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Violencia institucional por incumplimiento de derechos

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Abstract

Objetivos Poner al descubierto la violencia que ejercen las instituciones cuando incumplen su obligación de hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. Material y métodos La investigación se basa en el análisis de los conceptos de violencia estructural o institucional y violencia cultural o simbólica de diversos autores, y en la revisión de algunas de sus manifestaciones sociológicas, jurídicas y éticas, como la impunidad, el daño moral y su detección en el ámbito sanitario. Desarrollo Consideraciones sobre la violencia que sufren las mujeres en el ámbito judicial (en relación a la impunidad, al poco reconocimiento de los daños morales) y en el ámbito de la salud. Se trata de una violencia que es invisibilizada y amparada por determinadas estructuras institucionales y simbólicas. Conclusiones Propuesta de investigación y actuaciones sociales para hacer patentes y erradicar las bases institucionales y simbólicas de ciertos tipos de violencia. http://revistes.ub.edu/index.php/MUSAS/article/view/vol4.num1.4/28619
Musas, vol. 4, núm. 1 (2019): 60 - 76. ISSN 2385-7005. DOI: 10.1344/musas2019.vol4.num1.4
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VIOLENCIA INSTITUCIONAL POR
INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS
*
Margarita Boladeras1
Correo electrónico: boladeras@ub.edu
1. Catedrática emérita de filosofía moral y políticaFacultad de Filosofía, Universitat de
Barcelona.
Recepción: 06/12/2018 Aceptación: 03/01/2019
*
Los resultados de este artículo han sido impulsados desde el proyecto RecerCaixa 2016ACUP083
«Prevenció i detecció de les violències de gènere durant l’embaràs: de la violència masclista a la violència
obstètrica». El texto fue presentado como ponencia en el III Congreso Internacional «Género, Ética y
Cuidado. Visibilizando la violencia hacia las mujeres en el embarazo», celebrado en Barcelona del 16 al 18
de mayo de 2018.
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RESUMEN
Objetivos
Poner al descubierto la violencia que ejercen las instituciones cuando incumplen su obligación de
hacer efectivos los derechos de los ciudadanos.
Material y métodos
La investigación se basa en el análisis de los conceptos de violencia estructural o institucional y
violencia cultural o simbólica de diversos autores, y en la revisión de algunas de sus
manifestaciones sociológicas, jurídicas y éticas, como la impunidad, el daño moral y su detección
en el ámbito sanitario.
Desarrollo
Consideraciones sobre la violencia que sufren las mujeres en el ámbito judicial (en relación a la
impunidad, al poco reconocimiento de los daños morales) y en el ámbito de la salud. Se trata de
una violencia que es invisibilizada y amparada por determinadas estructuras institucionales y
simbólicas.
Conclusiones
Propuesta de investigación y actuaciones sociales para hacer patentes y erradicar las bases
institucionales y simbólicas de ciertos tipos de violencia.
Palabras clave: violencia institucional; violencia estructural; violencia cultural; violencia
simbólica; violencia de género; bioética.
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ABSTRACT
Objectives
To expose the violence exerted by institutions when they fail to fulfill their obligation to enforce
the rights of citizens.
Materials and methods
This research is based, on the one hand, on the analysis of the concepts of structural or institutional
violence and cultural or symbolic violence as developed by several authors and, on the other hand,
on the revision of some of its sociological, legal and ethical manifestations, such as impunity,
moral damage and its detection in healthcare.
Development
Considerations on the violence suffered by women in the judicial system (in relation to impunity
and the low recognition of moral damages) and in the field of healthcare. This type of violence is
invisible and protected by certain institutional and symbolic structures.
Conclusions
A proposal of research and social actions to expose and eradicate the institutional and symbolic
bases of certain types of violence.
Keywords: institutional violence; structural violence; cultural violence; symbolic violence; gender
violence; bioethics
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INTRODUCCIÓN
Tanto los autores que han investigado las formas de dominación y los mecanismos de
control del poder como la sociología de las formas simbólicas han puesto de relieve el
papel fundamental que juega el entramado de sentido que tejen los elementos simbólicos
y las instituciones. A través del lenguaje y de los instrumentos culturales, se establece un
orden en el mundo natural, en el mundo social y en el mundo espiritual, se naturalizan o
desnaturalizan determinados fenómenos, se legitiman unas conductas u otras, se
sacralizan o se excluyen algunos grupos sociales, se cosifica a las personas o a muchas
de sus actividades, etc. En el siglo XX, autores como Michel Foucault (1978) o Pierre
Bourdieu (2000) han analizado «la microfísica del poder» y «el poder simbólico» para
mostrar que nuestra vida cotidiana está transida de violencias invisibles, pero efectivas,
que dominan nuestros cuerpos y nuestras mentes. A estos nombres, podríamos añadir
muchos otros precedentes del interés por el análisis crítico de la relación entre poder y
violencia, como por ejemplo Walter Benjamin (1998) y Hannah Arendt (2006).
Desde la perspectiva marxista, el derecho es un instrumento fundamental de
dominación por su capacidad de imponer o prohibir conductas a los ciudadanos en
función de los intereses de las clases dominantes. En el siglo XX, algunos países
democráticos occidentales avanzaron en la incorporación de elementos de justicia social
y de respeto a los derechos humanos en sus legislaciones, de manera que las leyes han ido
ampliando su grado de protección a todos los ciudadanos. La vinculación entre Derechos
del Hombre y soberanía popular que se produce en el siglo XVIII impulsa un cambio
lento pero imparable de la concepción de la relación entre legalidad y legitimidad, de los
fundamentos del Derecho y su relación con principios éticos, un cambio que se refuerza
con la Declaración de Derechos Humanos y su reconocimiento por parte de las
instituciones internacionales. En 1992 Habermas escribió que solo pueden pretender
validez legítima las normas jurídicas que surgen de un proceso democrático en el que se
tenga en cuenta los intereses de todos los afectados, de acuerdo con el principio ético
universal. Del mismo modo, sobre la relación del derecho y la moral, afirma «la moral
solo puede tener efectividad allende el ámbito de lo próximo si queda traducida al código
jurídico o código («justo» jurídico/«injusto» jurídico) con que funciona el derecho»
(1998, p. 175).
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Sin embargo, en la actualidad, aun en el caso del establecimiento de leyes bien
intencionadas que pretenden la defensa de los derechos ciudadanos, se produce violencia
institucional cuando, por diversos motivos, no se alcanza este objetivo, dejando a las
personas desprotegidas y lesionadas en sus derechos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVO DE LA
INVESTIGACIÓN Y MÉTODO
Las sociedades occidentales contemporáneas se caracterizan por tener ordenamientos
jurídicos complejos, donde la abundancia de leyes se concibe como protección a los
ciudadanos. Sin embargo, cada vez es más frecuente el incumplimiento de las previsiones
protectoras contenidas en las leyes, de manera que los ciudadanos no solo no reciben el
apoyo reconocido en el ordenamiento jurídico, sino que, además, esto implica que sufren
la violencia de la conculcación de sus derechos.
La investigación se basa en el análisis de los conceptos de violencia estructural o
institucional y violencia cultural o simbólica de diversos autores, y en la revisión de
algunas de sus manifestaciones sociológicas, jurídicas y éticas, como la impunidad, el
daño moral y su detección en el ámbito sanitario.
¿QUÉ CLASE DE VIOLENCIA ES LA VIOLENCIA
INSTITUCIONAL?
Johan Galtung se ha distinguido por sus aportaciones teóricas y prácticas en relación con
la paz, y para ello tuvo que hacer previamente un estudio a fondo de las distintas formas
de violencia. Ya en 1969, su artículo «Violence, Peace, and Peace Research» llamó la
atención por su análisis de la violencia (1969) (ver figura 1)
2
.
2
Figura tomada como cita del artículo de Galtung «Violence, Peace, and Peace Research» (1996).
Mi objetivo es poner al descubierto la violencia que ejercen las instituciones cuando
incumplen sus obligaciones de hacer efectivos los derechos de los ciudadanos.
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Galtung desarrolló su investigación en otros trabajos posteriores (1998; 2003). En
ellos, distingue entre violencia directa, violencia estructural o institucional, y violencia
cultural o simbólica (ver figura 2):
1. La violencia directa es visible, se concreta en comportamientos y responde a actos de
violencia.
2. La violencia estructural se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la
satisfacción de las necesidades y se concreta, precisamente, en la negación de las
necesidades. Muchos autores hablan de «violencia institucional» como sinónimo,
pero Johan Galtung prefiere el término «estructural» porque es más abstracto y no
siempre la violencia es ejercida por una institución en particular, aunque admite que
la denominación de violencia institucional puede ser apropiada en determinados
contextos (1969).
3. La violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se concreta
en actitudes. La violencia cultural hace que la violencia directa y la estructural
aparezcan, e incluso se perciban, como cargadas de razón (o por lo menos como no
negativas). También se utiliza como sinónimo el término «violencia simbólica».
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Figura 2. Galtung, el triángulo de la violencia.
Hay ciertos tipos de violencia que no se perciben como tales en determinadas culturas
y sistemas sociales porque el contexto sociocultural justifica y alienta dicho proceder, a
la vez que niega la existencia de determinadas necesidades. El patriarcalismo y el
machismo son fenómenos que han pervivido a lo largo de los siglos por esta razón.
La cultura ético-legal de los derechos humanos, a pesar de todos sus problemas, ha
roto múltiples barreras que impedían objetivar y denunciar situaciones ocultas de
injusticia y precariedad. La profundización de lo que significa tanto el trato en pie de
igualdad como el respeto a la diferencia en las relaciones humanas permite avanzar
lentamente hacia formas de vida que incorporan mayores elementos de justicia social,
eliminando algunas situaciones de violencia (Goberna-Tricas y Boladeras, 2018). Sin
embargo, la violencia estructural/institucional y simbólica continúa afectando la vida de
las personas de forma grave y se produce en todos los ámbitos de la realidad sociopolítica.
La tarea de desenmascarar la falsedad de supuestos significados «evidentes» o «bien
consolidados», de los estereotipos mantenidos a golpe de tradiciones injustificadas, y de
normativas ancladas en el pasado no es una tarea nada fácil, como podemos constatar en
nuestro día a día. Como indican La Parra y Tortosa:
El término violencia estructural es útil para introducir los mecanismos de ejercicio
del poder como causantes de procesos de deprivación de necesidades humanas
básicas. En efecto, la injusticia social, la pobreza o la desigualdad, no son fruto
únicamente de dinámicas producidas por las relaciones de tipo económico, sino que
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también pueden ser explicadas a partir de la opresión política utilizando mecanismos
tan dispares como la discriminación institucional, legislación excluyente de ciertos
colectivos o la política fiscal y de gasto público regresiva, por citar algunos. (2003,
p. 62)
No puedo entrar aquí en la complejidad de esta temática y voy a restringir mi
reflexión a algunos aspectos relativos al ámbito de la violencia que se ejerce contra las
mujeres.
El fenómeno de la violencia institucional ha sido reconocido por algunos organismos
internacionales y, con relación a la mujer, se han establecido acuerdos relevantes. Por
ejemplo, en 1993, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de
la Asamblea General de Naciones Unidas especificó en su artículo 4 que «los Estados
deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o
consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla» y deben
«proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la
legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos
perpetrados por el Estado o por particulares». Por supuesto, las legislaciones nacionales
deben incorporar los principios establecidos en esta Declaración e introducir los
mecanismos necesarios para resarcir de manera justa y eficaz los daños que puedan sufrir
las posibles víctimas. En 1995 la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer denunciaban en el punto 118 del «Anexo II.
Plataforma de acción» que
la violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana esencialmente de pautas
culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales
o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el
sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se asigna a la
mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. La violencia
contra la mujer se ve agravada por presiones sociales, como la vergüenza de
denunciar ciertos actos.
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VIOLENCIA ESTRUCTURAL/VIOLENCIA
INSTITUCIONAL
La profesora Encarna Bodelón ha hecho aportaciones muy relevantes en torno a la
violencia estructural o institucional. En su artículo «Violencia institucional y violencia de
género» (2014), escribe que,
de forma creciente, se ha visibilizado que el Estado puede ser también un agente que
comete formas de violencia de género institucionalizada, no sólo porque a través de
sus agentes se realicen actos de violencias físicas, psicológicas o sexuales, sino
también por la responsabilidad que tiene el Estado y sus agentes en la prevención,
sanción y erradicación de dichas violencias contras las mujeres.
[…] la violencia institucional no sólo incluye aquellas manifestaciones de violencia
contra las mujeres en las que el estado es directamente responsable por su acción u
omisión, sino también aquellos actos que muestran una pauta de discriminación o de
obstáculo en el ejercicio y goce de los derechos. (p. 133)
A través de su texto, podemos conocer que la Unión Europea no solo ha reconocido
esta situación, sino que ha legislado contra ello y sobre el derecho de resarcimiento de las
víctimas. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica (2011, ratificado por España en 2014)
especifica en su Artículo 5:
1. Las Partes se abstendrán de cometer cualquier acto de violencia contra las mujeres
y se asegurarán de que las autoridades, los funcionarios, los agentes y las instituciones
estatales, así como los demás actores que actúan en nombre del Estado se comporten
de acuerdo con esta obligación. 2. Las Partes tomarán las medidas legislativas y otras
necesarias para actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y
conceder una indemnización por los actos de violencia incluidos en el ámbito de
aplicación del presente Convenio cometidos por actores no estatales.
La Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos incluye en el artículo 57 una
atención específica a los procesos de victimización secundaria que sufren las víctimas
de violencia de género en el ámbito de la justicia. Se exige que los/las profesionales que
hayan de tratar con la víctima antes del proceso penal, durante o después de este, tengan
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una formación especializada para facilitar el trato y evitar, de este modo, situaciones de
victimización secundaria.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en el caso Opuz vs. Turquía que
«la falla del Estado de proteger a las mujeres contra la violencia doméstica viola el
derecho de ellas a igual protección de la ley y esta falla no necesita ser intencional». La
Corte Europea consideró que, aunque la pasividad judicial general y discriminatoria en
Turquía no era intencional, el hecho de que afectara principalmente a las mujeres permitía
concluir que la violencia sufrida por las denunciantes podía considerarse violencia basada
en género, lo cual es una forma de discriminación en contra de las mujeres (Bodelón 2015,
p. 134).
LA IMPUNIDAD EN ESPAÑA
A pesar de la existencia de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género y de la ratificación del Convenio del
Consejo de Europa de 2014, los resultados de su aplicación permiten constatar que en
España hay violencia institucional y que esta se manifiesta de manera frecuente en
situaciones muy graves. Encarna Bodelón destaca la impunidad como uno de los
mayores problemas de la violencia institucional. Un ejemplo muy ilustrativo es el trato
que reciben las mujeres en los procesos judiciales y las estadísticas relativas a los casos
de violencia de género proporcionadas por las instituciones de la justicia:
En el conjunto de expedientes estudiados destaca que sólo en el 36% de los casos el
expediente acaba con una condena del presunto agresor. En el resto de los supuestos,
un 64%, la demanda judicial de la víctima finaliza con un sobreseimiento (30,4%)
o con la absolución del presunto agresor (33,5%). Esta cifra promedia los
resultados en los diferentes tipos de juzgados estudiados, el tanto por ciento de
absoluciones, condenas y sobreseimientos varia, a su vez, en cada tipo de juzgado.
Este resultado parecería diferir notablemente de los datos que en los últimos años ha
facilitado el Consejo General del Poder Judicial (2011, 2012, 2013), puesto que en
sus estadísticas de los últimos años cerca de un 50% de las sentencias son
condenatorias. La explicación es que el CGPJ no incluye en su lectura de los datos la
cifra de sobreseimientos, es decir, analiza el número de condenas una vez excluidos
los sobreseimientos. (Bodelón, p. 139-40, el énfasis es de la autora de este artículo)
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DAÑO MORAL
En la amplia casuística de la impunidad, quisiera llamar la atención sobre las cuestiones
relativas al daño moral y las distintas formas de consideración jurídica de los daños
morales. El concepto de daño moral supone un cambio importante en la jurisprudencia
española contemporánea respecto a épocas anteriores, pero, por desgracia, las
disposiciones legales que existen actualmente no se cumplen en muchos casos.
Hay precedentes jurídicos del concepto de daño moral en el derecho romano, en la
Inuria, «referida a lesiones físicas o al hecho ofensivo o ultrajante» que consideraba la
responsabilidad sobre las lesiones de la personalidad humana, «acogiéndose mediante la
Actio Iniuriarium la posibilidad de indemnizar el daño no patrimonial». Pero la
interpretación que se hizo en muchos casos del Derecho Romano se limitó a la
consideración de la Lex Aquilia, que únicamente obligaba a reparar pecuniariamente los
daños ocasionados a las cosas, animales o esclavos, es decir, los daños patrimoniales
(Hurtado Díaz-Guerra 2017, p. 90). El Derecho Romano se asimiló de forma diversa en
los distintos territorios europeos, según las costumbres y los precedentes normativos de
las distintas regiones. En España la tradición jurídica más antigua se basaba en el derecho
patrimonial, en el enjuiciamiento de los daños sufridos en el patrimonio, y esto fue así
hasta el siglo XIX. La sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) de 29 de junio
de 1987 resume el panorama del daño moral en el ámbito penal:
En España, los Códigos Penales del S. XIX no se refieren al daño en cuanto a los
perjuicios morales; el Código de 1928 en su art. 75 precisaba que, en los delitos contra
el honor, calumnias, injurias y difamación, se tendrá muy especialmente en cuenta,
para la valoración del daño, el que represente el desprestigio y sufrimiento moral en
sí mismo, aunque no repercuta en el patrimonio del ofendido; en el Código de 1932,
en la reparación del daño, se ha de tener en cuenta el valor de afección para el
agraviado, lo que supone un hito importante en el camino del reconocimiento del
resarcimiento del daño moral y, finalmente, en el art. 104 del Código Penal de 1944,
de modo explícito, se reconoce el derecho a la indemnización de los perjuicios
materiales y morales causados al ofendido o a su familia. (En Hurtado Díaz-Guerra
2017, p. 93)
Esta figura ha llegado a considerarse un «descubrimiento jurisprudencial que cambia
el panorama jurídico» y su desarrollo ha llevado al Tribunal Supremo a otorgar plena
«carta de naturaleza» a su reparación, llegando al reconocimiento del daño moral en
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plenitud y superándose así una doctrina anticuada. La sentencia del Tribunal Supremo
(Sala 1ª) de 2 de abril de 2004 señala que
actualmente predomina la idea del daño moral, representado por el impacto o
sufrimiento psíquico o espiritual que en la persona pueden producir ciertas conductas,
actividades o, incluso, resultados, tanto si implican una agresión directa o inmediata
a bienes materiales, cual si el ataque afecta al acervo extrapatrimonial o de la
personalidad (ofensas a la fama, al honor, honestidad, muerte de persona allegada,
destrucción de objetos muy estimados por su propietario, etc). De ahí que, [...] la
doctrina jurisprudencial haya arbitrado y dado carta de naturaleza en nuestro derecho
a la reparación del daño o sufrimiento moral, que si bien no atiende a la reintegración
de un patrimonio, va dirigida, principalmente, a proporcionar en la medida de lo
humanamente posible una satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha
causado. (En Hurtado Díaz-Guerra 2017, p. 95)
El Tribunal Supremo señala que la situación básica para que se produzca un daño
moral indemnizable consiste en:
Un sufrimiento o padecimiento psíquico o espiritual,
Impacto quebrante o estados de ánimo permanentes o de cierta intensidad tales como
impotencia, grave incertidumbre, inquietud, pesadumbre, temor, zozobra, ansiedad,
angustia, etc.
Se excluyen de tal concepto las meras situaciones de malestar o incertidumbre que
no vayan acompañadas de una repercusión psicofísica grave, las cuales, si bien se
incardinarían en los llamados perjuicios morales o personales, carecen de carácter
resarcible como componente indemnizatorio.
En los Principios de Derecho Europeo de la responsabilidad civil (Principles of
European Tort Law), se apunta hacia la progresiva expansión de la resarcibilidad del daño
moral. En el artículo 10:301, se indica con relación al daño no patrimonial:
En atención al alcance de su protección (artículo 2:102), la lesión de un interés puede
justificar la compensación del daño no patrimonial. Este es el caso, en especial, si la
víctima ha sufrido un daño corporal o un daño a la dignidad humana, a la libertad o a
otros derechos de la personalidad. También puede resarcirse el daño no patrimonial
de aquellas personas allegadas a la víctima de un accidente mortal o una lesión muy
grave.
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A pesar de todo ello, el reconocimiento y el resarcimiento de los daños morales
infligidos a las mujeres distan mucho de ser una realidad. La impunidad relativa a los
daños morales que sufren las mujeres es la regla y no la excepción.
LOS DAÑOS DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS
Los objetivos de las instituciones sanitarias justifican actuaciones que serían impensables
en cualquier otro ámbito. El cirujano Cristóbal Pera ha escrito que «el cuerpo malherido
debe ser sometido por el cirujano a la agresión controlada de una intervención quirúrgica»
(1998, p. 248). El personal sanitario inflige agresiones y dolores necesarios para lograr la
cura o la mejora de la salud. Están justificados si son prescritos por la buena praxis médica
y si han sido aceptados por la persona tratada (consentimiento informado). Pero,
ciertamente, es un ámbito donde las distorsiones institucionales y la violencia estructural
pueden alcanzar cotas muy altas.
En 2014 la Organización Mundial de la Salud publicó un informe donde se afirma
que
un número cada vez mayor de investigaciones sobre las experiencias de las mujeres
en el embarazo y, en particular, en el parto, plantean un panorama alarmante. Muchas
mujeres en todo el mundo sufren un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente durante
el parto en centros de salud. Esta es una violación de la confianza entre las mujeres y
los profesionales de la salud que las atienden, y también puede ser un importante
factor de desmotivación para las mujeres que buscan asistencia materna y utilizan
estos servicios. (En Goberna-Tricas 2018, p. 13)
Las mujeres reciben un trato inducido por los muchos prejuicios culturales aún
vigentes y por sus respectivas formas de violencia, sustentados por la violencia
institucional. Muchas formas de violencia pasan desapercibidas, en la mayoría de los
casos, por su carácter implícito a maneras de actuar y a sistemas organizativos aceptados
y asumidos a nivel social. Por ello es necesario ponerlos en evidencia como fuente de
violencia, deconstruyendo la arquitectura institucional y estructural que las oculta. Esto
no es nada fácil y requiere análisis críticos de gran calado que sean capaces descubrir los
mecanismos de distorsión de la realidad y de negación de las necesidades que operan en
la dinámica social. Josefina Goberna comenta que el informe de la OMS
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propone iniciativas para respaldar cambios en el comportamiento de los profesionales
de la salud, en los entornos clínicos y en los sistemas de salud, reclama el respaldo
de los gobiernos para potenciar investigaciones sobre cómo definir y medir el
maltrato, y la falta de respeto, en los centros de salud públicos y privados de todo el
mundo, y para comprender mejor su impacto en las experiencias y las elecciones de
salud de las mujeres. La OMS clasifica el maltrato hacia las mujeres durante la
atención al parto como un importante problema de salud pública y de derechos
humanos. (2018, p. 13)
No son pocos los daños directos que se producen en las instituciones sanitarias. La
iatrogenia está siendo estudiada y denunciada desde hace años. En 1999 el Institute of
Medicine (IOM) de los Estados Unidos publicó un informe con el título To err is human,
que estimaba
que los errores médicos hospitalarios constituían entre la 7ª y la 8ª causa de muerte
en Estados Unidos. Este dato se completaba con la apreciación de Barbara Starfield,
para quien, una vez sumados todos los efectos adversos asociados a la práctica
médica, la iatrogenia merecía la ignominiosa medalla de bronce entre todas las causas
de defunción; una estimación recientemente corroborada por Martin Makary y
Michael Daniel, del Departamento de Cirugía de la Johns Hopkins University, para
quienes los errores médicos, en sentido amplio, serían responsables de 250.000
defunciones anuales en Estados Unidos, muchas más que las atribuibles a la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (150.000), al suicidio (41.000), a las
armas de fuego, o a los accidentes de tráfico (unas 34.000). (Puyol y Segura 2017, p.
9)
Además de estos daños directos, sería interesante estudiar qué respuesta dieron las
instituciones a los perjudicados y a sus allegados y en cuántos sentidos se sintieron
violentados.
CONSIDERACIONES FINALES
Los derechos de las personas deben ser respetados y su incumplimiento denunciado en
dos sentidos:
1. Por el perjuicio directo de las malas praxis.
2. Por los daños morales que supone el mantenimiento de sistemas que no garantizan el
reconocimiento de derechos y su respeto en la práctica.
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Existen recursos jurídicos para denunciar, castigar y resarcir muchas conductas, pero
falta seriedad y rigor para llevar a cabo las acciones que requieren el avance de la justicia
y la eliminación de los diversos tipos de violencia. Hay que renovar en profundidad las
instituciones para que apoyen y defiendan los derechos de los ciudadanos en su pleno
sentido. Es preciso combatir los diversos tipos de violencia actuando políticamente para
avanzar hacia la necesaria implementación de medidas que permitan cambiar estructuras
y sistemas. Es una ardua tarea que incumbe a todos los ciudadanos y, de manera muy
especial, a algunos profesionales.
En el ámbito del cuidado de la salud, profesionales sanitarios, gestores, asesores,
políticos y usuarios hemos de sumar esfuerzos para lograr un salto cualitativo en el
sistema que gobierna la institución sanitaria.
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... 9-10;Šimonović, 2019) 63 . Es esta una violencia de género -ya que se practica sobre las mujeres por su condición de género 64 -motivada por el control social sobre la sexualidad y reproducción por parte de las instituciones patriarcales; y también es una violencia institucional, al ser una práctica emanada desde las instituciones del Estado patriarcal, fundamentalmente desde el sistema de salud -incluidos en este los mercados autorizados para la mercantilización de la atención y los cuidados profesionales durante el epcp-pero también desde el sistema judicial, cuando es preciso (Arguedas Ramírez, 2014, p. 152;Bautista Jiménez & López Arellano, 2017;Bellón Sánchez, 2015;Boladeras Cucurella, 2019;B. Ehrenreich & English, 1981;N. ...
Thesis
Full-text available
La mortalidad materna se distribuye de forma desigual en Nicaragua, afectando posiblemente en mayor medida a pueblos afrodescendientes y originarios. En base a los datos más recientes, en las instituciones de salud se producen tres de cada cuatro muertes maternas (2019-2020), una de cada dos mujeres experimenta morbilidad durante su primer parto y una de cada cuatro complicaciones potencialmente fatales para la vida (2010-2011). Dentro de las limitaciones del sistema de salud propias al nivel de desarrollo del país, los déficits en la calidad técnica y relacional de los cuidados profesionales, comunitarios y familiares durante el embarazo, parto o cesárea, y postparto (epcp) podrían explicar una parte significativa de la morbimortalidad materna. En este marco, la presente tesis por compendio de publicaciones se fija como objetivo identificar para Nicaragua cómo los determinantes estructurales de género, raza y clase social están limitando el acceso de las mujeres y criaturas a cuidados de calidad durante el epcp. Como objetivos específicos, plantea (OE1) valorar la calidad técnica y relacional de los cuidados profesionales durante el parto, (OE2) determinar cómo el sistema de género impacta en la configuración y operativa del sistema de cuidados y el modelo de atención durante el epcp, y (OE3) identificar cómo la intersección de las opresiones impacta sobre la calidad de la atención y cuidados. Se desarrolló una investigación de tipo exploratorio tomando las experiencias de parto y cesárea de las mujeres en el país como objeto de estudio. Se obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos mediante un cuestionario en el que participaron 24 mujeres. Además, se llevó a cabo un análisis interdisciplinario de la episiotomía como práctica integrada en el modelo de atención durante el parto prevalente a nivel mundial, la que fue seleccionada por practicarse sin sostén de la Medicina Basada en Evidencia y por sus impactos. Para ello, se aplicó un análisis bibliográfico sobre 116 documentos en base a los términos: «episiotomía», «Mutilación genital femenina», «género», «raza», «poder», «paradigma tecnocrático», «modelo biomédico», «parto», «patriarcado», «colonialidad», «dispositivo», «biopoder» y «biopolítica». Finalmente, la respuesta del sistema de género y del sistema de cuidados a las necesidades de las mujeres y criaturas durante el epcp en el país fue analizada durante el curso de la epidemia del zika, aplicando un análisis crítico feminista sobre los discursos construidos por actores públicos y privados de peso en la arena política nacional. Este análisis se aplicó sobre 30 productos comunicacionales. Los resultados señalan que la calidad de los cuidados profesionales a las mujeres y criaturas durante el parto en Nicaragua presenta deficiencias, mostrando intervencionismo obstétrico, violencia obstétrica y prácticas sin consentimiento, generando impactos sobre la salud física y psicológica de las mujeres y sobre la construcción social del género. Ante la crisis del zika, el sistema de género se fortaleció, reforzando la violencia de género en el campo simbólico, así como la violencia estructural y la desigualdad social en el sistema de cuidados y, por tanto, para el conjunto de las macroestructuras sociales. Dentro del paradigma tecnocrático de atención, la tesis sostiene que la episiotomía se practica como una mutilación genital femenina que refuerza la colonialidad y la construcción social del género, la raza y la clase social. En conjunto, los hallazgos indican que la desigualdad en salud y derechos sexuales y reproductivos en Nicaragua se nutre de la adscripción de este campo a la esfera de lo privado, lo que faculta y exacerba la discriminación sexista, racista y clasista sobre las mujeres que caen fuera de la categoría de la blanquitud. En tal caso, desintegrar la política sexual y reproductiva que a efectos pragmáticos se observa desplegada a nivel mundial ―centrada en el hacer vivir a ciertas mujeres y criaturas y dejar morir a otras― y dotar esta problemática del estatus de problema público requieren situar como prioridad desarticular el sistema de género.
Chapter
Se habla de violencia obstétrica porque hay que denunciar una mala atención y un maltrato reiterado a las embarazadas y parturientas en muchos países. Se quiere que el término sea a la vez descriptivo y apelativo de una realidad que no debería darse. El término es discutible, pero la realidad a la que alude debe ser bien explícita (en sus distintas facetas) y censurada en los códigos deontológicos de todos los profesionales que intervienen en la atención sanitaria y social, a la vez que deben implementarse medidas estructurales para evitarla.
Book
La expresión «violencia obstétrica» tiene connotaciones significativas muy fuertes hasta el punto que sorprende a muchas personas, incomoda profundamente a bastantes obstetras y matronas, y provoca rechazo en profesionales de distintos sectores. A pesar de ello, su uso se ha extendido en los últimos años, impulsado por grupos feministas y por políticos que quieren abordar este problema considerando la violencia obstétrica como una forma de violencia de género. Este libro reúne las aportaciones de profesionales y académicos de distintas áreas en torno al debate actualmente existente. Matronas, obstetras, neonatólogos, juristas, filósofas, sociólogas, pedagogas y antropólogas expresan su punto de vista crítico y autocrítico, con el objetivo de avanzar en un camino de entendimiento y de mejora en la atención y la relación asistencial. El nacimiento de los hijos es un momento altamente significativo en la trayectoria vital de las personas e intervenciones ofensivas o innecesariamente dolorosas pueden acarrear consecuencias negativas en la salud física, psicológica y emocional. El respeto a la dignidad de las mujeres ha de brillar de manera especial en tan memorable contecimiento.
Article
The term structural violence is applicable in those situations in which basic human needs are somehow put in danger or harmed (survival, welfare, identity or freedom) as the result of a process of social stra-tification, and not necessarily through direct violence. Structural vio-lence stems from the existence of two or more groups in society (nor-mally characterized by gender, ethnicity, social class, origin, age, etc.) in which the distribution, access or ability to use resources systema-tically favors some groups to the detriment of others, due to the mechanisms of social stratification.
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
  • Asamblea
  • De
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ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer [en línea].
Violencia institucional y violencia de género
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El concepto «violencia obstétrica» y el debate actual sobre la atención al nacimiento
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GOBERNA-TRICAS, J. Prólogo. En: Goberna-Tricas, J.; Boladeras, M. (coords.). El concepto «violencia obstétrica» y el debate actual sobre la atención al nacimiento. Madrid: Tecnos, 2018.