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Este artículo emplea la teoría de los órdenes de justificación para estudiar las prácticas económicas alternativas que cuestionan el capitalismo. Los datos proceden de un cuestionario aplicado a participantes en 55 experiencias de seis ciudades españolas, y del análisis de once casos en Salamanca mediante entrevistas semiestructuradas, observación directa y seguimiento de sus espacios virtuales. Estas iniciativas alternativas construyen comunidades igualitarias, autogestionadas, autónomas y respetuosas con la naturaleza. Sin embargo, para garantizar su funcionamiento interno y satisfacer las exigencias del entorno normativo, deben introducir métodos industriales y comerciales de índole empresarial que son legitimados a través de compromisos con los argumentos domésticos y ecológicos.
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Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, Julio - Septiembre 2019, pp. 107-124
José Luis Sánchez-Hernández: Universidad de Salamanca | jlsh@usal.es
Lourdes Moro-Gutiérrez: Universidad de Salamanca | moro@usal.es
Los órdenes de justicación como marco
analítico para el estudio de las prácticas
económicas alternativas
Orders of Worth as an Analytical Framework for
Understanding Alternative Economic Practices
José Luis Sánchez-Hernández y Lourdes Moro-Gutiérrez
doi:10.5477/cis/reis.167.107
Palabras clave
Capitalismo
Comunidad
Órdenes de
justicación
Prácticas económicas
alternativas
Sostenibilidad
Resumen
Este artículo emplea la teoría de los órdenes de justicación para estudiar
las prácticas económicas alternativas que cuestionan el capitalismo. Los
datos proceden de un cuestionario aplicado a participantes en 55
experiencias de seis ciudades españolas, y del análisis de once casos en
Salamanca mediante entrevistas semiestructuradas, observación directa
y seguimiento de sus espacios virtuales. Estas iniciativas alternativas
construyen comunidades igualitarias, autogestionadas, autónomas y
respetuosas con la naturaleza. Sin embargo, para garantizar su
funcionamiento interno y satisfacer las exigencias del entorno normativo,
deben introducir métodos industriales y comerciales de índole
empresarial que son legitimados a través de compromisos con los
argumentos domésticos y ecológicos.
Key words
Capitalism
Community
Orders of worth
Alternative economic
practices
Sustainability
Abstract
This article draws upon the theory of orders of worth to study those
alternative economic practices that bring into question capitalism. Data
from a survey administered to people engaged in 55 alternative
experiences located in six Spanish towns are discussed, along with an
in-depth analysis of eleven cases from the city of Salamanca, where
semi-structured interviews, eld observation and the regular monitoring of
virtual spaces were used. These alternative initiatives build egalitarian,
self-managed and autonomous communities, strongly focused on a
respect for nature. However, they are compelled to incorporate market and
business practices in order to ensure their internal operation and satisfy the
demands from the legal environment. These corporate-like procedures are
thus legitimised through compromises with domestic and ecological
arguments.
Cómo citar
Sánchez-Hernández, José Luis y Moro-Gutiérrez, Lourdes (2019). «Los órdenes de justicación
como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas». Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, 167: 107-124. (http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.167.107)
La versión en inglés de este artículo puede consultarse en http://reis.cis.es
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108 Los órdenes de justicación como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas
IntroduccIón1
Durante la última década de crisis económi-
ca y social se han extendido en los países
avanzados determinadas iniciativas econó-
micas, etiquetadas como prácticas económi-
cas alternativas (Conill et al., 2012), que
cuestionan el modelo capitalista convencio-
nal basado en la propiedad privada de los
medios productivos, en la empresa como
fórmula organizativa, en el empleo asalariado
como fuente de rentas, en la competencia en
los mercados como espacio de interacción y
en el benecio individual como objetivo del
proceso económico.
El Community Exchange System [en línea],
principal plataforma electrónica global para
la gestión de monedas sociales y bancos de
tiempo, registra 201 iniciativas del primer
tipo y 43 del segundo en España, equivalen-
tes al 28,3% y el 22,9% del total mundial. El
Mapa de Innovación Social de Cataluña [en
línea] cartografía 550 experiencias (bancos
de tiempo, monedas sociales, grupos de
consumo, huertos urbanos, espacios auto-
gestionados, cooperativas energéticas),
mientras el Ayuntamiento de Barcelona,
cuya Área de Trabajo, Economía y Planica-
ción Estratégica asume el apoyo a estas ini-
ciativas, ha identicado 250 ejemplos (Fer-
nández y Miró, 2016). El Plan Estratégico de
la Economía Social y Solidaria de la Ciudad
de Madrid [en línea] menciona 90 casos
dentro de un extenso panorama de coope-
rativas y organizaciones del Tercer Sector. El
proyecto municipal MARES DE MADRID [en
línea], conanciado por la Unión Europea,
1 Este trabajo se encuadra en el proyecto de investiga-
ción «Espacios y prácticas económicas alternativas para
la construcción de la resiliencia en las ciudades espa-
ñolas» (2016-2018), Programa Estatal de I+D+I-RETOS
(MINECO-FEDER, referencia CSO2015-65452-R). Este
proyecto participa en la Red de Excelencia «RETURBAN-
Retos para las ciudades del siglo xxi: una agenda de
investigación para la construcción de espacios urbanos
sostenibles e innovadores» (2017- 2019). Plan Estatal de
Fomento de la Investigación Cientíca y Técnica de Ex-
celencia, referencia CSO2016-81718-REDT.
persigue la transformación urbana, social y
ambiental a través de formatos alternativos
de movilidad, alimentación, reciclaje, ener-
gía y cuidados.
La literatura sobre estas experiencias
económicas presenta dos rasgos caracte-
rísticos, uno de carácter teórico y otro de
índole metodológica. Primero, estas alter-
nativas se han estudiado desde posiciones
críticas con el capitalismo. Los textos apo-
yados en la teoría del valor-trabajo (Jonas,
2010; Lee, 2010; Mason, 2016; Banet-Wei-
ser y Castells, 2017) contraponen, como
fórmulas de distribución del valor, las alter-
nativas colaborativas y autogestionadas
con la relación salarial capitalista. La litera-
tura sobre bienes comunales (de Angelis,
2010; Noterman, 2016) reivindica la gestión
colectiva de recursos y equipamientos
esenciales (agua, suelo, alimentos, vivien-
da, espacio público) para combatir la priva-
tización neoliberal. Una tercera corriente
subraya la contribución de estas prácticas,
especialmente las ligadas a la alimentación
(Alonso et al., 2014; Barbeta, 2014), a la
construcción de un modelo socioeconómi-
co sostenible. Las teorías del decrecimiento
(Latouche, 2013; Kallis, 2017) y de los ni-
chos de transición (López et al., 2014; Nico-
losi y Feola, 2016) denuncian la depredación
de la naturaleza a manos del capitalismo y
ven en estas prácticas una prueba de la via-
bilidad de soluciones económicas menos
intensivas en carbono.
Segundo, predomina el estudio de caso
local que analiza una iniciativa concreta, o
varios ejemplos del mismo tipo ubicados en
una ciudad: mercados de productores en
Madrid (Méndez y Monteserín, 2017); gru-
pos de consumo agroecológico en Madrid
(Michelini et al., 2017), Barcelona (Barbeta,
2014) o Valencia (Moragues, 2017); espacios
autogestionados en Barcelona (Yates, 2015)
o huertos urbanos en Alicante (Espinosa et
al., 2017). Menos numerosos son los inten-
tos por caracterizar una práctica para toda
España, como los grupos de consumo
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(Alonso et al., 2014), las monedas sociales
(Hughes, 2015) o los bancos de tiempo (Va-
lor y Papaoikonomou, 2016). Los panora-
mas sobre la economía alternativa en una
ciudad se limitan a Barcelona (Conill et al.,
2012; Fernández y Miró, 2016; Suriñach,
2017), Valencia (Salom et al., 2017) y Valla-
dolid (Pascual et al., 2018). Respecto a las
técnicas de investigación, predomina el re-
curso a las entrevistas semiestructuradas,
seguidas de lejos por los grupos de discu-
sión y los períodos de observación partici-
pante. El uso de cuestionarios es minoritario
y se aplican a participantes en una experien-
cia concreta, salvo en el caso de Conill et al.
(2012).
Este artículo propone un enfoque teórico
y empírico diferente. En vez de analizar la
alternatividad desde posiciones discrepan-
tes con el capitalismo, se asume con Polan-
yi (1944) que todo proceso económico es de
naturaleza social y está sujeto al mismo con-
junto de racionalidades que las demás acti-
vidades sociales. La teoría de los órdenes o
regímenes de justicación desarrollada por
Boltanski y Thévenot en De la Justication
(1991)2, también conocida como teoría de
las convenciones, constata la pluralidad de
argumentos que utilizamos para evaluar las
conductas de personas y organizaciones y
juzgar la congruencia de las situaciones
donde unas u otras interactúan. No participa
de una valoración negativa del capitalismo
y, de hecho, se ha empleado para demostrar
que la empresa capitalista busca la rentabi-
lidad a través de la eciencia técnica y la
competencia en los mercados, pero su prác-
tica cotidiana incorpora también acciones
que fortalecen la conanza entre sus em-
pleados, la reputación de su marca, su com-
promiso con la comunidad o su aportación
a la sostenibilidad.
2 No existe traducción el español de este libro, pero sí
al inglés, aunque bastante tardía: On Justication. Eco-
nomies of Worth. Princeton: Princeton University Press,
2006.
La aplicación de un marco teórico co-
mún al estudio de mecanismos de organiza-
ción económica que se reclaman antagóni-
cos (la empresa capitalista y sus alternativas)
permitirá identicar no solamente los pun-
tos de divergencia, enfoque dominante has-
ta ahora, sino también los de conuencia,
todavía poco considerados (Argüelles et al.,
2017). A través de la teoría de los órdenes
de justicación, este artículo caracteriza la
combinación especíca de racionalidades
que distingue a las prácticas económicas
alternativas (PEA) de las empresas capita-
listas. Ambas apelan a una batería de argu-
mentos —los órdenes de justicación— po-
tencialmente útiles para todo tipo de actores
y situaciones. La alternatividad de las PEA
radicaría, así, en la construcción de una je-
rarquía propia de órdenes de justicación,
distinta a la que aplica el modelo capitalista,
pero elaborada a partir del mismo elenco de
argumentos y, por tanto, más compleja que
las referencias rituales a la cooperación, la
participación y la sostenibilidad (Barbeta,
2014; Moragues, 2017).
En el plano empírico, esta investigación
trasciende los enfoques local (todas las PEA
de una ciudad) y sectorial (una misma PEA
en varias ciudades). No pone el acento sobre
dinámicas locales ni sobre variantes especí-
cas (alimentación, intercambio…), sino so-
bre los argumentos y soluciones que las PEA
en conjunto oponen a los esquemas organi-
zativos capitalistas. Por tanto, se analizan
seis modalidades de PEA en seis ciudades
españolas, hasta sumar 55 casos a los que
se han aplicado técnicas empleadas hasta
ahora por separado.
El primer apartado presenta la teoría de
los órdenes de justicación. El segundo
propone una denición de las PEA. El terce-
ro expone la metodología y argumenta que
estas prácticas conceden prioridad a los
órdenes de justicación doméstico, ecoló-
gico y cívico, sin ignorar por completo los
órdenes industrial, comercial, público y de
la inspiración que guían la praxis capitalis-
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110 Los órdenes de justicación como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas
ta. Las conclusiones recogen los aspectos
fundamentales y proponen nuevas líneas de
trabajo.
La teoría de Los órdenes
o regímenes de justIfIcacIón
La teoría de los órdenes de justicación sos-
tiene que las personas recurrimos a diversos
tipos de argumentos para juzgar la pertinen-
cia de la conducta propia, de la conducta
ajena y de las situaciones que componen la
vida cotidiana. Nuestra necesidad de dotar
de sentido a las acciones que conforman las
relaciones interpersonales habría dado lugar,
según esta sociología pragmática, a la cons-
trucción interactiva de unos marcos de refe-
rencia denominados órdenes o regímenes de
justicación. Se trata de subconjuntos cohe-
rentes de valores, normas, convenciones,
actos y objetos mediante los cuales los indi-
viduos construyen, en un proceso iterativo,
expectativas ables sobre lo que se espera
de ellos y lo que pueden esperar de los de-
más en las situaciones en que participan a
diario. Proporcionan criterios para evaluar el
mérito de las personas y para calicar las si-
tuaciones y la calidad de los objetos que las
constituyen. Operan como reductores de la
incertidumbre, legitiman el comportamiento
propio y sustentan el juicio que merecen los
comportamientos ajenos.
El texto fundacional distingue seis órde-
nes de justicación: de la inspiración, indus-
trial, del mercado, doméstico, de la opinión
(o la fama, o público) y cívico; Lafaye y Thé-
venot (1993) añadieron después el orden
ecológico. En el primero de ellos, el sujeto no
invoca un orden terrenal (es decir, social)
para justicar sus acciones, sino que las le-
gitima como inspiradas por fuerzas sobrena-
turales, únicas ante las cuales se siente res-
ponsable. En el orden industrial, dominado
por los objetos técnicos y los métodos cien-
tícos, las personas son juzgadas por su
cualicación profesional y sus actos deben
contribuir al funcionamiento ecaz de unos
sistemas de producción de los que se espe-
ra un rendimiento estable. En el régimen del
mercado, la acumulación de riquezas es el
patrón de referencia y la competencia por
conseguirlas se convierte en conducta ple-
namente aceptable para satisfacer el afán
individual de lucro. En el orden doméstico, se
exige respeto a los vínculos interpersonales
en un contexto de proximidad física donde el
individuo no puede ser concebido al margen
de su pertenencia a una red de personas de-
positarias de la conanza del grupo. Al con-
trario, en el régimen público son acciones
legítimas las que otorgan reconocimiento al
individuo fuera de su círculo íntimo, en el te-
rreno de la fama y la aprobación por parte de
un elevado número de desconocidos. El or-
den de justicación cívica enjuicia las perso-
nas y las acciones según su contribución al
bien común y al desarrollo de un espacio
público (material o institucional) que garanti-
ce la libre participación ciudadana. Por últi-
mo, se apela al orden ecológico cuando se
censura el impacto de las acciones indivi-
duales o colectivas sobre la naturaleza, o se
ensalza su aportación a la sostenibilidad am-
biental.
La empresa mercantil sirve a Boltanski y
Thévenot para demostrar que la vida de las
organizaciones no está sujeta a un único or-
den de justicación. Toda compañía necesita
conciliar los imperativos centrales de cada
uno de ellos: debe ser inspirada (o innovado-
ra, en términos actuales), ecaz, rentable,
cohesionada, prestigiosa, comprometida y
sostenible. La gestión de exigencias tan plu-
rales, cuando no opuestas, es fuente de con-
ictos internos y externos que se resuelven
mediante acuerdos o compromisos inesta-
bles entre órdenes de justicación divergen-
tes. De la Justication dedica muchas pági-
nas a enumerar las críticas que desde cada
orden se dirigen a los demás y los acuerdos
que pueden alcanzarse mediante la articula-
ción negociada de argumentos procedentes
de diversos órdenes.
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Por motivos de espacio no se puede dar
aquí cuenta íntegra de esta discusión, pero
sí de su trascendencia para el estudio de la
economía en su marco social. Los circuitos
de valor (integrados por productores, distri-
buidores, consumidores y reguladores) ope-
ran como marcos cognitivos de interacción
social donde se negocian los atributos que
deben incorporar los productos. La evalua-
ción de su calidad ya no depende solamente
de cualidades industriales (duración, abili-
dad) y comerciales (precio, utilidad). Intervie-
nen, en proporción creciente, criterios do-
mésticos (tradición, origen local), públicos
(marca, logotipo), cívicos (respeto a la nor-
mativa, compromiso con la comunidad) y
ecológicos (reciclaje, bienestar animal). Por
tanto, las empresas transmiten al consumi-
dor un discurso que incorpora todos estos
componentes, aunque cada una lo adecúa a
las particularidades de su producto y de su
nicho de mercado.
Esta teoría ha amparado una nutrida línea
de investigación sobre la gestión de este plu-
ralismo. La corporación debe alcanzar com-
promisos que conjuguen elementos de los
distintos órdenes de justicación; pero tam-
bién debe comunicar tales compromisos a la
sociedad para cumplir con la regulación y
con las expectativas de unos consumidores
crecientemente segmentados y exigentes
(Alonso, 2009). Cloutier y Langley (2013) re-
visan investigaciones que analizan estos
compromisos en compañías dedicadas a la
generación de energía nuclear, el cuidado de
personas mayores, la elaboración de que-
sos, la asesoría legal o la evaluación de ser-
vicios turísticos. Los cambios organizativos
de estas empresas para adaptar su producto
y su imagen a las tendencias del mercado se
interpretan como un proceso de adopción de
argumentos domésticos y ecológicos. Jagd
(2011) revisa otras contribuciones que apli-
can estas ideas a organizaciones públicas
(hospitales, universidades, escuelas) y en-
cuentran que su estructura interna no esca-
pa a las exigencias de los órdenes industrial,
comercial y público, aunque su misión está
imbuida de propósitos cívicos.
En cuanto a los circuitos de valor como
espacio social de negociación de la calidad
de los productos, la teoría de los órdenes de
justicación se ha utilizado para interpretar
las transformaciones del sistema agroali-
mentario de los países desarrollados (Ponte,
2016, para una revisión), puesto que la ali-
mentación es una de las necesidades huma-
nas más modeladas por factores naturales y
culturales. Esta literatura arranca de la crítica
a los alimentos elaborados por las corpora-
ciones globales y distribuidos por las cade-
nas de supermercados. Este régimen ali-
mentario industrial, del mercado y de la fama
sería responsable del deterioro de la artesa-
nía tradicional, del comercio de proximidad,
de la salud humana y del medio natural. La
respuesta consiste en una justicación de la
calidad alimentaria elaborada con argumen-
tos domésticos, cívicos y ecológicos, encar-
nada en redes alimentarias alternativas
(Whatmore y Thorne, 1997), fundamentadas
sobre la proximidad geográca entre pro-
ductores y consumidores, la distribución
equitativa del valor y la sostenibilidad del cir-
cuito.
Este artículo avanza en esta línea de in-
vestigación al aplicar la teoría a mecanismos
de organización económica que no tienen el
grado de formalización de las corporaciones
ni la complejidad de las cadenas de valor,
sino que comparten los objetivos domésti-
cos, cívicos y ecológicos de las redes ali-
mentarias alternativas.
ProPuesta de defInIcIón
de Las PráctIcas económIcas
aLternatIvas
La bibliografía revisada enumera hasta se-
senta modalidades alternativas de organiza-
ción económica. Sin embargo, no ofrece una
denición que facilite su identicación empí-
rica, tarea que se aborda en este apartado
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112 Los órdenes de justicación como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas
partiendo de los tres términos del concepto
prácticas económicas alternativas.
El término prácticas designa formas orga-
nizativas muy poco institucionalizadas, ca-
rentes casi siempre de personalidad jurídica.
A lo sumo, sus miembros constituyen aso-
ciaciones para satisfacer exigencias básicas
como el alquiler de un local de encuentro o
el contrato del suministro eléctrico. Su órga-
no rector es la asamblea, abierta a todos los
integrantes y donde las decisiones se toman
por consenso, no por mayoría.
Estas prácticas son económicas porque
producen, distribuyen o consumen bienes o
servicios, o bien nancian estas funciones.
Como el capitalismo, pretenden satisfacer
necesidades humanas. No obstante, las PEA
proponen soluciones cooperativas (no com-
petitivas) para cubrir necesidades expresa-
das a través del mercado, pero también otras
que permanecen recluidas en el ámbito do-
méstico y, desde la óptica capitalista, no for-
man parte de la economía porque se satisfa-
cen sin mediación de transacciones
mercantiles. La economía alternativa conce-
de prioridad al valor de uso (reutilización,
reparación, trueque, obsequio) frente al valor
de cambio (precio, crédito) y aspira a servir a
las personas en toda su integridad, no a con-
vertirse en un n que deba ser alimentado
mediante el crecimiento permanente de la
producción.
La noción de alternatividad es relacional:
se es alternativo respecto de algo que se tie-
ne por convencional o mayoritario, en este
caso, el capitalismo, particularmente su ac-
tual versión neoliberal, global y nanciariza-
da. Cabe identicar tres actitudes críticas
hacia el capitalismo: oposición (anticapitalis-
mo), transformación (neocapitalismo) y su-
peración (postcapitalismo).
El anticapitalismo practica una oposición
activa porque se nutre de las críticas marxis-
ta, anarquista, feminista y ecologista, que
conciben al capitalismo como un sistema
explotador, opresor, excluyente y depreda-
dor. Las tendencias transformadoras, sin
cuestionar la propiedad privada o la asigna-
ción de recursos a través del mercado, pro-
ponen esquemas organizativos capaces de
corregir los efectos más perniciosos del ca-
pitalismo sobre la sociedad o la naturaleza.
El postcapitalismo cuestiona el capitalocen-
trismo, cosmovisión que dominaría nuestra
forma de pensar la economía y según la cual
el capitalismo es el único sistema económico
viable en el mundo contemporáneo. Esta co-
rriente recuerda que, en la vida diaria, satis-
facemos muchas necesidades gracias a
prácticas no competitivas ni mercantiles que
deben difundirse para detener la penetración
social de las relaciones capitalistas.
A esta discusión debe añadirse una di-
mensión geográca. El concepto de varieda-
des del capitalismo (angloamericano, asiáti-
co, continental europeo; Hall y Soskice, eds.,
2001) recuerda que no se trata de un sistema
monolítico e independiente de las especici-
dades de las sociedades y culturas donde
arraiga. Esta distinción no puede eludirse en
una denición de la alternatividad: si el capi-
talismo adopta conguraciones geográca-
mente diferenciadas, sus alternativas pue-
den diferir según el contexto institucional. Es
el caso de las empresas cooperativas, aso-
ciadas en los Estados Unidos a la izquierda
radical (Noterman, 2016) y carentes de esa
connotación en la Europa mediterránea, por
ejemplo en el sector agrario.
Las prácticas económicas alternativas
pueden denirse, entonces, como mecanis-
mos de coordinación económica que se ri-
gen por principios de autonomía, reciproci-
dad y democracia directa, promueven valores
no competitivos (sostenibilidad, coopera-
ción, equidad) y pretenden eliminar, transfor-
mar o superar la variedad de capitalismo he-
gemónica en su marco geográfico de
actuación. Caben dos modelos de organiza-
ción espacial: operar en un ámbito local (ba-
rrio, ciudad) con espacios físicos de encuen-
tro para los participantes, o bien formar
redes regionales, nacionales o internaciona-
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les sin necesidad de contacto presencial en-
tre los integrantes.
Este trabajo se centra en el primero, de-
jando fuera experiencias como el comercio
justo o la banca ética, por dos razones princi-
pales. Primera, la voluntad de construir comu-
nidades democráticas y sostenibles se tradu-
ce en la formación de grupos pequeños que
buscan la proximidad física para estimular la
conanza y minimizar los desplazamientos
(Conill et al., 2012; Moragues, 2017; Suriñach,
2017). Segunda, su ideal de una economía
con valores las convierte en objeto de estu-
dio idóneo para una teoría de vocación ho-
lística, interesada por las situaciones mate-
riales creadas en los espacios de encuentro
donde se negocian, bajo condiciones débil-
mente formalizadas, los compromisos entre
órdenes de justicación que exige el funcio-
namiento congruente de cada iniciativa.
La PLuraLIdad de órdenes de
justIfIcacIón en Las PráctIcas
económIcas aLternatIvas
Metodología
Esta investigación se ha desarrollado en
seis ciudades españolas según una meto-
dología coordinada. Se confeccionó prime-
ro un inventario de las PEA de carácter co-
presencial operativas en cada ciudad,
abarcando las categorías propuestas por
Conill et al. (2012), a partir del conocimiento
de cada equipo local de investigación sobre
su ciudad y del rastreo adicional en Internet.
Se seleccionaron como objeto de estudio
las seis modalidades más frecuentes y di-
fundidas a n de recoger, para cada una,
datos de distintas localidades y reducir así
el efecto del contexto local sobre los resul-
tados globales.
Después se confeccionó un manual me-
todológico para cada tipo de PEA, com-
puesto por una denición de los criterios
que debe cumplir cada caso individual, una
cha de toma de datos, un guion de entre-
vista semiestructurada y un cuestionario es-
tandarizado: estas tres últimas herramientas
constan de preguntas comunes a las seis
clases de PEA y de otras especícas para
cada una. El trabajo de campo consistió en
entrevistas con las personas designadas al
efecto por los participantes en cada PEA.
Durante las entrevistas se cumplimentó la
cha de datos (fecha de fundación, número
de implicados, actividades organizadas y su
frecuencia…) y se solicitó la distribución del
cuestionario a los participantes, con la op-
ción de rellenarlo en un impreso o a través
de un formulario en línea.
Entre mayo y diciembre de 2017 se reca-
baron datos de 55 experiencias: cuatro ban-
cos del tiempo (BT), ocho centros sociales
autogestionados (CSA), veintiún grupos de
consumo agroecológico (GCA), trece huertos
urbanos (HU), siete mercados de producto-
res o de trueque (MPT) y dos iniciativas de
moneda social (MS). Están representadas
todas las fases del ciclo económico (produc-
ción, distribución, consumo y nanciación),
más un espacio de ocio y encuentro (CSA).
Los casos se distribuyen entre Valladolid
(24), Salamanca (11), Zaragoza (6), León (5),
Alicante (5) y Oviedo (4).
Sobre un total de 4.202 personas impli-
cadas en estas PEA, se obtuvieron 389
cuestionarios, de modo que los resultados
son estadísticamente signicativos para un
nivel de conanza del 95% y un margen de
error del 5% (tamaño mínimo de muestra
requerido de 349 respuestas). La muestra
está integrada por un 53% de mujeres, la
edad media se sitúa en 48,1 años y el 92,5%
posee nacionalidad española. Su nivel edu-
cativo (tabla 1) es elevado (61,9% con estu-
dios universitarios o postuniversitarios),
congruente con un alto grado de inserción
laboral (66,7% de ocupados) y la pertenen-
cia a hogares con un nivel de renta medio o
medio-alto: el 43,7% declara ingresar entre
20.000 y 40.000 euros anuales, siendo
26.730 euros el promedio español en 2016,
según el INE.
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114 Los órdenes de justicación como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas
Los resultados de estos cuestionarios
ayudarán a situar en un contexto más amplio
el contenido de las once entrevistas semies-
tructuradas grabadas en Salamanca a PEA
de los seis tipos, previo consentimiento de
los interlocutores. Su duración oscila entre
40 y 70 minutos y se transcribieron literal-
mente para codicar después los pasajes
referidos a los siete órdenes de justicación
con el software N-Vivo. Las restantes 44 en-
trevistas, también transcritas, no se utilizan
por tres razones. Primera, porque dada la
perspectiva transversal de este trabajo, el
nivel de saturación se alcanza con estas
once entrevistas, según se ha constatado
tras la lectura de las demás transcripciones.
Segunda, porque durante el trabajo de cam-
po los autores tuvimos oportunidad de ob-
servar o participar en distintas actividades
de estas once PEA, accediendo a una abun-
dante información contextual de la que care-
cemos para los otros casos. Esta participa-
ción estuvo siempre sujeta a la autorización
previa de las asambleas de las PEA cuando
se trataba de actividades para sus integran-
tes, como los repartos de pedidos o las pro-
pias asambleas. Asistimos a las actividades
abiertas (ferias, mercados, mesas redondas)
como parte del público, recogiendo folletos
informativos y tomando fotografías y notas
de campo debidamente transcritas en un
diario. Tercera, porque toda esta información
se ha completado con la observación quin-
cenal de los espacios virtuales de estas once
PEA, que alojan abundantes datos sobre su
trayectoria, objetivos y actividades. El mate-
rial recabado por métodos presenciales o
virtuales ha sido fundamental para enrique-
cer el contenido de las once entrevistas y
situar la acción alternativa en espacios físi-
cos y sociales concretos, así como para
constatar el signicado de las situaciones
materiales en la construcción de los compro-
misos entre órdenes de justicación, como
subraya el marco teórico.
Resultados
Asumiendo cierto grado de simplicación,
entendemos que los órdenes de justicación
industrial y del mercado, complementados
con el público y el de la inspiración-innova-
ción, sustentan el funcionamiento de las em-
presas capitalistas contemporáneas. Ello no
impide reconocer la difusión de las políticas
de responsabilidad social corporativa, im-
pregnadas de valores cívicos y ecológicos, y
de técnicas de gestión de recursos humanos
orientadas al fortalecimiento de los lazos in-
terpersonales en las plantillas (orden domés-
tico) con vistas, eso sí, a aumentar su pro-
ductividad y su compromiso con la rma
(Valenzuela y Molina, 2013).
Las PEA se reclaman alternativas frente a
este arquetipo. Los datos demuestran que
también apelan a los siete órdenes de justi-
cación. No en vano tienen un propósito eco-
nómico y comparten el contexto social y
taBLa 1. Perl de las personas participantes en 55 prácticas económicas alternativas en España
Estudios completados
(n=378) % Actividad (n=378) % Renta anual del hogar (euros)
(n=343) %
Primario 14,0 Jubilado 15,9 < 10.000 15,5
Bachillerato 11,6 Estudiante 11,6 10.000-20.000 30,9
Formación profesional 12,4 Desempleado 5,8 20.000-40.000 43,7
Universitario (graduado o
licenciado) 45,2 Empleado 66,7 40.000-60.000 7,6
Máster o doctorado 16,7 > 60.000 2,3
Fuente: Explotación de los datos del cuestionario.
José Luis Sánchez-Hernández y Lourdes Moro-Gutiérrez 115
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, Julio - Septiembre 2019, pp. 107-124
espacial con rmas capitalistas. La diferen-
cia radica, pues, en la dispar combinación de
órdenes de justicación dominante en cada
modelo.
La justicación doméstica
El reducido tamaño medio de las PEA (76,4
miembros para los 55 casos, 37,7 en Sa-
lamanca) es fundamental para forjar una co-
munidad de iguales basada en la conanza
interpersonal y la participación directa en la
toma de decisiones, una reivindicación capi-
tal de los participantes (tabla 2, armación
11). La asamblea (entre mensual y semanal),
a la que son convocados todos los integran-
tes para supervisar la marcha de la iniciativa,
facilita el contacto regular y el ejercicio de
una democracia fundamentada en el con-
senso. Es unánime el rechazo a la votación
para resolver las discrepancias: se opta
siempre por la deliberación para alcanzar la
unanimidad y evitar sentimientos de exclu-
sión entre los asistentes.
Estas asambleas se celebran en la sede
de la PEA. El espacio alternativo constituye
parte integral de la comunidad y aparece de-
corado con motivos alusivos a su actividad.
Varios interlocutores admiten que su peque-
ña supercie limita el crecimiento del colec-
tivo o la mejora de su funcionamiento. Sin
embargo, la adhesión de nuevos miembros
no se cita como prioridad, hasta el punto de
que los GCA establecen un número máximo
de participantes, rebasado el cual se proce-
de a fundar un nuevo grupo.
Este sentido de comunidad se refuerza
con la celebración de actividades comple-
mentarias (comidas comunitarias, mercados
de trueque, talleres formativos) o visitas a los
productores de los GCA para desmercantili-
zar la relación y establecer lazos personales.
taBLa 2. Actitudes de los participantes en las prácticas económicas alternativas
Armaciones Media de las
puntuaciones
Para mí es importante…
1 ayudar a otras personas y mostrarme generoso con ellas 4,0
2 tener éxito personal y que los demás reconozcan mis logros 2,2
3 ganar mucho dinero y tener muchas cosas 1,5
4 tener autonomía para desarrollar mis propias ideas 3,8
5 cumplir las normas establecidas en cada situación 2,8
6 cuidar mi salud y mi alimentación 4,0
En mi opinión…
7 la organización de la economía debe basarse en las empresas privadas 1,7
8la competencia entre las personas es buena porque estimula el esfuerzo y la innovación 2,3
9 se puede conar en la mayoría de las personas, no solo en amigos y familiares 3,4
10 el crecimiento económico y la creación de empleo son más importantes que la protec-
ción del medio ambiente
1,7
11 es necesario desarrollar formas de democracia más participativa 4,4
Fuente: Explotación de los datos del cuestionario.
Nota: Respuestas a la pregunta «Señale con una “X” su grado de conformidad con las siguientes armaciones, mediante
una puntuación de 1 a 5, donde 1 es “Nada de acuerdo” y 5 es “Totalmente de acuerdo”».
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, Julio - Septiembre 2019, pp. 107-124
116 Los órdenes de justicación como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas
Ahora bien, la contribución de los miem-
bros a la autogestión es objeto de debate
interno. Los participantes sostienen que es
importante ayudar a otras personas y que
estas son merecedoras de conanza (tabla
2, armaciones 1 y 9). No obstante, los en-
trevistados admiten cierta división entre
unos pocos participantes muy comprometi-
dos y otros que asumen las tareas mínimas
obligatorias, con la consiguiente dicultad
para asegurar el funcionamiento del grupo.
La justicación cívica
El vínculo doméstico construido sobre la
asamblea y la sede sustenta un espacio cívi-
co o ciudadanía alternativa sujeta al cumpli-
miento de ciertas normas aprobadas por
unanimidad. Las modalidades mayores y
más estructuradas (BT, GCA, MS) disponen
de reglamentos escritos, accesibles en sus
webs, que denen a los integrantes como
«socios» o «miembros», titulares de unos de-
rechos y deberes en ese espacio colectivo.
Propuestas antiautoritarias como los CSA
rechazan esta forma de coerción, pero mues-
tran en su web las normas de comporta-
miento o exhiben en la sede listas de con-
ductas que juzgan inapropiadas. En este
espacio cívico alternativo es posible desarro-
llar una existencia autónoma respecto de los
modelos socioeconómicos convencionales,
aspiración altamente valorada entre los im-
plicados (tabla 2, armaciones 4 y 5).
Los HU, MPT y CSA están funcionalmen-
te ligados a su sede física (solar, plaza, local)
y añaden al espacio participativo la voluntad
de transformar las relaciones sociales en su
entorno inmediato a través de su cometido
principal (HU, MPT), o de las propuestas de
contracultura que acogen los CSA, cuyos
locales suelen cederse para encuentros de
colectivos ecologistas, feministas o anticapi-
talistas. Los BT, interesados en la recupera-
ción de las redes vecinales de ayuda mutua,
quieren desmercantilizar las relaciones de
proximidad con su sistema de intercambio
de servicios entre iguales. Los GCA, nal-
mente, expresan su compromiso con el man-
tenimiento de la población rural adquiriendo
alimentos a productores independientes de
los grandes supermercados.
Las respuestas al cuestionario corrobo-
ran este propósito transformador. El motivo
más citado para participar en la PEA es me-
jorar la sociedad, seguido de la crítica a la
economía convencional (tabla 3, respuestas
4 y 5). Entre las ventajas personales que re-
porta dicha participación, la construcción
de una alternativa económica ocupa el se-
taBLa 3. Motivos de participación en prácticas económicas alternativas
MOTIVOS (nº menciones) Nº %
1Puedo acceder a bienes y servicios gratuitos o más baratos 124 11,75
2Me permite participar en actividades diferentes 111 10,52
3Me relaciono con gente diversa 151 14,31
4Contribuyo a mejorar la sociedad 259 24,55
5Cuestiono la economía convencional 224 21,23
6Ayudo a transformar mi barrio 91 8,63
7Me gusta dedicar mi tiempo a esta actividad 95 9,00
Total 1.055 100,00
Fuente: Explotación de los datos del cuestionario.
Nota: Respuestas a la pregunta «¿Por qué participa en esta actividad? Elija un máximo de TRES motivos».
José Luis Sánchez-Hernández y Lourdes Moro-Gutiérrez 117
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, Julio - Septiembre 2019, pp. 107-124
gundo lugar y la mejora de las condiciones
locales de vida el tercero (tabla 4, respues-
tas 5 y 7). En segundo plano queda el inte-
rés por transformar el barrio donde se loca-
liza la PEA. Estos resultados concuerdan
con la denición de las PEA como instru-
mento para avanzar hacia una sociedad di-
ferente.
Esta vertiente interna y externa de la jus-
ticación cívica alternativa no exime del
cumplimiento de otras obligaciones cívicas
impuestas por el Estado y el capitalismo,
como el pago del alquiler y mantenimiento
de los locales. Las iniciativas más complejas
(BT, MS, MPT) han constituido asociaciones
legalizadas que rman los correspondientes
contratos. Otras PEA emplean locales cedi-
dos por sindicatos o parroquias, y les com-
pensan por los gastos con dinero en efectivo
detraído de su actividad; otra opción consis-
te en que un participante ostente la titulari-
dad del contrato y abone las mensualidades
con fondos generados por la PEA o aporta-
dos equitativamente por los implicados
(CSA, HU). Cuando el espacio cívico alterna-
tivo topa con normas comunes a toda la ciu-
dadanía, se hace preciso alcanzar compro-
misos que concilien la delidad al ideario
original con el cumplimiento de ciertas obli-
gaciones ineludibles.
La justicación ecológica
La construcción de un modelo socioeconó-
mico respetuoso con la naturaleza es un ob-
jetivo nuclear de las PEA: la protección del
medio ambiente se considera más importan-
te que el crecimiento económico y la crea-
ción de empleo (tabla 2, armación 10) y la
principal ventaja asociada a participar en una
PEA es la de cuidar el medio ambiente (4,2
puntos, tabla 4).
Los implicados en HU, GCA y MPT de-
sean consumir alimentos de proximidad ob-
tenidos por medios naturales que excluyan
el sufrimiento animal y los tratamientos quí-
micos: el cuidado de la salud mediante la
alimentación recibe una valoración tan alta
como la colaboración con los demás (4,0
puntos, tabla 2, armación 6). Cuestionan, sin
embargo, los sellos ecológicos ociales por-
que el coste de la certicación es demasiado
gravoso para productores pequeños y com-
prueban el manejo agrológico de los produc-
tores en visitas periódicas. Los alimentos
vendidos en los MPT suelen carecer también
de estos certicados y reivindican su proce-
taBLa 4. Valoración de las ventajas asociadas a la participación en prácticas económicas alternativas
Ventajas Media de las
puntuaciones
1 Ahorro dinero 2,6
2 Cubro mis necesidades materiales 2,8
3 Mejoro mi autoestima personal 3,1
4 Me siento más integrado/a en el barrio 2,8
5 Mejoro las condiciones de vida en mi entorno 3,9
6 Combato la exclusión social en mi entorno 3,1
7 Contribuyo a crear una alternativa al sistema económico dominante 4,1
8 Cuido el medio ambiente 4,2
Fuente: Explotación de los datos del cuestionario.
Nota: Respuestas a la pregunta «¿Qué importancia tienen para usted las siguientes ventajas de participar en esta actividad?
Señale con una X la casilla correspondiente, mediante una puntuación de 1 a 5, donde 1 es “Nada importante” y 5 es
“Muy importante”».
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, Julio - Septiembre 2019, pp. 107-124
118 Los órdenes de justicación como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas
dencia local o artesana. Los HU funcionan
como espacios de socialización y transmi-
sión de saberes tradicionales entre personas
mayores de origen rural y jóvenes urbanos
deseosos de consumir hortalizas sin añadi-
dos químicos. Estos argumentos combinan
la justicación ecológica con la doméstica
para contestar a las estrategias capitalistas
que mercantilizan la crítica a los alimentos
industrializados. Los CSA, por su parte, son
espacios antiespecistas, acogen comedores
veganos para recaudar fondos y programan
talleres de reparación y reciclado de bicicle-
tas, ropa o muebles.
Sin embargo, el ideal ecodoméstico de un
abastecimiento integral de alimentos natura-
les y locales suministrados por pequeños
agricultores también padece restricciones.
Los GCA de Salamanca adquieren alimentos
en provincias como Valencia, Murcia, Grana-
da, Cáceres, Burgos o Palencia porque la
oferta de proximidad es insuciente y las
condiciones naturales impiden la producción
local de cítricos, arroz o pescado. Los CSA
reconocen carecer de fondos para adquirir
alimentos orgánicos y los reemplazan por
frutas y verduras compradas en el comercio
del barrio, compromiso que sustituye la jus-
ticación ecológica por la doméstica.
La justicación industrial
Las PEA procuran funcionar de manera e-
ciente. La periodicidad de sus asambleas
establece una rutina de cumplimiento más o
menos obligado. Los pedidos de los GCA se
tramitan en un impreso normalizado y se re-
cogen siempre el mismo día y hora en la
sede. El proceso es supervisado por un gru-
po rotatorio de voluntarios que centraliza los
pedidos y transmite el encargo a los produc-
tores. La MS distribuye un boletín electrónico
mensual de ofertas de bienes o servicios para
su pago en ecos. Los CSA publican en sus
blogs el calendario semanal de apertura y
actividades. Los HU siguen un diseño previo
de distribución de los cultivos, periodicidad
del riego y tratamiento de las plantas. Los
MPT reservan al comité organizador la dis-
posición de los puestos de venta y la provi-
sión de la infraestructura de funcionamiento.
De nuevo, las iniciativas de mayor dimen-
sión requieren procedimientos estandariza-
dos de gestión: BT y MS se apoyan en plata-
formas digitales que conectan a oferentes y
demandantes, les permiten acordar los térmi-
nos del intercambio, registran las transaccio-
nes efectuadas y calculan el saldo de cada
usuario. El BT dispone de un sistema de che-
ques que los usuarios deben entregar en la
secretaría, gestionada por una asociación que
supervisa la calidad de los intercambios me-
diante una llamada telefónica al receptor.
Sin embargo, la reticencia de los partici-
pantes ante la deshumanización inherente a
los métodos industriales frena su implanta-
ción: la determinación de un número máxi-
mo de miembros que garantice la conanza
mutua es la salvaguarda más extendida.
Las entrevistas reeren debates como la
eventual sustitución de los nombres por nú-
meros en las cestas de un GCA: aunque se
reconocía que agilizaría la distribución de
los pedidos, implicaba una pérdida de reco-
nocimiento personal que no fue aceptada
por la asamblea.
La justicación pública
Las PEA no pretenden aislarse del resto de
la sociedad, pese a la primacía de los argu-
mentos domésticos. Su afán de transforma-
ción social y ambiental se plasma en accio-
nes orientadas a divulgar su tarea y cultivar
una buena reputación.
Diez de las once PEA analizadas mantie-
nen uno o más espacios virtuales (blogs,
páginas de Internet o Facebook) donde in-
forman sobre sus objetivos y actividades.
Incluyen, además, enlaces a las páginas de
otras PEA de Salamanca, indicio de la exis-
tencia de una red de personas que dinami-
zan la escena alternativa local: el 49,6% de
los encuestados señaló participar en otra
de las modalidades de PEA contempladas
José Luis Sánchez-Hernández y Lourdes Moro-Gutiérrez 119
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, Julio - Septiembre 2019, pp. 107-124
en esta investigación. Estas páginas tam-
bién permiten a terceras personas comuni-
carse con la PEA mediante una dirección de
correo electrónico, alojada en un servidor
comercial o gestionada por comunidades
digitales sin ánimo de lucro (autistici.org,
riseup.net). También se han documentado
acciones de difusión convencionales, como
la distribución de folletos en las actividades
ordinarias o la apertura de estas a toda per-
sona interesada, sobre todo en los CSA y
las ferias de la MS. El cuidado diseño de la
cartelería de las sedes transmite una ima-
gen creativa y original.
Con todo, esta divulgación parece enfo-
cada hacia las personas involucradas en esa
escena local, que conformarían una comuni-
dad alternativa extendida. En las entrevistas
se reconoce cierta discreción en la organiza-
ción de actividades con repercusión pública
que pudieran atraer la atención de las auto-
ridades municipales, dado el carácter alegal
y no lucrativo de los ejemplos estudiados
(salvo los MPT). Además de los argumentos
domésticos y de la crítica a los procesos in-
dustriales, los principios cívicos internos
comprometen la proyección pública de las
PEA, en detrimento de su capacidad para
captar recursos indispensables.
La justicación del mercado
La relación con el mercado, espacio de la
competencia y la rentabilidad, concentra las
tensiones derivadas de la inserción de las
PEA en una sociedad capitalista. Los partici-
pantes no están preocupados por el éxito
personal ni la riqueza material (tabla 2, ar-
maciones 2 y 3). Desaprueban la competen-
cia como patrón de conducta social y la em-
presa privada como protagonista de la
economía (tabla 2, armaciones 7 y 8). Solo
el 11,75% admite participar en una PEA para
beneciarse de precios baratos (tabla 3, res-
puesta 1), así que el ahorro de dinero o la
cobertura de necesidades materiales no re-
presentan ventajas signicativas (tabla 4,
respuestas 1 y 2).
En consonancia con estos planteamien-
tos de una economía para las personas, las
PEA que manejan una divisa propia (MS y
BT) establecen límites a los saldos deudores
o acreedores de los participantes. Pretenden
que la moneda no se acapare, sino que cir-
cule en un ujo continuo de intercambios
que sostenga la iniciativa y alimente el espí-
ritu de comunidad. La moneda recupera su
función como medio de pago, unidad de
cuenta y depósito de valor, pero se la despo-
ja del atributo neoliberal de instrumento es-
peculativo.
También se admite el benecio ajeno en
las transacciones con los productores
(GCA, MPT), pero la jación de precios no
resulta de una negociación entre las partes.
Las asambleas aceptan los precios que pi-
den los productores porque, apelando al
argumento doméstico, asumen que se trata
de una cantidad justa que, a los costes ob-
jetivos, añade una ganancia digna, pero in-
compatible con el lucro. De hecho, algunos
productores no fueron admitidos en los
GCA por su afán de aumentar las ventas o
por reclamar precios que las asambleas re-
chazaron por excesivos.
Ahora bien, este mercado eco-cívico-
doméstico no es replicable en determinadas
facetas críticas para la supervivencia de las
PEA. Estas deben ser rentables, en el senti-
do de generar un ujo de ingresos en mone-
da legal que excede la cantidad imprescin-
dible para nanciar su función principal.
Dichos ingresos proceden de cuotas perió-
dicas abonadas por los socios o de activi-
dades organizadas al efecto y que, en oca-
siones, se anuncian en la esfera pública
para atraer asistentes y fondos adicionales.
Estas opciones implican una transferencia
directa de renta personal desde los miem-
bros a la iniciativa, congruente con su com-
promiso con la comunidad, pero al mismo
tiempo signican una aceptación tácita del
benecio que reclaman los actores econó-
micos externos.
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, Julio - Septiembre 2019, pp. 107-124
120 Los órdenes de justicación como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas
En caso de disponer de un local alquila-
do, tales aportaciones voluntarias resultan
crónicamente insucientes para sufragar los
gastos jos. La observación de campo y de
los espacios digitales detecta soluciones
mercantiles para rentabilizar la sede, como
su alquiler para actividades formativas alter-
nativas, o el espacio público donde desarro-
llan su actividad, caso del patrocinio de
puestos en los MPT. La reticencia ideológica
a la relación salarial tampoco es óbice para
el abono de pequeñas cantidades a las per-
sonas que cargan con tareas de gestión, -
nanciadas con una tasa adicional sobre el
importe del pedido semanal (GCA).
La justicación de la inspiración
Este contexto, tan condicionado por argu-
mentos de naturaleza colectiva, alberga cier-
tos resquicios para la libertad individual, co-
rrespondiente con el orden de la inspiración
y reclamada por los participantes. Mejorar la
autoestima personal es una ventaja bien va-
lorada (tabla 4, respuesta 3) y los motivos
que expresan el deseo de disfrutar del propio
tiempo (tabla 3, respuestas 2, 3 y 7) son se-
cundarios frente a las de índole socioeconó-
mica, pero no irrelevantes.
Las PEA constituyen un espacio autóno-
mo y autogestionado. El rechazo a la domi-
nación entre personas, más el derecho de
todo participante a que se discutan sus pro-
puestas en las asambleas, aseguran un en-
torno estable donde cubrir esas aspiraciones
de autorrealización y transformación. Así lo
reconocen los implicados cuando, pregunta-
dos por su satisfacción con el funcionamien-
to de la PEA, otorgan una valoración media
de 4,0 puntos sobre 5, con un máximo de 4,2
(CSA) y un mínimo de 3,8 (HU).
No obstante, la institución del consenso
como principio de toma de decisiones le-
vanta una barrera estructural a la traducción
de ideas nuevas en medidas concretas re-
lativas al funcionamiento de la PEA o a su
relación con el entorno. Varios de los casos
estudiados se desgajaron de otras PEA por
discrepancias sobre la orientación que es-
tas iban adquiriendo. La búsqueda de la
unanimidad puede representar un obstácu-
lo para reajustar la jerarquía de órdenes de
justicación ante retos como los altibajos
del número de participantes, la introducción
de otros métodos de gestión, la ampliación
de la variedad de productos/servicios cana-
lizados o el cumplimiento de requisitos ad-
ministrativos. El rechazo del liderazgo y la
jerarquía transere el poder al grupo a ries-
go de desaprovechar, hasta cierto punto, el
poder transformador que puedan albergar
determinadas personas y propuestas.
Una compleja jerarquía alternativa
de órdenes de justicación
Las justicaciones doméstica, ecológica y
cívica conforman el núcleo argumentativo
de las PEA, pero no garantizan por sí solas
su viabilidad. Deben recurrir a los órdenes
más próximos al capitalismo (mercantil, in-
dustrial y público) para subsanar las compli-
caciones que emergen cuando los esque-
mas alternativos topan con sus límites
internos o con la presión externa. Como
postula la teoría, estas contradicciones se
legitiman mediante compromisos elabora-
dos con argumentos tomados de los órde-
nes preponderantes.
El crucial orden doméstico no basta
como principio rector: superado un tamaño
mínimo elemental, se requieren reglamentos
internos para conciliar la autogestión asam-
blearia con la jación de unas contribucio-
nes individuales imprescindibles, a la vista
de la dispar aportación voluntaria de algu-
nos miembros. La ciudadanía alternativa
que dibujan estas reglas no exime del cum-
plimiento de obligaciones cívicas exógenas
que impiden la autonomía total de la PEA
y que se satisfacen gracias a soluciones de
compromiso diseñadas para minimizar el
impacto de la heteronomía sobre sus funda-
mentos antiautoritarios. El tamaño exige
una gestión estandarizada que entraña cier-
José Luis Sánchez-Hernández y Lourdes Moro-Gutiérrez 121
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, Julio - Septiembre 2019, pp. 107-124
ta despersonalización, combatida con el
argumento doméstico de la limitación del
número de miembros.
Las convicciones ecológicas arman el
segundo pilar de las PEA, pero las restriccio-
nes industriales (oferta estrecha) y comer-
ciales (precios altos) al abastecimiento sos-
tenible se soslayan apelando, de nuevo, a
argumentos domésticos, ahora de conanza
con el productor distante, pero tradicional, o
con el tendero convencional, pero del barrio.
El orden del mercado tiene una presencia
muy débil en las PEA, hecho congruente con
su concepción cooperativa y opuesta a la
competencia y al lucro. El excedente ele-
mental que requiere todo circuito de valor se
legitima, otra vez, mediante argumentos do-
mésticos, como la comunidad de objetivos
con los suministradores. Cuando está en
juego la supervivencia de la PEA, puede
abrirse la puerta a conductas comerciales,
muy infrecuentes de todos modos. Una ac-
ción decidida en el ámbito público podría
solventar estas carencias; pero ganar miem-
bros cuestiona la base comunitaria y compli-
ca la continuidad de los proyectos por falta
de recursos y por el riesgo de atraer la aten-
ción de las autoridades. El orden doméstico
se impone así al público y al cívico-externo
para alumbrar un compromiso que preserva
la reputación ante la comunidad alternativa
extendida que integran las PEA de una mis-
ma ciudad, a costa de pasar casi desaperci-
bidas ante el resto de la sociedad y perder
impacto transformador. Algo similar sucede
en el terreno de la inspiración: las PEA son
innovadoras como propuestas económicas y
crean un contexto propicio a la realización
personal, pero cada individuo debe aceptar
los límites que el consenso impone a las ini-
ciativas particulares.
Este entramado de compromisos hacia
dentro y hacia afuera del proyecto alternati-
vo demuestra, con Diprose (2017: 842), que
«no existe un espacio externo totalmente
ajeno al capitalismo», al menos todavía. Así
parecían pensar los participantes cuando se
les solicitó que seleccionaran la armación
más ajustada a sus aspiraciones. El 49,6%
optó por «Intento corregir los aspectos más
injustos del capitalismo actual», frente al
25,6% que prerió «Rechazo totalmente el
capitalismo como sistema económico y so-
cial» y el 24,8% que suscribió «Trabajo por
construir unas relaciones económicas que
me permitan vivir al margen del capitalismo».
La preeminencia de lo comunitario, social y
ecológico sobre lo estrictamente económico
y la adopción inevitable de conductas comu-
nes con la empresa convencional explicarían
esta actitud moderada y reformista.
concLusIones
Este trabajo ha demostrado que las PEA
conjugan argumentos relativos a todos los
órdenes de justicación, igual que las empre-
sas capitalistas y las organizaciones públicas
no lucrativas. El marco teórico es capaz,
pues, de conectar la actividad económica
con el contexto social en distintos niveles de
complejidad: corporaciones privadas, orga-
nismos públicos, circuitos de valor y, ahora,
prácticas alternativas localizadas.
El proyecto alternativo elabora una jerar-
quía propia de órdenes de justicación.
Consiste en una economía de las personas
y no de las organizaciones (prácticas), auto-
gestionada por la comunidad (orden do-
méstico) de manera autónoma (orden cívi-
co-interno) y sostenible (orden ecológico).
Se distancia de la rma capitalista por sus
nes transformadores y sus principios de
participación, equidad y sostenibilidad,
pero se le aproxima cuando su funciona-
miento interno y su inserción externa re-
quieren estandarizar procedimientos, ase-
gurar cierto excedente monetario y aanzar
su reputación. Los argumentos domésticos
y ecológicos se traducen en relaciones de
proximidad alternativas a los circuitos glo-
bales que alejan a productores y consumi-
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, Julio - Septiembre 2019, pp. 107-124
122 Los órdenes de justicación como marco analítico para el estudio de las prácticas económicas alternativas
dores, en la línea marcada por las redes
alimentarias alternativas.
El análisis de las PEA desde la teoría de
los órdenes de justicación supera la visión
binaria que opone capitalismo y alternativa
como categorías excluyentes. Dibuja un pa-
norama gradualista donde caben múltiples
modalidades de coordinación económica
que se diferencian por su combinación con-
creta de órdenes de justicación. Esta lectu-
ra gradualista, no dicotómica, tiene implica-
ciones sustanciales en el terreno de la
potencialidad transformadora de las PEA.
Hasta ahora, autores escépticos, como Lee
(2010), consideran su pequeño tamaño
como causa de su escaso impacto. Sin em-
bargo, la decidida apuesta de algunos go-
biernos municipales, en España y otras ciu-
dades europeas, por estas prácticas
alternativas puede abrir nuevas oportunida-
des al movimiento de transición (Transition
Network [en línea]). Las medidas públicas de
apoyo a huertos urbanos, bancos de tiempo
o centros autogestionados no necesitan re-
vestirse de argumentos habitualmente tilda-
dos de anticapitalistas o antisistema, sino
que pueden apelar a los órdenes doméstico,
ecológico y cívico como prioridades políticas
y ciudadanas, sin eliminar las facetas indus-
trial y mercantil, más próximas a la lógica
capitalista, pero necesarias para dotar de
consistencia a las propuestas alternativas.
Esta evolución desde la ecocomunidad (Bar-
beta, 2014) hacia la alianza con el poder, in-
cluso con el más cercano a la ciudadanía,
generará un debate tan inevitable como vivo
en el seno de estas comunidades autóno-
mas y antiautoritarias, debate que la investi-
gación académica debe abordar en próxi-
mas aportaciones.
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REVISIÓN: 29/11/2018
APROBACIÓN: 13/02/2019
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, July - September 2019, pp. 107-124
José Luis Sánchez-Hernández: Universidad de Salamanca | jlsh@usal.es
Lourdes Moro-Gutiérrez: Universidad de Salamanca | moro@usal.es
Orders of Worth as an Analytical Framework
for Understanding Alternative
Economic Practices
Los órdenes de justificación como marco analítico
para el estudio de las prácticas económicas alternativas
José Luis Sánchez-Hernández and Lourdes Moro-Gutiérrez
doi:10.5477/cis/reis.167.107
Key words
Capitalism
Community
Orders of worth
Alternative economic
practices
Sustainability
Abstract
This article draws upon the theory of orders of worth to study those
alternative economic practices that bring into question capitalism. Data
from a survey administered to people engaged in 55 alternative
experiences located in six Spanish towns are discussed, along with an
in-depth analysis of eleven cases from the city of Salamanca, where
semi-structured interviews, eld observation and the regular monitoring of
virtual spaces were used. These alternative initiatives build egalitarian,
self-managed and autonomous communities, strongly focused on a
respect for nature. However, they are compelled to incorporate market and
business practices in order to ensure their internal operation and satisfy the
demands from the legal environment. These corporate-like procedures are
thus legitimised through compromises with domestic and ecological
arguments.
Palabras clave
Capitalismo
Comunidad
Órdenes de
justicación
Prácticas económicas
alternativas
Sostenibilidad
Resumen
Este artículo emplea la teoría de los órdenes de justicación para estudiar
las prácticas económicas alternativas que cuestionan el capitalismo. Los
datos proceden de un cuestionario aplicado a participantes en 55
experiencias de seis ciudades españolas, y del análisis de once casos en
Salamanca mediante entrevistas semiestructuradas, observación directa
y seguimiento de sus espacios virtuales. Estas iniciativas alternativas
construyen comunidades igualitarias, autogestionadas, autónomas y
respetuosas con la naturaleza. Sin embargo, para garantizar su
funcionamiento interno y satisfacer las exigencias del entorno normativo,
deben introducir métodos industriales y comerciales de índole
empresarial que son legitimados a través de compromisos con los
argumentos domésticos y ecológicos.
Citation
Sánchez-Hernández, José Luis and Moro-Gutiérrez, Lourdes (2019). “Orders of Worth as an Analytical
Framework for Understanding Alternative Economic Practices”. Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, 167: 107-124. (http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.167.107)
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, July - September 2019, pp. 107-124
108 Orders of Worth as an Analytical Framework for Understanding Alternative Economic Practices
IntroductIon1
During the nancial and social crisis of the
past decade, a series of economic initiatives
have become widespread in advanced
countries that have been labelled as alterna-
tive economic practices (Conill et al., 2012).
These practices challenge the conventional
capitalist model that is based on: private
ownership of the means of production; the
company as an organisational unit; salaried
employment as a source of income; market
competition as a space for interaction; and
the pursuit of individual prot as the objec-
tive of the economic process.
The Community Exchange System [on-
line], the main global electronic platform for
the management of social currencies and
time banks, has recorded 201 social curren-
cy initiatives, and 43 time banks initiatives in
Spain, which represent 28.3% and 22.9 % of
the total worldwide. The Social Innovation
Map of Catalonia [online] (Mapa de Inno-
vación Social de Cataluña) has mapped 550
experiences (time banks, social currencies,
consumer groups, urban allotments, self-
managed spaces, energy cooperatives),
while Employment, Economy and Strategic
Planning Area of the Barcelona City Council,
which supports these initiatives, has identi-
ed 250 examples (Fernández and Miró,
2016). The Strategic Plan for the Social and
Solidarity Economy of the City of Madrid
[online] (Plan Estratégico de la Economía
Social y Solidaria de la Ciudad de Madrid)
mentions 90 cases, within a broad spectrum
of cooperatives and third sector organisa-
1 This paper is part of the “Alternative economic spaces
and practices for the construction of resilience in Spanish
cities” (2016-2018) research project, Spanish R & D & I
Programme - CHALLENGES (MINECO-FEDER- referen-
ce CSO2015-65452-R). This project is part of the Net-
work of Excellence “RETURBAN - Challenges for 21st
century cities: a research agenda for the construction of
sustainable and innovative urban spaces” (2017-2019).
Spanish Plan for the Promotion of Scientic and Tech-
nical Research of Excellence, reference CSO2016-
81718-REDT.
tions. The Mares de Madrid [online] munici-
pal project, which is co-funded by the Euro-
pean Union, pursues urban, social and
environmental transformation through alter-
native mobility, food, recycling, energy and
care systems.
The literature on these economic experi-
ences has two distinctive features, one theo-
retical and the other methodological. Firstly,
these alternatives have been studied from
perspectives that are critical of capitalism.
The research supported by the labour theory
of value (Jonas, 2010; Lee, 2010; Mason,
2016; Banet-Weiser and Castells, 2017)
places collaborative and self-managed alter-
natives as forms of value distribution in con-
trast to the capitalist wage-labour relation-
ship. The literature on communal goods (de
Angelis, 2010; Noterman, 2016) argues for
the collective management of essential re-
sources and equipment (water, land, food,
housing, public space) to combat neoliberal
privatisation. There is a third trend that high-
lights the contribution of these practices,
especially those linked to food (Alonso et al.,
2014; Barbeta, 2014), to the construction of
a sustainable socioeconomic model. De-
growth (Latouche, 2013; Kallis, 2017) and
transition niche (López et al., 2014; Nicolosi
and Feola, 2016) theories denounce the
depredation of nature at the hands of capi-
talism and see these practices as evidence
of the feasibility of less carbon-intensive
economic solutions.
Secondly, there has been a predomi-
nance of local case studies that analyse a
specic initiative, or several examples of the
same type located in a specic city: produc-
er markets in Madrid (Méndez and Monte-
serín, 2017); agroecological consumption
groups in Madrid (Michelini et al., 2017), Bar-
celona (Barbeta, 2014) and Valencia (Mor-
agues, 2017); self-managed spaces in Bar-
celona (Yates, 2015), and urban allotments
in Alicante (Espinosa et al., 2017). There
have been fewer attempts to characterise a
given practice for the whole of Spain, such
José Luis Sánchez-Hernández and Lourdes Moro-Gutiérrez 109
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, July - September 2019, pp. 107-124
as consumer groups (Alonso et al., 2014),
social currencies (Hughes, 2015), or time
banks (Valor and Papaoikonomou, 2016).
The overviews provided on alternative econ-
omy in a city have been limited to Barcelona
(Conill et al., 2012; Fernández and Miró,
2016; Suriñach, 2017), Valencia (Salom et
al., 2017) and Valladolid (Pascual et al.,
2018). As far as research techniques are
concerned, the use of semi-structured inter-
views predominates, followed a long way
behind by group discussions and participant
observation periods. The use of question-
naires is in the minority, and they are admin-
istered to participants who can report on a
specic experience, except in the case of
Conill et al. (2012).
This article proposes a different theoreti-
cal and empirical approach. Instead of ana-
lysing the alternative nature of these from
positions divergent from capitalism, follow-
ing Polanyi (1944) it is assumed that all eco-
nomic processes are of a social nature and
are subject to the same set of rationalities as
other social activities. The theory of the re-
gimes of justication or orders of worth de-
veloped by Boltanski and Thévenot in De la
Justication (1991)2, also known as conven-
tion theory, conrms the plurality of argu-
ments used to evaluate the behaviours of
people and organisations, and judge the
congruence of the situations where they in-
teract. It does not engage in a negative as-
sessment of capitalism and, in fact, it has
been used to demonstrate that the capitalist
companies seek protability through techni-
cal efciency and market competition; but
that their daily practices also incorporate ac-
tions that strengthen trust between their em-
ployees, their brands’ reputation, their com-
mitment to the community, and their
contribution to sustainability.
2 There is no Spanish translation of this book, but there
is an English translation, albeit published long after the
original: On Justication. Economies of Worth. Princeton:
Princeton University Press, 2006.
The application of a theoretical frame-
work common to the study of mechanisms of
economic organisation that claim to be an-
tagonistic (capitalist companies and their al-
ternatives) will identify not only the points of
divergence, the dominant approach so far,
but also the points of conuence, still little
considered (Argüelles et al., 2017). This arti-
cle uses the orders of worth theory to char-
acterise the specic combination of ratio-
nalities that distinguishes alternative
economic practices (AEPs) from capitalist
companies. Both appeal to a series of argu-
ments —orders of worth— that are poten-
tially useful for all kinds of actors and situa-
tions. The alternative nature of AEPs would
thus lie in constructing a hierarchy of orders
of worth, different from the one applied by
the capitalist model, but developed on the
basis of the same arguments. Therefore, it is
more complex than ritual references to coop-
eration, participation and sustainability (Bar-
beta, 2014; Moragues, 2017).
On an empirical level, this study goes be-
yond the scope of local approaches (focused
on all the AEPs in a city) and sectoral ap-
proaches (focused on a given AEP in several
cities). It is not centred on local dynamics or
on specic variants (food, exchange ...), but
on the arguments and solutions that the
AEPs as a whole use to oppose capitalist or-
ganisational schemes. Six types of AEP have
been analysed in six Spanish cities, which
add up to 55 cases, in which techniques
have been used thus far applied separately.
The rst section presents the theory of
orders of worth. The second proposes a def-
inition of AEPs. The third describes the meth-
odology and argues that these practices pri-
oritise domestic, ecological and civic orders
of worth, without completely ignoring the
industrial, commercial, public and inspiration
orders that guide capitalist praxis. The con-
clusions summarise the most important as-
pects in the study, and propose new lines of
work.
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, July - September 2019, pp. 107-124
110 Orders of Worth as an Analytical Framework for Understanding Alternative Economic Practices
the theory of orders of worth
or regImes of justIfIcatIon
The theory of orders of worth maintains that
people resort to various types of arguments
to judge the appropriateness of their own be-
haviour, of others’ behaviour and of daily life
situations. According to this pragmatic soci-
ology, our need to give meaning to the ac-
tions that comprise our interpersonal rela-
tionships has given rise to the interactive
construction of frames of reference called
orders of worth or regimes of justication.
These are coherent subsets of values, norms,
conventions, acts and objects by which indi-
viduals construct, in an iterative process, re-
liable expectations about what is expected of
them and what they can expect from others
in the situations in which they participate on
a daily basis. They provide criteria for evalu-
ating the people’s merits and to qualify situ-
ations and the quality of the objects that con-
stitute them. They act as reducers of
uncertainty, legitimise each individual’s be-
haviour and are used as a basis to assess
other people’s behaviour.
The seminal text distinguished six orders
of worth: inspired, industrial, market, domes-
tic, opinion (or fame, or public), and civic;
Lafaye and Thévenot (1993) later added the
ecological order. In the inspired order, sub-
jects do not invoke an earthly (i.e., social)
order to justify their actions, but legitimises
those actions as inspired by supernatural,
unique forces, to which the subject feels re-
sponsible. In the industrial order, dominated
by technical objects and scientic methods,
people are judged by their professional qual-
ications, and their actions must contribute
to the efcient functioning of production sys-
tems, from which stable performance is ex-
pected. In the market regime, the accumula-
tion of wealth is the benchmark, and
competition to accumulate it becomes fully
acceptable behaviour to satisfy the individu-
al’s desire for prot. In the domestic order,
respect for inter-personal bonds is demand-
ed in a context of physical proximity where
the individual can only be conceived of as
belonging to a network of people who are
worthy of the group’s trust. On the contrary,
in the public regime, legitimate actions pro-
vide recognition to the individual outside of
their inner circle, in the eld of fame, and ap-
proval by a large number of strangers. The
civic order judges people and actions ac-
cording to their contribution to the common
good and to the development of a (material
or institutional) public space that guarantees
the free participation of citizens. Finally, there
is an appeal to the ecological order when the
impact of individual or collective actions on
nature is censured, or when contribution to
environmental sustainability is praised.
Boltanski and Thévenot used the exam-
ple of business organisations to demonstrate
that their life is not subject to a single order
of worth. All companies need to reconcile
their central imperatives: they must be in-
spired (or innovative, in current terms), effec-
tive, protable, cohesive, prestigious, com-
mitted and sustainable. Managing such
diverse —or even opposed— demands is a
source of internal and external conicts that
are resolved by reaching unstable agree-
ments or compromises between divergent
orders of worth. De la Justication devoted
many pages to listing the criticisms that each
order directs at other orders, and the agree-
ments that can be reached through the ne-
gotiated articulation of arguments from vari-
ous orders.
A full account of this discussion cannot
be given here for reasons of space, but its
importance for the study of social economy
will be discussed. The circuits of value (which
consist of producers, distributors, consum-
ers and regulators) operate as cognitive
frames of social interaction, where the attri-
butes that the products must contain are ne-
gotiated. The evaluation of their quality no
longer depends only on their traits, whether
industrial (duration, reliability) or commercial
(price, utility). Other criteria are increasingly
José Luis Sánchez-Hernández and Lourdes Moro-Gutiérrez 111
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, July - September 2019, pp. 107-124
coming into play, including domestic (tradi-
tion, local origin), public (brand, logo), civic
(respect for regulations, commitment to the
community) and ecological (recycling, animal
welfare) types of criteria. Companies convey
a discourse to consumers that incorporates
all of these components, although each one
adapts it to the individual characteristics of
its product and its niche market.
This theory has supported an extensive
line of research on how this type of pluralism
is managed. Corporations must reach com-
promises that combine elements of the dif-
ferent orders of worth; but they must also
communicate such compromises to society
in order to comply with the applicable regula-
tions and with the expectations of increas-
ingly segmented and demanding consumers
(Alonso, 2009). Cloutier and Langley (2013)
conducted a literature review that analysed
these compromises in companies engaged
in the production of nuclear power, the care
of the elderly, cheese manufacturing, legal
advice, and the evaluation of tourist services.
The organisational changes these compa-
nies undergo in order to adapt their product
and image to market trends were interpreted
as a process in which domestic and ecolog-
ical arguments were adopted. Jagd (2011)
reviewed other contributions that applied
these ideas to public organisations (hospi-
tals, universities, schools) and found that,
while their mission was imbued with civic
purposes, their internal structure did not es-
cape the demands of the industrial, market
and public orders.
The theory of the orders of worth has
been used to interpret the transformations of
the agrifood system that have occurred in
developed countries (Ponte, 2016, for a re-
view) to analyse the circuits of value as a so-
cial space for negotiating the quality of prod-
ucts. This is due to the fact that food is one
of the human needs that is most strongly
modelled by natural and cultural factors. This
literature stems from a critique of the food
produced by global corporations and distrib-
uted by supermarket chains. It argues that
these industrial food, market and fame re-
gimes are responsible for the deterioration of
traditional handicrafts, local trade, human
health and the natural environment. The an-
swer provided relies on a justication of the
high quality of the food produced using do-
mestic, civic and ecological arguments, em-
bodied in alternative food networks (What-
more and Thorne, 1997), based on the
geographical proximity between producers
and consumers, the equitable distribution of
value, and sustainable circuits.
This article furthers this line of research
by applying this theory to economic organ-
isation mechanisms which are not for-
malised to the same degree as corpora-
tions, or that lack the complexity of value
chains, but which share the domestic, civic
and ecological objectives of alternative food
networks.
ProPosal for a defInItIon of
alternatIve economIc PractIces
The reviewed literature lists up to sixty alter-
native forms of economic organisation. How-
ever, it does not provide a denition that fa-
cilitates its empirical identification. This
section addresses this task based on the
three terms included in the concept of alter-
native economic practices.
The term practices designates organisa-
tional forms with a very low level of institution-
alisation, very often lacking legal personality.
At the most, their members are associations
that meet basic requirements such as having
rented a meeting place or entered into a con-
tract for electricity supply. Its governing body
is an assembly, open to all members, where
decisions are made by consensus, not by
majority.
These practices are economic because
they produce, distribute or consume goods
or services, or nance these functions. Like
capitalism, their purpose is to satisfy human
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, July - September 2019, pp. 107-124
112 Orders of Worth as an Analytical Framework for Understanding Alternative Economic Practices
needs. However, AEPs provide cooperative
(non-competitive) solutions not only to cover
market-based needs, but also other needs
that are conned to the domestic sphere
and, from the capitalist perspective, are not
part of the economy, because they are met
without any business transactions. The alter-
native economy prioritises use value (reuse,
repair, barter, gift) over exchange value (price,
credit), and aims to serve people as a whole,
rather than becoming an end that must be
fed through the permanent growth of pro-
duction.
The notion of alternative is relational: it is
alternative with respect to something that is
considered conventional or mainstream, in
this case, capitalism, particularly its current
neoliberal, global and nancialised version. It
is important to identify three critical attitudes
towards capitalism: opposition (anti-capital-
ism), transformation (neo-capitalism) and the
desire to overcome it (post-capitalism).
Anti-capitalism actively opposes capital-
ism because it is nourished by Marxist, anar-
chist, feminist and environmentalist critiques,
which see capitalism as an exploitative, op-
pressive, exclusionary and predatory system.
Transformative trends, without questioning
private property and the allocation of re-
sources through the market, propose organ-
isational schemes capable of correcting the
most pernicious effects of capitalism on so-
ciety and nature. Post-capitalism questions
capitalocentricism, a worldview that domi-
nates our way of thinking about the econo-
my, according to which capitalism is seen as
being the only viable economic system in the
contemporary world. This movement recalls
that, in daily life, many needs can be satised
thanks to non-competitive or non-business
practices that must be disseminated to stop
the social penetration of capitalist relations.
This discussion should also incorporate
a geographical dimension. The concept of
varieties of capitalism (Anglo-American,
Asian, continental European; Hall and Sos-
kice eds., 2001) is a reminder that capital-
ism is not a monolithic system, which oper-
ates independently of the specics of the
societies and cultures where it is rooted.
This distinction cannot be avoided when at-
tempting to dene alternativity: if capitalism
adopts geographically differentiated cong-
urations, its alternatives may differ accord-
ing to the institutional context. This is the
case with cooperative companies. In the US
they are associated with the radical left
(Noterman, 2016), but they lack this conno-
tation in Mediterranean Europe, for example
in the agricultural sector.
Alternative economic practices can be
dened, then, as: mechanisms of economic
coordination that are governed by principles
of autonomy, reciprocity and direct democ-
racy; promote non-competitive values (sus-
tainability, cooperation, equity); and seek to
eliminate, transform or overcome the hege-
monic variety of capitalism in its geographical
eld of action. There are two spatial organ-
isation models: either operating in a local
area (neighbourhood, city), with physical
meeting spaces for participants; or forming
regional, national or international networks
without the need for face-to-face contact be-
tween members.
This study focuses on the rst of these
and leaves out experiences such as fair trade
and ethical banking, for two main reasons.
First, because the will to build democratic
and sustainable communities translates into
the formation of small groups that seek phys-
ical proximity to stimulate condence and
minimise displacement (Conill et al., 2012;
Moragues, 2017; Suriñach, 2017). Second,
because their ideal of a values economy
makes them the ideal object of study for a
holistic theory. This theory is interested in the
material situations created in the meeting
spaces where, under weakly formalised con-
ditions, compromises between orders of
worth that demand the congruent function-
ing of each initiative are negotiated.
José Luis Sánchez-Hernández and Lourdes Moro-Gutiérrez 113
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, July - September 2019, pp. 107-124
the PluralIty of orders
of worth In alternatIve
economIc PractIces
Methodology
This study was carried out in six Spanish cit-
ies, using a coordinated methodology. An
inventory of AEPs that do not require the joint
presence of participants which were operat-
ing in each city was drawn up, according to
the categories proposed by Conill et al.
(2012). This was done on the basis of the
knowledge that each local research team
had of their city, and of some additional on-
line searches. The six most frequent and
widely disseminated forms of AEPs were se-
lected as the object of study, in order to col-
lect data from each one, from different cities
and towns, thus reducing the effect of the
local context on the overall results.
Afterwards, a methodological handbook
was prepared for each type of AEP, which
included a denition of the criteria to be met
by each individual case, a data collection
form, a semi-structured interview script, and
a standardised questionnaire. The last three
tools consisted of questions that were com-
mon to the six classes of AEPs and of other
questions that were specic to each of them.
The eldwork involved administering inter-
views to the people designated by the par-
ticipants in each AEP. During the interviews,
the data sheet was completed (establish-
ment date, number of people involved, ac-
tivities they organised and their frequency...).
This was followed by a request that the ques-
tionnaire would be distributed among the
participants, with the option of responding
either on a paper form or online.
Between May and December 2017, data
were collected from 55 experiences: four
time banks (TBs), eight self-managed social
centres (SMSCs), twenty-one agro-ecologi-
cal consumption groups (AECGs), thirteen
urban allotments (UAs), seven farmers’ mar-
kets or barter markets (FBMs) and two social
currency initiatives (SCIs). All phases of the
economic cycle (production, distribution,
consumption and nancing) were represent-
ed, plus a leisure and meeting space (SMSC).
The cases were distributed among Valladolid
(24), Salamanca (11), Zaragoza (6), León (5),
Alicante (5) and Oviedo (4).
Out of a total of 4,202 people involved in
these AEPs, 389 questionnaires were ob-
tained. The results are statistically signi-
cant at a condence level of 95% and a
margin of error of 5% (with a minimum re-
quired sample size of 349 responses). The
sample was composed of 53% women, the
average age was 48.1 years old, and 92.5%
had Spanish nationality. Their educational
level (Table 1) was high (61.9% had univer-
sity or post-university studies), consistent
with a high proportion of them being active
in the employment market (66.7% of par-
ticipants were in employment), and belong-
ing to households with a medium or medi-
um-high income level: 43.7% reported that
they earned between 20,000 and 40,000
euros per year (the Spanish average in 2016
was 26,730 euros, according to the Spanish
Statistics Institute, INE).
The results from these questionnaires
helped to situate the content of the eleven
semi-structured interviews with the six types
of AEPs in Salamanca in a wider context.
These interviews were recorded with the
consent of the participants. Their duration
ranged from 40 to 70 minutes, and verbatim
transcriptions of the interviews were used to
encode the sections referring to the seven
orders of worth using N-Vivo software. The
remaining 44 interviews, also transcribed,
were not used for three reasons. First, satu-
ration level was reached with these eleven
interviews, given the cross-cutting perspec-
tive of this study, as was observed after
reading the other transcripts. Second, be-
cause the authors had the opportunity to
observe or participate in different activities
in these eleven AEPs during the eldwork. In
this way, a wealth of contextual information
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, July - September 2019, pp. 107-124
114 Orders of Worth as an Analytical Framework for Understanding Alternative Economic Practices
was provided that was not available for the
other cases. This participation was always
subject to the prior authorisation of the AEP
assemblies when it was about members’ ac-
tivities, such as the distribution of orders or
the assemblies themselves. The authors at-
tended the open activities (fairs, markets,
round tables) as members of the public, col-
lected information leaets and took photo-
graphs and eld notes which were duly tran-
scribed in a journal. Third, because all this
information had been completed with the
bi-weekly observation of the virtual spaces
of these eleven AEPs, which hosted abun-
dant data about their trajectory, objectives
and activities. The material gathered by us-
ing face-to-face or virtual methods was es-
sential in enriching the content of the eleven
interviews, and to situate the alternative ac-
tion in concrete physical and social spaces.
It was also important in terms of verifying the
meaning of the material situations in the de-
velopment of compromises between orders
of worth, as underlined by the theoretical
framework.
Results
Essentially, the industrial and the market or-
ders of worth, complemented by the public
and inspiration-innovation orders of worth,
support the functioning of contemporary
capitalist companies. This does not prevent
the recognition of how corporate social re-
sponsibility policies are widespread. They
are imbued with civic and ecological values
and human resource management tech-
niques, aimed at strengthening interpersonal
ties among the workforce (domestic order of
worth). However, this is intended to increase
their productivity and their commitment to
the rm (Valenzuela and Molina, 2013).
The AEPs assert themselves as being al-
ternative to this archetype. The data show
that they also were in line with the seven or-
ders of worth. They also have an economic
purpose and share social and spatial spheres
with capitalist rms. The difference lies, then,
in the different combination of dominant or-
ders of worth in each model.
The domestic order of worth
The small average size of the AEPs (76.4
members for the 55 cases, 37.7 in Salaman-
ca) was found to be a basic requirement in
forging a community of equals, based on in-
terpersonal trust and direct participation in
decision-making, one of the key claims made
by the participants (Table 2, statement 11).
The assembly (which was held either on a
monthly or a weekly basis), to which all the
members were invited to supervise the initia-
tive’s progress, facilitated regular contact
and the exercise of a consensus-based de-
mocracy. Voting was never used to resolve
discrepancies: problems were discussed in
order to achieve unanimity and avoid feelings
of exclusion among attendants.
taBle 1. Prole of participants in 55 alternative economic practices in Spain
Level of education attained
(n = 378) %Employment
status (n = 378) %Annual household income (€)
(n = 343) %
Primary school 14.0 Retired 15.9 < 10,000 1.5
Baccalaureate 11.6 Student 11.6 10,000-20,000 30.9
Vocational training 12.4 Unemployed 5.8 20,000-40,000 43.7
University (diploma or degree) 45.2 In employment 66.7 40,000-60,000 7.6
Master’s degree or doctorate 16.7 > 60,000 2.3
Source: Based on the survey data.
José Luis Sánchez-Hernández and Lourdes Moro-Gutiérrez 115
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, July - September 2019, pp. 107-124
These assemblies were held at the AEPs’
premises. The alternative space was an inte-
gral part of the community and was deco-
rated with motifs related to its activity. Sev-
eral respondents admitted that its small size
limited the growth of the group or the im-
provement of its way of working. However,
seeking new members was not mentioned as
a priority, to the extent that the AEPs estab-
lished a maximum number of participants,
above which a new group was created.
This sense of community was reinforced
by organising complementary activities
(communal meals, barter markets, training
workshops), and visits to AEP producers to
de-commodify their relationship and estab-
lish personal ties.
However, the contribution of members to
self-management was often subject to inter-
nal debate. Participants argued that it is im-
portant to help other people and that they are
worthy of trust (Table 2, statements 1 and 9).
But they also admitted to a certain division
between a few very committed participants
and others who carried out the minimum
number of compulsory tasks, which hindered
the group’s smooth running.
The civic order of worth
The domestic link built on the assembly and
headquarters supported a civic space or al-
ternative citizenship, subject to compliance
with some unanimously approved rules. The
main, most structured initiatives (TBs, AEC-
Gs, SCIs) had written regulations which were
accessible on their websites and dened the
members as “partners” or “members”, with a
number of rights and duties in connection
with the collective space. Anti-authoritarian
movements such as the SMSCs rejected this
form of coercion, but displayed some rules of
behaviour either on their website or display
taBle 2. Attitudes of participants in 55 alternative economic practices in Spain
Statements Average
scores
For me it is important to…
1 help other people and be generous 4.0
2 obtain personal success and have my achievements recognised by others 2.2
3 earn a lot of money and own many things 1.5
4 have autonomy to develop my own ideas 3.8
5 comply with the rules established in each situation 2.8
6 look after my health and my diet 4.0
In my opinion…
7 the organisation of the economy should be based on private companies 1.7
8 competition among people is good because it stimulates effort and innovation 2.3
9 you can trust most people, not just friends and family 3.4
10 economic growth and job creation are more important than protecting the environment 1.7
11 it is necessary to develop more participatory forms of democracy 4.4
Source: Based on the survey data.
Note: Answers to the question “Rate your degree of agreement with the following statements by allocating a score of 1 to
5 (marking them with an ‘X’), where 1 means ‘Totally disagree’ and 5 means ‘Strongly agree’”.
Reis. Rev.Esp.Investig.Sociol. ISSN-L: 0210-5233. Nº 167, July - September 2019, pp. 107-124
116 Orders of Worth as an Analytical Framework for Understanding Alternative Economic Practices
at their premises lists of appropriate and in-
appropriate types of behaviours. This alter-
native civic space encouraged an autono-
mous existence with respect to conventional
socio-economic models, a highly valued as-
piration among those involved (Table 2,
statements 4 and 5).
The UAs, FBMs and SMSCs were func-
tionally linked to their physical headquarters
(plot, square, premises) and included the will
to transform social relations in their immedi-
ate environment either by conducting their
main task (UAs, FBMs), or through the coun-
terculture proposals hosted by SMSCs,
whose premises tended to be used for gath-
erings of ecologist, feminist and anti-capital-
ist groups. The TBs, which were interested in
recovering mutual aid neighbourhood net-
works, wanted to de-commodify proximity
relations by implementing a system of ex-
change of services between equals. The
AECGs showed their commitment to main-
taining the rural population by purchasing
food from producers who are independent
from large supermarkets.
The answers to the questionnaire cor-
roborated this transformative purpose. The
most cited reason for participating in AEPs
was to improve society, followed by a criti-
cism of conventional economy (Table 3, an-
swers 4 and 5). The personal advantages
that their involvement brought included con-
structing an economic alternative (second
place) and improving the local conditions of
life (third place) (Table 4, answers 5 and 7).
The interest in transforming the neighbour-
hood where the AEP was located took sec-
ondary. These ndings are consistent with
the denition of AEPs as an instrument for
moving towards a different society.
This internal and external aspect of the
alternative civic order of worth did not involve
compliance with other civic obligations im-
posed by the State and capitalism, such as
paying rent and maintaining the premises.
The most complex initiatives (TBs, SCIs,
FBMs) were found to be law-abiding organ-
isations that had signed the contracts as le-
gally required. Other AEPs used premises
provided by unions or parish churches, and
compensated them for the expenses using
cash from their activity. Another option was
for one individual to enter into contracts (in
their name) and make monthly payments us-
ing funds generated by the AEP or made up
of equal contributions by participants
(SMSCs, UAs). When the alternative civic
spaces were faced with standards common
taBle 3. Reasons for participating in 55 alternative economic practices in Spain
REASONS (number of mentions) %
1I can access free or cheaper goods and services 124 11.75
2It allows me to participate in different activities 111 10.52
3I can interact with different people 151 14.31
4I contribute to improving society 259 24.55
5I challenge mainstream economy 224 21.23
6I help to transform my neighbourhood 91 8.63
7I like to spend my time engaging in this activity 95 9.00
Total 1,055 100.00
Source: Based on the survey data.
Note: Answers to the question “Why do you participate in this activity? Choose a maximum of THREE reasons”.
José Luis Sánchez-Hernández and Lourdes Moro-Gutiérrez 117
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to all citizens, compromises had to be
reached to reconcile being aligned with their
original ideology and fullling some inescap-
able requirements.
The ecological order of worth
The construction of a socio-economic model
that respects nature was a core objective of
AEPs: protecting the environment was con-
sidered more important than economic
growth and job creation (Table 2, statement
10), and the main advantage associated with
participating in an AEP was protecting the
environment (4.2 points, Table 4).
Those involved in UAs, AECGs or FBMs
wanted to consume local foods obtained by
natural means that excluded animal suffering
and chemical treatments. They valued health
care through food as highly as collaboration
with others (4.0 points, Table 2, statement 6).
However, they questioned ofcial environ-
mentally friendly accreditations because the
cost of certication and periodic visits to
check standards was too high for small pro-
ducers. The foods sold in the FBMs usually
lacked these certicates and their local and
artisanal sourcing was emphasised. The UAs
analysed worked as spaces for the socialisa-
tion and transmission of traditional knowl-
edge between elderly people of rural origin
and urban young people eager to consume
vegetables without chemical additives.
These arguments combine the ecological
and the domestic orders of worth in order to
challenge the capitalist strategies that com-
modify the criticism of industrialised foods.
The SMSCs are antispecist spaces, host
vegan canteens to raise funds, and they put
on repair and recycling workshops for bicy-
cles, clothes and furniture.
However, the ecodomestic ideal of a
comprehensive supply of natural and local
foods supplied by small farmers also suffers
from restrictions. The AECs in Salamanca
reported that they acquire food from prov-
inces such as Valencia, Murcia, Granada,
Cáceres, Burgos and Palencia, because the
local supply is insufcient and the natural
conditions prevent the local production of
citrus, rice and sh. The SMSCs interviewed
recognised that they lack the funds to buy
organic food and replace it with fruits and
vegetables bought in local stores, a commit-
ment that substitutes the ecological order of
worth for the domestic one.
taBle 4. Assessment of the advantages associated with participating in alternative economic practices
Advantages Average scores
1 I save money 2.6
2 I cover my material needs 2.8
3 I improve my personal self-esteem 3.1
4 I feel more integrated into the neighbourhood 2.8
5 I improve the living conditions in my environment 3.9
6 I ght social exclusion in my environment 3.1
7 I contribute to create an alternative to the dominant economic system 4.1
8 I protect the environment 4.2
Source: Based on the survey data.
Note: Answers to the question “How important are the following advantages for you in participating in this activity? Rate the
following with a score of 1 to 5, where 1 is ‘Not important’ and 5 is ‘Very important’ (mark the numbers with an ‘X’)”.
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118 Orders of Worth as an Analytical Framework for Understanding Alternative Economic Practices
The industrial order of worth
The AEPs in the study sought to be efcient.
The periodicity of their assemblies estab-
lished a more or less obligatory compliance
routine. There was a standard procedure to
process the orders of the AECGs, which
were always collected on the same day and
time from the premises. The process was su-
pervised by a rotating group of volunteers
that centralised the orders and transmitted
them to the producers. The SCs distributed
a monthly electronic bulletin of offers of
goods or services for payment in ecos. The
SMSCs posted a weekly schedule of open-
ing hours and activities in their blog. The UAs
designed their crop distribution, periodicity
of irrigation and treatment of the plants. The
FBMs specically allocated tasks related to
the layout of the stalls and the provision of
the operating infrastructure to the organising
committee.
Again, larger initiatives required stan-
dardised management procedures: TBs and
SCIs relied on digital platforms that connect-
ed bidders and claimants together, allowed
them to agree on the terms of the exchange,
recorded the transactions made and calcu-
lated the balance of each user. The BTs had
a system of cheques that users were required
to deliver to the secretary, managed by an
association that supervised the quality of the
exchanges by means of a telephone call to
the receiver.
However, the disinclination of participants
to the dehumanisation inherent to industrial
methods hindered their implementation: es-
tablishing a maximum number of members
that guaranteed mutual trust was the most
widespread safeguard mechanism. The re-
spondents reported the existence of debates
such as one on the possibility of replacing
names by numbers in the baskets of an
AECG; while it was recognised that this
would expedite the distribution of orders, it
implied a loss of personal recognition that
was not accepted by the assembly.
The public order of worth
AEPs do not seek to isolate themselves from
the rest of society, despite the primacy of do-
mestic arguments. Their desire for social and
environmental change is reected in actions
aimed at spreading their work and cultivating
a good reputation.
Ten of the eleven AEPs analysed hosted
one or more virtual spaces (blogs, webpag-
es and/or Facebook) where they provide
information about their objectives and ac-
tivities. They also include links to the web-
pages of other AEPs in Salamanca, which
indicate that there is a network of people
who promote a dynamic local alternative
scene: 49.6% of respondents indicated that
they participated in another form of AEP of
those included in this study. These webpag-
es also allowed third parties to communi-
cate with the AEPs through an email ad-
dress, hosted on a commercial server or
managed by non-for-prot digital communi-
ties (autistici.org, riseup.net). Conventional
dissemination actions were also document-
ed, such as distributing brochures about
their regular activities and inviting people
who might be interested in their activities,
especially in SMSCs and in CSI fairs. The
impeccably designed posters featured in
their premises conveyed a creative and orig-
inal image.
However, the dissemination of their ac-
tivities seemed to be focused on the people
involved in the local scene, which made up
an extended alternative community. In the
interviews some discretion was identied in
the organisation of public activities that
could attract the attention of local govern-
ment authorities, given the unregulated and
non-prot nature of the initiatives studied
(except for the FBMs). In addition to domes-
tic arguments and criticism of industrial pro-
cesses, internal civic principles compromise
the public penetration of AEPs, to the detri-
ment of their ability to obtain essential re-
sources.
José Luis Sánchez-Hernández and Lourdes Moro-Gutiérrez 119
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The market order of worth
The relationship with the market, the space
for competition and protability, is the focus
of the tensions derived from AEPs being im-
mersed in a capitalist society. The partici-
pants were not concerned about personal
success or material wealth (Table 2, state-
ments 2 and 3). They disapproved of compe-
tition as a pattern of social behaviour and of
private companies as dominating the econo-
my (Table 2, statements 7 and 8). Only
11.75% admitted participating in an AEP to
benet from cheap prices (Table 3, answer 1),
so saving money and covering material
needs did not represent signicant advan-
tages (Table 4, answers 1 and 2).
In line with these approaches based on a
people’s economy, the AEPs in the study that
had their own currency (SCIs and TBs) estab-
lished limits to the participants’ debit or cred-
it balances. The purpose was preventing cur-
rency from being hoarded, and ensuring that
it circulates in a continuous ow of exchang-
es that sustains initiative and nourishes com-
munity spirit. In this way, currency recovers
its function as a method of payment, a unit of
account and a deposit of value, but it is
stripped of the neoliberal attribute of being a
speculative instrument.
Other people’s prot was also allowed in
the transactions with producers (AECGs,
FBMs), but prices were not established as a
result of a negotiation between the parties.
The assemblies accepted the prices set by
producers because, appealing to the domes-
tic argument, they assumed that it was a fair
amount that enabled them to obtain decent
earnings, considering the objective costs,
but was incompatible with prot. In fact,
some producers were not admitted to the
AECGs because of their desire to increase
sales or to demand prices that the assem-
blies rejected as excessive.
However, this eco-civic-domestic market
cannot be replicated in certain critical as-
pects for the survival of AEPs. AEPs must be
protable, in the sense of generating a ow
of revenues in legal currency that exceeds
the amount necessary to nance their main
purpose. These revenues come from regular
fees paid by members or from activities or-
ganised for that purpose which are occasion-
ally are advertised to the public to attract
attendees and additional funds. These op-
tions involve a direct transfer of personal in-
come from the members to the initiative,
consistent with their commitment to the
community, but at the same time they mean
a tacit acceptance of the prot demanded by
external economic actors.
With rented premises, such voluntary
contributions are chronically insufcient to
cover the xed expenses. Field observation
and an analysis of the digital spaces revealed
that business solutions were used to make
the premises protable, such as renting them
out for alternative training activities, or the
public space where they carry out their activ-
ity, in case of the sponsorship of stalls by the
FBMs. The ideological reluctance to a salary
relationship does not prevent small pay-
ments being made to people who are in
charge of management tasks, funded by ap-
plying an additional fee on to the amount of
the weekly order (AECGs).
The inspired order of worth
Even though this environment is highly con-
ditioned by collective arguments, it provides
some leeway for individual freedom required
by participants, in line with the inspiration or-
der. Improving personal self-esteem was
found to be a highly valued advantage (Table
4, answer 3), and reasons that expressed a
wish to enjoy one’s time (Table 3, answers 2,
3 and 7) were secondary to those of a socio-
economic nature, but not irrelevant.
AEPs are autonomous, self-managed
spaces. The rejection of domination between
people, plus the right of all participants to
have their proposals discussed in the assem-
blies, ensure a stable environment to allow for
aspirations of self-realisation and transforma-
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120 Orders of Worth as an Analytical Framework for Understanding Alternative Economic Practices
tion. This was recognised by those involved
when, asked about their level of satisfaction
with how the AEP worked, they gave an aver-
age rating of 4.0 points out of 5, with a maxi-
mum of 4.2 (SMSCs) and a minimum of 3.8
(UAs).
However, the establishment of consensus
as a decision-making principle causes a
structural barrier to the translation of new
ideas into concrete measures related to the
operation of AEPs or their relationship with
their environment. Several of the cases stud-
ied were separated from other AEPs due to
discrepancies in the direction they were tak-
ing. The search for unanimity may represent
an obstacle to readjusting the hierarchy of
orders of worth in the face of challenges such
as: the ups and downs in the number of par-
ticipants, the introduction of other manage-
ment methods, the extension of the variety of
products/services offered, and compliance
with administrative requirements. The rejec-
tion of leadership and hierarchy transfers
power to the group, but to a certain extent,
these practices may risk wasting the trans-
forming power that certain people and pro-
posals can bring.
A complex alternative hierarchy of the
orders of worth
Domestic, ecological and civic orders of
worth form the argumentative core of AEPs,
but do not guarantee their viability by them-
selves. They must resort to the orders closest
to capitalism (market, industrial and public)
to overcome the difculties that arise when
alternative schemes meet their internal limits
or external pressure. As the theory posits,
these contradictions are legitimised through
compromises that rely on arguments taken
from the prevailing orders of worth.
The crucial domestic order on its own is
not enough as a guiding principle. Beyond an
elementary minimum size, internal regula-
tions are required to reconcile assembly self-
management, with the setting of essential
individual contributions, in view of the very
different levels of activity provided by some
members. The alternative citizenship dened
by these rules does not excuse the fullment
of exogenous civic obligations that impede
the total autonomy of AEPs; these obliga-
tions are fullled thanks to compromise solu-
tions designed to minimise the impact of
heteronomy on their anti-authoritarian foun-
dations. Size demands standardised man-
agement, which involves a certain degree of
depersonalisation, often addressed by re-
sorting to the domestic argument of limiting
the number of members allowed.
Ecological convictions form the second
pillar of AEPs. The restrictions, both indus-
trial (narrow offer) and commercial (high pric-
es), to accessing sustainable supply are
avoided by appealing to domestic argu-
ments. These are related to trusting distant
—but traditional— producers, and conven-
tional —but local— shopkeepers.
The market order of worth has a very
weak presence in AEPs, which is consistent
with its cooperative basis, opposed to com-
petition and prot. The elementary surplus
that all circuits of value require is legitimised,
again, by domestic arguments, such as hav-
ing shared objectives with suppliers. Busi-
ness-like behaviour may be introduced when
the survival of an AEP is threatened, but this
is very infrequent. A determined action in the
public sphere could solve these shortcom-
ings. But attracting members brings the
community base into question and compli-
cates the continuity of projects, due to a lack
of resources and the risk of attracting the at-
tention of the authorities. The domestic order
of worth thus prevails over both the public
and the civic-external ones in order to give
rise to a compromise to preserve an AEP’s
reputation within the extended alternative
community in the same city; and yet, this
may be at the cost of passing almost unno-
ticed by the rest of the society and losing
their transformative impact. Something simi-
lar happens in the eld of inspiration: AEPs
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are innovative as economic proposals and
create a context conducive to personal full-
ment, but each person must accept the limits
that consensus imposes on individual initia-
tives.
This framework of compromises within
and outside of the alternative project shows,
in line with Diprose (2017: 842), that “there is
no pure outside to capitalism”, at least yet.
This is what the participants seemed to think
when they were asked to select the state-
ment that best suited their aspirations. Some
49.6% opted for I try to correct the most
unfair aspects of current capitalism”, com-
pared to 25.6% who preferred “I totally reject
capitalism as an economic and social sys-
tem” and 24.8% who subscribed to “I work
to build a type of economic relationship that
allows me to live outside of capitalism”. The
pre-eminence of community, social and eco-
logical aspects over strictly economic con-
siderations, and the adoption of behaviour
that is inevitably alike to that featured by con-
ventional businesses could explain this mod-
erate and reformist attitude.
conclusIons
This study has shown that AEPs combine
arguments related to all orders of worth, as
do capitalist businesses and non-prot pub-
lic organisations. The theoretical framework
is therefore able to connect economic activ-
ity with social context at different levels of
complexity: private corporations, public bod-
ies, circuits of value and, now, localised alter-
native practices.
The alternative project constructs its own
hierarchy of orders of worth. It consists of an
economy of people and not of organisations
(practices) that is self-managed by the com-
munity (domestic order) autonomously (civic-
internal order) and sustainably (ecological
order). These initiatives take distance from
capitalist rms, given their transformative
purposes and their principles of participa-
tion, equity and sustainability, but come clos-
er to mainstream businesses when their in-
ternal functioning and their external insertion
require standardised procedures, ensuring a
certain monetary surplus and a strengthen-
ing of their reputation. The domestic and
ecological arguments are translated into
proximity relationships that are alternative to
the global circuits that distance producers
and consumers, along the lines marked out
by alternative food networks.
Using the theory of orders of worth to
analyse AEPs goes beyond the binary view
that places capitalism and alternative into
mutually exclusive categories. It paints a
continuum-based picture, where multiple
forms of economic coordination are differ-
entiated by their specic combination of
orders of worth. This, non-dichotomous,
continuum-based interpretation has signi-
cant implications in terms of the transforma-
tive potential of AEPs. Until now, skeptical
authors such as Lee (2010) considered their
small size to be the cause of their low im-
pact. However, the determination and com-
mitment to these alternative practices by
some local governments, both in Spain and
in other European countries, can open new
opportunities to the transition movement
(online Transition Network). Public mea-
sures to support urban allotments, time
banks and self-managed social centres do
not need to take on arguments usually la-
belled as anti-capitalist or anti-system; they
can appeal to the domestic, ecological and
civic orders as political and civic priorities,
without eliminating the industrial and market
elements, which are closer to the capitalist
logic, but necessary to provide consistency
to alternative proposals. This evolution from
the eco-community (Barbeta, 2014) towards
an alliance with power, even with that clos-
est to citizens, will generate a lively, inevi-
table debate within these autonomous and
anti-authoritarian communities, a debate
that academic research should address in
future projects.
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Transition Network <https://transitionnetwork.org/> [Consulted on 6.03.2018]
Article
La reterritorialisation de l’agriculture et de l’alimentation pose la question de la coexistence ou de l’hybridation des modèles de gouvernance alimentaire. Cette hybridation est susceptible de nous mettre en porte-à-faux face aux réalités de terrain sur lesquelles il est difficile d’appliquer des modèles préétablis. Nous suggérons qu’en tenant compte des mondes de référence des acteurs, cela nous permet de mieux comprendre les motivations des acteurs et les mécanismes qui soutiennent la cohabitation de modèles agro-alimentaires. Dans cette logique, nous proposons d’étudier la théorie de la justification, puis de nous intéresser aux régimes de justification mobilisés par ces acteurs. L’Association pour le développement des monnaies locales (ADML63) et le Projet Alimentaire Territorial du Grand Clermont et du Parc Naturel Régional du Livradois Forez (PAT) serviront de cas d’étude. En nous appuyant sur de l’observation participante et des entretiens semi-dirigés, notre article fait ressortir 1) les registres de justifications mobilisés par les acteurs des deux cas, qui permettent un certain nombre de points d’arrimage entre modèles d’action, et 2) les modalités de coordination d’acteurs qui sous-tendent ces modèles.
Article
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El análisis de las controversias constituye, desde la perspectiva de la sociología pragmática, una oportunidad para conocer el modo en que los actores utilizan recursos argumentativos para justificar sus conductas. En este artículo se analizan —siguiendo los lineamientos de la teoría de los regímenes de justificación de Luc Boltanski y el análisis del discurso de Teun van Dijk e Iván Rodrigo Mendizábal—, las controversias suscitadas por el uso de armas de fuego por civiles contra los manifestantes durante el Paro Nacional del 2021. Los principales hallazgos del trabajo muestran recursos de argumentación opuestos (cité doméstica vs. cité cívica) entre dos de los actores que participaron en la polémica, y coincidencias de uno de ellos con un tercer informante. También fue posible encontrar vínculos entre los modos de argumentar y el ejercicio de la ciudadanía.
Article
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The text starts from Sen's conception of rationality as a social commitment and from his criticism of the economic rationality of utilitar-ianism, confronting them with the characteristics of implicit rationality in solidarity economic initiatives and sustainable development. These economic initiatives and Sen's ethical rationality are reflected in the following aspects: ethical evaluations of these solidarity initiatives, seeking to reduce social inequalities, the need for social commitment by the companies involved, recognition of social diversity, the importance given to the social participation of the people involved in the initiatives, expansion of positive freedom and recognition of the individual as an active agent. These solidarity initiatives, compared to the traditional economy, also entail changes at the political and social level, related to rationality as Sen's social commitment.
Article
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Resumo: Este artigo explora a teoria das justificações para a análise das motivações e estratégias de atores da Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) no estado de São Paulo, considerando perspectivas de desenvolvimento de seus territórios. Com uma abordagem cruzando sociologia e geografia, a pesquisa que ofereceu elementos de análise para a elaboração deste artigo fundamentou-se em entrevistas semiestruturadas, observações de campo e análise documental, considerando os casos do assentamento Milton Santos, situado parte em Americana, parte em Cosmópolis, assim como da Associação de Agricultores da Zona Leste da capital. O direito de acesso ao fundiário é absolutamente central para a AUP. A reivindicação deste direito, bem como a concepção de papéis das atividades compreendidas pela AUP, mobilizam referências de justiça com contornos ecológicos, o que oferece crescente legitimidade à causa, gerando diversos tipos de apoios. Porém, as evidências dos casos estudados indicam que a AUP está longe de ter sua perenidade e crescimento assegurados.
Article
La Geografía Económica ha mostrado un notable dinamismo disciplinar durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Este dinamismo se ha traducido en una creciente interacción entre los tres proyectos científicos que han impulsado la disciplina desde sus orígenes a finales del siglo XIX: el proyecto ambiental, preocupado por la relación entre economía y Naturaleza; el proyecto locacional, que identifica los patrones de localización espacial de las actividades económicas y sus implicaciones para el desarrollo regional; y el proyecto estructural-contextual, atento a la interdependencia entre las estructuras globales de acumulación capitalista y la diversidad de trayectorias socioeconómicas locales. Esa interacción intradisciplinar está dando lugar a una Geografía Económica menos compartimentada en escuelas de pensamiento estancas y más híbrida en sus inquietudes y conceptos, como respuesta a la condición transversal de los problemas ambientales, económicos, sociales y políticos que desafían a la Humanidad. Esta hibridación, apoyada en la acreditada capacidad de la Geografía Económica para incorporar los avances teóricos de otras ramas del conocimiento, está muy relacionada con la penetración de los planteamientos ambientalistas en los proyectos locacional y estructural-contextual, tradicionalmente más atentos a los dimensiones espaciales y socio-territoriales del funcionamiento de la economía.
Article
Alternative economic practices (AEPs) challenge capitalism and have flourished in Spain since 2008, when the economic, social, and political crisis severely hit the country. Cities are the principal places in which these practices are developing because unemployment, poverty, and foreclosures quickly rose in urban areas between 2008 and 2015. After the local election in 2015, left-wing coalitions took office in the major Spanish cities. These new governments replaced the former neoliberal and pro-growth coalitions and assumed the promotion for alternative economic modes of coordination as a part of their political agendas and new regulations. This article draws on institutional theory to frame the locally contingent outcomes of the interaction between alternative institutions and formal regulation in six Spanish cities. Empirically, we found that comprehensive plans by local authorities to enhance AEPs led to mutual reinforcement of regulations and institutions in Madrid and Barcelona. In contrast, institutions of AEPs in Oviedo, Valencia, and Valladolid substituted for the absence of regulatory response. Finally, Salamanca illustrates the case of competition between AEP institutions and local regulations, which even worked to replace AEPs.
Research
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RESUMEN: El objetivo de este artículo es presentar los resultados de un análisis y cartografía de las ini-ciativas de innovación social que han surgido en la ciudad de Valencia en los últimos años. Mediante trabajo de campo y técnicas fundamentalmente cualitativas (FocusGroup, entrevistas, cuestionarios a informadores cuali-ficados), se han recopilado y analizado las iniciativas de este tipo que se encuentran actualmente activas, ana-lizando su tipología, cronología y localización geográfica, con el fin de determinar las variables que han condicionado su nacimiento y, en particular, su posible vinculación con las características de los barrios en que se han originado (problemática social, estructura sociodemográfica, tradición participativa, redes y capital social existente, etc.). Los resultados muestran la gran diversidad temática existente, así como su vinculación con las demandas percibidas por la población y su vinculación a barrios con población joven y áreas consolidadas con tradición participativa, como Ciutat Vella, Benimaclet y Marítim.
Article
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The reproductive and care work predominantly undertaken by women has historically been undervalued in traditional measures of the economy. However, calls for more work, or better work for women (and men) doesn’t necessarily solve the issues surrounding waged labour such as zero hour contracts, the ‘double work day’, and other forms of increasing precarity and competition. In this article I explore how alternative forms of labour exchange in the Wellington Timebank provide one way in which subjects can partially operate outside the waged economy. I draw on Jacques Rancière’s understanding of how a radical equality underpins a democratic politics to explore the everyday negotiations around labour that occur in this alternative economy. I connect work being done by the Community Economies Collective to ideas of radical equality and a feminist ethic of care to show how embodied and everyday practices like timebanking enable subjects to challenge the inequalities of waged work and in Rancière’s terms, partially construct alternative ‘distributions of the sensible’.
Article
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This article maps the contours of the community currency scene in Spain.
Article
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Las redes alimentarias alternativas constituyen una temática de investigación emergente en los estudios urbanos, que cuestiona los modelos dominantes de producción, distribución y consumo de alimentos. Una de sus manifestaciones son los mercados de productores, que ponen en contacto directo a productores periurbanos y rurales con consumidores urbanos, favoreciendo las relaciones de proximidad y los circuitos cortos. El artículo investiga los mercados de productores en Madrid mediante una estrategia multimétodo que combina entrevistas, encuestas y otras técnicas complementarias. Los resultados confirman su diversidad interna, identifican las estrategias de los diferentes actores y delimitan su impacto territorial, mostrando también sus limitaciones. Alternative food network in big cities: the farmers’ markets in Madrid Alternative food networks have become an emerging topic of research in urban studies, which discuss and review the dominant patterns of production, distribution and consumption of food. The farmers markets are one of its forms that put in direct contact rural farmers and urban consumers, fostering proximity relationships and short circuits. This paper analyses the farmers markets in Madrid using a multi-method strategy that combines interviews, surveys and other complementary techniques. The results confirm their internal diversity, identify strategies of the different actors and defines their territorial impact, showing also their limitations.
Article
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The Transition Movement is a translocal phenomenon circulated through transnational grassroots networks. This study explores the geographies of the Transition Movement with a theoretical framework that perceives it as both a social movement and a grassroots innovation. Participant-observation of Transition Salt Lake (TSL), located in the suburban metropolis of Salt Lake City, Utah, was conducted, as the United States remains a largely understudied country in regards to this particular movement. In this pursuit, we asked: (i) how and what this transition initiative draws from geographically extensive and intensive relations, (ii) how it combines place-specific elements and generalized models (embeddedness), and (iii) how this impacts the success of the transition initiative and how these impacts (positive or negative) are generated. Place, space, and scale played a large role in defining the nature, dynamics, possibilities, and constraints of this transition initiative. Specifically, geographically intensive and extensive relations were critical for the mobilization of complementary resources. The Transition model was found to be flexible, allowing for the initiative to adopt those elements that worked in place and to focus on locally relevant topics. TSL faced many challenges identified by previous researchers regarding finances, participation, diversity, and intragroup competition. While networking with other similar groups, TSL demonstrated that fertile environments of activism are incubatory pools for grassroots innovations and social movements, and a trade-off was found with competition for resources between local groups.
Article
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El articulo presenta una serie de estudios de caso etnografico de empresas espanolas de «base humana», denominadas de este modo por potenciar el factor humano como ventaja competitiva. Estas empresas poseen ciertos rasgos en comun: operan en la economia del conocimiento, sus fundadores son talentosos jovenes emprendedores, aplican conocimientos de las humanidades, son flexibles y cooperativas, realizan una gestion horizontal y no persiguen el lucro como unico objetivo. Tales empresas despuntan en oposicion a los modelos de gestion y produccion empresarial e industrial tradicionales y ponen en primer plano la innovacion centrada en las personas frente a la innovacion tecnoeconomica clasica. Sin embargo, ?son realmente pioneras?, ?suponen un cambio de paradigma en la gestion y organizacion empresarial en nuestro pais?, ?o acaso son una consecuencia logica de la produccion flexible, la mercantilizacion expansiva del capitalismo tardio y un eco de iniciativas que irradian de otros centros neuralgicos empresariales?
Article
Community economies can be considered as examples of the diverse economies growing outside common capitalist logics of private accumulation and profit, seeking to bypass or reconfigure dominant global trends of societal and economic organization. Yet, these communities seem to fit quite well under a neoliberal program in which responsibilities are shifting downwards, favoring multi-level governance over State intervention and accountability. This binary character makes imperative an open and critical discussion on the development of community initiatives, including on the motivations and visions of citizens practicing alternative ethical consumption. This article explores the neoliberal rationalities embraced by community members within the imaginaries of change they frame and examines how these rationalities contribute to (re)producing neoliberal conditions and forms of governance. Our analysis builds on semi-structured interviews conducted among the members of 11 initiatives in 5 EU countries and on participant observation. We argue here that communities articulate an “alternative imaginary” of change that appears imprinted by core neoliberal rationalities around questions of individual responsibility, the role of the State, and civic participation and equity. It is an imaginary related to the construction of CBEs to by-pass existing socio-political and economic configurations. This imaginary more often than not responds to neoliberal promises of individual freedom and autonomy and seems to undermine CBEs' more radical possibilities at the same time obscuring more diverse voices of transformation.
Article
Based on a comprehensive study of allotment gardens in the province of Alicante, this article enhances research on urban agriculture in two ways. First, we explain the specific histories of urban allotments in Spain that differ from the well-rehearsed stories of North America and also Northern Europe. Second, we show that a focus on urban allotments can provide a better understanding of changes in the economy, in land-use and in urban-rural relations in times of crisis. After two decades of Spain's "urbanization tsunami", in the mid 2000s a new way of combining urban life with agricultural functions emerged: through allotments, municipalities intended to promote environmentally-oriented leisure activities, enhance urban green landscapes, and revive traditional vegetable gardens (huertas). At first, these projects catered mostly to pensioners, including foreigners coming from countries with long traditions of urban allotments. As the economic recession intensified in 2009, allotments had to re-define their goals in a social environment now defined by high unemployment and impoverishment. Today, most of the projects target people at risk of poverty and social exclusion and their primary functions are productive, therapeutic and educational. We also show that the global economic crisis of 2008 in a way contributed to the revaluation of agricultural land use, although the spectre of land-speculation is still very present.