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Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica Social Innovation and Institutional Capacity in Latin America

Authors:
  • Universidad Rey Juan Carlos (Rey Juan Carlos University)

Abstract

La actual crisis económica y financiera ha hecho que los países más desarrollados vayan abandonando la vieja creencia en un Estado omnipotente y en un nivel de bienestar ilimitado, a la vez que cuestiona en Latinoamérica la extensión y consolidación de los servicios públicos básicos. Hoy se pone en duda la capacidad de los Estados para atender la diversidad de las demandas y necesidades ciudadanas, integrar en la acción pública a toda la población y combatir la pobreza. A esto se añade la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y en sus integrantes y dirigentes. Se viven profundos cambios en la sociedad y en el mercado, que muestran que están asumiendo un creciente protagonismo en la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Aparece así una realidad ampliada de lo público, que ya no puede remitirse a lo administrativo o estatal. Simultáneamente, el Estado amplía su papel a habilitador, garante y activador de la sociedad y se le requiere que se oriente a la inclusión, la participación y la representación y a la realización de alianzas eficaces. En este contexto surge la aproximación de la innovación social que se nutre de la evolución de las ideas y de la gobernanza de las décadas anteriores y de los principios de la sociedad del conocimiento, como la colaboración y la conexión del talento; y que se está construyendo primordialmente desde los organismos internacionales y los Gobiernos. Uno de sus principales significados es la coproducción de servicios públicos con el fin de impulsar la renovación del sector público y de cubrir sus insuficiencias. Se va a mantener que los rasgos del desarrollo institucional condicionan las iniciativas de innovación social, en concreto las características que conforman la capacidad institucional, al igual que se ha podido constatar, en la mayoría de los países latinoamericanos en la última década, con la garantía y extensión de los servicios públicos. Las carencias existentes en la cobertura de estos y en el resto de necesidades insatisfechas muestran un vasto campo de actuación de la innovación social en Latinoamérica. Palabras clave: Innovación Administrativa; Gestión Pública; Desarrollo Institucional; Capacidad Administrativa; Servicios Públicos; Contexto Social; América Latina Social Innovation and Institutional Capacity in Latin America The current economic and financial crisis has caused that the more developed countries are giving up the old belief in an omnipotent State and an unlimited level of wellbeing, while in Latin America is questioning the extension and consolidation of basic public services. Today, the ability of States to deal with the diversity of citizen demands and needs, to bring public action to the whole population and to combat poverty is questioned. To this is added the loss of public confidence in public institutions and their members and leaders. We are experiencing profound changes in the society and the market that show that they are assuming a growing role in the satisfaction of the needs of the community. Thus appears an enlarged reality of the public service, which can no longer be referred to the administrative or state. Simultaneously, the State expands its role as an enabler, guarantor and activator of society and is required to be oriented towards inclusion, participation, representation and effective partnerships. In this context rises up the approach of social innovation that feeds on the evolution of ideas and governance of previous decades and the principles of the knowledge society, such as collaboration and the connection of talent, and which is being built primarily from international organizations and governments. One of its main objectives is the coproduction of public services in order to promote the renewal of the public sector and to cover its insufficiencies. It will be maintained that the characteristics of institutional development condition social innovation initiatives, specifically the characteristics that define institutional capacity, as it has been observed in most Latin American countries in the last decade with the guarantee and extension of public services. The shortcomings in the coverage of these and the rest of unsatisfied needs show a wide field of action of social innovation in Latin America. Key words: Administrative Innovation; Public Administration; Institutional Development; Administrative Capability: Public Services; Social Context; Latin America
Innovación social y capacidad
institucional en Latinoamérica
Manuel Arenilla Sáez
Manuel Arenilla Sáez
Director del Instituto Nacional de Administración
Pública (España); Miembro actual del Board of
Management del Instituto Internacional de Ciencias
Administrativas. Doctor en Ciencias Políticas y de
la Administración por la Universidad Complutense
de Madrid, catedrático de Ciencia Política y de la
Administración en la Universidad Rey Juan Carlos
desde 2005. Su labor investigadora se plasma en
las líneas de reforma e innovación administrativa
e innovación social. Algunas de las publicaciones
más recientes son: Arenilla, M. y García, R. (2016),
Social Innovation; Arenilla, M. y García, R. (dir.)
(2015), Innovación social: claves y casos; Arenilla, M.
(dir.) (2015), La elección directa del alcalde; Arenilla,
M. (dir.) (2014), Administración 2032. Teclas para
transformar la Administración española; Arenilla,
M. (dir.) (2012), La reforma de la Universidad
española; Arenilla, M. (dir.) (2012), Ciudad,
gobernanza y planificación estratégica. Aportes de
la experiencia de Móstoles; Arenilla, M. (dir.) (2011),
Crisis y reforma de la Administración pública;
Arenilla, M. (2011), “Redes de políticas: el caso de la
ciudad de Madrid”.
Las comunicaciones con el autor pueden dirigirse a:
Instituto Nacional de Administración Pública
C/ Atocha, 106. 28012 Madrid, España
E-mail: manuel.arenilla@inap.es
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Revista del CL AD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017, pp. 33-68, ISSN 1315-2378
Innovación social y capacidad
institucional en Latinoamérica
La actual crisis económica y financiera ha hecho que los países más
desarrollados vayan abandonando la vieja creencia en un Estado omnipotente
y en un nivel de bienestar ilimitado, a la vez que cuestiona en Latinoamérica
la extensión y consolidación de los servicios públicos básicos. Hoy se pone en
duda la capacidad de los Estados para atender la diversidad de las demandas
y necesidades ciudadanas, integrar en la acción pública a toda la población y
combatir la pobreza. A esto se añade la pérdida de confianza de los ciudadanos
en las instituciones públicas y en sus integrantes y dirigentes.
Se viven profundos cambios en la sociedad y en el mercado, que muestran
que están asumiendo un creciente protagonismo en la satisfacción de
las necesidades de la comunidad. Aparece así una realidad ampliada
de lo público, que ya no puede remitirse a lo administrativo o estatal.
Simultáneamente, el Estado amplía su papel a habilitador, garante y
activador de la sociedad y se le requiere que se oriente a la inclusión, la
participación y la representación y a la realización de alianzas eficaces.
En este contexto surge la aproximación de la innovación social que se nutre
de la evolución de las ideas y de la gobernanza de las décadas anteriores y
de los principios de la sociedad del conocimiento, como la colaboración y
la conexión del talento; y que se está construyendo primordialmente desde
los organismos internacionales y los Gobiernos. Uno de sus principales
significados es la coproducción de servicios públicos con el fin de impulsar
la renovación del sector público y de cubrir sus insuficiencias.
Se va a mantener que los rasgos del desarrollo institucional condicionan
las iniciativas de innovación social, en concreto las características
que conforman la capacidad institucional, al igual que se ha podido
constatar, en la mayoría de los países latinoamericanos en la última
década, con la garantía y extensión de los servicios públicos. Las
carencias existentes en la cobertura de estos y en el resto de necesidades
insatisfechas muestran un vasto campo de actuación de la innovación
social en Latinoamérica.
Palabras clave: Innovación Administrativa; Gestión Pública; Desarrollo
Institucional; Capacidad Administrativa; Servicios Públicos; Contexto
Social; América Latina
Social Innovation and Institutional Capacity in Latin America
The current economic and financial crisis has caused that the more
developed countries are giving up the old belief in an omnipotent State
and an unlimited level of wellbeing, while in Latin America is questioning
the extension and consolidation of basic public services. Today, the ability
Recibido: 14-12-2016. Aceptado: 21-01-2017.
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
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Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica
of States to deal with the diversity of citizen demands and needs, to bring
public action to the whole population and to combat poverty is questioned.
To this is added the loss of public confidence in public institutions and their
members and leaders.
We are experiencing profound changes in the society and the market
that show that they are assuming a growing role in the satisfaction of the
needs of the community. Thus appears an enlarged reality of the public
service, which can no longer be referred to the administrative or state.
Simultaneously, the State expands its role as an enabler, guarantor and
activator of society and is required to be oriented towards inclusion,
participation, representation and effective partnerships.
In this context rises up the approach of social innovation that feeds
on the evolution of ideas and governance of previous decades and
the principles of the knowledge society, such as collaboration and
the connection of talent, and which is being built primarily from
international organizations and governments. One of its main objectives
is the coproduction of public services in order to promote the renewal of
the public sector and to cover its insufficiencies.
It will be maintained that the characteristics of institutional development
condition social innovation initiatives, specifically the characteristics that
define institutional capacity, as it has been observed in most Latin American
countries in the last decade with the guarantee and extension of public
services. The shortcomings in the coverage of these and the rest of unsatisfied
needs show a wide field of action of social innovation in Latin America.
Key words: Administrative Innovation; Public Administration;
Institutional Development; Administrative Capability: Public Services;
Social Context; Latin America
1. Las aportaciones a la innovación social
El entorno político y económico
La noción actual de innovación social surge en un entorno de
una fuerte recesión en Europa y Estados Unidos, tras años de
crisis del Estado de Bienestar y después de unas décadas en las que
conceptos como democracia participativa, eficiencia, competitividad,
calidad, gobierno multinivel, gobernanza, sostenibilidad, redes de
actores o de políticas han tratado de orientar la acción pública y social
(Börzel, 1997: 2; Pollitt y Bouckaert, 2004; Prats, 2005; Peters, 2007;
Christensen y Laegreid, 2012).
En Latinoamérica, la crisis económica y financiera se ha manifes-
tado recientemente de manera distinta bajo la forma del retraimiento
de la demanda global y la bajada del precio de las materias primas
en las que diversos países de la región habían cifrado una parte
importante de su crecimiento y bienestar. El efecto está siendo una
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Manuel Arenilla Sáez
contracción de la expansión de los servicios públicos y el incremento
de las brechas sociales y de la pobreza.
En muchos países, los ciudadanos constatan la reducción de los
niveles de garantía de políticas que se consideran la base de la inte-
gración social, como la sanidad, la educación, los servicios sociales,
las pensiones o el empleo. El desajuste entre una demanda ciudadana
aparentemente sin límites y la capacidad de financiarla ha llevado
a políticas de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera.
Estas no han sido debatidas con la necesaria profundidad y extensión
en las sociedades en las que se aplican. El resultado es una elevada
frustración ciudadana que se manifiesta en forma de incremento de
la desafección y la disminución de la confianza política y en el cuestio-
namiento de las bases del sistema político, del funcionamiento de la
democracia representativa y, en algunos casos, de sus fundamentos.
La crisis económica ha mostrado la dificultad o incapacidad de
muchos Gobiernos para contrarrestar sus efectos catastróficos en
la vida de los ciudadanos en términos de desempleo, desigualdad y
pobreza. Lo que está en duda en muchos países es la capacidad del
Estado para garantizar la sostenibilidad de sus políticas de bienestar,
para atender la diversidad de las demandas y necesidades ciudadanas
y para integrar en la acción pública a toda la población; esto se ha
visto agravado porque la crisis financiera y económica ha agrandado
la brecha entre los más ricos y los más pobres (OCDE, 2016: 68).
Iniciativas como la Resolución aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 “Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Naciones Uni-
das, 2015) establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
tratan de revertir, o al menos, reducir la actual situación mediante
la disminución de la desigualdad y la mejora del medio ambiente.
La creciente pérdida de confianza en las instituciones públicas
y en sus integrantes y dirigentes viene también motivada porque
muchos políticos tienen problemas para conectar con los referentes
de actuación de la mayoría de la sociedad, que, por otra parte, cada
vez está más fragmentada y es más diversa; y por la dificultad de
la administración pública para interpretar adecuadamente el bien
común e integrar en sus procesos a los numerosos intereses que hay
en juego en la acción pública. La desconfianza de los ciudadanos se
corresponde con actitudes de desconfianza de las instituciones públi-
cas hacia la sociedad, lo que genera un círculo vicioso que dificulta
el cambio en la manera de gobernar.
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
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Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica
La satisfac-
ción de las
necesidades
de la comuni-
dad no puede
entenderse ya
sin la colabo-
ración de los
ciudadanos,
las empresas,
el tercer sector
y las orga-
nizaciones
sociales.
Para tratar de soldar la brecha entre las instituciones públicas y la
sociedad se han ensayado experiencias de refuerzo de la democracia
representativa mediante mecanismos de participación ciudadana. A
la vez, en los últimos años, en la sociedad y en el mercado se han pro-
ducido profundos cambios que se manifiestan en fenómenos crecientes
como la responsabilidad social corporativa; la asunción de un mayor
protagonismo en los ámbitos público y social de las organizaciones y
asociaciones que forman parte de la sociedad civil; la producción de
bienes y servicios bajo nuevas modalidades organizativas y principios
de actuación, como la economía social. Esta realidad hace que la satis-
facción de las necesidades de la comunidad no puede entenderse ya sin
la colaboración de los ciudadanos, las empresas, el tercer sector y las
organizaciones sociales. Por ello, hoy es necesario también redefinir
los “qué”, “quién” y “cómo” de los servicios y actividades que precisa
la comunidad y considerar que esta puede intervenir aportando su
conocimiento, sus recursos y su saber hacer.
El panorama descrito muestra, en definitiva, una realidad am-
pliada de lo público que ya no puede identificarse con lo adminis-
trativo o lo estatal. Es posible atender las demandas sociales de
una manera distinta, porque nuestras sociedades son más capaces
y tienden a asumir una mayor responsabilidad en la satisfacción de
las necesidades sociales. En la sociedad del conocimiento lo propio es
compartir recursos y aprovechar el talento existente, lo que obliga a
que el Estado asuma un liderazgo basado en facilitar la conexión del
conocimiento y el papel de activador de la sociedad. En este contexto
surge la aproximación de la innovación social.
Las aportaciones de las ideas
La evolución de las ideas en los dos últimos siglos muestra cómo
el concepto de innovación social es deudor del cambio social y de la
transformación de las estructuras y procesos productivos. Así, la
vinculación entre innovación y cambio social se halla presente en
Tocqueville (2010), en La democracia en América. En esta obra se
destaca la importancia de la comunidad en los procesos innovadores
y del asociacionismo en el fortalecimiento de valores cívicos y en la
consecución del cambio social. También se observa esa vinculación
en Schumpeter (1984), en Capitalismo, socialismo y democracia, al
considerar que la capacidad de las personas para emprender nuevos
proyectos es uno de los principales valores en los que se sustenta el
desarrollo económico; y que una solución para mejorar el desempeño
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Manuel Arenilla Sáez
de una empresa puede convertirse en el inicio de una importante
transformación del orden establecido.
Se encuentra un buen ejemplo reciente de la conexión entre el
“emprendizaje” individual, el cambio y la transformación social en
el Banco Grameen, fundado en 1983 por Muhammad Yunus, que
le valió en 2006 el Premio Nobel de la Paz por su esfuerzo para
desarrollar la economía y la sociedad desde abajo. La innovación
social que planteó consistía en creer que el microcrédito favorece a
las capas más desfavorecidas de la sociedad, les ofrece la posibilidad
de mejorar su calidad de vida y potencia su autonomía personal y
comunitaria.
Drucker (1957: 19) aporta una visión de gran utilidad para enlazar
lo público y lo privado al entender que la innovación es la aceptación
de la responsabilidad humana en el universo. Este enfoque ético de
todas las organizaciones replantea el papel del ser humano en la
sociedad. Entiende que la integridad y la coherencia de las organi-
zaciones es el mejor entorno para el desarrollo personal, y que favo-
recerlo permite que una organización tenga mayor potencia, riqueza
y capacidad para lograr sus fines (Conejero, 2015: 61).
El cambio y la transformación social se hallan también en las ins-
tituciones públicas. La reconstrucción de los países europeos tras la
Segunda Guerra Mundial se vio acompañada de la creación de institu-
ciones específicas en la administración pública. Estas proveían bienes
y servicios públicos e implementaban planes de desarrollo sectoriales
que hicieron de las políticas públicas herramientas de cambio social,
conformando lo que se ha venido denominando Estado de Bienestar.
Esta acción pública promovió la participación e implicación de los
sindicatos y las organizaciones empresariales y profesionales con los
agentes públicos en búsqueda de soluciones innovadoras a los retos
sociales de aquel momento.
En el caso de América Latina, donde puede hablarse de la exis-
tencia de Estados de bienestar emergentes o incompletos, la política
social se ha convertido en una pieza clave para la articulación de la
sociedad y las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, esta
política se ha caracterizado históricamente por una débil institucio-
nalidad, una elevada inestabilidad y una escasa continuidad, lo que
ha limitado su eficacia. En este marco, las organizaciones sociales
han adquirido un papel importante para atender las necesidades
no cubiertas por el Estado mediante mecanismos innovadores que
involucran a las comunidades como agentes de cambio social.
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Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica
El concepto
de innovación
social no se
puede desli-
gar de otros
dos que le
preceden y le
condicionan:
la cultura polí-
tica y el capital
social.
El concepto de innovación social no se puede desligar de otros dos
que le preceden y le condicionan: la cultura política y el capital social.
La primera se refiere al conjunto de valores, concepciones y actitudes
presentes en el ámbito político y que configuran la percepción que
tienen los individuos respecto a las instituciones políticas, al sistema
político y al lugar que la ciudadanía ocupa en él.
Para que se produzca un capital social valioso se precisa pre-
viamente la existencia de una cultura política democrática. En su
concepción inicial, el capital social es el resultado de un tejido aso-
ciativo fuerte en la sociedad civil que crea lazos entre los ciudadanos
y relaciones de confianza con las instituciones políticas a través de
la participación. Además de en la confianza, se asienta en normas
y redes que pueden mejorar la eficiencia social facilitando acciones
coordinadas (Putnam, 1993: 167).
El crecimiento del capital social se relaciona desde hace algún
tiempo con la reducción de la pobreza en Latinoamérica (CEPAL,
2003) y con la confianza institucional e interpersonal; a esto habría
que añadir aspectos como la ética del trabajo o la honradez social. De
esta manera, la innovación social requiere la existencia de una cultura
política democrática con un determinado nivel de desarrollo, de un
cierto grado de capital social y, como se verá, de una determinada
capacidad institucional.
La construcción social de las políticas públicas se realiza también
a través de la participación ciudadana, tal y como señalan el Código
Iberoamericano de Buen Gobierno (CLAD, 2006), la Carta Iberoame-
ricana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (CLAD,
2009), la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano
en Relación con la Administración Pública (CLAD, 2013) y la Carta
Iberoamericana de Gobierno Abierto (CLAD, 2016). Mediante la
participación ciudadana se da respuesta o se amplían los derechos
económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas,
y los derechos de los más variados grupos u organizaciones en que
se integran. Estos derechos de los ciudadanos conducen a saber qué
hacen sus Gobiernos, en qué invierten el dinero público y a exigir
mayor transparencia y control sobre la toma de decisiones. Inevi-
tablemente, esto lleva a la institucionalización de estructuras que
posibiliten espacios de participación ciudadana y deliberación pública.
Las diversas experiencias de participación ciudadana muestran
que la mayor implicación de la ciudadanía produce el fortalecimiento
del capital social, el incremento de la confianza social, de la interper-
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sonal y la institucional, una mayor implicación de los ciudadanos en
la gestión de los servicios públicos, una mejora en la prestación de los
servicios públicos y la reducción de los costes de su prestación (Go-
vernance International, 2011: 3). Estos efectos positivos no conducen
necesariamente al replanteamiento o reenfoque de la finalidad de la
acción pública ni a su mayor legitimidad ni a la de sus instituciones.
No obstante, constituyen un importante acervo que alimenta el con-
cepto y el alcance de la innovación social.
A partir de la década de los 90 del pasado siglo surge la necesidad
de proveer los bienes y servicios públicos desde un enfoque eficien-
tista. El cuestionamiento del Estado de Bienestar y las dudas sobre
su sostenibilidad y las corrientes ideológicas que abogaban por el
repliegue del Estado y de su administración abren las puertas a la
delegación de muchas de las funciones públicas a los actores no es-
tatales mediante fórmulas como la privatización, la desregulación, la
subcontratación, la externalización o la concertación de servicios. Esto
propició la participación de las organizaciones sin fines de lucro y las
empresas privadas en la satisfacción de las necesidades ciudadanas de
una manera novedosa. Sin embargo, la orientación de las actividades
desarrolladas bajo esas formas de gestión a la reducción de costes y la
escasa capacidad de respuesta a las crecientes y diversas demandas
ciudadanas limitaron el impacto social de este tipo de innovación,
lo que abrió paso a otros enfoques como la gobernanza, las redes de
políticas, el neo weberianismo o el nuevo servicio público, entre otros
(North, 1990; Meneguzzo, 1997; Christensen y Laegreid, 2012).
La evolución de las ideas y los antecedentes anteriores, junto con
las innovaciones tecnológicas en los más diversos campos, hacen que
los procesos de innovación social se orienten al establecimiento de
nuevos modelos colaborativos y participativos. Estos tratan de conec-
tar el talento y el conocimiento para transformar la acción pública y
solucionar los problemas sociales de forma sostenible. Además de la
colaboración, la otra idea que potencia la innovación es la apertura de
las instituciones y los grupos sociales, ya que es necesario el talento
y el conocimiento existentes en la sociedad para abordar con probabi-
lidades de éxito la resolución de los problemas sociales. Esto supone
integrar en diversas redes a las autoridades públicas, las empresas
privadas, el tercer sector, las comunidades, las familias y los propios
ciudadanos. Esta forma de actuación participativa y colaborativa,
que está en la base de la sociedad del conocimiento, enlaza con la
demanda actual ciudadana de un mayor empoderamiento con el fin
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Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica
Los procesos
seguidos en
las últimas
décadas
concluyen en
la actualidad
en un nuevo
papel para el
Estado y la ad-
ministración
pública en sus
relaciones con
la sociedad.
de satisfacer las necesidades y demandas sociales. Así se vincula la
innovación social y el fortalecimiento de la democracia.
Los procesos seguidos en las últimas décadas concluyen en la
actualidad en un nuevo papel para el Estado y la administración
pública en sus relaciones con la sociedad. El Estado debe seguir
garantizando que las comunidades, las familias, las empresas y los
ciudadanos logren un crecimiento en su bienestar, a la vez que ha de
reforzar su papel de Estado Habilitador (Elvidge, 2012: 6) o Estado
Garante (Esteve Pardo, 2015). Esto requiere que la administración
pública active a la sociedad y que las instituciones públicas pongan
más énfasis en la consecución de los objetivos sociales y en que los
procesos sean inclusivos y democráticos. La capacidad de contribución
al bien común por parte de los ciudadanos y de su tejido asociativo
depende en buena parte del impulso que se les dé por parte de los
Gobiernos y de los recursos que estos pongan a su disposición (Adams
y Hess, 2008: 3-4).
El nuevo papel del Estado es el resultado de las tendencias de las
últimas décadas y es asumido por las Naciones Unidas (2015) en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible concretada en los ODS.
El objetivo 16 señala la necesidad de construir instituciones eficaces
e inclusivas que garanticen -en la meta 7 de dicho objetivo- en todos
los niveles decisiones inclusivas, participativas y representativas. El
objetivo 17 propugna alentar y promover la constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recur-
sos de las asociaciones mediante el intercambio de conocimientos,
capacidad técnica, tecnología y recursos financieros.
Por su parte, Adams y Hess (2008: 3-4) vinculan la exclusión
social con la merma de los derechos civiles, la fragmentación de la
sociedad y la expulsión de la participación en la vida social a quienes
la padecen. También señalan que la desigualdad incide de manera
negativa en la educación, la salud y el empleo. Finalmente destacan
la “necesidad de profundizar en la diversidad con el fin de que estén
representados adecuadamente en la administración pública grupos
como las mujeres, las minorías raciales, étnicas y religiosas, los
pobres, los ancianos, las personas con discapacidad y otros grupos
minoritarios […] con el fin de evitar políticas sistemáticamente ses-
gadas”. De esta manera, la orientación de la acción pública incorpora
de forma esencial los principios de inclusión, igualdad, participación
y diversidad delimitando de una manera precisa el “para qué” de la
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Manuel Arenilla Sáez
La nueva
posición del
Estado y
de la admi-
nistración
genera una
producción de
valor público/
valor social
centrada en la
articulación
de coaliciones
o redes de
políticas más o
menos esta-
bles a lo largo
del tiempo.
acción pública que se concreta, entre otros referentes, en las variables
e indicadores asociados a los ODS.
Surge así un Estado activador de la sociedad que hace que su
papel en las redes en las que participe no ha de ser necesariamente
de dominio, ya que no siempre será el actor con más recursos o legiti-
midad. Estas dos notas, un Estado activante y una posición variable
en sus relaciones sociales, se correlacionan con lo señalado sobre la
demanda de empoderamiento ciudadano y el efecto correspondiente
en el fortalecimiento democrático. Las dos notas se completan con que
el papel del Estado resulta indisponible cuando se trata de extender
los acuerdos que se logren en las diversas redes al conjunto de la
sociedad y cuando se hayan involucrados los derechos y libertades
de los ciudadanos.
La nueva posición del Estado y de la administración genera una
producción de valor público/valor social centrada en la articulación
de coaliciones o redes de políticas más o menos estables a lo largo del
tiempo, dando lugar a la creación de comunidades de aprendizaje y de
conocimiento capaces de generar innovación, cambio y transformación
social. Esta nueva posición es una nota diferenciadora frente a anterio-
res modelos e implica una ampliación de la participación, en especial
de los grupos más vulnerables y las personas más débiles; un aumento
de la capacidad socio-política; un empoderamiento del ciudadano; y
la potenciación del enfoque ascendente o bottom-up (BEPA, 2011;
Harris y Albury, 2009: 16). Una orientación que, además, considera
que los círculos más próximos a las personas son los más adecuados
para la prestación de los servicios y las políticas (Elvidge, 2012: 30).
La difuminación entre lo público, lo privado y lo social
Hace varias décadas se empezó a constatar que la separación entre
el Estado y su administración y la sociedad se hacía cada vez más
difusa; que la zona gris que separaba lo público de lo privado y lo
social se ensanchaba y se difuminaba cada vez más en sus fronte-
ras. Esta tendencia se ha extendido enormemente, debido a que
han ido proliferando organizaciones de todo tipo que tienen como
una parte importante o exclusiva de su actividad la producción de
bienes o servicios para la comunidad. Para ello no es preciso que las
instituciones públicas financien, contraten o deleguen parte de su
actividad en ellas. Las empresas con ánimo de lucro, por ejemplo,
han desarrollado prácticas de responsabilidad social corporativa por
propia iniciativa o a instancias de la regulación pública. Buscan con
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Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica
ello llegar a un mayor número de clientes, a la vez que comportarse
de una manera ética y socialmente responsable contribuyendo con
ello al cambio social (Conejero, 2015: 62). A estas prácticas hay que
añadir los modelos de negocio inclusivos o el emprendedurismo social.
Surge de esta manera el cuarto sector, que incluye algunas formas
de actuar que hasta hace poco se hubieran situado claramente en el
ámbito público o social (Aspen Institute, 2009).
En la zona gris han crecido de forma notable en las últimas dé-
cadas las organizaciones que conforman la economía social. Esta
comprende (Sajardo y Chaves, 1999; Monzón y Chaves, 2012) las
empresas de economía social centradas en la producción de bienes y
servicios: cooperativas, mutuas y mutualidades, sociedades laborales
y sociedades agrarias de transformación; fundaciones, asociaciones
formalizadas con actividad económica, Cruz Roja, ciertas cooperativas
y mutualidades, así como obras sociales de algunas entidades finan-
cieras, empresas, sindicatos, bancos, partidos, iglesias, etc. También
incluye a los agentes de la economía social comprometida como las
asociaciones de hecho, las deportivas, de ocio, culturales, etc., y las
políticas o reivindicativas (asociaciones profesionales, sindicatos,
partidos políticos, etc.).
Muchas de las características de las entidades de la economía
social no son distinguibles de los principios y valores presentes en
la actuación pública entendida de una manera tradicional. De esta
manera, lo público adquiere un significado ampliado que supone una
mayor implicación de la sociedad y de los ciudadanos en la vida en
la comunidad y requiere que las instituciones públicas redefinan su
relación con la ciudadanía.
El notable ensanchamiento de la zona gris entre lo público y lo
privado incide de nuevo en la redefinición del ámbito público. Las
instituciones públicas deben evitar la dilución de responsabilidades
de los múltiples y variados actores que intervienen en las redes de
innovación social. Su reconducción a la centralidad del bien común,
el otorgamiento a los participantes de capacidad institucional y la ga-
rantía de un flujo constante y productivo de conocimiento son nuevas
responsabilidades para las instituciones públicas y, singularmente,
para la administración.
Los procesos estables de colaboración público-privada precisan
un marco institucional seguro que genere confianza y que permita
albergar, promover y consolidar variadas redes de actores orientadas
al bien común. Este es el caso de los partenariados público-privados
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
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Manuel Arenilla Sáez
Los procesos
estables de
colaboración
público-priva-
da precisan un
marco institu-
cional seguro
que genere
confianza y
que permita
albergar,
promover y
consolidar
variadas redes
de actores
orientadas al
bien común.
(PPP) (Metcalfe, 2012; Comisión Europea, 2004). La experiencia de
los PPP supone una buena enseñanza para la innovación social, ya
que muestra que es necesario que el sector público asuma mayores
riesgos financieros, evidencia que las organizaciones del tercer sector
pueden experimentar una pérdida de independencia y que puede
producirse un desequilibrio entre la autoridad pública recibida por
los actores privados y su grado de responsabilidad en los resultados
(Ysa, 2004: 3). Esta experiencia pone la clave del éxito de los PPP
en la existencia de capacidad financiera, lo que hace que este tipo
de colaboración se oriente más a fórmulas contractuales que a las
propias de la innovación social o similares.
Los PPP, especialmente los institucionalizados, también ofrecen
una experiencia valiosa para la innovación social al mostrar la nece-
sidad de una relación estable y duradera entre los participantes; la
posibilidad de continuar los programas públicos, incluso cuando se
retira la institución pública afectada; el reparto de riesgos variable
entre los actores atendiendo al programa y su capacidad; y un lide-
razgo público integrador.
La construcción de la innovación social
desde las instituciones
No es de extrañar que sean los países en los que domina la cultura
cívica (Almond y Verba, 1963; König, 2010) en los que prenda con
naturalidad la innovación social. La asunción por la sociedad de
amplias responsabilidades públicas y la existencia de un capital
social importante son notas que encontramos en Estados Unidos o
en el Reino Unido. En el primero, Obama impulsó desde la Office
of Social Innovation and Civic Participation la creación de nuevos
líderes comunitarios; la promoción de nuevas formas de partenaria-
do público, privado y social; y nuevos instrumentos de financiación
colaborativos dirigidos a la promoción de proyectos innovadores.
La iniciativa gobierno abierto (open government) completa la orien-
tación anterior y procura una mayor transparencia en el ejercicio
de las funciones públicas y la creación de condiciones favorables
para que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso libre a la
información pública.
La llegada de David Cameron a Downing Street renovó el discurso
conservador en el Reino Unido para adaptarlo a los retos actuales
y a la realidad económica y social del país. Cameron planteó, desde
2009, la necesidad de promover cambios importantes en la sociedad
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
46
Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica
británica que den forma a un modelo de “gran sociedad” con el fin
de empoderar a los ciudadanos al otorgarles mayor protagonismo
y capacidad de decisión mediante iniciativas que fomentan el vo-
luntariado, las comunidades locales, los líderes comunitarios, los
emprendedores sociales y las empresas sociales. La financiación es
una de las cuestiones centrales y más desarrolladas de la propuesta;
por ello, una pieza clave en el entramado institucional es The Big
Society Capital Limited (BST), entidad financiera independiente
avalada por el Gobierno para catalizar un mercado sostenible de
inversión social.
La innovación social se ha convertido en los últimos años en objeto
de atención por los Gobiernos y los organismos multilaterales. La
Organización de Estados Americanos (OEA) premia buenas prácticas
en gestión pública, algunas de ellas en el campo de la innovación
social; la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha creado
una línea de trabajo en torno a la innovación social que cuenta con
programas de financiación y de apoyo a la creación de redes para el
intercambio de experiencias en los países iberoamericanos. La Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) premia
experiencias en innovación social en esta región y desde 2008 fomenta
la innovación social mediante publicaciones; el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), a través de The Multilateral Investment Fund
(MIF), está apoyando proyectos de investigación sobre experiencias
exitosas en la región.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) im-
pulsa diversos proyectos orientados a “facilitar el diálogo entre los
Gobiernos y la sociedad civil para mejorar las alianzas y asegurar
la participación ciudadana en la planificación y reforma política y
fomentar un ambiente en el cual la sociedad civil pueda desarrollarse
y operar” (PNUD, 2014). Por su parte, la UNESCO promovió en 2014
el “Catálogo de Iniciativas de innovación social para la superación
de la pobreza extrema” (ANSPE, 2014).
La Comisión Europea creó BEPA (Oficina de Asesores de Política
Europea), que tiene como fin mejorar la innovación social en las
políticas de la UE y los programas aplicados en los niveles nacional,
regional y local (BEPA, 2011). En 2010, la Comisión puso en marcha
su iniciativa Horizon 2020, que incluye los programas Plataforma
europea contra la pobreza y la exclusión social y la Unión por la
innovación. El fomento de la innovación social se adopta como una
de las medidas prioritarias para afrontar las restricciones en los
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
47
Manuel Arenilla Sáez
El fomento de
la innovación
social se adop-
ta como una
de las medidas
prioritarias
para afrontar
las restric-
ciones en los
presupuestos
públicos y me-
jorar la com-
petitividad de
la economía
europea.
presupuestos públicos y mejorar la competitividad de la economía
europea. A estas dos justificaciones se añade la idea de “encontrar
un nuevo modo de satisfacer las necesidades sociales apremiantes
que no son adecuadamente satisfechas por el mercado o el sector
público y que son dirigidas hacia grupos vulnerables de la sociedad”
(Barroso, 2011: 2-3). Estas ideas marcarán iniciativas europeas como
la Social Innovation Europe, la Plataforma Europea de Innovación
Social y la financiación de proyectos sobre innovación social a través
del Programa de Empleo e Innovación Social (EASI) y del octavo
programa marco de investigación e innovación de la UE: Horizonte
2020. Este programa tiene como objetivo lograr sociedades inclusivas,
innovadoras y seguras (Comisión Europea, 2011: 5).
En Latinoamérica existen numerosos ejemplos de iniciativas
públicas de innovación social (Rey de Marulanda y Tancredi, 2010;
Bernal, 2012). El Laboratorio para la Ciudad de México busca nuevas
soluciones a los problemas y necesidades de la ciudad: desempleo,
vivienda, movilidad, pobreza, soluciones que requieren de la colabo-
ración y cooperación entre personas, diferentes sectores y entidades.
La Corporación Cultural Nuestra Gente, en Medellín, Colombia,
desarrolla desde 1987 un trabajo permanente y sistemático de pro-
yección y creatividad de las diversas manifestaciones artísticas, con
fines y metodologías adecuadas para la recreación, la formación y la
participación de la comunidad.
En España, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación para el período 2013-2016 incluye los cambios e
innovaciones sociales como parte del apartado referido a los retos
de la sociedad. La Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque, fue
creada para coordinar e impulsar la innovación en el País Vasco en
todos sus ámbitos. Por su parte, la Diputación de Málaga creó La
Noria, un centro de innovación social que actúa como incubadora de
proyectos sociales dirigidos a la infancia y la juventud. Asimismo,
el Ayuntamiento de Madrid cuenta con una Oficina de Innovación
Social que canaliza proyectos y propuestas innovadoras que fomenten
el espíritu emprendedor y la creatividad en la ciudad de Madrid. Por
último, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) viene
financiando desde 2012 una decena de investigaciones propuestas por
grupos de investigación universitarios o de organizaciones sociales
en materia de innovación social (Arenilla, 2015).
Finalmente, desde los años noventa del siglo pasado, han ido
creándose institutos y centros destinados a promover la investigación
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
48
Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica
La delimita-
ción del con-
cepto de inno-
vación social
en buena parte
responde a la
voluntad de
los Gobiernos
de Obama,
Cameron y la
UE de crear
una idea
que permita
superar los
retos surgidos
del declive
del Estado de
Bienestar y
del debilita-
miento de la
democracia.
en innovación social. Entre los pioneros encontramos el Centre de
recherche sur les innovations sociales (CRISES), creado en 1986 en
Canadá; y el Vienna-based Zentrum für Soziale Innovation (ZSI), en
1990. Ya en el siglo XXI destacan The Young Fundation y NESTA en
el Reino Unido, que han sido los asesores principales en la definición
de innovación social adoptada finalmente por la Comisión Europea.
Existen centros de innovación social en los cinco continentes, y en
Latinoamérica hay que citar el Centro de Innovación Social Gobierno
Colombiano, en Colombia, o el Centro de Investigación Social en Chile.
2. El concepto de innovación social
El significado de la innovación social es el resultado de la evolución
social, económica y política de las últimas décadas; de ideas previas
que fundamentan la acción pública, la innovación, la participación
y la construcción del bien común; del desarrollo de diversas investi-
gaciones enfocadas fundamentalmente a satisfacer las necesidades
colectivas; y de la orientación y la acción de los organismos interna-
cionales y los Gobiernos en estos campos. Hasta tal punto es cierto
esto último, que puede decirse que la delimitación del concepto de
innovación social en buena parte responde a la voluntad de los Go-
biernos de Obama, Cameron y la UE de crear una idea que permita
superar los retos surgidos del declive del Estado de Bienestar y del
debilitamiento de la democracia con el fin de implicar a los ciudada-
nos y a las organizaciones existentes en la sociedad, así como a las
empresas, en la consecución del bien común y en mantener un nivel
mínimo de bienestar social. Así, desde muy pronto la innovación
social se vinculó a la identificación y provisión de nuevos servicios
que mejoren el bienestar y la calidad de vida de las personas y las
comunidades, y la identificación e implementación de nuevos procesos
de integración de mercados de trabajo, nuevas competencias, nuevos
trabajos, y nuevas formas de participación (OCDE, 2000 y 2011).
El sentido que se va a seguir del concepto de innovación social
es el de coproducción de servicios públicos con el fin de impulsar la
renovación del sector público y de cubrir sus insuficiencias (De Witte
y Geys, 2013; Bovaird y Löffler, 2012).
Innovación social y conocimiento
Es posible ver la innovación social como un nuevo concepto teórico
que posibilita replantear el término de bienestar al apoyarlo en una
amplia base organizativa y ciudadana que permite observar la reali-
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
49
Manuel Arenilla Sáez
dad desde otra perspectiva. Esta sería que el logro del bienestar o el
bien común es responsabilidad de todos: ciudadanos, organizaciones
sociales y empresas, y no una tarea que corresponde en exclusiva al
Estado. Este cambio de observador se basa en la necesidad de conec-
tar y sumar el conocimiento y el talento existentes en la sociedad.
La innovación social, integrada en la sociedad del conocimiento,
adopta de esta una serie de notas que ayudan a entender su al-
cance. En primer lugar, la no existencia a priori de rango entre los
participantes en las redes de innovación social. La posición de cada
participante en la red va a depender de la aportación al colectivo,
sin que existan necesariamente jerarquías previas. La segunda nota
es que el conocimiento es especializado y desarrollado por personas
u organizaciones especialistas. Estas notas se completan con otras
dos: la necesidad de un director de orquesta en cada red, que será
necesariamente variable; y que todos los participantes compartan
competencias genéricas y básicas en procesos, valores, visión, creen-
cias, equipos y comunicación (Calonje, 2016).
A las notas anteriores cabe añadir algunas más. La quinta sería
que la innovación social se basa en la adopción de modelos cola-
borativos, inclusivos y participativos fundados en la gestión del
talento, la diversidad social, el conocimiento y la innovación con el
fin de transformar la acción pública y dar solución a los problemas
sociales de forma sostenible. La colaboración no solo alcanza a las
autoridades públicas, sino que precisa el esfuerzo y las iniciativas
provenientes de una más amplia red de actores en interdepen-
dencia en la que se incluyen: las empresas, el tercer sector, las
comunidades, las familias y los propios ciudadanos. Este tipo de
modelo colaborativo implica la generación de coaliciones variables
de intereses y de actores para afrontar los problemas sociales. De
esta manera, la innovación social conlleva un proceso de apren-
dizaje colectivo innovador que satisface demandas y necesidades
sociales. Una visión común y participada, la aportación de diversos
recursos y el compromiso y la implicación de los actores de la red
en la resolución de los problemas sociales coadyuvan en el logro de
la cohesión social (Conejero, 2015: 54). Estas notas se comparten
con la perspectiva de las redes de políticas públicas y se completan
con la intermediación de intereses, la movilización de recursos dis-
persos en la sociedad, la estabilidad y continuidad de las relaciones
entre los actores, la acción colectiva para lograr las soluciones y el
equilibrio entre actores (Arenilla, 2011: 33 y ss.).
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
50
Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica
El liderazgo público colaborativo abarca el establecimiento de
un marco legal, la redefinición compartida del problema social, la
cogeneración de ideas y la implementación, evaluación, difusión y
réplica. La responsabilidad también es compartida cuando intervie-
nen instituciones públicas, diversos organismos o ciudadanos en la
consecución de la legitimidad y la aceptación ciudadana, no por la
naturaleza de los implicados, sino por gestionar bienes y servicios
del conjunto de la comunidad.
La sexta nota es que, en las coaliciones que se formen para desarro-
llar actividades colaborativas, las organizaciones del Estado no tienen
por qué ostentar permanentemente una posición de dominio, ya que
en muchos casos este no será el actor con más recursos o legitimidad.
No obstante, es necesario que el Estado asuma un papel de liderazgo
y, en cualquier caso, adquiera la responsabilidad por el resultado de
la actuación o decisión cuando estén en juego los intereses públicos
con el fin de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos
y la legitimidad de la acción pública.
La innovación social implica un cambio en las relaciones sociales y
en la generación de valor público (Conejero ...[et al], 2013). Ese cam-
bio se concreta en la alteración de las relaciones de poder existentes,
en la mejora de los modelos de colaboración y en la modificación del
modelo de gobernanza, especialmente mediante la inclusión y la par-
ticipación activa de los grupos sociales más vulnerables, marginados
e infrarrepresentados.
El concepto de innovación social
En el núcleo del significado de la innovación social desde sus primeras
delimitaciones conceptuales están: la orientación a la comprensión y
satisfacción de las necesidades sociales no efectuada por las estructu-
ras y políticas tradicionales; la identificación de soluciones potenciales
a esas demandas; la necesidad de la innovación en el ámbito social
de la vida comunitaria; la colaboración entre ciudades, Gobiernos,
empresas y organizaciones no gubernamentales a fin de acelerar
su capacidad de innovación; la creación de nuevas organizaciones y
modelos que pueden satisfacer mejor las necesidades sociales (The
Young Fundation, 2006: 8 y 21).
Antes se ha vinculado el significado de innovación a la sociedad del
conocimiento y a la orientación a la obtención de resultados. Este es
el enfoque que utiliza la Comisión Europea, ya que sitúa a la inno-
vación en el centro de la iniciativa Europa 2020 para el crecimiento
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
51
Manuel Arenilla Sáez
En la inno-
vación social
están muy
presentes los
métodos parti-
cipativos y de
colaboración,
el codiseño y
la cocreación
en los procesos
decisionales y
de implemen-
tación de los
servicios.
y el empleo con el objetivo de garantizar que las ideas innovadoras
puedan convertirse en productos y servicios que generen crecimiento
y empleo (Comisión Europea, 2010 y 2011).
La innovación social se construye también frente a otras tendencias
precedentes, como el énfasis en la eficiencia, en la tecnocracia o en la
innovación tecnológica (Haque, 1999: 313; Moulaert ...[et al], 2005);
o en contraste con los efectos de la crisis económica y su correlato
de ahondamiento de las brechas sociales que ya no pueden ser sol-
dadas ni por el Estado ni por el mercado. Precisamente, este tipo de
hechos es uno de los fundamentos más comúnmente admitidos de la
innovación social: la existencia de necesidades y demandas sociales
que están insatisfechas o insuficientemente cubiertas (The Young
Fundation, 2006; Howaldt y Schwarz, 2010; Hochgerner, 2011; Are-
nilla y García-Vegas, 2016).
En la innovación social están muy presentes los métodos partici-
pativos y de colaboración, el codiseño y la cocreación en los procesos
decisionales y de implementación de los servicios, lo que supone un
verdadero cambio de paradigma respecto a la forma en la que ac-
tualmente se solucionan mayoritariamente las necesidades sociales
(Moulaert ...[et al], 2005: 4). La clave de este nuevo paradigma es la
conexión en redes o coaliciones promotoras de agentes (Sabatier y
Jenkins-Smith, 1993) y ciudadanos empoderados por las institucio-
nes públicas que aprenden conjuntamente y que comparten talento,
conocimiento y una variedad de recursos. Estas redes o coaliciones
promotoras se caracterizan fundamentalmente porque se orientan a
la producción de valor público/valor social concreto, independiente-
mente del beneficio particular que puedan obtener sus miembros; al
aprendizaje de los integrantes a través la experiencia, el debate, el
diálogo y la interacción; tienen una vocación de estabilidad temporal;
y promueven el intercambio de recursos.
De esta manera, la delimitación de la innovación social vendría de-
terminada por esos tres rasgos principales: la existencia de necesidades
y demandas sociales insatisfechas o insuficientemente cubiertas; la
orientación a la obtención de resultados y a la estabilidad; la creación
de nuevas relaciones sociales y colaboraciones a través de redes que
comparten valores, talento, conocimiento y una variedad de recursos.
A estos rasgos hay que añadir que la intervención de las organizacio-
nes públicas en esas redes adopta la forma de liderazgo colaborativo.
Además, la literatura ha establecido otras notas que orientan la
innovación social hacia: la mejora de la vida del ciudadano y de su
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
52
Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica
Para que la
innovación so-
cial sea eficaz,
o incluso posi-
ble, se precisa
que las organi-
zaciones que
conforman
el bloque
Gobierno-
administración
sean fuertes
y tengan
capacidad
institucional.
posición en la comunidad; el bien común; la obtención de beneficios de
los participantes en las redes; la actuación a través de nuevas formas
institucionales y organizacionales, nuevas formas de hacer las cosas,
nuevas prácticas sociales, nuevos mecanismos, enfoques y conceptos; la
optimización de los recursos colectivos; la sostenibilidad de los produc-
tos, servicios y modelos; la creación colectiva; la búsqueda del impacto
sobre el comportamiento de los individuos o grupos; la orientación al
cambio social; el cambio en profundidad de las rutinas básicas, los re-
cursos, la autoridad o las creencias de un sistema social; y el fomento
de las capacidades sociales para la acción (Arenilla y García, 2013:
30-31; Cahill, 2010: 259; Christensen ...[et al], 2006: 96; Harayama
y Nitta, 2011: 14; Heiskala, 2007: 59; Howaldt y Schwarz, 2010: 21;
Moulaert ...[et al], 2005: 2071; Mulgan ...[et al], 2007: 9).
3. La capacidad institucional como condicionante de la
innovación social
Para que la innovación social sea eficaz, o incluso posible, se precisa
que las organizaciones que conforman el bloque Gobierno-admi-
nistración sean fuertes y tengan capacidad institucional. Esta se
define como el conjunto de recursos técnicos, logísticos, humanos
o financieros, así como habilidades, que permiten responder a los
desafíos del entorno y desempeñar sus funciones de manera eficaz,
efectiva y sostenible. Este aspecto se considera de gran relevancia
a la hora de desarrollar modelos de innovación social en entornos
donde las instituciones presentan rasgos de debilidad, como sucede
en algunos casos en Latinoamérica. También incide notablemente en
la traslación de las buenas prácticas de unos países a otros, incluso
de unas organizaciones administrativas a otras dentro de un mismo
país. De esta manera, se va a mantener que los rasgos del desarro-
llo institucional condicionan las iniciativas de innovación social, en
concreto las características que conforman la capacidad institucional.
Los últimos años han mostrado que los nuevos retos, necesidades y
demandas sociales no pueden atenderse con éxito aplicando la visión,
los modelos y las capacidades que nos habían servido con anterioridad.
De aquí surge la necesidad de incorporar a la acción pública nuevas
competencias para las personas que actúan en ella, empezando por
sus dirigentes, así como nuevas capacidades para las instituciones.
Finalmente, además de lograr una mayor capacidad institucional,
fortalecer la cultura política democrática y el capital social, son ne-
cesarios la acción política y el liderazgo político, esto es, la voluntad
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
53
Manuel Arenilla Sáez
de cumplir con las previsiones institucionales, llegar a acuerdos con
la sociedad y el sector privado y de resolver efectivamente los pro-
blemas, especialmente los que atañen a la población más vulnerable.
Los análisis efectuados por el BID, la CEPAL o el PNUD concluyen
en que esto es imprescindible para el éxito de las iniciativas de in-
novación social.
La fortaleza institucional y sus efectos sociales y
económicos
El estudio del comportamiento político ha ido evolucionando a partir
de la segunda mitad del siglo pasado de fundamentarse en los ac-
tores, estrategias e interacciones a considerar la importancia de las
instituciones o de las reglas de juego en la gobernanza del Estado y
la capacidad funcional del mismo (March y Olsen, 1989). Esta im-
portancia se ve contrastada por los procesos democráticos seguidos
en los países de Latinoamérica, en los que se comprueba cómo las
instituciones pueden influir en la estabilización democrática de las
sociedades, el crecimiento económico y los procesos políticos. Sin
embargo, el análisis de estos países muestra que no basta con la exis-
tencia de instituciones formales para que se consigan esos resultados
(Levitsky y Murillo, 2010). Es preciso que existan reglas de juego
estables y efectivas y que las instituciones sean lo suficientemente
fuertes para que puedan arraigar (North, 1990: 4-5; O’Donnell, 1993;
Spiller y Tommasi, 2007).
La fortaleza institucional implica capacidad de imposición, o grado
en que las normas se cumplen en la práctica; y estabilidad, referida a
la duración de las instituciones a lo largo del tiempo y a su supervi-
vencia a los cambios que se pueden producir respecto al momento de
su creación (Levitsky y Murillo, 2010: 33). La debilidad institucional
se puede producir, entre otros factores, porque no se tenía voluntad
en el momento de la creación de las instituciones de hacer cumplir las
normas y dotarse de los recursos necesarios, ya que, por ejemplo, se
buscaba la mera legitimidad formal internacional o del propio país;
o porque los actores que promovieron las instituciones no tenían la
capacidad para imponerlas al resto de los actores.
Existen evidencias que vinculan la baja imposición o la debilidad
del imperio de la ley y la escasa capacidad institucional al alcance
limitado del Estado (O’Donnell, 1993; Soifer, 2006). Así, la dotación
y el rendimiento positivo de los elementos que generan la capacidad
institucional, en especial el capital humano, se convierten en uno
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
54
Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica
La construc-
ción de institu-
ciones fuertes
favorece el
capital social
y las redes de
políticas es-
tables, lo que
permite que
la innovación
social pueda
arraigar.
de los principales retos del Estado y de su administración pública,
especialmente en los países emergentes.
La solidez del entorno institucional condiciona el desarrollo eco-
nómico y social, la competitividad y la inversión (World Economic
Forum, 2014: 4), así como la capacidad e iniciativa de los ciudadanos
y de las organizaciones en que se insertan, que actúan condicionados
por dicha solidez. Un entorno caracterizado por la seguridad jurídica,
la regulación eficiente, la eficacia gubernamental, la solidez de los
derechos de propiedad, la lucha contra la corrupción o la libertad,
entre otras instituciones clave, asegura el crecimiento económico y
la prosperidad de las sociedades (World Bank, 2015).
Las instituciones estables generan a su vez estabilidad y certidum-
bre política, social y económica entre los actores que, de esta manera,
ven rentable invertir en las habilidades, tecnologías y organizaciones
que son apropiadas para esas instituciones (North, 1990; Pierson,
2000; Przeworski, 1991: 82; Grzymala-Busse, 2006). Por el contrario,
la baja institucionalidad mina la credibilidad institucional y reduce
el horizonte temporal de los actores, lo que limita su capacidad para
sostener acuerdos y consensos a largo plazo y limita la cooperación
y la acción colectiva. El resultado es que se puede socavar la calidad
-y en algunos casos, la estabilidad- de la democracia. Finalmente, la
construcción de instituciones fuertes favorece el capital social y las
redes de políticas estables, lo que permite que la innovación social
pueda arraigar.
El margen de mejora de la capacidad institucional en
Latinoamérica
Este siglo se ha caracterizado, al menos hasta fechas recientes,
por una mejora de las condiciones económicas y un avance en las
instituciones públicas en Latinoamérica, que se han visto acom-
pañadas por una mejora en los resultados de transparencia; el
avance de los servicios civiles hacia la profesionalización; la lucha
contra la corrupción; una orientación de la gestión a la eficiencia
y la efectividad y a la participación ciudadana; el mantenimiento
de la ley y el orden; la defensa; la protección de los derechos de la
propiedad; una mayor inversión en la provisión de servicios públicos
y en las infraestructuras con el fin de alcanzar una mayor equidad
social; la regulación de sectores estratégicos; y la implantación
de las funciones de inspección y fiscalización (CEPAL, 2014: 42;
Bandeira, 2013: 7). No obstante, a pesar de la indudable moderni-
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Manuel Arenilla Sáez
zación de los instrumentos de gestión pública, en muchos países no
se han conseguido extender los servicios públicos a amplias capas
de la población, o la extensión de las prestaciones y actividades no
han ido acompañadas de la mejora de su calidad. Por eso se puede
afirmar que Latinoamérica, excepto en el Cono Sur, ofrece unos
servicios públicos de alcance limitado, y que, a pesar de orientarse
a la eficiencia, no logra ser garante.
En la actualidad surgen nuevos desafíos para la actuación pública
latinoamericana en campos como la protección del medio ambiente,
la integración económica y la igualdad de género, aunque en estas
políticas, como en otras más clásicas, la principal dificultad estriba
en disponer de los recursos necesarios. También se constata que la
existencia de recursos financieros no garantiza la implementación
de los servicios públicos, ya que se requiere de una capacidad insti-
tucional de la que a veces se carece.
La efectividad gubernamental está condicionada por la capacidad
administrativa que hace referencia a la eficacia de la administración
pública para llevar a cabo las decisiones adoptadas. Esa capacidad
incluye los factores o medios administrativos establecidos por Baena
(2000: 341). Si se evalúa su situación en Latinoamérica desde este
enfoque es posible encontrar los siguientes retos desde el punto de
vista de la capacidad institucional:
a) Factor presupuestario y financiero. Existen grandes diferencias
entre los distintos países de la región; es necesario introducir la pre-
supuestación plurianual y fortalecer la capacidad de generar ingresos
intentando un pacto con la ciudadanía basado en su confianza en la
acción estatal (CEPAL, 2014: 60). Sin embargo, esta confianza se
encuentra en un nivel muy bajo (Latinobarómetro, 2015).
b) Factor de los recursos humanos. La mayoría de los países se en-
cuentra en un estado de implantación de un sistema de servicio civil
basado en los valores del mérito, la eficacia, la eficiencia, la calidad
y la profesionalización, salvo Chile (CEPAL, 2014: 6). Los retos in-
mediatos son incorporar un enfoque más centrado en el desempeño;
mejorar la formación y la capacitación y orientarlas al aprendizaje y
la generación de valor público; y eliminar las prácticas clientelares.
c) Factor de los sistemas y tecnologías de la información y la comuni-
cación. También se observan importantes diferencias entre los países
y una serie de debilidades (Naciones Unidas, 2014; CEPAL, 2014)
tales como la brecha de infraestructura y la calidad de banda ancha
en el acceso, el déficit de recursos humanos, la gestión empresarial
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Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica
La capacidad
institucional
requiere de
la capacidad
relacional,
esto es, de las
habilidades de
un actor para
establecer re-
des formales e
informales de
cooperación
y el inter-
cambio de
conocimiento
y recursos con
otros actores
del entorno.
y la investigación y el desarrollo para el sector TIC, las debilidades
institucionales en el diseño de políticas, la organización de los pro-
gramas y la coordinación de las partes implicadas.
d) Factor de los procedimientos de gestión. La planificación está
extendida en Latinoamérica, aunque la financiación de proyectos
prioritarios con compromisos efectivos solo se observa en pocos paí-
ses. Es preciso mejorar en la capacidad técnica de gestión; transpa-
rencia; evaluación socioeconómica de los impactos, institucionalizar
la evaluación a posteriori y extender la evaluación a los ámbitos
subnacionales; e integrar correctamente los proyectos en planes de
inversiones a medio plazo.
La capacidad institucional requiere de la capacidad relacional, esto
es, de las habilidades de un actor para establecer redes formales e
informales de cooperación y el intercambio de conocimiento y recursos
con otros actores del entorno. También es preciso que los Gobiernos
establezcan arreglos institucionales con los diversos actores sociales
que incluyan mecanismos de apoyo a los mismos; la definición de un
marco legal apropiado y el fomento de iniciativas que promuevan el
aprendizaje, el conocimiento y la innovación.
El margen de actuación de la innovación social en
Latinoamérica: la situación de los servicios públicos
El grado de cobertura de los servicios básicos del bienestar
Si se acepta que el campo de acción de la innovación social se en-
cuentra en las necesidades sociales insatisfechas o insuficientemente
cubiertas, es posible determinar el margen de actuación de un Estado
y su administración atendiendo, por ejemplo, al grado de cobertura
de los servicios públicos, en este caso en Latinoamérica.
La cobertura sanitaria a través de sistemas nacionales de salud,
mutualidades de tipo social, seguros privados u otros muestra una
realidad no homogénea en la región. Así, se constata una necesidad
de mejora en la mayoría de los países, aunque en menor grado en
Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Cuba. A la vez, se observa
una mayor financiación privada sobre el porcentaje del PIB que en
otros continentes, llegando casi a igualar la financiación pública (OIT,
2014), y una gran desigualdad en el colectivo de trabajadores de que
se trate. Así, la cobertura de salud es muy alta en el sector público
(92,6%) y en las empresas medianas y grandes del sector privado
(84,6%), mientras que en las pequeñas empresas (39,2%), autónomos
(23,2%) y servicio doméstico (34,19%) es muy baja (OIT, 2014). Por
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Manuel Arenilla Sáez
otra parte, el grado de cobertura sanitaria incide en la prevalencia
y el desarrollo de las enfermedades o en los índices de mortalidad.
Así, en el caso de la mortalidad infantil se observa una correlación
con dicha cobertura: los valores más bajos se corresponden con países
con tasas de cobertura sanitaria por encima del 95% de su población
(CEPAL, 2014).
La oferta del sistema educativo en Latinoamérica ha mejorado
en la década 2000-2010, aunque de forma desigual. El gasto público
en educación fue en ese período un 5,2% del PIB de media en toda
la región, la tasa de matriculación en educación primaria fue de un
94% y la tasa de escolarización en educación secundaria fue de un
72%. Los resultados de la calidad educativa suelen ser insuficientes
en comprensión lectora y capacidad matemática. Así, los ocho países
que participaron en el informe PISA en 2012 (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay) obtuvieron los peores
resultados de todo el ranking. Si se compara con el alumno promedio
de la OCDE, el latinoamericano se encontraría dos años retrasado en
escolaridad (BID, 2012). En cuanto a la educación superior, entre 1999
y 2010 creció de manera intensa pero de un modo poco equitativo, ya
que se ha concentrado en los segmentos sociales de mayores ingresos
y en las áreas urbanas (UNESCO, 2013).
Por lo que respecta a la situación de las prestaciones clave del
Estado de Bienestar, pensiones por jubilación y desempleo, de nuevo
existen países con altas tasas de cobertura y otros con muy bajas
tasas de cobertura. En lo que respecta a las pensiones por jubilación,
encontramos que en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile más de un
80% de la población mayor de 65 años percibe alguna pensión. En el
otro extremo estarían aquellos países en los que menos de una ter-
cera parte de su población mayor de 65 años recibe alguna pensión;
es el caso de Ecuador, México, Perú, Colombia, Bolivia, El Salvador,
República Dominicana y Paraguay (CEPAL, 2013). Si se considera
el desempleo, la situación es más extrema. Mientras que entre el
80 y el 90% de los trabajadores norteamericanos y europeos tienen
garantizado una prestación por desempleo, solo el 37,6% de los lati-
noamericanos cuentan con esta protección. De nuevo encontramos
importantes diferencias entre países. Colombia y Venezuela contaban
con más de dos tercios de su fuerza de trabajo protegida. Por otra
parte, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador tenían un nivel
de cobertura por debajo de los dos tercios y por encima de un tercio.
Finalmente, estarían aquellos países que no prevén programas de
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Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica
Desde la
perspectiva de
la innovación
social se en-
cuentran po-
sibilidades en
políticas clave
de la acción
pública como
la cobertura
sanitaria y la
implantación
de medidas
destinadas a
combatir la
pobreza. Otro
campo es la
educación,
que presenta
grandes retos:
la extensión y
gratuidad uni-
versal, la cali-
dad educativa
y la equidad
educativa.
cobertura en sus legislaciones: México, Guatemala, Nicaragua, Hon-
duras, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Perú, Bolivia y
Paraguay (OIT, 2014).
Las carencias en estos tres bloques de necesidades se corres-
ponden con la acción preferente de actuación de las iniciativas
de innovación social en Latinoamérica. Así, los proyectos que se
han desarrollado en esta región a través de CEPAL se orientan a
educación, salud y mejora en los niveles de renta; a los que suelen
añadirse los de sostenibilidad ambiental con el fin de alcanzar los
objetivos del milenio (Rey de Marulanda y Tancredi, 2010; Rodríguez
y Alvarado, 2008).
En resumen, desde la perspectiva de la innovación social se en-
cuentran posibilidades en políticas clave de la acción pública como la
cobertura sanitaria y la implantación de medidas destinadas a com-
batir la pobreza, con el fin de reducir enfermedades y lacras como la
mortalidad infantil. Otro amplio campo de actuación es la educación,
que presenta grandes retos: la extensión y gratuidad universal, la
calidad educativa y la equidad educativa. Asimismo, existen necesi-
dades insatisfechas o insuficientemente cubiertas en lo que respecta
a la percepción de pensiones por jubilación y por desempleo.
La mejora del capital social y la cultura política
Otros ámbitos en los que cabe un margen de mejora y en los que
puede intervenir la innovación social son los que inciden en el capital
social y la cultura política, tales como la confianza en las instituciones
políticas y en el Estado y la confianza interpersonal. Más de la mitad
de la población latinoamericana afirma desconfiar de las institucio-
nes políticas y estatales, aunque al estudiar el período 2004-2013
se observa que existen importantes diferencias entre países como
Ecuador, Nicaragua o Uruguay, donde ha descendido la confianza,
y Costa Rica y Honduras, donde ha aumentado. Los datos entre
2007 y 2013 muestran una región en la que los ciudadanos cada vez
desconfían más de sus semejantes. En este último año, solo el 16,7%
manifiesta confiar en sus conciudadanos (CEPAL, 2015). Estos datos
muestran las posibilidades que existen para fortalecer los aspectos
relacionados con la participación, la colaboración y la cooperación y
la construcción de lazos de intereses en las comunidades y en relación
con las instituciones públicas.
Frente a estas cifras, se encuentra un hecho que mueve a la es-
peranza. El porcentaje de la población adulta latinoamericana que
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
59
Manuel Arenilla Sáez
Existe un
gran margen
de actuación
para mejorar
la legitimidad
de las institu-
ciones políti-
cas, reducir la
brecha entre
el Estado y la
sociedad civil
y para fortale-
cer el asocia-
cionismo y la
implicación de
los ciudadanos
en la vida en la
comunidad.
manifiesta tener miedo al fracaso a la hora de iniciar un negocio o
poner en marcha una iniciativa emprendedora es de 24%, uno de los
más bajos del mundo (Global Entrepreneurship Monitor, 2016). Este
dato significa que el fracaso se entiende como una oportunidad de
aprendizaje. Esta actitud favorece la innovación en el ámbito social
y facilita la innovación pública, tanto la proveniente del interior de
la organización, como la que tiene su origen en las alianzas con las
organizaciones sociales. Supone también un importante incentivo a
que las organizaciones públicas favorezcan los procesos colectivos
internos para la generación de ideas y la apertura a la sociedad debido
al menor coste social de las iniciativas fallidas.
Antes se señalaba la relación existente entre el grado de fortaleza
del capital social y la cultura política democrática y esta conexión
se evidencia en la percepción ciudadana del nivel de democracia
existente en cada país. Los datos entre 2008 y 2013 son poco alen-
tadores y señalan un promedio en la región de un 6,2% en el último
año (CEPAL, 2015).
Los datos anteriores muestran las grandes dificultades del Estado
para lograr la aceptación de su acción pública y para lograr la con-
fianza de los ciudadanos. Es posible que los ciudadanos necesiten más
tiempo para aceptar sus instituciones y para lograr consensos amplios
entre los diversos actores institucionales y sociales que produzcan
políticas públicas estables y de calidad. Para ello es necesario romper
las expectativas de inestabilidad, de incertidumbre y de desconfianza
de la mayoría de los ciudadanos. Esta se ve agravada por la corrup-
ción. Su índice muestra que, a excepción de Chile, Uruguay y Costa
Rica, todos los países iberoamericanos muestran una valoración por
debajo del 50% (Transparency International, 2014), lo que hace que
exista un amplio campo de mejora.
Si la realidad descrita se observa en términos de oportunidad,
indudablemente existe un gran margen de actuación para mejorar la
legitimidad de las instituciones políticas, reducir la brecha entre el
Estado y la sociedad civil y para fortalecer el asociacionismo y la im-
plicación de los ciudadanos en la vida en la comunidad. La innovación
social, desde el enfoque que aquí se ha manejado, indudablemente
puede contribuir a mejorar la confianza en las instituciones políticas
y en el Estado y en la confianza interpersonal; en el incremento del
capital social; en la capacidad institucional mediante la incorporación
del talento social, empresarial y ciudadano; y en la cultura política
democrática.
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
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Innovación social y capacidad institucional en Latinoamérica
La constata-
ción de que los
medios públi-
cos tradiciona-
les no bastan
para cumplir
las viejas y
las nuevas
necesidades
es la principal
fortaleza de
la innovación
social.
4. Recapitulación
La innovación social se consolida en un contexto caracterizado por
una extendida crisis económica y financiera y por un debilitamiento
casi generalizado de la legitimidad de las instituciones públicas.
La pérdida de confianza en el Estado se genera porque se duda que
sea capaz de afrontar con éxito, como lo había hecho en el pasado,
los retos y las necesidades de las sociedades contemporáneas; que
pueda garantizar un determinado nivel de bienestar; y que logre la
integración social.
Uno de los cambios más transcendentes en la actualidad desde
la óptica pública es que comienza a asumirse que el conocimiento
de la realidad y la forma de intervenir en ella no residen ya solo en
el Estado y su administración, sino que existe una nueva realidad
ampliada de lo público que se nutre de fenómenos como la pujanza de
las empresas sociales, la implicación de las empresas privadas en la
vida de la comunidad a través de la responsabilidad social corpora-
tiva, los negocios inclusivos, los partenariados público-privados o el
emprendedurismo social. La experiencia y el avance de esta realidad
aportan a la innovación social una buen parte de sus posibilidades de
acción, muchos de sus principios y la capacidad para superar algunas
de las barreras que esos fenómenos constatan.
En esta realidad, la administración aparece como un actor no
necesariamente dominante en todos los procesos sociales, aunque
le corresponde activar a la sociedad y ofrecer recursos suficientes
y la capacidad necesaria para que las empresas, el tercer sector,
las comunidades, las familias y los propios ciudadanos puedan
implicarse de una manera efectiva en la solución de los problemas
de la comunidad.
La constatación de que los medios públicos tradicionales no bas-
tan para cumplir las viejas y las nuevas necesidades es la principal
fortaleza de la innovación social, que se completa con la orientación a
la obtención de resultados y la creación de nuevas relaciones sociales
y colaboraciones a través de redes que comparten valores, talento,
conocimiento y una variedad de recursos.
Una buena parte de lo que hoy significa la innovación social se debe
a la acción pública y a las iniciativas que la fomentan desde los orga-
nismos multilaterales. Para la administración, la innovación social
representa una oportunidad para remover los obstáculos internos a
la innovación e incorporar el conocimiento y el talento existentes en
la sociedad a la resolución de los problemas y necesidades sociales.
Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 67, Feb. 2017
61
Manuel Arenilla Sáez
La capacidad
institucional,
singularmente
la administrati-
va, condiciona
el diseño,
el éxito y la
extensión
de propuestas
de innovación
social en en-
tornos donde
las instituciones
presentan
rasgos de de-
bilidad, como
sucede en
Latinoamérica.
Las experiencias sobre innovación social evidencian que es nece-
sario fortalecer previamente la capacidad institucional de las orga-
nizaciones que conforman el bloque Gobierno-administración para
que existan redes de políticas estables, capital social y suficiente
capacidad e iniciativa de los ciudadanos y de las organizaciones
en que se insertan. De esta manera, la capacidad institucional,
singularmente la administrativa, condiciona el diseño, el éxito y
la extensión de propuestas de innovación social en entornos donde
las instituciones presentan rasgos de debilidad, como sucede en
Latinoamérica.
Un repaso a los servicios de bienestar en Latinoamérica desde
la perspectiva de la innovación social muestra un amplio campo de
posibilidades en la educación, la cobertura sanitaria, la lucha contra
la pobreza, la reducción de la mortalidad infantil, las pensiones o el
desempleo. A esto hay que añadir que la innovación social, como aquí
se ha tratado, puede contribuir a mejorar la confianza política y social
y al incremento del capital social, de la capacidad institucional y de
la cultura política democrática.
La innovación social ofrece un cambio de observador a la mane-
ra tradicional en la que se han abordado y tratado de resolver los
problemas sociales. La nueva mirada se basa en que el bienestar, el
bien común, es responsabilidad de todos, ciudadanos, organizaciones
sociales y empresas y el Estado. El cambio se basa en la necesidad
de confiar, conectar y sumar el conocimiento y el talento existente
individual, de equipo u organizativo con el fin de conseguir algo
que represente una diferencia, un resultado radicalmente distinto.
Este es el sentido y el alcance de la coproducción de servicios en la
innovación social.
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... De acuerdo a Tracey & Stott (2016), la innovación social tiende a definirse como la creación o implementación de nuevas soluciones a problemas sociales con beneficios compartidos no solo por los propios innovadores sino por otros agentes sociales. La innovación social facilita, por otra parte, la transformación de actividades tradicionalmente públicas hacia un sector privado o compartido por ambas instituciones públicas y privadas (Sáez, 2017). Tiene, asimismo, repercusiones en el territorio, dado que tanto su nacimiento como su desarrollo se apoya en recursos territoriales, y su finalidad es la mejora de las personas que allí viven. ...
... nacional e incluso internacional(Sáez, 2017). Esta articulación es necesaria para fortalecer la interacción entre los diferentes tipos de agentes, pero en muchos casos necesita de "traductores" que hablen la jerga de los diferentes interlocutores e integren las competencias de los agentes participantes(Yoguel, Borello & Erbes, 2009).La integralidad, por su parte, exige unificar los aspectos tecnológicos con el conocimiento local. ...
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Resumen: El concepto de desarrollo sustentable aúna un triple objetivo de mejora social, económica y medioambiental, objetivos buscados por las innovaciones sociales. La evolución del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en los últimos años ha señalado una transformación, considerada como modelo de desarrollo sustentable. Este trabajo analiza los elementos constitutivos de la innovación social y su proceso de difusión aplicados al caso del dmq. Los resultados comprueban que la transformación ocurrida en este distrito ecuatoriano se puede considerar una innovación social. Este novedoso proceso de difusión de las innovaciones se orienta de países en vías de desarrollo hacia países desarrollados. Abstract: The concept of sustainable development combines a triple objective of social, economic and environmental improvement, goals sought by social innovations. The evolution of the Metropolitan District of Quito (DMQ) in recent years has signaled a transformation, considered as a model of sustainable development. This paper analyzes the constitutive elements of social innovation and its diffusion process applied to the DMQ case. The results prove that the transformation occurred in this Ecuadorian district can be considered a social innovation. The innovative process of diffusion of innovations is oriented from developing countries towards developed countries.
... La capacidad de los Estados en la atención de las necesidades sociales, la confianza y la credibilidad las instituciones públicas y en sus integrantes y dirigentes pueden ser cuestionadas, de modo que la innovación social que se nutre de la evolución de las ideas y de la gobernanza, de los principios de la sociedad del conocimiento, y de los esfuerzos de coproducción para renovar el sector público, puede cubrir sus insuficiencias (Sáez, 2017). ...
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El presente documento busca evidenciar la relevancia de la innovación como un proceso colectivo, apoyado en el esfuerzo de múltiples actores – públicos, privados y de la sociedad civil organizada – en la construcción de un futuro sostenible. Es decir, se analiza a la innovación con una mirada hacia la construcción de un futuro sostenible, en base a una responsabilidad compartida, y que implica la ampliación de los mecanismos de gobernanza, con una mirada inclusiva, que respete y valore a las dimensiones ambiental, social y económica. Por tanto, argumentamos que pensar en avances del conocimiento en ese tema, implica reconocer la relevancia de la diversidad de perspectivas y la toma de decisiones y acciones conjuntas, además de reconocer a los factores que facilitan o limitan la innovación sostenible. En ese sentido, este número especial de la revista GECONTEC presenta cuatro papers seleccionados del Congreso de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación -ALTEC 2021, cuyas evidencias corroboran lo que aquí planteamos.
... In addition, they can be channels for disseminating innovation among local agents, through territorial learning processes. On the other hand, it has a task in the dissemination of innovation to other universities, through publications, conferences, seminars, etc.... where they make known the theoretical aspects of innovation and its possibilities of extension to other territories (García-Flores and Martos, 2019; Sáez, 2017). This suggests that local universities can participate as one of the most important agents in its generation although the local university is not the main actor in social innovation. ...
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Local knowledge helps generate social innovations. Universities, which are part of the territorial innovation system, are important in creating innovations, but their role in diffusing social innovations is less well known. The social policies established in Ecuador have given rise to different social innovations. In particular, the metropolitan district of Quito, based on the metropolitan development plan from 2012 to 2022, has generated a process of social innovations of great interest. Local universities usually participate in the training process of the agents involved in the development of social innovation. In a complementary way, local universities can facilitate cooperation between these agents. Both are essential elements in the diffusion of innovation. This paper analyzes the importance of collaboration with universities to disseminate social innovations in the Metropolitan District of Quito, using a series of interviews. The results indicate that the lack of collaboration with the universities and the limited knowledge that exists in them hampered the practical development of the plan and its effectiveness.
... Además, pueden ser canales para difundir la innovación entre los agentes locales, a través de los procesos de aprendizaje territorial. Por otra parte, tiene una tarea en la difusión de la innovación a otras universidades, a través de publicaciones, conferencias, seminarios, etc.… donde dan a conocer los aspectos teóricos de la innovación y sus posibilidades de extensión a otros territorios (García-Flores y Martos, 2019; Sáez, 2017). Esto sugiere que, aunque la universidad local no sea el actor principal de la innovación social, puede participar como uno de sus agentes más importantes en su generación, pero, en cualquier caso, suele tener una tarea esencial en su difusión. ...
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Los conocimientos locales ayudan a generar innovaciones sociales. Las universidades, que forman parte del sistema de innovación territorial, son importantes en la creación de innovaciones, pero su papel en la difusión de las innovaciones sociales es menos conocido. Las políticas sociales establecidas en Ecuador han dado pie a diferentes innovaciones sociales. En particular, el distrito metropolitano de Quito, a partir del plan de desarrollo metropolitano de 2012 a 2022 ha generado un proceso de innovaciones sociales de gran interés. Las universidades locales suelen participar en el proceso de formación de los agentes que participan en el desarrollo de la innovación social. De modo complementario, las universidades locales pueden facilitar la cooperación entre estos agentes. Ambos son elementos esenciales en la difusión de la innovación. Este trabajo analiza la importancia de la colaboración con las universidades locales para difundir las innovaciones sociales en el Distrito Metropolitano de Quito, haciendo uso de una serie de entrevistas. Los resultados señalan que la falta de colaboración con las universidades y los limitados conocimientos existentes en ellas frenaron el desarrollo práctico del plan y su efectividad.
... Por citar los relacionados con la Administración, hay que señalar su alineación, de acuerdo con la nueva gestión pública, con la eficiencia y la eficacia para alcanzar los objetivos y las metas y medir su consecución; con una gestión flexible y adaptativa; o con las alianzas público-privadas y sociales (García, 2007;Meneguzzo, 1997). También encontramos contribuciones de la nueva gobernanza pública y de la innovación social en la concepción holística del gobierno o en la importancia de las redes de actores, en la creación de estructuras formales de interacción y en la necesidad de un enfoque interrelacional, holístico, indivisible e integral de los ODS (Börzel, 1997: 2;Christensen y Laegreid, 2012;Robinson, 2015;Arenilla, 2017). ...
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La Administración española mantiene una cultura que ha sobrevivido a las diversas crisis mediante el despliegue de estrategias y medidas consistentes en hacer más o menos de lo mismo, dependiendo de las circunstancias. La crisis sin precedentes de la COVID-19 debería hacer el milagro de rediseñar las instituciones y servicios públicos en España, a lo que podría contribuir la Agenda 2030. La localización de la Agenda 2030 refuerza la vinculación de los objetivos globales con las comunidades locales y los ciudadanos y potencia las interrelaciones existentes entre todos los ODS. El balance de la localización en el mundo muestra que los gobiernos locales y regionales han tenido un escaso papel en los informes nacionales voluntarios o en los mecanismos nacionales de coordinación. Resulta ya evidente que se necesitan aceleradores para alcanzar a tiempo las metas establecidas en los ODS para 2030, destacando las tecnologías y herramientas digitales. La digitalización en el mundo debe facilitar el avance del desarrollo humano para que disminuya la desigualdad, aumente la paz y la seguridad, promueva la sostenibilidad, fomente los derechos humanos y satisfaga las necesidades humanas, ya que no se está haciendo debidamente. Palabras Clave: Localización, Administración local, España, Agenda 2030, ODS, digitalización.
... En este contexto de crisis del Estado tradicional y de reflexión sobre la Administración pública, también ha surgido y se está desarrollando el enfoque de la innovación social, que recoge buena parte de las ideas mencionadas acerca de cómo deben relacionarse el mundo de lo público y de lo privado para la prestación de servicios. La innovación social se caracteriza porque busca la resolución de los principales problemas sociales de manera innovadora e integrando la participación y la perspectiva de los ciudadanos (y de la sociedad civil, en general), especialmente de los colectivos más vulnerables, en el ciclo de las políticas públicas, potenciando, así, su empoderamiento y facilitando su consolidación como actores «permanentes» en dicho ciclo, y reforzando su estatus como agentes o actores colaboradores del Estado, con el que entablan un diálogo abierto (Arenilla, 2017c). En este sentido, el enfoque de la innovación social propone la creación de estructuras formales de interacción y colaboración entre actores públicos y privados. ...
Book
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El libro aborda los fundamentos teóricos que han dado lugar a la Agenda 2030, desde una perspectiva de gestión pública. Es una revisión de los avances en la implementación de los ODS de diferentes informes de organismos internacionales, prestando especial atención a América Latina. Incluye las mejores prácticas en el privado, empresarial y social campo en América Latina. La segunda parte se refiere al nuevo rol del Centro Latinoamericano para el desarrollo y la administración pública (CLAD) en la aplicación de la Subdirección de generación. Incluye las posibles acciones de la CLAD en el marco de los ODS, la hoja de ruta para la aplicación y posibles socios estratégicos. También contiene los principales aportes de los encuentros de la CLAD a los ODS en los últimos dos años. The book addresses the theoretical foundations which have given rise to the 2030 Agenda, from a public Administrationl perspective. Is a review of the progress in the implementation of the SDGs from various reports from international agencies, paying special attention to Latin America. It includes the best practices in the private, business and social field in Latin America. The second part is referred to the new role of the Latin American Centre for Development and Public Administration (CLAD) in the implementation of the SDG. It includes the possible actions of the CLAD in the framework of the SDGs, the roadmap for the implementation and possible strategic partners. Also contains the main contributions of the encounters of the CLAD to the SDGs were summarized from two years ago.
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El Presente artículo tiene como propósito señalar la innovación social como estrategia para la declaratoria de territorio solidario de las poblaciones palafíticas, Nueva Venecia, Buenavista y Bocas de Cataca, pertenecientes a los asentamiento de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en adelante, CGSM, base para la transformación social de estas comunidades, como producto resultado de un supuesto final en la investigación “Estrategias de innovación para la oferta de productos turísticos que apunten al mejoramiento de la calidad de vida en vía al desarrollo”, metodológicamente se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, tipo interpretativo, usando la estrategia investigación acción participativa, con la aplicación de técnica de talleres en interacción con las poblaciones de estas comunidades y el método de triangulación para la fiabilidad de la información. Los resultados obtenidos determinaron que la práctica del modelo social y solidario fundamentado en la estrategia de innovación social, admiten la declaratorio de territorio solidario, concluyendo que juntas instituyen la base para una fortaleza de adaptación hacia la transformación social de sus comunidades. Palabras Clave: Territorio solidario, Estrategia de Innovación social, transformación social, Economía social y solidaria.
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The use of social innovation has grown exponentially in the last decade and stands out as a multidimensional concept that has been analyzed from very different approaches. This paper presents a conceptual approach to the genesis of the concept and its different approaches that can be helpful when making decisions, as well as understand and analyze the meaning and objectives to be achieved and / or is made to be can be achieved when incorporated to the public decision-making. And it's very important because we understand that social innovation can help meet social needs and demands of citizens differently, participatory and collaborative manner. A new way to improve the quality of democracy through citizen empowerment.
Article
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In both public administration and economics, efficiency is brought forward as an important criterion for evaluating administrative actions. Clearly, its value as an assessment principle depends on our ability to adequately measure efficiency. This article argues that citizen’s coproduction in public services requires a careful reassessment of how we approach the measurement of productive efficiency in public service delivery. Theoretically, we illustrate that using observable outcomes (e.g., library circulation, school results, health outcomes, fires extinguished, and crimes solved) as output indicators is inappropriate and leads to biased estimates of public service providers’ productive efficiency. This bias arises because citizens co-determine final outputs, leaving them at least partly beyond the service providers’ control. Empirically, we find supportive evidence of both the existence and importance of such ‘demand-induced’ bias.
Book
'A very relevant and insightful perspective on institutional change and economic renewal in regions, countries and corporations.' - Yves L. Doz, INSEAD, France. This book examines the nature of social innovation processes which determine the economic and social performance of nations, regions, industrial sectors and organizations. © Sitra, the Finnish Innovation Fund 2007. All rights reserved.