México entre el sur y el norte

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CAHIERS • cuadernosCAHIERS • cuadernos
CEMCACEMCA
edIción
noviembre 2018
edIción
noviembre 2018
RUTAS Y PAUSAS DE LOS RECORRIDOS
MIGRATORIOS ÁFRICA-AMÉRICA
Florence Boyer, Françoise Lestage y María-Dolores París Pombo
(Coordinadoras)
Alejandra Aquino • Sophie Bava • Sylvie Bredeloup • Florence
Boyer • David FitzGerald • Régis Minvielle • Harouna Mounkaila
• Areli Palomo-Contreras • Delphine Perrin • Dolores París
Pombo • Michelle Salord • Aly Tandian • Laura Velasco
(Autores/as)
Traducción: Jean Hennequin y Dolores París Pombo
Serie Antropología
Número 03 • Noviembre 2018

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Los defensores de los migrantes y otros analistas
aseguran que con su política migratoria, el gobierno
mexicano hace el trabajo sucio para Estados Unidos
(ee.uu.) al evitar que nacionales de terceros países
lleguen hasta la frontera norte de México (Bazzaco
et al. 2011). En cambio, los académicos mexicanos
están muy divididos y son bastante ambiguos en cuan-
to al papel de su país como Estado de contención.
Un reporte de 1987 concluía, por ejemplo, que se
sabe muy poco sobre el grado de cooperación entre
las autoridades mexicanas y estadounidenses para
detener el paso de los centroamericanos por México
(Friedland y Rodríguez y Rodríguez, 1987). Manuel
Ángel Castillo, un destacado estudioso de la migración
centroamericana hacia y en tránsito por México, ase-
gura que si bien este país constituye un filtro para los
centroamericanos, “es difícil demostrar la influencia
de la política de seguridad nacional estadounidense en
el incremento de los mecanismos de control migratorio
en la frontera sur de México.” (Castillo y Toussaint,
2010: 290) La presión estadounidense es un tema
político muy sensible dada la fuerte oposición de Méxi-
co a la intervención histórica de ee.uu. en su territorio.
Así, las políticas de colaboración tienen a menudo un
carácter secreto o casi secreto y son sistemáticamente
negadas por los funcionarios mexicanos.
Las páginas que siguen son un intento de delinear
el estado del conocimiento sobre el papel de México
como Estado de contención (buffer state) entre
ee.uu. y Centroamérica, con base en los archivos
gubernamentales y académicos así como informes
de ong. Sin embargo, la historia está trunca: este
trabajo conecta fragmentos visibles con una larga
historia de acuerdos no revelados entre ambos Es-
tados para controlar la movilidad.
LA FRONTERA VERTICAL
La idea de que México es un Estado de contención
parece risible si observamos sus fronteras con Gua-
temala y Belice. Estos límites de 1100 kilómetros se
ubican casi totalmente en zonas densamente selváti-
cas. En el punto principal de cruce fronterizo, situado
en Ciudad Hidalgo del lado mexicano y Tecún Umán en
Guatemala, los lancheros pasan a los migrantes
de un lado al otro del río Suchiate en lanchas o en
cámaras de neumáticos, a plena vista de los agen-
tes que se encuentran en el puente. Entre 2007 y
2010, cerca de 1.9 millones de extranjeros cruzaron
la frontera sur de México, de los cuales 17% eran
centroamericanos con destino a ee.uu. (Rodríguez
et al. 2011). El resto de los cruces tenían relación
con el comercio regional, migración laboral, visitas
familiares y turismo. Mantener esta frontera abier-
ta permite disponer de trabajadores y mercancías
a muy bajo costo. El gobierno mexicano proporcio-
na a los guatemaltecos visas regionales para cruzar
la frontera con las cuales pueden permanecer hasta
tres noches en un área de hasta 100 kilómetros de
distancia de la frontera. Cerrar herméticamente la
frontera no es una alternativa realista.
Sin embargo, desde la década de 1980 México
se ha convertido en un territorio mucho más difícil
MÉXICO ENTRE EL SUR Y EL NORTE
DAVID FITZGERALD1 Y ARELI PALOMO CONTRERAS2
1 Cátedra Theodore E. Gildred en el ramo de las relaciones entre los
Estados Unidos y México. Profesor de sociología y codirector del
Center for Comparative Immigration Studies de la Universidad de
California en San Diego: dfitzger@ucsd.edu.
2 Estudiante del programa Latin American Studies de la Universidad
de California en San Diego.

David FitzGerald y Areli Palomo-Contreras • México entre el Sur y el Norte
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de penetrar para los migrantes, incluso para dece-
nas de miles de solicitantes de asilo y refugiados. La
estrategia gubernamental ha sido la creación de una
“frontera vertical” que va a todo lo largo del territorio,
por medio del patrullaje en los transportes públicos,
en las rutas que llevan hacia el norte. La línea fron-
teriza en sí es irrelevante (Casillas, 2008; Wolf et
al. 2013). Hasta 1981, el gobierno mexicano no
controlaba el pequeño número de centroamericanos
que transitaban hacia ee.uu. (Hartigan, 1992) pues
desde su perspectiva, estas personas que pasaban
rápidamente por su territorio no significaban un
problema.
Entre 1981 y 1983, la intensificación de la guerra
civil en Guatemala propició un primer flujo impor-
tante de refugiados centroamericanos que huyeron
a México (Jonas y Rodríguez, 2015) la mayoría
con la intención de permanecer temporalmente en
el estado sureño de Chiapas hasta que disminuyera
la violencia en su país. Durante el primer semestre
de 1981, el gobierno mexicano deportó a miles de
guatemaltecos, pero en aquel momento no tenía ni la
capacidad para llevar a cabo deportaciones masivas,
ni la de controlar la llegada de nuevos refugiados
(Doyle, 2003).
El fracaso de la política de deportación masiva
llevó al gobierno mexicano a buscar ayuda del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (acnur) para registrar a los refugiados, en su
mayoría guatemaltecos, e instalar los primeros cam-
pamentos en Chiapas. México resistió la presión del
acnur para que se adhiriera a la Convención sobre el
Estatuto del Refugiados de 1951. En 1982, aceptó
el principio de Non-refoulement aunque siguió in-
sistiendo en que los guatemaltecos no calificaban
para el asilo ya que eran migrantes económicos. El
año siguiente, las autoridades mexicanas evaluaron
la posibilidad de deportar nuevamente a refugiados
guatemaltecos pero fueron disuadidos por el acnur.
Así, de los 200 000 guatemaltecos que huyeron a
México en la década de 1980, 46 000 fueron regis-
trados y asistidos por el acnur en 92 campamentos y
asentamientos patrullados por agentes armados del
Servicio Mexicano de Migración (Castillo, 2006).
Los refugiados centroamericanos reconocidos por
el acnur recibían documentos de identificación como
“visitantes fronterizos” que requerían permanecer a
menos de 150 kilómetros de la frontera con Guate-
mala. El gobierno mexicano se comprometió a no
deportar a quienes se encontraban bajo protección
del acnur pero mantuvo una política de negación del
asilo con excepción de unos pocos casos (Hartigan,
1992: 721). Para fines de la década de 1980, el
gobierno mexicano restringió las actividades del
acnur a los campamentos de refugiados en Chia-
pas y a la Ciudad de México. Los guatemaltecos
que habían llegado después de esa primera ola de
refugiados tuvieron mayores dificultades aún para
recibir protección de parte del acnur y muchos fueron
deportados. En 1989, sólo 20% de los guatemalte-
cos ubicados en el sur de México tenían protección
del acnur, lo que dejaba abandonados a su suerte
a cerca de 100 000 (Hartigan, 1992: 725).
Durante los ochenta, el gobierno de Ronald
Reagan asignó ciento cinco millones de dólares
al acnur y al Comité Internacional de la Cruz Roja
para asistir a refugiados, repatriados y desplazados
internos en la región centro y mesoamericana, con
el fin de mantener a los refugiados lejos de ee.uu.
(Aguayo, 1985: 113-114). Las autoridades esta-
dounidenses aseguraban que los guatemaltecos no
merecían protección en este país ya que podían
llegar a los campamentos de refugiados al sur de
México (García, 2006: 87).
En 1983, México impuso requisitos más estrictos
para las visas a ciudadanos de países centroameri-
canos y del Caribe. A los posibles visitantes se les
exigía tramitar visa en los consulados y demostrar
solvencia económica, dos requisitos que difícilmen-
te podían cumplir los refugiados que huían de las
guerras civiles (Friedland y Rodríguez y Rodríguez,
1987: 24). En 1987, siguiendo el modelo de soli-
citudes de visa de ee.uu., México requirió pruebas
de solvencia económica (Gzesh, 1995: 34).
Numerosos testimonios muestran que las au-
toridades mexicanas intentaron mantener a los
centroamericanos lejos de la frontera con ee.uu. En
ausencia de sistemas de identificación biométricos,

CUADERNOS • Rutas y pausas de los recorridos migratorios África-América • Número 03 • Noviembre 2018
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las autoridades mexicanas interrogaban a los mi-
grantes sospechosos de ser centroamericanos sobre
el nombre de pueblos en México o los forzaban a
cantar el himno nacional. Para crear un sistema de
control más riguroso, el gobierno estadounidense
entrenó a funcionarios mexicanos en la detección
de documentos falsos (Friedman y Rodríguez y
Rodríguez, 1987: 50).
La Secretaría de Gobernación emitió una circular
en 1982 en la que prohibía a los centroamericanos
con visas de turistas viajar a la región fronteriza
del norte de México y ordenaba la detención de
centroamericanos sospechosos de querer cruzar a
ee.uu. (Aguayo, 1985: 55). Los controles migratorios
se concentraron en el norte del país, y puestos de
control como el denominado Km28 al sur de Ciudad
Juárez cumplían el propósito de mantener a los
centroamericanos en el sur de México. Si lograban
llegar hasta el norte, seguían bajo vigilancia. El
jefe de servicios migratorios en Tijuana, principal
cruce fronterizo, declaró en abril de 1981 que los
centroamericanos serían detenidos si se demostraba
que “el objetivo principal de su visita a México era
cruzar hacia ee.uu.” (Aguayo, 1985: 56-57).
Las autoridades migratorias mexicanas y es-
tadounidenses colaboraban para procesar a los
centroamericanos que intentaban cruzar la frontera.
Los solicitantes de asilo en Nogales, Arizona, eran
reenviados a México mientras se resolvían sus casos,
y entregados a agentes mexicanos (Friedman y Ro-
dríguez y Rodríguez, 1987: 50). Los centroamerica-
nos que intentaban entrar a ee.uu. sin documentos o
que se presentaban falsamente como ciudadanos de
ese país, eran entregados a la autoridad migratoria
mexicana. El jefe de servicios migratorios en Tijuana
reveló, en febrero 1981, que los centroamericanos
detenidos por la patrulla fronteriza en las inmedia-
ciones de la frontera eran inmediatamente devueltos
a México sin ningún tipo de acuerdo formal que lo
justificara. Un informe de acnur comentaba al res-
pecto: “Resulta obvio que existe un acuerdo entre
agentes a ambos lados de la frontera, que permite
la expulsión masiva de extranjeros no autorizados
de ee.uu. a México, de donde son deportados a sus
países (Friedman y Rodríguez y Rodríguez, 1987:
49)”. La deportación de salvadoreños a Guatemala
protegía al gobierno mexicano de ser denunciado
por violaciones al principio de Non refoulement
(Friedman y Rodríguez y Rodríguez, 1987: 45).
Al principio de 1996, la Conferencia Regional
sobre Migración, conocida inicialmente como Pro-
ceso de Puebla, discutió sobre la gestión de una
diversidad de flujos migratorios regionales en los
países centroamericanos, México, Canadá y ee.uu.
Al finalizar las reuniones, los gobiernos emitieron
declaraciones sobre la protección de los derechos
humanos de los migrantes. Indudablemente, la
consecuencia más importante de la conferencia
fue la creación de un grupo de expertos dedicados
a la gestión migratoria que compartiría técnicas de
control de los flujos.
Un freno más eficaz para los flujos migratorios
La emigración centroamericana no terminó con los
procesos de paz. Al contrario, después de las gue-
rras civiles los países de la región se convirtieron
en los más violentos entre naciones que no están en
guerra. La generalización de pandillas masivas
conformadas inicialmente por deportados de ee.uu.
y la permanente disfunción económica continuaron
provocando la huida de centroamericanos hacia
el norte (Restrepo y Mathema, 2016; Jonas y Ro-
dríguez, 2015). Muchos factores propiciaron que
México fortaleciera los controles migratorios hacia
terceros países: la presión diplomática directa de
ee.uu., el condicionamiento de un mayor control
hacia la migración en tránsito para continuar la
ayuda financiera que resultaba crítica para México y
la subordinación de la política migratoria de México
a las condiciones de los mexicanos en ee.uu.
A medida que el control migratorio se volvía
incluso más agresivo, con el impulso de operativos
como Hold the Line en El Paso (1993) y Gatekeeper
en San Diego (1994), el problema de la migración
centroamericana en tránsito cobró mayor relevancia
para el gobierno mexicano:

David FitzGerald y Areli Palomo-Contreras • México entre el Sur y el Norte
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A pesar de que se ha logrado disuadir y contener a un
importante volumen de migrantes en tránsito irregular,
el blindaje de la frontera norte por parte de ee.uu. ha te-
nido como efecto una permanencia más prolongada de
un cuantioso número de migrantes en las localidades
mexicanas de la franja fronteriza, en condiciones de
inseguridad y precariedad, lo que plantea la imperiosa
necesidad de reforzar el diálogo y la corresponsabili-
dad, tanto con los países centroamericanos como con
ee.uu., a fin de prevenir y reducir la migración indocu-
mentada, así como sus costos (Programa Especial de
Migración, 2013: 45).
México se quedó así entre la espada y la pared,
como país de tránsito y de emigración masiva. Los
esfuerzos agresivos de ee.uu. por fortificar la fronte-
ra entre ambos países generaron condiciones para
que el gobierno mexicano tomara medidas enérgicas
contra la migración centroamericana. No obstante,
las políticas estadounidenses que afectan negati-
vamente a México podrían impedir la cooperación
binacional que llevó a este país a frenar la migra-
ción centroamericana. Un funcionario mexicano
explicaba por ejemplo que “la voluntad política del
gobierno mexicano para colaborar estrechamente
con ee.uu. podría verse comprometida si el pueblo
mexicano percibe que la frontera de ese país está
siendo militarizada.”3
Tras bambalinas, la presión estadounidense sobre
México creció durante la década de 1990. La Pa-
trulla Fronteriza de los ee.uu. impulsó una estrategia
de amplio alcance que incluía el fortalecimiento de
la vigilancia en la región fronteriza sur de México
para mantener alejados a los denominados “otms”
(siglas en inglés para designar a los migrantes
no-mexicanos) o al menos contenerlos en México
(U.S. Border Patrol, 1994: 12). El gobierno mexi-
cano parece haber colaborado con las autoridades
estadounidenses en el control migratorio como una
condición para recibir una ayuda financiera que
resultaba crítica. Así, en enero de 1995, el gobier-
no de Clinton propuso un préstamo de 40 mil millo-
nes de dólares en garantías crediticias para México
con el fin de evitar el colapso del peso. La justifi-
cación del rescate incluía la construcción de “una
frontera segura entre México y ee.uu.” y la meta de
evitar “un incremento del flujo de inmigrantes ilega-
les a través de nuestras fronteras.”4 El 15 de febrero
1995, la Comisión Binacional México- ee.uu. emitió
un informe en el que ambos países acordaban coo-
perar en asuntos migratorios, incluyendo políticas
hacia migrantes de terceros países. La delegación
mexicana confirmó que había formado una Unidad
de Vigilancia Especial cuyo propósito era ejecutar
las leyes migratorias a lo largo de su frontera sur, y
que había aceptado “el entrenamiento de parte de
agentes del Servicio de Inmigración y Nacionalidad
(ins por sus siglas en inglés) al personal del Instituto
Nacional de Migración (inm).5 Independientemente
de que para el rescate financiero se impusiera como
condición el refuerzo del control fronterizo sobre la
migración en tránsito, es indudable que México se
esforzó en fortalecer la vigilancia y el control en su
frontera sur al tiempo que se producía su integra-
ción económica al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (tlcan), que entró en vigor en
enero de 1994.
El presidente Vicente Fox (2000-2006) intentó
alcanzar un acuerdo migratorio integral y bilateral
con ee.uu. Mientras que el gobierno estadounidense
ampliaría un programa temporal para trabajadores
mexicanos y daría paso a un programa de legali-
zación de migrantes indocumentados, el gobierno
3 “Common enemy, common struggle: Progress in U.S.-Mexican
efforts to defeat organized crime and drug trafficking. A report
to the members of the Committee on Foreign Relations, United
States Senate, One Hundred Eleventh Congress, second session,
May 18, 2010.” p.8.
4 Presidential Certification Regarding the Provision of Documents to
the House of Representatives Under the Mexican Debt Disclosure
Act of 1995. Jun 28, 1996.
5 Working Group on Migration and Consular Affairs of the Mex-
ico-United States Binational Commission, Joint Communiqué,
Zacatecas, 13-14 de febrero de 2005. http://www.migracionin-
ternacional.com/docum/index.html?buttonbot=gtfeb95i.html.
Consultado el 20 de abril de 2016.

CUADERNOS • Rutas y pausas de los recorridos migratorios África-América • Número 03 • Noviembre 2018
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mexicano restringiría la migración indocumentada de
México y controlaría el tránsito de centroamericanos
(Zolberg, 2006). Fox anunció así: “Queremos poner
freno al problema creciente de la migración centro-
americana de paso a ee.uu. (Casillas, 2002: 208)”.
El gobierno envió a centenares de nuevos agentes
y personal militar a puntos de control a lo largo de
las carreteras que conducían desde la frontera con
Guatemala hacia el norte. El objetivo fue establecer
“cinturones de control”.6 Entre 2001 y 2003, el inm
lanzó el Plan Sur con un costo de 11 millones de
dólares. El gobierno estadounidense proporcionó el
equipo para patrullar los ríos en esa región (Grayson,
2002: 5).
El Plan Sur fue desmantelado porque no logró
diseñar una estrategia integral de gestión migratoria.
En 2001, en un esfuerzo por gestionar un número
creciente de deportaciones, México y Guatemala co-
laboraron en la deportación de ciudadanos de otros
países. En lugar de dejar a los salvadoreños en la
frontera guatemalteca con México, las autoridades de
esos dos países los llevaban custodiados en autobu-
ses a la frontera de El Salvador con Guatemala. Mé-
xico también realizó deportaciones a Guatemala, pa-
gadas por ee.uu., de migrantes extra-regionales, sin
que mediara ningún marco legal bilateral (Kuhner,
2002: 61). El incidente mejor documentado y más
conocido involucró la detención de un grupo de
ciudadanos de la India durante más de seis meses,
uno de los cuales, Kanu Patel, se ahorcó.7
La segunda generación de securitización
El diseño de la política migratoria en México siempre
tuvo cierta perspectiva securitaria, pero alcanzó
su apogeo después de los ataques terroristas del
11 de septiembre de 2001. En ese momento, el
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto
Derbez, declaró públicamente que la lucha contra
el terrorismo se había vuelto la prioridad principal
en la relación bilateral.8 El presidente Vicente Fox
promovió un “perímetro de seguridad de Norteamé-
rica” para confrontar una amenaza común (Castillo
y Toussaint, 2010). En marzo 2003, durante la
guerra de ee.uu. contra Irak, el gobierno mexicano
develó el Plan Sentinela, mediante el cual desplegó
18,000 soldados en las rutas de transportes y en
la frontera sur, con la finalidad explícita de evitar
cualquier ataque contra ee.uu. o sus intereses en
México.9 En marzo de 2005, los gobiernos de
ee.uu., Canadá y México lanzaron la Alianza para
la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte
(Villarreal y Lake, 2009).
En 2005, el inm se incorporó al Consejo Nacio-
nal de Seguridad. La securitización significó una
reducción del acceso a información pública sobre
las actividades del instituto y un acceso restringido
a los centros de detención de migrantes (Wolf et al.,
2013: 110-111). La Marina mexicana se hizo cargo
de la seguridad fronteriza en la frontera sur (Isacson
et al., 2014). A nivel regional, en 2002 funcionarios
mexicanos, guatemaltecos, beliceños, salvadoreños
y hondureños empezaron a reunirse regularmente
en el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza
(Gansef).10 Los objetivos del Proceso de Puebla
6 El primer cinturón iba de Chiapas a Tabasco. El segundo cruzaba
el Istmo de Tehuantepec, donde el territorio mexicano se estrecha
a 120 millas, entre el Golfo de México y el Océano Pacífico (Flynn
2002).
7 Los ciudadanos indios fueron liberados a raíz de una demanda con-
tra el gobierno guatemalteco por mantener estándares inadecua-
dos en las instalaciones de detención. El gobierno guatemalteco
apeló después exitosamente al Departamento de Estado de ee.uu.
para que financiara los costos de alojar a migrantes extra-regional
y enviarlos en vuelos a sus países de origen (Flynn, 2002: 35).
8 Comentarios de Luis Ernesto Derbez al Centro de Estudios Es-
tratégicos e Internacionales, 7 de mayo de 2003. Disponible en:
http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/061803soc_
relaciones-us-mx.html. [Consultado el 25 de junio de 2018].
9 Cabezas, Alberto, 2003, “México activa ‘Plan Centinela’ con
medidas preventivas por guerra.” efe. Disponible en: http://wvw.
nacion.com/ln_ee/2003/marzo/18/ultima-la19.html. Consultado
el 21 de abril 2016.
10 Las discusiones giraron en torno al tráfico de personas, armas y
drogas a través de las fronteras (Alba y Castillo, 2012: 12).

David FitzGerald y Areli Palomo-Contreras • México entre el Sur y el Norte
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también se orientaron hacia una combinación de
seguridad y migración.
Documentos oficiales estadounidenses ilustran
el deslizamiento de la política antiterrorista hacia el
control de la migración indocumentada. Por ejemplo,
en 2004 el Informe del Departamento de Estado
sobre el Terrorismo instaba a México a poner en
marcha no sólo operativos de seguridad claramente
relacionados con una estrategia anti-terrorista, como
la vigilancia de la infraestructura, sino también
acciones contra la migración indocumentada.11
Al asumir la presidencia Felipe Calderón (2006),
el creciente control de la frontera sur de México
siguió siendo una prioridad en la agenda diplomá-
tica binacional. En octubre de 2007, se anunció la
puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, un plan de
ayuda financiera y asistencia técnica del gobierno
de ee.uu dirigido principalmente hacia México pero
también a Centroamérica, que incluiría más adelante
República Dominicana y Haití (Seelke y Finklea,
2016: 6). La Iniciativa Mérida se presentó como un
esfuerzo para combatir el crimen organizado; uno
de sus pilares era la creación de una “Frontera del
Siglo xxi”. El plan fronterizo pretendía explícitamente
impedir que los flujos indeseados de personas o de
bienes alcanzaran la frontera estadounidense. Como
lo explicó Roberta S. Jacobson, del Departamento
de Estado, “en algunos casos el enfoque de segu-
ridad más efectivo es redistribuir los recursos para
controlar legalmente los flujos de personas y de
bienes antes de que se acerquen a nuestra frontera,
o incluso antes de que alcancen Norteamérica.”12
Entre los años fiscales 2008 y 2015, el Congreso de
ee.uu. adjudicó cerca de $2.5 miles de millones
de dólares a México a través de la Iniciativa Mé-
rida, de los cuales se ejercieron más de $1.5 mi-
les de millones (Seelke y Finklea, 2016: 6). El
Acta de Adjudicación Consolidada de 2016 incluía
$139 millones de dólares de la Iniciativa Mérida
destinados a proyectos como la modernización de la
infraestructura mexicana en sus fronteras norte y sur.
El financiamiento de diversas partes de la iniciativa
resulta muy difícil de rastrear de manera detallada a
través del tiempo pero es indudable que incrementó
significativamente la capacidad de control fronterizo
por parte del gobierno mexicano.
Inicialmente, la Iniciativa Mérida incluyó más
de $91 millones de dólares para el inm, destinados
a mejorar y expandir los sistemas electrónicos de
registro de entradas, salidas, repatriaciones, permi-
sos de residencia, naturalizaciones, y otros trámites
migratorios tales como permisos temporales de
trabajo para migrantes guatemaltecos limitados
a empleos en Chiapas (Anguiano y Trejo, 2007).
El nuevo sistema incluyó una red de información
que ligaba la verificación del estatus migratorio a
los puntos de control migratorio en las fronteras y
al interior del territorio. Los lectores de pasaportes
y huellas digitales que permiten la verificación del
estatus migratorio fueron mejorados para incluir
datos biométricos con el objetivo final de “rastrear a
todas las personas que entraran o salieran de México
por vía aérea, terrestre o marítima”. Estos datos se
integrarían después a un sistema que “permitiría
compartir la información apropiada” con el Depar-
tamento de Seguridad Nacional de ee.uu. (dhs), y
con otras agencias de Centroamérica.13 En 2016,
el Departamento de Estado solicitó al Congreso
$3 millones de dólares adicionales para desarro-
11 “En 2004, el gobierno mexicano intensificó los esfuerzos para
detener el flujo de migrantes ilegales a México, muchos de los
cuales pretenden llegar a ee.uu. En octubre y noviembre, im-
pulsó un amplio operativo contra las pandillas y los traficantes
de personas a lo largo de la frontera sur, que llevó a cientos de
detenciones.” U.S. Department of State Office of the Coordinator
for Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2004. Abril
de 2005.
12 Testimony of Roberta S. Jacobson, Deputy Assistant Secretary,
Bureau of Western Hemisphere Affairs, before the Western Hemi-
sphere Subcommittee and the Homeland Security Border, Maritime,
and Global Counterterrorism Subcommittee of the U.S. House of
Representatives Committee on Foreign Affairs. May 27, 2010.
13 Algunas de estas agencias eran la Oficina Federal de Investigacio-
nes (fbi), Oficina de Lucha contra las Drogas (dea), el U.S. Marshal
Service; Oficina para el Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos.
Administration’s FY2008 supplemental budget request and FY
2009 budget request. Disponible en: https://mexicoinstitute.files.
wordpress.com/2012/08/merida-initiative-part1.pdf.

CUADERNOS • Rutas y pausas de los recorridos migratorios África-América • Número 03 • Noviembre 2018
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llar un sistema biométrico estándar con el fin de
compartir datos entre las agencias de seguridad
estadounidenses y mexicanas.14
Si bien el propósito principal del financiamiento
en la frontera era la seguridad, la Iniciativa Mérida in-
cluyó equipo de comunicación y suministros médicos
que pudieran ser útiles tanto para operativos de res-
cate como para el control.15 El Departamento de
Defensa estadounidense proporcionó otra ayuda al
patrullaje militar de la frontera, no contemplada por
la Iniciativa Mérida (Seekle y Finklea, 2016: 23).
A través de la Agencia Estadounidense para el De-
sarrollo Internacional (usaid), entre agosto de 2009
y marzo de 2010, el gobierno de ese país capacitó
en ocho áreas diferentes –incluida la trata de per-
sonas– a más de 10 mil funcionarios mexicanos; y
entre septiembre de 2009 y marzo de 2010, hizo lo
mismo para 200 jueces y agentes ministeriales (gao,
2010: 8-9). En septiembre de 2012, el Secretario
Adjunto para Política del dhs, Alan Bersin, anunció
así que “la frontera guatemalteca con Chiapas es
ahora nuestra frontera sur.” (hri, 2015: 13)
En julio de 2014, el presidente Enrique Peña
Nieto anunció el inicio del Programa Frontera Sur.
El programa se planteaba instalar tres cinturones de
seguridad en el sur de México hasta a 160 km
de la frontera. Aunque los agentes del inm no tienen
autorización de portar armas, bajo el Programa
Frontera Sur trabajaban directamente con el ejército
y la policía federal para llevar a cabo operativos de
control en las rutas migratorias (Seelke y Finklea,
2016: 15-16). En septiembre de ese año, más de
100 agentes de la gendarmería nacional y 400
policías federales fueron desplegados en el sur para
garantizar la seguridad fronteriza (hri, 2015: 17).
Se creó una nueva agencia gubernamental denomi-
nada Coordinación para la Atención Integral de la
Migración en la Frontera Sur, con un presupuesto
de 102 millones de pesos (Meyer et al., 2014).
La concentración del control en las carreteras
había propiciado hasta entonces que los migrantes
usaran el tren de carga. Entre 2009 y 2012, uno
de cada cinco centroamericanos deportados por
ee.uu. señalaba haber tomado este medio en algún
tramo de la ruta (El Colef, 2014). El tren conocido
como La Bestia o como “el tren de la muerte” era un
importante medio de transporte para los migrantes.
En 2014, Ferrocarriles Chiapas-Mayab anunció que
impediría el uso del tren de parte de los migrantes
modernizando 100 km de vías férreas para que los
trenes pudieran incrementar su velocidad de 15 a
50 km por hora y volver así más difícil su abordaje
(Domínguez e Íñiguez Ramos, 2016: 232). Los
agentes del inm llevaron a cabo 150 redadas en el
tren durante 2014. Estos esfuerzos de control impli-
caron que los migrantes regresaran a las carreteras,
donde también se instalaron múltiples puntos de
control.
El Departamento de Estado de ee.uu. financió con
75 millones de dólares el Programa Frontera Sur
(Seelke y Finklea, 2016: 16). Agentes del dhs tienen
su cuartel en la Embajada de ee.uu. en la Ciudad de
México, de donde coordinan los operativos de ayuda
para la frontera mexico-estadounidense, entrenan
a los agentes mexicanos, realizan labor de inteligen-
cia y asesoría al cuerpo diplomático de ee.uu.16
La cooperación entre las autoridades mexicanas y
estadounidenses se ha vuelto cada vez más abierta
en la era del tlcan y después de los ataques del 11 de
septiembre de 2001. Durante la visita del presidente
Peña Nieto a Washington, en enero de 2015, el pre-
sidente Barak Obama lo felicitó por tomar medidas
para reducir el tránsito de los centroamericanos.
“En parte gracias a los grandes esfuerzos de México,
14 Congressional budget justification. Foreign Operations FY 2016,
p. 436.
15 “To assist Mexican immigration authorities in rescue operations
along Mexico’s southern border”. Administration’s FY2008
supplemental budget request and FY 2009 budget request. https://
mexicoinstitute.files.wordpress.com/2012/08/merida-initiative-
part1.pdf.
16 Testimony of Allen Gina, Acting Assistant Commissioner, Office
of Intelligence and Operations Coordination, u.s. Customs and
Border Protection before House Homeland Security Committee:
Subcommittee on Border, Maritime, and Global Counterterro-
rism and the House Foreign Affairs Committee Subcommittee on
Western Hemisphere, 27 de mayo de 2010.

David FitzGerald y Areli Palomo-Contreras • México entre el Sur y el Norte
23
en particular en su frontera sur, hemos visto cómo
han disminuido las llegadas de migrantes a ee.uu.
a niveles mucho más manejables”, dijo Obama
ante la prensa.17 La voluntad de los funcionarios
estadounidenses en discutir más abiertamente el
papel de contención migratoria de parte de México
demuestra que el gobierno mexicano considera cada
vez más que el control del tránsito responde a sus
intereses nacionales tanto como a los de ee.uu.
DETENCIONES Y DEPORTACIONES
Las detenciones y deportaciones constituyen –junto
con las políticas de visado– la forma principal de
colaboración del gobierno mexicano en el freno de la
migración hacia el norte (Sin Fronteras, 2009: 26).
Los migrantes sospechosos de ser indocumentados
son arrestados; en las estadísticas del gobierno, son
registrados como “alojados” o “presentados” (Wolf
et al., 2013: 277), eufemismos para designar las
detenciones. Las investigaciones sobre el trato a
migrantes detenidos, realizadas por organizaciones
de derechos humanos, muestran que a pesar de que
la migración indocumentada fue despenalizada en
2008, las condiciones de detención son similares a
las de las prisiones (Bazzaco et al., 2011: 77). El
número de centros de detención del inm aumentó de
22 a 50 entre 2000 y 2011 (Alba y Castillo, 2012).
Según la ley, cuando los migrantes están en un
centro de detención deben ser informados por escrito
de su derecho a solicitar el estatus de refugiado.18
En una encuesta realizada por Insyde con migrantes
en 11 centros de detención, a la pregunta si habían
recibido información sobre su derecho a solicitar
asilo o refugio, sólo 39% contestó afirmativamente.
Había una variación considerable entre los centros
de detención: 57% de los detenidos en Tapachula
dijo haber recibido esa información, comparado con
sólo 14% en Acayucan (Wolf et al., 2013: 333).19
Un estudio de I(dh)eas de 2010 en el centro de
Tapachula encontró que 94% de los migrantes
detenidos no habían sido informados por escrito y
88% no habían recibido ningún tipo de información
sobre el refugio (Bazzaco et al., 2011: 159-160).
El gobierno mexicano ha llevado a cabo más
de 3 millones de deportaciones desde 1989 (Ver
gráfica 1).
La gran mayoría de los deportados son originarios
del Triángulo Norte de Centroamérica. La gráfica 2
muestra el número de deportados de esos tres
países entre 2001 y 2015. Para llevar a cabo las
deportaciones, el gobierno mexicano ha firmado
memoranda de entendimiento con los gobiernos
centroamericanos muy similares a las que tiene con
el gobierno estadounidense (Ruiz, 2006: Wolf et al.,
2013: 358-360). Los documentos del inm celebran,
con fotografías de sonrientes deportados transpor-
tados en los autobuses, el “trato más humano de
los migrantes en tránsito irregular” gracias a estos
acuerdos.20
La mayoría de los centroamericanos deportados
por México tenían la intención de llegar a ee.uu. Por
ejemplo, en 2009, 73 por ciento de los deportados
por México señalaron que tenían intención de llegar
hasta ee.uu. En 2010 y 2011, ese porcentaje des-
cendió ligeramente a 68% y 60% respectivamente
(El Colef, 2014). El inm estima que entre 1995 y
2010 las autoridades mexicanas han detenido a
entre 50 y 55% de los migrantes con destino a ee.uu.
Asimismo considera que de 25 a 30% de los migran-
tes fueron detenidos por las autoridades migratorias
estadounidenses y entre 15 y 20% lograron cruzar
exitosamente la frontera sur de ese país (Rodríguez
17 White House, Office of the Press Secretary, “Remarks by President
Obama and President Peña Nieto after Bilateral Meeting”. Boletín
de Prensa, 6 de enero de 2015.
18 Art. 16. Acuerdo por el que se emiten las normas para el funcio-
namiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de
Migración, Diario Oficial, 7 de octubre de 2009.
19 No es clara la metodología ni el número de detenidos que fueron
entrevistados.
20 http://colef.net/colefflacso/wp-content/uploads/2011/08/SBS-
Guatemala_Acciones-del-INM_Junio-2011.ppt. Consultado el
20 de abril de 2016.

CUADERNOS • Rutas y pausas de los recorridos migratorios África-América • Número 03 • Noviembre 2018
24
Gráfica 1. Deportaciones anuales de parte de México, 1970-2015.
Fuente: Segob, Boletines Estadísticos Estadísticos 2001-2015; Casillas 2008: 159.
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Gráfica 2. Deportaciones de migrantes originarios del Triángulo Norte, 2001-2015.
Fuente: Segob, Boletines estadísticos 2001-2015.
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Guatemaltecos
Hondureños
Salvadoreños

David FitzGerald y Areli Palomo-Contreras • México entre el Sur y el Norte
25
et al., 2011: 2). La Gráfica 3 muestra que México
deporta a más centroamericanos que ee.uu.
Por primera vez en 2014, la mayoría de los arres-
tos llevados a cabo por la Patrulla Fronteriza no eran
de migrantes mexicanos sino centroamericanos.21 En
2015, la agencia de Aduanas y Protección Fronteri-
za (cbp por sus siglas en inglés) detuvo a 134 572
centroamericanos de Guatemala, El Salvador y
Honduras, y a 188 122 mexicanos.22
La mayoría de los centroamericanos detenidos
en México son deportados. La gráfica 4 muestra
cómo el número de deportaciones desde México
de nacionales del Triángulo Norte es casi similar al
número de detenciones.
Las detenciones y deportaciones de menores
centroamericanos no acompañados se ha convertido
en un asunto político de mayor envergadura desde
2014. Dada la situación de violencia endémica y
pobreza en el Triángulo Norte y las extensas redes
familiares en ee.uu. es muy probable que continúe
la gran movilidad de migrantes de esa región por
México y que el gobierno mexicano siga intentando
frenar esta migración.
UN PERÍMETRO CONTINENTAL
Desde 1990, el gobierno estadounidense ha in-
tentado instaurar un perímetro continental que
mantenga a los extranjeros indeseados lejos incluso
de las fronteras mexicanas, o que los expulse del
hemisferio. La política de visas, la revisión de los
pasajeros que llegan por vuelos, las interdicciones
21 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/12/30/u-s-border-
apprehensions-of-mexicans-fall-to-historic-lows/
22 https://www.dhs.gov/publication/cbp-fy15-border-security-report
Gráfica 3. Deportaciones de migrantes del Triángulo Norte desde México y desde ee.uu. 1990-2015.
Fuente: Segob, Boletines Estadísticos 2001-2015; Casillas 2008: 159; ins and dhs Yearbooks and Enforcement
Reports, 1992-2016.
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Deportaciones de México Deportaciones de ..

CUADERNOS • Rutas y pausas de los recorridos migratorios África-América • Número 03 • Noviembre 2018
26
marítimas, el financiamiento de las deportaciones
y el desmantelamiento de las redes de tráfico de
personas son cinco de las técnicas utilizadas para
establecer este “perímetro continental”.23
Una lista de cerca de cuarenta “nacionalidades
con restricciones migratorias”, en su mayoría del
Medio Oriente, África y Asia, enfrentan cada vez
mayores obstáculos en la obtención de visas para
México. Sin importar las intenciones de estas polí-
ticas, los efectos son dificultar a los solicitantes de
asilo alcanzar el hemisferio occidental.
En presentación ante el Congreso, el Departamen-
to de Estado felicitó discretamente a México por su
cooperación:
Hemos visto cómo, bajo el gobierno del presidente Fox,
México ha tomado pasos significativos para cumplir
con su obligación de controlar los flujos de personas a
través de sus fronteras. Ha establecido nuevos puntos
de control para detectar a ciudadanos de otros países
y un sistema más estricto para las visas; por ejemplo,
requeriere visas a personas de ciertas nacionalidades,
sospechosas de utilizar México como lugar de paso o
punto de entrada a ee.uu.24
El sistema mexicano de visas está tan vinculado
al de ee.uu. que desde el 1 de mayo de 2010, los
extranjeros con visa para entrar a este país pueden
también ingresar a México.25 El gobierno mexicano
comparte información con el estadounidense sobre
23 Written Testimony of Alan D. Bersin, Assistant Secretary for Inter-
national Affairs and Chief Diplomatic Officer Office of Policy U.S.
Department Of Homeland Security Before The House Committee
On Foreign Affairs Subcommittee on the Western Hemisphere on
“Potential Terrorist Threats: Border Security Challenges In Latin
America And The Caribbean”. 22 de marzo de 2016.
24 Testimony of Ms. Elizabeth A. Whitaker, Deputy Assistant
Secretary for Mexico, Canada, and Public Diplomacy, Bureau
of Western Hemisphere Affairs, U.S. Department of State. U.S.-
Mexico Relations Hearing before the Subcommittee on the Western
Hemisphere of the Committee on International Relations, House
of Representatives. 26 de abril de 2006.
25 http://colef.net/colefflacso/wp-content/uploads/2011/08/
SBS-Guatemala_Acciones-del-INM_Junio-2011.ppt.
Gráfica 4. Detenciones y deportaciones de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños desde
México, 2007-2015.
Fuente: Segob, Boletines estadísticos, 2007-2015.
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David FitzGerald y Areli Palomo-Contreras • México entre el Sur y el Norte
27
los pasajeros que llegan por aire desde fuera de Nor-
teamérica, como parte de un Sistema Avanzado de
Información sobre Pasajeros. La cooperación incluye
protocolos de seguridad, tales como compartir listas
de alertas y sistemas comunes de verificación para
los denominados “extranjeros de países de especial
interés”.26 Estos países son predominantemente
musulmanes, con excepción de Corea del Norte.
Para ello, el Comando Norte del ejército estadou-
nidense, el Departamento de Estado y el dhs han
creado un Programa para Uso Compartido de Datos
Biométricos con México. El gobierno estadouni-
dense es totalmente consciente de que la red para
atrapar a terroristas provoca también “la exclusión
de personas que huyen de sus países porque son
perseguidos.”27
Las autoridades estadounidenses tienen una
larga historia de lucha contra las organizaciones
traficantes de migrantes y de solicitantes de asilo
en tránsito por México. La “Operación Coyote” fue
impulsada explícitamente con el fin de evitar la lle-
gada de niñas y niños centroamericanos a la frontera
estadounidense. De acuerdo con el funcionario del
dhs, Lev J. Kubiak, “La operación buscaba detener
el flujo de migrantes centroamericanos ilegales, in-
cluyendo a menores no acompañados”. El gobierno
estadounidense se atribuyó públicamente el mérito
de haber brindado entrenamiento, equipo y asisten-
cia técnica a las agencias de seguridad de México,
Guatemala y El Salvador en el Operativo Lucero, que
llevó al arresto de 36 traficantes acusados de llevar
a centenares de personas a los ee.uu.28
La Guardia Costera opera a cientos de kilómetros
de las costas estadounidenses en aguas internacio-
nales, cerca de las costas mexicanas, empujado así
la frontera. En 2000, las autoridades descubrieron
una ruta por la cual migrantes chinos desembarca-
ban en la costa del Pacífico, en Guatemala, y eran
transportados después en trailers en un viaje de
40 horas a través de México.29 En febrero 2002, el
buque de la guardia costera Boutwell, interceptó
el barco de pesca Popeye en aguas internacionales,
cerca de la costa Chiapaneca, con 201 ecuatoria-
nos a bordo que al parecer se dirigían a ee.uu. sin
autorización. Los ecuatorianos fueron entregados a
la marina mexicana y deportados a Ecuador (Casi-
llas, 2002).
El gobierno mexicano niega aceptar fondos de
ee.uu. para pagar los centros de detención y las
deportaciones desde México, si bien ha llevado a
cabo durante décadas políticas de contención de
flujos dirigidos a ee.uu. En 1990, durante una discu-
sión del grupo de trabajo de la Comisión Binacional,
el subsecretario mexicano de gobernación pidió al
comisionado del ins financiar los esfuerzos de Mé-
xico para detener a migrantes de terceros países,
a tratantes y traficantes que usaban México como
territorio de tránsito. El Congreso redireccionó enton-
ces 350 000 dólares del presupuesto de detención y
deportación al rubro “Proyecto 057” para, a partir de
abril de 1991, pagar las deportaciones de terceros
países desde México. En enero de 1994, la senadora
Barbara Mikulski (demócrata de Maryland) preguntó
cómo había usado esos fondos el Servicio Mexicano
de Migración. De acuerdo al Departamento de
Estado, “No ayudamos a la repatriación de ciuda-
danos de países que son susceptibles de expulsar
a refugiados. En consecuencia, no ayudamos al
gobierno mexicano a repatriar a los centroameri-
canos.” Los fondos fueron utilizados para repatriar
a nacionales chinos, brasileños, dominicanos, ecua-
26 Testimony of Michael Fisher, Chief United States Border Patrol U.S.
Customs and Border Protection, DHS, before House Homeland
Security Committee Subcommittee on Border, Maritime, and
Global Counterterrorism. 22 de julio de 2010.
27 Written Testimony of Alan D. Bersin, Assistant Secretary for In-
ternational Affairs, DHS, before the House Committee on Foreign
Affairs Subcommittee on the Western Hemisphere on “Potential
Terrorist Threats: Border Security Challenges In Latin America
And The Caribbean”. 22 de marzo de 2016.
28 Testimony of Deputy Assistant Secretary of State Juan González
Before the House Foreign Affairs Subcommittee on the Western
Hemisphere. 22 de marzo de 2016.
29 Federal Research Division 2003. https://archive.org/stream/
MexicoFOIA/Organized%20Crime%20and%20Terrorist%20
Activity%20in%20Mexico,%201999-2002_djvu.txt.

CUADERNOS • Rutas y pausas de los recorridos migratorios África-América • Número 03 • Noviembre 2018
28
torianos, indios y peruanos, supuestamente después
de que fueran entrevistados por el acnur en México
(Gzesh, 1995: 35).
Aunque las autoridades mexicanas arrestan fre-
cuentemente a migrantes extra-hemisféricos en el
sur de México, muchos no pueden ser deportados
porque sus representaciones consulares no se coor-
dinan con las autoridades mexicanas o no reconocen
a los migrantes como sus nacionales. Las gráficas 5
y 6 muestran que la mayoría de los africanos y asiá-
ticos son liberados para continuar hacia la frontera
estadounidense.
CONCLUSIONES
La función de México como país de contención varía
considerablemente según los países de origen de los
migrantes. Para los centroamericanos, actúa como
una espesa barrera: desde la década de 1990, el
control de los migrantes en tránsito está ligado a
los esfuerzos por mejorar las relaciones con ee.uu.,
transformando la frontera sur de México en el límite
de un perímetro del tlcan. En efecto, los crecientes
vínculos económicos han implicado el aumento del
control fronterizo con Centroamérica.
Por otra parte, la militarización de la frontera sur
de México se ve limitada por intereses manifiestos
en el discurso público de las autoridades: dado que
este país no militariza sus fronteras y tiene una ley
de migración tan generosa, ee.uu. debería seguir su
ejemplo en relación a los migrantes mexicanos. En
privado, los funcionarios mexicanos aseguran a sus
contrapartes estadounidenses que toman medidas
enérgicas contra la migración. Así, la estrategia no
es totalmente coherente: esas medidas enérgicas
no son compatibles con la narrativa de protección
de los derechos humanos, porque los abusos en
Gráfica 5. Detenciones y deportaciones de africanos por México, 2007-2015.
Fuente: Segob, Boletines estadísticos 2007-2015.
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las prácticas son muy evidentes y ampliamente
informados por la sólida red de organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos en México.
Dado que la principal audiencia del gobierno mexi-
cano es externa, carece de incentivos para impulsar
una respuesta más humanitaria.
El papel de contención de los “extra-continen-
tales” es menos evidente. Una medida de menor
relevancia es el control a distancia de pasajeros
que llegan en vuelos a México. El gobierno de este
país está extremadamente interesado en evitar que
personas provenientes de México realicen ataques
terroristas en ee.uu. ya que los políticos estadouni-
denses utilizarían sin ninguna duda estos ataques
como un argumento para escalar la militarización de
la frontera. Así, la política de visas y los controles
de seguridad son el mayor freno para los migrantes
extracontinentales, al menos mientras este flujo siga
siendo reducido.
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Fuente: Segob, Boletines estadísticos, 2007-2015.
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