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Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie en la jurisprudencia constitucional colombiana

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Abstract

Basado en un análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, este artículo demuestra que la empresa tiene un rol importante como sujeto comprometido con la protección y respeto de los derechos humanos desde cada una de las actividades que aquella realiza en aras de la consecución de su fin económico. En consecuencia, se indaga la forma como la Corte Constitucional ha abordado la relación entre la actividad de las empresas y la protección de los derechos humanos. A partir del uso que la jurisprudencia constitucional ha dado a los conceptos de responsabilidad social empresarial y a los Principios Ruggie, se infiere un conjunto de trece reglas constitucionales sobre la relación entre las empresas y los derechos humanos. Finalmente, se argumenta a favor de diseñar una justicia constitucional fuerte pero dialógica como mecanismo de protección de los derechos humanos ante la acción de los actores privados, en cuanto se logra consolidar los procesos estructurales de transformación jurídica, cultural, económica, productiva y de consumo requeridos para que el respeto de los derechos humanos sea connatural a la actividad empresarial.
Mag d a l e na Correa hena o
*
Jorge ernesTo roa ro a
**
captulo
Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial
y Principios Ruggie en la jurisprudencia
constitucional colombiana
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resumen
Basado en un análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Co-
lombia, este artículo demuestra que la empresa tiene un rol importante como
sujeto comprometido con la protección y respeto de los derechos humanos
desde cada una de las actividades que aquella realiza en aras de la consecu-
ción de su fin económico. En consecuencia, se indaga la forma como la Corte
Constitucional ha abordado la relación entre la actividad de las empresas y la
protección de los derechos humanos. A partir del uso que la jurisprudencia
constitucional ha dado a los conceptos de responsabilidad social empresarial y
a los Principios Ruggie, se infiere un conjunto de trece reglas constitucionales
sobre la relación entre las empresas y los derechos humanos. Finalmente, se
argumenta a favor de diseñar una justicia constitucional fuerte pero dialógica
como mecanismo de protección de los derechos humanos ante la acción de
los actores privados, en cuanto se logra consolidar los procesos estructurales
de transformación jurídica, cultural, económica, productiva y de consumo
requeridos para que el respeto de los derechos humanos sea connatural a la
actividad empresarial.
Palabras clave: Derechos Humanos, empresas, responsabilidad social em-
presarial, Principios Ruggie, Corte Constitucional de Colombia.
human rights, corporate social responsibility
and the ruggie principles in colombian
constitutional case law
abstract
Based on an analysis of the Constitutional Court of Colombia case law, this
article shows that the company has an important role as a subject committed to
* Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Doctora en Derecho y experta en Derecho
Constitucional Económico. Asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado
colombiano y organizaciones del tercer sector. Directora del Departamento de Derecho Consti-
tucional de la Universidad Externado de Colombia. Correo: <magdalena.correa@uexternado.
edu.co>
** Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en Derecho summa cum laude (Ph.
D. in Law) por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (217). Profesor de Teoría Consti-
tucional, Derechos Humanos y Derecho Público Comparado de la Universidad Externado de
Colombia. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona. Correo: <jorge.roa@uexternado.edu.co>
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Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
the protection and respect of human rights from each of the activities carried
out in pursuit of the achievement of its economic purpose. Consequently, this
article investigates the way in which the Constitutional Court has addressed
the relationship between the activity of companies and the protection of hu-
man rights. From the use that constitutional case law has given to the con-
cepts of Corporate Social Responsibility and the Ruggie Principles, a set of
thirteen constitutional rules is inferred on the relationship between business
and human rights. Finally, the text argues in favor of designing a strong but
dialogical judicial review as a mechanism for the protection of human rights
before the action of private actors.
Key words: Human Rights, companies, corporate social responsibility,
Ruggie Principles, Constitutional Court of Colombia.
introduccin
El poder normativo de los derechos fundamentales o humanos se ha establecido
históricamente desde el derecho constitucional y el derecho internacional de
los derechos humanos, en torno de la relación ciudadano-Estado y persona-
Estado1. Es decir, la cultura jurídica de los derechos humanos se ha caracte-
rizado por asignar a los Estados las obligaciones que hacen factible la garantía
de los derechos humanos y la reparación de su violación2.
Con todo, los cambios ocurridos en el orden económico global, las políticas
introducidas por los Estados y la mutación de su poder de intervención pública
económica han llevado a que el ejercicio o la satisfacción de los derechos huma-
nos estén determinados –sobre todo– por el hacer o no hacer de las empresas3.
1 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias T-43 de 1992, T- 46 de 1992, T- 412 de 1992,
T-41 de 1992,
su
-67 de 1993, T- 81 de 1993, T- 329 de 1993, T- 97 de 1993, T- 126A de 1994,
C-177 de 1994 y T- 96 de 22. Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12,
numeral 3) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 18, numeral 3).
2 Constitución Política de Colombia (artículo 9). Convención Americana sobre derechos huma-
nos (artículo 63.1). Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas - Proyecto de
artículos sobre la Responsabilidad de los Estados (Anuario de la
Cdi
, 198).
CPJi
, caso Fábrica
de Chorzow. Reparación y daño. Serie A nº. 17, pp. 27-28.
3
garCía herrera, Miguel ángel
. Poder judicial y Estado social: legalidad y resistencia
constitucional. En:
PerFeCTo ibáñez, andrés
(ed.). Corrupción y Estado de derecho, Madrid,
Trotta, 1996, p. 69.
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Esto en cuanto la relación de mayor relevancia para la vida de las personas se
produce no tanto frente al Estado como en el funcionamiento de los mercados,
sus actores productivos o los inversionistas.
En efecto, la empresa como base del desarrollo es la que produce y distri-
buye la mayor parte de los bienes y servicios con los que se satisface la mayor
cantidad de los derechos e intereses legítimos, incluidos buena parte de los
derechos humanos: seguridad personal, locomoción, información, educación,
salud, alimentación adecuada, pensión de vejez, vivienda, acceso al agua, ac-
ceso a los servicios públicos esenciales y domiciliarios, transporte público e
infraestructura.
La empresa también es el ámbito en donde se ocupa de forma mayoritaria el
recurso humano disponible, con lo que se constituye en un factor fundamental
para el derecho al trabajo. Y es en el marco del mercado y de sus sectores y
estructuras donde la libre iniciativa y la actividad económica –independiente
formal o informal– se concreta como la forma en que las personas se ganan la
vida, la dignifican y en el mejor de los casos se hacen ricos.
En fin, su relación con los derechos humanos también se manifiesta en que
las actividades que producen mayor impacto económico, social y ambiental
sobre las comunidades son, en condiciones de normalidad, las que ejecutan
las empresas, particularmente las de gran tamaño o con mayor ámbito de in-
fluencia local o por el tipo de operación que desarrollan4.
Además de que la actividad empresarial crea relaciones con sus trabajadores,
consumidores y proveedores, así como con la competencia, sus muchas exter-
nalidades también impactan o afectan el ejercicio de las libertades y derechos
de las personas que comparten el espacio o territorio donde se producen. Es
decir que las libertades y los derechos individuales, sociales, colectivos tienden
a depender de las empresas o son estas las que determinan buena parte de sus
límites o restricciones.
A todo lo anterior se suma el hecho de que, como se ha demostrado en
Estados Unidos por Adam Winkler, las empresas han sido el eje esencial de
las grandes transformaciones del derecho. Por tanto, no se han limitado a ser
destinatarias de las normas jurídicas, sino que han actuado como arquitectas de
todo el ordenamiento jurídico. Ello al punto de haber sido reconocidas como
4
ClaPhaM, andreW
. Human Rights Obligations of Non State Actors, Oxford, Oxford University
Press, 26.
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Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
titulares de derechos civiles, con la subsiguiente expansión de la protección
constitucional iusfundamental en su favor.
Dado ese poder, es preciso indagar qué respuestas han ofrecido el dere-
cho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos a esa
relación estrecha entre la empresa y los derechos humanos, donde la empresa
sea considerada no solo como titular de derechos sino también de deberes y
obligaciones, esto es, garante de los derechos fundamentales o humanos de las
personas que la constituyen, la nutren o la rodean.
De las variadas fuentes existentes, el artículo indaga en la jurisprudencia
constitucional colombiana. En particular, las sentencias en las cuales la Corte
Constitucional ha mencionado o se ha servido de las nociones de responsabi-
lidad social empresarial o corporativa y de los “Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones
Unidas para proteger, respetar y remediar”, también conocidos como Princi-
pios Ruggie. Estos fueron avalados por el Consejo de Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones Unidas mediante la Resolución 17/4 de 16
de junio de 211[6].
El objetivo del texto es mostrar cómo han jugado tales elementos dentro de
la argumentación del juez constitucional, qué naturaleza se les ha atribuido y
cómo se insertan dentro del sistema jurídico de derechos y obligaciones de las
empresas. El argumento central es que, con la jurisprudencia sobre respon-
sabilidad social empresarial y Principios Rectores, la Corte Constitucional de
Colombia se perfila –de nuevo– como el poder del Estado que puede dotar de
fundamento, contenido concreto y eficacia al discurso de los derechos humanos
frente a los actores privados.
Desde luego que la contribución de la jurisprudencia constitucional –da-
dos los condicionamientos jurídicos, culturales y económicos que el asunto
plantea– es de alcance limitado. Pero no por ello desdeñable. No solo porque
en otros asuntos la Corte ha propiciado la creación de leyes, la formulación de
políticas públicas o la revisión de relaciones internacionales en defensa de los
WinKler, adaM
. We the Corporations. How American Businesses Won Their Civil Rights, Nueva
York, Liveright Publishing, 218.
6 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Representante Especial del Secreta-
rio General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras
empresas. “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica
del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar’”. Resolución 17/4, 16
de junio de 211,
a/hrC
/17/31.
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mandatos constitucionales. Ni porque ha difundido una lectura constitucional
y en clave de derechos de las relaciones humanas entre los particulares y frente
al Estado. Sino porque su comprensión de la justicia desde la Constitución, le
permite construir una argumentación fundamental para cimentar las bases de
una comprensión integral del valor de los derechos humanos y el compromiso
que con ellos tienen todas las personas e instituciones que integran los Estados
y las sociedades que hacen parte de estos.
La hipótesis de la que se parte es que la jurisprudencia constitucional de
Colombia puede ser una fuente óptima para atender las exigencias interpreta-
tivas que impone la definición constitucional de la relación entre las empresas
y los derechos humanos. Lo anterior, en tanto exista un diseño fuerte de la
justicia constitucional que, al mismo tiempo, asuma una actitud dialógica con
otros poderes del Estado, con la sociedad, con las empresas y con las instan-
cias internacionales de protección de los derechos humanos y de protección
de las inversiones.
Para responder a las preguntas y verificar la validez de la hipótesis, el ar-
tículo se divide en tres partes. En la primera se presenta el contexto en el que
actualmente se encuentra el tratamiento de la relación entre las empresas y los
derechos humanos. Este contexto justifica leer la jurisprudencia constitucio-
nal de Colombia con los lentes de la responsabilidad social empresarial y los
Principios Rectores. En la segunda parte se analizan las sentencias de la Corte
Constitucional de Colombia que aplican estándares de responsabilidad social
empresarial o los Principios Rectores. En la tercera parte se hacen explícitas
las reglas que, tras el estudio de la jurisprudencia constitucional de Colombia,
se pueden formular para dotar de valor y eficacia a tales criterios. En cuarto
lugar, se argumenta a favor de un diseño de la justicia constitucional del tipo
fuerte, pero dialógico, como mecanismo para proteger los derechos humanos
frente a la acción de los actores privados.
1. responsabilidad social empresarial
y los principios rectores como criterios
de la pesquisa jurisprudencial
La investigación se centra en las referencias de la jurisprudencia constitu-
cional colombiana a dos nociones: la responsabilidad social empresarial y los
Principios Rectores. La responsabilidad social empresarial y los Principios
Rectores son parte del conjunto de respuestas que se han venido formulando
desde el mercado y el orden internacional a la relación entre la empresa y los
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Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
derechos humanos7. En este artículo, esos dos elementos son los criterios para
descubrir la jurisprudencia constitucional que se ha construido en torno de la
relación entre la empresa y los derechos humanos.
Por una parte, la responsabilidad social empresarial o corporativa ha sido
definida por el Banco Mundial como “el compromiso de las empresas de con-
tribuir con un desarrollo económico sustentable, trabajando con sus empleados,
sus familias, comunidades locales y con la sociedad para mejorar la calidad de
vida, haciéndolo rentable tanto para las empresas como para el desarrollo”8.
Se trata de una iniciativa de carácter voluntario y que solo depende de la
empresa e incluye actividades que se considera rebasan el mero cumplimiento
de la legislación”9.
La previsión y el contenido de la responsabilidad social empresarial se han
establecido desde el mercado, con influencia de las posiciones dominantes y
del sector económico en el que se desarrolla la actividad empresarial. La con-
creción de la responsabilidad social empresarial opera a escala nacional o local,
en atención a las condiciones en las que se produce la operación, en términos
de regulación y controles del Estado, culturas y situación social, económica
y ambiental.
Por su parte, los Principios Rectores sobre empresa y derechos humanos de
Naciones Unidas –preparados por el Representante Especial del Secretario
General, John Ruggie, y aprobados por el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas mediante la Resolución 17/4 de 211 son el primer
acercamiento a la materia en el ámbito del derecho internacional blando.
A partir de tres pilares (proteger, respetar y remediar), los Principios Rec-
tores refuerzan el significado de las obligaciones y competencias de los Estados
para proteger los derechos humanos en materia de regulación, creación de in-
centivos y controles sobre las empresas. Pero, además, como previsión inédita,
a través de los principios rectores fundacionales y, en particular, de los principios
7 Ver también el Pacto Global y los Objetivos del Milenio (Resolución aprobada por la Asamblea
General /2).
8
PeTKosKi, dJordJiJa
y
TWose, nigel
(eds.). Public Policy for Corporate Social Responsibility.
World Bank Institute. Series on Corporate Responsibility, accountability and sustainable competi-
tiveness. Julio 7-2, 23. Disponible en <http://web.worldbank.org/archive/website16/
web/images/publicpo.pdf> (consultado: 2 de abril de 219).
9 Oficina Internacional del Trabajo. Consejo de Administración. Iniciativa InFocus sobre respon-
sabilidad social de la empresa. 295.a reunión. Ginebra, marzo de 26.
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operativos. Estos últimos establecen los lineamientos para comprometer a las
empresas con los derechos humanos, mediante la formulación de políticas y
procesos que aseguren su respeto y mejoren el acceso a las vías de reparación
de las víctimas de abusos relacionados con su actividad económica.
Los Principios Rectores son un instrumento del derecho internacional de
valor trascendental, pues con su talante tradicional de radicar en el Estado
las obligaciones principales y con su deferencia para con las empresas reco-
nocen la libre empresa, el mercado, los incentivos del lucro económico y el
crecimiento como parte de los elementos que determinan la garantía efectiva
de los derechos humanos.
Según se dijo, la responsabilidad social empresarial y los Principios Rec-
tores son el criterio de búsqueda en la jurisprudencia constitucional. De las
treinta y siete providencias que aluden a los anteriores criterios, se analizan
poco más de la mitad, por ser las que desarrollan un análisis visible sobre la
responsabilidad social empresarial o sobre los Principios Rectores al estudiar
los problemas jurídicos relacionados con derechos fundamentales1. De acuer-
do con su contenido, las sentencias se presentan organizadas así: i) sentencias
de constitucionalidad que confirman la validez de normas; ii) sentencias so-
bre derechos económicos y sociales; iii) sentencias que giran en torno de la
actividad minero-energética; finalmente, iv) sentencias de tutela en torno de
los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afrocolombianas.
2. sentencias de constitucionalidad
que confirman la validez de normas
sobre responsabilidad social empresarial
El derecho internacional económico, el derecho interno y su regulación de la
actividad económica han introducido normas en las que se contempla la res-
ponsabilidad social empresarial. A ellas se ha referido la Corte Constitucional
de Colombia en ejercicio del control de constitucionalidad, automático o por
vía de acción pública de inconstitucionalidad.
1 Se encontraron 29 referencias a la responsabilidad social empresarial, siete a la
rsC
y cuatro a
los Principios Rectores. Dos sentencias se refieren tanto a la responsabilidad social empresarial
como a la
rsC
y una emplea tanto la noción de responsabilidad social empresarial como la de
los Principios Rectores.
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Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
2.1. la responsabilidad social empresarial
en los tratados de libre comercio
y en los acuerdos de inversin extranjera
Una primera tipología de casos donde existe referencia a la responsabilidad
social empresarial o a la
rsC
se aprecia en las sentencias C-68 de 21, C-69
de 21, C-91 de 21, C-33 de 214 y C-17 de 216 en las cuales se efectúa
el control previo y automático de constitucionalidad de los tratados de libre
comercio o de inversión con diversos Estados. Esta jurisprudencia se produce
en razón de que en tales instrumentos se introducen mandatos de promoción
de la responsabilidad social empresarial a cargo de los Estados firmantes.
No obstante, solo en las sentencias C-68 de 21 y C-91 de 21 la Corte
Constitucional de Colombia analizó el valor de tal compromiso internacional.
La responsabilidad social empresarial con fuerza vinculante derivada
de su inclusión en un acuerdo internacional
En la Sentencia C-68 de 21 se revisó la constitucionalidad del acuerdo
de libre comercio entre Colombia y Canadá11. Entre otros contenidos, en ese
acuerdo se establece una disposición que obliga a los dos Estados a fomentar
que sus empresas incluyan programas de responsabilidad social empresarial en
materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, relaciones
con las comunidades y lucha contra la corrupción12.
Sobre esta cláusula, la Corte observa que la inclusión de mecanismos de
responsabilidad social empresarial en tratados internacionales constituye
un avance en favor de los derechos humanos. Tanto por la coincidencia del
contenido de la responsabilidad social empresarial con algunos valores cons-
titucionales, como por pasar de una exigibilidad dubitativa hacia una fuerza
vinculante derivada de ser parte de las obligaciones internacionales que el
tratado contempla13.
11 Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia (aprobado por la Ley
1363 de 29).
12 Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia (capítulo 8, artículo 816).
13 “La Corte considera de la mayor importancia que los postulados de la llamada responsabilidad
social corporativa (
rsC
) o responsabilidad social empresarial (
rse
) sean elevados a derecho
positivo internacional convencional, por cuanto sus fuentes normativas suelen encontrarse en
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La responsabilidad social empresarial como regla de comportamiento obligatoria
derivada de su conexión con la función social (constitucional) de la empresa
En la segunda sentencia, C-91 de 21, se juzga la constitucionalidad del
acuerdo sobre medio ambiente entre Colombia y Canadá14, el cual igualmente
introduce una disposición por la cual se establece el deber de los Estados parte
del acuerdo de fomentar que las empresas incluyan mecanismos de responsa-
bilidad social empresarial1.
En ese caso, la Corte señaló que esa disposición era compatible con el
ordenamiento constitucional de Colombia porque la responsabilidad social
empresarial forma parte de la función social de la empresa establecida en la
Constitución de 1991 (artículo 333)16. Una fundamentación constitucional de
enorme trascendencia no solo por el carácter normativo en que se sustenta,
sino por abrir las pautas de interpretación de ese ingrediente constitutivo de
la libertad económica en ejercicio.
Para la Corte, el hecho de que los tratados de libre comercio y los tratados
de inversión incluyan ciertos mecanismos de responsabilidad social empre-
sarial es de vital importancia, pues ello aunado a la coincidencia de algunos
de los mecanismos de responsabilidad social empresarial con valores consti-
tucionales genera una amalgama que tiene como resultado el revestimiento
de la responsabilidad social empresarial con fuerza obligatoria. En la tercera
sección de este artículo, de este tipo de consideraciones se colegirá la regla de
la conexidad.
disposiciones de soft law, tales como declaraciones y resoluciones. En tal sentido, incluir los
principios de la
rsC
en un tratado de libre comercio como el presente, coadyuva al cumplimiento
de los valores y principios constitucionales tales como la solidaridad, la dignificación del trabajo,
el respeto por el medio, y en general, el cumplimiento de las obligaciones de las empresas en
materia de derechos humanos”. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-68 de 21.
Fundamento jurídico .8.
14 Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la República de Colombia (aprobado por la Ley
136 de 29).
1 Acuerdo sobre medio ambiente entre Canadá y la República de Colombia (artículo 6).
16 “La Sala estima que el artículo 6 que obliga a las partes a alentar prácticas voluntarias de res-
ponsabilidad social corporativa ‘para fortalecer la coherencia entre los objetivos económicos y
sociales’ es constitucional debido a que es parte de la función social de la empresa que consagra
el artículo 333 de la Carta Política”. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-91 de
21.
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Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
La responsabilidad social empresarial en el diseño y aprobación
de los proyectos de Zidres
La Sentencia C-77 de 217 estudió la demanda de inconstitucionalidad contra
algunos preceptos de la Ley 1776 de 216. Esa ley creó las zonas de interés de
desarrollo rural, económico y social (en adelante Zidres) como una medida de
intervención del Estado en la economía para el desarrollo de las regiones más
apartadas del territorio o de más difícil acceso. Dentro de los objetivos de las
Zidres se prevé que estas “deberán constituir un nuevo modelo de desarrollo
económico regional a partir de […] promover la responsabilidad social em-
presarial y la Responsabilidad Ambiental Empresarial (
rae
) de las personas
jurídicas que desarrollen proyectos productivos en las Zidres […]”17.
Al decidir sobre la constitucionalidad de las normas demandadas, la Corte
señaló que era plausible “condicionar la aprobación del proyecto a que in-
corporara instrumentos eficaces que aseguraran una perspectiva de respon-
sabilidad social empresarial y de responsabilidad ambiental empresarial”18.
De este modo, la Corte apuesta con decisión por tener en la responsabilidad
social empresarial –como política que define a la empresa que se postula para
la conformación de una zona de esta naturaleza– un ingrediente determinante
de su aprobación. Una política que, a pesar de ser producto de la autorregu-
lación, adquiere por mandato legal y jurisprudencial –una vez más– carácter
vinculante frente al Estado y frente a las personas y comunidades en torno de
las cuales se configura.
2.2. sentencias de tutela sobre derechos
econmicos y sociales
Aparte de los casos relacionados con las actividades mineras y energéticas, los
pronunciamientos sobre los derechos sociales y económicos que han tratado la
responsabilidad social empresarial o los Principios Rectores como expresión
de la relación entre la empresa y los derechos humanos son más que escasos.
Lo anterior, a pesar de la ampliación del mercado en la prestación de los ser-
vicios que satisfacen este tipo de derechos. A continuación se describen los
casos sobre el derecho al trabajo y sobre el derecho a la salud.
17 Ley 1776 de 216 (artículo 2).
18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-77 de 217. Fundamento jurídico 174.
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Derecho al trabajo
Sobre el derecho al trabajo se destacan dos sentencias de revisión de tutela: la
T-247 de 21 y la T-34 de 217.
La igualdad de género y el poder autovinculante de la responsabilidad
social empresarial
En la Sentencia T-247 de 21, la Corte Constitucional de Colombia protegió
el derecho a la igualdad de una mujer que fue rechazada para el cargo de vi-
gilante en la empresa Ecopetrol. Según la ciudadana, ella fue descartada para
ocupar ese cargo porque la empresa no contrataba mujeres para esa posición.
La empresa se defendió mediante el argumento de que la señora no había pre-
sentado correctamente su hoja de vida. Además, la empresa indicó que había
desarrollado un programa de responsabilidad social empresarial por medio
del cual solo contrataba a personas residentes en las zonas aledañas a las ins-
talaciones donde se realizaba la labor de vigilancia.
En este caso, la Corte –tras acreditar lo afirmado por la demandante– se-
ñaló que no existía ningún fundamento razonable para que la empresa rehu-
sase contratar mujeres para el cargo de vigilantes cuando estas demostraran
ser idóneas para esas funciones y probaran cumplir satisfactoriamente con las
actividades pertinentes19. Además, el tribunal rechazó el argumento de defensa
basado en el programa de responsabilidad social empresarial, por cuanto tales
políticas empresariales debían ser compatibles con los derechos fundamentales.
Asimismo, la Corte estableció que la existencia de planes de responsabilidad
social empresarial no eximía per se a la empresa de su posición de garante en
relación con otros derechos fundamentales:
[…] los programas de responsabilidad social responden a la necesidad de que la
empresa, en cuanto sujeto que actúa al interior de la sociedad, sea partícipe del
desarrollo y promotor del bienestar del sujeto colectivo en que se lleva a cabo su
actividad. En otras palabras, al ser la empresa un actor que se involucra en una de-
terminada comunidad; cuyas acciones pueden repercutir positiva y negativamente
en dicha comunidad; cuyo poder se manifiesta en los aspectos financiero, político,
social, ambiental, laboral, entre otros; y cuya capacidad de acción es de las mayores
19 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-247 de 21. Fundamento jurídico 8.
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164
Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
al interior de las comunidades en que se encuentra, surge una amplia variedad de
posibilidades de acción con miras a que la empresa repercuta de manera positiva
en la comunidad o comunidades en que desarrolla su actividad. La responsabili-
dad social no consiste únicamente en ser consciente de dicha posibilidad, sino de
asumirla con compromiso social, encaminando esfuerzos a que, en ejercicio de su
capacidad de acción, parte de las actividades desarrolladas por las empresas ten-
gan como objetivo principal la promoción del bienestar social de la comunidad2.
En esa misma decisión, la Corte señaló que la mayor parte de los elementos que
integran los mecanismos de responsabilidad social empresarial, como el Global
Compact del año 2, coinciden con principios centrales del Estado Social de
Derecho que limitan la acción de los particulares o les imponen obligaciones
reforzadas para que satisfagan una función social que complemente el ánimo de
lucro que es el elemento teleológico tradicional de la libertad de empresa. Para
el tribunal, eso significa que algunos de esos elementos, cuya eficacia depende
de la voluntad de la empresa porque se trata de instrumentos internacionales
de soft law, contienen obligaciones que son plenamente vinculantes desde el
punto de vista constitucional21. En la tercera sección de este trabajo, de estos
fundamentos se colegirán las reglas de concurrencia y complementariedad.
Estas consideraciones llevaron a que el tribunal concluyera que la aplica-
ción de programas de responsabilidad social empresarial (e. g., contratación
exclusiva de personas provenientes de una determinada zona vulnerable) no
debe desconocer el respeto de los derechos constitucionales fundamentales
(i. e., igualdad y no discriminación).
Por esa razón, el programa de responsabilidad social empresarial de Eco-
petrol no podía ser aplicado para impedir la contratación de mujeres para el
cargo de vigilantes cuando las candidatas demostraran idoneidad para cumplir
con las actividades propias de ese cargo. Por el contrario, según la Corte, los
2 Ibidem. Fundamento jurídico 7.
21 “[…] que el Pacto Global de las Naciones Unidas no sea un instrumento obligatorio no debe
hacer perder de vista dos elementos esenciales del análisis: i) que contiene elementos incluidos en
la regulación constitucional del Estado colombiano y, por consiguiente, que resultan vinculantes
en cuanto normas de naturaleza constitucional; y ii) que su manifestación tiene una g ran utilidad
en cuanto refuerza, resalta y orienta el contenido ético que dichas prácticas involucran y, por
tanto, resultan definitorias de la identidad de los actores estatales, empresariales y comunitarios
que las llevan a cabo, así como de la moral social –en cuanto costumbres, mores– que resulta
coherente con la esencia de un Estado con núcleo social”. Corte Constitucional de Colombia.
Sentencia T-247 de 21. Fundamento jurídico 7.
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16
programas de responsabilidad social empresarial deben potenciar la capacidad
de los actores sociales públicos y privados para lograr los objetivos que persigue
el Estado Social de Derecho22.
La responsabilidad social empresarial como ingrediente humanizador
de la empresa frente a la discapacidad
La Sentencia T-34 de 217 resuelve el caso de una mujer que fue despedida
de su empleo en Convergys Customer Management Colombia S. A.S en desco-
nocimiento de la estabilidad reforzada toda vez que la empresa mencionada la
despidió al enterarse de la pérdida de capacidad laboral sufrida por la accionante.
En el análisis realizado por el juez constitucional, se indicó que los be-
neficios previstos en la Ley 789 de 22 para los empleadores que vinculen
personas con disminución de su capacidad laboral tienen “claro fundamento
en la responsabilidad social empresarial (artículo 333 Superior), según la cual
la empresa es uno de los principales actores dentro de una comunidad y su
actividad debe ser un instrumento de mejora social y de respeto de los dere-
chos fundamentales, entre otros elementos de construcción social”. Además,
destacó la responsabilidad social como un principio de acción empresarial que
Viene a complementar, y a enriquecer, el que hasta ahora había sido el núcleo te-
leológico de su actividad: el ánimo de lucro. La idea de que la empresa es uno de
los principales actores dentro de una comunidad y de que su actividad debe ser
un instrumento de mejora social, de protección al medio ambiente y de respeto
de los derechos fundamentales, entre otros elementos de construcción social, ha
animado la consolidación de principios que guían la construcción de parámetros
de responsabilidad social para las empresas23.
Para la Corte, la responsabilidad social empresarial funge así un papel huma-
nizador del objetivo de utilidad que alienta la actividad empresarial para hacer
de la empresa un motor del desarrollo no solo económico sino también social.
22 “Programas, como el de responsabilidad social empresarial de Ecopetrol, desde una perspectiva
distinta a la del Estado, ayudan a la realización de objetivos propios de un Estado social y, en esa
medida, resultan una herramienta válida en el proceso de mejora de las condiciones sociales de las
personas que se encuentran en la órbita de influencia de las actividades de una determinada
empresa”. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-247 de 21. Fundamento jurídico 7.
23 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-34 de 217.
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Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
El derecho a la salud
Llama mucho la atención que la única sentencia de la Corte constitucional sobre
el derecho a la salud que se refiere y muy de paso a la responsabilidad social
empresarial es la sentencia
su
-124 de 218. En ella se atendía el caso de revi-
sión de la acción de tutela promovida por una mujer frente a la negativa de su
ePs
de practicarle una prueba médica destinada a detectar el cáncer de mama.
Además de retomar la línea jurisprudencial sobre el derecho a la salud, al
destacar el carácter prioritario de la prevención y la detección temprana del
cáncer, la Corte retomó de la intervención del Ministerio de Salud y Protección
social, que dentro de las previsiones que ordenan la prestación del servicio para
pacientes con cáncer, se encuentra el Plan Decenal para el control del cáncer
en Colombia 212-221. Es este se establece no solo la acción del Estado y la
acción intersectorial, sino también “la responsabilidad social empresarial y la
corresponsabilidad individual” para su control24.
Sin embargo, esta consideración no se retoma al definir las órdenes que le
impone el juez constitucional a la entidad prestadora del servicio, las cuales
se circunscriben al cumplimiento de las obligaciones legales que la sujetan,
de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia constitucional sobre
la materia.
3. sentencias en torno de la actividad
minera y energtica
Sin duda, las actividades empresariales que han generado mayor número de
referencias a la responsabilidad social empresarial o a los Principios Rectores
por la Corte constitucional, tanto en sentencias de constitucionalidad como
de tutela, han sido las relacionadas con la exploración y explotación minera y
de hidrocarburos. Sobresalen dentro de ellas los casos relacionados con: i) los
derechos a la participación, ii) de acceso al agua y al medio ambiente sano y
iii) a la libertad de trabajo.
3.1. la participacin ciudadana
Tres decisiones se destacan con relación al derecho a la participación ciuda-
dana frente a la actividad minera: dos de constitucionalidad que aluden a la
24 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia
su
-124 de 218. Fundamento jurídico 44.
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167
responsabilidad social empresarial y una de tutela que se fundamenta, entre
otros, en los Principios Rectores.
Participación y responsabilidad social empresarial: otra vez la responsabilidad
social empresarial en las normas legales2
En la Sentencia C-1 de 21 se juzgó la constitucionalidad del proyecto
de Ley Estatutaria 227/12 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de
promoción y protección del derecho a la participación democrática”. Como
parte de los incentivos establecidos para promover la participación, se creó
un premio nacional para resaltar el esfuerzo que en este sentido hayan adop-
tado las empresas en sus programas de responsabilidad social empresarial26.
En adición, se creó la figura de las “Alianzas para la Prosperidad” entendidas
como “instancias de diálogo” entre los distintos actores comprometidos con
los “proyectos de gran impacto social y ambiental producto de actividades de
explotación minero-energética”27. Estos acuerdos están llamados a “definir los
mecanismos de acción conjunta que permitan el desarrollo social sostenible”,
lo cual se produce con relación a la empresa, “mediante sus mecanismos de
responsabilidad social empresarial, y aquellos que se deriven de las licencias
ambientales y los planes de manejo ambiental”28.
Sobre el premio, la Corte no ahonda en el concepto de responsabilidad
social empresarial, pero sí determina sobre todos los incentivos legales que se
crean, su compatibilidad con la Constitución, dada su “correspondencia con
la importancia que esta materia tiene para la Carta y con el reconocimiento
del deber de todos los ciudadanos de participar en la vida política, cívica y
comunitaria del país29. Y sobre las Alianzas para la Prosperidad, como “forma
2 La Ley 1382 de 21, que modificó el Código de Minas, previó expresamente en su artículo 27
sobre responsabilidad social empresarial que “las empresas mineras promoverán y efectuarán
actividades de responsabilidad social, en un marco de desarrollo humano sostenible, las cuales
propenderán por el logro de objetivos sociales de mejoramiento de la calidad de vida de la po-
blación y la prevención y reparación de los daños ambientales en las regiones, subregiones y/o
zonas de su influencia”.
26 Se trata del Premio Nacional al Fomento Empresarial de la Participación Ciudadana con el fin
de resaltar el esfuerzo de responsabilidad social empresarial que se haya destacado en el fomento
de la participación y la generación de capital social. (Ver: Ley 177 de 21, artículo 11, lit. c).
27 Ley 177 de 21 (artículo 1).
28 Ibidem (artículo 16).
29 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1 de 21. Fundamento jurídico 6..2.
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168
Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
de articular responsabilidades públicas y privadas se anuda directamente al
carácter participativo de la democracia”3.
La responsabilidad social empresarial se reconoce –de nuevo– como com-
patible con la Constitución, por servir como herramienta para concretar la
democracia y los derechos y los deberes constitucionales asociados con ella.
Una argumentación que, aunque no aprecia el vínculo fundamental que existe
entre la responsabilidad social empresarial y la libertad de empresa, al conec-
tarla con el mandato constitucional de la participación, le otorga un papel muy
significativo en lo que se ha llamado la “democracia inclusiva”31, en donde las
empresas –como los actores principales de la actividad minera– están llamadas
a jugar un papel decisivo32.
El poder normativo de la responsabilidad social empresarial en la participación
minera: todo en su lugar
La Sentencia C-389 de 216 juzgó la constitucionalidad de diversas disposi-
ciones del Código Minero (Ley 68 de 21) en las que se prevén los requisitos
de validez de la solicitud o propuesta de concesión minera, la especificidad de
las normas de contratación estatal para el trámite de las concesiones mineras,
las reglas de presentación de la propuesta y sus requisitos33. Acusadas por pre-
suntamente violar el “derecho fundamental a la participación ciudadana”, al
no prever “un momento específico para que esta se lleve a cabo, ni instancias
de notificación a las personas que viven en los predios sobre los que surge el
interés minero”.
Al analizar su contenido, la Corte encuentra que en efecto existe un déficit
de protección en materia de participación, por lo cual declara su exequibilidad
condicionada a que la autoridad minera nacional adopte medidas especiales
para que en los contratos de concesión se garantice “la participación libre,
previa, representativa, informada y eficaz de los potenciales afectados”, esto
“sin perjuicio de la especial de los grupos étnicamente diferenciados”34.
3 Ibidem. Fundamento jurídico 6.3.2.
31
Máiz, raMón
. Deliberación e inclusión en la democracia republicana, Reis. Revista Española
de Investigaciones Sociológicas, n.° 113, 26, pp. 11-47.
32 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-9 de 21.
33 Ley 68 de 21 (artículos 16, 3, 27 y 271).
34 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-389 de 216.
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169
Ahora bien, aunque la Corte no aludió a la responsabilidad social empre-
sarial, quien sí lo hizo fue el magistrado Linares Cantillo. En su salvamento
de voto, Linares estimó que, contrario a lo decidido por la mayoría, en las nor-
mas relativas al procedimiento para el otorgamiento de la licencia ambiental,
el derecho a la participación sí se encuentra protegido. Más aún cuando en
la Ley 177 de 21 se contempló la posibilidad de celebrar las denominadas
Alianzas para la Prosperidad, que procuran el diálogo entre los diferentes
actores vinculados con la actividad, a partir –entre otras– de las medidas de
responsabilidad social empresarial adoptadas por las empresas3.
El disenso del magistrado indica que el carácter fundamental del derecho
a la participación ciudadana no puede depender de la voluntad de la empresa
sino del Estado que la debe asegurar. Sin embargo, la responsabilidad social
empresarial es un instrumento idóneo para la construcción del consenso de
los diferentes intereses, derechos y competencias que giran en torno de la mi-
nería, mucho más eficiente que las reglas unitarias a más de inexistentes que
deba fijar el Estado.
Participación, pero no tanta y con Principios Rectores
En la Sentencia
su
-9 de 218, la Corte revisó la tutela interpuesta por una
empresa petrolera (Mansarovar Energy Colombia Ltda.) contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo competente por la cual se había de-
finido la constitucionalidad de la convocatoria a consulta popular a realizarse
en el municipio donde aquella desarrollaría su actividad (Cumaral, Meta) para
que la población se pronunciara en favor o en contra de la misma.
Al resolver el asunto, la Corte tuteló los derechos reclamados y dejó sin
efectos la sentencia recurrida, en razón a que el mecanismo de participación
ciudadana en cuestión no podía ejercerse para establecer la viabilidad o no
de un proyecto minero, en cuanto tal decisión corresponde al Estado central.
Sin embargo, también reiteró que existe un “déficit de protección constitu-
cionalmente inadmisible” en cuanto no se aprecia en el ordenamiento regula-
ción legal que garantice mecanismos específicos de participación ciudadana e
instrumentos de coordinación y concurrencia entre la nación y las entidades
territoriales para la explotación de los recursos del subsuelo. Por esto, exhortó
al legislador a corregir esta situación.
3 Ley 177 de 21, art. 16.
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17
Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
Tal postura se basa no solo en una interpretación centralista de las compe-
tencias del Estado sobre los recursos del subsuelo, sino en el reconocimiento
de la actividad minera como parte del desarrollo y crecimiento de la economía.
Consciente del impacto de la misma y de las falencias normativas e institu-
cionales que persisten para asegurar su ejecución conforme con los derechos
humanos, la Corte hace un llamado a las personas y empresas que cuentan con
títulos o concesiones para la explotación de recursos de subsuelo, para que
en sus operaciones los respeten “e introduzcan en sus políticas corporativas
estrategias que conduzcan al cumplimiento de los principios constitucionales
de participación ciudadana y de relacionamiento permanente con autoridades
locales”36.
En este punto, recoge los Principios Rectores al señalar que es indispensa-
ble que quienes realicen tales actividades “actúen con debida diligencia para
prevenir, reducir y mitigar los impactos sociales, ambientales y económicos en
territorio de sus operaciones y con ello, desplegar todas las labores y gestiones
necesarias para tales fines, en el marco de sus obligaciones constitucionales,
legales y contractuales”37. Ello con la finalidad de que sus operaciones se rea-
licen en forma sostenible38.
Por lo anterior, señala que el Estado debe exigir rigurosamente a aquellas,
“la debida diligencia ambiental y social, y el respeto de los derechos huma-
nos”, en cumplimiento tanto de los “postulados constitucionales”, como de
los Principios Rectores de las Naciones Unidas. Y por lo mismo indica que los
particulares están llamados a respetar los derechos humanos en ejercicio de su
actividad y a introducir “en sus políticas corporativas estrategias que conduzcan
al cumplimiento de los principios constitucionales de participación ciudadana
y de relacionamiento permanente con autoridades locales”. Y más en concreto,
los insta a actuar “con debida diligencia para prevenir, reducir y mitigar los
impactos sociales, ambientales y económicos en territorio de sus operaciones
y con ello, desplegar todas las labores y gestiones necesarias para tales fines,
en el marco de sus obligaciones constitucionales, legales y contractuales”39.
36 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia
su
-9 de 218.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
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171
3.2. derecho al agua: una obligacin del estado
y una responsabilidad social de la empresa
Sobre esta vital materia, solo se encuentra una sentencia (T-61 de 217). En
ella se revisaron las decisiones de instancia que declararon improcedente la
tutela presentada por habitantes de una vereda, impetrada para proteger sus
“derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a una vida digna”, que
alegaban estar siendo vulnerados por la empresa en el marco de sus “manio-
bras de exploración y explotación de la empresa” y por la actuación y omisión
de la alcaldía municipal4.
Según la sentencia, a la responsabilidad social empresarial apela la empre-
sa demandada en su intervención de parte, para afirmar que “el suministro
de agua que […] proporciona, no provino de una orden judicial, sino de un
acuerdo que voluntariamente se celebró con varias familias de la vereda”41.
Y que además, como parte de sus políticas en esta materia, ha suscrito con
el municipio en cuestión un convenio para “aunar esfuerzos” que permitan
la construcción de una red de acueducto que sirva para beneficiar a todas las
veredas que comprende el área del proyecto42. No obstante, a renglón seguido
precisa que “la obligación de abastecimiento de agua es responsabilidad del
Estado en cabeza de los entes territoriales”43, y no de la empresa, por lo que
concluye que “no está obligada a atender el suministro de agua” reclamado ni
es “responsable de la pésima calidad de la misma”44.
La Corte, en la ratio decidendi de la sentencia, hace eco de estas afirmaciones
y en lo demás, no constata el grave e inminente perjuicio irremediable alegado,
al encontrar que las autoridades municipales han adelantado las gestiones ne-
cesarias para garantizar el del derecho de acceso al agua. Una conclusión a la
que también llega al encontrar que, aun cuando la autoridades competentes han
adelantado las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad
de la empresa por el grado de contaminación de las fuentes de agua y se han
4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-61 de 217. Fundamento jurídico 1-2.
41 Ibidem. Fundamento jurídico .1.1.2.
42 Ibidem. Fundamento jurídico .1.1.4.
43 Ibidem. Fundamento jurídico .1.1.4.
44 Ibidem. Fundamento jurídico .1.1.11.
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172
Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
impuesto las órdenes administrativas para la protección del medio ambiente,
no existe acto que sancione o exima de responsabilidad a la empresa4.
La responsabilidad social empresarial aparece en este punto de la deci-
sión, cuando la Corte reconoce que el incumplimiento de “las obligaciones
de adopción de medidas de corrección, mitigación, prevención y compensa-
ción por daño ambiental, establecidas en la ley […] genera la responsabilidad
ambiental de la empresa; lo cual está directamente relacionado, entre otros,
con las políticas de responsabilidad social que debe cumplir Ecopetrol, a fin
de evitar afectación al medio ambiente” (.11.2.). Y como quiera que reco-
noce los riesgos sobre el medio ambiente que los proyectos de exploración y
explotación de hidrocarburos generan, (.13), recalca como “innegable que el
otorgamiento por parte del Estado de autorizaciones” para desarrollar estas
actividades, “genera para la entidad beneficiaria, responsabilidad ambiental y
unos deberes de prevención y control de los factores de deterioro ambiental y
la adopción de las medidas de protección”46.
A esto agrega que a la empresa “le corresponde […] asumir una respon-
sabilidad social, lo cual implica una serie de restricciones y responsabilidades
que contribuyen a que sea no solo deseable sino necesaria la adopción e im-
plementación de medidas de responsabilidad social empresarial, así como el
cumplimiento de los compromisos que voluntariamente se han adquirido en el
marco de tales iniciativas”47. En ese orden, establece finalmente que “empresas
como Ecopetrol S. A., deben asumir prácticas relacionadas con el ejercicio de
la responsabilidad ambiental, social y ética que coadyuven con el respeto de
los derechos humanos, como una expresión de transparencia y solidaridad en
armonía, con los principios fundantes de nuestro Estado Social de Derecho”48.
Frente a esta decisión, la magistrada Gloria Stella Ortiz formuló una acla-
ración de voto en la que cuestiona la afirmación de la sentencia sobre que las
afectaciones o menoscabo sobre el medio ambiente que produzcan las activi-
dades de la empresa “generan una responsabilidad social y de ética empresarial
para Ecopetrol”. Esto por cuanto, a su juicio, “la sentencia incurre en un yerro
al confundir la responsabilidad ambiental con la social-empresarial, pues el
incumplimiento de las normas ambientales genera consecuencias sancionatorias
4 Ibidem. Fundamento jurídico .1.
46 Ibidem. Fundamento jurídico .14.
47 Ibidem. Fundamento jurídico .14.1.
48 Ibidem. Fundamento jurídico .1.42.
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173
e incluso penales, lo cual difiere completamente de la noción de responsabi-
lidad social de la empresa, pues esta es una herramienta de gestión que se
adopta motu proprio con el fin de generar un impacto en la sociedad, distinto
al beneficio o utilidad económica que pueda representar para la empresa”49.
La sentencia muestra con nitidez cómo la garantía de los derechos humanos
sigue siendo atribuible al Estado y solamente es a las empresas en cuanto se
haya acreditado el incumplimiento de las obligaciones legales y administrativas
que le hayan sido impuestas. Aun así, resulta vital en la construcción dogmática
que se explora, en cuanto formula una suerte de complementariedad entre la
responsabilidad legal y la responsabilidad social empresarial en materia am-
biental. Pues, antes que confundir entre ellas, lo que hace es crear una regla
jurisprudencial desde la cual la responsabilidad social empresarial es corolario
de la responsabilidad legal ambiental de las empresas, para coadyuvar en el
propósito de hacer efectivo el respeto de los derechos humanos.
3.3. el derecho a la vivienda digna
Muy relevantes son los dos casos de tutela en los que se ha tratado el derecho
a la vivienda digna donde tanto la responsabilidad social empresarial como los
Principios Rectores han servido claramente como fundamento de la decisión.
La responsabilidad social empresarial como norma autovinculante
En la Sentencia T-871 de 214, la Corte Constitucional protegió “el derecho
a la vivienda digna de un grupo de personas en situación de desplazamiento
que habían ocupado y construido sus viviendas en un predio en el que poste-
riormente se halló un yacimiento de petróleo”, cuyo desalojo se había orde-
nado por la administración local para permitir el desarrollo de un proyecto de
explotación que se había autorizado en favor de una empresa.
Dentro de los fundamentos de la decisión, la Corte reiteró su jurisprudencia
referente al derecho a la vivienda digna, sobre todo cuando se trata de personas
en situación de desplazamiento, refiriéndose a los fundamentos constitucionales
de la función social de la empresa y de la responsabilidad social empresarial.
49 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-61 de 217. Salvamento de voto de la magis-
trada Gloria Stella Ortiz.
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174
Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
Sobre esta última, en efecto, el juez constitucional luego de retomar dife-
rentes conceptos que la explican (i. e., Comisión Europea y la Guía Técnica
Colombiana de Responsabilidad Social1), y de señalar los ámbitos sobre los
cuales se proyecta (i. e., laboral, económico, social y ambiental), destaca la com-
plementariedad de las fuentes en las que se soporta (e. g., tratados y recomen-
daciones, instrumentos de soft law y el derecho interno) y el deber reforzado
de obediencia que impone, derivado del principio de sometimiento voluntario.
Con base en lo anterior define la responsabilidad social empresarial como:
[…] una integración de gestiones empresariales o corporativas que se preocupan
por el impacto ambiental y social de sus operaciones, así como por la interacción
con agentes interesados, dando lugar a una serie de políticas y lineamientos que
las empresas suelen adoptar de forma discrecional o facultativa, en forma de soft
law, siendo factible que provengan de normas de naturaleza obligatoria2.
En adición, aunque afirma que el concepto de responsabilidad social empre-
sarial no se encuentra establecido explícitamente en la Constitución, estima
que su respaldo se encuentra en la función social de la empresa prevista en
la Constitución (art. 333). Además, observa que esta es el complemento del
núcleo teleológico clásico de la empresa (ánimo de lucro). Por esto, además
de recoger lo que ha señalado sobre la responsabilidad social empresarial en
otras decisiones, concluye que a pesar de la eficacia altamente dependiente
de la voluntariedad, las obligaciones derivadas de la responsabilidad social
empresarial se pueden convertir en vinculantes cuando son una proyección o
manifestación de un deber constitucional3.
 “[…] las compañías integran preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones de nego-
cios y en su interacción con las personas o grupos de interés (los denominados stakeholders) de
manera voluntaria”. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-781 de 214. Fundamento
jurídico 4..1.
1 “El compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas
que en materia de desarrollo humano integral se generan con las partes interesadas y que, par-
tiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, les permite a las organizaciones asegurar
el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico”. Corte Constitucional
de Colombia. Sentencia T-781 de 214. Fundamento jurídico 4..1.
2 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-781 de 214. Fundamento jurídico 4..1.
3 Así cuando afirma “[…] la libertad de empresa tiene también una dimensión de función so-
cial, lo cual implica una serie de restricciones y responsabilidades que contribuyen a que sea
no solo deseable sino necesaria la adopción e implementación de medidas de responsabilidad
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17
Con base en esas consideraciones, al resolver el caso concreto reconoce
la situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran las personas que
habitan territorios susceptibles de algún tipo de explotación minera, lo cual
determina para las empresas el deber de propender por la realización de los
derechos fundamentales de aquellas4. De tal manera dice el Tribunal, “[…]
se cumple con la responsabilidad social empresarial en la medida en que se
propenda por el desarrollo humano integral –solidaridad, dignificación del
trabajo, respeto por el medio ambiente– y se genere un verdadero crecimiento
económico y social de la comunidad donde se realiza dicha inversión”.
En ese orden precisa: “De esta manera, el contenido y alcance de las me-
didas de responsabilidad social empresarial (i) guardarán conformidad con el
espíritu de la Constitución Política; además, (ii) cumplirán su papel comple-
mentario –con respecto a la consecución de los fines del Estado– y de apoyo
a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, en materia
de concreción de derechos fundamentales”6. Y aunque se ordena en todo
caso la reubicación de la comunidad, por hallarse en los predios de propiedad
privada, reitera, con relación a la responsabilidad social empresarial, que las
empresas que se dedican a la actividad de extracción de recursos naturales no
renovables, están llamadas a materializar el deber de función social, “mediante
diversas alternativas que realice el contenido de los derechos humanos, como
la generación de proyectos productivos y que contribuyan de manera efectiva
al desarrollo de las zonas que sufren el impacto de la actividad que realizan”7.
Finalmente, en las conclusiones y decisiones por adoptar, advierte “que
las medidas y programas de responsabilidad social empresarial cumplen un
papel importante en la realización de los fines del Estado, ya que complemen-
tan y apoyan las acciones estatales dirigidas a realizar principios y derechos
constitucionales”8.
Esta sentencia, acaso la más relevante en cuanto a la precisión del alcance de
la responsabilidad social empresarial, aunque no se sirvió de ella para formular
social empresarial, así como el cumplimiento de los compromisos que voluntariamente se han
adquirido en el marco de tales iniciativas”. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-781
de 214. Fundamento jurídico 4..3.
4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-781 de 214. Fundamento jurídico .2.6.
 Ibidem.
6 Ibidem. Fundamento jurídico .2.6.
7 Ibidem.
8 Ibidem. Fundamento jurídico 6.8.
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176
Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
las órdenes para la tutela del derecho vulnerado, es muy valiosa dentro de la
construcción jurisprudencial que se explora, por cuanto ahondó en las razones
por las cuales su fundamento constitucional se encuentra en la función social
de la empresa, desde la cual se irradia un refuerzo a los deberes de las empre-
sas frente a los derechos humanos individuales y colectivos de las personas a
quienes afecta su actividad. Una consideración que como se afirmaba atrás,
no sólo es significativa para el entendimiento de la responsabilidad social em-
presarial, sino que además abre paso a una interpretación constitucional de la
función social como elemento connatural a la empresa.
El valor normativo de los Principios Rectores
Sobre el derecho a la vivienda digna, algo similar se aprecia con relación a los
Principios Rectores en la Sentencia T-732 de 216, en la que la Corte Consti-
tucional revisó y confirmó parcialmente la sentencia de instancia mediante la
cual se tuteló tal derecho de una familia que habitaba en las inmediaciones de
una carretera altamente transitada por vehículos de carga pesada vinculados
a la construcción de un oleoducto.
Para llegar a esta decisión, la Corte no solo retomó su jurisprudencia con-
solidada sobre el derecho a la vivienda digna y otros argumentos jurídicos y
fácticos relacionados con el caso, sino que además incluyó un análisis, el más
significativo hasta ahora observado, de los Principios de las Naciones Unidas
sobre empresas y derechos humanos.
A su respecto, en las consideraciones de la sentencia, la Corte destacó el
proceso de formulación de estos, su importancia y fundamento y contenidos
generales. Además, resaltó el contenido de sus tres pilares, para realzar con
relación a los que apuntan a las empresas (respetar y reparar), el significado,
alcance y medidas que se derivan de la debida diligencia (principios 1, 17 y
19) y de los mecanismos de reparación y los procedimientos dialógicos que
por aplicar para su definición (principios 2 y 31)9. Por último, el juez cons-
titucional se refiere al Plan Nacional de Acción elaborado por la Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos porque, según el tribunal, este era
el instrumento que concretaba la aplicación de los Principios Rectores dentro
del ámbito interno del Estado6.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-732 de 216. Fundamentos jurídicos 41 y 42.
6 Ibidem. Fundamentos jurídicos 43 y 44.
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177
Ahora bien, lo que resulta más sobresaliente de esta sentencia, es lo que
observa la Corte constitucional al momento de resolver el caso concreto. Así
cuando estima que, si bien el fallo de primera instancia acertó al atribuir res-
ponsabilidad por la vulneración del derecho a la vivienda a las autoridades
locales, no lo hizo cuando excluyó de la misma a la empresa. Por esto, luego de
afirmar abiertamente que en “el marco de un Estado Social de Derecho, que
promociona la igualdad […] los derechos no generan únicamente obligacio-
nes en cabeza del Estado”61, de lo cual da cuenta la posibilidad de interponer
tutela contra particulares.
Pues, aunque los Principios Rectores “no constituyen un nuevo tratado
de derechos humanos”, ni crean “nuevos derechos o nuevas obligaciones”,
sí “concretan en qué se traduce la obligación de protección del Estado y la
obligación de respeto de los derechos que recae sobre todos los particulares”.
En ese orden, encuentra que los denominados Principios Ruggie, “son una
herramienta hermenéutica relevante” o un “criterio interpretativo para abor-
dar el caso concreto, de conformidad con las normas que son vinculantes y la
jurisprudencia de esta Corporación”62. De lo anterior, resaltó que
[…] las actividades empresariales no pueden estar desconectadas de la eficiente
protección de derechos humanos. Si bien los particulares no tienen funciones
propias de las autoridades estatales, sí tienen el deber de respetar los derechos
y no causar daños y, en caso de que lo hagan, deben repararlos. La actividad
empresarial no está aislada de la primacía de los derechos, máxime cuando las
iniciativas privadas tienen un apoyo del Estado o son de su propiedad. Como lo
exponen los Principios de Naciones Unidas, el Estado debe optar por la garantía
de derechos desde todas sus facetas, como autoridad estatal o como partícipe en
una empresa que tiene fines comerciales, sin importar el régimen que tenga. Debe
ser un ejemplo en respeto de derechos63.
Asimismo, desde los Principios Rectores subrayó el deber de deliberación,
coordinación y diálogo entre las autoridades públicas, las empresas y las comu-
nidades cuando existe una afectación a los derechos causada por la acción de
las empresas que operan con el permiso y bajo la vigilancia de las autoridades
61 Ibidem. Fundamento jurídico 2.
62 Ibidem. Fundamento jurídico 2.
63 Ibidem. Fundamento jurídico 62.
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178
Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
públicas64. Y con base en estos razonamientos, frente a la vulneración del de-
recho fundamental establecida, aparte de las obligaciones incumplidas y de las
órdenes que impone al Estado, determina que, según los Principios Rectores,
la empresa también tenía una responsabilidad directa por lo que le ordena
adoptar medidas concretas destinadas a su reparación6.
Es evidente que con los Principios Rectores la Corte encuentra una fuente
normativa más sólida para asignar deberes de respeto de las empresas frente a
los derechos humanos, con lo que se viene a completar el conjunto de garantías
con que se deben proteger en su ejercicio y ante su violación.
4. derechos de las comunidades indgenas
y afrocolombianas
Aunque la jurisprudencia en torno de los derechos de las comunidades etno-
culturalmente diferenciadas es extensa, los conceptos explorados apenas se
han utilizado para el caso de vulneración del derecho a la consulta previa y
del debido proceso.
4.1. el derecho a la consulta previa
Dos decisiones son a este respecto destacables: las sentencias T-129 de 211
y la
su
-123 de 218.
64 “[…] se observa una falta de diálogo con las autoridades ambientales, municipales y con los afec-
tados. Como lo señalan los Principios de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos,
las empresas y las autoridades deben dialogar con las comunidades vulnerables y, además, ‘una
empresa no puede, legítimamente, ser a la vez objeto de quejas y resolverlas unilateralmente,
estos mecanismos deben tratar de alcanzar soluciones negociadas a través del diálogo’. Por lo
tanto, la Sala nota la importancia de una actuación más coordinada de la autoridad ambiental
con la empresa, las autoridades y la población”. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia
T-732 de 216. Fundamento jurídico 64.
6 En efecto, estableció que Oleoducto Central S. A., “en el término de cuarenta y ocho horas (48)
siguientes a la comunicación”, se pusiera “en contacto con el actor, el municipio de Miraflores
y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales”, para presentar “un plan de reparación o
reubicación definitiva de la familia, en un lugar que cumpla con las condiciones de vivienda
digna y en un espacio similar al que habitaban, con aquiescencia del actor”. Además la insta “a
tomar medidas preventivas en relación con los posibles daños que pueda causar a viviendas que
tienen la misma situación que la del accionante”. (Ver: ibidem. Resuelve, Tercero).
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179
La consulta previa, los proyectos de infraestructura y la responsabilidad
social empresarial
En la Sentencia T-129 de 211, la Corte revisó la tutela interpuesta por in-
dígenas pertenecientes a la etnia Embera Katío ubicadas al norte del Chocó,
interpuesta en razón de: “(a) los trabajos correspondientes a la construcción de
una carretera que atravesaría los resguardos; (b) el proyecto de interconexión
eléctrica entre Colombia y Panamá; (c) y los trámites relativos a la concesión
para explotación de oro”. Lo anterior en cuanto tales actividades, afectaban sus
derechos fundamentales a la consulta previa, a la participación, a la propiedad
colectiva y a la integridad étnica y cultural66.
En sus consideraciones generales, la sentencia incluye diversas referencias
en las que se subrayan no sólo las obligaciones del Estado, sino también los
deberes constitucionales correlativos al ejercicio de los derechos, esta alusión
sólo deriva en obligaciones para aquél quien es el encargado de asegurar su
cumplimiento67. Con todo, en la solución del caso concreto se aprecian en ella
dos referencias a la responsabilidad social empresarial que conviene resaltar.
La una se produce con ocasión de la solicitud de la empresa encargada del
proyecto de energía eléctrica (
isa
) de que el tribunal tuviera en cuenta que la
mayor parte de sus actividades estaban orientadas por la responsabilidad social
empresarial68, lo cual se acepta por la Corte para determinar que se absten-
dría “de efectuar orden alguna a las entidades implicadas en el proyecto de
interconexión eléctrica”69. Pero eso sí con la advertencia que plasma también
en la resolutiva de la sentencia, de que “en el evento de que el proyecto sea
viable y si en el proceso de planificación se advierte la potencialidad de afectar
a las comunidades étnicas accionantes de inmediato”, la empresa “gestione
la participación por medio del proceso de consulta previa […] con mayores
66 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-129 de 211. Fundamento jurídico 2.1.
67 Ibidem. Fundamentos jurídicos 4, y 6.
68 Dentro de las cuales estaban: i) el diseño de sus redes de transmisión de tal manera que inva-
dieran lo menos posible los territorios indígenas, ii) haber consultado sus proyectos con las co-
munidades afectadas (grupos étnicos o no) y iii) haber modificado el diseño de redes de energía
para evitar afectar territorios considerados como sagrados por algunos grupos étnicos. Corte
Constitucional de Colombia. Sentencia T-129 de 211. Fundamento jurídico 9..2.
69 Ibidem. Fundamento jurídico 9..3.
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18
Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
prevenciones a las que ha tenido en el pasado en cuanto a la protección de
comunidades”7.
La segunda referencia se produjo luego de identificar el incumplimiento
estatal de la obligación de procurar por la protección del ambiente sano con
especial incidencia sobre las comunidades y su supervivencia y de anunciar
las órdenes correspondientes, cuando precisa:
[…] que lo que está de por medio es el desarrollo sostenible y el crecimiento eco-
nómico como un todo; por ello, el ejercicio de la actividad económica debe suje-
tarse a las normas ambientales expedidas con el objetivo de mantener un medio
ambiente sano a través de un desarrollo económico razonable y con el control de
las autoridades ambientales. De esta forma también se requiere el compromiso y
la responsabilidad social de las empresas, para lo cual es importante aclarar que
ser socialmente responsable no se traduce en cumplir únicamente las obligacio-
nes jurídicas, sino que es deseable, dentro de un Estado Social y Democrático
de Derecho, que la iniciativa privada vaya más allá del mero cumplimiento de la
obligación legal, buscando la retribución al medio o entorno del cual deriva la
riqueza económica, es decir, el desarrollo de las comunidades en que se trabaja y
mitigar el impacto negativo en las mismas71.
Aunque esta significativa consideración no se concreta en orden alguna para
la empresa, revela cómo la Corte va descubriendo el papel protagónico de las
empresas en la realización o no de los derechos humanos de las personas y
comunidades afectadas por su actividad. Y cómo la libertad que ejercen no
sólo se delimita por las obligaciones dispuestas desde el principio de legalidad,
sino además por el tipo de desarrollo económico que la Constitución establece
como expresión de la naturaleza social y de derechos atribuida al Estado.
La consulta previa, la debida diligencia y la proporcionalidad
de los Principios Rectores
La Sentencia de unificación
su
-123 de 218 revisa la tutela presentada por
la Gobernación del Cabildo Indígena Awá La Cabaña contra las autoridades
nacionales (el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales) y una empresa petrolera (Consorcio Colombia Energy), al no
7 Ibidem. Fundamento jurídico 9..3 y resolutiva sexta.
71 Ibidem. Fundamento jurídico 9.7.6.
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181
haberse realizado la consulta previa para autorizar la exploración y explotación
de hidrocarburos que se adelantaba en su territorio.
Como ingrediente fáctico del caso se destaca el hecho de que la concesión
petrolera se otorgó, entre otras, a partir de la certificación del Ministerio del
Interior en la que se indicaba que en el área de influencia directa del proyecto
no existía presencia de comunidades étnicas. Por ello la Corte fijó como pro-
blemas jurídicos por resolver, si una tal certificación eximía de la obligación
de adelantar la consulta previa y de no ser este el caso y declararse vulnerado
el derecho, cuál era el remedio judicial apropiado, “en particular teniendo en
cuenta que el proyecto ya está iniciado […]”72.
Para resolverlos, además de analizar las distintas facetas del derecho en
cuestión, la Corte también desarrolla un apartado sobre “la debida diligencia
de los particulares y en especial de las empresas frente al derecho a la consulta
previa”73, en el cual señaló:
Aunque la responsabilidad esencial frente a la consulta previa es del Estado, eso
no implica que los particulares, y en particular las empresas, no tengan deberes
frente a este derecho fundamental. Esta conclusión deriva no sólo del efecto frente
a terceros que tienen los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucio-
nal colombiano sino también en el reconocimiento por el derecho internacional
de los derechos humanos de que las empresas tienen ciertas obligaciones frente
a los derechos humanos, que no son equivalentes a las de los Estados pero que
distan de ser menores e irrelevantes74.
A partir de aquí, precisa el alcance del estándar de la debida diligencia, que
fundamenta en diversas fuentes del Derecho Internacional. Son ellas, los
Principios Rectores, en particular, el Principio 17 sobre “la debida diligencia
en materia de derechos humanos”, que deben tener las empresas en esa ma-
teria, “a fin de identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias
negativas de sus actividades”7. Además, la sentencia de la Corte
idh
del caso
Pueblos Kaliña Lokono (21) en la que tuvo en cuenta lo previsto en los
Principios Rectores76.
72 Ibidem. Fundamento jurídico 4.1.
73 Ibidem. Fundamento jurídico 13.
74 Ibidem. Fundamento jurídico 13.1.
7 Ibidem. Fundamento jurídico 13.2.
76 Ibidem. Fundamento jurídico 13.2.
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182
Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
También incluye la Observación General número 24 del Comité
desC
de
Naciones Unidas sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto
de las actividades empresariales, en la que igualmente se contempla la debi-
da diligencia con base en el cual las empresas “deberán celebrar consultas y
cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de las
instituciones representativas de los pueblos indígenas […]”, a los efectos de
“permitir la identificación de los posibles efectos negativos de las actividades
y de las medidas a fin de mitigarlos y contrarrestarlos” y “propiciar la creación
de mecanismos de participación en los beneficios derivados de las actividades77.
Y los informes de 21 y 214 del Relator Especial para los derechos humanos
y las libertades de los pueblos indígenas, en los cuales se precisa que a más
los deberes generales, se configura el estándar mínimo de debida diligencia,
en el reconocimiento, sobre las tierras, territorios y recursos naturales, y en
consultar78.
Estos, conforme su jurisprudencia79, sirven a la Corte como “referentes
razonables para valorar la actuación de las empresas en relación con el deber
de desarrollar la consulta previa”, “como criterio hermenéutico relevante
para establecer el alcance de la protección de los derechos fundamentales”8.
Y también como parámetro para “adecuar las actuaciones de las autoridades
públicas y de los particulares a los principios constitucionales de buena fe
(artículo 83 C. P.) y confianza legítima, pues otorgan estabilidad a los actores
involucrados en relación con los lineamientos y criterios que deben seguir para
cumplir con los mandatos de la consulta previa”81.
Con base en el estándar señalado, la Corte examina entonces si se vulneró el
derecho a la consulta previa por parte de la empresa, no sin antes precisar que
la definición de la debida diligencia debe ser valorada “teniendo en cuenta los
valores constitucionales en tensión”, conforme al principio de proporcionalidad.
Esto permite, por lo demás, “encauzar la discrecionalidad del juez a la hora de
asignar los remedios eficaces para proteger el derecho a la consulta previa”82.
77 Ibidem. Fundamento jurídico 13.2.
78 Ibidem. Fundamento jurídico 13..
79 Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-71 de 212 y C-327 de 216.
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia
su
-123 de 218. Fundamento jurídico 13.6.
81 Ibidem. Fundamento jurídico 13.9.
82 Ibidem. Fundamento jurídico 13.7.
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183
Así pues, en el estudio del caso concreto, se determina que la empresa no
había cumplido con “los parámetros de debida diligencia que le correspondían”83
y que con tal incumplimiento vulneró “los contenidos esenciales del derecho
fundamental a la consulta previa” y además puso “en tela de juicio la buena
fe con que deben actuar las compañías explotadoras dedicadas a la actividad
minero-extractiva”84. Más en aplicación del principio de proporcionalidad que
debe servir para la definición del remedio judicial, no ordena en principio la
suspensión de la exploración petrolera, como quiera que no era del interés de
los tutelantes, ni era evidente que la misma fuera necesaria para restaurar los
derechos vulnerados8.
Conviene finalmente subrayar que, frente al empleo del estándar de la de-
bida diligencia como “parámetro para establecer la vulneración del derecho a la
consulta previa y para determinar el remedio judicial correspondiente”86, en la
aclaración de voto del magistrado Carlos Bernal Pulido se advirtió: i) Que este
“necesariamente debe considerar que la gestión de las empresas se encuentra
condicionada por el marco normativo que regula e impone los trámites a seguir
en estos casos, y limitada por la capacidad institucional de las entidades públi-
cas encargadas de adelantar los procedimientos correspondientes. Y ii) que la
“valoración de estas restricciones es necesaria para no incurrir en exigencias
desproporcionadas y evitar la incertidumbre jurídica que tal situación podría
generar”87. Con ello, no cuestionó el fundamento normativo del estándar,
pero sí los límites a que se somete su aplicación, en cuanto se enfrenta con el
principio de legalidad, de seguridad jurídica y por tanto con el principio pro
libertate que amparan a la empresa.
Aunque podría cuestionarse el hecho de que la responsabilidad de la em-
presa que se declara por incumplimiento del estándar de debida diligencia no
genera órdenes concretas sobre ella, esta sentencia tiene la virtualidad de es-
tablecer la fundamentación que desde el bloque de constitucionalidad poseen
los Principios Rectores, en particular el de la debida diligencia, que sin duda
se yergue como la columna vertebral que estructura la responsabilidad de las
empresas frente a los derechos humanos.
83 Ibidem. Fundamentos jurídicos 23.1-23..
84 Ibidem. Fundamento jurídico 23.6.
8 Ibidem. Fundamento jurídico 2.6.
86 Ibidem. Aclaración de voto del magistrado Carlos Bernal Pulido.
87 Ibidem.
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184
Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
4.2. el derecho al debido proceso
y los principios rectores
La Sentencia T-11 de 219 revisó la tutela instaurada por la comunidad in-
dígena Mokaná del resguardo Colonial de Tubará contra la Agencia Nacional
de Tierras, otras autoridades públicas y los proyectos empresariales que se
adelantan sobre el territorio que habitan. Lo anterior, por considerar vul-
nerado el derecho fundamental al debido proceso, con ocasión del despojo
de “las tierras que tradicionalmente han ocupado durante varios años, como
consecuencia de sentencias judiciales, a través de las cuales se han otorgado
títulos de propiedad sobre aquellos terrenos, que presuntamente pertenecen
a su resguardo”88.
Al estudiar el asunto, la Corte encontró que la queja constitucional for-
mulada planteaba no solo problemas jurídicos con relación al debido proceso
sino también respecto del derecho a la consulta previa. Así pues, con relación
al derecho a la consulta previa, la Corte retomó lo establecido en la sentencia
su
-123 de 218, incluido lo señalado en ella con relación a la eventual respon-
sabilidad de las empresas frente a la consulta previa, basada en los Principios
Ruggie y en el deber de la debida diligencia en materia de derechos humanos.
Sin embargo, al momento de pronunciarse sobre el fondo del asunto, la Cor-
te no hace uso de tales fundamentos, en cuanto su análisis se concentra en la
necesidad de proteger el derecho al debido proceso administrativo, desde la
clarificación de la propiedad y en las obligaciones del Estado frente a la con-
sulta previa.
Respecto al derecho al debido proceso, el tribunal encuentra que en efecto
las autoridades encargadas habían sido negligentes en adelantar los trámites
necesarios dentro del proceso de clarificación iniciado por el resguardo. Esta
tarea, empero, al exceder la competencia de la Corte, determina como orden
principal de la sentencia que la entidad competente lo tramite dentro de un
cierto término. Solo entonces se podrá dilucidar la legalidad o no de las “sen-
tencias judiciales, a través de las cuales se han otorgado títulos de propiedad
sobre aquellos terrenos que presuntamente pertenecen a su resguardo”89.
Por lo demás, con relación a las obras y actividades que se adelantan sobre
el territorio, el juez constitucional igualmente determina que se vulneró la
88 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-11 de 219. Fundamento jurídico 7.b.
89 Ibidem. Fundamento jurídico 2.
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18
consulta previa, al establecer que las autoridades competentes al autorizarlas,
“no verificaron la presencia de grupos étnicos en la zona a construir”9 y que
además dichos proyectos generaban una afectación directa sobre la comunidad.
No obstante, como se ha dicho, las órdenes que se adoptaron se dirigieron
hacia las autoridades públicas con competencia, sin que se dispusiera deber de
hacer o no hacer ninguno por parte de las empresas involucradas en los proyec-
tos en ejecución dentro del territorio reclamado. Y al contrario, producto de la
decisión de proteger el derecho al debido proceso desde la clarificación de la
propiedad, no se atendieron las peticiones de protección de los demandantes
y, en ese tanto, mientras dicho proceso se adelanta, se mantienen los efectos
de las sentencias de los jueces civiles que habían declarado la prescripción
extraordinaria de dominio sobre terrenos que hacen parte del territorio del
resguardo, así como el desarrollo de todas las obras que se estaban adelantando
dentro de él.
Con ello, lo que se hace manifiesto es que o bien no se siguió el precedente
de la sentencia
su
-123 de 218, o bien se sinceró su significado con relación
a la responsabilidad de las empresas frente a los derechos humanos, en el
sentido de que su reconocimiento es meramente programático, sin capacidad
para generar deberes exigibles, que puedan por lo demás, afectar los derechos
e intereses de aquellas, así se hallan consolidado a partir de actos u omisiones
administrativas violatorias de derechos fundamentales.
. empresas y derechos humanos
en la jurisprudencia de la corte constitucional
de colombia: trece reglas constitucionales
De la jurisprudencia presentada se pueden reconocer trece reglas constitucio-
nales sobre la relación entre las empresas y los derechos humanos. Aunque se
puede objetar que la mayor parte de la jurisprudencia sobre la responsabilidad
social empresarial y los Principios Ruggie se ha construido a partir de casos
sobre minería, es importante reconocer que el tribunal desarrolló y confi-
rió eficacia práctica tanto a la responsabilidad social empresarial como a los
Principios Ruggie. Por esa razón, a partir de la jurisprudencia constitucional
reseñada se pueden señalar estas reglas.
9 Ibidem. Fundamento jurídico 27.
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186
Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
La primera es la regla de concurrencia. Esta regla indica que la responsabili-
dad social empresarial contiene elementos centrales que coinciden (concurren)
con los principios y reglas de la configuración constitucional del Estado Social
de Derecho. Eso significa que, a pesar de que la responsabilidad social empre-
sarial suele ser el resultado de iniciativas voluntarias por parte de las empresas,
esta también contiene elementos que son definitorios en el comportamiento
que deben tener los actores económicos dentro de un Estado social de derecho.
En segundo lugar, se infiere la regla de la concreción de los deberes constitu-
cionales. Según esta regla, la relación entre la empresa y los derechos humanos
se construye a partir de la introducción de los deberes constitucionales, pues
más allá de la ley, el ejercicio de las libertades económicas está delineado por
los otros bienes constitucionales con que se articula. En concreto, la respon-
sabilidad social empresarial implica prácticas que son concreción de deberes
constitucionales propios de los actores con posibilidad de influir en el desa-
rrollo en concreto de derechos fundamentales.
En tercer lugar, la regla de conexidad. Bajo este parámetro, la responsabi-
lidad social empresarial implica prácticas que tienen íntima conexión con la
actividad productiva que despliega cada empresa, con los grupos de interés
con que se involucra el actor privado y con los principios axiales del Estado
social (i. e., la solidaridad).
En cuarto lugar, se puede colegir la regla de complementariedad. Bajo esta
regla se indica que la responsabilidad social empresarial complementa los prin-
cipios, deberes y obligaciones constitucionales relacionados con la protección
de los derechos humanos y la construcción del Estado Social de Derecho. De
manera que la responsabilidad social empresarial no es igual al Estado de De-
recho, al sometimiento a la ley o al respeto por los deberes legales o constitu-
cionales por parte de las empresas. Mucho más allá, la responsabilidad social
empresarial complementa esas obligaciones básicas generales que se derivan
de la simple actuación en sociedad para avanzar hacia un plus que pretende
retribuir, mejorar o proteger a las comunidades impactadas por la acción em-
presarial y a toda la sociedad.
En quinto lugar, se infiere la regla de la eficacia constitucional. Como conse-
cuencia de las primeras cuatro reglas surge esta quinta regla, según la cual, los
elementos de la responsabilidad social empresarial que, con base en las fuentes
de derecho internacional soft law o pactos empresariales, son ab initio volunta-
rios, adquieren eficacia y fuerza vinculante con base en la fuente constitucional.
En sexto lugar, la regla de la integración de los derechos fundamentales. Se-
gún esta regla, el hecho de que una actividad sea fruto de la ejecución de un
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187
programa de responsabilidad social empresarial no obsta para que la misma
involucre la concreción de los derechos fundamentales. Cuando un plan o
programa de la responsabilidad social empresarial no involucre el contenido
de los derechos fundamentales, estos se deben entender integrados implíci-
tamente en el diseño y ejecución de cada plan o programa.
En séptimo lugar, la regla del respeto a los límites constitucionales. Según
esta regla, el hecho de que una actividad sea fruto de la ejecución de un pro-
grama de responsabilidad social empresarial no obsta para que la misma deba
respetar los límites de índole constitucional.
En octavo lugar, la regla de participación. Según esta regla, la responsa-
bilidad social empresarial tiene como actores principales a las empresas. Sin
embargo, es dable ampliar el compromiso social a stakeholders –en terminología
de las Naciones Unidas– como la sociedad civilmente organizada, el Estado,
los sindicatos, las organizaciones con interés social,
ong
y organizaciones co-
munitarias, entre otros.
En noveno lugar, la regla de apertura que indica que la responsabilidad
social empresarial no se agota en este tipo de programas. Es decir, se ejerce la
responsabilidad social empresarial de manera transversal en toda la actividad
de los actores privados.
En décimo lugar, se concibe la responsabilidad social empresarial como
un mecanismo que pretende establecer que la empresa no solo tiene como
base teleológica la obtención del lucro, sino que este objetivo debe ser com-
plementado con la contribución esencial y definitiva de las empresas a la plena
protección de los derechos humanos. Eso implica que el individuo mismo es
el pilar fundamental tanto de las relaciones sociales como de aquellas que se
desarrollan dentro del marco empresarial. Por esa razón, en la responsabilidad
social empresarial también opera el principio pro persona de interpretación de
los planes y programas en que esta es diseñada e implementada.
La regla número once también es de tipo interpretativo y se refiere a que
la responsabilidad social empresarial y los Principios Ruggie son un criterio
relevante de interpretación de todas las normas aplicables a un caso concreto
que se encuentra dentro de la agenda de la Corte Constitucional cuando tal
caso involucra la vulneración de derechos humanos por parte de las empresas.
En duodécimo lugar, la regla de coordinación impone que las autoridades,
las empresas y las comunidades creen mecanismos de coordinación, delibe-
ración y diálogo para la aplicación de los Principios Ruggie a casos concretos
que involucran la vulneración de derechos humanos por parte de las empresas.
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Derechos Humanos, responsabilidad social empresarial y Principios Ruggie
Finalmente, la regla del pragmatismo. Según este parámetro, los Principios
Ruggie ya plantean dentro de sus consideraciones la importancia de remediar
los derechos humanos cuando estos se encuentren en riesgo o se hayan violen-
tado. Por lo cual, en el ámbito jurisprudencial, la Corte denota una importante
regla y es el rol del juez constitucional en la construcción pragmática de estos
mecanismos con miras a una reparación y a una actuación eficaz ante la vul-
neración de los derechos humanos por parte de las empresas.
tabla 1. reglas de la corte constitucional de colombia
sobre la aplicacin de la responsabilidad social empresarial
y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos
Regla Concepto Sentencia(s) en las que
se encuentra
1Concurrencia Elementos de la
rse
coinciden con
elementos del Estado Social de Derecho
T-247 de 21
C-68 de 21
2
Concreción
de los deberes
constitucionales
La
rse
concreta obligaciones generales
de fuente constitucional
T-871 de 214
C-1 de 21
T-732 de 216
C-77 de 217
T-34 de 217
3Conexidad
Elementos de la
rse
tienen fuerte conexión
con elementos constitucionales del Estado
Social de Derecho
T-247 de 21
C-68 de 21
C-91 de 21
4Complementariedad Contenidos de la
rse
complementan
deberes constitucionales
T-247 de 21
T-871 de 214
T-61 de 217
T-34 de 217
Eficacia constitucional Elementos de la
rse
adquieren fuerza
vinculante por mandato constitucional
C-68 de 21
T-871 de 214
6
Integración de
los derechos
fundamentales
Todo programa de
rse
integra
(implícitamente) los derechos
fundamentales
T-247 de 21
T-61 de 217
su
-9 de 218
7Respeto a los límites
constitucionales
Los programas de
rse
no pueden causar
o excusar la violación de derechos o
deberes constitucionales
T-247 de 21
T-61 de 217
8Participación La construcción de la
rse
debe ampliar
la deliberación a la sociedad civil
C-1 de 21
C-389 de 216
T-732 de 216
su
-9 de 218
su
-123 de 218
T-11 de 219
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Regla Concepto Sentencia(s) en las que
se encuentra
9Apertura
La
rse
es transversal y no se agota en
los programas de
rse
. Toda la actividad
empresarial debe ser social
T-129 de 211
1 Interpretación pro
persona
La protección del individuo es el
objetivo de la
rse su
-123 de 218
11 Interpretación basada
en la
rse
y los
Pr
La
rse
y los
Pr
son criterios de inter-
pretación del ordenamiento jurídico
T-871 de 214
T-732 de 216
12 Coordinación Autoridades, empresas y ciudadanos
deben coordinar la aplicación de los
Pr
C-389 de 216
T-732 de 216
13 Pragmatismo Se prefiere la acción más eficaz para
proteger derechos T-871 de 214
De esa manera, y con este conjunto de trece reglas, se fortalece la protección y
las garantías de los derechos humanos en su relación con las empresas creando
un apego pragmático a las soluciones dinámicas y a las prácticas que tengan
repercusión en la situación fáctica que se deriva del caso concreto estudiado.
La tabla previa pone en relación cada una de estas reglas con la jurisprudencia
constitucional descrita y analizada en las secciones anteriores.
6. conclusiones sobre la necesidad
de una justicia constitucional fuerte
y dialgica para avanzar en la proteccin
de los derechos humanos frente a la accin
de las empresas
En el final de nuestro trabajo, es necesario concluir que la justicia constitu-
cional se presenta ante nosotros como un mecanismo institucional necesario
e idóneo pero modesto para avanzar en la protección de los derechos huma-
nos por parte de las empresas. Eso es especialmente cierto cuando existe un
diseño de la justicia constitucional que combina los mecanismos fuertes de
justiciabilidad de los derechos (strong judicial review) y, además, la judicatura
adopta una postura dialógica respecto de los demás poderes del Estado y las
instancias internacionales pertinentes (weak constitutionalism).
El Principio Rector 26 se refiere a la existencia de mecanismos judiciales
estatales. La tesis de este artículo es que, en relación con la justicia consti-
tucional, la aplicación judicial de los principios exige un diseño de la justicia
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constitucional del tipo fuerte de manera que la judicatura constitucional tenga
la capacidad de establecer medidas concretas de protección de los derechos
humanos que sean eficaces para proteger a las comunidades y para dotar de
eficacia concreta a las normas constitucionales, internacionales y a los Princi-
pios Rectores relevantes en cada caso.
En buena medida eso es lo que ha ocurrido en Colombia y lo que permite
que se hayan establecido las trece reglas mencionadas. Detrás de esas reglas
hay casos dramáticos de vulneración a los derechos humanos de comunidades
que habitan un Estado que ha adoptado un modelo de extractivismo salvaje
que solo ha podido ser moderado por la acción de los jueces constitucionales
y, muy especialmente, de la Corte Constitucional.
Dentro de ese diseño, es importante que los mecanismos de acceso a la
justicia constitucional sean accesibles tanto en las vías de tutela o amparo
como en las vías de control de constitucionalidad. Eso implica que el ciuda-
dano tiene abiertas las puertas de los tribunales y que la ciudadanía, además
de la movilización política y social, actúa como motor del litigio en materia
de derechos humanos y empresas. Por eso es por lo que, de acuerdo con los
Principios Rectores, los Estados “deben asegurarse de no levantar barreras
que impidan llevar casos legítimos ante los tribunales, especialmente cuando
la vía judicial resulte esencial para la obtención de reparación o no haya otras
vías alternativas de reparación”.
Ahora bien, al mismo tiempo que se trata de una justicia constitucional
fuerte, esta también debe ser dialógica y deliberativa. Dialógica con las demás
autoridades del Estado (regla de coordinación) y con las instancias internacio-
nales que avanzan en la protección de los derechos humanos frente a la acción
de las empresas.
Por ejemplo, un diálogo crítico y constructivo con la Corte Interamericana
de Derechos Humanos que incluya la
oC
-22 de 216 sobre titularidad de de-
rechos por parte de las personas jurídicas91, la
oC
-23 de 217 sobre derechos
humanos y medio ambiente92 y con el caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam
91 Corte
idh
. Titularidad de derechos de las personas jurídicas en el sistema interamericano de
derechos humanos (interpretación y alcance del artículo 1.2, en relación con los artículos 1.1,
8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 2, 29, 3, 44, 46, y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, así como del artículo 8.1 A y B del Protocolo de San Salvador). Opinión consultiva
oC
-22/16 de 26 de febrero de 216. Serie A n.° 22, párrs. 7, 71 y 12.
92 Corte
idh
. Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el me-
dio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad
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Magdalena Correa Henao, Jorge Ernesto Roa Roa
191
de 21[93]. Además, que aplique la Resolución de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (
oea
)
ag
/
res
. 284 (
xliv
-O/14) sobre
la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresa-
rial. Finalmente, debe ser dialógica con la ciudadanía y los movimientos de la
sociedad civil a nivel nacional y trasnacional para que se puedan desarrollar:
Estrategias consolidadas como denunciar en público a los Estados recalcitrantes para
estimular su cumplimiento de los derechos humanos son ahora complementadas
con nuevas medidas de activismo transnacional que involucran un gran número
de actores y objetivos, como los movimientos sociales, los grandes grupos de co-
municación, las empresas multinacionales, organizaciones intergubernamentales,
universidades y redes activistas virtuales94.
Mientras no exista un tratado internacional vinculante sobre la materia, lo
cual, de momento, parece lejano por varias razones9 y tampoco garantiza la
superación de todos los complejos problemas de protección de los derechos
humanos que involucra la acción de las empresas, es necesario que la justicia
constitucional avance en la eficacia de los instrumentos constitucionales, inter-
nacionales y empresariales con base en los fundamentos constitucionales de la
libertad de empresa, sus límites y los deberes de estos actores en la protección
de los individuos y de los pilares fundamentales de la sociedad.
personal - interpretación y alcance de los artículos 4.1 y .1, en relación con los artículos 1.1 y
2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva
oC
-23/17 de 1
de noviembre de 217. Serie A n.° 23, párrs. 11-1 y 16.
93 Corte
idh
. Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia
de 2 de noviembre de 21. Serie C n.° 39, párrs. 223-226.
94
rodríguez garaviTo, César
(ed.). Empresas y derechos humanos en el siglo
xxi
, Buenos Aires,
Siglo
xxi,
218, p. 28.
9 “Las propuestas centradas en un tratado vinculante, por ejemplo, podrían deberse en parte a
la frustración ante la falta de eficacia de los estándares voluntarios, a la necesidad de reforzar el
contenido expresivo y los efectos de las normas internacionales, a la inercia de las doctrinas y
los enfoques jurídicos tradicionales, a incomprensiones conceptuales o a una combinación de
todas las anteriores”.
rodríguez garaviTo, César
(ed.). Empresas y derechos humanos en el
siglo
xxi
, Buenos Aires, Siglo
xxi,
218, p. 272.
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derechos humanos
y la actividad empresarial
en colombia: implicaciones
para el estado social
de derecho
universidad externado de colombia
con el apoyo de la fundacin ford brasil y el consorcio
latinoamericano de posgrado en derechos humanos
julin
tole martnez
Editor
pi Derechos humanos_sept 10.indd 5 9/10/19 12:18 PM
isbn
978-98-772-xxx-x
© 219, julin tole martnez (editor)
© 219, universidad externado de colombia
Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá
Teléfono (7 1) 342 288
publicaciones@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Primera edición: septiembre de 219
Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
Corrección de estilo: Óscar Torres Angarita
Composición: Precolombi EU-David Reyes
Impresión y encuadernación:
Tiraje de 1 a 1. ejemplares
Impreso en Colombia
Printed in Colombia
Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización
expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia.
Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.
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Article
El propósito de este artículo es determinar si la normatividad y esquemas que materializan la responsabilidad social empresarial (RSE), se traducen en obligaciones para las empresas activas en el territorio colombiano. Para el desarrollo de este objetivo, se lleva a cabo un estudio general del concepto de RSE, en concreto, de su origen, desarrollo y estructura, con apoyo en la doctrina y en algunos instrumentos de RSE internacionales. En particular, se evidencia cómo el debate internacional sobre la RSE oscila entre intentos por volverla obligatoria, e instrumentos donde se manifiesta como una herramienta normativa blanda. Este fenómeno es evidente también en el plano doméstico colombiano, donde la jurisprudencia constitucional se ha ocupado de la RSE y de su relación con el ordenamiento constitucional colombiano. A través de esta jurisprudencia, se identifica el respaldo constitucional de la RSE en Colombia, así como el entendimiento sobre su alcance. Se concluye que, si bien el juez constitucional reitera que la RSE es voluntaria, la narrativa constitucional de la RSE contiene elementos de obligatoriedad.
Consejo de Administración. Iniciativa InFocus sobre responsabilidad social de la empresa. 29. a reunión
  • Oficina Internacional Del Trabajo
Oficina Internacional del Trabajo. Consejo de Administración. Iniciativa InFocus sobre responsabilidad social de la empresa. 29. a reunión, Ginebra, marzo de 26.
We the Corporations: How American Businesses Won Their Civil Rights
  • Adam Winkler
WinKler, adaM. We the Corporations: How American Businesses Won Their Civil Rights, Liveright Publishing, 218.
Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de noviembre de 21. Serie C n.° 39, párrs
  • Corte Idh
Corte idh. Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de noviembre de 21. Serie C n.° 39, párrs. 223-226.