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Las negociaciones de paz entre la Gran Colombia y España: esperanzas y desencantos de un referente latinoamericano de reconciliación

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En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Colombia y de las reflexiones actuales en torno al tema del posconflicto, el propósito de este artículo de investigación se enfoca en analizar, mediante una metodología cualitativa, los acercamientos realizados entre 1820 y 1822 por el Gobierno de la Gran Colombia con miras a firmar un tratado de paz con España luego de suscrito el armisticio de Trujillo, con el cual se pusiera fin a las guerras de Independencia. No hay duda de que el Gobierno republicano, a pesar de sus vacilaciones, fue mucho más insistente en su proyecto de paz, para lo cual desplegó no una sino varias propuestas, algunas de ellas ciertamente generosas. En contraste, España se empecinó en una actitud intransigente, mostrándose todavía reacia a aceptar una nueva realidad política, lo que en últimas le acarreó la pérdida de los dominios americanos. A pesar de las dificultades, estos intentos de reconciliación constituyeron un referente de reconciliación latinoamericana ante el mundo.
Resumen
En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de
Colombia y de las reflexiones actuales en torno al tema del posconflicto, el
propósito de este artículo de investigación se enfoca en analizar, mediante una
metodología cualitativa, los acercamientos realizados entre 1820 y 1822 por el
Gobierno de la Gran Colombia con miras a firmar un tratado de paz con Espa-
ña luego de suscrito el armisticio de Trujillo, con el cual se pusiera fin a las gue-
rras de Independencia. No hay duda de que el Gobierno republicano, a pesar
de sus vacilaciones, fue mucho más insistente en su proyecto de paz, para lo cual
desplegó no una sino varias propuestas, algunas de ellas ciertamente generosas.
En contraste, España se empecinó en una actitud intransigente, mostrándose
todavía reacia a aceptar una nueva realidad política, lo que en últimas le acarreó
la pérdida de los dominios americanos. A pesar de las dificultades, estos intentos
de reconciliación constituyeron un referente de reconciliación latinoamericana
ante el mundo.
Palabras clave
Guerra, paz, diálogos, armisticio, Independencia, Gran Colombia,
España, siglo XIX.
Abstract
Within the framework of the commemoration of the bicentenary of the Inde-
pendence of Colombia and the current reflections on the post-conflict theme,
the purpose of this research article is to analyze with a qualitative methodology
the approaches made between 1820 and 1822 by the government of Gran Co-
lombia with a view to sign a peace treaty with Spain after signing the armistice
of Trujillo, with which the wars of Independence would end. There is no doubt
that the republican government, in spite of its vacillations, was much more in-
sistent in its peace project, for which it deployed not one but several proposals,
some of them certainly generous. In contrast, Spain persisted in an intransigent
attitude, still reluctant to accept a new political reality, which ultimately led to
the loss of American domains. Despite the difficulties, these attempts at recon-
ciliation became a benchmark for Latin American reconciliation with the world.
Keywords
War, peace, dialogues, armistice, Independence, Gran Colombia, Spain, 19th
century.
THE NEGOTIATIONS OF PEACE BETWEEN
THE GRAN COLOMBIA AND SPAIN: HOPES
AND DISCIPANCES OF A LATIN AMERICAN
RECONCILIATION REFERENCE
Referencia: Pita Pico, R. (2019). Las negociaciones de paz entre la Gran Colombia y
España: esperanzas y desencantos de un referente latinoamericano de reconciliación.
Cultura Latinoamericana. 29 (1), pp. 164-197. DOI: http://dx.doi.org/10.14718/Cul-
turaLatinoam.2019.29.1.7
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LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE
LA GRAN COLOMBIA Y ESPAÑA:
ESPERANZAS Y DESENCANTOS DE
UN REFERENTE LATINOAMERICANO
DE RECONCILIACIÓN
Roger Pita Pico *
Academia Colombiana de Historia
DOI: http://dx.doi.org/10.14718/CulturaLatinoam.2019.29.1.7
Introducción
La crisis política iniciada en España en 1808 tras el encarcelamien-
to del rey Fernando VII y la invasión de los franceses generó un vacío
en el poder y marcó el inicio del período revolucionario experimenta-
do en los dominios hispanoamericanos.
Esta etapa independentista comenzó en la Nueva Granada1 con un
primer experimento republicano que se extendió hasta 1815, cuando
los españoles restauraron el poder político y militar. A mediados de
junio de 1819, los oficiales Simón Bolívar y Francisco de Paula San-
tander emprendieron la Campaña Libertadora, cuyo punto culminan-
te fue la batalla del 7 de agosto en el puente de Boyacá, triunfo que les
permitió a los patriotas asegurar su poderío sobre Santa Fe, la capital.
Pocos meses después, esta victoria militar sirvió como base para
cimentar el proyecto político republicano. El Congreso de Angostura
1. Término con el que era conocido en tiempos coloniales el territorio actual de la República de
Colombia.
* Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Politólogo de la Univer-
sidad de los Andes, Especialista en Gobierno Municipal, Especialista en Política Social. Director
de la Biblioteca Eduardo Santos de la Academia Colombiana de Historia. ORCID: https://orcid.
org/0000-0001-9937-0228. Contacto: rogpitc@hotmail.com
Este artículo forma parte de una investigación más amplia titulada: “Las rutas de la paz y la nego-
ciación durante el proceso de Independencia de Colombia, 1810-1825”, trabajo financiado con
recursos propios del autor.
Fecha de recepción: 5 de noviembre de 2018; fecha de aceptación: 5 de diciembre de 2018.
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expidió el 17 de diciembre de 1819 la Ley Fundamental que dio na-
cimiento a la República de la Gran Colombia, como resultado de la
unión de los departamentos de Venezuela, Quito y Cundinamarca,
este último nombre correspondía a las provincias de lo que hasta ese
momento se conoció como Nueva Granada. En adelante, el poder
ejecutivo de la República quedó a cargo del presidente Simón Bolívar,
mientras que el general Francisco de Paula Santander asumió la vice-
presidencia de Cundinamarca, con sede en Bogotá (Ley, 1819).
En lo militar, las tropas republicanas emprendieron un largo y
complicado proceso con miras a recobrar la totalidad del territorio.
Luego de haber ocupado la zona central, la franja nororiental y la pro-
vincia de Antioquia, los esfuerzos se concentraron en liberar al norte
la costa Caribe y al sur las provincias de Pasto y Popayán. Por estos
años, se observaba ya un desgaste tras una prolongada y cruel guerra
de más de una década.
Mientras estas provincias se mantenían en disputa política y mi-
litar, una tendencia conciliadora surgía a principios de 1820 a raíz
de los sucesos ocurridos en España. Bastante convulsionado había
comenzado el año en esta península. Después del levantamiento de
Riego, fueron convocadas las Cortes y se restableció la Constitución
de Cádiz, a la cual el Rey Fernando VII elevó su juramento. Bajo
esta coyuntura, se frustró el proyecto de enviar a América una ex-
pedición de 20.000 soldados para fortalecer las tropas realistas que
empezaban a mostrar signos de flaqueza. Las Cortes manifestaron
su intención de restaurar el dominio español en América a través de
una amnistía general, para lo cual se declararon dispuestas a hacer
concesiones y prometer a las fuerzas “insurgentes” que conservarían
el poder de las provincias que hubiesen conquistado pero con la
condición de que estas debían depender de España (ACH, Fondo
La Torre, t. I, pp. 112-116). Implícitamente, este trascendental paso
indicaba que de alguna forma los españoles reconocían haber per-
dido progresivamente su poderío mientras los republicanos avizora-
ban nuevos alcances políticos sustentados en los éxitos continuos de
su ofensiva militar.
El general Pablo Morillo, comandante en jefe del Ejército Ex-
pedicionario español, recibió instrucciones para dar comienzo a los
acercamientos de paz y así lo comunicó al Congreso de Angostura
(Memorias, 1981, XVII, p. 278) que, tras varias deliberaciones, final-
mente decidió el 11 de julio buscar conjuntamente la paz pero con la
condición de que solo se sentarían a negociar sobre la base del re-
conocimiento de la soberanía e independencia de la Gran Colombia
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(Actas, 1988, p. 353). Esta última exigencia desconcertó a los españo-
les y aplazó por un tiempo el acuerdo.
Pese a estos tempranos reparos, muy pronto esa oleada de ánimos
conciliatorios se extendió a las provincias en conflicto bajo la inicia-
tiva de los españoles de lograr avances finiquitando acuerdos a nivel
territorial. Así se formalizó a través de sendas cartas en las cuales el
comandante Morillo impartió instrucciones sobre este asunto al presi-
dente de Quito, don Melchor de Aymerich, al gobernador español de
Santa Marta, don Pedro Ruíz de Porras, y al gobernador español de
Cartagena, don Gabriel de Torres.
En consonancia con esa voluntad conciliadora, el 20 de julio el
gobernador español de Cartagena, don Gabriel de Torres, envió una
carta al general Bolívar en la que planteaba la suspensión de armas
para tratar la posibilidad de una vía negociada (Corrales, 1883, II, pp.
410-411). Los republicanos exigieron la entrega inmediata de la plaza
como requisito previo para sentarse a dialogar, pero, al no concretarse
este punto, el gobernador ordenó un cruento ataque militar sobre el
cuartel general republicano asentado en Turbaco.
Tras estos intentos fallidos de diálogo, Morillo entabló nuevamen-
te contacto directo con el general Bolívar, quien el 21 de septiembre,
desde su cuartel general de San Cristóbal, en la frontera con Venezue-
la, decidió finalmente dialogar en aras de la paz2, aun sabiendo que
esto significaría algunos sacrificios a los progresos conseguidos en el
campo de batalla (Restrepo, 2009, p. 699). Pero, por otro lado, veían
los republicanos en este tiempo de tregua una oportunidad propicia
para robustecer su ejército e incrementar la adhesión popular en fa-
vor de la causa independentista. Una de las principales causas por las
cuales Bolívar quería iniciar cuanto antes las negociaciones de paz era
para aprovechar el ambiente favorable que generaba el interregno li-
beral en España que, como muy bien se sabe, ya había causado fisuras
en el ejército realista.
Por esos días, Bolívar había designado como agente diplomático
de la Gran Colombia en Europa a Francisco Antonio Zea, investido
de facultades para buscar la paz y gestionar créditos externos. Zea
hizo un primer acercamiento ante el duque de Frías, embajador de
España en Londres, a quien le formuló el 7 de octubre una cordial
invitación a explorar una vía negociada al conflicto entre España y la
2. Estos intentos de paz estuvieron de alguna forma influenciados por el derecho de gentes que
desde modernidad adquirió especial impulso con juristas como Francisco de Vitoria, Hugo Gro-
cio y Emer de Vattel. A nivel hispanoamericano es reconocida la obra del humanista caraqueño
Andrés Bello (Barbosa, 2013, pp. 22-27).
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Gran Colombia. Más que una separación violenta, Zea abogaba por
una separación “calculada por la política”, pues consideraba que lo
más conveniente era ver a una América unida a España:
No negaré por eso que una separación violenta obtenida por las armas
y por la exaltación de las pasiones deje de ser un mal para la España,
mientras duren los resentimientos y el encono que seguramente opondrán
por algunos años un obstáculo a su comercio cuando no una interdicción
absoluta. Pero una separación calculada por la política, dirigida por la sa-
biduría convenida amigablemente y apoyada sobre la base incontrastable
del interés común, es el mayor bien que jamás puede hacerse a la España
y a la América (AHR, Fondo I, Vol. VII, pieza 1, ff. 14v).
El día 3 de noviembre, el Libertador dirigió una carta al gene-
ral Morillo en la cual expresó su intención de acoger a los diputados
españoles para acordar los términos de la negociación con miras a
elaborar
(…) un tratado verdaderamente santo, que regularice la guerra de ho-
rrores y crímenes que hasta ahora han inundado de lágrimas y sangre a
Colombia3, y que sea un momento entre las naciones más cultas, de civili-
zación, liberalidad y filantropía (Memorias, 1981, XVII, p. 534).
Morillo nombró como negociadores del Gobierno español al jefe
superior político de Venezuela, el brigadier Ramón Correa, al alcal-
de primero constitucional de Caracas, don Juan Rodríguez Toro, y
a don Francisco González de Linares. A su vez, Bolívar designó en
su equipo negociador al general de brigada Antonio José de Sucre,
al coronel Pedro Briceño Méndez y al teniente coronel José Gabriel
Pérez. Luego de tres días de discusiones, el acuerdo de armisticio fue
finalmente sellado a las diez de la noche del 25 de noviembre en la ciu-
dad de Trujillo, al oeste de Venezuela, y refrendado a los dos días en
el célebre encuentro amistoso entre Bolívar y Morillo en la población
de Santa Ana (Mercado, 1963, pp. 430-433).
En el encabezado del documento, ambos Gobiernos expresaron
su voluntad de superar las discordias, para lo cual había que dar un
paso crucial: la suspensión de las operaciones militares “para poderse
entender y explicar”. Las tropas de uno y otro ejército debían per-
3. Cuando en estos años se habla de Colombia, en realidad se hacía alusión al territorio de la Gran
Colombia.
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ESPERANZAS Y DESENCANTOS DE UN REFERENTE LATINOAMERICANO DE RECONCILIACIÓN
manecer en las posiciones que ocuparan al momento de notificarles
la suspensión de hostilidades, para lo cual era imprescindible señalar
límites “claros y bien conocidos”. Para el caso del conflicto vivido
en Venezuela, se acordaron previamente los límites y para las demás
provincias en disputa, las del Sur y las de la región Caribe, había que
nombrar comisionados especiales para que convinieran un arreglo
“amigable”. Si se llegaba a romper el armisticio, las hostilidades se
reanudarían pero con cuarenta días de previo aviso.
Con el fin de brindar un testimonio de los principios “filantrópi-
cos” que inspiraron a ambos Gobiernos para exterminar los excesos y
horrores que habían caracterizado esta guerra4, simultáneamente fue
firmado un tratado de regularización de la guerra conforme al dere-
cho de gentes y “a las prácticas más liberales, sabias y humanas de las
naciones civilizadas”.
Con el cese de las operaciones militares y el marco regulatorio hu-
manitario, lo que se pretendía era crear un ambiente propicio para
sentarse a dialogar en aras de la paz. Esto fue lo que precisamente
estipuló el artículo 11:
Siendo el principal fundamento y objeto primario de este armisticio la
negociación de la paz, de la cual deben recíprocamente ocuparse ambas
partes, se enviarán y recibirán por uno y otro gobierno, los enviados o co-
misionados que se juzguen convenientes a aquel fin, los cuales tendrán el
salvoconducto, garantía y seguridad personal que corresponde a su carác-
ter de agentes de paz (AGN, F. Enrique Ortega caja 121, carpeta 1, f. 3v ).
Así pues, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la
Independencia de Colombia y de las reflexiones actuales en torno al
tema del posconflicto, el propósito de este trabajo se enfoca en ana-
lizar los acercamientos realizados entre 1820 y 1822 por el Gobierno
de la Gran Colombia con miras a firmar un tratado de paz con España
luego de suscrito el armisticio de Trujillo, con el cual se pusiera fin
a las guerras de Independencia, tema sobre el cual la historiografía
nacional ha hecho solo alusiones someras, sin examinar a profundi-
dad las distintas variables internas y externas que confluyeron en esa
crucial coyuntura.
Este trabajo se enmarca dentro del objetivo de avanzar hacia una
nueva mirada del periodo de Independencia, pues la historiografía co-
4. Entre las fases más violentas del periodo de Independencia, no hay que olvidar la guerra a
muerte declarada a mediados de 1813 en Venezuela por Bolívar, en reacción a las continuas viola-
ciones al derecho de gentes por parte de los españoles.
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lombiana se ha centrado más que todo en una apología al heroísmo
militar, al desarrollo de las batallas y a las estrategias militares aplica-
das. De manera que resulta pertinente también mirar este proceso de
emancipación desde la perspectiva política de la negociación y de la
búsqueda de la paz que se exploraron durante estos años con la espe-
ranza de que este tipo de análisis pueda arrojar algunas claves que, a
manera de antecedente, sirvan para comprender los procesos posterio-
res de reconciliación vividos a lo largo de la agitada vida republicana.
En este orden de ideas, el reto de este artículo consiste en abor-
dar el tema de la Independencia desde el área de los estudios de la
paz que, según el planteamiento de los historiadores Francisco Mu-
ñoz y Beatriz Molina Rueda (1998), permiten reconocer y resaltar las
regulaciones y transformaciones pacíficas de los conflictos, así como
también rescatar los aportes de la paz a las relaciones armónicas
de la sociedad. En términos metodológicos, esto implica reeditar la
historia política del proceso de Independencia en su complejidad,
resaltando las acciones de paz propuestas por los actores del con-
flicto e identificando los diferentes instrumentos de acercamiento
(Alfaro, 2016, p. 54).
Esta investigación se realizó principalmente con base en fuentes
primarias de información, como los archivos documentales, el inter-
cambio epistolar entre autoridades políticas y militares, los informes
oficiales, las memorias, las crónicas, los diarios de campaña y los artí-
culos de prensa de la época. Esto fue complementado con la revisión
de artículos y libros alusivos a la temática objeto de estudio. Se ha
hecho especial énfasis en la revisión de fuentes españolas con el fin
de brindar un panorama más completo y equilibrado de la realidad.
Las bases de la negociación y los comisionados
A finales de diciembre de 1820, Bolívar pensaba que el tiempo
de seis meses establecido para negociar la paz era muy corto y, aun-
que se convino que este lapso podía ser prorrogable, creía que esto
podía “arruinar la República”, pues se haría más urgente la conse-
cución de recursos, ya agotados por cuenta de la guerra y la falta de
crédito externo. Las rentas disponibles no alcanzarían para asegurar
la subsistencia de las crecidas tropas estacionadas y por lo tanto ha-
bría que recurrir a los aportes voluntarios del pueblo e, incluso, a las
contribuciones forzosas que podían resultar altamente impopula-
res. Tampoco veía Bolívar de dónde podían salir los recursos para
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enviar plenipotenciarios a España y sostener en aquella Corte una
embajada formal. Se consideraba peligroso enviar por fuera del terri-
torio unos delegados a decidir la suerte de la República siendo incier-
to aún el destino de esos diálogos, ante lo cual era más fácil negociar
en territorio americano y que España enviara mejor sus comisionados.
Ante este cúmulo de circunstancias, Bolívar propuso al general Mori-
llo que instara a su Gobierno a que autorizara a uno de los generales que
comandaban el ejército español o que enviara comisionados, con lo cual
España avizoraría mayores ventajas con la posibilidad de negociar no con
agentes delegatarios sino directamente con el Gobierno grancolombiano.
Para Bolívar era además imprescindible consultar al Congreso
de la República sobre las bases a partir de las cuales debía fundar-
se el tratado a celebrarse con España, con lo cual quería reafirmar
su sumisión y confianza en este órgano legislativo en el marco del
equilibrio de poderes. Este máximo órgano legislativo debía reunir-
se el 1º de enero, tal como estaba proyectado en el artículo 8º de la
Ley Fundamental de la República promulgada en Angostura (BNC,
Fondo Pineda, t. 852, pieza 14).
Sin embargo, prevalecía en el lado republicano bastante escepti-
cismo, pues había pasado más de un mes de presentada esta iniciativa
y aún no se recibía de los españoles ninguna respuesta, situación que
despertó sospechas sobre la mala fe y falta de cumplimiento del armis-
ticio en este punto decisivo del gran tratado de paz.
Como punto de partida, el Libertador trazó algunos aspectos que
debían ser incorporados en la posición de la Gran Colombia. Como
primera instancia, creía que el principio fundamental del tratado de
paz debía ser el reconocimiento como Estado libre y soberano, para
lo cual era de capital importancia que el máximo ente legislativo espe-
cificara qué privilegios se tendrían que ceder a manera de indemniza-
ción por aquella ventaja. Debía también reflexionar el Congreso qué
tan viable era concederles a los españoles los derechos de ciudadanos
y si podía permitirse la permanencia de los oficiales y tropas españo-
las, teniendo en cuenta que muchos de ellos eran simpatizantes del
sistema republicano y que además conservaban nexos muy estrechos
de amistad y parentesco.
A juicio de Bolívar, reconocer a los españoles como ciudadanos era
de por sí una manifestación fehaciente de la buena fe y el ánimo de re-
conciliación sincera de los republicanos y un acto de generosidad que
le permitiría a la Gran Colombia asegurar brazos útiles a la economía
entre comunidades que compartían el mismo idioma y, en muchos
casos, los mismos sueños.
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El Congreso debía decidir también si, insistiendo los españoles en
conservar algún territorio, distrito o provincia que estuviese aún en su
poder, los republicanos debían renunciar definitivamente a recobrar
estos espacios. Esta inquietud hacía alusión específica al istmo de Pa-
namá y a Quito.
El legislativo debía determinar si era posible establecer una alian-
za recíproca para prestarse mutuo socorro en caso de guerra. Para
Bolívar, esta era una propuesta viable pues así la Gran Colombia ase-
guraba su existencia y se impediría la ocurrencia de desórdenes y tur-
bulencias políticas a que estaba expuesta la joven República, tanto
interna como externamente. Esta fue sin duda una novedosa idea en
momentos en que la prioridad era evitar cualquier conato de recon-
quista militar por parte de la madre patria. Otro de los puntos más
álgidos de discusión era la posibilidad de conceder la restitución de
las propiedades que habían sido confiscadas por órdenes superiores.
Bolívar subrayó la importancia del primer punto, el del reconoci-
miento, pues era el “(…) que nos da la vida y ser político y porque va
a ser el origen de nuestra prosperidad y honor como nación” (AGN,
F. Secretaría de Guerra y Marina, t. 325, f. 474r). Él pensaba que, si
tenía éxito en alcanzar la paz, pasaría a la historia tras constituirse en
un referente de reconciliación a nivel mundial.
Tan incierto era este trascendental paso en busca de la paz que
Bolívar no quiso asumir solo el peso de la responsabilidad y por ello
pidió al vicepresidente Santander y su secretario de Gobierno, José
Manuel Restrepo, reflexionar en torno a estas ideas con el propósito
de ayudar a formularlas mejor ante el seno del Congreso de la Repú-
blica, en donde debían promover la discusión. Sugirió además que es-
tos debates en el máximo órgano legislativo fueran de carácter secreto
y que los resultados fueran reservados hasta el momento mismo de la
negociación, estableciéndose castigos para los que revelaran anticipa-
damente detalles de los debates.
Infortunadamente el primer “Congreso General de Colombia” no
pudo iniciar sesiones sino cuatro meses después. Esto debido a la len-
titud de los comicios y a la escasez fiscal para costear los traslados de
los diputados de ambos departamentos, Cundinamarca y Venezuela, al
punto de encuentro, que sería la Villa del Rosario de Cúcuta. Otro obs-
táculo fue el posterior escalamiento de las hostilidades y de los com-
bates a raíz del rompimiento del armisticio (Gazeta Extraordinaria de
Bogotá, 1821, pp. 1-3).
Dos días después de haber dado a conocer a sus hombres de con-
fianza los puntos centrales que, según él, debían servir de marco para
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ESPERANZAS Y DESENCANTOS DE UN REFERENTE LATINOAMERICANO DE RECONCILIACIÓN
las negociaciones, el presidente Simón Bolívar recibió una carta del
general Miguel de La Torre, quien en el mes anterior había reemplaza-
do al general Morillo en la comandancia del Ejército Expedicionario
español, en la que lo instaba a prorrogar el tiempo del armisticio y a
no dar más largas en el envío de los comisionados a España a tratar
sobre la paz. Bolívar respondió a este llamado aunque haciendo én-
fasis en que solo lo haría bajo la condición de que se reconociera la
independencia absoluta y el principio de recíproca igualdad (Gaceta
Extraordinaria de Caracas, 1821, p. 143).
Finalmente, el 24 de enero de 1821, en desarrollo de lo estipulado
en el artículo 11 del armisticio, el Gobierno de la Gran Colombia
accedió a nombrar a José Rafael Revenga, secretario de Relaciones
Exteriores, y a José Tiburcio Echeverría, gobernador de la provincia
de Bogotá, para que entraran en negociaciones de paz en la Corte de
Madrid. Ellos, en calidad de ministros extraordinarios y plenipoten-
ciarios, quedaron facultados para negociar e, incluso, firmar tratados
con los ministros y delegados del Rey (AGN, F. Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Serie Tratados Internacionales, transferencia 16, caja
11, carpeta 1, ff. 1r-4v). Así entonces, tanto los poderes conferidos
a estos delegados como las instrucciones firmadas por Bolívar y su
ministro de guerra, Pedro Briceño Méndez, se hicieron sin el aval del
legislativo.
El Gobierno español, por su parte, había nombrado al brigadier
de la Armada José Sartorio y al capitán de fragata Francisco Espelius
como comisionados de paz a Venezuela, mientras que Juan Barry y
Tomás de Urrechea debían viajar al departamento de Cundinamar-
ca. Pocos días después, los comisionados expresaron su escepticismo
sobre su misión al pensar que los americanos estaban convencidos de
que lo único que querían era la independencia. Con estas reservas y
sueldos atrasados, fueron embarcados el 11 de noviembre de 1820
desde el puerto de Cádiz.
Cuando los comisionados arribaron a Caracas, ya Bolívar había
acordado armisticio con el general Morillo. Desde aquella ciudad re-
portaron su llegada, alabaron el texto de este acuerdo de tregua y
anunciaron su disposición de iniciar conversaciones directas, motiva-
dos por el “lenguaje del honor y de la buena fe” (Correo del Orinoco,
No. 100, 1821, p. 1).
Barry y Urrechea consideraron que no era necesario viajar a Car-
tagena y decidieron permanecer en Venezuela. Urrechea enfermó y fi-
nalmente regresó a Sevilla. Barry y Sartorio intentaron acercamientos
con los máximos líderes republicanos pero sin ningún eco. La histo-
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riadora Rebecca Earle (2014) resume muy bien el frustrado papel de
estos comisionados: “Llegaron demasiado tarde, no tenían suficiente
autoridad y no estaban convencidos de los méritos de su propia mi-
sión. Adicionalmente, se movían por los márgenes” (p. 198).
Pese a este inconveniente, Bolívar siguió empeñado en su avan-
zada diplomática. Además del nombramiento de los comisionados
Revenga y Echeverría, firmó ese mismo día, 24 de enero, un corto
mensaje dirigido al rey Fernando VII en el cual le informaba sobre la
misión de sus dos delegados y, asimismo, lo instaba a reconocer la In-
dependencia de la Gran Colombia, ofreciéndoles a los españoles una
segunda patria “(…) erguida pero no abrumada de cadenas” (Lecuna,
1965, t. I, pp. 526-527). El lenguaje utilizado en esta carta fue muy
retórico y conciliador, aunque su autor no estaba todavía plenamente
convencido del sometimiento del monarca a las intenciones pacifis-
tas planteadas por las Cortes liberales. En su misiva, el alto dirigente
republicano dejó abierta la posibilidad de una alianza en la que los
ibéricos podían acceder a privilegios especiales.
Otra carta preparó Bolívar, esta vez dirigida al general español Pa-
blo Morillo, quien por esos días ya se encontraba en su tierra natal.
En aras de cumplir las promesas firmadas por ambos en Santa Ana, en
un tono cordial, el máximo dirigente republicano no vaciló en pedirle
encarecidamente a su “querido amigo” que protegiera y apoyara la
misión de Revenga y Echeverría con la esperanza de que antes del
mes de junio podía estar sellada la paz entre las partes (Memorias,
1981, XVIII, pp. 48-49). Entre sus papeles, los comisionados llevaban
también un proyecto de tratado de amistad y comercio entre España
y la Gran Colombia, una especie de borrador de 34 puntos de lo que
eventualmente sería el acuerdo definitivo que debía ser rubricado por
el rey Fernando VII y el presidente Simón Bolívar (AGN, F. Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, Serie Tratados Internacionales, transfe-
rencia 16, caja 11, carpeta 1, f. 14r).
Al interior de la dirigencia republicana no dejaron de escucharse
recomendaciones e incluso desconfianzas sobre esta etapa de negocia-
ciones. Al ser enterado del periplo de los comisionados republicanos
a Madrid, el secretario del interior, José Manuel Restrepo, alertó so-
bre el hecho de que la Gran Colombia estaba en una situación muy
crítica al momento de negociar con potencias extranjeras y por ello se
requería mucha cautela y habilidad en los referidos emisarios para no
caer en desventajas. Restrepo se sentía “irritado” cada vez que leía las
proclamas de Morillo, La Torre y los comisionados españoles, pues
ellos suponían que los republicanos estaban próximos a sujetarse al
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ESPERANZAS Y DESENCANTOS DE UN REFERENTE LATINOAMERICANO DE RECONCILIACIÓN
Gobierno de España. Por eso, insistía en la urgencia de recordarles
que la Gran Colombia jamás se adheriría a la paz sin que se recono-
ciera su independencia, pues no se podía perder “(…) en un momento
once años de fatigas, desgracias y victorias” (Archivo, 1916, VI, p. 62).
La misión de Revenga y Echeverría en Caracas
A los negociadores Revenga y Echeverría, el Libertador les confió,
primero, la misión expresa de viajar hasta la ciudad de Caracas con el
fin de entrar en diálogos con los negociadores españoles Sartorio y Es-
pelius para pactar una prolongación del armisticio firmado en Trujillo,
pues el tiempo que implicaría la misión en suelo europeo sobrepasaría
la fecha límite de vencimiento de esta tregua (León, 1985, t. I, p. 74).
Echeverría salió de Bogotá el 25 de enero con sus credenciales en
mano en dirección hacia el nororiente en busca de la frontera con
Venezuela. Mientras adelantaba este viaje, el 28 de enero había esta-
llado una insurrección en Maracaibo a favor de la causa republicana,
ciudad que había quedado bajo el poder de los españoles de acuerdo
a la demarcación del armisticio pactado en el occidente de Venezuela.
Este hecho causó un profundo malestar en los españoles, que exigie-
ron explicaciones inmediatas por considerarse una flagrante infrac-
ción de la tregua decretada. Bolívar se defendió aduciendo que este
había sido un hecho espontáneo sin que estuviese al alcance de su
Gobierno impedirlo y fue muy enfático en advertirles a Echeverría y
Revenga que por ningún motivo debían suspender sus marchas ni re-
tardar la misión que se les había encomendado, a menos que los comi-
sionados españoles desistieran de su voluntad de diálogo (Memorias,
1981, XVIII, pp. 60, 77-80).
Revenga y Echeverría pidieron instrucciones precisas para redefi-
nir su posición como negociantes en Caracas, en respuesta a lo cual
Bolívar les recomendó que debían evitar que los reclamos de los espa-
ñoles llegaran al límite del rompimiento de la tregua, pues se estaba
a la espera de la respuesta de La Torre frente al pedido de Bolívar de
la mediación de unos árbitros que destrabaran este incidente. La idea
era arreglar este asunto de Maracaibo en el nuevo tratado de armisti-
cio, procurando defender el derecho de la Gran Colombia a proteger
esa ciudad y respetar el punto de las instrucciones de exigir las áreas
circundantes de dicha provincia en poder de los españoles. De todos
modos, se les recomendó lograr por todos los medios un pronto arre-
glo, pues la reapertura de las hostilidades traería enormes sacrificios
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Cultura Latinoam. Volumen 29, número 1, enero-junio 2019, pp. 164-197
a la República. Ese mismo día, Bolívar envió una extensa carta al co-
mandante La Torre en busca de un perentorio arreglo ante el suceso
de Maracaibo (Memorias, 1981, XVIII, pp. 76-77).
El 8 de febrero llegó Echeverría a la Villa del Rosario y a los días si-
guientes se encontró con Revenga en San Cristóbal y de allí partieron
hacia Caracas (Cortázar, 1965, V, p. 312), en donde permanecieron
poco más de un mes intentando debatir con las autoridades españolas
la posibilidad de prolongar el armisticio. Un decálogo de instruccio-
nes redactadas por Bolívar llevaban los comisionados como base para
sostener este diálogo (Cadena, 1878, pp. 153-156).
El primer punto de estas pautas disponía que, al llegar a esta capital
venezolana, los comisionados debían activar de inmediato las negocia-
ciones para no dilatar mucho la marcha hacia España. La idea era que
podían prorrogar el armisticio por cuatro meses o por el lapso de tiempo
que fuese necesario para conocer el resultado final de la misión que se
adelantara ante la Corte de Madrid. Si las negociaciones llevadas a cabo
en la metrópoli no llegaban a feliz término, se acordaría una prórroga
adicional de treinta días para reanudar las operaciones militares.
Se partió de la premisa de proponer una disminución en el núme-
ro de tropas de ambos ejércitos, reduciéndolas a la cantidad precisa
que fuera viable mantener sin causar la ruina económica para ambas
partes. Esta sugerencia se puso a consideración en vista de que la Re-
pública no podía soportar los gastos que implicaba el sostenimiento
de un ejército tan grande. Preocupaba sobre manera la llegada de la
temporada de invierno, pues los territorios que ocupaban eran “in-
salubres y mortíferos”, desprovistos de los recursos básicos para la
subsistencia.
Bajo este contexto, se debía exigir a los españoles que licenciaran
en Venezuela los soldados criollos que tuviesen en sus filas, quedán-
dose únicamente con los peninsulares, con el compromiso adicional
de no reclutar ni formar milicias en los territorios ocupados. A cambio
de ello, los republicanos liberarían igual número de criollos y solo
se dejarían tropas fijas en similar proporción a las que quedaran del
bando español, reiterándose también el compromiso recíproco de no
incrementar las filas ni formar milicias.
La justificación de este condicionamiento estribaba en el hecho de
que la situación era susceptible de complicarse aún más en caso de
un rompimiento de la tregua, pues los realistas podían contar con re-
fuerzos venidos de España mientras que los republicanos no tendrían
cómo incrementar sus huestes fijas. En compensación al sacrificio que
con esta propuesta estaba haciendo la Gran Colombia de disminuir
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LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE LA GRAN COLOMBIA Y ESPAÑA:
ESPERANZAS Y DESENCANTOS DE UN REFERENTE LATINOAMERICANO DE RECONCILIACIÓN
su pie de fuerza, se exigió la entrega de las plazas de Cumaná y las
localidades de las provincias de Maracaibo, Riohacha y Santa Marta
que aún estuviesen bajo dominio realista.
Las nuevas condiciones del armisticio solo tendrían vigencia si se
aceptaban unánimemente todas estas peticiones. Bolívar fue muy cla-
ro en advertir que, aun cuando se rompiera el armisticio en territorio
americano, tal como estaba estipulado en el tratado de Trujillo, nada
podía impedir que los comisionados continuaran con sus diálogos de
paz en Madrid5.
El general La Torre, por su parte, también expuso a través de sus
delegados, Sartorio y Barry, sus propios condicionamientos especiales
para llevar a cabo estas conversaciones: la devolución de Maracaibo
al Gobierno español y la inmediata evacuación de las tropas patriotas,
la revisión de las líneas divisorias de las provincias de Cartagena y
Cumaná y la exigencia de que ninguno de los dos Gobiernos podía
proteger política y militarmente a aquellos pueblos que no estuviesen
bajo su respectiva jurisdicción. La Torre objetó la propuesta de dismi-
nuir proporcionalmente el tamaño de los ejércitos, así como también
la compensación deseada por la Gran Colombia.
Como era apenas de esperarse, ningún acuerdo se logró en la re-
unión que se llevó a cabo el 10 de marzo debido a las posiciones dia-
metralmente opuestas. Ante esta falta de consenso, el 21 de marzo, La
Torre puso término a los diálogos aunque ofreció seguir tratando el
asunto con el Libertador, ya fuera directamente o a través de nuevos
delegados. Aunque no descartó la posibilidad de una prórroga, creía
que esta era una decisión que había que evaluar con más detenimiento
(Zubieta, 1924, pp. 339-344).
Por estos días, Bolívar había replanteado su posición y ahora no
estaba muy seguro de las ventajas de prorrogar el armisticio ante el pe-
ligro de mantener estacionado un ejército tan grande y con tan pocos
recursos. Por ello, el máximo general republicano instó a sus comisio-
nados para que mejor suspendieran inmediatamente las negociaciones
y aceleraran su viaje a España, para lo cual se les envió algunos impre-
sos que daban cuenta de los triunfos alcanzados por el general José
de San Martín sobre el ejército español del Perú al mando del virrey
Joaquín de la Pezuela (Memorias, 1981, XVIII, pp. 110-111).
5. Sobre este punto se señala como precedente la experiencia vivida hacía algunos años en la
guerra entre Estados Unidos e Inglaterra.
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Cultura Latinoam. Volumen 29, número 1, enero-junio 2019, pp. 164-197
Las vicisitudes de la misión en Europa
Echeverría y Revenga se embarcaron en el puerto de La Guaira el
24 de marzo en la fragata española Aretusa, la misma que había traído
a los comisionados españoles a tierras americanas (Plazas, 1970, V.
XVIII, t. III, p. 113). Arribaron a Cádiz el 14 de mayo y el 30 de este
mes ya estaban en Madrid. La noticia fue cubierta por los medios
españoles, entre ellos El Universal, Observador Español y el Diario de
Barcelona (Navas, 2000, p. 300).
Durante este periodo de 21 días de viaje por el Atlántico, conti-
nuó en Tierra Firme la agitación tras el rompimiento anticipado del
armisticio debido a la falta de recursos para sostener el ejército y a las
reducidas esperanzas de entablar las negociaciones de paz (Cortázar,
1956, III, p. 431), pues no se había conseguido que los enviados es-
pañoles, Sartorio y Espelius, se sentaran a dialogar con los delegados
Revenga y Echeverría. El 29 de marzo, Santander había ordenado a
los comandantes militares de su departamento, tanto en la región de
la costa Caribe como en las provincias de Popayán y Pasto, que estu-
vieran atentos porque el 30 de abril terminaría el armisticio (AGN, F.
Secretaría de Guerra y Marina, t. 333, f. 251r).
Varios fueron los hechos que precipitaron esta reanudación de
las operaciones militares: las vacilaciones y cambios de decisión en
torno a la fecha de terminación de la tregua, las reiteradas posturas
ambivalentes en medio del propósito por obtener ventajas políticas
y militares, el creciente ambiente de desconfianza y tensión entre las
partes, las incongruencias entre los temas generales convenidos en el
armisticio firmado en Trujillo, la minucia de lo acordado por los de-
legados a nivel provincial y las incertidumbres derivadas de los vacíos
que surgieron entre los intersticios del marco normativo del acuerdo,
como, por ejemplo, en el tema de la delimitación y en la declaratoria
de los territorios neutrales6. Pero quizás el factor que más contribuyó
a desencadenar la interrupción de la fase de tregua fue la revolución
espontánea ocurrida en las ciudades de Guayaquil y Maracaibo.
Bastantes dudas había dejado el discurso pronunciado por Fer-
nando VII el 1º de marzo en la apertura de las sesiones de las Cor-
tes, en donde se habló del anhelo de ver las provincias americanas de
6. En el proceso de delimitación se decidió que la plaza de Cartagena y la provincia de Riohacha
quedarían bajo dominio español mientras que el resto del territorio de las provincias de San-
ta Marta y Cartagena fueron asignadas al bando republicano y algunos cuantos pueblos fueron
declarados neutrales (Pita, 2018, pp. 44-83). Entre tanto, por los lados del sur, el río Mayo fue
tomado como línea divisoria y la provincia de Popayán quedó bajo dominio español mientras que
la provincia de Pasto continuó integrada al régimen monárquico.
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LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE LA GRAN COLOMBIA Y ESPAÑA:
ESPERANZAS Y DESENCANTOS DE UN REFERENTE LATINOAMERICANO DE RECONCILIACIÓN
Tierra Firme “(…) de nuevo reunidas a la Madre Patria como partes
integrantes de un mismo Imperio” (Documentos, 1834, t. I, p. 227).
La noticia que recibió Bolívar a finales de este mes sobre el re-
chazo de las propuestas de reconciliación formuladas por Zea al du-
que de Frías (AHR, Fondo I, V. VII, pieza 1, ff. 13v-23v) constituyó
otro motivo de justificación a la decisión de Bolívar de reanudar las
operaciones militares. El optimismo inicial había cedido terreno y
ahora el Libertador se convencía cada vez más de la actitud vacilan-
te de España (Navas, 2000, pp. 267-268). Incluso el general Anto-
nio Nariño, quien se hallaba temporalmente como vicepresidente de
Cundinamarca, consideró que era el momento preciso de publicar la
contestación de Frías “para hacer ver al mundo entero las poderosas
razones” que obligaron a Bolívar romper el armisticio y, con ello, “po-
ner su honor a cubierto” (Hernández, 1990, VI, p. 104). A pesar de
todo, él había planteado que este rompimiento del armisticio no podía
ser óbice para que Echeverry y Revenga entablaran las negociaciones
en las Cortes de Madrid.
Al conocerse la noticia de la reanudación de las operaciones mili-
tares, creció en la península ibérica la corriente guerrerista que cifraba
sus esperanzas en el triunfo de las armas realistas y abrió paso a que el
Gobierno monárquico emprendiera una campaña de prensa en contra
de la Gran Colombia y de Bolívar.
Intensa fue la gestión adelantada por el par de comisionados tan
pronto pisaron suelo ibérico. Se entrevistaron con ministros, con-
sejeros y sociedades populares, e incluso llegaron a costear algunos
impresos que repartieron en las principales ciudades en busca de
ganar adeptos a la causa de una solución pacífica. No obstante, se
encontraron con una nación en estado de tensión política interna,
razón por la cual las Cortes no habían debatido todavía a fondo
el tema de las negociaciones con América. Hechos como el nom-
bramiento de Juan de la Cruz Murgeon como capitán general de la
Nueva Granada, cuya misión era sofocar las luchas por la libertad
que un año antes habían emprendido los guayaquileños tras su es-
tallido revolucionario, dejaban mucho que desear de las verdaderas
intenciones de los españoles.
El capitán de fragata Espelius, quien había viajado junto con los
comisionados a España para informar sobre el estado del ejército ex-
pedicionario en Venezuela, se encargó de anunciar ante el ministro de
Estado, Eusebio de Bardaxi y Azara, la presencia de aquellos delega-
dos, pero este funcionario postergó el encuentro debido a sus múlti-
ples ocupaciones.
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Cultura Latinoam. Volumen 29, número 1, enero-junio 2019, pp. 164-197
Desde Burdeos, el ministro Zea había recibido a finales de mayo
rumores sobre el rompimiento del armisticio, confirmados en la Ga-
ceta oficial de Madrid con la publicación de la carta de Bolívar al jefe
español La Torre y la contestación de este alto oficial y sus agitadas
proclamas al pueblo y al ejército. Esto, según el diplomático venezola-
no, había generado ánimos guerreristas en el Gobierno español y por
ello pensaba que podía afectar los avances que él había logrado en Eu-
ropa, aunque reconocía que en lo militar podía traer ventajas. Ya sabía
de la llegada de los comisionados Revenga y Echeverría a Madrid, y
estaba a la espera de entrevistarse con ellos (Memorias, 1981, IX, pp.
256-258). Zea había recibido instrucciones del general Bolívar para
que coadyuvara al buen desarrollo de esta misión de paz y, a pesar de
la suspensión de la tregua, seguía esperanzado en el éxito de las nego-
ciaciones (Gazeta de Colombia, No. 4, 1821, p. 15).
A fin de cuentas, los ministros del Rey dilataron la reunión con Re-
venga y Echeverría bajo diversos pretextos. Algunas voces disonantes
como la del duque de Frías, embajador de España en Londres, consi-
deraban que era totalmente inadmisible cualquier propuesta de inde-
pendencia absoluta por parte de los dominios hispánicos en América
(Zubieta, 1924, pp. 309-310).
A estos obstáculos se sumó otro, el plan de emancipación de toda
América propuesto ante las Cortes por la diputación mexicana que
proponía indemnizar anualmente al Gobierno español y crear tres re-
gencias en América: una en México, otra en Cundinamarca y Vene-
zuela con capital en Bogotá y la otra en Perú, Chile y Buenos Aires
(Martínez, 2008, pp. 242-243). Esto, a juicio de los comisionados Re-
venga y Echeverría, significaba la prolongación del dominio y el “fatal”
influjo de España en el hemisferio. Sin embargo, la propuesta mereció
el interés del Gobierno español y de varios sectores de opinión.
Después de varios intentos, finalmente los comisionados fueron
recibidos en Palacio en la tarde del 5 de junio (Lecuna, 1965, t. I,
pp. 526-527). Lo primero que hicieron ellos fue entregar a Bar-
daxi la carta que Bolívar había escrito al Rey y otra en la que el
secretario de guerra, Pedro Briceño Méndez, confería credenciales
a estos comisionados.
Para adelantar estas conversaciones, el presidente Simón Bolívar
le había entregado a Echeverría antes de que partiera de la ciudad de
Bogotá un extenso manual de 21 puntos que contenía las instruccio-
nes que servirían de base para entablar las negociaciones de paz. En
buena parte, estas directrices mantuvieron el espíritu de las ideas que
Bolívar le había expuesto a Santander. Es este sin duda un documento
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LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE LA GRAN COLOMBIA Y ESPAÑA:
ESPERANZAS Y DESENCANTOS DE UN REFERENTE LATINOAMERICANO DE RECONCILIACIÓN
clave pues está allí condensado el pensamiento de la alta dirigencia
republicana y sus diversas opciones en busca de la paz.
En términos concretos, en el artículo 2º estaba plasmado el propó-
sito político central que debían defender los dos emisarios como eje
nodal para la firma de un tratado de paz “honroso y glorioso”:
(…) el reconocimiento por España de la absoluta independencia, libertad
y soberanía de Colombia como República o Estado perfectamente igual
a todos los demás Estados soberanos e independientes del mundo, con la
renuncia expresa y bien significativa por parte de España, su pueblo y su
gobierno, por sí y sus sucesores, a cualquier título, derecho o pretensión,
propiedad y soberanía sobre el todo y cada una de las partes que forman
la República de Colombia (Memorias, 1981, t. XVIII, p. 38).
El reconocimiento comprendería todo el territorio de la Gran
Colombia, tal como quedó consagrado en la Ley Fundamental de la
República, es decir, abarcaría los tres departamentos de Venezuela,
Cundinamarca y Quito, para lo cual podían rectificarse con mapa en
mano los límites respectivos.
Como Bolívar presentía que España no reconocería plenamente
estos territorios, dispuso que en caso de que la contraparte expresara
como único impedimento para conseguir la paz su negativa a ceder el
territorio ocupado por ellos en el departamento de Quito, los comi-
sionados podían acceder a esa solicitud. Si lo españoles insistían en
oponerse, los comisionados propondrían ceder toda la presidencia de
Quito pero con la condición de que las regiones libres, es decir, Gua-
yaquil y Cuenca, quedaran con derecho de negociar directamente la
paz. Sobre este punto los comisionados debían reiterar los sacrificios
que significaba esta concesión para la Gran Colombia en vista de los
avances militares allí logrados y que prometían llegar, incluso, al terri-
torio del Perú.
Panamá no quedó en el mismo orden de prioridades en las pre-
tensiones del Libertador. En vista de la crucial importancia que era
para España este istmo, no solo por su estratégica posición militar en
torno a la defensa de México sino por las ventajas comerciales, los co-
misionados quedaban habilitados para que, luego de agotadas todas
las instancias de defensa, cedieran aquel territorio pero exigiendo a
cambio que todo el departamento de Quito quedara incorporado a la
Gran Colombia. En caso extremo de que para los españoles Panamá
fuere el único impedimento para firmar la paz, Revenga y Echeverría
podían ceder esta provincia sin ninguna compensación.
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Cultura Latinoam. Volumen 29, número 1, enero-junio 2019, pp. 164-197
Si se llegaba a un feliz acuerdo, la Gran Colombia se comprometía,
como fórmula de resarcimiento, a reconocer y garantizar la soberanía
y propiedad de España sobre los territorios americanos que aún estu-
viesen bajo su dominio. Este punto, sin duda, era muy controvertido
por cuanto significaba abandonar la idea que ya había planteado Bo-
lívar de promover la independencia y apoyar campañas libertadoras
en el resto de las naciones americanas (Navas, 2000, p. 223). En el
artículo 8º se dispuso que la Gran Colombia se comprometía también
a otorgar privilegios comerciales a España, pero estas concesiones de-
bían ser recíprocas y proporcionales a las condiciones finales fijadas
por España en materia de reconocimiento de territorio. Como otro
gesto de reconciliación y de los deseos republicanos por alcanzar la
paz, se estaba en disposición de ofrecer plena libertad a los españoles
para establecerse en el territorio de la Gran Colombia y gozar de los
derechos como ciudadanos luego de haber cumplido más de un año
de residencia continua7.
Los españoles podían seguir gozando de sus propiedades siem-
pre y cuando residieran en aquellos territorios dominados por ellos.
En el caso de las propiedades en poder del ejército, serían devueltas
siempre y cuando no hubiesen pasado a un tercero, obligándose en
este caso el Gobierno republicano a pagar el valor de las que hubiese
enajenado. Sobre este punto, Bolívar fue muy enfático en pedir a sus
emisarios una gran prudencia para no recargar al Gobierno de mu-
chas deudas pendientes y para no perjudicar a los grancolombianos
en sus derechos de propiedad.
En caso de resultar muy complicado o dilatado llegar a un tratado
definitivo de paz, los comisionados tendrían la opción de pactar un
tratado preliminar pero bajo la condición de que debían cesar todas
las operaciones militares y cederse los territorios acordados. De todos
modos, el objetivo era que la paz pudiese estar concluida para finales
del mes de julio. La comisión de Revenga y Echeverría quedó con ple-
nas facultades para revocar y anular cualquier otro convenio celebra-
do con España, particularmente los que hubiese adelantado el agente
diplomático Francisco Antonio Zea (Navas, 2000, p. 260).
De todas estas instrucciones, el único tema que presentó alguna
modificación en relación con las propuestas presentadas inicialmen-
te por Bolívar a finales de diciembre era lo concerniente a las alian-
zas. Ya no estaba este presidente tan seguro de las bondades de esta
7. En este es punto era imprescindible adelantar una reforma a la Constitución de la República por
cuanto allí no se establecía ninguna preferencia en relación con los extranjeros.
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LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE LA GRAN COLOMBIA Y ESPAÑA:
ESPERANZAS Y DESENCANTOS DE UN REFERENTE LATINOAMERICANO DE RECONCILIACIÓN
alternativa y por ello recomendó a Revenga y Echeverría que debían
oponerse rotundamente al proyecto de España de conformar una fe-
deración con América porque esta fórmula asociativa sería motivo
de frecuentes desavenencias y distanciamientos. Bajo este contexto,
esta no era una opción conveniente para los intereses de la Gran Co-
lombia, pues quedaría en condiciones de desigualdad en materia de
beneficios y mucho más vulnerable en cuestiones de seguridad por la
lejanía con España y la debilidad de los lazos con los demás pueblos
americanos. Lo máximo a lo que podían comprometerse el par de de-
legados republicanos era a aceptar una alianza de carácter militar en
caso de una guerra interna o a una conmoción provocada por la lucha
de castas, para lo cual debían especificarse los auxilios que debían
prestarse mutuamente, ya fuera en tiempo y en número de buques y
tropas, haciendo la aclaración de que el pie de fuerza suministrado
por España debía siempre ser mayor que el de la Gran Colombia, con
la posibilidad adicional de este Gobierno de aportar dinero en vez de
tropas en vista de su precaria situación económica.
Bajo ninguna circunstancia, así fuera con las mayores ventajas, los
emisarios republicanos podían aceptar la propuesta de España de en-
viar alguno de los príncipes de la casa de los Borbones o de cualquier
casa monárquica europea a gobernar el territorio soberano de la Gran
Colombia8. Sobre este tema en particular, la instrucción era muy pre-
cisa en el sentido de que “Colombia será independiente, soberana y
libre de toda dominación extranjera o dejará de existir” (Memorias,
1981, XVIII, p. 42).
Una vez celebrado el tratado, España contaba con dos meses de plazo
para entregar los territorios acordados junto con todas las armas y muni-
ciones. Sus tropas tendrían la opción de quedarse, ya fueran ellos españo-
les o americanos. Esta condición se planteó en vista de que se consideraba
injusto exigir que los criollos abandonaran su propio terruño.
Si España se resistía a reconocer a la Gran Colombia y se rehusaba
a propender por la paz luego de los esfuerzos de los comisionados Re-
venga y Echeverría, estos dos hombres debían acercarse a los embaja-
dores de las Cortes extranjeras, principalmente a Inglaterra, con el fin
de buscar de ellos el reconocimiento, ofreciéndoles formalizar relacio-
nes diplomáticas y acceso a las preferencias comerciales que España
8. El proyecto de instalar monarquías en América no era nuevo pues ya se había planteado desde
el siglo XVIII. No hay que perder de vista el hecho de que esta era la forma de Gobierno más
común y adquirió mayor legitimidad en Europa tras el fracaso de la primera república francesa,
la derrota del imperio napoleónico y el temor generado por las revoluciones hispanoamericanas
(Cavelier, 1959, I, p. 21).
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Cultura Latinoam. Volumen 29, número 1, enero-junio 2019, pp. 164-197
hubiese despreciado. Estas gestiones se concibieron como una última
estrategia para persuadir indirectamente a España para que cambiase
de opinión y concientizarla de los perjuicios y desventajas que traería
su posición intransigente. Así entonces, no podía suscribirse ningún
tratado con aquellos otros países sin antes saber la resolución final
del Gobierno ibérico. Esta ofensiva diplomática era para Bolívar más
que necesaria pues en varias ocasiones había expresado sus temores
respecto a una eventual intervención de la Santa Alianza en favor de
España (Ospina, 1988, p. 143).
Al final, tanta espera había resultado inútil pues ninguna de estas
propuestas fue debatida conjuntamente ni la tan esperada reunión en
Palacio trajo ningún resultado concreto (Pérez, 1960, p. 31). El en-
cuentro estuvo lleno de desplantes y de una actitud un tanto displi-
cente por parte de los altos funcionarios españoles, tal como se puede
deducir del relato que los comisionados hicieron al secretario de rela-
ciones exteriores, Pedro Gual (Cadena, 1878, p. 197).
El ministro de Estado trajo a colación una carta de Zea, remitida
desde Bayona el 1º de junio, en la que anunciaba la llegada de los
comisionados, pero ya no creía tan necesario el encuentro en Pala-
ciotras haberse enterado de la renovación de las hostilidades, ante
lo cual propuso el ministro que lo más prudente era esperarlo bajo
el supuesto de que seguramente traía instrucciones posteriores a las
recibidas por los comisionados. Bardaxi hizo énfasis además en que
nada podía resolverse sin la presencia y aval de todo el gabinete de
ministros, pues era bastante complicado reunirlos por las múltiples
ocupaciones de gobierno. Al momento en que los comisionados insis-
tieron en ser escuchados, Bardaxi no dudó en recriminar al Gobierno
grancolombiano por no haber observado fielmente lo estipulado en
el armisticio tras el incidente de la revolución espontánea acaecida en
Maracaibo, para lo cual adujo tener como prueba varios documentos
y cartas, algunas de las cuales culpaban de todo al general Bolívar. En
este estado de tensión, el ministro dio por terminada súbitamente la
reunión y anunció que avisaría el día y la hora para seguir tratando
estos temas.
Zea llegó un día después de este frustrado encuentro quien, des-
pués de entrevistarse meses atrás con Bardaxi en Francia, pensaba que
el único camino para culminar la guerra en América era el de com-
pensar suficientemente a España y dar concesiones especiales a este
país. A pesar de todo, los comisionados siguieron al pie de la letra las
instrucciones de Bolívar en el sentido de no cesar en su intensa gestión
en Madrid a través de reuniones sostenidas con españoles liberales y
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LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE LA GRAN COLOMBIA Y ESPAÑA:
ESPERANZAS Y DESENCANTOS DE UN REFERENTE LATINOAMERICANO DE RECONCILIACIÓN
principalmente los contactos con los embajadores de Estados Unidos
e Inglaterra. Además de esto, Revenga envió varios artículos a diver-
sos periódicos justificando la posición de la Gran Colombia (Pérez,
1960, p. 32).
Bastante desconcierto causó en los republicanos el discurso pro-
nunciado el 30 de junio por el rey Fernando VII en el cierre de las
sesiones ordinarias de las Cortes, pues allí no se incluyó ningún gesto
de reconciliación. Por el contrario, lo único que reiteró el soberano
fue su intención de “(…) conseguir el restablecimiento del orden en
las provincias de ultramar” (Marqués, 1834, t. I, p. 267), todo con
miras a propender por la integridad de la monarquía y la observan-
cia de la Constitución de Cádiz. Desde la prensa oficial de Bogotá se
criticó esta actitud inflexible de España de no aceptar una realidad
inobjetable ante los avances de las armas republicanas, eludiéndose
por completo en aquel discurso el armisticio y las negociaciones de
paz (Gazeta de Colombia, No. 7, 1821, p. 32).
Pocos días después fue conocida en la península ibérica la noticia
del éxito militar conseguido el 24 de junio por los republicanos en la
batalla de Carabobo, victoria crucial para la liberación definitiva de
Venezuela. A raíz de este suceso creció el ambiente de hostilidad con-
tra el par de comisionados, y se presentaron varios motines populares
en Madrid.
El Gobierno español había convocado una Junta de Generales en
donde pudo palparse el contraste de posiciones al interior de la cúpu-
la militar. Algunos, como el general Morillo, creían que los america-
nos eran “inconquistables” mientras que otros pensaban que aquellos
súbditos de ultramar no tenían derecho a ser independientes. Lo cier-
to es que la situación fiscal de España era muy crítica pues no había ni
para los gastos internos y mucho menos podían asumirse los onerosos
gastos de una nueva expedición de reconquista militar. Imposible era
también en estos momentos atender la solicitud de La Torre para que
se le auxiliara con 4.000 hombres y un millón de pesos para los gastos
de guerra y poder invertir así el balance de fuerzas que le era realmen-
te desfavorable. Escasamente se dio orden al Gobierno de La Habana
para que girara 150.000 pesos para los gastos más acuciantes (Zubieta,
1925, p. 353).
Desde el 5 de julio, Echeverría y Revenga volvieron a insistir en un
segundo encuentro a sabiendas de que por esos días una comisión es-
pecial de las Cortes y la Cámara de Ministros se ocupaba de la situación
de América. Algunos diputados americanos habían expuesto al interior
de las Cortes la necesidad de una solución definitiva que reconociera los
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alcances logrados por el proyecto republicano. Renuente se mostró el
Gobierno español bajo el argumento de que aún no estaban decididas
las bases sobre las cuales debía fundarse la negociación. El par de comi-
sionados sentía ya la presión del tiempo y eran cada vez más estrechas
las posibilidades de que sus propuestas fueran examinadas por el alto
Gobierno español y en especial por las comisiones que debían presentar
un informe final a las Cortes.
Como un último intento, el 12 de julio los comisionados enviaron
una nota al ministro Bardaxi urgiéndole les concediera una audiencia,
oportunidad que aprovecharon para adjuntarle una copia de la Ley
Fundamental de la República. El ministro insistía en que las Cortes
todavía no podían pronunciarse sobre la suerte de América y que ade-
más la opinión pública no estaba preparada para grandes decisiones
sobre este particular, para lo cual se requería también de más tiempo
para escuchar las opiniones de las potencias europeas.
Por esos días, los comisionados se lamentaron ante el secretario
de Estado de cómo había algunos periódicos que, contrario al prin-
cipio de ilustrar ecuánimemente a la ciudadanía, se empeñaban en
hacer cada día más difícil la reconciliación. Con informaciones dis-
torsionadas querían hacer ver que la solución era la guerra fratricida.
Ejemplo de ello fue El Universal que, en su edición del día 20 de
julio, había criticado a los “disidentes” de falta de moralidad y bue-
na fe, atribuyéndole al presidente Simón Bolívar “la violación del
derecho natural y de gentes, atroz perfidia y descarada hipocresía”.
Solicitaron que este tipo de imputaciones “impropias y criminales”,
carentes de pruebas fidedignas, fueran castigadas por la ley, pues se
hacían extensivas a todo un continente y al Gobierno de la Gran
Colombia legítimamente constituido en representación de más de 4
millones de habitantes, Gobierno que había sido reconocido por los
jefes del ejército expedicionario de Tierra Firme e incluso por el pro-
pio ministro de Estado en su memoria leída el pasado 6 de marzo.
Los comisionados recordaron que estas injuriosas expresiones eran
prohibidas por el artículo 17 de la Ley del 22 de octubre de 1820
sobre la libertad de imprenta. Era, según los denunciantes, una forma
de incidir en las altas esferas del Gobierno español y en la opinión
pública con impacto negativo en los resultados de la negociación
pendiente (AGI, Estado, 64, N. 50, f. 3r-v).
Tal cúmulo de incidentes vaticinaba ya el abrupto desenlace de
estos acercamientos de paz. En carta enviada el 30 de agosto por el
ministro Bardaxi, este le comunicó a Revenga que el rey había sido
muy generoso al permitirles el desembarco en España a sabiendas de
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LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE LA GRAN COLOMBIA Y ESPAÑA:
ESPERANZAS Y DESENCANTOS DE UN REFERENTE LATINOAMERICANO DE RECONCILIACIÓN
que Bolívar había roto el armisticio y en un acto de mala fe se había
apoderado de territorios que no estaban comprendidos en la línea de
demarcación, en alusión explícita a la revolución espontánea ocurrida
en Maracaibo. Ante el hecho de que Bolívar no había mostrado nin-
gún arrepentimiento por estos “atropellamientos” ni tampoco ningu-
na explicación valedera o propuesta de resarcimiento, y que ningún
mensaje nuevo de reconciliación habían traído los comisionados, el
ministro español conminó al par de delegados a salir inmediatamente
de la península:
La presencia de ustedes es absolutamente inútil en España, y aún puede
decirse perjudicial bajo muchos aspectos, que no vienen al caso mani-
festar. En este supuesto incluyo a usted, de Real Orden, los pasaportes
necesarios para su regreso al punto de donde partieron, bien persuadido
que no tardarán un momento a ponerse en camino, porque así conviene
verificarlo (Memorias, 1981, XIX, p. 224).
Aunque sorprendidos, los dos emisarios republicanos acataron la
orden y abandonaron Madrid el 2 de septiembre y se dirigieron hacia
Bayona, en territorio francés. Zea también tramitó pasaporte para sa-
lir de España, no sin antes reiterarle al ministro Bardaxi la necesidad
de una “reconciliación generosa y fraterna” y de un diálogo franco,
que era lo que realmente le convenía a todos, para lo cual prometió
aunar todos sus esfuerzos en torno a cumplir este propósito (AGI,
Estado, 64, No. 50, f. 25r).
El 12 de septiembre las máximas autoridades republicanas envia-
ron una carta y varias gacetas a los comisionados informando sobre
los últimos avances de las armas americanas tanto en Venezuela como
en Cundinamarca luego de reanudadas las acciones militares. Cumaná
había capitulado mientras que se acentuaba la ofensiva sobre Quito.
Las fuerzas sutiles se habían apoderado de la bahía de Cartagena, es-
trechando el sitio sobre esta plaza. Por otro lado, cada vez era mayor
el número de soldados españoles que cambiaban de bando, ya fue-
ra por voluntad propia o por rendición, con lo cual los batallones
republicanos se habían visto robustecidos. Las filas las engrosaba,
además, la llegada de algunos cuerpos de reserva. Noticias favorables
venían también del ejército libertador del Perú, que ejercía presión
sobre Quito. Por otro lado, el establecimiento del primer Congreso
de Colombia y la promulgación de la Constitución (1822) en el mes
de agosto fueron factores que le imprimieron mayor solidez al pro-
ceso fundacional y organizativo del Estado republicano, con lo cual
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Cultura Latinoam. Volumen 29, número 1, enero-junio 2019, pp. 164-197
contaba con mayores elementos para clamar el reconocimiento de las
potencias extranjeras.
En resumidas cuentas, había un panorama más alentador en rela-
ción al que había cuando los comisionados viajaron a su misión. Los
dirigentes republicanos se mostraban más optimistas, hasta el punto
de pensar que en este año liberarían por la vía militar todos los terri-
torios de Cundinamarca, Venezuela y Quito. Sin embargo, la instruc-
ción que enviaba Bolívar a sus negociadores era a mantener firme la
intención de paz (Memorias, 1981, XVIII, pp. 510-512).
Desde Bayona, los expulsados delegados enviaron el 14 de sep-
tiembre al secretario de Estado una extensa carta en la que se mos-
traban extrañados pues, luego de una espera de más de 95 días para
reunirse directamente con el rey, sorpresivamente se les comunicó
la decisión de expulsión sin permitírseles dar las explicaciones a las
imputaciones formuladas. Por ello, en aras del decoro del Gobier-
no republicano, procedieron a aclarar uno a uno los puntos aún por
encima de la sarta de calumnias difundidas por algunos periódicos
locales. Primero que todo, adujeron que la causa real del rompimiento
del armisticio fueron las dificultades para mantener estacionadas las
tropas en unos lugares tan insalubres. Sobre Maracaibo reiteraron que
en ningún momento habían apoyado la independencia de esta ciudad
y, prueba de ello, era que el mismo Bolívar había juzgado en consejo
de guerra al oficial patriota que, estando en la línea divisoria de ambos
bandos, se había apresurado a auxiliar a los espontáneos revolucio-
narios, además de lo cual, en carta remitida el 19 de febrero, se había
propuesto al general La Torre dirimir este problema a través de un ár-
bitro (Cavelier, 1976, pp. 29-32). Reiteraron que la continuación de la
guerra no podía ser óbice para seguir intentando una reconciliación.
A pesar de todo, los comisionados renovaron las intenciones de paz y
los beneficios que ello traería a ambas partes, creyendo imposible que
España se obstinara en la continuación de la vía militar. Anunciaron
que esperarían un mes en Burdeos la respuesta del Gobierno espa-
ñol. Días más tarde, el 28 de septiembre, Revenga envió al ministro
español un escrito “en estilo declamatorio” en el que de nuevo invita-
ba a España a negociar la paz. Sin embargo, este documento no gustó
mucho por su aparente lenguaje “petulante e impertinente”, al procla-
mar que, tras el triunfo de Carabobo, ya estaba decidida la suerte de
la guerra y porque, a juicio de los españoles, los republicanos hacían
mucho alarde de sus fuerzas y su posición ventajosa. El par de comi-
sionados advirtieron además que si no obtenían una respuesta el 20 de
octubre se estarían embarcando a América (AGI, Estado, 64, No.
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LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE LA GRAN COLOMBIA Y ESPAÑA:
ESPERANZAS Y DESENCANTOS DE UN REFERENTE LATINOAMERICANO DE RECONCILIACIÓN
50, ff. 12r-16r.). Sin embargo, el Gobierno español no emitió ninguna
contestación frente a estos planteamientos y advertencias.
Mientras esto ocurría en España, al otro lado del Atlántico, las
fuerzas patriotas propinaban otro golpe contundente en el cam-
po militar. El 10 de octubre, y después de 14 meses de asedio a
la ciudad amurallada de Cartagena, los realistas se rindieron y los
republicanos recuperaron este importante bastión sobre el Caribe,
hecho con el cual se culminó la liberación de esta región costera
(Corrales, 1883, t. II, pp. 567-476). El movimiento revolucionario
coronaba nuevos frutos en México, en donde se había instalado el
28 de septiembre una Junta Provisional de Gobierno, encargada
de redactar el Acta de Independencia, al tiempo que la guarnición
española evacuaba la ciudad.
Ante los fallidos intentos de llegar en España a un arreglo que
pusiera fin a la guerra, el propósito de la Gran Colombia se enfocó en
lanzar una campaña en el exterior a través de la creación de alianzas
con los países hispanoamericanos para establecer una oposición a Es-
paña y presionarla a firmar la paz con estas naciones. Como parte de
esa avanzada, en octubre el Gobierno envió un representante ante los
Gobiernos de Perú, Chile y Buenos Aires (López, 1993, pp. 17-39).
El delegado llevaba unas instrucciones muy precisas que tenían como
objetivo crear una confederación con estos países para conformar un
frente común que obligara a España a cesar la guerra y a reconocer la
soberanía nacional. Con Argentina ya se había suscrito un acuerdo en
estos mismos términos en marzo de 1821. Para completar el frente de
alianzas americanas se buscaron también acercamientos con México9.
Desde la ciudad de Burdeos, el 25 de octubre Echeverría informó,
en carta enviada al vicepresidente Santander, sobre la “desesperación”
que se vivía en la península ibérica ante los recientes avances militares
republicanos. Como reacción, el Gobierno español había optado por
lanzar una convocatoria para formar un nuevo ejército, además de lo
cual había difundido circulares y proclamas recalcando a su pueblo
que España no podía existir sin América pues una separación acarrea-
ría la ruina económica generalizada. Según la información recogida
por el comisionado Echeverría, si la campaña de reclutamiento no
tenía mucho éxito, la intención era fomentar una guerra civil en Amé-
rica, animando a los pardos a sublevarse, tal como había sucedido en
Los Cayos.
9. El 6 de julio de 1822, Tomás Cipriano de Mosquera logró la firma de un tratado con el Perú y
en el mes de octubre firmó otro tratado de unión y confederación con Chile.
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Cultura Latinoam. Volumen 29, número 1, enero-junio 2019, pp. 164-197
No obstante, Echeverría insistía en que ese afán por recobrar los
dominios americanos no reflejaba el sentir general de los españoles
sino de ciertos sectores conservadores. Entre los más acérrimos oposi-
tores citaba a los miembros del ministerio de ultramar, especialmente
a Pedro Urquinaona y al ministro Ramón López Pelegrín. Esto fue lo
que comentó Echeverría respecto a la creciente opinión favorable que
despertaba la causa americana gracias a las gestiones adelantadas por
ellos en todos los frentes:
Todos los españoles ilustrados opinan por la independencia: yo he asisti-
do a tertulias de literatos y a varias otras casas particulares y se hablaba
con libertad sobre nuestra justicia, y de la necesidad que tenía el gobierno
español de variar de conducta. Hemos sido generalmente muy bien trata-
dos, y crea usted que aunque el gobierno haya dado aquel tan antipolítico
y contrario a sus intereses, hemos adelantado infinito con nuestra mansión
allí, pues la opinión ha hecho progresos, y tenemos de nuestra parte a
varios periodistas como el de La Miscelánea, El Eco de Padilla, El Diario
Gaditano, etc., con quienes hemos contraído relaciones que en todo tiem-
po nos serán demasiado ventajosas. Las hemos contraído también con va-
rios miembros de las cortes, consejeros y oficiales de las secretarías, y con
muchos de ellos mantenemos correspondencia, como con otros varios
particulares que nos suministran ideas y noticias importantes (Archivo,
1916, VII, p. 185).
Con mucho pesar, en una carta dirigida el 2 de noviembre desde
Burdeos al ministro de Estado, los comisionados reconocieron el fra-
caso de los acercamientos de paz a pesar de que consideraban haber
demostrado la inexactitud de los cargos que se les imputaron. Al me-
nos les quedó el consuelo de no haber omitido esfuerzo en aras de
la reconciliación y, según ellos, “(…) jamás la nación española podrá
echarle en cara los males consecuentes al estado de guerra” (AGI,
Estado, 64, N. 50, f. 24v.). Ninguna respuesta fue emitida por el Go-
bierno español, pues por esos días se recrudeció la convulsión política
interna tras el retorno del absolutismo, mientras que el ministro Bar-
daxi dejó su cargo el 8 de enero de 1822 tras ser desterrado.
Las estrategias de paz posteriores a 1822
En el mes de febrero de 1822, Echeverría se encontraba en Pa-
rís y allí continuó en su empeño por difundir la causa americana.
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LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE LA GRAN COLOMBIA Y ESPAÑA:
ESPERANZAS Y DESENCANTOS DE UN REFERENTE LATINOAMERICANO DE RECONCILIACIÓN
De hecho, adelantó gestiones para que algunos artistas locales repre-
sentaran los acontecimientos más gloriosos de la revolución, para lo
cual solicitó al Gobierno que le enviara los diseños del campo de la
Batalla de Boyacá. Como complemento de esa estrategia de difusión
iconográfica del movimiento libertario, le pidió al vicepresidente San-
tander el envío de retratos suyos y de otros generales como Juan José
Rondón (Cortázar, 1965, V, pp. 317-318).
A principios de junio, Echeverría estaba en Londres en espera de
entrevistarse con Zea, aunque era poco optimista sobre el resultado
de este encuentro pues existían entre ambos algunas divergencias de
criterio. Sugirió al vicepresidente Santander que el Gobierno de la
Gran Colombia mantuviese de manera permanente un representante
en esta ciudad y otro en París, dada la importancia de estas potencias
rivales (Cortázar, 1965, t. V, p. 321).
Mientras esto sucedía en el Viejo Mundo, dos hechos trascenden-
tales tenían lugar en las tierras americanas. Un nuevo armisticio firma-
do por el general Antonio José de Sucre y el jefe español Carlos Tolrá
le permitió a las huestes patriotas equiparse mejor y el 24 de mayo
consiguieron un triunfo decisivo en la batalla de Pichincha, después
de lo cual sucedió la ocupación de la ciudad de Quito por parte de las
huestes patriotas. También por estos días, el general Bolívar intimó al
coronel Basilio García, comandante de la ciudad de Pasto, para que se
rindiera y firmara las respectivas capitulaciones (López, 1955, p. 86).
El 28 de mayo, este oficial aceptó finalmente firmar el 6 de junio las
capitulaciones (Restrepo, 2009, pp. 800-803). Así entonces, luego de
una lucha intensa de más de una década, por fin los republicanos lo-
graban dominar estas dos ciudades, últimos bastiones de los españoles
en el territorio del sur de la Gran Colombia.
En 1823 finaliza en España el trienio liberal y nuevamente el rey
Fernando VII toma una actitud de rechazo a las pretensiones inde-
pendentistas de América. En su mensaje al Congreso de la República
pronunciado en Bogotá el 17 de abril de 1823, el vicepresidente San-
tander trajo a colación todos los esfuerzos emprendidos por el Gobier-
no para finalizar la contienda con España “(…) de un modo decoroso
a ambos pueblos y con ventajas recíprocas”. Se hizo un balance de
cómo el Gobierno había tenido la iniciativa de enviar una comisión a
Madrid pero no solo no habían sido escuchados, sino que habían sido
objeto de falsas imputaciones, lo cual dificultó que se aceptara una
reconciliación a partir del reconocimiento de la independencia. Re-
cientes procederes del Gobierno español, como el reforzamiento de
la armada que hostilizaba el territorio hispanoamericano y la decisión
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Cultura Latinoam. Volumen 29, número 1, enero-junio 2019, pp. 164-197
de derogar los alcances logrados en el tratado de Trujillo, eran para
Santander factores reveladores del pertinaz afán de los peninsulares
por exterminar el proyecto independentista.
Por todas estas circunstancias, el poder ejecutivo estaba resuelto a
no admitir ningún tipo de negociación mientras no se aceptara de ma-
nera explícita la soberanía nacional. Ante la actitud intransigente de
España, el Gobierno de la Gran Colombia se había dedicado a seguir
fortaleciendo sus relaciones con Estados independientes del Nuevo
Mundo a través de la creación de una confederación americana con el
fin de tener una base sólida con la cual mantener la ofensiva militar, o
inclinarse por una negociación con las potencias extranjeras y con la
misma España (Gaceta de Colombia, No. 79, 1820, p. 3).
En carta dirigida por el general Santander a Bolívar el 6 de marzo
de 1824, le comentó que estaba a la espera de los resultados de la reu-
nión del Congreso de las potencias aliadas en París. De todos modos,
se había filtrado la información que Estados Unidos y Gran Bretaña
no estaban interesados en intervenir a favor de la Gran Colombia si
España seguía empeñada en continuar por sí sola la guerra. Ante esta
realidad, Santander veía con temor la posibilidad de ser invadidos
aunque creía que eso no podía ser tan pronto porque todavía no había
preparativos de expedición en la península. Morillo se había radicado
en Francia y Domingo Monteverde había sido nombrado capitán ge-
neral de Puerto Rico (Cartas, 1988, IV, p. 220).
Por esos días, Santander seguía esperanzado en que Gran Bretaña
defendería los intereses de la Gran Colombia ante la Santa Alianza,
luego de que el rey Fernando VII pidiera a esta coalición mediar en
el conflicto con los Gobiernos americanos. Santander creía que había
que conducir a España a un prolongado armisticio: “(…) un poco
tiempo de paz, nos sacará de la penuria actual, reanimará mucho a
estos pobres pueblos y hará criar una opinión sólida por la indepen-
dencia y la libertad (Cartas, 1988, IV, p. 224).
Las batallas de Junín y Ayacucho, ocurridas el 6 de agosto y el
9 de diciembre de este año, respectivamente, permitieron al ejército
libertador coronar nuevas victorias en el Perú, con lo cual quedó con-
cluido el proyecto independentista bolivariano.
En su intervención ante el Congreso el 2 de enero de 1825, San-
tander reiteró la intención del Gobierno de buscar la paz con España
sobre la base del reconocimiento de la Gran Colombia. Dio al ente
legislativo un parte de confianza pues el sistema de defensa era sufi-
ciente como para repeler cualquier conato de ataque por parte de los
ibéricos (López, 1988, pp. 205-206).
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ESPERANZAS Y DESENCANTOS DE UN REFERENTE LATINOAMERICANO DE RECONCILIACIÓN
Entre los años comprendidos entre 1827 y 1829 continuó la ne-
gativa de España a reconocer las aspiraciones de la Gran Colombia.
Aquella nación padeció durante estos años una crisis económica y po-
lítica tras la pérdida paulatina de sus dominios de ultramar. Fueron
inútiles los esfuerzos por alcanzar la paz ante la actitud intransigente
de los españoles. En los periódicos oficiales peninsulares se pudo co-
rroborar claramente ese sentimiento (Trinidad, 2010, p. 125).
Hacia 1830 se acentuó el proceso de desintegración de la Gran
Colombia, lo cual supuso que cada una de las repúblicas resultantes,
Colombia, Venezuela y Ecuador, emprendieran de manera indepen-
diente sus negociaciones con España.
Discusión
No hay duda de que el Gobierno republicano, a pesar de sus vaci-
laciones, fue mucho más insistente en su proyecto de paz que buscaba
poner fin a un cruento y prolongado conflicto político y militar de más
de una década, para lo cual desplegó no una sino varias propuestas,
algunas de ellas ciertamente generosas.
En contraste, España se empecinó en una actitud intransigente,
mostrándose todavía reacia a aceptar una nueva realidad política, lo
que en últimas le acarreó la pérdida de los dominios americanos. La
polarización existente en la sede del imperio, marcada por el partido
liberal y por los sectores conservadores monárquicos, imposibilitó el
consenso necesario para que el Gobierno español expusiera una pos-
tura unificada que le permitiese avanzar en las negociaciones. Muchas
interferencias afectaron estas intenciones de diálogo, entre ellas las
denuncias sobre infracciones del armisticio y las protestas que genera-
ban los vacíos de este acuerdo.
La misión de Revenga y Echeverría no mereció toda la atención
en las altas instancia del poder en España mientras que Zea no apor-
tó mucho, sino que más bien distorsionó el propósito. Fue evidente
la falta de coordinación entre este diplomático y aquel par de comi-
sionados. Pero, sobre todo, afectó mucho la falta de comunicación
entre aquellos delegados y la alta dirigencia republicana radicada en
territorio americano. Este factor, unido al de la demora en las comu-
nicaciones10, hizo que la visión de los que estaban en suelo americano
10. Una prueba de esto es que Zea solo se enteró del armisticio el 8 de febrero de 1821 (Navas,
2000, p. 269).
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estuviera desfasada en relación con la dinámica presenciada por quie-
nes estaban al frente de la diplomacia en Europa. A todo esto se le
sumaron los rumores y noticias infundadas que circulaban frecuente-
mente en el cruce de cartas y en la prensa11.
Ante los vanos intentos de firmar la paz con España, la Gran Co-
lombia optó por centrarse en la lucha por el reconocimiento y, para
ello, dio un viraje en su política exterior y buscó alianzas defensivas
con los países hispanoamericanos para oponerse a España y obligarla
a sellar la paz con estas naciones.
Luego de tantas vicisitudes, no fue sino hasta 1881 cuando final-
mente se firmó el acuerdo de paz y amistad entre España y la Repúbli-
ca de Colombia, a partir de lo cual se inició una nueva era en cuanto a
estas relaciones bilaterales.
En síntesis, este trabajo de investigación ha pretendido realzar la
importancia de los tempranos esfuerzos de paz emprendidos por el
Gobierno grancolombiano. Aunque por diversas circunstancias final-
mente los delegados de paz de ambas partes nunca pudieron llegar a
un acuerdo para el fin de la guerra, no cabe duda de que el armisti-
cio, las capitulaciones, los indultos y las normas de regularización de
la guerra dictadas durante esta etapa de negociaciones entre finales
de 1820 y 1822 permitieron salvar muchas vidas y aliviar la situación
de otros cuantos combatientes. Así entonces, debe ponerse de relieve
este episodio de la historia que nos revela que, más allá de las tesis que
tradicionalmente han imperado, los colombianos también han exhibi-
do una vocación por la paz y por las vías negociadas. A pesar de los
escollos, estos esfuerzos se constituyeron en un referente de reconci-
liación latinoamericana ante el mundo.
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LAS NEGOCIACIONES DE PAZ ENTRE LA GRAN COLOMBIA Y ESPAÑA:
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Zubieta, P. A. (1924). Apuntes de las primeras misiones diplomáticas de
Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional.
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En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, este artículo analiza el proceso de delimitación de territorios y cese al fuego decretado por el armisticio de Trujillo y las complicaciones que giraron en torno a su aplicación en las provincias de la región Caribe colombiana. Varias dificultades precipitaron la terminación del acuerdo. Aunque finalmente no se desarrollaron las negociaciones de paz, el armisticio marcó un punto de ruptura en las guerras de Independencia pues los españoles reconocieron la causa republicana como un proceso de emancipación nacional mientras que los patriotas fortalecieron sus tropas y lograron pocos meses después la liberación de Cartagena y de toda la región Caribe.
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El presente trabajo pretende mostrar, desde la perspectiva de España y con un enfoque basado en el Derecho Internacional, la evolución de las relaciones entre España y Colombia desde la proclamación de la independencia de la Gran Colombia, con el inicial rechazo absoluto a la sublevación de los territorios coloniales por parte de España, pero que fue evolucionando, desde la aceptación tácita hasta el reconocimiento pleno de Colombia en cuanto Estado soberano. Se analiza también la fructífera e intensa relación, jurídica -y política- de ambos Estados desde entonces.
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p>Este ensayo busca ofrecer una mirada poco estudiada de los conflictos de la Independencia, partiendo del caso de Venezuela: el proceso de perdón y reinserción de los vencidos a la vida nacional. Para ello abordo, desde la Historia de la Paz, los casos de cinco realistas notables: uno de ellos indígena defensor de la causa del rey; otro español, dos veces amnistiado; otro, un militar venezolano criollo que hizo una labor importante por la educación de la república; otro, último marqués de Venezuela a favor del realismo y luego de la independencia y, finalmente, la hermana mayor de El Libertador, Simón Bolívar. A través de la Historia de la Paz los reincorporamos a nuestra conciencia histórica con una concepción equilibrada y conflictiva. </p
  • Archivo Santander
Archivo Santander. (1916). Bogotá: Águila Negra Editorial, Vol. VI-VII.
Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República
  • Cartas Santander-Bolívar
Cartas Santander-Bolívar. (1988). Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República, tomo IV.