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CAPÍTULO I
LA LIBERTAD DE PRENSA EN ECUADOR, ENTRE
2002 Y 2017, DE ACUERDO A FREEDOM HOUSE
Abel Suing
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador
Kruzkaya Ordóñez
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador
Lilia Carpio-Jiménez
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador
Resumen
La libertad de prensa, concebida como la garantía que poseen los ciudadanos para ejercer su
derecho a publicar ideas y editar medios de comunicación sin censura de parte de poderes fác-
ticos o del Estado, es parte de los derechos a la comunicación que se expresan en el artículo 19
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El monitoreo del derecho a la libertad
de prensa, que es un tema intermitente en la agenda mediática por estar vinculado a la gestión
de las empresas de comunicación, lo realiza desde 1972 la organización Freedom House que
promociona los derechos políticos y las libertades civiles en el mundo; ésta organización ge-
nera, entre otros, un informe anual denominado Libertad de Prensa. En el caso de Ecuador los
informes publicados cubren el periodo 2002 – 2017 y, sobre esta base, la investigación pre-
tende: 1) Determinar los tópicos de debate; y, 2) Identificar la tendencia de la libertad de
prensa de acuerdo al índice que otorga Freedom House. La metodología es cualitativa a través
del análisis de contenidos de los informes anuales de Ecuador publicados en el sitio web de
Freedom House en el periodo señalado. La libertad de prensa se ha visto afectada por prácticas
de autocensura y por presiones políticas, ha sido fuertemente cuestionada en los últimos cinco
años, periodo que coincide con la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación expedida en
2013. Se concluye que existe deterioro de la libertad de prensa, Ecuador califica como un país
que no presta condiciones para el libre ejercicio de los derechos a la comunicación, se esperan
cambios en la estructura legal que permitan atender a las expectativas de los ciudadanos en
un entorno de cultura digital.
Palabras clave
Comunicación y medios, libertad de prensa, prensa, derechos humanos, ciudadanía.
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1. Introducción
El concepto de libertad de prensa ha derivado en la acepción contemporá-
nea de libertad de información. Sin embargo y a la luz del desarrollo social
y de los mecanismos de diálogo a través de las redes sociales digitales, la
definición de libertad de prensa cobra vigencia. La libertad de prensa es un
factor primario para la vida democrática de los países, debería ser conside-
rada como una responsabilidad de quienes ejercen el periodismo o admi-
nistran medios de comunicación social, “no es un privilegio ni un recurso
de poder [ya que] la prensa debe servir a la sociedad” (Restrepo, 2015, p.
9).
La libertad de prensa tanto como la libertad de información son derechos
de doble vía, para quienes emiten como para quienes reciben información
(Zinguer, 2014). “En los países con regímenes totalitarios, la información
es restringida, y en los países con fuertes democracias la libertad de infor-
mación es un pilar de su vida política” (Aristizábal y Carreño, 2015, p. 66).
Históricamente, la libertad de prensa ha sido valorada como necesaria para
el progreso o evolución de la sociedad. A inicios del “siglo XVIII pero in-
cluso antes el concepto empezó a tener gran importancia (...) Por aquellos
años se hacía referencia a la libertad de opinión, dado el magro desarrollo
de la prensa en esos primeros años” (Alberro, 2009, p. 127). El entorno de
libertades asociadas a la prensa se diversifica hasta llegar a configurar un
derecho, el derecho a la información (Loreti, 2005) que recoge los primeros
postulados de garantías para la expresión. Hoy la libertad de información
asegura condiciones y mecanismos para participar en la construcción de la
opinión pública en medio de una sociedad hipermediatizada. La plaza pú-
blica contemporánea está conformada por los medios de comunicación, en
donde la libertad de expresión y el derecho a la información refuerzan las
dimesniones individual y colectiva de los derechos humanos (Sapiezynska,
Lagos y Cabalin, 2013).
Pese al marco jurídico y al desarrollo tecnológico actual, la libertad de
prensa se convierte en un derecho que solo consta en el papel, porque existe
una mordaza impuesta a través de amenazas y atentados contra los perio-
distas. Los derechos a la libertad de prensa y a la información “se encuen-
tran en riesgo a través de distintos mecanismos directos que van desde el
asesinato de comunicadores o disidentes, las amenazas y agresiones, así
como el uso del derecho penal para restringir el debate” (Sapiezynska, La-
gos y Cabalin, 2013, p. 12). Por ejemplo, en Sudamérica, el Observatorio
Iberoamericano de la Libertad de Prensa “manifestó que entre 1979 y 1999
en Colombia fueron asesinados 118 periodistas; prácticamente un prome-
dio de 6 comunicadores por año” (Gómez-Giraldo y Hernández-Rodríguez,
2009, p. 19).
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Las limitaciones a la libertad de prensa no solo suceden motivadas por la
violencia sino también a través de mecanismos “suaves” que restringen los
derechos a la información de las personas, por ejemplo, la exigencia de con-
tar con un título de carácter “habilitante” como condición sine qua non para
escribir en un diario o presentar noticias en televisión, el propósito de los
gobiernos que impusieron esta medida fue “controlar a los periodistas”
(González, 2016, p. 14). Otros casos son “el recargo a la importación de pa-
pel de diario” (González, 2016, p. 18) y la distribución inequitativa de la
pauta publicitaria del gobierno; con el “dinero publico el gobierno puso de
su lado a varios empresarios periodísticos, que se ven beneficiados con cier-
tos favores” (Socco, 2007, p. 47).
Hay ocasiones en que la restricción a la libertad de prensa es subjetiva, cada
medio o cada periodista se autoimponen limites para evitar ser sujetos de
atentados, pero con ello afectan el derecho de las personas a recibir infor-
mación. “Uno de los efectos de la represión es la autocensura, dado que para
continuar su trabajo [los periodistas] tienen que ocultarse o buscar una es-
trategia para no ser vistos” (Benítez, Solís y Serván, 2015, p. 235).
Lo más grave es considerar como normal la censura, es decir asumir que la
búsqueda de la verdad y el atender el derecho de los ciudadanos es una ex-
cepción, como ocurrió en regímenes totalitarios. En los regímenes “auto-
cráticos no existe ni libertad ni igualdad, porque el Estado se convierte en
el poder absoluto que decide lo que los ciudadanos pueden saber y lo que
deben pensar” (Schenkel, 2005, p. 18). A finales del siglo XIX en Europa
“fueron los propios periodistas y directores de los periódicos que constan-
temente sufrían los rigores policiales y judiciales, los que autocensuraban
sus propias informaciones por la amenaza a posibles represalias guberna-
mentales” (López, 2017, p. 2103).
Por otro lado, es importante recordar que la independencia entre los pode-
res económicos y los medios de comunicación debe mantenerse a riesgo de
equivocar el camino hacia el desarrollo de la socidad. La mezcla del poder
económico y la libertad de expresión “ha servido para que los propietarios
de los medios de comunicación incidan en el comportamiento de una socie-
dad ávida de información. Lo que los medios de comunicación dicen res-
ponde al interés de sus dueños” (Aristizábal y Carreño, 2015, p. 70). A los
hechos de violencia se suman los intereses de políticos y empresarios que
buscan la difusión de noticias que no afecten sus intereses y se convierten
en factores desestabilizadores del “ejercicio periodístico por medio de pre-
siones y sutiles manipulaciones” (Gómez-Giraldo y Hernández-Rodríguez,
2009, p. 33).
Para la vida en sociedades democráticas es necesaria la promoción de las
libertades y las garantías que el Estado debe proveer en el ejercicio de los
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derechos de los ciudadanos, pero también es fundamental guardar “equili-
brio entre el poder político y económico ya que el mercado, por sí solo, no
garantiza estabilidad alguna” (De Mateo Pérez, 2015, p. 1020).
Fueron varias las oportunidades en las que bajo el argumento de la libertad
de prensa, en realidad, se buscó la libertad de empresa, es decir, la no in-
tervención del Estado en los asuntos privados para garantizar lucros parti-
culares, en lugar de brindar garantías para la expresión de ideas (González,
2016).
El desarrollo de los medios de comunicación, desde su origen, tanto como
el ejercicio del periodismo están marcados por una constate batalla frente
a riesgos y amenazas. Para cuidar y acompañar a los periodistas y a los me-
dios de comunicación, a mediados del siglo XX, fueron creadas organiza-
ciones de la sociedad civil que elaboran informes para alertar de riesgos y
ejecutan campañas orientadas a promover y restaurar la libertad de expre-
sión, en los países que lo necesiten. Un papel destacado en el monitoreo de
la libertad de prensa lo lleva la organización Freedom House que promo-
ciona los derechos políticos y las libertades civiles en el mundo, ésta orga-
nización genera, entre otros, el informe anual denominado Libertad de
Prensa que influye en la opinión pública mundial. En el caso de Ecuador los
informes publicados cubren el periodo 2002 – 2017.
Sobre la base de lo expuesto y considerando que el monitoreo de la libertad
de prensa lo realiza la organización Freedom House, la investigación pre-
tende: 1) Determinar los tópicos de debate en los informes sobre la libertad
de prensa en Ecuador; y, 2) Identificar la tendencia de la libertad de prensa
en Ecuador de acuerdo al índice que otorga Freedom House. Las hipótesis
de investigación son: 1) Los temas de mayor preocupación en los informes
sobre la libertad de prensa en Ecuador están relacionados a la vigencia de
la Ley Orgánica de Comunicación; y, 2) Ecuador ha disminuido en el índice
de libertad de prensa de Freedom House.
2. Metodología
La metodología empleada es cualitativa a través del análisis de contenidos
de los informes anuales, y del ranking de libertad de expresión del Ecuador,
publicados en el sitio Web de Freedom House entre 2002 y 2017. Se realiza
una categorización de los principales tópicos tratados para establecer una
lista con los diez aspectos, más mencioandos, que han motivado alertas por
parte de Freedom House, organización que trabaja en pro de la libertad de
expresión.
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3. Resultados
La tabla 1 muestra la presencia de los principales tópicos que han predomi-
nado en los informes sobre la libertad de prensa en Ecuador, emitidos por
Freedom House, entre 2012 y 2017. La columna final de la tabla presenta la
mención de los temas en los informes anuales, no se refiere a la contabilidad
de repetición de palabras sino a la presencia o no del tema en los informes
anuales.
Tabla 1. Principales tópicos de los informes de Freedom House
Temas
A
ños, entre 2002 y 2017 f
1. Libertad de prensa
2 3 4 5 6 7 8 9
15
10 11 12 13 14 15 16 17
2 Censura y autocen-
sura
2 3 4 5 6 7 8 9
14
10 11 12 13 14 15 16 17
3. Difamación y calum-
nia
2 3 4 5 6 7 8 9
13
10 11 12 13 14 15 16 17
4. Propiedad de me-
dios
2 3 4 5 6 7 8 9
13
10 11 12 13 14 15 16 17
5. Ataques a periodis-
tas
2 3 4 5 6 7 8 9
12
10 11 12 13 14 15 16 17
6. Leyes
2 3 4 5 6 7 8 9
11
10 11 12 13 14 15 16 17
7. Critica a medios
2 3 4 5 6 7 8 9
8
10 11 12 13 14 15 16 17
8. Código penal 2 3 4 5 6 7 8 9 6
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10 11 12 13 14 15 16 17
9. Medios sancionados
2 3 4 5 6 7 8 9
4
10 11 12 13 14 15 16 17
10. Autorización de
frecuencias
2 3 4 5 6 7 8 9
4
10 11 12 13 14 15 16 17
Fuente: Freedom House https://freedomhouse.org Elaboración: Propia
Por otro lado, en el figura 1, están los resultados del indicador de libertad
de expresión, fruto de la encuesta anual “Freedom of the Press” (FOTP) que
elabora Freedom House a través de la cual se ubica el nivel de libertad de
prensa en los países. De acuerdo a la metodología de Freedom House, hay
tres categorías para ubicar a los países: 1) Países donde hay libertad de
prensa: Están entre 0 y 30 puntos. 2) Países donde se ejercita parcialmente
la libertad de prensa: Están entre 31 y 60 puntos; y, 3) Países donde no
existen condiciones para la libertad de prensa: Están entre 61 y 100 puntos.
Figura 1: Nivel de libertad de prensa
Fuente: Freedom House https://freedomhouse.org Elaboración: Propia
El resultado del análisis de los contenidos de los informes de Freedom
House, respecto al Ecuador, permite señalar que la Constitución del país
garantiza la libertad de prensa y se considera que existe una prensa vigo-
rosa pero hay leyes que impiden que esta libertad se ejecute. Hay evidencias
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de que la libertad de prensa es débil en la práctica, por ejemplo han existido
sentencias sobre la base de la difamación a políticos, además los medios de
comunicación han estado sometidos a presión política y legal por parte de
los gobiernos.
La intervención del ex presidente de la República del Ecuador, Rafael Co-
rrea, como de su administración para desacreditar y atacar abiertamente a
los medios de comunicación privados y a los periodistas ha sido frecuente.
Casi desde el inicio de la gestión de Correa los medios fueron menosprecia-
dos, tratados con calificativos como “asesinos con tinta”. Los ataques contra
los periodistas y los medios de comunicación aumentaron entre 2008 y
2016, el Presidente Correa ayudó a crear un clima que fomentó la violencia
contra la prensa. Correa usó una variedad de coloridas descripciones, lla-
mando a los periodistas como bestias salvajes, mediocres, corruptos, ma-
fiosos y "más desagradable que el cáncer de páncreas". Por lo expuesto, el
Presidente Correa recibió el pedido del Comité para la Protección de los Pe-
riodistas para que respete la libertad de expresión y ejercite la tolerancia a
las opiniones divergentes.
Durante la administración de Rafael Correa, que coincide con el periodo de
análisis, fue expedida la Ley Orgánica de Comunicación sobre la cual fueron
vertidos criterios negativos en el sentido del incumplimiento de las ofertas
que los políticos, cercanos al partido gobernante, realizaron referidas a que
permitirían mayores garantías y promoción de derechos. La Ley Orgánica
de Comunicación debilitó a la organización social, por ejemplo se quitaron
las salvaguardas que garantizan el anonimato de las fuentes, además la ley
sirvió para soportar la construcción de una opinión pública “absoluta” fa-
vorable al gobierno, en contra de las apreciaciones y matices de los ciuda-
danos, esto fue llamado la construcción de un “Estado de opinión”.
Cercana al espíritu “inquisidor” de la Ley Orgánica de Comunicación está
una ley electoral, que también fue expedida durante la presidencia de Ra-
fael Correa, que prohibió a los medios de comunicación cubrir las campañas
electorales e informar sobre los candidatos días antes de los comicios.
Como las opiniones en el gobierno de Correa estaban en contra de los linea-
mientos y recomendaciones que, sobre la libertad de prensa, emanó la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la administración
pública intentó evitar su funcionamiento. La manera de callar a la oficina
del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos fue cuestionar la legitimidad
del origen de los recursos económicos que reciben porque estarían compro-
metiendo la independencia de sus criterios, sin embargo, esta estrategia fue
criticada por las organizaciones de vigilancia de la prensa internacional. Co-
rrea siguió presionando por cambios a la operación de la CIDH entre 2012
y 2015.
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La Superintendencia de Información y Comunicación, un organismo de re-
gulación y sanción de los medios de comunicación, fue creada al amparo de
la Ley Orgánica de Comunicación, su papel ha sido fuertemente criticado
porque implicó limitar la libertad de prensa, han existido casos de evidente
violación de derechos de los periodistas y de restricciones a las libertades
de asociación y de prensa que han sido promovidos sobre la base de las
competencias de la Superintendencia de Información y Comunicación, por
ejemplo los medios de comunicación públicos, dependientes del Gobierno
de Correa, fueron utilizados para promocionar a los candidatos “oficiales”
pero no ofrecieron coberturas similares de otros partidos. Las sanciones
más frecuentes que ha dispuesto la Superintendencia de Información y Co-
municación son: Multas equivalentes a un porcentaje de los ingresos tri-
mestrales de los medios, rectificaciones y órdenes para que los medios san-
cionados pidan disculpas públicas.
Los informes de Freedom House insisten, en varias ediciones, en que los
periodistas de los medios de comunicación públicos y privados practican
regularmente la autocensura. Según Freedom House más de la mitad de los
periodistas de televisión y al menos un tercio de los periodistas de prensa
se han abstenido de difundir cierto tipo de información o han violado un
principio periodístico por temor a perder sus trabajos. Los periodistas que
practican cierta autocensura lo hacen respecto a temas políticos, temas del
ejército o a temas relacionados con funcionarios públicos debido a las seve-
ras leyes de difamación y a la posición influyente de militares, políticos y
hombres de negocios.
En los últimos diez años los informes de Freedom House exponen varios
ejemplos de censura y autocensura, como el caso de un periodista de la ciu-
dad de Machala cuyos artículos de opinión fueron censurados porque el pe-
riódico donde trabajaba deseó evitar problemas legales. Por lo regular los
periodistas y periódicos del Ecuador temen problemas judiciales por lo
tanto se abstienen de publicar artículos críticos. De acuerdo a organismos
internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité
para la Protección de los Periodistas (CPJ), los periodistas informaron que
se autocensuraron en respuesta a las nuevas reglas. La autocensura es cada
vez más generalizada a medida que los periodistas tratan de evitar el enjui-
ciamiento y el acoso extralegal.
Desde 2013, a partir de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación,
existe un entorno hostil caracterizado por el incremento de la censura ofi-
cial, incluso a la comunicación en línea, eso ocurre probablemente porque
varios periodistas críticos se han mudado a Internet en los últimos años. La
censura en línea está demostrada con la suspensión de cuentas en Twitter
y la eliminación de contenidos digitales, incluidos videos y fotografías pu-
blicados en las redes sociales.
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Entre las figuras legales que la Ley Orgánica de Comunicación dispuso y
que han sido utilizadas como formas de censura están:
El “linchamiento mediático”, definido como la diseminación repe-
tida de información destinada a dañar la reputación o credibilidad
de una persona a través de una serie de informes o publicaciones.
Registro y licencia para los periodistas, así como el registro obliga-
torio de los medios de comunicación ante el Consejo de Regulación
y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom).
La responsabilidad ulterior en el sentido de castigar a cualquier
medio de comunicación después de una publicación por contenido
abusivo, mentiroso e “irresponsable”, esto ha provocado temores
entre los críticos porque podría convertirse en una “ley mordaza”.
Otro aspecto medular es que la ley impone una serie de restriccio-
nes a los contenidos publicados, esto es codificar el derecho a reci-
bir la información para que ésta sea “verificada, contrastada, pre-
cisa y contextualizada”.
Freedom House también informó que el gobierno en respuesta a las direc-
tivas del presidente Rafael Correa retiró publicidad gubernamental de los
medios privados que criticaron acciones de su administración. Pero quizá
el incidente de censura más sobresaliente tuvo lugar el 30 de septiembre de
2010 cuando un grupo de oficiales de policía descontentos con una reduc-
ción en sus salarios y beneficios protestaron y ocurrió un confuso incidente
que derivó en un aparente secuestro del Presidente Correa, entonces el go-
bierno declaró emergencia nacional y ordenó a todas las estaciones de radio
y televisión que transmitan la señal del canal estatal oficial Ecuador TV.
Otro aspecto relevante en los informes de Freedom House es la presencia
de casos de difamación. La difamación es un delito, en la República de
Ecuador, que se castiga con fuertes multas y entre seis meses y tres años de
prisión. Bajo el argumento de difamación se llevó a la cárcel a periodistas.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas las leyes penales de
difamación en Ecuador se utilizan sistemáticamente para castigar a los pe-
riodistas que son críticos con el gobierno.
Correa llevó a medios y a periodistas a los tribunales, presentó varios casos
de difamación penal y civil contra periodistas críticos, en los últimos años.
En uso del marco jurídico otros actores políticos también provocaron de-
mandas por difamación contra medios de comunicación y periodistas, y si-
guiendo el ejemplo de Correa pidieron indemnizaciones desproporcionadas
a la realidad económica nacional. El caso de difamación más notorio de los
últimos años fue la demanda de $ 80 millones de dólares de Correa en con-
tra del editor de opinión y columnista de Diario El Universo, Emilio Pala-
cio, y en contra de los directores del periódico por un artículo de opinión en
el que Palacio criticó el manejo de Correa al levantamiento policial del 30
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de septiembre de 2010. En julio de 2011 un tribunal falló a favor del Presi-
dente, pero redujo los daños a $ 40 millones. Palacio y los directores del
periódico fueron condenados a tres años de prisión, pero luego Correa los
indultó en 2012.
Los medios de comunicación expresan una amplia gama de puntos de vista,
muchos han sido críticos con los gobiernos, pero los grupos de libertad de
prensa señalaron que se interfirió con su independencia editorial, acto que
provocó un reproche por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Por otro lado se destaca en los informes de Freedom House que la mayoría
de los medios de comunicación de Ecuador son de propiedad privada. Lo
común ha sido que los dueños de los medios, algunos con intereses econó-
micos regionales, establezcan las agendas y las posturas editoriales de los
periodistas. Un total de 60 medios de comunicación son reconocidos como
nacionales. El gobierno llegó a controlar, directa o indirectamente, una
parte importante de los medios de comunicación del Ecuador, incluidas es-
taciones de televisión, radios, medios impresos y una agencia de noticias.
La concentración de la propiedad dentro de los medios privados es un pro-
blema. El alto grado de concentración afecta la diversidad, aunque la ma-
yoría de los medios de comunicación incautados defienden los puntos de
vista oficiales. En 2014, el magnate mexicano de los medios Remigio Ángel
González adquirió Diario El Comercio, el periódico más antiguo y más re-
conocido del Ecuador. La venta de El Comercio significó que el número de
medios de comunicación nacionales bajo el control de González sea de 10,
solo por detrás del gobierno ecuatoriano, que controla 12. La propiedad ex-
tranjera de los medios de comunicación fue inicialmente ilegal según la Ley
Orgánica de Comunicación, pero Correa aprobó un reglamento de imple-
mentación, en 2013, que revisó los artículos de la ley y permitió que los ex-
tranjeros de países que habían firmado ciertos acuerdos de cooperación con
Ecuador tuvieran medios nacionales.
En 2008 el gobierno poseía y operaba solo una estación de radio pero 10
años después controla 20 compañías de medios, incluidas seis estaciones
de televisión y cable, cinco estaciones de radio, tres periódicos, cuatro re-
vistas y una agencia de noticias. Doce de los medios de comunicación bajo
control gubernamental, los hoy llamados medios incautados, fueron de pro-
piedad privada hasta la crisis financiera de 2008, cuando el Estado se hizo
cargo de ellos para saldar la deuda de sus antiguos propietarios, general-
mente bancos, con sus acreedores. De acuerdo a la ley, el gobierno estaba
obligado a desprenderse de las empresas, pero no lo ha hecho.
Los medios de comunicación privados tienden a mantener relaciones com-
bativas contra el gobierno. El Estado es también el mayor anunciante del
país, lo que le da una mayor influencia al gobierno sobre los medios de pro-
piedad privada. La publicidad pública se distribuye equitativamente entre
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estaciones de televisión privadas y públicas, de acuerdo a un estudio de la
organización no gubernamental ecuatoriana Participación Ciudadana.
De la revisión de los informes de Freedom House se desprende que en ge-
neral las relaciones entre gobierno y medios han sido tensas. Medios como
Teleamazonas fueron disciplinados por violar la Ley Orgánica de Comuni-
cación o amenazados con suspensión de licencia. En cuanto a las redes so-
ciales, el gobierno también ha amenazado con utilizar leyes penales de di-
famación para castigar las opiniones expresadas a través de ellas. La lista
de los ataques que han recibido los medios de comunicación y los periodis-
tas es: Acoso y agresiones verbales, físicas y legales por parte de autoridades
y ciudadanos; amenazas de muerte; asesinatos; desapariciones; detencio-
nes; impedimentos para laborar; intimidación; hostigamiento; secuestro y
sentencias a prisión con cargos de difamación.
Correa motivó arrestos por acusaciones de difamación, sometió a frecuen-
tes laceraciones retóricas a los periodistas ecuatorianos. Por otro lado, el
gobierno no aceptó la evaluación independiente sobre los hechos ocurridos
en su gestión, juzgó que las opiniones estaban politizadas y destinadas a
atacarlo, pero lo más llamativo es que admitió públicamente que había or-
denado ciertas búsquedas de evidencias que sustenten sus demandas.
En otro ámbito, existe una alerta en el sentido de que la libertad de expre-
sión en Ecuador podría verse afectada por reformas al Código Penal que
sanciona la labor de los periodistas por difamación al Presidente, funciona-
rios judiciales u otros servidores púbicos; existen disposiciones y restriccio-
nes contra las protestas sociales; amplias protecciones de privacidad que
prohíben la diseminación no autorizada de información personal, sin ex-
cepción para asuntos de interés público; y la prohibición de divulgar infor-
mación falsa sobre la economía que pueda causar "pánico económico".
El periodo observado, en los informes de Freedom House, cubre los man-
datos de varios Presidentes del Ecuador, espacio en el que se trataron leyes
que condicionan la libertad de prensa. El presidente Alfredo Palacio san-
cionó los pasos para implementar Ley Orgánica de Transparencia y Acceso
a la Información Pública que se aprobó en 2004, pero la Sociedad Inter-
americana de Prensa criticó el nivel de cumplimiento de la misma, en un
informe de 2011 encontró un cumplimiento desigual y confusión sobre la
ley por parte de los funcionarios del gobierno. En 2008, el gobierno de Co-
rrea implementó una disposición de la Ley de Radio y Televisión que con-
sistió en que las estaciones de televisión transmitan diariamente una hora
de información educativa y de salud sin costo para el gobierno, pero que fue
utilizada para hacer propaganda.
En 2014, la Asamblea Nacional aprobó enmiendas a la Constitución entre
las cuales se declaró que la comunicación es un “servicio público”, una de-
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finición que los críticos sostenían que abriría aún más la puerta a la regula-
ción intrusiva del gobierno. Por otro lado, la ley antimonopolio aprobada
en julio de 2011 amenaza con debilitar aún más a las organizaciones de me-
dios, esta ley estableció que las personas que poseían una participación del
6 por ciento o mayor en una empresa de medios o institución financiera
transfieran los activos que tenían en otras compañías antes del 13 de julio
de 2012. Esto probablemente desalentó la inversión en medios privados y
motivó el cierre de algunos medios de comunicación.
En todo el periodo observado el gobierno mantuvo el control sobre la con-
cesión de las frecuencias de televisión y radio. En 2008 la Comisión de Au-
ditoría de Concesiones de Radio y Televisión fue creada para revisar 5.000
licencias y determinar si existió monopolización “directa o indirecta”, exis-
tió preocupación al no contar con estaciones comunitarias. Un par de años
después de la conformación de la Comisión de Auditoría de Concesiones,
en noviembre de 2010, el gobierno asignó 14 frecuencias de radio a organi-
zaciones indígenas y planeó proporcionarles equipos y capacitación.
4. Discusión
Freedom House hace evidente una estructura jurídica que va en contra de
los postulados de libertad de prensa y muestra acontecimientos que atentan
contra los derechos humanos de los periodistas. En Ecuador no se han per-
mitido espacios ni las garantías legales para la creación de medios indepen-
dientes, existe una fuerte concentración de medios aupada por el gobierno.
La opinión pública en los últimos diez años ha estado alimentada por los
mensajes creados por el aparato de propaganda del gobernante de turno.
La primera hipótesis de la investigación es aceptada, los temas de mayor
preocupación en los informes sobre la libertad de prensa en Ecuador están
relacionados a la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, nueve de
los diez tópicos presentes en la tabla 1 están vinculados con la ley. Entre
2002 y 2007 los informes de libertad de prensa referían potenciales riesgos
y casos específicos, pero desde 2007 hasta 2017 la injerencia, sanción y des-
calificación a los medios de comunicación como a los periodistas es fre-
cuente y muestra incrementos. La segunda hipótesis es aceptada. Como lo
muestra la figura 1 Ecuador se ubica en la región de países donde no existen
condiciones para ejercer la libertad de prensa, estas ubicaciones ocurren en
paralelo a la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación y lo alejan, cada
año más, de las tendencias regionales de países donde existe libertad de
prensa y condiciones para el ejericio efectivo del derecho la información.
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Referencias bibliográficas
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