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investigaciones sociales Vol.21 N°39, pp.41-51 [2017]UNMSM-IIHS. LIMA, PERÚ
Bosques en el Perú: importancia, gestión y
perspectivas en el contexto del cambio climático
Betsaida Yamile Paz Majluf
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
< betsaida.paz@gmail.com >
RESUMEN
El presente trabajo pretende presentar un panorama escueto pero integral de la situación de los bosques amazónicos peruanos.
Esperando lograrlo, el primer ítem titulado: «La Amazonía para el Mundo, la Región y el Perú», hace un acercamiento de las diversas
funciones que cumple esta cuenca en esos tres niveles; el segundo ítem: «La Gestión Nacional de los Bosques Amazónicos», busca
acercarnos al estado de la gestión estatal de los bosques, para lo cual, incluye un sub-ítem «Deforestación», que trata de abarcar esta
compleja problemática; el tercer ítem: «Perspectivas y Recomendaciones para la Gestión de los Bosques en el Contexto de Cambio
Climático», trata básicamente de los diversos aspectos a considerar, en el contexto nacional, para una futura conservación de los
bosques amazónicos; y nalmente, hay un par de conclusiones globales.
P : Amazonia, bosques, Educación, Clima, Perú
Forests in Peru: importance, management and perspectives in a
climate change context
ABSTRACT
is written work intends to submit a brief but comprehensive panorama of the Peruvian Amazonian forests situation.Hoping to
achieve it, the rst item entitled: “e Amazon for the World, the Region and Peru”, makes an approach of the diverse functions
that this basin fullls in these three levels; the second item: “e Amazonian Forests National Management”, seeks to bring us closer
to the state of forest management, including a sub-item “Deforestation”, which pursues to encompass this complex problem;the
third item: “Perspectives and Recommendations for Forests Management in a Climate Change context”, basically deals with various
aspects to be considered, in a national context, for a future conservation of the Amazonian forests;and nally, there are a couple of
global conclusions.
K: Amazon, forests, Education, Climate Change, Peru.
Recibido: 09/11/2017
Aprobado: 12/03/2018
BETSAIDA YAMILE PAZ MAJLUF
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I. Introducción
El Perú presenta siete de las nueve características
reconocidas por la Convención Marco de la
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
para calicar como un país particularmente
vulnerable; también cuenta con una alta exposición a
amenazas de origen hidrometereológico, por lo cual,
del total de emergencias nacionales, el 72% son de esta
índole (República del Perú, 2015). Por otro lado, su
economía está basada en el extractivismo de materias
primas, dónde el 7,5% del PBI está compuesto por
actividades sensibles a los cambios en el clima (SINIA,
Cifras Ambientales, 2014).
Una geografía especialmente susceptible al cambio
climático, sumada a deciencias estructurales que
venimos arrastrando desde hace varios gobiernos
atrás, como: la débil gobernabilidad, la limitada
infraestructura, la dependencia al extractivismo y
la presencia —aún signicativa— de la pobreza
socioeconómica, no es una buena combinación para
ningún país, y menos para uno en vías de desarrollo.
Se prevé que para el 2030, se alcanzaría un PBI
menor en 5,7% a 6,8% del que se alcanzaría sin cambio
climático, mientras que para el 2050 la brecha respecto
del PBI potencial estaría entre el 20,2% y el 23,4% del
PBI real (República del Perú, 2015).
Entre el cambio climático y la deforestación
hay una relación particular ya que son directamente
interdependientes: a mayor deforestación, mayor
cambio climático, y viceversa.
No existen sucientes informes o estudios precisos
que se enfoquen en las consecuencias directas e
indirectas que acarreará el cambio climático para el
país. Los posibles impactos que se vislumbran para
Perú, se conocen gracias a informes generales de
organismos internacionales, pero la investigación sobre
este tema, enfocada en país, es demasiado incipiente
aún y si la que hay, no está debidamente sistematizada,
ni interconectada. Recién en las últimas elecciones, ha
habido algunos candidatos presidenciales han puesto el
tema de la gestión ambiental y del cambio climático en
sus planes de gobierno.
Por el lado de la sociedad civil, si bien las protestas
por el manejo de los recursos naturales vienen desde ya
un periodo signicativo, el conocimiento del cambio
climático, sus causales y efectos, cómo adaptarse y
cómo mitigarlo, aún es vago o ausente, salvo en algunos
ámbitos académicos. En resumen: hay mucho por hacer.
2. Cuerpo
1. La Amazonía para el mundo, la región y el Perú
Los países de la cuenca amazónica (Brasil, Colombia,
Ecuador, Venezuela y Perú) están dentro de los 17 países
mega diversos del planeta, principalmente, porque
sus bosques primarios son los hábitats más ricos del
planeta (Cordero, 2011: 5). Los bosques almacenan
carbono en su biomasa (madera, hojas y suelo) y casi
el 50% del carbono secuestrado por los bosques del
mundo, lo almacenan los bosques de América del Sur
(Cordero, 2011: 6).
Por otro lado, la seguridad hídrica de la Amazonía
depende principalmente de los servicios ecosistémicos
ofrecidos por el bosque, como: reciclaje de agua de
lluvia, la regulación y puricación hídrica y otros
servicios vitales. El bosque recicla entre el 20-25% de
las lluvias que recibe y el aire que viaja por el bosque
puede generar el doble de lluvia que el aire que viaja
por la tierra deforestada (Mardas et al., 2013: 9).
C 1: D
(SINIA, C 2014)
Como vemos, la Amazonía sustenta la seguridad
hídrica nacional como la regional, y existe una
interdependencia no solo entre bosques saludables
y seguridad hídrica sino también entre seguridad
hídrica, energética, alimentaria y de la salud (recursos
medicinales, regulación de epidemias como la malaria,
la leishmaniosis y otras enfermedades infecciosas
comunes de la región). Además la inseguridad hídrica
por contaminación impacta de manera especial en las
poblaciones locales, ya que sólo el 55% de los peruanos
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C 2: I , ,
A (M . , )
C 3: L A (M . , )
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en la región amazónica cuenta con accesos a agua
tratada (Mardas et al., 2013). Sin embargo se prevé que
la deforestación a gran escala reducirá las lluvias hasta
en un 21% para el 2050 (Mardas et al., 2013: 9).
La minería, la extracción petrolera, la generación de
energía, la agricultura mecanizada, son actividades con
grades requerimiento de agua y energía (estrechamente
relacionadas en la región con la energía hidroeléctrica),
es decir que dependen que la seguridad hídrica.
(Mardas et al., 2013: 7).
El valor estimado de los servicios ecosistémicos
—ahora mediáticos— de la Amazonía para la región,
está en el rango de las decenas de miles de millones
de dólares por año, como se puede ver también en el
cuadro 3.
Y los planes nacionales apuntan hacia un desarrollo
acelerado en la región. Por ejemplo, se prevé construir
30 represas nuevas en la Amazonía brasileña para el
2020 y 29 en la Amazonía andina. Especícamente en
el caso de la Amazonía peruana, actualmente sólo se
explota menos del 1% del potencial técnico, además,
el crecimiento exponencial de Brasil lo ha llevado a
rmar convenios bilaterales con Bolivia para gas y
con Perú para energía hidroeléctrica (Mardas et al.,
2013: 6).
Ahora, decir que los bosques son importantes
porque constituyen sumideros signicativos de
carbono, porque constituyen diversos y ricos
ecosistemas, o porque son proveedores de servicios
ecosistémicos básicos como la regulación hídrica, etc.,
es cristalizar a medias, la magnitud de su importancia,
ya que estos ecosistemas también son la fuente del
sustento directo para sus poblaciones rurales, así
como son proveedores de espacios para la vivienda,
el turismo y la recreación; son el medio amiente de
muchas culturas, y por lo tanto fuente de valores
sociales, culturales y espirituales.
Con respecto a las poblaciones amazónicas, se
estima que alrededor del 60% de los habitantes de la
Amazonía boliviana, el 37% de la ecuatoriana, el 17%
de la brasilera (Mardas et al., 2013: 8), y el 62,3% de
la peruana son pobres. Especícamente en Perú, de
esa población rural amazónica, el 24,6% se encuentra
en pobreza extrema (INEI, 2012, citado en Minam,
2014), mientras que de los pueblos indígenas, cuyo
80% reside en zonas rurales, el 81% es pobre total y
el 40% pobre extremo (INEI y Unicef 2010, citado en
Minam, 2014).
2. La gestión nacional de los bosques amazónicos
Alrededor del 60% de nuestro territorio nacional es
Amazonía y el 15% del área de los bosques tropicales
y subtropicales se encuentra dentro de territorios
indígenas (Minam y Coop. Alemana, 2014).
Con respecto a la gestión estatal de bosques y
cambio climático, a pesar de que existen distintos
espacios dentro del aparato estatal (Sistema Nacional
de Información Ambiental, Instituto Nacional de
Recursos Naturales, Organismo de Supervisión de
los cursos Forestales y de Fauna Silvestre, Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, etc.), así como
diversos programas y proyectos (Estrategia Nacional
de Cambio Climático, Programa Nacional del Cambio
Climático, Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático,
Proyecto de Planicación ante el cambio Climático,
etc.); y de que en la última década se ha avanzado en
materia de gestión ambiental, de que por n conceptos
como «ministerio del ambiente» y «cambio climático»
están en la boca de políticos y son de conocimiento
público (tal como lo rearma un informe del 2013 del
encuentro Interclima1), estos diversos instrumentos,
instancias estatales y proyectos que orientan la gestión
del cambio climático en el Perú en su mayoría no se
encuentran plenamente implementados, o no están
plenamente respaldados por todos los sectores del
Estado, es decir la gestión es desarticulada, propio
del carácter sectorial de la gestión pública nacional en
general.
Una muestra de la contradicción y desarticulación
en la gestión ambiental, ha sido la emisión de leyes
conocidas localmente como «paquetazos ambientales».
La ley N° 30230 emitida en julio del 2014, llamada
«segundo paquetazo ambiental», la cual le valió a Perú
el «premio» del fósil de día de la organización Climate
Action Network (CAN) durante la COP20 por su
«su incongruencia» con las políticas ambientales. Por
ejemplo, en el artículo 24 de dicha ley, se cambia la
gura de los estándares de calidad ambiental y de los
límites máximos permisibles, disponiendo que a partir
de la vigencia de la ley se denan en términos no sólo
sociales, ambientales y sanitarios, sino también que
estén condicionados a análisis económicos; además,
reduce en cincuenta por ciento las tarifas de las multas
1 Interclima: espacio, encuentro de diferentes sectores del estado con
organizaciones internacionales y civiles para abordar temas de la gestión
ambiental en elpaís.
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ambientales y las coloca a estas como último recurso
usado para disuadir a las empresas (al menos por un
periodo de tres años desde la emisión de la ley); así
como también debilita los conceptos de «Zonicación
Económica Ecológica» y el de «Ordenamiento
Territorial» al determinar que ninguno de ellos «asignan
usos ni exclusiones de uso» es decir, que les da un peso
explícito de referenciales. En resumen, es una ley que
debilita la institucionalidad y la normativa ambiental.
Otra muestra de esto, es el concepto ocial/
técnico, para usos estatales, de «ordenamiento
territorial». Tal y como está planteado, no considera
en su marco legal, a la mitigación del cambio climático
como una variable para la planicación del territorio,
por lo que el ordenamiento territorial, sólo concebiría
la problemática del cambio climático en la medida
en que las autoridades regionales y locales lo empleen
como una herramienta de adaptación a él (Minam,
2013); es decir, en otras palabras, la manera como está
estructurada legalmente la herramienta del concepto
de Ordenamiento Territorial, sólo prevé la gestión del
riesgo del cambio climático (adaptación al cambio
climático: gestión post asignación territorial), más no la
gestión de la mitigación del cambio climático (gestión
pre asignación territorial). Lo cual es preocupante si se
considera que la mayor cantidad de emisión de GEI del
país es por USCUSS, es decir, un sector que depende
directamente de la planicación y del ordenamiento
territorial.
Por otro lado, tenemos a REDD+ Indígena, que es
una versión adaptada, interculturalmente, de REDD+2.
En su adaptación, REDD+ Indígena se acomoda a
las características de las comunidades para la gestión
y monitoreo de los bosques ya que permite trabajar
con pequeños capitales, algo que sería inviable con el
REDD+ convencional. Es una propuesta que busca
no solo la conservación de los bosques sino también
la supervivencia de las comunidades nativas bajo su
propia cosmovisión, busca la efectiva trasferencia de
la gobernanza ambiental a las bases, sin la cual los
benecios de REDD+ no podrían ser equitativamente
distribuidos.
Pero a pesar de que se le considera a REDD+
Indígena una adaptación intercultural con salvaguardas
2 Sistema internacional de reducción de gases de efecto invernadero
causados de la degradación y deforestación de los bosques. Mecanismo
de mitigación del cambio climático y compensación, desarrollado bajo
la CMNUCC que busca reconocer y proveer incentivos positivos a los
países en vías de desarrollo para proteger sus recursos forestales, mejorar
su gestión y utilizarlos de manera sostenible.
sociales, etc. los pueblos indígenas sostienen que las
leyes nacionales sobre bosques, protección de la vida
silvestre y sobre propiedad de la tierra, no cumplen con
las obligaciones internacionales en materia de derechos
indígenas, y que les recortan el margen de acción para
cumplir con las metas planteadas por REDD+ Indígena.
Lo cual es cierto, y se puede ver a simple vista en la
problemática nacional del reconocimiento y titulación
de comunidades nativas, en la cual hay una larga la de
espera de decenas de comunidades nativas esperando
ser denitivamente demarcadas y tituladas. El informe
REDD+ Indígena (Minam y Coop. Alemana, 2014),
considera, con respecto a la propiedad de la tierra que:
«…el tema es considerado alarmante y difícil de abordar
en la negociaciones. Territorios indígenas sin reconocer
pueden ser objetos de apropiación para proyectos
REDD+ y esta es una preocupación compartida ya
que podría deslegitimar todo el esquema comercial
que se propone». REDD+ Indígena también tiene la
falencia de no contar de manera plena con un sistema
de monitoreo y supervisión.
Finalmente, algo que también resalta en la gestión
ambiental estatal y que se mencionó en el balance de
Interclima 2013, es la necesidad de capacitar a los
funcionarios de los distintos niveles (nacional, regional,
local) del gobierno para nivelar sus capacidades
de gestión del cambio climático; e incrementar el
presupuesto para su investigación.
La deforestación
El tamaño del mercado negro forestal en el país es
monstruoso. La tasa de ilegalidad del sector maderero
es de al menos el 80% de su producción (Uceda, 2016,
«El inspector talado», La República, 26 de enero),
por lo cual se pierde aproximadamente 220 millones
de dólares (Minam, 2013; citado en Minam, 2014).
Y al ser un sector informal al minoreo, tiene una
importancia mucho mayor para los medios de vida
rurales y las economías locales (Cordero, 2011: 7).
Por otro lado, la deforestación y a raíz de ella, el
posterior cambio de uso de suelo, es la principal fuente
de emisiones de GEI en el Perú, equivalente al 41% del
total emanado (Minam y BID, s.f.). La deforestación, a
pesar de ser el sector que da mayores emisiones de GEI,
también es el sector de mayor incertidumbre debido a la
falta de información georeferenciada histórica sobre el
cambio de uso de la tierra. Se estima que en un escenario
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BAU3, las emisiones netas de GEI (emisiones menos
capturas de CO2) en el año 2030 se incrementaran
en un 56.21% con respecto a la línea de base de las
emisiones del 2010 (Gobierno del Perú, 2015).
El sector maderero ilegal funciona con exportaciones
de madera blanqueada, es decir, empresas madereras
con concesiones otorgadas por el Estado, comunidades
o individuos habilitados para talar, usan sus áreas
asignadas como pantalla para justicar la venta de
madera de bosques externos a su concesión, de bosques
no autorizados. Está avalado por una red criminal
y de corrupción que abarca desde parlamentarios y
funcionarios del poder judicial, pasando por funcionarios
de los gobiernos regionales e instituciones scalizadores
del Estado hasta grupos organizados de civiles.
Un periodista de investigación (Luna, diario La
República, 3 de dic. del 2015), lo expresa así: «El tráco
de madera es una de las actividades criminales más
rentables del Perú junto con la minería ilegal de oro y
el narcotráco… desde que en el 2009 se implementó
el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., hasta el
2013, Osinfor4 ha constatado que con documentos
ociales se ha movilizado ilegalmente cantidades de
madera estimadas en 134 millones de dólares. Estos
cargamentos exportados tenían documentos formales
que los avalaban, pero con información falsa.»
El panorama de la deforestación en el Perú tiene
varias causales (Cardoso, 2011), (Che Piu y Menton,
2013, citado en Gobierno del Perú, 2014: 4), (Minam,
2014), (Gobierno del Perú, 2015):
• La poca accesibilidad del costo de los planes de
manejo forestal.
• La poca diversicación productiva en la región
de la cuenca amazónica.
• La globalización, el aumento de la demanda de
productos agrícolas y extractivos y las posteriores
políticas públicas de industrialización.
• La expansión de las fronteras agrícolas y
ganaderas a pequeña escala por los colonos
(la migración desde la sierra hacia la selva) y
las familias desplazadas —que talan el bosque
para desarrollar agricultura de subsistencia
y en algunos casos con nes comerciales—
aproximadamente el 88% del área deforestada
3 «Business as usual» o en español «negocios como siempre»: proyección
en un contexto en que se continúe conelmodelodedesarrollocomoelact
ual,sinhacertomarmedidasdemitigaciónalcambioclimático.
4 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
FaunaSilvestre.
pasa a convertirse en terreno agrícola, mientras
que el aproximadamente el 10% del área pasa
a ser usado como pasturas.
• La falta de claridad en la tenencia de la tierra:
concesiones madereras que se superponen
a territorios indígenas y a áreas naturales
protegidas.
• La pobre scalización de políticas y normas de
los sectores involucrados.
• La corrupción de las autoridades estatales: a
9 regiones del país le fueron transferidas las
competencias forestales en el 2010, con esta
medida, los funcionarios regionales (muchos
de ellos, dueños de madereras), quedan
encargados de las supervisiones forestales.
Solo en la región de Ucayali, decenas de
comunidades indígenas enfrentan conictos
con madereras cuyas concesiones se superponen
a las de sus territorios, y el estado no termina
el proceso de delimitación y titulación de las
tierras indígenas.
De continuar la deforestación, el cambio climático
no hará más que agravar la situación de sus ecosistemas,
lo cual disminuirá las lluvias y la escorrentía tanto
dentro como fuera de la cuenca, afectando el ciclo del
carbono mundial (IPCC, 1997).
3. Perspectivas y recomendaciones para la gestión de
los bosques en el contexto de cambio climático
La conservación de los bosques amazónicos peruanos,
pasa inevitablemente por desarmar el sistema ilegal de
deforestación e instalar un sistema de aprovechamiento
forestal sostenible social, económica y ambientalmente,
para lo cual a su vez debe darse la batalla en los
siguientes aspectos/campos de este complejo cuadro:
Cuestiones transversales
Visiones de gobierno a cambiar: «benecio a corto plazo»,
sectorialización y corrupción
El paradigma desarrollista-productivista que guía
desde hace décadas a las políticas públicas, no cuenta
con profundas consideraciones ambientales ni de largo
plazo. Insistir en darle prioridad al crecimiento del PBI
como solución a todos nuestros males, es iluso pues la
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pobreza en la región no tiene causas coyunturales sino
estructurales, por lo tanto no se desvanecerá con sólo
el aumento del ingreso monetario, sino que se debe
reformar los medios naturales, infraestructurales y
sociales para la reversión de dicha situación (Sejenovich,
2015). En la región, la relación entre pobreza, crisis
ambiental y acumulación a corto plazo, presenta una
particular complejidad: que es que la problemática
ambiental, forma parte constitutiva del problema
mismo del carácter desigual y dependiente del modelo
económico (Sejenovich, 2015).
«Sectoralismo», es una característica común a los
países de la región, con este concepto nos referimos a
diseñar y aplicar leyes, planes, programas y proyectos
nacionales sin una visión integral, en donde cada sector
del estado o ministerio trabaja sin coordinación ni
acuerdo con sus homólogos, en donde prácticamente
no hay objetivos ni planes de trabajo comunes. Para
Sejenovich (2015), la visión sectoralista privilegia la
producción y la eciencia de corto plazo, minimiza la
importancia de las interacciones, y en general, otorga
poco espacio para la planicación, para la participación
y para la articulación con la ciencia, la tecnología y con
la calidad de vida de la población.
La corrupción estatal, es probablemente el obstáculo
más grande a superar en el objetivo de conservar los
bosques peruanos. Esta se puede ver claramente en
casos como el del pasado vicepresidente de la región
amazónica de Ucayali que a su vez es dueño del Grupo
Henderson, que cuenta con una empresa maderera que
es titular de una concesión estatal y que ha sido auditada
en el año 2013 por Osinfor debido al blanqueamiento
de 4,491, 892 metros cúbicos de madera.
Según la Defensoría del Pueblo (2015),
cotidianamente se pone en evidencia la insuciencia
en la representación política, así como de las vías
jurisdiccionales y administrativas para resolver los
conictos sociales y garantizar un escenario estable para
la vigencia de los derechos, las inversiones y la protección
del medio ambiente. El caso más emblemático para este
análisis probablemente sea el caso del líder asháninca,
Edwin Chota, asesinato en el año 2014, por la maa
maderera luego de denunciar ante las autoridades
estatales, durante meses, a los madereros ilegales que
rondaban su comunidad sin titular.
Es así como un cambio de visión, de lo señalado
líneas arriba, es la llave para habilitar medidas que den
paso a alcanzar el objetivo de conservación. Que serían
las siguientes:
Condiciones habilitantes
Con «condiciones habilitantes» se entiende aquellas
medidas legales, normativas y organizacionales del
aparato estatal que garanticen/habiliten el camino
de los diversos proyectos que puedan haber para la
conservación y la gestión sostenible de los bosques.
El Plan Nacional de Cambio Climático contempla
15 opciones de mitigación (Gobierno del Perú,
2014), pero no cuenta con condiciones habilitantes
como por ejemplo: una normativa que reduzca los
altos costos de transacción de los sistemas de pago
por servicios ecosistémicos, incentivos económicos,
capacitaciones para los usuarios de los bosques, una
normativa clara, simple y unicada de la títulos de
propiedad de los bosques y suelos, un sistema ecaz de
vigilancia y control de la tala ilegal, un sistema integral
y actualizado de información forestal y un efectivo
sistema de ordenamiento territorial (Minam, 2014).
La ausencia de estas condiciones habilitantes le
restan rentabilidad y competitividad a la preservación
y la gestión sostenible de los bosques y favorecen el
mercado de la tala ilegal.
Reforma del sistema de concesiones forestales
Como ya se ha explicado líneas arriba, el sistema de
la tala ilegal que mueve millones de soles en el país
se sustenta en el mecanismo del blanqueamiento de
madera y la mayor cantidad de madera blanqueada
proviene de las concesiones forestales que son las que
tienen más mayor facilidad para blanquear grandes
cantidades.
Si bien Osinfor tiene ya una función de
vigilancia sobre las concesiones y exportaciones de
madera, necesita autonomía y reforzar sus sistemas
de información para hacer de manera más precisa
e implacable esta tarea. Al respecto, también sería
urgente endurecer las medidas coercitivas a través de
fuertes multas y el retiro denitivo de las licencias de
concesión.
Delimitación, titulación
de
tierras y sistema
de
catastro
unicado y georeferenciado
En términos absolutos, las áreas anuales de deforestación
ocurren principalmente en bosques sin derechos,
predios privados, comunidades nativas y bosques no
concesionados, lo cual sugiere que la falta de asignación
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de derechos es uno de los factores principales de
deforestación y degradación (Minam,2014).
El experto, Bastian (2011), que ha analizado
el caso de la deforestación en la Amazonía brasilera,
cuya realidad es bastante parecida a la que atraviesa la
Amazonía peruana, concluye que una contribución
signicativa, «perenne», de largo plazo y sostenible
a través de los cambios de gobierno, es ordenar la
tenencia de la tierra: «asumir la efectiva gobernanza
sobre la tenencia de la tierra». Dentro de su análisis,
ve que hay dos variables que no se suelen tomar en
cuenta para en el complejo cuadro de la deforestación
amazónica: 1) la especulación del valor de las tierras (es
decir, la expectativa de que habrá demanda por la tierra)
y 2) la ausencia de gobernanza de la tierra o lo que
sería un sistema efectivo sobre la titulación, asignación
y concesión de tierras y una falta de ordenamiento
territorial.
Existen dos características de la Amazonía
brasileña que también tiene la Amazonía peruana
(Bastian, 2011): la adquisición informal y posterior
deforestación de tierras, sobre todo públicas, que es
altamente rentable. Y esta dinámica de adquisición
informal no puede parar sin gobernanza de la tierra
y sin un marco legal efectivo, sin un reconocimiento
y empoderamiento de los propietarios. Tener una
buena gobernanza de la tierra, un catastro moderno,
permitiría:
– Establecer con seguridad políticas relacionadas
a: reforma agraria, crédito agrario, tributación
sobre la tierra.
– Dicultar la posesión privada inapropiada.
– Reglar los procesos de compra de tierras, para
limitar el monopolio de tierras, etc.
– Hacer la zonicación de uso de la tierra, etc.
– Limitaría la especulación por tierras.
– Aanzaría el mecanismo REDD+ Indígena.
Entonces, es necesario legislar desde el Estado
sobre la tenencia de la tierra: aclarar fronteras
entre comunidades, concesiones y áreas naturales
protegidas, terminar de titular a las comunidades
campesinas y nativas, no sólo reducirá el número
de conictos socio ambientales sino que es una
condición habilitante básica que generaría seguridad
sobre los actores sociales que pretendan invertir en
proyectos de bosques sostenibles y otros; además que
simplicaría los procesos de vigilancia y supervisión
de la Osinfor.
Ordenamiento territorial
Es un error de perspectiva separar adaptación al cambio
climático de mitigación al cambio climático: el cambio
climático ya empezó, ya está aquí y mitigarlo es una
manera de adaptarse a él.
Tal y como está formulado por el Estado, el
concepto de «ordenamiento territorial» sólo prevé
la gestión del riesgo del cambio climático, es decir
la adaptación al cambio climático, más no la gestión
de la mitigación del cambio climático. Lo cual es
preocupante si se considera que la mayor cantidad
de emisiones de CO2 del país proviene de USCUSS,
es decir, un sector que depende directamente de
la planicación y el ordenamiento territorial. La
mitigación en el sector USCUSS está íntimamente
ligada al manejo territorial: manejo forestal
sostenible, sistemas agroforestales, consolidación de
áreas naturales y reforestación.
Empoderar a los usuarios del bosque
Un factor en contra para el manejo forestal sostenible
es la limitada capacidad organizativa y de gobernanza
de las organizaciones locales ligadas a los bosques
(Cordero, 2011: 20).
Empoderar a las poblaciones locales amazónicas,
a las comunidades nativas, y a las comunidades
campesinas, a la sociedad civil nacional en general, es la
mejor garantía de vigilancia y protección de los bosques.
Pero empoderarlos no pasa solo por capacitarlos sino
primero por el simple hecho de reconocer sus derechos
sobre los bosques y la tierra, y antes de capacitarlos,
por facilitarles el acceso a información que les permita
sentir la necesidad de empoderarse, de mitigar y
adaptarse al cambio climático.
Expandir y perfeccionar los sistemas de información
Para expertos en el tema, otra cosa que se requiere
con urgencia es expandir y perfeccionar los
sistemas de información, por ejemplo Mardas et
al. (2013) detalla que lo que se requiere es diseñar
indicadores ambientales, económicos y sociales sobre
las seguridades: hídricas, alimentaria, energética
y de la salud; mapeos de zonas de alto riesgo para
estas seguridades, mapeo de vulnerabilidades de
los distintos sectores y poblaciones amazónicas, un
sistema de alerta temprana que aproveche el mapeo
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de zonas de alto riesgo y que se enfoque en los
fenómenos climáticos extremos, cambio en el uso
de la tierra y focos de contaminación que afecten las
seguridades.
Toda información será recabada al respecto serviría
para el correcto funcionamiento de los sistemas de
supervisión, control y vigilancia.
Supervisión, control y vigilancia
Se requieren sistemas de vigilancia, control y
supervisión para programas como REDD+ Indígena
—que aún no lo tiene implementado como se debe—,
las concesiones forestales y general cualquier proyecto
forestal que se pretenda emprender en el país.
Otras aristas sobre las cuales trabajar
El lugar mediático de los casos ambientales
Las noticias ambientales no se caracterizan por tener un
lugar mediático privilegiado en los medios peruanos.
La deforestación de los bosques es una problemática
que no llama la atención de la opinión pública,
probablemente debido a la escasa y prácticamente nula
educación ambiental.
Acá el rol de los medios principales de comunica-
ción es básico para empoderar a las poblaciones y con
esto generar una presión sobre las políticas públicas
estatales.
Trabajar en conjunto con los demás países de la cuenca
amazónica
Con respecto las instancias estatales, se requiere
terminar de implementar, consolidar y nanciar a
las Autoridades Regionales Ambientales para que
terminen aplicando políticas territoriales integrales y
contundentes.
Mardas et al. (2013) propone que se creen grupos
de trabajo y cooperación regionales, para conservar la
Amazonía y mantener las seguridades. Lo que se llaman
«grupos nexus» conformados por expertos sénior de
diferentes ministerios para intercambiar información,
denir prioridades e identicar vacíos en las políticas,
que podrían tomar como modelos los «Equipos de
Trabajo Presidencial» como la UKP4 de Indonesia.
Trabajar de la mano con las comunidades campesinas y
pueblos indígenas
Luego de empoderar vendría el diálogo intercultural
entre las comunidades locales y el estado acerca del
ordenamiento territorial, la zonicación económico
ecológica y la manera de gestionar sustentablemente
los bosques.
Una iniciativa que ya tiene años de implementada
y que está dando buenos resultados pero que aún
falta replicarse considerablemente es la de REDD+
indígena. Otra alternativa podría ser seguir el
ejemplo de gestión nacional de los bosques con
acompañamiento de las poblaciones indígenas que ha
implementado Bolivia, a través de la Mesa Indígena
del Bosque y el Cambio Climático, conformada por
la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
(CIDOB), estado y organismos de cooperación
internacional, que tiene como n integrar los
métodos occidentales de adaptación con los saberes
tradicionales de estos pueblos (Feldt, 2011).
Trabajar de la mano con las comunidades no
sólo es lo más democrático, sino también es bastante
acertado y estratégico considerándose que serán ellos
los ejecutores directos de los proyectos y las políticas
y la sociedad civil más cercana e involucrada en la
problemática.
Educación ambiental
Dos estudios realizados a nivel de Lima Metropolitana,
en el 2009 y en el 2012, revelan que la población
tiene conocimientos muy elementales acerca del
cambio climático, sus impactos y sus maneras y la
manera de enfrentarlo, que no consideran al cambio
climático como un tema prioritario y solo el 4,8%
consideraba al cambio climático como uno de los
tres temas más preocupantes del país (Minam-
Interclima, 2013).
Para tener una sociedad civil activa que presione a
los gobiernos a conservar los bosques, esa sociedad civil
primero debe tener conocimiento de la problemática
de la deforestación en el país y de los efectos de esta
sobre diversos aspectos de importancia nacional y
sobre el cambio climático.
BETSAIDA YAMILE PAZ MAJLUF
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Mejorar la capacidad de diálogo y de tratamiento de
conictos del Estado
En palabras del informe N.° 156 de la Defensoría
del Pueblo5 «cuando las causas inmediatas se montan
sobre las estructurales, los conictos pueden ser muy
violentos, de larga duración y de una gran cohesión
social. Estos son los elementos que preceden a
movimientos políticos de mayo aliento, especialmente
en contextos de identidades culturales fuertes y cada
vez más conscientes de su exclusión. Un ejemplo
de esta situación es perceptible en los movimientos
sociales indígenas de la Amazonía peruana y de ciertas
zonas de la sierra sur.»
En el año 2011 el 47.7% del total de los conictos
registrados por dicha institución fueron de índole
socioambiental (Defensoría del Pueblo, 2012).
Según la Defensoría del Pueblo (2012), el Estado
no ha cumplido su función de regulación y de control
en toda su extensión y ha permitido que los problemas
sean abordados asimétricamente por los poderes
fácticos, sociales y de mercado. Algo que también se
menciona en dicho informe es que la cultura del diálogo
es incipiente, y que los valores como la tolerancia, el
respeto a la ley y el reconocimiento del otro no son
parte de la idiosincrasia o prácticas de los actores
estatales ni de los actores sociales en general. Además, y
algo muy importante, observa la persistencia de «falsos
diálogos» —como los llama— que se presentarían en
las siguientes formas: i) el uso del diálogo como una
estrategia para ganar tiempo y consolidar la posición de
la fuerza; ii) la práctica del diálogo sin convicción y sin
arte en manos de un Estado que suele llegar a dialogar
después de la violencia; iii) un diálogo desigual que
atrae a una de las partes hacia un terreno disparejo, en
el que sus recursos informativos,económicos y políticos
no serán sucientes para una negociación equilibrada;
iv) el ejercicio del diálogo, en contextos de presión
y violencia, que interere en la racionalidad de las
decisiones y v) el diálogo que concluye con un acta que
no se cumple (Luque, 2009, citado en Informe de la
Defensoría del Pueblo N° 156). Con estos antecedentes
es entendible la existencia de desconanza por parte de
la población hacia autoridades como el Estado. Hay
mucho que avanzar en este aspecto.
5 Órgano gubernamental autónomo que tiene como una de sus funciones
seguir las dinámicas de la conictividad a nivel nacional.
Conclusiones
Se suele ver a la gestión del riesgo del cambio climático,
como sinónimo de adaptación cuando en realidad, para
el caso particular peruano, la mitigación, cristalizada
concretamente en la reducción de la deforestación,
es una manera de gestionar el riesgo del cambio
climático: como se ha podido ver líneas arriba, los
bosques saludables son la base de la seguridad hídrica
que a su vez es la base de otras seguridades para el país
y la región.
Se requiere un cambio de visión país, y este cambio
pasa por reconocer la magnitud de la importancia de
la Amazonía, así como también pasa por ver al cambio
climático como un multiplicador exponencial de
amenazas y un escenario nada remoto.
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