso en el pago de recibos 57% 1,033
Retraso en el pago de hipoteca 49% 880
Retrasos en pago de recibos y retraso en hipoteca 40% 721
Temperatura inadecuada y retraso en hipoteca 30% 336
Temperatura inadecuada y retraso en pago de recibos 34% 331
Temperatura inadecuada, retraso en el pago de recibos
y retraso en el pago de la hipoteca
25% 467

42
Tabla 15. Porcentaje de hogares usuarios de servicios sociales en Barcelona que tienen previsto cambiar
su vivienda en los próximos 6 meses (2016) afectados según indicadores principales de pobreza energética,
desagregados por motivo para el cambio de vivienda.
Fuente: ECVUSS 2016
Nota: se marcan en gris las celdas en las que el valor del indicador valor supera al del promedio correspondiente.
% de hogares
Temperatura
inadecuada
Retrasos en el
pago de recibos
Promedio de hogares que piensan cambiar de domicilio en los
próximos 6 meses ECVUSS 2016
60% 47%
Razones para cambio de domicilio
El propietario le ha noticado la nalización del contrato 51% 42%
No tienen contrato formal y el propietario le ha noticado que
tiene que abandonar la vivienda
62% 44%
Desahucio / embargo 62% 60%
Problemas económicos 60% 51%
Motivos familiares 56% 39%
Motivos laborales 39% 0%
Mejora de la calidad de la vivienda (más espacio, sin
humedades, más luz, mejor comunicado...)
62% 43%
El 22% de los hogares atendidos por servicios
sociales y viviendo en alquiler, y 25% con
vivienda en propiedad e hipoteca, declaraban
tener temperaturas inadecuadas en la vivienda
y retrasos en el pago de recibos y del alquiler o
hipoteca simultáneamente.
Estos resultados no deben hacer subestimar
el riesgo que corren las familias con piso
en propiedad al no poder hacer frente a su
hipoteca de forma regular. El impacto de
un desahucio es muy signicativo ya que
implicada pérdida de la vivienda y de la
inversión realizada y la posibilidad de tener que
frente a la deuda derivada de la expropiación
y subasta extrajudicial de la vivienda por un
porcentaje del valor de compra. En España,
el impacto de ejecuciones hipotecarias y
desahucios sobre el bienestar de la población
española desde 2008 ha sido y sigue siendo
signicativo, como recogen estudios de salud
pública (Gili et al., 2013; Rajmil et al., 2015).
La ECVUSS 2016 dispone también de una
pregunta referida a las motivaciones del
17% de hogares que tiene previsto cambiar
de domicilio en los 6 meses posteriores a la
realización de la encuesta. Al desagregar los
resultados por motivaciones, se observan
niveles de pobreza energética más elevados de
los esperados en categorías correspondientes
a problemas económicos y precariedad
residencial. Es signicativo que un 60% de
los hogares que tenía previsto un cambio de
domicilio por desahucio o embargo declaraba
tener también retraso en el pago de recibos de
suministros básicos.

43
Los Puntos de Atención a la Pobreza
Energética (PAPE) son un proyecto piloto
llevado a cabo entre 30 de noviembre de
2015 y el 31 de marzo de 2016 en los que
se pusieron a prueba los protocolos de
actuación para la protección de los derechos
de los consumidores vulnerables que desde
principios de 2017 llevan a cabo los Puntos
de Asesoramiento Energético (PAE) del
Ayuntamiento de Barcelona. Fueron puestos
en marcha por la Fundació Acció, Benestar
i Desenvolupament (ABD) y la Associació
Ecoserveis inicialmente en los distritos de
Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí y
posteriormente también se abrió un punto en
el barrio de La Marina del distrito de Sants-
Montjuïc. La selección de estas unidades
territoriales se justica por ser zonas donde se
concentran tasa elevadas de paro, rentas bajas,
viviendas degradadas, casos de desahucio y
población en riesgo de exclusión residencial.
Durante los meses en que estuvieron en
funcionamiento los PAPE atendieron 993
personas fueron atendidas en front oce
y, de éstas, 540 recibieron asesoramiento
individualizado en ocina. Además, una
pequeña parte (102 personas) se beneció de
intervenciones en su domicilio. Dado el carácter
y función de los PAPE puede suponerse que
la mayoría de los hogares se encuentran en
pobreza energética, o en riesgo de estarlo. Se
trataría por tanto de hogares vulnerables como
demuestra el hecho de que casi dos tercios
llegaran a los PAPE derivados desde ocinas
de servicios sociales y Ocines d`Habitatge
del Ayuntamiento y que en un 60% de ellos
se encontraban con todos sus miembros en
paro. Se trata de un perl por tanto similar
al de los hogares de la ECVUSS 2016 y que
no representa al ciudadano promedio de
Barcelona sino a aquellos consumidores con
mayor grado de dicultad para hacer frente a
sus facturas de suministros básicos.
Los datos que se muestran y analizan en
este apartado proceden en su totalidad del
informe Resultats de la Prova Pilot de Punts
d’Atenció a la Pobresa Energètica (Fundació
ABD/Associació Ecoserveis, 2016a) preparado
por las dos organizaciones encargadas del
proyecto.
Las encuestas completadas por las 993
personas atendidas por los PAPE proporcionan
información casi única sobre aspectos como
cortes de suministro por impago o prácticas
agresivas de las comercializadoras. Un total
de 211 personas (21% del total) declaraban
haber sufrido un corte de suministro o haber
recibido un aviso de corte por parte de alguna
suministradora. De éstos, una mayoría de
cortes o avisos (35%) se refería al contrato
de electricidad seguido del de agua (20%).
Además, casi un 30% de los 211 declaraba
tener problemas con más de un suministro,
Resultados II:
registros de
proyectos e
intervenciones
7.
7.1 Hogares atendidos en Puntos de Atención a la
Pobreza Energética (PAPE)

44
Gráco 18. Porcentaje de personas atendidas por PAPE que reeren tener cortes o avisos de corte,
desagregados por tipo de suministro.
Fuente: Fundación ABD/Associació Ecoserveis (2016)
Tabla 16. Tipo y número de acciones llevadas a cabo por las PAPE en los distritos de Nou Barris, Sant Andreu,
Sant Martí y Sants-Montjuïc durante su tiempo de funcionamiento.
Fuente: Fundación ABD/Associació Ecoserveis (2016)
Acción llevada a cabo por los PAPE Número de casos
Bono social eléctrico tramitado 41
Bonicaciones de la Agència Catalana de l’Aigua tramitadas 12
Servicio extra en contratos de gas dados de baja 50
Cambios de comercializadora del mercado libre al mercado regulado (electricidad) 44
Cambios de comercializadora del mercado libre al mercado regulado (gas natural) 26
y de éstos la mitad (un 14% del total)
refería cortes o avisos de corte para los tres
suministros básicos en lo que sería un grado
máximo de vulnerabilidad de acuerdo con este
criterio.
Puede especularse con razones de diferente
tipo para el mayor número de cortes o avisos
en el suministro eléctrico. Una razón obvia,
que también es válida para el agua corriente,
es que la práctica totalidad de los hogares
necesitan y utilizan este suministro en su
vida diaria, ya sea porque la conguración
su vivienda no permite el uso de gas para
ciertos usos como calefacción, agua caliente
o cocina. Este sería el caso de viviendas
de alquiler en las que no hay sistemas
de calefacción preinstalados o donde el
calentador de agua y la cocina son eléctricos.
Puede tratarse también de una decisión
propia de los hogares para, por ejemplo,
tener que hacer frente a menos recibos, cada
uno de los cuales lleva asociado un término
jo que se ha de pagar con independencia
de los kWh o metros cúbicos consumidos.
La preponderancia de la electricidad en las
estadísticas de cortes y avisos también puede
deberse a que se trata del tipo de energía
doméstica más cara en euros por kWh y por
tanto tiende a ser la factura de suministro más
elevada de los hogares.
De los 396 contratos con cortes o avisos
de corte detectados en los meses de
funcionamiento de los PAPE se evitaron 149
(un 38% del total) aplicando los criterios de la
ley 24/2015. Además, se llevaron a cabo una
serie de gestiones encaminadas a aumentar
la protección de los consumidores y reducir el
importe de sus facturas, como se muestra en
la Tabla 16. Estos datos evidencian que hay
consumidores que estaban más expuestos

45
Gráco 19. Viviendas de hogares intervenidas por año de construcción y por categoría energética calculada.
Fuente: Fundació ABD/Associació Ecoserveis (2016)
a una desconexión de lo que deberían y
soportando facturas más cuantiosas de lo
necesario, ya sea por desconocimiento de
sus derechos o por causa de las prácticas
comerciales de las suministradoras. Este
es claramente el caso de los contratos de
mercado libre y de los servicios extra en
contratos de gas (por ejemplo, seguros
de mantenimiento) que tienen periodos de
permanencia obligatorios y no pueden dejar de
pagarse al cambiar de comercializadora o dar
de baja el suministro.
Por su parte, los datos recogidos por
trabajadores de los PAPE en 102 hogares
en los que se llevó cabo intervenciones
a domicilio permiten observar aspectos
sobre las características estructurales
de la edicación y sus equipamientos
relacionados con el consumo de energía
doméstica, así como con su medida. Se trata
de situaciones especialmente complejas o
urgentes que justicaban este mayor grado de
involucramiento por parte de los PAPE.
De acuerdo con este trabajo se observa que
una mayoría de las viviendas en estos distritos
fueron construidas antes de 1979 y por tanto
antes de que existiesen requerimientos sobre
la eciencia energética de edicios. Como
consecuencia, una mayoría de las viviendas
intervenidas fueron clasicadas en las
categorías de alto consumo energético (niveles
F o G según escala de etiquetado energético
vigentes en este momento) – ver Gráco 19.
Los datos recogidos también indican
predominancia en el uso de electricidad para
usos energéticamente intensivos como la
generación de calor para cocina, agua caliente
y calefacción. Es notable la proporción de
estufas y radiadores eléctricos (69%) sobre el
total y es preocupante la ausencia de sistemas
de calefacción en el 18% de los 102 hogares
intervenidos. La proporción de calentadores de
agua eléctricos (30%) y de cocinas eléctricas,
ya sean vitrocerámicas o de resistencia (31%),
es también elevada. Puede suponerse que
muchos consumidores vulnerables residentes
en Barcelona se encuentran en estas
circunstancias, que no es ni mucho menos
única de los 102 hogares intervenidos por los
PAPE (Gráco 21).
Estos consumidores tienen una capacidad
limitada de sustituir equipamientos y tipos de
energía (por ejemplo, instalar gas natural para
calefacción) porque vive de alquiler, porque
no dispone de los medios económicos para
ello (por ejemplo, para sustituir una cocina
de resistencia eléctrica por una alimentada
por gas butano) o por desconocimiento
del elevado coste de utilizar electricidad
para estos usos. Esta tipología de hogares
atrapados en modos eléctricos de provisión
de calor es especialmente vulnerable a los
rápidos cambios que se están produciendo
en la comercialización del suministro por el
aumento de los precios de la electricidad por
Categoría energética Año de construcción de la vivienda

46
encima de la inación, la penetración de
contratos de mercado libre que comienzan
a aplicar principios complejos de taricación
horaria. Dichos cambios están ya generando
situaciones de exclusión y riesgo en
consumidores con más dicultades para
participar y beneciarse de los mismos o
incapaces de ajustar sus rutinas a las franjas
horarias en las que la electricidad es más
económica (Nicholls et al., 2017).
Un tercer elemento estructural de las
viviendas intervenidas son los contadores
de electricidad, una interfaz clave entre la
suministradora y el consumidor (Gráco
22). Llama la atención la gran proporción
de contadores físicamente situados fuera
de la vivienda, una parte de los cuales
probablemente es de difícil acceso para
el usuario por encontrarse, por ejemplo,
en cuartos de contadores para los se ha
de pedir permiso para entrar. La falta de
acceso al contador tiene consecuencias
porque no permite al consumidor visualizar
su consumo instantáneo o acumulado
ni informar a su comercializadora
de las lecturas reales, con el riesgo
correspondiente de que se produzcan
cobros que sobreestimen el gasto real. Los
contadores digitales son de poca utilidad
puesto que no proporcionan información
sobre el consumo en tiempo real. Sí
permiten acceder a consumos históricos a
través de la web de propietaria y operadora
de la red de distribución en Barcelona
(Endesa Distribución) donde pueden
obtenerse datos sobre el consumo ocurrido
hasta el mes anterior. Estos contadores,
que se pretende que estén instalados en
todos los puntos de consumo doméstico
de España en 2019 pero cuya existencia
es desconocida por una parte importante
de la población, están alterando la relación
entre el consumidor y comercializadoras
propietarias de la red de distribución y
los propios contadores (como Endesa en
Cataluña). Al tener acceso a información
muy detallada sobre los patrones de
consumo eléctrico de cada uno de sus
clientes están en una posición ventajosa
para ofrecer ofertas personalizadas que
no necesariamente benecian al cliente,
especialmente a los menos conocedores del
mercado libre de electricidad.
Las consecuencias de estos y otros factores
Gráco 20. Viviendas de hogares intervenidas por tipo
de energía empleada en usos que requieren la provisión
de calor al espacio doméstico.
Fuente: Fundación ABD/Associació Ecoserveis (2016)
Calefacción
Agua caliente corriente
Cocina

47
Gráco 21. Sistemas de calefacción en las viviendas de Barcelona.
Fuente: de Luxán García de Diego et al., 2017
de vulnerabilidad energética son los elevados
porcentajes de falta de confort térmico, que
para meses fríos está por encima de los
registrados entre usuarios de servicios sociales
(apartado 6.2.1). Se complementan con datos
reveladores sobre la mala calidad de viviendas
y equipamientos observada por los técnicos
de los PAE en estos hogares. Estas cifras
conrman la especial precariedad de este
subgrupo de102 hogares.
Gráco 22. Viviendas de hogares intervenidas por tipo y localización del contador eléctrico.
Fuente: Fundación ABD /Associació Ecoserveis (2016)
Localización del contador eléctrico Tipo de contador

48
Desde enero hasta el 31 de octubre de 2017
los PAE de la ciudad de Barcelona habían
atendido 7.176 personas (y a los miembros
de sus correspondientes hogares). Esta cifra
es la suma de las 6.915 personas que se
presentaron físicamente los PAE a solicitar
información más 260 que fueron atendidas
directamente en su vivienda por técnicos
de los PAE por tener movilidad reducida
o necesidad de acompañamiento de un
trabajador social. Considerando el tamaño
medio de un hogar en Barcelona, se puede
estimar que entre enero y octubre de 2017
los PAE habían dado apoyo a unas 18.000
personas10.
No todos los hogares atendidos por los PAE
se encuentran en pobreza energética, ya
que los puntos atienden también a personas
no vulnerables interesadas en reducir su
gasto en energía doméstica. En función de
las respuestas a preguntas especícas de
pobreza energética (indicadores basados en
percepciones y declaraciones de hogares
como los recogidos en la ECV 2016 y ECVUSS
2016) y sobre el estado de la vivienda o la
presencia de población vulnerable (menores
de 3 años, mayores de 65 años viviendo solas
o enfermos), se decide automáticamente la
intensidad de la actuación: asesoramiento
individualizado en ocina (hogares vulnerables)
o visitas e intervenciones en vivienda (hogares
muy vulnerables). Como puede verse en
la Tabla 18, 3.626 hogares (51% de los
atendidos) son hogares vulnerables atendidos
en ocina y 1.179 (un 16% del total) son
además muy vulnerables por requerir visita
e intervenciones en vivienda según criterios
propios de los PAE. Por esta razón, aunque
se trata de un servicio universal al que
cualquier ciudadano se puede acercar, una
mayoría de las personas atendidas (67% del
total atendido, o 4.805 casos) son hogares
vulnerables o muy vulnerables.
Como puede verse en la Tabla 19, una
de las funciones principales de los PAE
es evitar cortes de suministro cuando se
produce un aviso por impago por parte de la
suministradora. Los registros propios indican
que casi la mitad de los hogares (2.261)
considerados vulnerables o muy vulnerables
recibieron estos avisos pero tan solo una
mínima parte de ellos (107) resultaron en un
corte efectivo del suministro. Estos datos
evidencian la efectividad de la ley 24/2015
y de las gestiones realizadas por los PAE
principalmente por medio de la solicitud de
Informes de Exclusión Residencial (IRER), el
documento que según la ley 24/2015 impide la
desconexión.
7.2 Hogares atendidos por los Puntos de Asesoramiento
Energético (PAE)
10 Calculado sobre un tamaño medio del hogar de Barcelona de 2,55 personas según datos de la ECV
2016.
Tabla 17. Elementos destacados del diagnóstico realizado por los PAPE durante las intervenciones en domicilios
a hogares seleccionados.
Fuente: Fundació ABD /Associació Ecoserveis (2016)
Diagnóstico realizado por los PAPE % de hogares
Piso muy frío 79%
Piso muy caluroso 26%
Humedades detectadas 56%
Inltraciones de aires detectadas 77%
Equipamientos poco ecientes 75%
Equipamientos mal regulados 73%

49
Tabla 18. Cifras totales de personas/hogares atendidos por los PAE de Barcelona entre enero y octubre de 2017
desagregados por niveles de vulnerabilidad.
Fuente: UTE ABD/FABD/ECOSERVEIS
Número de casos % total atendidos
Total atendidos por PAEs 7.176 100%
Asesoramientos en ocina (hogares vulnerables) 3.626 51%
Visitas e intervenciones en vivienda (hogares muy vulnerables) 1.179 16%
Los datos recogidos indican también una
mayor proporción de avisos y cortes de
suministro eléctrico. Se pueden explicar por
la dependencia de los hogares respecto del
suministro eléctrico y podrían ser también
indicativos de la mayor beligerancia de las
compañías eléctricas a la hora de gestionar los
impagos de sus clientes.
Otras de las acciones reportadas por los
PAE son los cambios (bajadas) de potencia
contratada con el n de reducir la parte ja del
recibo de la electricidad. Se han llevado a cabo
1.217 de estas intervenciones que supone
un 25% de todos los hogares vulnerables y
muy vulnerables. Esta cifra evidencia la gran
cantidad de consumidores de todo tipo que
tiene más potencia contratada de la necesaria,
algo que es especialmente negativo en el caso
de hogares vulnerables. También subraya la
importancia de los PAE para asesorar en esta
decisión a consumidores que no conocen
esta particularidad de la factura eléctrica y
que pueden tener dudas o inseguridades si
se plantean una reducción de la potencia
contratada.
Cuando se representan temporalmente el
porcentaje de cortes detectados sobre avisos
puede verse un repunte en octubre de 2017,
especialmente en el caso del suministro
eléctrico (Gráco 23). Este incremento se
relaciona tentativamente con la promulgación
del Real Decreto 897/2017, del 6 de octubre,
por el que se regula la gura del consumidor
vulnerable, el bono social y otras medidas de
protección para los consumidores domésticos
de energía eléctrica. Al establecer esta ley de
rango estatal criterios para la denición de
consumidores vulnerables severos que son
menos exigentes que los de la ley 24/2015,
existen incentivos para que las suministradoras
se acojan al nuevo marco legislativo para
efectuar cortes por impago y acumulación de
deudas que bajo la ley catalana no estarían
realizando.
Los PAE también han detectado 691 casos
(un 13% del total de hogares vulnerables y
muy vulnerables) de llamadas, mensajes de
texto o cartas reclamando deuda acumulada.
Se trata de una problemática importante
por las dicultades que genera a lo largo del
tiempo para los consumidores afectados
incluso cuando ya se ha superado el corte
o el aviso de corte. Se recogen también una
cantidad signicativa de 431 conexiones
irregulares, que constituyen un 9% de
casos atendidos en hogares vulnerables y
muy vulnerables (Tabla 20). Estos casos se
Tabla 19. Cifras avisos de corte y cortes detectados en hogares atendidos por los PAE de Barcelona entre enero
y octubre de 2017.
Fuente: UTE ABD/FABD/ECOSERVEIS
Avisos
de corte
detectados
Casos % de hogares
vulnerables o muy
vulnerables
Cortes
detectados
Casos % de hogares
vulnerables o
muy vulnerables
% de corte
sobre avisos
detectados
Total 2.261 47% Total 107 2,2% 5%
Electricidad 1.086 23% Electricidad 84 1,7% 8%
Gas natural 583 12% Gas natural 17 0,4% 3%
Agua 592 12% Agua 6 0,1% 1%

50
Gráco 23. Evolución de los cortes efectivos medidos como porcentaje de avisos de corte detectados por los
PAE entre enero y octubre de 2017
Fuente: UTE ABD/FABD/ECOSERVEIS
concentran fundamentalmente en el suministro
eléctrico por la importancia de este suministro
y también porque un enganche, derivación
o alteración irregular del contador es
técnicamente más factible y menos arriesgado
que en el caso del gas natural o el agua.
Puede pensarse que se trata de hogares que
han sufrido un corte o aviso de corte en algún
momento del pasado y han optado por esta
opción ante la imposibilidad o incapacidad de
resolver su situación de deuda o impago de
otra manera.
Tabla 20. Cifras de conexiones irregulares detectadas en hogares atendidos por los PAE de Barcelona entre
enero y octubre de 2017.
Fuente: UTE ABD/FABD/ECOSERVEIS
Casos % de casos atendidos de hogares vulnerables y muy
vulnerables
En algún suministro 413 9%
Electricidad 309 6%
Gas natural 46 1%
Agua 58 1%

51
El programa Energia, la justa se llevó a cabo
entre los meses de febrero de y julio de 2016
gracias a un acuerdo de colaboración entre el
área de derechos sociales del Ayuntamiento de
Barcelona y la Associació d’Entitats Catalanes
d’Acció Social (ECAS). Tenía un objetivo doble
de lucha contra la pobreza energética y la
inserción laboral de personas con dicultades
de acceso al mercado de trabajo. Para ello
se llevó a cabo la recualicación profesional
de 100 personas del Programa Làbora del
Ayuntamiento que intervinieron como agentes
energéticos en 3.100 domicilios de toda la
ciudad. Los participantes fueron localizados
por los centros de servicios sociales, que
utilizaron como criterios de selección los
tres indicadores principales de pobreza
energética (temperatura inadecuada en la
vivienda, retraso en el pago de recibos o
goteras, humedades o podredumbre) así
como la presencia de personas vulnerables
ya sea por ser dependientes de una máquina
sanitaria conectada al suministro eléctrico,
sufrir enfermedades respiratorias, necesidades
especiales y menores con menores de 16 años
a su cargo). Las intervenciones en domicilios
consistieron en acciones educativas para el
uso racional de energía y la optimización de
facturas de suministros así como la instalación
de material de ahorro energético de bajo coste
como regletas para evitar consumos fantasma,
bombillas de bajo consumo, temporizadoras,
ribetes de aislamiento para ventanas, etc.
(Fundació ABD/Associació Ecoserveis, 2016b).
En todo ese proceso se recogió información
detallada sobre las características y el uso
de energía por parte de cada uno de los
hogares participantes. Gracias a ese trabajo
disponemos de una base de datos de 3.100
hogares única por tener indicadores clásicos
de pobreza energética junto con elementos
especícos normalmente no incluidos en
encuestas de este tipo como la existencia y la
cuantía de deudas, de cortes de suministro, de
tipos de contrato o presencia de conexiones
irregulares.
Como muestran las cifras recogidas en
Gráco 24 y Tabla 21, los participantes son
claramente hogares en pobreza energética o
en riesgo de estarlo. No sorprende por tanto
la aparición de porcentajes de afectación por
temperatura inadecuada en los meses fríos y
retraso en el pago de las facturas de más del
65 y 66% respectivamente. Ni que el 97%
7.3 Hogares participantes en el programa
Energia, la
justa
Gráco 24. Porcentaje de personas afectadas para diferentes escalas desde hogares participantes en el
programa Energia, la justa hasta el conjunto de la UE (2016).
Fuente: Programa Energia, la justa
Nota: Los valores para la UE corresponden al año 2015

52
Tabla 21. Porcentajes de respuesta al enunciado “A menudo me preocupo de si puedo pagar las facturas de luz,
gas y agua” entre hogares participantes en el programa Energia, la justa (2016).
Fuente: Programa Energia, la justa
A menudo me preocupo de si puedo pagar las facturas de luz, gas y agua % de hogares
Muy de acuerdo 83%
De acuerdo 14%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2%
En desacuerdo 1%
Muy en desacuerdo 0%
Tabla 22. Cifras de deudas con suministradoras y corte de suministros básicos entre hogares participantes en el
programa Energia, la justa (2016).
Fuente: Programa Energia, la justa
Deuda en suministro
energético
% hogares con
deuda
Deuda promedio
(EUR/hogar)
Cortes de
suministro
% hogares con
cortes
En algún suministro 30% 349 En algún suministro 15%
Electricidad 25% 278 Electricidad 12%
Gas Natural 15% 209 Gas Natural 5%
Electricidad y gas
natural
11% 436 Agua 5%
de los encuestados estuvieran preocupados
a menudo de poder facturas las facturas de
agua, gas y electricidad. Estos valores son
incluso más elevados que los recogidos por
la ECVUSS 2016 en el apartado 6.2.1 puesto
que se trata una subpoblación de servicios
sociales afectada por la pobreza energética. La
base de datos también contiene un ítem sobre
confort térmico en época de calor según la
cual un 67% de los hogares que respondieron
a esta pregunta declaraban temperaturas
inadecuadas en su vivienda en los meses
cálidos.
Las cifras de deudas y cortes de suministro
indican que casi uno de cada tres hogares
debía dinero a suministradoras de energía,
con un 11% declarando tener deudas con
la compañía del gas y de la electricidad
simultáneamente (Tabla 22). En la gran mayoría
de los casos se trata de cantidades por debajo
de 500 euros, con tan solo un 2% de hogares
con deudas por encima de los 1.000 euros. A
consecuencia de deudas pasadas y presentes
un 15% de los hogares declaraba tener algún
suministro cortado y, como es habitual, la
electricidad es el más problemático. A pesar
de ello, los agentes del programa Energia, la
justa detectaron enganches ilegales a la red
eléctrica en tan solo un 2% de los hogares
participantes. Esta cifra previsiblemente
subestima la magnitud de esta problemática
entre consumidores vulnerables por el estigma
existente en torno a esta práctica y porque
se piensa que aquellos con conexiones
irregulares tenían menos interés de participar
en el programa por miedo a una denuncia por
fraude eléctrico.
La base de datos ofrece también información
única sobre las compañías que efectuaron
cortes de suministro eléctrico a 303 hogares
y de gas natural a 102 hogares de los 3.100
que participaron en Energia, la justa. Como
puede verse más del 90% se concentran en
dos: Endesa y Gas Natural (Tabla 23). Por
su parte, casi todos los cortes de suministro
de agua corriente registrados se deben a
AGBAR. Estos resultados, que coinciden con
las percepciones del personal de diversos
servicios del Ayuntamiento, dan evidencia
la responsabilidad de estos actores en esta
problemática de fuerte impacto sobre el
bienestar de hogares en pobreza energética
severa e indican también que su resolución
pasa por obtener un acuerdo con estas tres
grandes compañías.

53
Tabla 24. Porcentajes de respuesta a diversas preguntas relacionadas con el contrato de electricidad entre
hogares participantes en el programa Energia, la justa (2016).
Fuente: Programa Energia, la justa
Cuál es el tipo de contrato de luz? % hogares
PVPC 39%
Mercado libre 52%
No sabe 9%
Tiene tarifa con discriminación horaria?
Sí 3%
No 97%
Conoce la existencia del bono social eléctrico
Sí 34%
No 66%
En su hogar disponen de bono social eléctrico?
Sí 18%
No 82%
Cortes de suministro eléctrico, desagregados por
empresa suministradora Hogares % hogares
Endesa 248 82%
Gas Natural Fenosa 38 13%
Iberdrola 8 3%
EDP 4 1%
Viesgo 1 0%
Spark Ibérica 1 0%
Som Energia 1 0%
Total 303 100%
Cortes de suministro de gas natural, desagregados por
empresa suministradora
Gas Natural Fenosa 67 66%
Endesa 27 26%
Iberdrola 6 6%
EDP 1 1%
Total 102 100%
Tabla 23. Cifras de corte de suministro eléctrico y gas natural por compañía que efectúa la desconexión entre
hogares participantes en el programa Energia, la justa (2016)..
Fuente: Programa Energia, la justa

54
En los últimos doce meses, ¿ha pedido ayuda pagar las facturas de luz, gas y
agua?
% hogares
Sí, familiares 15%
Sí, servicios sociales 42%
Sí, otras entidades sociales 2%
No 42%
Tabla 25. Porcentajes de respuesta a la pregunta “En los últimos doce meses, ¿ha pedido ayuda para pagar las
pagar las facturas de luz, gas y agua?” entre hogares participantes en el programa Energia, la justa (2016).
Fuente: Programa Energia, la justa
Las cifras recogidas en la Tabla 24 son
ilustrativas, por una parte, del escaso grado de
aprovechamiento y conocimiento de opciones
para ahorrar en la factura eléctrica. Sorprende
que casi dos tercios de los encuestados
desconozcan el bono social y que solo
un 18% disponga de él (a pesar de que
previsiblemente una mayoría de estos hogares
podría haber sido beneciaros del mismo en
2016). Además, un porcentaje absolutamente
mínimo (3%) de los participantes en Energia,
la justa desconocía la existencia de tarifas
con discriminación horaria, a pesar de tratarse
de una opción que permite reducir la factura
eléctrica de la mayoría de los consumidores,
incluso de aquellos con dicultades para
desplazar su consumo a horario valle. Lo
mismo ocurre con los contratos en mercado
regulado, que incluso el propio Ministro de
Energía reconoce que “a largo plazo siempre
es más barato” que precios del mercado libre
(RTVE, 2017).
Por último, la Tabla 25 da una idea de la
importancia de los servicios públicos para que
los hogares vulnerables puedan hacer frente,
aunque sea con las dicultades mencionadas
(deuda, cortes y conexiones irregulares) al
pago de suministros básicos. Dado además
el potencial tan signicativo de optimización
de la factura eléctrica que se concluye de las
cifras de la Tabla 24, estos datos justican
las intervenciones llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de Barcelona desde 2015 y
enfatizan la necesidad de seguir trabajando
en la defensa de los derechos energéticos de
los consumidores domésticos de energía, en
especial los de los más vulnerables.

55
Barcelona es, como se planteaba en el
apartado 4.1, una urbe con importantes
disparidades de diverso tipo concentradas
en el denso espacio urbano gobernado por el
Ayuntamiento de Barcelona. Las estadísticas
de pobreza energética evidencian, al igual
que otros indicadores de socioeconómicos
y de pobreza y privación material, evidencia
la existencia de desigualdades signicativas
no solo entre tipos de hogares sino entre
las unidades espaciales y administrativas
que componen la ciudad. En algunos casos,
estas asimetrías pueden observarse también
para los indicadores de pobreza energética
recopilados.
La única fuente de datos estadísticamente
representativa para toda la ciudad de
Barcelona que permite observar la incidencia
de la pobreza energética por distritos es la
Encuesta de Salud Pública de Barcelona
(ESPB 2016). Frente a ésta, la submuestra
de 799 hogares residentes en Barcelona de
la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV
2016) no ofrece información del distrito al que
pertenecía cada encuestado. Sin embargo,
dado que no ha sido posible disponer de
la base de datos original ESPB 2016, se
recurre a los resultados por distrito del índice
compuesto de pobreza energética propuesto
por la Agència de Salut Pública de Barcelona
(2017) en su informe La Salut a Barcelona
2016. Este índice se construye a partir de los
tres indicadores principales del enfoque de
percepciones de declaraciones de hogares
(incapacidad de mantener la vivienda a una
temperatura adecuada, retraso en el pago
de las facturas y presencia de goteras,
humedades o podredumbre en la vivienda) a
cada uno de los cuales, siguiendo la propuesta
de cálculo de Thomson y Snell (2013), se le
asigna un peso diferenciado. Debe tenerse en
cuenta que este índice compuesto se expresa
en una unidad adimensional que procede de la
suma ponderada (con los pesos mencionados
previamente) de los porcentajes de cada uno
de los indicadores. Pero las cifras obtenidas
no pueden entenderse como porcentaje de
población afectada.
Los resultados de la ESPB 2016 se muestran
en el Gráco 26 e indican que el distrito más
afectado registra una incidencia (Ciutat Vella)
cinco veces mayor que el distrito menos
afectado (Les Corts). La geografía urbana de
la pobreza energética en Barcelona permite
identicar tres distritos con baja incidencia en
el cuadrante oeste de la ciudad (Les Corts,
Gràcia y Sarrià-Sant Gervasi) frente a distritos
de elevada incidencia en el centro (Ciutat
Vella) y la periferia norte (Horta-Guinardó
y Nou Barris y en cierta medida también
Sant Andreu y Sant Martí). Esta distribución
espacial coincide hasta cierto punto con la
cartografía de distribución la renta y de áreas
socio-residenciales identicada en el apartado
4.1. Cabe subrayar sin embargo el elevado
valor del índice compuesto de pobreza
energética para Ciutat Vella, quizás debido
a la peor calidad y mayor antigüedad de las
edicaciones y a la presencia de población
extranjera – el 43% del total del distrito frente
Un análisis
socio-espacial
por distritos
8.

56
Gráco 25. Intensidad pobreza energética por distritos de Barcelona (2016) de acuerdo con el índice compuesto
de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) elaborado a partir de Thomson y Snell (2013).
Fuente: Agència de Salut Pública (2017)
Gráco 26. Intensidad de atención en front oce de PAEs por distritos de Barcelona (2016), en número de
personas por 10.000 habitantes y como porcentaje de esfuerzo total.
Fuente: UTE ABD/FABD/ECOSERVEIS
al 10-20% del resto de distritos (idescat, 2016)
– especialmente en el barrio de El Raval. La
complejidad espacial del fenómeno a escalas
de más detalle se puede intuir también en
otros distritos como el de Sant Martí, en
el que se encuentran barrios con elevados
ingresos como Poblenou, Diagonal Mar y el
Front Marítim del Poblenou junto con áreas
tradicionalmente deprimidas como el Besòs y
el Maresme.
La comparativa con el registro de personas
atendidas en el front oce de los PAE entre
enero y octubre de 2017 desagregados
por distritos (Gráco 26) indica que los
esfuerzos que se van realizando y las cifras
de incidencia que van apareciendo en los
PAEs es coherente, en buena medida, con
los resultados de la ESPB 2016. Puede verse
que los PAEs que atienden más personas con
respecto a la población total del distrito son
los de Ciutat Vella (85 personas por 10.000

57
Gráco 27. Indicadores de pobreza energética (porcentaje de hogares afectados) entre usuarios de servicios
sociales de Barcelona (2016), por distritos de la ciudad.
Fuente: ECVUSS 2016
Gráco 28. Número de intervenciones del programa Energia, la justa por 10.000 habitantes e indicadores de
pobreza energética (porcentaje de hogares afectados) entre en los participantes, por distritos de la ciudad. Datos
de 2016.
Fuente: Programa Energia, la justa
habitantes) y Nou Barris (75 por 10.000
habitantes), y que estos recogen también un
tercio (un 12 y un 18% respectivamente) del
total de 6.915 personas atendidas por PAEs
hasta octubre de 2017. Por contra, los distritos
de Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi tienen
el ratio de atención más bajo de todos los
distritos (20 personas por 10.000 habitantes)
como corresponde a las bajas cifras de
pobreza energética en esta parte de la ciudad
según la ESPB 2016. Por esta razón, existe tan
solo un PAE que atiende a los dos distritos. Se
observan algunas divergencias en Eixample y
Horta-Guinardó, distritos cuyos PAE reciben
menos personas de lo que sería quizás
esperable según la ESPB 2016.
Al analizar los resultados de la Encuesta
de Condiciones de Vida para Usuarios
de Servicios Sociales (Gráco 27) puede

58
observarse diferencias menos acusadas
entre distritos en comparación con el Gráco
25. De hecho, aparecen porcentajes de
afectación de más del 30% en indicadores
clave como temperatura inadecuada de la
vivienda y retraso en el pago de recibos en
todos los distritos, como es previsible en
este subgrupo poblacional. Esto indicaría
que la incidencia de la pobreza energética
es similar entre poblaciones de usuarios de
servicios sociales en Barcelona, sea cuál sea
su distrito de residencia. Aun así, se observa
una mayor afectación en distritos previamente
identicados como más vulnerables (Nou
Barris, Hora-Guinardó y Sant Andreu), además
de en Sants-Montjuïc.
Las diferencias entre distritos son aún menos
importantes más cuando se analizan los
datos de los 3.100 hogares participantes en
el programa Energia, la justa (Graco 28).
Esta tendencia es esperable puesto que se
trata en la práctica totalidad de los casos de
hogares vulnerables y en pobreza energética
con independencia de su lugar de residencia.
Llaman la atención dos datos, sin embargo: el
elevado número de intervenciones en Ciutat
Vella respecto de la población total del distrito
(68 por 10.000 habitantes frente a 10 a 30 por
10.000 habitantes en el resto de distritos),
así como el elevado porcentaje de cortes de
suministro en Gràcia.

59
La pobreza energética es una realidad
cotidiana para decenas y probablemente
centenares de miles de personas residentes
en Barcelona que se expresa en múltiples
formas que van desde la falta de confort
térmico en la vivienda hasta la acumulación
de deuda con las suministradoras o el
riesgo de corte de suministros básicos por
impago. Respondiendo al requerimiento del
Ayuntamiento de Barcelona, se ha llevado una
recopilación y análisis de una colección única
de fuentes de información cuantitativa del que
muy pocas ciudades disponen.
Los resultados del análisis de la Encuesta
de Condiciones de Vida (ECV 2016) y de la
Encuesta de Salud Pública de Barcelona
(ESPB 2016), ambas del año 2016, indican que
en torno a 170.000 personas eran incapaces
de mantener su vivienda a una temperatura
adecuada en los meses fríos o tienen retraso
en el pago de los recibos de suministros
básicos incluyendo la electricidad, el gas
o el agua corriente. De éstos, unos miles
de personas dejaron además de disponer
de alguna de sus fuentes habituales de
energía en algún momento, es decir, fueron
desconectados de manera forzada o voluntaria
debido a dicultades económicas en el hogar.
Si bien estas cifras absolutas equivalen a
porcentajes relativos de incidencia más
contenidos que los promedios para el
conjunto de Cataluña, España y la UE,
también indican que el derecho al acceso a
un nivel adecuado de servicios de la energía
doméstica, especialmente entre consumidores
vulnerables, está lejos de haber sido
garantizado. Enfatizan además la importancia
de la ley 24/2015 como legislación orientada
a evitar una de las peores consecuencias
de la pobreza energética, que es la pérdida
de suministro por impago y acumulación de
deudas con las suministradoras. Y justican
que la protección frente a desconexiones
sea una prioridad para el Ayuntamiento de
Barcelona por medio su política de defensa de
los derechos energéticos de los ciudadanos.
La desagregación simple de indicadores
principales para la comparación cuantitativa
entre diferentes grupos poblacionales sugiere
una mayor incidencia en hogares de rentas
bajas (especialmente de aquellos en riesgo
de pobreza monetaria cuyos ingresos no
superan el 60% de la mediana del Estado),
en hogares unipersonales con al menos un
niño dependiente y en hogares que viven de
alquiler. Estas diferencias observadas entre
perles sociodemográcos, que no signican
necesariamente relaciones de causalidad con
la pobreza energética, sirven sin embargo
para identicar grupos poblaciones que
requieren más atención por parte de las
Administraciones Públicas.
Conclusiones y
recomendaciones
9.
9.1 Pobreza energética en Barcelona: cifras clave y
cuestiones prioritarias

60
Es ampliamente conocido que los bajos
ingresos son un importante factor de
vulnerabilidad importante para la pobreza
energética y otras formas de privación
material. Sin embargo, no es el único ya que
intervienen otros aspectos como el régimen
de tenencia de la vivienda, la disponibilidad
o no de determinadas formas de energía
para ciertos servicios (como el gas para la
calefacción) o las necesidades especícas
de los hogares, sobre todo de aquellos
con población vulnerable (niños, ancianos,
enfermos crónicos, etc.).
Un segundo grupo poblacional con una
incidencia de pobreza energética por
encima del promedio son los hogares
monomarentales, lo que señala la conexión
con cuestiones más amplias de feminización
de la pobreza. Las mujeres aparecen por
tanto como receptoras de impactos de esta
forma de privación material, pero como
muestran las cifras de los servicios de apoyo
del Ayuntamiento de Barcelona (PAPE y
servicios sociales, entre otros) y la experiencia
de organizaciones como la Alianza contra la
Pobreza Energética, son también agentes
clave en la protección de los derechos
energéticos de sus hogares.
El régimen de tenencia se ha identicado
también como factor de vulnerabilidad
importante, y los hogares que habitan una
vivienda de alquiler son un tercer segmento
poblacional identicado como prioritario.
Esto sugiere un vínculo entre los problemas
de acceso a vivienda estable y de calidad
y pobreza energética. Este vínculo se
expresa de forma simultánea en forma de
inseguridad residencial y energética, como
se puede observar en el signicativo grado
de coincidencia entre hogares con retraso en
el pago de alquiler e hipoteca y con retraso
en el pago de facturas de suministro que se
dan en hogares atendidos por los servicios
sociales del Ayuntamiento de Barcelona.
Y evidencian que la pobreza energética es
una de las múltiples precariedades a las que
tienen que hacer frente los hogares más
desfavorecidos. Factores subyacentes a
esta correspondencia pueden ser la mayor
precariedad económica o inestabilidad laboral
de las personas que viven de alquiler, la falta
de posibilidades o incentivos para modicar,
incluso mínimamente, las condiciones de la
vivienda y su equipamiento, y la dinámica del
mercado inmobiliario de alquiler con fuertes
aumentos de precio en el área metropolitana
de Barcelona durante los últimos años.
Los datos recopilados también permiten una
desagregación de indicadores con criterios
espaciales en el término municipal de
Barcelona. Las diferencias por distritos indican
que la pobreza energética sigue un patrón
de distribución socio-espacial parecido al de
otras formas de pobreza y desigualdad. De
acuerdo con los resultados de la ESPB 2016,
las áreas más afectadas se corresponden con
los distritos de Ciutat Vella y de la periferia
norte (Horta-Guinardó y Nou Barris y en
cierta medida también Sant Andreu y Sant
Martí). Los datos de personas atendidas en
los Puntos de Asesoramiento Energético
(PAE) puesto en marcha por el Ayuntamiento
a principios de 2017 indican también una
mayor demanda y esfuerzo en las zonas más
afectadas. Se considera por tanto que la
organización territorial de los PAE responde
de forma adecuada a la distribución espacial
de la población vulnerable de Barcelona.
En cualquier caso, se trata de un servicio
universal que ofrece atención a cualquier
ciudadano que la requiera con independencia
de sus circunstancias y lugar de residencia en
Barcelona.
Por otra parte, se han recopilado y
analizado datos de iniciativas y servicios
del Ayuntamiento de Barcelona en forma de
encuestas y registros de personas y hogares
atendidos por servicios sociales, el proyecto
piloto Puntos de Atención a la Pobreza
Energética (PAPE), por el programa para la
inserción laboral y lucha contra la pobreza
energética Energia, la justa, los Puntos
de Asesoramiento Energético (PAE) Estas
fuentes de información, a pesar de no ser
estadísticamente representativas, permiten
una primera observación cuantitativa de
aspectos para los que prácticamente no
existen datos.
Estos datos indican en primer lugar que
una mayor parte de los beneciarios y
participantes de estos servicios son población
que experimenta algún tipo de condición
asociada a la pobreza energética, y por tanto

61
que están logrando atender a la población
objetivo de la política de defensa de derechos
energéticos del Ayuntamiento. Demuestran
también, como hace la experiencia piloto
de los PAPE y el programa Energia, la justa,
la existencia de factores estructurales de
vulnerabilidad como el bajo nivel de eciencia
energética de las viviendas que ocupa la
población vulnerable cuanticada a través
de etiquetado energético de edicios y su
excesiva dependencia de modos eléctricos
de provisión de calor (para cocina, agua
caliente y calefacción). Entre la población
vulnerable atendida se han detectado también
que muchos hogares no tienen acceso
físico a su contador de electricidad, falta de
conocimiento sobre los contadores digitales,
porcentajes elevados de contratos de mercado
libre, potencias contratadas excesivas, bajos
niveles de implantación de bono social y
un número muy reducido de contratos con
discriminación horaria. Se ha detectado
también que la electricidad es el suministro
para el que ocurren más casos de deuda por
impago, avisos de cortes y cortes. Es además
el más caro por unidad de servicio y el que
representa la factura más elevada para la
mayoría de los hogares. Toda esta evidencia
indica que la electricidad es el suministro más
problemático desde el punto de vista de la
pobreza energética en Barcelona y por tanto
el que más recursos demanda de los servicios
del Ayuntamiento.
Una de las funciones principales de las
diferentes iniciativas puestas en marcha por
el Ayuntamiento desde 2015 es evitar los
cortes de suministro bajo la cobertura de
la ley 24/2015 del Parlament de Catalunya.
Los registros de funcionamiento de los PAE
entre enero y noviembre de 2017 indican
que casi la mitad (47%) de las personas
vulnerables atendidas en asesoramientos
e intervenciones habían recibido avisos de
corte de los cuales el 95% no se llevaron a
término gracias a las gestiones de los PAE, en
especial gracias a la obtención de Informes
de Exclusión Residencial (IRER) que es el
requisito administrativo que impide el corte
de suministro según la ley 24/2015. A pesar
de estos esfuerzos y de la ley 24/2015, las
diferentes fuentes de datos indican que sigue
habiendo algunos cortes de suministros. Es
preocupante de hecho el repunte en los cortes
de suministro eléctrico que se ha detectado
en octubre de 2017 y que tentativamente se
relaciona con la promulgación del Real Decreto
897/2017, del 6 de octubre. Esta ley de rango
estatal establece criterios para la denición
de consumidores vulnerables severos, cuyo
suministro no se puede interrumpir, que son
menos exigentes que los de la ley autonómica
24/2015.
Un aspecto especialmente problemático
son las conexiones irregulares que en
una proporción de casos se tratan de una
respuesta estratégica frente a un corte
de suministro ocurrido, o para evitar una
desconexión en el futuro. Los datos recogidos
por los PAE indican que se trata de una
práctica detectada en el 9% de los hogares
vulnerables y muy vulnerables atendidos por
este servicio entre enero y octubre de 2017.
Es posible sin embargo que se trate de una
subestimación de la extensión real de esta
circunstancia entre hogares vulnerables
dado que se trata de una práctica ilegal
estigmatizada y que conlleva importantes
riesgos para el usuario si es descubierta por
la suministradora. Esta cifra debe tratarse
con mucha cautela dado que no procede
de un muestro realizado con criterios de
representatividad estadística.
Dicho esto, las conexiones irregulares que
se producen ante la amenaza de corte o su
ejecución no pueden considerarse únicamente
como fraude desde una perspectiva
exclusivamente legalista sino también como
una respuesta estratégica de consumidores
vulnerables ante una situación de máxima
precariedad. Son en cualquier caso una
respuesta excepcional a problemas de impago
y deudas porque coloca a los hogares en una
situación de mayor dicultad a presente y
futuro por dos razones. Una es el riesgo de
corte inmediato en caso de ser descubiertos, y
la segunda es la deuda y recargos generados
con las suministradoras que se calculan sobre
consumos estimados. Debe señalarse además
que la propia Endesa, empresa que concentra
el mayor número de clientes domésticos de
electricidad en Barcelona, ha reconocido que
tan solo el 1% del fraude eléctrico se debe a
enganches ilegales efectuados por familias
de bajos ingresos. La mayor parte de éste (el
80%) se concentraría en empresas de sectores

62
9.2 Recomendaciones
Sobre la base de la información cuantitativa
analizada y las actuaciones de defensa de
derechos energéticos del Ayuntamiento de
Barcelona, se proponen para el debate los
siguientes elementos con el n de revitalizar y
reforzar la acción municipal.
La defensa de derechos energéticos como
estrategia de ciudad
Partiendo de la base de las diferentes medidas
de defensa de derechos energéticos que
ya están en marcha, se señalan algunas
cuestiones para desarrollar y dar mayor
consistencia a la estrategia municipal en el
medio plazo:
• Aumentar el número de hogares
vulnerables pero en situación menos crítica
(por ejemplo, con dicultades para calentar
su vivienda pero sin facturas impagadas
o deudas acumuladas) atendidos por
los PAE. En realidad, ningún consumidor
están exentos del riesgo de sufrir pobreza
energética en el largo plazo.
• Avanzar hacia una formulación de los
derechos energéticos que vaya más allá de
la protección frente a desconexiones. Hay
que recordar sin embargo que la pobreza
energética se reere niveles (in)adecuados
de servicios de la energía (confort térmico
y niveles de iluminación sucientes), no de
energía en sí. La denición de consumos
mínimos vitales como forma de garantizar
el derecho a la energía es problemática
porque una misma cantidad de energía
(kWh de electricidad o metros cúbicos
de gas) resultará en un nivel de servicios
domésticos de la energía diferente en
función de la eciencia energética de
la vivienda y sus equipamientos, las
capacidades del hogar, etc.
• Asumir de forma explícita los tres principios
de la justicia energética (Bouzarovski y
Simcock, 2017): distribución (de recursos,
donde se centra la actuación por medio
de PAEs), reconocimiento (de tipos de
consumidores vulnerables ignorados como
podrían ser, por ejemplo, los estudiantes
jóvenes en viviendas de alquiler) y
participación (de los afectados en procesos
de toma de decisiones).
• Considerar las desconexiones llevadas
a cabo directamente por el consumidor
(vulnerable), por ejemplo en forma de
interrupciones voluntarias del suministro
de gas natural para solo hacer frente a
facturas de electricidad, o las que se
producen cuando el hogar para de comprar
bombonas de butano.
• Elaborar una vinculación explícita y más
ambiciosa entre objetivos ambientales
y climáticos con los de defensa de los
derechos energéticos.
• Subrayar y elaborar como elemento
diferencial la consideración del de agua
corriente, que no es habitual en políticas de
lucha contra la pobreza energética en otros
lugares y que podrían generar dudas a
consumidores vulnerables sobre el tipo de
suministros para los que existe protección.
• Consolidar y mejorar las fuentes de datos
municipales sobre pobreza energética
como las empleadas en este informe
(encuestas representativas o registros de
servicios y actividades o proyectos del
Ayuntamiento) para tener información
detallada y actualizada de la problemática
y su evolución. En concreto se sugiere
tratar de obtener información detallada
sobre tipos de contratos, desconexiones
de suministro, conexiones irregulares y
prácticas agresivas en visitas de agentes
comerciales de suministradoras.
A largo plazo, un objetivo operativo de la
estrategia sería avanzar hacia la protección por
defecto de los ciudadanos – como hace ya en
alguna medida la ley 24/2015 – de tal manera
que los servicios del Ayuntamiento tengan que
intervenir mínimamente para la certicación
de la condición de vulnerabilidad, la petición
de bonos sociales, cambios en el contrato
para la optimización de la factura, etc. La idea
industriales y de servicios y el restante casi
20% se debería a grandes consumidores
domésticos con una potencia contratada
superior a los 15 kW frente a la promedio
de 4,4 kW en el sector residencial (Delle-
Femmine, 2016; El Periódico de la Energía,

63
sería terminar de sustituir el modelo asistencial
que aun persiste por uno predistributivo en
el que las administraciones públicas impidan
con su acción la aparición de desigualdades
en lugar de tratar de revertirlas por medio
de servicios municipales y transferencias de
carácter redistributivo nanciadas por la vía de
los impuestos (Hacker, 2011). El enfoque sería
por tanto preventivo en el que los esfuerzos
se pongan en evitar la aparición de casos de
pobreza energética, o al menos de los más
graves.
Este escenario solo es posible, sin embargo,
con la colaboración de las suministradoras
para lo que serían necesario cambios
legislativos a nivel estatal que, por ejemplo,
limiten o eliminen las prácticas agresivas
de los comerciales puerta a puerta o
aseguren que los consumidores vulnerables
tienen las mejores condiciones posibles de
entre todas las tarifas y tipos de contratos
disponibles. Avanzar en esa dirección liberaría
progresivamente recursos de la administración
municipal que podrían utilizarse para la
ejecución de medidas estructurales. Estaría
por tanto justicado tanto desde el punto de
vista de la eciencia económica como de la
justicia social.
Optimización de facturas y uso de
contadores digitales
Los datos sobre facturas eléctricas recogidos
en los 3.100 hogares (vulnerables) del
programa de Energia, la justa indican que
hay un margen muy amplio de rebajar sus
facturas sin reducir consumos por medio de
modicaciones en los contratos. Se destacan
cinco acciones al respecto que ya están
siendo aplicadas por los técnicos de los
PAE: cambio a tarifa de mercado regulado
(PVPC), reducción de la potencia contratada,
contratación de una tarifa con discriminación
horaria, petición de bono social y supresión
de servicios adicionales (seguros o servicios
de mantenimiento no deseados) y actuaciones
de microeciencia para reducir consumos
fantasma o el ajuste de aparatos mal regulados
en viviendas. En su contra juegan las prácticas
agresivas de las suministradoras y las visitas
puerta a puerta de sus comerciales. Se
propone profundizar en estas prácticas para
todo tipo de hogares con el n de que se
conviertan herramientas de defensa de los
derechos energéticos conocidas y compartidas
por el conjunto de la ciudadanía.
Se prevé además que la instalación de
contadores digitales en todos los hogares
habrá concluido en 2019. La información
detallada sobre el uso de energía individual
de cada consumidor aumenta el poder de
las suministradoras, y puede convertirse
en una nueva mercancía que las empresas
propietarias de los contadores y la información
vendan a otras comercializadoras. Permite
también la automatización o realización a
distancia de ciertas tareas que ahora implican
la visita de un técnico, lo que puede genera
nuevos riesgos sobre consumidores con riesgo
de desconexión o con conexiones irregulares.
Por el lado de las potenciales oportunidades,
en un escenario de máxima colaboración
con suministradoras se recomienda explorar
la posibilidad de emplear datos individuales
de consumo recopilados por contadores
digitales con el n de garantizar el mejor
contrato posible a todos los consumidores
identicados como vulnerables (por ejemplo,
haciendo que no tengan más potencia
contratada de la necesaria y proporcionando
información precisa para un cambio a tarifa
con discriminación horaria).
Tratamiento coordinado de pobreza
energética e inseguridad residencial
Hogares en niveles severos de pobreza
energética están en muchas ocasiones
experimentando múltiples precariedades entre
las que destaca la inseguridad residencial
por impago de alquiler e hipoteca y riesgo
de desahucio o embargo, o en casos de
ocupación o recuperación de viviendas
previamente desalojadas. Existe además
riesgo de incremento del número e intensidad
de casos de pobreza energética relacionados
con el aumento de los precios de alquiler. Se
propone considerar de forma más explícita
esta tipología (minoritaria) de hogares y buscar
respuestas más especícas coordinando
las acciones de defensa de del derecho a la
vivienda y de los derechos energéticos, por
ejemplo consolidando desde el punto de vista
operativo la comunicación y coordinación entre
PAEs y el Servei d’Intervenció i mediació en
situació de Pèrdua i/o Ocupació d’Habitatge
(SIPHO).

64
Reducción de modos eléctricos de
provisión de calor
Uno de los usos domésticos de la energía
clave en este punto es la calefacción ya
que existe evidencia del predominio de uso
de electricidad con este n entre hogares
vulnerables. Los datos recopilados muestran
que hay espacio para la sustitución de
radiadores y estufas eléctricas por sistemas
centralizados de calefacción y agua caliente
basados en el gas natural. Pero puede también
considerarse la sustitución por alternativas
menos sosticadas como las estufas
catalíticas de gas butano, que constituyen una
alternativa económica – a partir de 80 euros
– que dependen de un suministro con precio
regulado para bombona estándar de 12,5
kilos. Hay que tener en cuenta, sin embargo,
los riesgos asociados a su uso ya que se trata
de una llama viva (aunque controlada) en el
interior de la vivienda, peligrosa si hay niños,
ancianos o animales domésticos, y por el
riesgo de descuido o acumulación de gases
derivados de la combustión.
Otras alternativas son las estufas de biomasa
(pellets) o tecnologías de calefacción eléctrica
ecientes como las bombas de calor, cuyo
precio es del orden de cientos o miles de
euros por equipo. Dado que su instalación
implica intervenir, aunque sea mínimamente,
sobre la estructura de la vivienda conseguir
la autorización del propietario puede ser un
obstáculo para hogares vulnerables que viven
de alquiler.
Eciencia energética de viviendas
La rehabilitación energética de viviendas
es probablemente la más frecuentemente
mencionada de las medidas estructurales
contra la pobreza energética porque reduce
de forma sostenida el gasto energético
doméstico. Frente a intervenciones puntuales
en elementos constructivos concretos
(ventanas, calderas, fachadas o tejados),
se propone la rehabilitación integral de la
arquitectura de la vivienda siguiendo el diseño
de la casa pasiva que permite reducir el
consumo de energía para confort térmico a
valores de 15 kWh/m2.año, muy por debajo de
los 80 kWh/m2.año de la vivienda promedio de
las viviendas de Barcelona (de Luxán García
de Diego et al., 2017).
Hay al menos tres cuestiones a considerar
en esta línea de actuación. Una es el coste
de la rehabilitación integral que incluso para
soluciones económicas está por encima de
los 5.000 euros (de Luxán García de Diego et
al., 2017). Por múltiples razones la mayoría
de los hogares en pobreza energética no son
capaces llevar a la práctica esa inversión.
Otros es el hecho de que la mayoría de
viviendas en Barcelona, sobre todo de hogares
vulnerables, son edicios de apartamentos lo
que implica acuerdos más o menos complejos
entre propietarios. Se añade la complejidad
asociada a hogares vulnerables que viven de
alquiler. Por estas razones, una posibilidad de
actuación a corto plazo sería la rehabilitación
de viviendas sociales en propiedad del
Ayuntamiento a través del Patronat Municipal
de l’Habitatge. Otra propuesta sería la
prestación de apoyo técnico (arquitectos y
auditores energéticos) a hogares vulnerables
beneciarios de Ayudas del Programa de
Rehabilitación de Viviendas del Ayuntamiento
con el n de optimizar el ahorro y la mejora de
confort de las intervenciones.
Consultas populares municipales y
plataformas de participación ciudadana
Existen experiencias recientes (2013) de
referéndums locales en Berlín y Hamburgo
en los que se votó especícamente sobre
la remunicipalización de activos del sistema
de provisión de energía de estas ciudades,
con resultado negativo en el caso de Berlín
y positivo en el de Hamburgo (Becker et al.,
2016). Aunque existen pocos ejemplos de
consultas populares municipales en España,
que según la Ley de Bases del Régimen
Local pueden proponerse para decidir
sobre “asuntos de la competencia propia
municipal y de carácter local que sean de
especial relevancia para los intereses de
los vecinos, con excepción de los relativos
a la Hacienda local” pero que necesitan la
autorización del Gobierno (Martínez-Alonso
Camps, 2010). Asuntos susceptibles de ser
consultados a la ciudadanía son la prestación
de los servicios sociales y de promoción y
reinserción social o el suministro de agua
y alumbrado público y la protección de la
salubridad pública, que potencialmente podrán
relacionarse con cuestiones de pobreza
energética. Alternativamente se pueden
explorar instrumentos menos formales como

65
las plataformas de participación ciudadana
del estilo Decide Madrid reguladas por
el Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana (Dirección General de Participación
Ciudadana, 2017).
Diseminación y comunicación
La ciudad de Barcelona es pionera en
Cataluña, España y la Unión Europea en
cuanto a la consideración de la pobreza
energética como prioridad del gobierno local.
Este esfuerzo no está siendo necesariamente
reconocido fuera de la ciudad y podría
potencialmente situar a Barcelona como un
referente europeo en políticas locales contra
la pobreza energética. Este mensaje podría
situarse en una idea más amplia de las
ciudades como espacios y entidades al frente
de la experimentación y la transformación de
las sociedades europeas.
Respecto de la política de comunicación
hacia los propios ciudadanos de Barcelona,
se valora muy positivamente el cambio de
lenguaje efectuado al pasar de Puntos de
Atención a la Pobreza Energética (PAPE) a
Puntos de Asesoramiento Energético (PAE).
Se ha de ser especialmente cuidadoso para
evitar en cualquier comunicación ocial
la estigmatización y culpabilización de las
personas que sufren pobreza energética.

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