¿Justicia frente a la barbarie? ONG, víctimas y escándalo político-mediático por los falsos positivos en Colombia

Abstract

Mi argumento principal es que la histórica capacidad de producción de información y conocimiento por parte de las ONGs nacionales de derechos humanos y su interrelación con las víctimas, permitió que se fortalecieran las denuncias y, a pesar de la compleja y tensa relación que existe entre la defensa de los derechos humanos y los medios de comunicación en Colombia, se construyera el caso de los “falsos positivos” como un escándalo político difícil de evadir. Frente a las resistencias de los gobiernos, que se dirigieron a negar las violaciones, el posicionamiento mediático a nivel nacional e internacional de “los falsos positivos” permitió difundir un marco de denuncias que trascendió el discurso oficial.
Primero, desarrollo los ejes analíticos para el estudio de la acción colectiva de defensa de los derechos humanos, los procesos de presión basados en la construcción de información y el rol (poco abordado) de los medios de comunicación para fortalecer (o debilitar) estos procesos. Segundo, ubico el contexto general del conflicto por los derechos humanos en Colombia. Tercero, descompongo el proceso de demanda por justicia frente a las ejecuciones extrajudiciales a partir de la interacción entre actores oficiales, no oficiales, medios y acceso a la justicia. Finalmente, extraigo conclusiones.

Full text

Derechos humanos
y conflictos por la justicia
en américa latina
Laura Loeza reyes
Jairo antonio López pacheco
(coordinadores)
Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
México, 2019
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 5 18/06/2019 01:31:17 p.m.

¿justicia frente a la barbarie?
ong, víctimas y escánDalo
político-meDiático por los “falsos
positivos” en colombia
Jairo Antonio López*
INTRODUCCIÓN
Las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, conocidas
en Colombia como “falsos positivos”, hacen parte de un conjunto de sistemáticas
violaciones a los derechos humanos donde miembros de las Fuerzas Armadas
presentaron como guerrilleros abatidos en enfrentamientos los cuerpos de per-
sonas que habían sido secuestradas, trasladadas a zonas de confrontación arma-
da, uniformadas y asesinadas. Los crímenes tenían el fin de elevar el número de
registros de “guerrilleros dados de baja” como principal indicador del éxito de la
política militar, así como la obtención de recompensas económicas y beneficios
especiales. La etapa más crítica de estos delitos se presentó entre los años 2006 y
2008, siendo presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y ministro de defensa su
sucesor presidencial Juan Manuel Santos (2010-2018) (
cinep
, 2011; Angulo 2012;
Rojas y Benavides, 2017).
Por estas violaciones de derechos humanos existen cientos de procesos ju-
diciales abiertos por la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, las condenas
y responsabilidades reconocidas son muy escasas, concentradas principalmente
en soldados que ejecutaron órdenes y no en quienes tienen responsabilidad de
mando en el diseño y operación de esta política (
cinep
, 2011; Movimiento de
* Investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracru-
zana, México.
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derechos humanos y conflictos por la justicia en américa latina
Reconciliación y Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 2014;
hrw
,
2015). La fiscal de la Corte Penal Internacional no ha dudado en denominar esta
situación como una “barbarie humanitaria” y, dados los alarmantes indicadores
de impunidad, ha sido insistente en exigir justicia efectiva, de lo contrario la Corte
tomaría medidas sobre el caso, amenazando con sancionar por primera vez en la
historia un caso no africano (Corte Penal Internacional, 2017;
hrw
, 2018; Gallón,
20 de diciembre de 2017; El Espectador, 11 de septiembre de 2017; Revista Semana,
13 de septiembre de 2017).
La lucha por el acceso a la justicia ante una de las mayores tragedias humanita-
rias de principios de siglo
xxi
en Colombia, se inscribe en un proceso más amplio
de contienda política frente a gobiernos que han legitimado graves violaciones
a los derechos humanos (López, 2015, 2013; Hincapié y López, 2015). En este
proceso, la disputa por visibilizar y denunciar las ejecuciones extrajudiciales tiene
una importante particularidad en términos empíricos y analíticos: las violaciones
tomaron notoriedad bajo el término de “falsos positivos”, generando múltiples
solidaridades y conexiones entre organizaciones de derechos humanos y víctimas
en el nivel nacional e internacional, logrando una centralidad tal que la
cpi
tiene un
expediente abierto sobre el caso y existe la expectativa de que se generen sanciones
por medio de los mecanismos transicionales de los Acuerdos de Paz de La Habana.
Por estas razones, planteo las siguientes preguntas: ¿Por qué estas violaciones de
derechos humanos se tornaron centrales en el conflicto por los derechos humanos
en Colombia? ¿Cuáles han sido las estrategias, oportunidades y obstáculos que
han encontrado las organizaciones de derechos humanos para avanzar en estas
denuncias? ¿Fue posible, dada la visibilidad pública de “los falsos positivos”, generar
procesos de rendición de cuentas y castigo a los responsables? ¿Qué estrategias y
resistencias han desarrollado los gobiernos para limitar los reclamos de justicia
frente a esta barbarie?
Siguiendo los ejes del presente libro, haré énfasis en las estrategias de las
ong
y las víctimas para denunciar las violaciones de derechos humanos, y los factores
que permitieron que las exigencias en el nivel nacional e internacional por justicia
frente a las ejecuciones extrajudiciales se hicieran más fuertes. Mi argumento prin-
cipal es que la histórica capacidad de producción de información y conocimiento
por parte de las
ong
nacionales de derechos humanos y su interrelación con las
víctimas permitió que se fortalecieran las denuncias y, a pesar de la compleja y
tensa relación que existe entre la defensa de los derechos humanos y los medios de
comunicación en Colombia, se construyera el caso de los “falsos positivos” como
un escándalo político difícil de evadir. Frente a las resistencias de los gobiernos,
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que se dirigieron a negar las violaciones, el posicionamiento mediático nacional
e internacional de “los falsos positivos” permitió difundir un marco de denuncias
que trascendió el discurso oficial.
Primero, desarrollo los ejes analíticos para el estudio de la acción colectiva
de defensa de los derechos humanos, los procesos de presión basados en la cons-
trucción de información y el rol (poco abordado) de los medios de comunicación
para fortalecer (o debilitar) estos procesos. Segundo, ubico el contexto general
del conflicto por los derechos humanos en Colombia. Tercero, descompongo el
proceso de demanda por justicia frente a las ejecuciones extrajudiciales a partir
de la interacción entre actores oficiales, no oficiales, medios y acceso a la justicia.
Finalmente, extraigo conclusiones.
ONG, INFORMACIÓN Y MEDIOS EN LA CONTIENDA
POR LOS DERECHOS HUMANOS: UNA INTERSECCIÓN ANALÍTICA
Las investigaciones sobre la socialización y defensa de los derechos humanos han
evidenciado, cada vez con datos más agregados y sistemáticos, que los resultados
deseables en materia de derechos deben ser entendidos como procesos dinámicos
que involucran dimensiones internacionales y nacionales. Las leyes e instituciones
de derechos humanos, el activismo trasnacional y la existencia de movimientos
sociales nacionales y locales, son mecanismos que inciden de manera determinante
en el reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos (Dancy y Sikkink,
2017; Sikkink, 2017). Igualmente, las investigaciones han señalado que la interac-
ción e interdependencia que existe entre la acción colectiva (
ong
, movimientos,
víctimas, etc.) y los derechos humanos, está marcada por procesos de localización,
apropiación e interacción estratégica entre los actores colectivos y los gobiernos
(López e Hincapié, 2015a). Por estas razones, es necesario hacer énfasis en la diná-
mica contenciosa al interior de los Estados y la manera en que los actores colectivos
apelan a diferentes repertorios para la defensa de los derechos humanos, logrando
posicionar, o no, sus demandas como centrales frente a los gobiernos y los efectos
generados (López, 2017; López e Hincapié, 2015a).1
1 En todos los capítulos de este libro podemos apreciar estas relaciones estratégicas entre actores
colectivos y gobiernos. Particularmente en el capítulo de Sandra Hincapié se observa con claridad la
forma como los propios procesos de movilización al interior de los Estados determinan las lógicas
de movilización en el nivel trasnacional.
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Dentro de los múltiples y diversos repertorios a los que apelan los actores co-
lectivos que defienden derechos humanos, la estrategia de “nombrar y avergonzar”
(naming and shaming), es decir, la generación y socialización de información creíble
sobre violaciones de derechos humanos, ha sido una de las más extendidas. Existen
tres razones principales que explican la difusión de esta estrategia. Primero, está basada
en el establecimiento de estándares altamente aceptados a través de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y los diferentes tratados regionales e interna-
cionales, es decir, cuando se denuncia la “perversidad” de una práctica, se hace con
base en principios moralmente aceptados. Segundo, se ha consolidado una amplia
variedad de
ong
, organizaciones intergubernamentales y algunas organizaciones
gubernamentales dedicadas a investigar con sistematicidad los abusos en materia de
derechos humanos, es decir, la reputación de las organizaciones defensoras de derechos
humanos ha permitido que su información sea tomada con mucha seriedad. Tercero,
hasta el momento, dentro del campo de los derechos humanos los actores civiles no
tienen muchos otros medios de presión para generar cambios, razón por la cual esta
estrategia comúnmente está dirigida a ejercer presión sobre actores con capacidad
coercitiva, como pueden ser cortes y gobiernos poderosos, para que tomen medidas
de castigo activando indirectamente mecanismos de rendición de cuentas (Franklin,
2015; Hafner-Burton, 2008; Cárdenas, 2007; Tarrow, 2005; Keck y Sikkink, 2000).
En este sentido, la relación entre las demandas colectivas, las
ong
y los medios
de comunicación se vuelve central. Por una parte, la producción de información
y conocimiento que desarrollan las
ong
cumple una función de “mediación” de
las demandas colectivas (de las víctimas y de los movimientos sociales), es decir, la
profesionalización que permite a los actores colectivos vincularse y relacionarse de
manera sostenida y eficiente con las instituciones gubernamentales (López, 2017;
López e Hincapié, 2015a).2 Por otro lado, es importante para los actores colectivos
que impulsan estos reclamos poder tener resonancia en los medios de comunicación,
ya que cuando los medios informan e investigan sobre problemas puntuales tienen
la capacidad de producir cambios sobre la percepción social y posicionar debates
2 Este punto de mediación y profesionalización de las
ong
en las luchas por los derechos humanos
se puede observar con total claridad en los capítulos de Laura Loeza, María Teresa Villarreal e Ixchel
Benítez del presente libro. En estos capítulos el rol cumplido por las
ong
con mayor capacidad de
movilizar recursos y personal fue clave en el rumbo que tomaron los diferentes conflictos por la jus-
ticia. Igualmente, en los capítulos de Virginia Vecchioli y Carolina Robledo quedan expresadas con
claridad varias de las tensiones que existen en los procesos de profesionalización que experimentan
las propias víctimas, quienes se ven obligadas a “aprender” a relacionarse con el Estado.
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en agendas más generales y públicas. A pesar de la centralidad de la generación de
información que produzca presión sobre las situaciones de violación de derechos
humanos, son escasos los estudios que analizan la relación entre la acción colectiva
de defensa de los derechos humanos, los medios de comunicación y los procesos
de sanción y rendición de cuentas (De Jong, Shaw y Stammers, 2005).3
En esta lógica, un mecanismo estudiado que aumenta las probabilidades de
generar sanciones y castigos por el abuso del poder son los “escándalos políticos”, es
decir, “acciones o acontecimientos que implican ciertos tipos de transgresión que son
puestos en conocimiento de terceros y que resultan lo suficientemente serios para
provocar una respuesta pública” (Thompson, 2001: 32). Cuando los movimientos y
organizaciones no gubernamentales logran incidir en la generación de noticias que
visibilicen los abusos del poder y las violaciones de derechos humanos, se constituyen
como “contrapoderes”, potenciando un efecto democratizador de la esfera pública
(Castells, 2011; Cohen y Arato, 2000; Olvera, 1999; Rosanvallon, 2007).
Cuadro 1. Dimensiones de análisis de la contienda por las ejecuciones extrajudiciales
Dimensión Características
Estructuras de movilización La forma en que los actores se organizan y se conectan unos
con otros.
Principales repertorios colectivos Tipo de acciones que decidan llevar a cabo los actores
colectivos y cómo afrontan el desafío de hacer sus reclamos
visibles y eficaces.
Resonancia de las demandas en
los medios
La forma como los medios retoman las demandas y permiten,
o no, que aumente la presión sobre los gobiernos.
Reacciones oficiales y efectos
sobre las demandas de justicia
Acciones gubernamentales y respuestas a las demandas
colectivas.
Fuente: elaboración propia.
3 Si bien existen estudios cada vez más detallados sobre la influencia de las
ong
en la producción de
noticias y en su relación con los periodistas, el énfasis está dado en, por ejemplo, cómo se publican
notas que hacen referencia a
ong
en particular (Powers, 2015, 2014; Thrall, Stecula y Sweet, 2014;
Waisbord, 2011). Igualmente, autores críticos como Bob (2006) han enfatizado lo que denomina
“estrategias de márketing mediático” de las
ong
de derechos humanos, es decir, la forma como
ciertas
ong
posicionan su “marca” en los medios y legitiman su prestigio (con casos como Amnistía
Internacional, Green Peace). Lo anterior no deja de ser relevante, ya que los estudios clásicos dentro
de las teorías de los movimientos sociales y la acción colectiva han señalado la importancia estratégica
que tiene la atención de los medios para los movimientos (Gamson, 2004).
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Además del potencial efecto dinamizador que puede tener la resonancia de los
reclamos de los actores colectivos en los medios de comunicación, es importante
recordar que como en toda contienda, la dinámica no es lineal, reproduce lógicas
de confrontación donde los gobiernos y los actores involucrados actúan estraté-
gicamente. Estas confrontaciones alteran el rumbo de las demandas y el conflicto
a partir de relaciones de interacción estratégica (Tilly y Tarrow, 2007). De acuer-
do con lo anterior, en el cuadro 1 sintetizo las dimensiones a partir de las cuales
analizaré el conflicto por la defensa de los derechos humanos y las exigencias de
justicia frente a las ejecuciones extrajudiciales, haciendo énfasis en la interacción
entre acción colectiva, medios y respuestas gubernamentales.
EL CONFLICTO POR LOS DERECHOS HUMANOS
EN COLOMBIA Y LAS DISPUTAS POR LAS EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES
En el escenario internacional de socialización de los derechos humanos, Colombia es
un caso dramático en el que se presenta un consistente avance constitucional de estas
normas, apertura total hacia el régimen internacional de los derechos humanos, al
tiempo que persiste una dolorosa realidad de graves violaciones e impunidad. En
este contexto, el movimiento de derechos humanos ha desarrollado una histórica
movilización desde las regiones más afectadas por el conflicto y la violencia, don-
de el marco de demandas por la paz, respaldado por la Constitución de 1991, ha
sido un eje de cohesión, legitimidad y gran visibilidad internacional (Tate, 2007).
Particularmente entre los años 2002 y 2010, bajo los gobiernos de Álvaro Uribe, la
política de guerra (llamada política de “seguridad democrática”) se combinó con
el desarrollo de una clara confrontación a la defensa de los derechos humanos,
elevando los costos de la acción colectiva (López, 2015).
Como he evidenciado en otros trabajos, existe una correlación entre aumento
de la movilización y la resistencia en medio de la violencia, con la organización y
profesionalización en la defensa de los derechos humanos en Colombia. Esta doble
relación ha llevado a que se institucionalice todo un campo de acción colectiva en
la defensa de los derechos humanos con cierto grado de coordinación y centra-
lización a través de las
ong
, que combina la educación, la organización jurídica,
la acción política, la protesta y los actos simbólicos. Esta movilización ha llevado
a la consolidación de cuatro tipos de repertorios por medio de la especialización
de diversas
ong
: el activismo jurídico, el activismo en producción de información y
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conocimiento, la intervención focalizada en zonas de conflicto y construcción de paz
y el activismo por sector (López, 2012).
A pesar de la trayectoria de movilización y coordinación de diversas organi-
zaciones no gubernamentales y de víctimas, que entre otros resultados ha logrado
que el caso colombiano sea uno de los más sancionados en el nivel interamericano,
esta ha traído como consecuencias no deseadas, y dadas las respuestas de los go-
biernos, un proceso de rutinización, indiferencia y cinismo gubernamental frente
a los derechos humanos (López e Hincapié, 2017; Hincapié y López, 2015). Este
escenario de movilización social y negación gubernamental marcó el conflicto por
los derechos humanos en Colombia frente a las ejecuciones extrajudiciales.
Nombrando una realidad disputada: el escándalo mediático
de los “falsos positivos”
El reconocimiento del Estado como victimario de muchas de las violaciones de
derechos humanos en el país ha sido un punto fundamental de confrontación
entre las
ong
, las víctimas y el gobierno. Un argumento esgrimido históricamente
por los actores gubernamentales en el conflicto por los derechos humanos en
Colombia ha sido el de los “daños colaterales” o “consecuencias de la guerra”, para
referirse al sinnúmero de violaciones a derechos humanos que se han registrado
en Colombia (Brysk, 2009). Esta confrontación tomó la forma de una “disputa
por las cifras” y su “interpretación” en el periodo que nos concierne, es decir, si
bien el gobierno nacional defendió la idea según la cual desde el año 2005 habían
disminuido los asesinatos políticos, las
ong
argumentaban que estos cayeron a raíz
de una “pacificación paramilitar”, el aumento del desplazamiento, las amenazas y
la criminalización indirecta (
cajar
y CCJ, 2008).4 Dado que el presidente Uribe
presentaba una situación de “pacificación” en la que el orden público y la seguridad
estaban controlados, las denuncias de las
ong
mostraban un panorama opuesto y
una violencia política que seguía al servicio de las estructuras criminales.
Esta disputa y confrontación fue evidente en las demandas por las ejecuciones
extrajudiciales. Durante muchos años las
ong
de derechos humanos habían denun-
ciado este tipo de ejecuciones como prácticas reiteradas de las Fuerzas Armadas,
señalando que el número de víctimas era potencialmente elevado dada la existencia
4 El caso de la “disputa por las cifras” sobre la violencia contra sindicalistas es emblemático; al respecto
ver López e Hincapié, 2015b.
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de decenas de miles de “cuerpos no identificados” enterrados en los cementerios
del país y que habían sido registrados como bajas en combate (Giraldo, 2010). Las
ong
fundamentaban sus denuncias en el trabajo de producción de información y
conocimiento, que les ha permitido, en coordinación con cientos de organizaciones
nacionales y locales, construir importantes bancos de datos sobre violaciones de
derechos humanos, como el banco Noche y Niebla del Centro de Investigación y
Educación Popular (
cinep)
y la Comisión de Justicia y Paz.5 La información de las
ong
evidenciaba una constante de ejecuciones extrajudiciales que permanecían
en la impunidad, haciendo énfasis en la gravedad de algunos casos como el depar-
tamento de Antioquia, con por lo menos 74 casos con 110 víctimas de ejecuciones
presentadas como bajas en combate entre los años 2000 y 2006. Para los años 2006
y 2007 las
ong
ya advertían que la política gubernamental de dar dinero por el
asesinato de subversivos llevó a que miembros de la Fuerzas Militares presentaran
sistemáticamente ejecuciones extrajudiciales como bajas en combate.
Las denuncias de las organizaciones de derechos humanos fueron retomadas
por diversos organismos y organizaciones internacionales, incluyendo la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (
cidh
) que el 10 de octubre de 2007 realizó
la Audiencia “Seguimiento a las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en Co-
lombia” en el marco del 130 periodo de sesiones. En dicha sesión de denuncia pública
participaron la Comisión Colombiana de Juristas (
ccj
), Grupo Interdisciplinario
por los Derechos Humanos (
gidh
), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
(
cajar
), Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Asociación para la Promoción
Social Alternativa (
minga
), Fundación Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos (
fcspp
), Corporación Jurídica Libertad (
cjl
),
reiniciar
y Humanidad
Vigente. Estas
ong
presentaron el informe, elaborado en coordinación entre las
diversas organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, Ejecuciones
extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública en Colombia, junio de 2006 a junio
de 2007; asimismo presentaron el Informe preliminar de la Misión Internacional de
Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, elaborado
por 13 expertos independientes de diferentes países del mundo.
5 Tales bancos se organizan por medio de sistematización interna e individual, y de centralización
de información que envían desde diferentes organizaciones, movimientos, agrupaciones, colectivos
o comités en las regiones del país. Los bancos de datos consisten en un procesamiento de “acciones
urgentes”, “casos de violación”, “informes periódicos” y “relatos y memorias de casos emblemáticos”;
esta información se encuentra centralizada en el Sistema de Información Coordinado de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
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¿justicia frente a la barbarie?
Esta estrategia de nombrar y avergonzar ante instancias internacionales llevó a
que la influyente
ong
internacional
wola
(2007) instara al Congreso de Estados
Unidos a tomar medidas en el asunto, por medio del memorando U.S. groups, alar-
med by increase in extrajudicial executions in Colombia, urge stricter enforcementof
U.S. human rights conditions. Finalmente, la
cidh
señaló en el capítulo sobre Co-
lombia en su informe general del año 2007, que tan solo para el primer semestre
de dicho año se habían registrado por lo menos 243 ejecuciones extrajudiciales,
retomando los informes de las
ong
y los datos de Noche y Niebla (
cidh
, 2007).
A pesar de la difusión que estaban tomando las denuncias ante organismos
internacionales, al interior del país la discusión sobre las ejecuciones extrajudiciales
era escasa. En los medios de comunicación, como la televisión y los diarios impresos,
se reproducía la postura oficial del éxito de la política de seguridad, proyectando
de manera efectiva la idea de un gobierno “patriótico” que “rescataba la nación”
de “la amenaza del terrorismo” (López de la Roche, 2014; Rincón y Uribe, 2015;
García y Wills, 2011). Esta tendencia de legitimación mediática de la postura oficial
tuvo un punto de quiebre en el año 2008, y es que, a pesar de la denuncia histórica
sobre las ejecuciones extrajudiciales, estas solo fueron retomadas como un pro-
blema por los medios después de que en septiembre de dicho año se registrara el
caso de la desaparición de 19 jóvenes de la localidad de Soacha y Ciudad Bolívar
(en las laderas de Bogotá), que aparecieron posteriormente muertos como bajas
de combate en Ocaña, Norte de Santander.
El escándalo político-mediático inició el 27 de septiembre de 2008 cuando la Re-
vista Semana publicó como portada de su edición 1378 la noticia “¿Falsos positivos
mortales?”, junto con la imagen desgarradora de Flor Hilda Hernández (madre de
Elkin Gustavo Verano uno de los jóvenes desaparecidos de Soacha) derrumbada
en llanto al encontrar el cadáver de su hijo. Si bien las denuncias sobre este tipo de
crímenes ya tenían más de tres años, la nota era presentada con un tono de “sor-
presa”, reiterando varias veces que tanto el ministro de Defensa, la Fiscalía General
de la Nación y las Fuerzas Armadas tenían “el temor de que estos extraños casos
sean en realidad ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de la Fuerza
Pública” (Revista Semana, 27 de septiembre 2008, subrayado propio).
Esta noticia, presentada como “el caso de los jóvenes de Soacha”, fue el punto
de quiebre y el inicio de un escándalo político que fracturó la trayectoria de legi-
timación y silencio oficial sobre las ejecuciones extrajudiciales. Como indica el
periodista Juan Diego Restrepo, a partir del análisis del documental Detrás de los
medios/los falsos positivos, los noticieros de los canales de televisión Caracol y
rcn
“se disputaron la exclusividad de la noticia, imprimiéndole un tono sorpresivo, a
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derechos humanos y conflictos por la justicia en américa latina
pesar de la constante denuncia pública nacional e internacional sobre la existencia
de dicho fenómeno” (en línea).6 Hasta el momento el término “falso positivo” había
sido utilizado para referirse a falsos atentados terroristas, sin embargo desde este
momento se asoció a la práctica de presentar falsas bajas en combate.7
La respuesta inmediata del gobierno ante estas denuncias públicas fue de nega-
ción y confrontación. El 7 de octubre de 2008 el presidente Uribe dijo púbicamente
que el caso de los jóvenes de Soacha era “efectivamente el de bajas en combate”.
Además de negar la responsabilidad estatal, el gobierno revictimizó a las víctimas
cuando el presidente afirmó que los jóvenes “no fueron a coger café, iban con
propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino
un mes más tarde”; acto seguido, el presidente planteó que el “escándalo” por esos
hechos eran “intentos para enlodar la buena labor del ejército colombiano en la
lucha contra el terrorismo” (El Espectador, 8 de marzo 2008).
Frente a la negación gubernamental, la presión de las madres de las víctimas y las
organizaciones de derechos humanos obligó a que la Fiscalía General de la Nación
adelantara investigaciones sobre los hechos, comprobando que los jóvenes habían
sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En tal sentido, el Fiscal General de la
Nación desmintió al presidente, razón por la cual este tuvo que retractarse por medio
de un comunicado sobre las afirmaciones realizadas, aunque esta vez sin el impacto
mediático que tuvo el acto de revictimización pública. El 24 de octubre el general
del Ejército Mario Montoya aceptó que existían pruebas de que “el procedimiento
llevado a cabo por los integrantes de las Fuerzas Militares no fue el debido y pide
retirar de los cargos a tres coroneles” (Palacio, 2011).
Tras las denuncias de las desapariciones de los jóvenes en Soacha, las madres de
las víctimas persistieron en la exigencia de búsqueda, justicia y reparación, consti-
tuyéndose en un referente nacional e internacional de acción colectiva, identificado
como “las Madres de Soacha”. Estas madres han promovido, en colaboración con
ong
como el
cajar
, la
minga
y el
cinep
, demandas por la justicia, visibilizando
públicamente las ejecuciones extrajudiciales como una política de Estado y, por
6 El noticiero
rcn
, literalmente, presentó su “exclusiva” como producto de una “casualidad” cuando
un reportero se encontraba en un hospital haciendo seguimiento a otra noticia y “se encontró” con
familiares de víctimas de estos hechos. El documental realizado por Producciones El Retorno se puede
consultar en https://www.youtube.com/watch?time_continue=354&v=mDOK-8xyMSI.
7 En el rastreo de prensa realizado entre los años 2002 y 2018, identifiqué que las primeras apariciones
del término “falsos positivos” para hacer alusión a crímenes de la fuerza pública, se dieron en 2006,
cuando se presentaron “falsos atentados terroristas” en Bogotá como montajes del Ejército (Revista
Semana, 25 de noviembre 2006; Revista Semana, 21 de noviembre 2006).
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ende, como crímenes de Estado y no como delitos de miembros individuales (Padilla
y Sampietro, 2014; Medina, 2013). Los reclamos colectivos se vieron reforzados
con la publicación del informe “Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable”,
a finales de octubre de 2008 (
cceeu
, 2008). En este informe se documentaban 535
ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2007 y junio de 2008, con seguimiento
judicial solo al 25% de estas. Ante la contundencia de las denuncias y el escándalo
político, el mismo 30 de octubre el Ejecutivo y el ministro de Defensa destituyeron,
en una alocución pública, a 27 militares de rango medio y alto, incluyendo generales
del Ejército. A pesar del despido de los militares, y la renuncia del general de las
Fuerzas Armadas, Mario Montoya, la postura del gobierno continuó siendo la de
la defensa del Ejército, haciendo énfasis en el hecho de que se trataba de “manzanas
podridas” que actuaban fuera de la ley y que, incluso, cometían estos crímenes para
deslegitimar al Ejército (Palacio, 2011: 73).
Si bien el ejecutivo presentó esas acciones como parte de una estrategia de
reforma al interior de las Fuerzas Armadas, las
ong
y las víctimas las consideraron
insuficientes, pues no asumían la responsabilidad en el diseño de una política que
permitió que las ejecuciones extrajudiciales fueran sistemáticas y generalizadas.
Para las
ong
estos casos se presentaron dado que se mantuvo una directiva que
mantenía remuneraciones económicas por presentar personas dadas de baja en
combate; luego de iniciada la investigación judicial se descubrió que por cada jo-
ven presentado como baja guerrillera se pagaba un millón de pesos en el Ejército,
además que las características de las víctimas eran, generalmente, el ser personas
pobres, vulnerables y con problemas de salud (Revista Semana, 5 de diciembre
de 2011; Revista Semana, 28 de junio de 2011; Ugarriza y Pabón, 2017). La falta
de compromiso real con la justicia ante estos casos se vio reflejada en el hecho de
que el general Montoya fue nombrado, meses después, embajador en República
Dominicana, cargo que ocupó hasta julio de 2011 cuando debió renunciar por
investigaciones que la Fiscalía abrió en su contra por la falsa desmovilización de
un frente guerrillero en 2006 (otro falso positivo) y apoyo al paramilitarismo (El
Tiempo, 22 de julio de 2011).
Algunas investigaciones han documentado cómo incrementó el cubrimiento
de los casos relacionados con los “falsos positivos” en los medios de comunicación
(Palacio, 2011), especialmente entre los años 2008 y 2009 donde hubo mayor co-
bertura mediática por parte de los periódicos impresos (Salazar, 2012). Además
de lo anterior, podemos identificar el impacto del escándalo político en la forma
como los/las ciudadanos/as buscaron acceder a información relacionada con el
tema, lo cual evidencia la difusión que tuvieron las denuncias. Como se observa
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 155 18/06/2019 01:31:29 p.m.

156
derechos humanos y conflictos por la justicia en américa latina
en la gráfica 1, la búsqueda en la plataforma Google del término “falsos positivos”
en Colombia se incrementó a sus máximos niveles entre los años 2008 y 2010,
manteniendo un rango constante de búsquedas posteriormente.8 Igualmente, es
revelador del impacto que el escándalo tuvo en definir las violaciones sistemáticas
a los derechos humanos como “falsos positivos”, un término de más fácil aprehen-
sión para las personas no familiarizadas con términos técnicos como “ejecuciones
extrajudiciales”, que no generaba el mismo “interés” para el público.
Las denuncias públicas, por su claridad y contundencia, lograron hacer mella
en uno de los grandes obstáculos para la difusión de información sobre las viola-
ciones de derechos humanos, a saber, la concentración de los grandes medios en
pocas de las grandes familias multimillonarias que, incluso, se han visto vinculadas
en casos de despojo y legitimación del paramilitarismo.9 El que las denuncias por
8 Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una
región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término,
mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo
o que no había suficientes datos del término, respectivamente.
9 El caso de la forma en que los noticieros alineados con el gobierno trataron de minimizar las noti-
cias de los falsos positivos se evidenció con el canal
rcn
, canal que en diciembre de 2008 le otorgó al
Ejército Nacional el premio de “Personaje del Año”, concluyendo que dicho año se habían presentado
los mejores resultados de la historia contra la delincuencia. Este vínculo no era solamente ideológico,
Gráfica 1. Tendencia de búsqueda en Google por término en Colombia 2004-2018
0
20
40
60
80
100
120
2004-01
2004-04
2004-07
2004-10
2005-01
2005-04
2005-07
2005-10
2006-01
2006-04
2006-07
2006-10
2007-01
2007-04
2007-07
2007-10
2008-01
2008-04
2008-07
2008-10
2009-01
2009-04
2009-07
2009-10
2010-01
2010-04
2010-07
2010-10
2011-01
2011-04
2011-07
2011-10
2012-01
2012-04
2012-07
2012-10
2013-01
2013-04
2013-07
2013-10
2014-01
2014-04
2014-07
2014-10
2015-01
2015-04
2015-07
2015-10
2016-01
2016-04
2016-07
2016-10
2017-01
2017-04
2017-07
2017-10
2018-01
2018-04
2018-07
Falsos Positivos Ejecuciones extrajudiciales
Fuente: elaboración propia con datos de Google Trend.
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 156 18/06/2019 01:31:30 p.m.

157
¿justicia frente a la barbarie?
las ejecuciones extrajudiciales resonaran en los medios de comunicación, confi-
gurándose en un escándalo político-mediático, fue clave para las
ong
de derechos
humanos en su esfuerzo por visibilizar una realidad muchas veces denunciada
pero poco difundida. Para Alberto Reyes, coordinador del Observatorio de De-
rechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia Europa
Estados Unidos, los hechos de Soacha, que tuvieron resonancia en los medios de
comunicación nacionales, “develaron una realidad que ya no podía ser ocultada”.10
Igualmente, para uno de los miembros directivos del
cinep
, “los falsos positivos
fueron tal desvalorización total de la vida, que por eso por fin se generó ruido en
los medios” (Vásquez Teófilo, entrevista personal julio 2012).
Si bien el gobierno nacional, en cabeza del entonces ministro de defensa, reite-
raba que para la política de seguridad democrática “era más importante un desmo-
vilizado sobre un detenido y un detenido sobre una baja”, las investigaciones que
continuaron realizando las
ong
nacionales, ahora con respaldo de organizaciones
internacionales, demostraron que efectivamente, al interior del Ejército, especial-
mente dentro de las Brigadas de las zonas de confrontación, se emitieron órdenes
directas desde la comandancia del Ejército según las cuales “las bajas no es lo más
importante, es lo único” (Verdad Abierta, 13 de septiembre 2017).
Justamente en la campaña presidencial del año 2010, donde resultó electo el
entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, este afirmaba que los falsos
positivos habían dejado de ser un problema, sin embargo, las
ong
cuestionaron
esta postura, planteando que se continuaban presentando en todo el país (Revista
Semana, 25 de marzo 2010). Igualmente, con base en los nuevos informes reali-
zados por el
cinep
(2011), se demostró que entre los años 2005 y 2008 se habían
ejecutado la mayor cantidad de casos probados de falsos positivos y que una vez
destapado el escándalo político mediático se redujo sustancialmente el registro de
este tipo de crímenes, lo que evidenciaba que se trataba de una política dirigida
y controlable.
respondía a claras relaciones de interés económico y político, ya que en Colombia los medios de
comunicación son propiedad de los principales conglomerados económicos y empresariales. Como
lo evidencian Becerra y Mastrini (2017), en el ámbito de la radio, televisión y prensa, los grandes
propietarios son la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, el Grupo Valorem de la familia Santo
Domingo y la Organización Ardila Lule (125-127). Estos conglomerados empresariales financiaron
parte de las campañas presidenciales de Uribe Vélez (Moreno, 2006).
10 La entrevista se puede encontrar en el documental “Falsos Positivos”, dirigido por Simone
Bruno y Dado Carrillo [disponible en https://www.youtube.com/watch?v=i_8r1t59jVU].
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 157 18/06/2019 01:31:30 p.m.

158
derechos humanos y conflictos por la justicia en américa latina
LA CONTUNDENCIA DE LA INFORMACIÓN, EL PESO
DE LAS DENUNCIAS Y LAS AMENAZAS DE IMPUNIDAD
Con el impulso de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos
y la guerrilla de las
farc
, se abrió, en términos institucionales, una importante
oportunidad para el avance de las demandas del movimiento de derechos hu-
manos. A pesar de las promesas de verdad, justicia y reparación presentadas en
la Ley de Víctimas del año 2011, y el protagonismo que tuvieron las víctimas en
los diálogos de La Habana, la impunidad sobre los atroces crímenes continuó.
Para 2011 el
cinep
calculaba que la tasa de impunidad de los asesinatos atribui-
dos a las fuerzas de seguridad del Estado en Colombia era del 98.5% (2011: 7);
esta misma tendencia se mantuvo durante el gobierno de Santos, acumulando
únicamente 240 sentencias para el año 2014, lo que no superaba el 6% de los
casos (Movimiento de Reconciliación y Coordinación Colombia Europa Estados
Unidos, 2014: 105).
En este escenario la atención mediática sobre las ejecuciones extrajudiciales
empezó a disminuir (
bbc
, 15 de julio 2011), no obstante, las denuncias ya estaban
posicionadas ante las instancias judiciales nacionales y, principalmente, ante los
actores internacionales, razón por la cual la disputa por el acceso efectivo y creíble
a la justicia continuó. Mientras el gobierno de Santos negociaba con la guerrilla de
las
farc
y decía poner en el centro de sus intereses los derechos de las víctimas, en
el Congreso de la República trató de aprobar por lo menos tres reformas al Fuero
Penal Militar con el objetivo de “brindar mayor seguridad a las tropas” y, con ello,
garantizar, entre otras, que casos como los de las ejecuciones extrajudiciales fueran
“sancionados” por los mismos militares.
Las disputas por el acceso a la justicia ante la detallada información y denuncia
sobre las sistemáticas ejecuciones extrajudiciales se vieron inscritas, a partir del
proceso de paz de La Habana, en una aguda discusión sobre cómo caracterizarlas y
abordarlas desde los instrumentos de justicia transicional, específicamente el Mar-
co Jurídico para la Paz que se promulgó en el Congreso de la República en el año
2012. Las víctimas y varias
ong
de derechos humanos tenían la preocupación de
que el proceso de formulación del Marco Legal para la Paz cubriera estos crímenes
como propios del conflicto armado y, peor aún, que se abriera la puerta para su
impunidad. En esta vía de interpretación la fiscal de la Corte Penal Internacional,
Fatou Bensouda, expresó en varias ocasiones que los mecanismos de justicia tran-
sicional deberían garantizar penas privativas de libertad para quienes hubiesen
cometido graves violaciones a los derechos humanos en el conflicto, además de
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 158 18/06/2019 01:31:30 p.m.

159
¿justicia frente a la barbarie?
garantizar el derecho a la verdad, reparación y no repetición. En este sentido, el
Marco Jurídico trató de balancear posturas maximalistas y minimalista en materia
de derechos de las víctimas y en relación con las penas privativas de la libertad, sin
dejar satisfechos a importantes sectores políticos, sociales y activistas de derechos
humanos (Gómez, 2017). Para los actores colectivos que impulsaron las demandas
por el acceso a la justicia en el caso de “los falsos positivos” sería un despropósito
calificar estos delitos como propios del conflicto, pues las víctimas eran, en su gran
mayoría, civiles inocentes que fueron desaparecidos y asesinados sin tener ningún
vínculo con los actores involucrados o la guerra.
En la Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre
“impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia” (147 periodo
ordinario de sesiones de 2013), la
fidh
y la
cceeu
presentaron los alarmantes ni-
veles de impunidad. En relación con estas denuncias, el representante en Colombia
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó
como uno de los motivos de alta preocupación el que solo encontraran en “proceso
de investigación” un 30% de los por lo menos 4 716 casos de ejecuciones extraju-
diciales documentadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación (
onu
,
2015). La defensa oficial de las Fuerzas Armadas y la negación de las violaciones
por parte del gobierno continuó, de allí que el propio general del Ejército Oscar
González Peña (excomandante de unidades de Antioquia), declarara públicamente
que las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales “son directamente proporcio-
nales al éxito de las unidades. Es la forma que tienen algunos simpatizantes de la
subversión de parar las operaciones” (cit. por Rojas y Benavides, 2017: 52). A ello
se sumó el Ministro de Defensa al sostener que “los errores militares u homicidios
no intencionales de civiles en el contexto de combate son ilegales pero legítimos”
(Naciones Unidas, Asamblea General 2013, cit. por Rojas y Benavides, 2017: 53).
Frente a los bloqueos institucionales, en el año 2014 la Coordinación Colombia
Europa Estados Unidos documentó y analizó, de manera detallada y contundente,
las prácticas de ejecuciones extrajudiciales (o “falsos positivos”) que se dieron entre
los años 2000 y 2010. De los muchos hallazgos presentados, la plataforma de
ong
demostró la relación positiva entre la ayuda militar estadounidense y el crecimiento
de estas prácticas, es decir, que en brigadas militares donde llegaron los recursos
estadounidenses aumentaron las ejecuciones extrajudiciales en un promedio de
nueve por año, en comparación a las brigadas que no recibieron dicha ayuda mi-
litar (Movimiento de Reconciliación y Coordinación Colombia Europa Estados
Unidos, 2014). Esta información evidenció, nuevamente, la responsabilidad que
las instituciones y los organismos gubernamentales nacionales y extranjeros tenían
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 159 18/06/2019 01:31:30 p.m.

160
derechos humanos y conflictos por la justicia en américa latina
en dicha práctica dado que el derecho internacional los obligaba a prevenirlas,
especialmente cuando se presentaron miles de casos.
Gráfica 2. Ejecuciones extrajudiciales por la Fuerza Pública en Colombia
y acciones institucionales relacionadas, 2000-2010
Gen. Montoya
asume mando
del Ejército
Presidente
Uribe
inaugurado
Escándalo
Soacha
Presidente
Santos
inaugurado
Directiva 300-28
prioriza capturas
encima de bajas
Directiva 29,
incentiva
ejecuciones
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Número de ejecuciones/mes
Mes y año en que sucedieron ejecuciones
Fuente: tomado de Movimiento de Reconciliación y Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 2014.
Igualmente, la
cceeu
realizó un balance detallado del total de ejecuciones
extrajudiciales según registros oficiales y bancos de datos de las
ong
, con un total
de 5 763 ejecuciones extrajudiciales entre 2000 y 2010. Como se observa en la grá-
fica 2, la plataforma denunció la correlación entre el dramático aumento de estas
prácticas con las directivas ministeriales y de operación que se habían generado
para incentivar y ordenar, con urgencia, el aumento de las bajas en combate como
principal indicador de la política de seguridad. Nuevamente el gobierno respondió
enérgicamente afirmando que todas las denuncias eran persecuciones políticas a
los generales.11
11 El 14 de noviembre de 2014, el ministro de Defensa Nacional Juan Carlos Pinzón, ante el Congreso
de la República, aseguró que no había un solo general investigado por los falsos positivos, señalando:
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 160 18/06/2019 01:31:30 p.m.

161
¿justicia frente a la barbarie?
Ante las dilaciones que presentaba la justicia ordinaria para juzgar los miles de
casos de ejecuciones extrajudiciales, la presión sobre el gobierno y el poder judicial
aumentó con la publicación en 2015 del informe de Human Rights Watch titulado
“El rol de los altos mandos en falsos positivos. Evidencias de responsabilidad de
generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles”. En el
detallado documento se presentó evidencia sobre la ejecución sistemática de falsos
positivos en las brigadas Cuarta, Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima Primera,
Décima Cuarta, Décima Sexta y la Vigésima Octava, así como las brigadas móviles
12 y 15. La influyente
ong
señaló la responsabilidad directa de los comandantes y
generales a cargo de las brigadas, que presionaban por obtener resultados con base
en las “bajas en combate”, documentando las directivas internas que incentivaron
“la entrega de indicadores de abatidos en enfrentamientos”, sin el menor control
sobre los procedimientos.
Según la investigación realizada por
hrw
(2015), basada en cientos de testimo-
nios de actores oficiales,
ong
nacionales, víctimas y archivos oficiales, los principales
obstáculos para el real acceso a la justicia de las víctimas habían sido: a) la falta de
“cooperación” de los batallones o brigadas del Ejército para entregar información
solicitada por los fiscales; b) la persecución y represalias que sufren los soldados que
manifiestan intenciones de declarar contra sus superiores; c) la mayoría de los casos
relacionados con falsos positivos se mantienen en el ámbito de la justicia militar,
a pesar de que el derecho colombiano y el derecho internacional disponen que los
casos de violaciones de derechos humanos deberían estar a cargo de autoridades
de la justicia penal ordinaria; d) una práctica generalizada de parte de los abogados
de los militares de dilatar los juicios para extender los procedimientos en el tiem-
po, logrando en muchos casos vencimiento de términos; e) problemas por el gran
volumen de expedientes que algunos fiscales han calificado como abrumador, y la
ausencia del tipo de investigaciones contextualizadas y sistemáticas que permitirían
identificar a responsables de alto rango. Uno de los resultados de estos bloqueos
era que hasta 2015 se habían presentado sanciones a 785 soldados, sin embargo, la
gran mayoría de ellos soldados de bajo rango o suboficiales, al tiempo que muchos
de ellos gozaban de privilegios como eran la detención en batallones militares.
Sumado a lo anterior, las
ong
denunciaron las “cadenas de la impunidad”,
es decir, la forma como los propios jueces militares acudían al terreno de las eje-
“toda investigación se volvió un hecho de culpabilidad, entonces afirman que bajo el comando de X
[...] se hizo tal cosa. No hay derecho. Tengo dolor de patria. Tengo dolor de patria. No es justo, no es
justo que digan eso de oficiales intachables” (cit. por Romero y Benavides, 2017).
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 161 18/06/2019 01:31:30 p.m.

162
derechos humanos y conflictos por la justicia en américa latina
cuciones para “asesorar” a los soldados sobre cómo debían presentar las ficticias
bajas en combate y, de esta manera, “encubrir adecuadamente los delitos” ante la
Fiscalía (Rojas y Benavides, 2017: 67-77). Como se observa en el cuadro 2, cuando
se comparan las cifras de los “muertos reportados en combate” por las Fuerzas Mi-
litares y las investigaciones que se han abierto en la Fiscalía por posibles ejecuciones
extrajudiciales presentadas como falsas bajas, encontramos que entre los años 2006
y 2008 más del 30% de los “resultados” presentados por los militares son posibles
violaciones a los derechos humanos. Dados los reclamos de los familiares de las
víctimas, de las
ong
y la resonancia que tuvo el escándalo político, se hizo evidente
la barbarie que encubría el “éxito de la guerra”.
Cuadro 2. Relación de “reporte de muertos en combate por las fuerzas militares”
y “muertos de ejecuciones extrajudiciales con investigación de la Fiscalía General
de la Nación” en Colombia
Año
Muertos reportados
en combate por
Fuerzas Militares
Investigaciones Fiscalía
por ejecuciones
extrajudiciales
Porcentaje de bajas que
son investigadas como
“falsos positivos”
2002 1775 167 9.4%
2003 2113 220 10.4%
2004 2282 346 15.2%
2005 2067 349 16.9%
2006 2236 694 31.0%
2007 2703 934 34.6%
2008 1559 378 24.2%
2009 635 60 9.4%
2010 555 59 10.6%
2011 406 52 12.8%
TOTA L 16331 3259 20.0%
Fuente: elaboración con base en información de Rojas y Benavides, 2017.
En el escenario de presión y reclamos colectivos nacionales e internacionales, la
Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio en junio de 2015, por primera
vez, a cuatro generales de la República, incluido el general retirado Mario Montoya.
Este interrogatorio hacía parte de una investigación ordenada directamente por
el fiscal general, tratando de definir si más que “casos aislados” o “manzanas po-
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 162 18/06/2019 01:31:30 p.m.

163
¿justicia frente a la barbarie?
dridas”, los miles de ejecuciones extrajudiciales, que siguieron patrones similares,
se habían presentado con acción u omisión de altas esferas de la Fuerza Pública
(Verdad Abierta, 12 de febrero 2016). A pesar de este llamado, que tuvo repercusión
mediática, en diciembre del mismo año la Corte Penal Internacional publicó un
avance de sus seguimientos sobre el caso de los falsos positivos, advirtiendo que se
encontraba preocupada ya que “a pesar de las reiteradas solicitudes de información,
aún no se ha brindado a la Fiscalía de la
cpi
información concreta sobre los sospe-
chosos, los alcances de las investigaciones, la naturaleza de las imputaciones o los
pasos que se han dado en las investigaciones” (Corte Penal Internacional, 2015).
Incluso en el caso de los jóvenes desaparecidos de Soacha, sin dudas el de mayor
impacto mediático nacional e internacional, Las Madres de Soacha afirmaron en
2016 (ocho años después del asesinato de sus hijos) que tan solo 27 militares habían
sido separados de las fuerzas armadas en relación con este caso, sin investigaciones
ni sanciones sobre generales a cargo (Verdad Abierta, 12 de febrero 2016).
La presión de las familiares de las víctimas, las
ong
nacionales e internacionales
y la propia
cpi
, permitió que luego de casi una década de “destapado” el escándalo
político, los bloqueos institucionales para el acceso a la justicia empezaran a res-
quebrajarse un poco. En este sentido, el 3 de abril de 2017 fueron condenados 21
militares por los crímenes asociados al caso de los jóvenes de Soacha; entre ellos el
militar de más alto rango fue el coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón, quien era
jefe de operaciones de la brigada 15 de Norte de Santander, hallados responsables
de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado (Revista
Semana, 3 de abril 2017). Ante las condenas, Las Madres de Soacha reiteraron su
indignación y dolor por la impunidad que persiste en la gran mayoría de los ca-
sos, y cuestionaron el hecho de que los investigados y culpables sean recluidos en
batallones militares y no en cárceles ordinarias.
En medio de los lentos e incipientes avances para el acceso a la justicia en el
caso de las violaciones a los derechos humanos de los jóvenes de Soacha, en el
año 2017 entró en vigor el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición, así como sus mecanismos (la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de
Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado;
y la Jurisdicción Especial para la Paz-
jep
) y medidas (reparación integral para la
construcción de la paz y las Garantías de No Repetición). Especialmente la entra-
da en vigor de la Jurisdicción Especial para la Paz, que garantiza una reducción
importante de penas privativas de libertad a cambio de verdad, reparación y no
repetición, complejizó las demandas por la justicia. Si bien gran parte del campo
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 163 18/06/2019 01:31:30 p.m.

164
derechos humanos y conflictos por la justicia en américa latina
de las
ong
de derechos humanos y las víctimas han apoyado el proceso de paz en
general, y el sistema de justicia transicional en particular, no dudaron en señalar
que era muy preocupante que muchos de los implicados en casos de “falsos posi-
tivos” estén tratando de llevar sus casos ante la
jep
. La postura del movimiento de
derechos humanos ha sido que las ejecuciones extrajudiciales que se inscriben bajo
la lógica de los falsos positivos no son crímenes vinculados al conflicto armado,
sino crímenes de Estado.
Tras la victoria electoral en junio de 2018 del candidato uribista para la presi-
dencia de Colombia, Iván Duque (2018-2022), el primer gran acto de autoridad
de la nueva fuerza electa fue la aprobación de las Reglas de Funcionamiento de la
Justicia Especial para la Paz en la Cámara y el Senado de la República. Estas reglas
de procedimiento tuvieron importantes modificaciones en relación con lo pactado
en el Acuerdo de Paz de La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de
las
farc
-
ep
, específicamente en el componente de justicia del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Entre las reformas realizadas para
el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (
jep
), la más importante
fue la creación de una Sala Especial para el Juzgamiento de Militares y el “con-
gelamiento” durante 18 meses de los casos de los militares mientras se creaba la
nueva Sala (El Tiempo, 28 de junio 2018; El Espectador, 27 de junio 2018). Esta
medida, cuestionada por todos los participantes de los Acuerdos de Paz, así como
por los propios magistrados de la
jep
, es una clara amenaza de impunidad para las
violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública
en el marco del conflicto armado.
En junio de 2018 la Fiscalía General de la Nación le entregó el Informe Número
Cinco a la
jep
, con información sobre 2 248 ejecuciones extrajudiciales ocurridas
entre 1988 y 2014, reafirmando que la etapa más crítica de estos delitos se presentó
entre 2006 y 2008. A pesar del retroceso en las reglas y procedimientos del Sistema
de Justicia Transicional y los intentos del nuevo gobierno electo por suspender las
investigaciones contra militares, en julio de 2018
jep
dio apertura al “caso 003”,
correspondiente a “las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate
por agentes del Estado” (Jurisdicción Especial para la Paz, 2018).12 Con la apertura
12 Dentro de la complejidad del funcionamiento que tienen los mecanismos de justicia transicional, en
el caso colombiano la
jep
prioriza sus “macrocasos” a partir de un conjunto de principios acordados:
a) el impacto por vulnerabilidad de las víctimas; b) la gravedad de la magnitud del fenómeno; c) la
extensión en el territorio nacional por número y representatividad de los presuntos responsables;
d) el criterio de disponibilidad de información. Precisamente la
jep
recibe informes por parte de
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 164 18/06/2019 01:31:31 p.m.

165
¿justicia frente a la barbarie?
de este caso, la
jep
informó que se habían presentado voluntariamente 1 750 mili-
tares a comparecer en versión libre, vinculados con por lo menos 2 586 casos con
víctimas de ejecuciones extrajudiciales; días después, el general retirado Montoya13
tomó la sorpresiva decisión de someterse a la
jep
, sumándose al también ex general
Henry Torres Escalante (Revista Semana, 23 de julio 2018; Revista Semana, 17 de
julio 2018; El Tiempo, 7 de julio 2018).
A pesar del intento de la nueva fuerza de gobierno por imponer impunidad
total sobre los crímenes cometidos por militares, y que la
jep
haya recibido las
peticiones de los propios uniformados para someterse a su jurisdicción, la aper-
tura del macrocaso relacionado con los falsos positivos fue recibida con reser-
vas por un importante sector de las organizaciones de derechos humanos y las
víctimas. Las reservas y críticas de las organizaciones y las víctimas se dirigieron
especialmente al hecho de que estos crímenes sean tratados como propios de la
guerra, pues para actores tan influyentes y visibles como Las Madres de Soacha
la promesa de justicia que se abre con la
jep
no es menor siempre y cuando los
militares involucrados realmente se comprometan a decir toda la verdad, vincu-
lar a los superiores que hasta el momento han quedado en total impunidad y,
más importante aún, reconozcan la responsabilidad institucional en los delitos
(El Universal, 10 de agosto 2018). En este sentido, la situación de aspiración al
acceso a la justicia luego de años de luchas y demandas colectivas se dirime entre
el inconformismo de no reconocer las ejecuciones extrajudiciales como crímenes
de Estado, pero al mismo tiempo la pequeña esperanza que ante la histórica y
constante impunidad se abran espacios de verdad sobre los hechos, misma que
podría ser el principio del resarcimiento de los daños y de responsabilización
pública sobre los crímenes.
Autoridades Judiciales (especialmente de la Fiscalía General de la República), de Organizaciones de
la Sociedad Civil y de otras Instituciones del Estado (el Centro Nacional de Memoria Histórica ha
entregado más de 80 informes). Además de esto, la propia
jep
produce informes sobre la situación de
las personas que manifiestan intención de comparecer ante la
jep
. Igualmente, y como un elemento
central y que representa el papel fundamental en la construcción de información, documentación
y esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, el
cinep
entregó su base de datos sobre
violaciones de derechos humanos en Colombia sistematizadas en su publicación periódica Noche
y Niebla.
13 Comandante del Ejército entre 2006 y 2008 cuando estalló el escándalo de los falsos positivos y
estuvo al mando de la IV Brigada en Medellín entre 2001 y 2003 en la época en que se presentaron
más casos de ejecuciones extrajudiciales.
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 165 18/06/2019 01:31:31 p.m.

166
derechos humanos y conflictos por la justicia en américa latina
CONCLUSIONES: FALSOS POSITIVOS Y DEUDAS
CON LA JUSTICIA
En este capítulo analicé el proceso de presión y demanda por el acceso a la jus-
ticia frente a las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. A partir de un marco
analítico que vincula las estrategias de los actores colectivos en la defensa de
los derechos humanos y la contienda política con los gobiernos, he resaltado la
importancia de la producción de información y conocimiento, así como la for-
ma en que los reclamos por los derechos humanos pueden fortalecerse cuando
tienen resonancia mediática. El caso colombiano evidencia una difícil realidad
de históricas denuncias sobre el abuso del poder estatal y graves violaciones a los
derechos humanos, con una continua reacción de negación gubernamental que
bloquea los intentos por el acceso a la justicia frente a las violaciones. Tan solo
después de que los reclamos frente a las ejecuciones extrajudiciales escalaron a un
nivel de escándalo político-mediático bajo la denominación de “falsos positivos”,
los gobiernos y los actores institucionales sintieron presión para dar respuestas
a las exigencias.
El cuadro 3 sintetiza las principales características de las dimensiones que
marcaron el proceso de movilización, conflicto y demanda por los derechos hu-
manos frente a los falsos positivos. La capacidad de movilización de las
ong
y
las víctimas a través de redes y plataformas nacionales, junto con la apelación a
repertorios consolidados como la producción de información sobre las violaciones
de derechos humanos y el activismo en escenarios trasnacionales como la
cidh
,
fue fundamental para dar credibilidad y contundencia a los reclamos ante actores
oficiales y no oficiales internacionales. Sin embargo, este proceso evidenció que
hasta que los medios de comunicación retomaron las demandas (históricamente
reacios a realizar este tipo de denuncias), las exigencias frente a las ejecuciones
extrajudiciales no habían generado presión eficiente sobre los gobiernos, es decir,
estos continuaban con una estrategia de negación que no les generaba mayores
costos y minimizaban el peso de la evidencia.
Además de la centralidad que tuvo la interacción entre denuncias colectivas y
escándalo político-mediático para visibilizar la crisis de los falsos positivos, es impor-
tante destacar los persistentes intentos institucionales por mantener un alto nivel de
impunidad frente a las violaciones. Frente a estos bloqueos institucionales, el nuevo
paradigma de responsabilidad penal individual de crímenes contra la humanidad
de la Corte Penal Internacional apareció como un importante factor que aumentó
la presión por el acceso a la justicia, amenazando con responsabilidades directas
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 166 18/06/2019 01:31:31 p.m.

167
¿justicia frente a la barbarie?
sobre particulares si no se generan sanciones creíbles.14 Nuevamente, la capacidad
para generar presión trasnacional por medio de órganos como la Corte Penal fue
posible gracias a la incuestionable evidencia socializada por las organizaciones de
derechos humanos y las víctimas.
La barbarie que llevó a que se presentaran miles de ejecuciones extrajudiciales
en Colombia fue tal, que hoy existe un caso ante la Comisión Interamericana de
14 Como evidencia Katrhyn Sikkink (2013) en su libro La cascada de la justicia, los juicios y sanciones
penales por violaciones de derechos humanos que reconocen la responsabilidad penal individual de
altos funcionarios de gobiernos estatales involucrados en graves crímenes contra la humanidad, se
han difundido en todo el mundo, convirtiéndose cada vez más en una amenaza latente frente a las
situaciones de arbitrariedad e impunidad que priman en muchos Estados. Este punto queda clara-
mente explicado y analizado en el capítulo de Maira Ixchel Benítez de este libro.
Cuadro 3. Dimensiones de análisis de la contienda por las ejecuciones extrajudiciales
Dimensión Características
Estructuras de movilización – Redes y plataformas nacionales de
ong
de derechos humanos.
– Trabajo de vinculación, acompañamiento y asesoría directa con las
familiares de las víctimas.
Principales repertorios
colectivos
– Consolidación de una clara experiencia en producción de
información y conocimiento sobre las violaciones de derechos
humanos y su contexto.
– Avergonzamiento público nacional e internacional.
– Denuncia trasnacional estratégica en escenarios como la
cidh
.
– Consolidación de la demanda de “las madres de Soacha” como
principal actor colectivo que representa la barbarie de los falsos
positivos.
Resonancia de las demandas
en los medios
– Máxima resonancia del escándalo mediático entre los años 2008 y
2009 bajo la etiqueta de “falsos positivos”.
– Visibilidad pública de violaciones de derechos humanos que se
presentaban como indicadores exitosos de la política militar.
– Asociación “falsos positivos” con “el caso de Soacha”.
Reacciones oficiales y efectos
sobre las demandas de
justicia
– Negación gubernamental de responsabilidad institucional.
– Cambios formales sin aceptar responsabilidad.
– Bloqueos a los procesos judiciales.
– Resistencias a mecanismos trasnacionales con verdad, justicia y
reparación.
Fuente: elaboración propia.
00A-Completo DHyConflictos Justicia AL.indb 167 18/06/2019 01:31:31 p.m.

168
derechos humanos y conflictos por la justicia en américa latina
Derechos Humanos de 19 soldados que se negaron a ejecutar un falso positivo y
que, por dicha razón, fueron destituidos y expulsados del ejército (Revista Semana,
27 de enero 2018). Igualmente, el conflicto por la justicia frente a las ejecuciones
extrajudiciales refleja los grandes dilemas en la defensa de los derechos humanos en
un escenario de degradación de la guerra y de impunidad generalizada, de allí que
Las Madres de Soacha y las familiares de las víctimas se debaten entre apoyar los
mecanismos de justicia transicional acordados en La Habana, al mismo tiempo que
mantener su exigencia de un verdadero acceso a la justicia basado en la aceptación
de la responsabilidad institucional y estatal de los crímenes de Estado.
Finalmente, la contienda política por las graves y sistemáticas ejecuciones
extrajudiciales como “falsos positivos”, no solo es una disputa por el acceso a la
justicia, es también un cuestionamiento de fondo a las políticas militares que fueron
presentadas en su momento como rotundamente exitosas. Tan solo la capacidad
de los actores colectivos de generar denuncias claras y contundentes ha permitido
mantener activa la exigencia por el castigo y la rendición de cuentas, dejando en
evidencia los límites que encuentra la defensa de los derechos humanos cuando no
se generan procesos de empatía generalizada (esta vez a través de los medios) que
logren “alterar” el estado de aceptación naturalizada de la barbarie.
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