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Del punitivismo carcelario a la matanza sistemática: El avance de los operativos militarizados en la era post-Chávez

Authors:

Abstract

Este ensayo, basado en dos investigaciones cualitativas en curso, plantea que para comprender el aumento reciente de las muertes violentas en Venezuela y específicamente en Caracas en el período post Chávez, tenemos que colocar en el centro del análisis los discursos y las prácticas de un actor privilegiado como lo es el Estado, en un contexto de colapso de los precios petroleros. Se propone que esta inusitada violencia letal puede ser comprendida por el impacto que ha ocasionado, dentro del histórico proceso de militarización de la seguridad ciudadana, un punitivismo carcelario que con el pasar de los años ha venido abriendo el paso y yuxtaponiéndose a una práctica de matanza sistemática extralegal implicada en la extrema violencia policial y militar de operativos militarizados focalizados en los sectores pobres. Esta avanzada militar, se puede decir, forma parte del avance de una necropolítica en el país en tiempos de Revolución Bolivariana post-Chavista.
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Del punitivismo carcelario a la
matanza sistemática:
Verónica Zubillaga**
Departamento de Ciencias y Tecnologías del Comportamiento, Universidad Simón Bolívar,
Edificio de Estudios Generales. Piso 1. Valle de Sartenejas. Baruta. Edo. Miranda, Venezuela
zubillagaveronica@gmail.com - r.hanson@ufl.edu
Este ensayo, basado en dos investigaciones cualitativas en curso, plantea
que para comprender el aumento reciente de las muertes violentas en
Venezuela y específicamente en Caracas en el período post Chávez,
tenemos que colocar en el centro del análisis los discursos y las prácticas
de un actor privilegiado como lo es el Estado, en un contexto de colapso
de los precios petroleros. Se propone que esta inusitada violencia letal
puede ser comprendida por el impacto que ha ocasionado, dentro
del histórico proceso de militarización de la seguridad ciudadana, un
punitivismo carcelario que con el pasar de los años ha venido abriendo
el paso y yuxtaponiéndose a una práctica de matanza sistemática
extralegal implicada en la extrema violencia policial y militar de operativos
militarizados focalizados en los sectores pobres. Esta avanzada militar, se
puede decir, forma parte del avance de una necropolítica en el país en
tiempos de Revolución Bolivariana post-Chavista.
Palabras Clave: Militarización de la seguridad ciudadana – Punitivismo
carcelario – Matanza sistemática extralegal
RESUMEN
This essay, based on two qualitative studies still in progress, suggests that
in order to understand the recent increase in violent deaths in Venezuela,
specifically in Caracas, in the post-Chávez period we must place at
the center of our analysis the discourses and practices of an extremely
privileged actor, the state, in the context of the collapse of oil prices.
Propose that this lethal violence, previously unheard of in the country,
can be understood within the historical process of militarization of citizen
security. As the outcome of a carceral punitivism that with the passing of
the years has begun clearing a path and juxtaposing itself to the practice of
systematic extralegal slaughter seen in extreme police and military violence
in focused military raids in poor sectors. This military advance forms part of
the advance of necropolitics in the country in the time of the Post-Chávez
Bolivarian Revolution.
Keywords: Militarization of citizen security – Carceral punitivism –
Systematic extralegal slaughter
ABSTRACT
Doctora en Sociología por la Université Catholique de Louvain, Bélgica. Profesora Asociada de la Universidad Simón Bolívar
(USB). Co-fundadora de Red de Activismo e Investigación por la Convivencia REACIN, en 2016, una asociación dedicada
a la investigación sobre violencia urbana y al activismo para la formulación de políticas públicas orientadas al control de
armas: <http://reacin.org/>. CV: https://usb.academia.edu/VeronicaZubillaga/CurriculumVitae
From Carceral Punitivism to Systematic Slaughter:
The Advance of Militarized Raids in the Post-Chávez
Rebecca Hanson***
Department of Sociology and Criminology. University of Florida
3219 Turlington Hall, P.O. Box 117330
Gainesville, FL 32611
PhD en Sociología por la University of Georgia. Profesora en el Departamento de Sociología. Coordinadora de la
especialización en Crime, Law, and Governance in the Americas para el Master of Arts in Latin American Studies program:
<http://www.latam.ufl.edu/people/center-based-faculty/rebecca-hanson/>. CV: http://www.latam.ufl.edu/media/
latamufledu/faculty-cv/Hanson-CV-June-2017.pdf
***
**
El avance de los operativos militarizados en
la era post-Chávez.*
Para esta investigación contamos con el apoyo en el terreno de Caracas Mi Convive, toda nuestra especial gratitud
para ellos, especialmente Roberto Patiño, Juan Francisco Mejía, Neorelis Muñoz, Giorgina Cumarín y Camila Oropeza.
Queremos agradecer a nuestros colegas Keymer Ávila, Tosca Hernández, José Luis Fernández-Shaw y Andrea Chacón por
sus aportes a este texto. Todas las ideas que aquí aparecen son de nuestra entera responsabilidad.
*
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El 13 de julio del año 2015 el barrio caraqueño Cota 905 amaneció en urgencia en la
madrugada por una irrupción militarizada espectacular en el que murieron 14 personas
y más de 200 fueron detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana. Horas más tarde el
Presidente Nicolás Maduro anunció el nuevo operativo militarizado — ya era el cuarto,
en estos últimos cinco años. El operativo se denominó Operación de Liberación y Protección
del Pueblo (OLP). El presidente Maduro afirmó en la tarde: “Con estos cuatro operativos de
arranque (...) tenemos elementos en la mano para demostrar que el paramilitarismo colombiano,
el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración ha venido a apoderarse, a contratar, a
controlar y a instaurar un modelo”.1
Un año y ocho meses después de haber lanzado y continuado el operativo, el 31 de
marzo de 2017, el mismo día en que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, declaró
que estábamos presenciando la ruptura del hilo constitucional por la usurpación de funciones
de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia — declaración que marcó
el inicio del ciclo de protestas callejeras que duraron cuatro meses ininterrumpidos en nuestro
país—, ese día, la Fiscal también denunció que en el año 2016 fueron asesinadas en Venezuela
21.752 personas. De éstas, precisó en su alocución, 4.667 personas murieron a manos de las
distintas fuerzas del orden. En otras palabras: ese día la Fiscal estaba revelando que el Estado
venezolano, en las distintas incursiones de las fuerzas del orden fue responsable del 21% de las
muertes violentas que sucedieron ese año en nuestro país.
2016 fue el año de más muertes violentas en nuestra historia. La tasa de homicidios de
Venezuela se ubicó en 70 homicidios por cien mil habitantes, la más elevada de la región, sólo
después de El Salvador, cuya tasa fue de 81 homicidios por cien mil habitantes ese año.2
En este ensayo quisiéramos plantear que para comprender el aumento reciente de la
violencia letal en Venezuela y específicamente en Caracas en el período post Chávez, tenemos
que colocar en el centro del análisis los discursos y las prácticas de un actor protagónico
como lo es el Estado, en un contexto de colapso de los precios petroleros. Nos referimos
específicamente al período de la presidencia de Nicolás Maduro que, experimentando las
consecuencias de la intensa baja de los precios del petróleo y padeciendo los estragos de una
corrupción extendida, verifica en la actualidad escasez y carestía de alimentos; hiperinflación;
escasez de medicinas y colapso del sistema sanitario; el agudo deterioro de la infraestructura
urbana y de los salarios de los trabajadores. En fin, un contexto de penuria económica y social
en el que los sectores populares resultan de nuevo, los más afectados.
Proponemos que esta inusitada violencia puede ser comprendida por el impacto que
ha ocasionado, dentro del histórico proceso de militarización de la seguridad ciudadana, una
primera fase de punitivismo carcelario masificado iniciado en el año 2009 con el lanzamiento
de una nueva etapa de operativos militarizados, que con el pasar de los años, específicamente
el año 2015, abrió el paso a una práctica de matanza sistemática extralegal, que se convirtió
1 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/provea-operativo-en-la-cota-905-sugiere-uso-
excesi.aspx. Consultado el 16 de junio 2017.
2 Fuentes: http://contrapunto.com/noticia/fiscal-general-dio-las-cifras-oficiales-de-homicidios-en-2016-128994/
Instituto Igarapé: http://homicide.igarape.org.br/ Consultado el 16 de agosto 2017.
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en la estrategia de control fundamental hacia los sectores populares, constituyendo al Estado,
específicamente a un sector militar y policial, en un actor fundamental de la violencia letal en
el país.
Perspectiva teórica y metodológica
Partimos de una perspectiva sociológica y antropológica centrada en las prácticas
culturales de la vida cotidiana, que otorga especial énfasis al modo cómo los sujetos
experimentan la realidad de todos los días, su condición de ciudadanía y los procesos de
construcción de subjetividades colectivas e individuales en relación a los otros en general, y a
un “otro privilegiado”: el Estado, en particular a través de sus discursos y prácticas (Jelin, 1996;
Lutz, 2002; Sharma & Gupta, 2006; Gupta, 2012).
Nos interesa documentar los discursos y las prácticas estatales frente al incremento de
crímenes y violencia letal, con un foco particular en los operativos militarizados desplegados en
la última década. Específicamente una primera fase de encarcelamiento masivo o masificación
del punitivismo carcelario a partir del año 2009, que se yuxtapone con el inicio de lo que
llamamos la matanza sistemática con los operativos iniciados en el año 2015. La matanza
sistemática y la toma militarizada de los barrios pobres prolongada e incrementada desde el
año 2015, constituye actualmente, durante el período de hiper inflación, escasez de alimentos y
penuria generalizada, la nueva estrategia necropolítica para mantenerse en el poder (Mbembe,
2011). Asimismo, entrelazamos estos discursos con los testimonios de vecinos de un barrio
donde se inició uno de los últimos operativos militarizados destacados por el uso excesivo de
la fuerza: El Operativo de Liberación del Pueblo.
La violencia armada y letal que aqueja al país, así como las respuestas del Estado, son
problemáticas que se hallan constantemente tematizadas en las conversaciones de la vida
cotidiana de la gente y en los recurrentes discursos públicos de funcionarios y reportajes
aparecidos en los medios de difusión de información. Siguiendo a M. Bajtín (Bajtin, 1982),
entendemos esta tematización como un proceso complejo en movimiento, de significación,
recepción y contestación; como una cadena de respuestas y réplicas situadas en un mundo
social particular, este es el de la Venezuela contemporánea post chavista de precios petroleros
colapsados en la que se vive una intensa conflictividad política y social, escasez de alimentos,
hiper inflación y las tasas de homicidios más elevada de América del Sur.
Por punitivismo carcelario entendemos, siguiendo a L. Wacquant, la sobreactivación
del Estado penal (policías, cortes y sistema de prisión) en detrimento del Estado social para un
vasto sector de la población, y se expresa en prácticas como el encarcelamiento de los varones
pobres de sectores populares (Wacquant, 2008). Comprende pues la “obsesiva” reafirmación
por parte del Estado para responder por la seguridad, frente a su silencio sobre el truncamiento
del derecho al trabajo y al empleo de la población en mayor desventaja, que es “expulsada”
a las economías informales o ilícitas como forma de sobrevivencia, y en consecuencia luego
encarcelada. El endurecimiento de “la ley” viene de la mano para compensar el déficit de
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legitimidad de las autoridades políticas estatales (Wacquant, 2001).
También es necesario puntualizar que en otros espacios hemos discutido (con otros
colegas) igualmente este avance punitivo durante el período de políticas sociales redistributivas
por los enormes ingresos petroleros durante una década de la Revolución Bolivariana (años
2004-2014). El caso venezolano en el marco de la Revolución Bolivariana, --y a contracorriente
de las miradas como la de L. Wacquant (2001) que sostienen que las políticas neoliberales van
de la mano de políticas de contención punitiva y criminalización de los sectores populares—
revelaba que el encarcelamiento y la hiperactividad del Estado penal puede ir de la mano de
políticas redistributivas y de disminución de la desigualdad (ver Antillano et al., 2015).
Compartimos la mirada de J.M. Cruz (2016), quien alude que para comprender la
violencia en El Salvador, y en general en América Latina, tenemos que poner en el foco de
nuestros análisis las muchas formas a través de las cuales el Estado contribuye directamente a
la violencia, que van desde la extensión de los límites legales del uso de la fuerza legítima, hasta
la asociación con grupos criminales y milicias, en búsqueda de legitimidad y autoridad política
(Cruz, 2016).
Siguiendo el aporte de Ávila (2017) y Antillano y Ávila (2017), quienes develan
que el incremento de la letalidad en la actuación policial bajo las políticas de mano dura
han incrementado la violencia y los homicidios en el país, este texto, en el marco de dos
investigaciones en curso, se plantea documentar a partir de múltiples fuentes, el giro de una
política punitiva carcelaria a un patrón de muerte sistemática que ha venido precedido y
acompañado por un proceso discursivo de estigmatización letal, todo lo que se expresa en la
extrema violencia policial y militar de operativos militarizados, que podemos decir forma parte
del avance de una necropolítica en el país (Mbembe, 2011).
En este sentido, desde el punto de vista teórico, nuestra mirada se sustenta en
recientes trabajos sociológicos, antropológicos y filosóficos enfocados en el Estado y las
instituciones estatales así como en las experiencias subjetivas de gente situada en contextos
de padecimiento y conmoción asociados al avance de prácticas autoritarias y a la militarización
de la vida cotidiana (Lutz, 2002).
Nos ha interesado particularmente la discusión sobre el Estado, su violencia, la política,
la vida y la muerte de autores como G. Agamben (1998; 2005); Mbembe (2011); Coronil &
Skurski, (2006) quienes dialogan y cuestionan las tesis de M. Foucault. Brevemente, vale decir
que Foucault (2001) distingue que el poder que detenta el soberano bajo el Antiguo Régimen
es la potestad de hacer morir y dejar vivir; es decir, como tiene el poder sobre la vida y la muerte
porque puede matar, su gran poder soberano radica en decidir quiénes mueren y quienes
pueden vivir. Con el avance del Estado moderno, se expande lo que Foucault denominó como
biopolítica, el poder como ejercicio de la gubernamentalidad, se manifiesta en la capacidad de
garantizar la vida (hacer vivir y dejar morir), bajo la expansión de los sistemas de salud, la higiene
pública, y de toda la maquinaria, dispositivos y saberes que garantizan la reproducción de la
vida biológica y por supuesto el control sanitario de la “población”.
Los autores mencionados (Agamben; Mbembe; Coronil & Skurski) en discusión con
M. Foucault, discrepan sobre el hecho de que la capacidad de matar de los Estados fuese un
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asunto del pasado, o de la excepcionalidad del racismo; y vuelven la mirada hacia la práctica
de matanza y recurso a la violencia de los Estados actuales para mantenerse en el poder y
garantizar la soberanía.
G. Agamben reflexiona sobre la facultad actual de los Estados modernos y democráticos
de suspender los derechos si “identifican” una amenaza, e instaurar en consecuencia el
estado de excepción; en tales contextos de remoción de ciudadanía, el Estado puede matar
impunemente (Agamben, 1998 y 2005). El estado de excepción se convierte en una rutina
y tiende a convertirse en la regla en el modo de gobernar actual de Estados aparentemente
democráticos; en este sentido, Agamben apunta la íntima solidaridad de los Estados modernos
con el totalitarismo.
A. Mbembe (2011), elabora la noción de necropolítica pensando en la relación entre el
Estado y los ciudadanos en el Africa Post colonial; propone precisamente hacer una lectura de
la política como un trabajo de muerte y la soberanía la define como el “derecho a matar”. En
este sentido, Mbembe, a diferencia de G. Agamben, quien centra su mirada todavía en Estados
fuertes o centrales; enfoca su reflexión en la erosión de la capacidad del Estado post colonial
para construir los fundamentos económicos de la autoridad y el orden público. Así, desprovisto
el Estado de la capacidad de garantizar la vida biológica y el estado de derecho, su poder reside
en la capacidad de administrar la muerte; se trata pues de un “Estado mortífero” que invoca
continuamente la excepción, la urgencia y una noción ficcionalizada del enemigo como bases
normativas del derecho de matar.
Coronil & Skurski (2006), se centran en el análisis de eventos de la vida social venezolana
acaecidos en período de intenso cuestionamiento de la legitimidad estatal y colapso económico
– la Masacre del Amparo sucedida en 1988 y el Caracazo, sucedido en 1989 –. Los autores
subrayan cómo el Estado se convirtió en agente masivo de muerte y suspensión de derechos
frente a las protestas y saqueos de un sector pobre en respuesta al anuncio de las medidas
de ajuste estructural. Coronil & Skurski quieren destacar precisamente la extrema violencia a
través de la cual el Estado Moderno asegura su hegemonía en la actualidad.
Estas miradas, que seguiremos invitando a lo largo de este texto, nos han resultado
particularmente sugerentes para vislumbrar e interpretar el contexto venezolano actual y
específicamente esta práctica de matanza sistemática a la que aludimos.
Desde el punto de vista metodológico, para sustentar nuestra tesis sobre el giro de
una masificación del punitivismo carcelario a una práctica sistemática de muerte, íntimamente
vinculada a un proceso discursivo de estigmatización letal, en el marco de dos investigaciones
en curso, sobre el despliegue de estos operativos militarizados en Caracas, reunimos discursos
de funcionarios públicos aparecidos en medios de difusión de información; reportajes
aparecidos en prensa; textos aparecidos en documentos oficiales que nos fueron facilitados y
los datos de muertes violentas y muertes perpetradas por las fuerzas del orden recolectadas
por el Ministerio Público. Igualmente, presentamos aquí las narrativas obtenidas en el trabajo
de campo realizado a través de entrevistas con funcionarios con varios cuerpos de la policía y
narrativas reunidas en visitas semanales, entre agosto 2017 hasta abril 2018, a una comunidad
afectada por estos operativos. Allí, nuestra base fue un comedor comunitario en el que
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participan mujeres en la preparación colectiva de alimentos para los niños. Vinculamos las
observaciones de campo realizadas, con los relatos obtenidos en entrevistas con: una madre
joven y una abuela cuyas viviendas han sido varias veces invadidas por agentes policiales; dos
madres que han perdido a sus hijos en estos operativos, cuatro jóvenes; un hombre distribuidor
de drogas en la comunidad; el jefe de una banda de crimen organizado, dos agentes policiales
y tres grupos de discusión con trece madres.
Este texto, en continuidad con su tesis central, se divide en tres partes. En la primera
parte desarrollamos la idea del histórico punitivismo carcelario; en la segunda parte describimos
la masificación del punitivismo carcelario iniciado en el año 2009, con una nueva fase de
operativos militarizados. En la tercera parte nos centramos en discutir la práctica sistemática
de matanza extralegal desplegada por los sectores militarizados del Estado bolivariano.
Del histórico punitivismo carcelario
La violencia policial y la histórica ascendencia de esquemas militares en la policía
venezolana ha sido considerado un problema de muy antigua data en el país, como ha sido
ampliamente documentado (Hernández, 1986; Sanjuán, 2000; Antillano, 2010; Avila, 2017).
Desde los años ochenta, el trabajo de Tosca Hernández (1986) ha develado la arbitrariedad de
la actuación policial en las detenciones masivas implicadas en los operativos “extraordinarios”
que se fueron haciendo rutinarios, en los que amparados por la derogada ley de Vagos y
Maleantes encarcelaban a la población masculina pobre. En este sentido, el punitivismo
carcelario tiene un antiguo arraigo en el país y ha sido un patrón persistente en la historia
venezolana contemporánea.
Las tasas de homicidio en la década de los ochenta todavía se hallarían en los ocho
homicidios por cien mil habitantes. Sin embargo, esta década cerraría con uno de los eventos
de violencia estatal más cruentos de nuestra historia contemporánea conocido como el
Caracazo. “El Caracazo” o “el Sacudón” comprende el estallido social y saqueos masivos
ocurridos días después del anuncio del conjunto de medidas de ajuste estructural conocido
como “el paquete”. El 27 y 28 de febrero de 1989, en varias ciudades, los comercios y las calles
fueron tomados por la cólera de la gente frente al súbito aumento de los precios de la gasolina
y pasajes de transporte público derivados de las medidas de ajuste económico. Estos eventos
fueron terriblemente reprimidos por la fuerza policial. Las figuras oficiales reconocen 277
muertes, las ONGs de derechos humanos contabilizan al menos 1.000 (Scotto y Castillo, 1994;
Coronil & Skurski, 2006). El Caracazo ha sido interpretado como la ruptura de la confianza por
parte de la población en el modelo rentista petrolero de desarrollo y entrada simbólica en la
dinámica de la violencia en la ciudad de Caracas. Fue también un evento de tres días matanza
sistemática por parte del Estado. Luego de estos eventos las tasas de homicidios en el país
aumentaron significativamente para no descender más.
Después de varias escaladas en las tasas de homicidios en la década de los noventa
vinculados a eventos que sacudieron la vida pública – los dos golpes de estado ocurridos
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en 1992; la crisis bancaria de los años 1994-96 –, un aumento sustancial y progresivo de la
violencia letal se hace de nuevo evidente en el marco de lo que se conoce como la Revolución
Bolivariana.3 A pesar de una reforma policial iniciada en el año 2006 y la fundación de una policía
civil, frente al recrudecimiento de los crímenes y el aumento de los homicidios, se inició una
nueva fase de respuestas militarizadas que mostraron una mayor magnitud y uso de la fuerza,
acompañándose adicionalmente de una profusión de discursos de guerra y encarcelamiento
de hombres jóvenes de sectores populares.
Esta contradicción revelaría al mismo tiempo las intensas pugnas, en el ámbito de la
seguridad ciudadana y específicamente en el seno del Ministerio de Interior y Justicia, entre
un sector civil y militar del chavismo; develaría asimismo cómo en el seno de la Revolución
Bolivariana, el Estado era la sede de luchas entre distintos sectores enfrentados que truncarían
las reformas en curso, y erosionarían la capacidad estatal de llevar a cabo las políticas públicas
más progresistas como, precisamente la reforma policial; el control de armas y municiones o
una política integral de orientación preventiva.
Así, paralelamente al esfuerzo de forjar una policía profesional y de orientación civil se
verificaba el recrudecimiento de la militarización de la seguridad ciudadana y la contención
punitiva de los sectores populares, que en nuestro continente se conoce como políticas de
mano dura (Cruz, 2011; Antillano y Avila, 2017). Más allá de la histórica y tradicional impronta
militar en el seno de la policía de la que hablábamos, el recrudecimiento de la militarización
de la seguridad ciudadana, la entendemos con C. Lutz (2002), como proceso simultáneo de
discursos y visibilización de prácticas en el que se instaura de manera cada vez más evidente
la dominación militar, la legitimación del uso de la fuerza, y la captación y modelaje de otras
instituciones, como por ejemplo la policía, en sintonía con objetivos militares (Lutz, 2002).
Este proceso, avanzaba al mismo tiempo un discurso de guerra en el que
sistemáticamente se definía a los delincuentes de origen popular como agentes del mal que
habría que erradicar para preservar la ciudadanía decente (Zubillaga y García-Ponte, 2009;
Antillano, 2012).
2009: la masificación del punitivismo carcelario
Una nueva fase masiva de operativos militares se inauguró a partir del año 2009, con
el lanzamiento del operativo Dispositivo Bicentenario de la Seguridad, seguido del operativo
Madrugonazo al hampa, en el año 2011. Estos planes consistieron en invasiones masivas a
barrios y la detención intensiva de jóvenes varones pobres. Precisamente, en el marco de
este operativo, el General responsable, Antonio Benavides declaró: “El destino final de todo
delincuente es la cárcel o bajo tierra”,4 proclamando explícitamente el curso de acción de este
3 Este incremento estaría relacionado con una multiplicidad de factores y procesos, que se escapan de los límites de
este texto detallar, pero sí nos parece clave mencionar la fuerte polarización política que produjo una significativa
desinstitucionalización y fragmentación del Estado, todo lo que se tradujo en el deterioro de esferas básicas de
la vida social, como el sistema de administración de justicia y especialmente las fuerzas policiales que ya venían
experimentado un proceso de franco deterioro en las décadas pasadas.
4 Comandante del Core 5. Canal Venezolana de Televisión el 6 de septiembre 2010.
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plan y, sobre todo, el giro que presenciaríamos en el futuro de la masificación de punitivismo
carcelario a una práctica de matanza sistemática por parte del Estado.
El avance de este punitivismo carcelario se advirtió en el intenso incremento de la
población penitenciaria en un corto período de tiempo: la población en prisión se duplicó
entre 2009 y 2011 pasando de 30.483 privados de libertad a 50.000. De hecho, el Ministro de
Interior y Justicia Tareck El Aissami comentó él mismo sorprendido en twitter: “La situación
es compleja, durante el año 2010, el sistema penitenciario alcanzó la población privada de
libertad más alta de la historia” develando precisamente el avance de la zancada del Estado
penal en período de revolución socialista.5
Este rápido incremento de la población en prisión originó a su vez nuevos problemas
sociales como la crítica situación carcelaria, las recurrentes reyertas en las prisiones y finalmente
la evidencia de una pérdida de control de las autoridades estatales de las prisiones frente a la
sofisticada organización interna y autónoma de los privados de libertad (ver PROVEA, 2013;
Antillano et al., 2015). En uno de los escasos censos carcelarios realizados, precisamente se
revelaría que buena parte de los encarcelados eran jóvenes varones de sectores populares
recluidos por crímenes menores como microtráfico de drogas. En el último Diagnóstico
Sociodemográfico de la Población Penitenciaria se destacó que el 90.5% de los privados de
libertad son hombres; casi la mitad jóvenes – el 45% tenía entre 18 y 25 años (88% Menores
de 40 años) –; la gran mayoría eran pobres – 56% provenían del estrato IV y 11.6% del V – y
casi una cuarta parte de los que estaban allí (23%) fueron recluidos por tráfico y distribución
drogas.6
Con la muerte de Hugo Chávez y el inicio de la presidencia de Nicolás Maduro en el año
2013, y con Néstor Reverol a la cabeza del Ministerio de Interior y Justicia, el ala militar asume
la hegemonía en las políticas de seguridad ciudadana. A pesar del incremento sostenido de los
homicidios durante el curso de los planes anteriores – de acuerdo a los datos del Ministerio
público las tasas de homicidio aumentaron de 45 homicidios por cien mil habitantes en el año
2010, a 53 en el año 2012 – se insiste con lanzar un nuevo operativo denominado Patria Segura
en el año 2013. El Presidente Maduro, de hecho, afirmó que la Policía Nacional tenía que asumir
una disciplina militar: “Los cuerpos policiales tienen que tener máxima disciplina policial, una
disciplina militar”;7 anunciando así el giro de la actuación policial y la interrupción del esfuerzo
por tener una policía de orientación civil, apegada al uso progresivo de la fuerza planteada en
la reforma policial.
El año 2014 presentaba enormes desafíos visto el desplome de los precios del petróleo
y el severo deterioro de las condiciones económicas y de vida de la población. Evidentemente,
el presidente enfrentaba un déficit de legitimidad y no contaba ni con el carisma ni con los
recursos petroleros de su antecesor Hugo Chávez.
Después de cinco años de operativos militarizados masivos, los homicidios no
5 Declaraciones realizadas por el Ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, en su cuenta twitter @TareckPSUV,
el 8 de febrero 2011. Consultado el 10 de marzo de 2012.
6 CONSEJO SUPERIOR PENITENCIARIO. Diagnóstico Sociodemográfico de la población penitenciaria en la
República Bolivariana de Venezuela. Caracas, 2011.
7 https://www.aporrea.org/actualidad/n242974.html. Consultado el 23 de marzo 2018.
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disminuyeron y al contrario, aumentaron. En el año 2014 la tasa de homicidios había aumentado
a 62 homicidios por cien mil habitantes.8 Y como en El Salvador, múltiples evidencias estarían
revelando que uno de los efectos de esta avanzada militar, en período de intensa penuria
económica y social, sería la reorganización y alianza de las redes criminales para contrarrestar
esta declaración de guerra por parte del gobierno y para responder a la precariedad económica
del contexto.9
Un agente policial entrevistado por la primera autora en ese momento, habló de estar
atravesando un “período pico de conflictividad criminal”. Sin duda, esta capacidad de respuesta
de los grupos criminales contaría además con la complicidad de agentes policiales y militares
por el tipo de armas que comenzaron a evidenciarse en las respuestas de los grupos criminales,
como lo notó este mismo agente policial: “en efecto ha sido público de que existen grupos
armados con granadas y armas de alto calibre”.
Los trabajos de orientación etnográfica realizados por A. Antillano (Antillano y Avila,
2017), en efecto señalan una reorganización del mundo criminal para hacer “un frente común a
la policía” en su territorio, así como el “aumento de la capacidad de fuego” para responder. Este
diagnóstico, como veremos más adelante, sería compartido por las mismas fuerzas policiales,
quienes consiguientemente definirían un nuevo operativo para responder: el Operativo de
Liberación y Protección del Pueblo a ser lanzado el 13 de julio del año 2015, conocido como
la OLP.
Este operativo y sobre todo las prácticas que se extienden al conjunto de las fuerzas del
orden, lanzado en un año electoral, constituye el punto de giro y marca el inicio de esta nueva
fase de matanza sistemática.
2015: Hacia una práctica sistemática de muerte
El 15 de septiembre de 2015, dos meses después de haber iniciado la invasión
militarizada al barrio Cota 905, en el que 14 hombres perdieron la vida a manos de las fuerzas
policiales, un popular diario, reconocido por utilizar un lenguaje llano y directo publicó sobre
los evidentes resultados del Operativo de Liberación del Pueblo: “106 choros abatidos en dos
meses”. Reportó que 1.574 “antisociales” han sido puestos tras las rejas y 1.564 armas de fuego
habían sido incautadas.
Así, 106 presuntos delincuentes asesinados en tan solo dos meses por masivas
intervenciones militarizadas perpetradas por agentes del Estado. “Choros” y “Abatidos”,
como subrayó el diario con vocabulario de guerra, como si se tratara de una victoria contra
un “enemigo” deshumanizado y una situación de conflicto bélico. En varias entrevistas,
agentes policiales explicaron el objetivo de la OLP a la segunda autora: “… acabará con la
8 MINISTERIO PÚBLICO. Informe Anual. Caracas: Ministerio Público, 2015.
9 En efecto, de acuerdo a los trabajos del sociólogo salvadoreño José Miguel Cruz (2011), las políticas de Mano
Dura en el Salvador, sólo produjeron que los integrantes de las Maras se reorganizaran para responder a la ola
represiva; la reunión en prisión favoreció su preparación y organización para la guerra declarada. De hecho, las
tasas de homicidio aumentaron de 47,3 homicidios por cien mil habitantes en el año 2002 a 64,7 en el año 2006
—el Plan Mano Dura se inició en el año 2003 y el Plan Mano Súper-Dura en el año 2005 (ver Cruz, 2011).
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delincuencia, acabaran con esos grupos, [la OLP] es como un grupo exterminio.” Un agente
policial entrevistado por Rebecca habló de la ineficiencia del sistema penitenciario en el país
para justificar el operativo y la matanza. El agente explicó a Rebecca: “Yo amo a mi trabajo,
me encanta mi trabajo. Entonces yo presento a una persona ante un tribunal ¿verdad? y no
es mentira que con dinero pagan todos y salen. Gracias a Dios en este tiempo salió la OLP, el
FAES10… que personas que no sirvan, se eliminan. Esa limpieza a mí me gustó bastante…Lo veo
más fácil, más fácil hacer esa limpieza social que otra vez ingresarlo a una penitenciaria, donde
ahí ellos tienen más beneficios y que van a tener todo. Está el pran11, lo reciben, tienen armas,
tienen municiones en cantidades, entonces ¿para qué lo vamos a mandar para allá.”
Durante otra entrevista, un agente policial que participó en los operativos, habló
claramente de las órdenes que recibió de los supervisores: “Te paraban en formación los
grandes jefes: ‘Hoy quiero un muerto, … cada brigada tiene que tener un muerto.’” Después de
seis meses el agente decidió retirarse de los operativos, no porque le incomodara la orden de
matar precisamente, sino porque no quería correr peligro de matar a un “inocente.” Según el
agente: “Un muerto no es algo que uno lo pide así…eso es algo que uno tiene que analizar y
tiene que ver qué es lo que va a hacer ¿Me entiendes?, porque yo no me voy a lanzar un muerto
donde no sepa quién es, y si es inocente. No, no, eso no es así, vamos a exterminar lo que
vamos a exterminar, pero que ya lo tengamos identificado quién es, o sea, vamos a matarlo,
vamos a matarlo.”
Estas declaraciones revelan precisamente la “maquinaria de la atrocidad”, como lo
refieren Huggins, Haritos-Fatouros & Zimbardo (2002) con respecto a los casos de torturas
policiales y muertes en Brasil, para subrayar que más allá de los agentes perpetradores de estas
muertes, hay toda una red de agentes y sus superiores que ignoran, excusan, apoyan e inclusive
recompensan estas muertes.
Estos asesinatos y estas justificaciones ilustran en toda su crudeza cómo sectores del
Estado participan activamente en la creación de un estado de guerra. Revelan asimismo el
establecimiento de lo que podríamos llamar una estigmatización letal centrada en hombres
de piel oscura de áreas de bajos ingresos. Esta se expresa en la construcción de categorías
extremadamente degradantes enfocadas en hombres y jóvenes de barrios pobres igualmente
estigmatizados (ver Kessler y Dimarco, 2013) para justificar su matanza por parte de agentes
policiales, contando con la aquiescencia de sus supervisores y sectores de la sociedad.
Una peculiaridad de esta estigmatización letal radica en el hecho de que, al construir
la idea de que los hombres jóvenes de piel oscura de áreas de bajos ingresos constituyen un
riesgo biológico, la violencia ejercida sobre sus cuerpos comporta un sentido de asepsia; es
decir, la vida de ciudadanos sanos y decentes depende de su eliminación. Estas definiciones,
como señaló Foucault (1997) al hablar sobre el racismo en el contexto de los Estados
modernos, instan y justifican su asesinato y agregamos nosotros, en lugar de su reclusión.
Así, en lugar de la tradicional detención arbitraria o el encarcelamiento de jóvenes de áreas de
10 El FAES es el acrónimo de las Fuerzas de Acciones Especiales. Son grupos tácticos de la Policia Nacional Bolivariana
que reemplazaron la OLP cuando la OLP fue suspendida.
11 Pran es el término periodístico que comenzó a popularizarse en el año 2012 para nombrar a los líderes de las
bandas armadas en las prisiones que comenzaron a hacerse muy evidentes a partir de ese año.
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bajos ingresos, estas definiciones resultan y contribuyen en justificar su muerte, resolviendo
así las contradicciones de un régimen político como el proceso bolivariano que inicialmente
se identificaba con los sectores desfavorecidos. De hecho, las palabras de un funcionario de la
policía, quien entrenaba a los agentes policiales que participan en los operativos, demuestran
la preferencia por el asesinato en vez de la reclusión. El agente explicó a Rebecca: “Se llaman
actividades especiales en la policía dependiendo de la rama. Hay acciones especiales donde
muchas veces hay que asesorar al funcionario en cómo enfrentar situaciones que son
debidamente, como lo que llamamos nosotros enfrentamientos clandestinos, enfrentamientos
nocturnos, en donde… también situaciones donde por necesidad, y sabemos que el sistema
penal venezolano a veces es muy flexible, debemos es liquidar o sacar a esta persona de
circulación y tiene un procedimiento especial de cómo hacerse.”
En este sentido, se trata, como también apuntó M. Taussig (1984) de la elaboración de
realidades ficcionales en la creación de un enemigo para justificar la crueldad y la matanza a
la población así definida y temida.12 En nuestro caso, en la creación de esta amenaza extrema,
la elaboración de categorías degradantes y atemorizantes —esta estigmatización letal—
se vincula además con toda una extensión territorial de barrios pobres, sujetos también de
estigmatización territorial (ver Kessler y Dimarco, 2013). Ubicada en la parte alta de los cerros,
que comenzaron a ser llamados los “corredores de la muerte”.
El término comenzó a ser utilizado por el exdiputado Freddy Bernal, quien en un twit
el 26 de marzo de 2016 exhortaba la toma militar: “¿Cuántos funcionarios policiales y civiles
deben morir? ¡Hay que tomar policial y militarmente los corredores de la muerte de #Ccs”.13
El diario digital que lo reporta describió: “El término se propagó como la pólvora luego de
que el exdiputado Freddy Bernal publicara una serie de tuits, donde manifestaba su posición
frente a la violencia en las barriadas caraqueñas”. Y definió la categoría haciendo eco de la
nomenclatura policial: Su significado refiere a la parte alta de varios barrios que se conectan
entre El Cementerio, El Valle y La Cota 905. Es en esas calles, callejones, veredas y trochas donde
-según fuentes policiales-las bandas del sector ejercen control total sobre de la población,
planifican sus crímenes, ordenan ataques contra policías, “enfrían” a víctimas de secuestro,
ocultan vehículos robados, coordinan la defensa del barrio, imponen toques de queda, cobran
dinero de extorsiones y trasladan a sus rivales para descuartizarlos o carbonizarlos, según el
caso.14
Una vecina de uno de los barrios en cuestión, Nidia, madre de un joven asesinado,
buscado y sacado de su casa mientras dormía por la policía en el marco del operativo OLP, nos
describió el peso de este estigma sobre su comunidad: Para nosotros los pobres, para la gente
de los cerros, ¡para esos no hay ley, no hay nada! Y como ellos dicen [los policías] que la Cota
no tiene beneficios para nada, que todo el mundo, todos, todos los jóvenes, toda la gente de
aquí es mal viviente, ¡es gente delincuente!, ¡es gente que roba!, ¡es gente que secuestra!, ¡o
12 En su ya clásico texto, M. Taussig (1984), elabora su definición de la Cultura del Terror y el Espacio de Muerte a
partir del reporte de Roger Casement sobre el uso de la tortura y la muerte en Putumayo, zona de extracción de
caucho en el Amazonas, por parte del personal blanco de la compañía hacia los indígenas.
13 @FreddyBernal, el 23 de marzo de 2016. Consultado el 18 de junio 2016.
14 Ver http://contrapunto.com/mobile/noticia/corredores-de-la-muerte-en-caracas-68397/ Consultado el 15 de
marzo 2018.
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sea!, ¡La Cota no tiene beneficio!, entonces cuando ellos ingresan…”
Verónica: “¿Por qué crees que dicen eso?”
Nidia: “¡Bueno! ¡todos dicen que las cosas malas salen de aquí! Y yo siempre he dicho,
¡no vean eso! Aquí también hay gente que son estudiadas, hay niños que estudian, hay gente
que todavía tienen derecho y ganas de salir, ¡o sea!, ¡seguir viviendo!”
Así, el operativo se definió como una estrategia de recuperación de soberanía territorial
frente a la expansión del poder criminal. En un documento elaborado por el Ministerio del
Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz sobre este operativo en una nueva fase
denominada Operativo de Liberación Humanista del Pueblo, luego de la profusión de denuncias
de violaciones a los Derechos Humanos, de hecho se define: “El Ejecutivo Nacional, ha venido
aplicando políticas públicas de seguridad ciudadana, con el firme propósito de garantizar y
resguardar la seguridad de los venezolanos, así como la liberación de zonas que han sido
ocupadas por grupos delincuenciales, vinculadas al secuestro y paramilitarismo instalado en
el país …”. La avanzada militar se da frente a este diagnóstico que define la reorganización del
mundo criminal y en consecuencia, la necesidad de responder, como de hecho sostiene el
mismo documento: “La lucha constante por la neutralización de estos grupos generadores de
violencia, que realiza el Estado a través de las OLHP, ha hecho que estas bandas realicen pactos
y alianza entre ellos, para cometer actos ilícitos y contrarrestar esta iniciativa del Gobierno”.15
Charles Tilly, en un conocido texto titulado “La guerra y la construcción del Estado como
crimen organizado” (Tilly, 2007),16 a partir de su preocupación por la situación contemporánea
de “creciente capacidad de destrucción que provocan las guerras, el papel cada vez mayor
de las grandes potencias como proveedoras de armas y de estructura militar a los países
pobres, así como la continua presencia de gobiernos militares en estos mismos países”,
establece la analogía entre el desencadenamiento de la guerra y la construcción histórica del
Estado en Europa, por un lado, y el crimen organizado, por otro. Propone que en la medida
que los Estados crean amenazas imaginarias o dicen defender a sus ciudadanos frente a los
peligros que ellos mismos crearon o frente a las consecuencias de sus propias actividades; los
“hacedores de guerras” y funcionarios de Estado se comportan como agentes de coerción
y empresarios llevados por sus propios intereses; el Estado en consecuencia puede ser visto
como la forma más sofisticada del crimen organizado: aquellos que crean la amenaza y cobran
por la protección – como los extorsionadores profesionales; como la mafia (ver Gambetta,
2007).
Siguiendo esta idea, la OLP es la evidencia del brazo represivo del Estado para preservar
la soberanía y para intentar controlar una situación que éste mismo contribuyó a crear. En una
entrevista que sostuvimos con otro agente policial que denominaremos Pedro, comentaba
precisamente sobre esta lógica de la acción estatal: Ellos pensaron que era necesario la
represión, ¡represión extrema para poder controlar el nivel de delincuencia! ¿Por qué? Porque
15 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ. Protocolo de Actuación de
los Cuerpos de Seguridad del Estado en la Operación de Liberación Humanista del Pueblo. Caracas: Ministerio
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 2017.
16 El artículo original fue publicado en TILLY, Charles. War Making and State Making as Organized Crime. En EVANS,
Peter; RUESCHEMEYER, Dietrich & SKOCPOL, Theda. Bringing the State Back. Cambridge: Cambridge University
Press, 1985.
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ellos sabían que el nivel de pobreza que está viviendo Venezuela iba a hacer que se incrementara
la delincuencia. Y ¡necesitamos sembrar terror! Para que aquellos que tienen necesidad no se
atrevan a robar. Porque hay personas que están robando ¡qué yo jamás pensé que iban a robar!
Así, en un contexto de escasez de alimentos más básicos, de deterioro notable de las
redes de servicio de salud y carencia de medicinas, el Estado post Chávez, de precios petroleros
colapsados, ya no puede garantizar la vida y carece de legitimidad para vastos sectores de la
población. A la manera de los poderes premodernos o los más despóticos, se constituye en
garante de muerte; es decir, apoyado en la maquinaria discursiva y militar se hace acreedor de
la facultad de reprimir, ocupar, invadir las zonas definidas como “corredores de la muerte” y
bajo el “discurso de excepción de la seguridad” administra arbitrariamente la muerte, tanto para
imponer su dominio a través del terror, como para teatralmente demostrar que está haciendo
algo (Agamben, 1998; Coronil & Skurski, 2006).
A esto se le suma que, como se deriva de las lecciones de los operativos represivos
de esta naturaleza –evidentes en Centro América—, uno de los efectos esperables de estas
avanzadas es que, en consecuencia, las redes criminales definan la situación como de guerra y
se organicen más eficazmente para responder, frente a lo cual el Estado, en el círculo vicioso
de la escalada de la violencia estatal, debe responder con mayor violencia (Caldeira, 1996).
La lógica de militarización, en tanto expansión de la lógica bélica; la creación del estado
de excepción, en tanto suspensión de derechos y ciudadanía; la conformación local del estado
de sitio, en tanto toma militar de los barrios para recuperar la soberanía, y la matanza (Lutz,
2002; Agamben, 1998), patrones todos implicados en la OLP pero que se extienden al resto
de los procedimientos policiales, constituye pues, y es la idea fundamental que quisiéramos
debatir en este texto, el giro de la política punitiva tradicional a una práctica sistemática de
muerte en un contexto de erosión extrema de legitimidad estatal (Wacquant, 2008; Antillano
y Avila, 2017).
Esta nueva fase queda explícitamente expresada en la entrevista que Zubillaga sostuvo
con un agente policial que llamaremos Pedro en este texto. Este agente lo explicó de esta
manera cuando le preguntaba con indignación, el porqué de tanta matanza en esta nueva fase
de operativos militarizados:
Verónica: “¿Pero cuál es la justificación?, ¿Por qué no meterlos en la cárcel? ¿Por qué
asesinarlos así? ¨
Pedro, el agente Policial: ¿Qué pasa? Que la filosofía de los funcionarios es decir: si
los mandamos a la cárcel, bueno, ¡eso es como un hotel!, ¡eso es una residencia para ellos de
cinco estrellas! Entonces empiezan a delinquir desde allá dentro y coordinan los secuestros,
las extorsiones, los robos. Todo lo que sea desde allá dentro y es más complicado todavía. ¡Las
cárceles están abarrotadas! Es decir, ¡todos esos cabecillas, estos tipos complicados hay que
eliminarlos! Entonces empezamos a ¡eliminar!, ¡eliminar!, ¡eliminar! Así, para limpiar, sobre todo
los sectores populares, ¡la población pues! Porque en realidad sí ha disminuido. Reconozco
que lo que hizo el Estado de tomar esta opción de violar los derechos humanos ¡y acabar con,
con los delincuentes!, ¡de eliminarlos!, ha hecho que disminuya la delincuencia, ¡pero han
matado bastante!
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Nidia, la madre del joven asesinado por la policía entrevistada, explicitó asimismo la
diferencia entre el patrón de actuación policial en el pasado y el actual, iniciado por la masiva
irrupción policial en su vecindario: …es que yo digo que antes no eran tan, tan, ¡tan salvajes!
Pero también tenían sus cosas. Existía esa parte que le decían que había redadas, que agarraban
a las personas y se los llevaban y allá lo verificaban si estaba solicitado o no. Si volvieran a ese
cambio, yo digo que sería distinto. Porque te lo llevaste, allá lo revisaste, averiguaste si estaba
solicitado o no. Y si no estaba, pa´ fuera, y si estaba, ¡bueno, te quedabas preso! ¡Ahora no,
ahora es peor! ¡Ahora llegan, matan y listo!
E impresiona de los testimonios, la expresión del exceso de la mortandad en la
repetición de las palabras, como si fuese necesario remarcar y machacar en el acto del narrar
la reiterada atrocidad: “¡eliminar!, ¡eliminar!, ¡eliminar!”, decía Pedro, y Nidia también recalcó:
“Todo el tiempo, ¡y han matado más gente!, y cada vez que vienen matan, matan ¡gente!,
¡gente!, ¡gente!, tantos inocentes como no inocentes, ¡pero igualito son personas!, ¡sabes!,
¡que tienen derecho a una vida!, ¡derecho a, a muchas cosas!”. O Jairo, el vendedor de drogas
(más específicamente de marihuana crispy o creepy), que Zubilllaga entrevistó, cuando narró
que buscaba refugio frente a una incursión policial: “Yo lo que decía era ¡me van a matar!, ¡me
van a matar!, ¡me van a matar!, ¡me van a matar!, ¡me van a matar!, ¡me van a matar!, ¡y eso era
puro policía!, ¡y policía!, porque yo estaba metido en una callejoncito, de una casa…”.
Y en efecto este exceso se demuestra en la magnitud de la matanza cuando la Fiscal
General de la República denunció que en el año 2016, 4.667 personas fueron muertas a manos
de las distintas fuerzas del orden. Patrón que se prolongó el año siguiente y que quedó en
evidencia en diciembre de 2017, cuando el Ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol, al
declarar sobre “el descenso” de crímenes durante su gestión, también reveló que en manos del
Estado murieron al menos 4.389 personas.17 De nuevo, por segundo año consecutivo, como
también denunció K. Ávila, el Estado sería el responsable de 25% de las muertes violentas en
nuestro país (Avila, 2018). Y quienes han muerto son sobre todo hombres jóvenes de barrios
pobres: en el informe del Ministerio Público aparecido en el año 2017 sobre la actuación de
las fuerzas del orden en el marco de las OLP, en el que se registraron investigaciones por 505
personas fallecidas, se reveló que la gran mayoría eran jóvenes menores de 25 años: 60% eran
jóvenes entre 18 y 25 años y 5% eran adolescentes entre 15 y 17 años18.
Para que se tenga una idea de la dimensión de la matanza, resulta indicativo señalar que
tradicionalmente la policía de Brasil y específicamente la de Río de Janeiro, ha sido considerada
como una de las más violentas del mundo.19 Pues bien, en el año 2016, en un país con 207
millones de habitantes, las fuerzas policiales fueron responsables de 4.219 muertes, esto es el
7% de las muertes violentas en ese país.20 En Venezuela, un país con 31 millones de habitantes,
17 http://efectococuyo.com/principales/ministro-reverol-homicidios-en-venezuela-se-redujeron-152-en-2017
Consultado el 15 de marzo 2018.
18 MINISTERIO PÚBLICO. Informe: Actuaciones del Ministerio Público Relacionadas con las OLP en Venezuela (Julio
2015-Marzo 2017). Caracas: Ministerio Público, 2017.
19 Amnistía Internacional (2015). You Killed My Son. Homicides by military police in the city of Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro: Amnistía Internacional. https://www.amnesty.org/en/documents/amr19/2068/2015/en/ Consultado
el 21 de marzo 2018.
20 Fuente:  Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ver: http://www.forumseguranca.org.br/estatisticas/tableau-
ocorrencias/ Consultado el 26 de marzo 2018.
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ese mismo año, las fuerzas del orden todavía mataron a más personas (4.667), constituyéndose
el Estado en el responsable del 21% de las muertes violentas, una proporción tres veces
más elevada que en Brasil, país que tiene casi siete veces más población que Venezuela. Y
obviamente, el contraste de las tasas de muertes perpetradas por las fuerzas del orden es
también revelador: mientras que en Brasil la tasa de muertes ocasionadas por las fuerzas del
orden es de 2 por cien mil habitantes, en Venezuela esta tasa es casi ocho veces más alta: 15
muertes por cien mil habitantes.21
Estas magnitudes revelan un presunto patrón en el cual sectores del Estado venezolano
estarían extendiéndose sistemáticamente en el uso de la fuerza legal, “transgrediendo sus
propias restricciones legales sobre el uso de la fuerza, y tolerando la implicación extralegal,
como parte de las estrategias de sus representantes para reclamar legitimidad y ejercer la
autoridad territorial”, como señala el sociólogo J.M. Cruz para denunciar la violencia estatal
extralegal en el Salvador (Cruz, 2016).
Estas dimensiones estarían develando esta práctica de muerte de la que hablamos.
Así, en este contexto de escasez y colapso del sistema de salud pública, pero también, de
la economía formal devastada, en el que se evidencia un excedente de la población que no
puede insertarse en esa economía, sobre todo jóvenes varones de sectores populares, estamos
viviendo tiempos, ya no de encarcelamiento masivo, sino de la expansión de la necropolítica.
La necropolítica, de acuerdo a A. Mbembe (2011), es pues una política de muerte contra
un sector de la propia población, a la que se somete a un estado de excepción y de enemistad
rutinario, que se haya en la base de la práctica estatal del derecho de matar.
Y es curioso, como un joven de diecisiete años con quien conversamos describía
a partir de la vivencia en su comunidad justamente este patrón de estado de excepción y
enemistad, cuando habló de la irrupción policial durante los operativos: Ellos decían que estaban
arrechos22 con el barrio,23 que nuestro barrio no tenía beneficios, ¡que ellos tenían órdenes y
ellos cumplían esas órdenes estrictas! Que si a ellos le daban órdenes de que mataran a seis
personas nada más, ¡sea malandro, sea sana del barrio!, ¡tenían que bajar seis muertos, a juro!,
eso era lo que decían ellos, pues, más que todo”.
Bajo la necropolítica, el poder “hace referencia continua e invoca la excepción, la
urgencia y la noción ficcionalizada del enemigo” (Mbembe, 2011). El mismo nombre Operativo
de Liberación del Pueblo, revela la concepción de despliegue militar típico de una situación
de guerra, en la que se fusiona la noción de enemigo externo con la de enemigo interno para
poder suspender la condición de ciudadanía y perpetrar la matanza contra los ciudadanos a
quien el Estado en teoría debe proteger (Ibid).
En las visitas semanales al barrio donde comenzó la OLP, en las conversaciones con
los jóvenes y las mujeres, sistemáticamente relataron que los operativos militarizados masivos
irrumpieron semanalmente, varios días de la semana, por más de dos años. Y es evidente en
21 Para el cálculo de esta tasa en Venezuela se utilizaron los datos aportados por el Ministerio Público sobre las
muertes perpetradas por las fuerzas del orden (año 2016) y la fuente de la proyección para la población es el
Instituto Nacional de Estadística.
22 Arrechos en Venezuela significa furiosos, iracundos.
23 Eliminamos de este extracto el nombre del barrio.
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los relatos de la gente, pero también en las balas en las puertas y paredes de las casas en la
comunidad, el estado de excepción en que han vivido por este largo período.
El estado de excepción, como nos ilustra también G. Agamben (2005), en tanto
situación en la que el poder soberano suspende todo tipo de derechos por una decretada
emergencia identificada por el poder mismo – en nuestro caso, el paramilitarismo colombiano;
el narcotráfico; los grupos delincuenciales – se convierte en la norma, en la práctica rutinaria,
borrando todo status de ciudadanía de las personas. En esta línea, un joven de dieciocho años
del barrio explicó: La mayoría de las veces, cada vez que sube la OLP pa’ acá, es entrando pa’
las casas; rompiendo la puerta y sacando a la gente sana. La mayoría de los hombres siempre
los sacan y les empiezan a dar una paliza aquí afuera, y dejando a las mujeres entrar pa’ la casa,
sin poder defenderlos ni nada. ¡Si le da la gana los matan!, ¡sin preguntar un por qué!
Y Nidia, a lo largo de la entrevista subrayaba una y otra vez, la vivencia de suspensión de
derechos a la que ha sido sometida su comunidad durante esos dos años: Yo digo que existen
las cárceles aquí en Venezuela. Porque si no, qué función toman. ¿Qué hacen los tribunales
aquí? Muchas, muchas cosas, ¿el Ministerio Público? ¿Para qué funciona? Si lo que van es
a llegar, ¡a tumbar la puerta!, ¡vas a tocar y los matas y ya!, ¡O sea!, ¡No tienes derecho a la
vida!, ¡Ningún beneficio! ¡Ningún tipo de nada! Entonces yo digo que más que todo la OLP, es
para las personas inocentes, y aún dado el caso que sean personas dañadas, ¡también tienen
derecho a la vida!, ¡también pues!
Nos impresionó la devastación y el terror ocasionado por los agentes policiales. De
acuerdo a las narrativas de las mujeres con quienes conversamos, desde hacía 2 años viene un
operativo lunes, martes y miércoles y las mujeres recordaban con exacta precisión la fecha: el
13 de julio fue el inicio del operativo y el cambio de sus vidas.
Llegó a ser tan constante que narraron que los domingos ya se decían: “Mañana vienen
los de negro” para nombrar a los agentes policiales de rostros tapados con pasamontañas, que
también llamaban encapuchados. Las caras cubiertas de negro, revela sin pudor la voluntad
de constituirse en agentes y mensajeros de muerte con la anuencia oficial; la impunidad se
encubre en el negro, como lo describe esta madre joven: Ellos vienen con la cara tapada,
¡vestidos todos de negro!, o sea, como si esto era una guerra!, ¡cómo sí aquí se fuese a formar
una guerra! Lo único que se les veía eran los ojos, ¡nada más!, porque ni siquiera la boca, ¡nada!
¡ni siquiera los nombres! Los nombres como para uno no reconocerlos en caso de que pase
algo. ¡Es fulano!, ¡fuiste tú!, ¡tu apellido! ¡No!, ¡totalmente tapados!, ¡vestidos todos de negro!
Sistemáticamente las vecinas y los jóvenes relataron que los agentes llegaban en
camionetas y jeeps en grupos de 50 hombres y después subían a pie con las armas cortas y
largas. Por este largo período de tiempo los agentes entraron, rompiendo las puertas, sobre
todo en la madrugada cuando la gente dormía. De hecho, conversando con los jóvenes nos
mostraron las puertas mientras narraron: “Cuando la policía se mete tumban las puertas y las
revientan. Le revientan las puertas a uno”. Y paradójicamente contaba cómo las puertas que
habían recibido en la época de ingentes recursos petroleros y abundantes ayudas estatales,
fueron luego destruidas por los agentes policiales en el período de colapso de los precios
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petroleros y despliegue militar: … “las puertas esas que eran Misión Tricolor24 ¡Esas las tumbaron!
Como ésta, ¡la de aquí!, ¡esa la tumbaron ellos!, ¿y no ve la que está por allá?, ¡esa también la
tumbaron ellos!, ¡las han tumbado como cinco veces!, ¡ellos son agresivos, agresivos!”. En efecto
pudimos constatar que las puertas de las viviendas están abolladas y las paredes reventadas por
las mandarrias. En respuesta, la gente ha colocado cadenas con enormes candados, no para
defenderse de los delincuentes armados locales, si no de los agentes policiales. De hecho,
las mujeres también relataron los robos que padecieron por parte de los agentes policiales,
cuando irrumpían en sus viviendas. Les robaron teléfonos celulares; tablets; pañales; comida;
ropa, zapatos.
En una de las primeras visitas a la comunidad, nos conmovió intensamente que en el
camino del regreso, varios niños nos mostraron las balas en las paredes y el lugar donde habían
muerto otros jóvenes. También sabían en qué parte de su cuerpo recibieron las balas y heridas
letales. Y en efecto el camino estaba plagado de esquinas con balas e historias de las matanzas.
Habían asesinado allí mismo a jóvenes varones, a quienes sacaron literalmente de sus camas
mientras dormían y en la madrugada, como fue el caso de dos mujeres que nos narraron los
asesinatos de sus hijos. Y estando allí, cada vez que avisan que viene la policía, los niños corren
diciendo que sintamos cómo sus corazones laten del miedo y debemos salir despavoridos.
Se trata, en efecto, de una toma de un ejército de ocupación armada y la expresión de
esta práctica sistemática donde el Estado se convierte en agencia de muerte, terror y venganza,
valga la redundancia, extralegal entre sectores empobrecidos por la devastación económica.
Es el avance pues de la necropolítica en tiempos de Revolución Bolivariana post-Chavista.
Comentarios finales
No queríamos cerrar este ensayo sin agregar que en esa comunidad la vida cotidiana
continúa. Las mujeres que trabajan en el comedor comunitario siguen preparando las comidas
diarias de los niños. El comedor se mantiene lleno de niños que juegan en los alrededores en
un claro ambiente festivo.
Igualmente, las mujeres también comentaron las estrategias organizativas de protección
y resistencia frente a los agentes policiales, que se puede decir comparten cursos de acción
con las estrategias de mujeres en América Latina en su lucha por la sobrevivencia y contra la
represión estatal (Safa, 1990). Las mujeres están conectadas por los teléfonos móviles y se
envían los mensajes necesarios para recoger a los hijos y guardar las cosas de valor: desarman
y esconden las piezas de los teléfonos; se esconden los teléfonos en sus cuerpos.
En otras ocasiones, de manera más combativa y espontánea, se han agrupado y
enfrentado a los policías cuando han buscado matar a jóvenes inocentes. Se aglutinan y les
gritan. Los policías les han gritado en su turno: “viejas chismosas váyanse a cocinar”. Esta
24 Las Misiones constituyen los masivos programas sociales iniciados por el gobierno de Hugo Chávez, en el año
2004, en el período que coincide con el aumento de los precios del petróleo en el país. En el año 2009, se creó
el Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y posteriormente, en el año 2013, fue convertido en Misión por el Nicolás
Maduro.
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anécdota relatada por las mujeres, revela, en efecto, la utilización de sus roles domésticos
de madres, para el despliegue de patrones de acción colectivos y de protestas locales ante la
injusticia y las prácticas de matanza de los agentes estatales. Devela, asimismo, la oportunidad,
pero también las limitaciones, que puede constituir la condición de madres para responder
frente a la violencia estatal y reclamar los derechos básicos de la ciudadanía a partir de los
intereses prácticos de género de las mujeres (Molyneux, 1986), como lo han hecho evidentes
otros movimientos de mujeres en El Salvador, Bogotá o Brasil. Tema que será desarrollado en
otro texto.
En este ensayo hemos querido documentar la extrema violencia policial y militar,
expresada en el estado de excepción local y la matanza sistemática y selectiva hacia hombres
y jóvenes habitantes de barrios sometidos a una estigmatización letal; de allí que hablemos del
paso y yuxtaposición de la masificación de un punitivismo carcelario a una práctica de matanza
sistemática extralegal como estrategia para mantener la hegemonía del grupo en el poder.
En tiempos de colapso económico y derrumbe de la legitimidad estatal, la expansión
de la militarización de la sociedad y las prácticas de matanza en el período Post Chávez,
revelan no ya el brazo de un Estado que reprime y apresa, sino el brazo de un Estado mortífero
(Mbembe, 2011). A diferencia de los sucesos conocidos como el Caracazo, en el que el Estado
venezolano expresó su poder mortal en días de explosión y saqueos para reprimir a un “pueblo”
definido como horda salvaje (ver Coronil & Skurski, 2006); en la actual coyuntura este poder de
matar se ha hecho rutina y prolongado desde hace tres años. Todavía continúa bajo el pretexto
de neutralizar el “paramilitarismo, el narcotráfico y las bandas de crimen organizado”.
La sistemática y extrema coerción estatal extendida en el tiempo, en la actual coyuntura,
como sugiere C. Tilly en el texto citado, devela un patrón de actuación de un sector estatal que
actúa como corporación que busca preservar sus intereses, acceso a rentas y privilegios aún a
costa de convertirse en maquinaria de muerte y exterminar a sectores de su población.
La construcción ficcionalizada del enemigo (Taussig, 1984) definida por sectores
militares del gobierno bolivariano justifica la matanza. La extrema crueldad de este patrón de
abuso sistemático de la fuerza letal contra sectores de la población pobre, estaría revelando
como describe Taussig, la mímesis de este sector del gobierno bolivariano con el enemigo que
dice combatir. En los relatos que hemos presentado se advierte, de hecho, cómo los agentes
policiales roban a la población pobre enseres domésticos; asimismo, resguardados en el
anonimato de las capuchas, asesinan impune y extralegalmente. En este sentido, como apunta
C. Tilly (2007), este patrón de actuación estaría revelando que, este sector estatal militarizado
se estaría comportando como el más sofisticado y poderoso grupo de crimen organizado
venezolano en la actualidad.
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Recebido em: 28 de maio de 2018
Aprovado em: 13 de junho de 2018
... The second quote, a testimony provided by an informant to Human Rights Watch, a human rights organization, shows the violent and poorly planned modus operandi behind the with the implementation of mano dura urban security policies, such as the Operación de Liberación del Pueblo (OLP) or People's Liberation Operation since 2015. Briefly, these operations consisted of the use of large numbers of military and police special operations units to raid allegedly high crime areas, most of them working-class barrios (Ávila 2017;Zubillaga and Hanson 2018). These security operations aimed to quickly and forcefully eliminate supposedly organized criminal organizations, which according to the government presided by Nicolas Maduro (2013-present) included organized basic staple hoarders, large criminal gangs, and Colombian paramilitaries (Human Rights Watch 2016). ...
... These rates of state violence are high even for Latin American standards. In 2016, Brazilian security forces, which readily use lethal force, were responsible for seven percent of all homicides in their country, while the violence rate of their Venezuelan counterparts was almost four times higher (Zubillaga and Hanson 2018). (various years, 1950-1998), Ministerio de Salud y Desarrollo Social (various years, 2000-2004, Ministerio de Salud (various years, 2005, Ministerio del Poder Popular para la Salud (various years, 2007-2014). ...
... The implementation of heavy-handed security practices occurred mostly in socioeconomically marginalized or working-class urban neighborhoods such as barrios. The official governmental discourse was that heavy-handed operations by security forces were actions to crack down on crime and violence (Ávila 2017;Zubillaga and Hanson 2018). However, the fact that these urban security policies appear during times of depressed oil revenues-and thus low economic productivity-points towards the use of such policies as tools of the state to control urban areas viewed by elite political actors as politically volatile such as working-class barrios. ...
Chapter
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The rate of killings by Venezuelan security forces skyrocketed from about four kills per100,000 inhabitants in 2010 to about 26 in 2017. These statistics indicate the return of "mano dura" or heavy-handed urban security policies in Venezuela. This contribution aims to analyze the political economy of transformation at the public policy level by analyzing the institutional history of urban security policies in Venezuela. Namely, how "mano dura" as an urban security policy rises and falls depending on macroeconomic conditions. I argue that the Venezuelan state has resorted to heavy-handed security policies to offset its ability to appease working-class sectors through clientelistic measures during times of low rent windfalls. However, the severe authoritarian regression and economic downturn since the mid-2010s has contributed to a never before seen comeback of "Mano Dura" urban security policies.
... Since 2015, an orientation towards military-oriented training, structure and equipment of the PNB is observable by deploying iron-hand police operations and creating a SWAT commando with a military operational mode and tactics. This goes in hand with the rise of a punitive discourse under Maduro that considers the delinquent -either impoverished young men, gang members or alleged paramilitaries -as an 'enemy of the People and the Revolution' that should be 'eradicated' or 'neutralised' (Zubillaga and Hanson, 2018;Gan, 2020). The ultimate expressions of iron-hand policing are the Operations for the Liberation of the People (OLP) and the creation of the Fuerzas de Acciones Especiales (FAES, Special Action Forces), a police tactical unit within the PNB. ...
Article
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This article aims to identify and analyse the mechanisms and manifestations through which the Venezuelan police have undergone a gradual and incremental counter‐reform in the scope of the autocratisation process of the political regime from Chávez to Maduro. It is argued that police counter‐reform has operated through three mechanisms: politicisation, militarisation and informalisation of policing, whose manifestations have become more pronounced when a deepening of autocratisation has taken place
... Sobre el análisis de la violencia policial, uso de la fuerza y derechos humanos aparte de seguir la línea de la criminología crítica latinoamericana ya señalada, se le da continuidad a los trabajos sobre el caso venezolano donde destaca la obra de Hernández (1986de Hernández ( , 1989, Aniyar (1989), Del Olmo (1990), Gabaldón (1993Gabaldón ( , 2003, Antillano ( , 2010Antillano ( , 2017, y más recientemente Zubillaga y Hanson (2018), que describen en conjunto el incremento de este tipo de violencia institucional en el país. En cuanto al intento de construcción de indicadores sobre letalidad policial y el uso proporcional de la fuerza se siguen los planteamientos de Silva et al. (2017de Silva et al. ( , 2012, Cano (2010, 1997) y Chevigny (1991. ...
Article
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RESUMEN Se parte de la hipótesis siguiente: la mayoría de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado no son producto de enfrentamientos regulares con grupos delictivos equivalentes, son más el resultado de un uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza letal por parte de estos organismos. Para verificarla se analiza en primer lugar la victimización letal que padece la policía, luego se hace un ejercicio similar con los civiles que fallecen como consecuencia de su intervención. Una vez realizada la caracterización de ambas formas de violencia letal, se contrastan situacionalmente para tratar de observar las correspondencias existentes entre éstas. Palabras claves: Uso de la fuerza letal, Violencia institucional, Enfrentamientos, Ejecuciones extrajudiciales, Venezuela. ABSTRACT This paper is based on the following hypothesis: the majority of the deaths at the hands of the state security forces are not the product of regular confrontations with equivalent criminal groups. The arbitrary and disproportionate use of lethal force by those police organisms are the most. To verify this, first it is necessary to analyze the lethal victimization suffered by the police. After that, we have to do a similar exercise with the civilians who died by their intervention. As a result of the characterization of both violence lethal forms, has been carried out, each form is situationally contrasted to try to observe the correspondences between them. Key words: Use of lethal force, Institutional violence, Clashes, Extrajudicial executions, Shootings, Venezuela.
... These conditions led to increasingly sophisticated criminal groups as Bolivarian inclusion strategies reached their limits. Amid declining oil prices, the government, principally, expanded incarceration and undertook militarized police repression and extrajudicial killings (Antillano & � Avila, 2017; Zubillaga & Hanson, 2018). These policies enabled state leaders to maintain control over poor neighborhoods and illicit markets through which they could support their political and economic projects. ...
Article
In 2015, Caracas, Venezuela, had a homicide rate of 75 per 100,000 inhabitants, which made it one of the most violent cities in the world that year. Despite these high rates of violence, the international community knows relatively little about the dynamics underlying conflict in the city. Through a systematic comparison of three poor and working-class neighborhoods in the Caracas metropolitan area, this article analyzes the factors that have driven these remarkably high rates of violence, as well as those factors that have configured the heterogeneous violent conditions that operate across the city. Building on extensive interviews in these neighborhoods, we argue that the levels of violence in particular locales derive from the ways in which the Bolivarian political regime failed in its efforts to incorporate the poor and working-class inhabitants of different parts of the metropolitan area into the political, social, and economic systems that dominate the country today. We also argue that variation in violence results from the way in which certain neighborhoods are geographically inserted into local illicit economies and the political and social dynamics of an increasingly violent and unstable political system.
Article
How do young people living in social exclusion in Venezuela negotiate their deep personal attachment to classical music and the genre’s association with dominant European culture? I approach this topic through my ethnographic fieldwork with young musicians who are members of Venezuela’s nation-wide classical music program El Sistema. The majority of these musicians are from the lower social classes in an unequal society deeply divided along the intersecting lines of race, ethnicity, and class. Transposing Deleuze and Guattari’s concept of minor literature to music, I propose the notion of ‘minor music’ to explore the relationship between classical music practices, social exclusion, and aspiration. Minor music sheds light on how people on the margins of society inhabit dominant identities strategically, critically, and by making them ‘their own.’ Through a focus on the experiences of the young performers, I explore how they may articulate an individual and collective self within and through the medium of dominant categories. This has the simultaneous effect of both reproducing deep-rooted ethno-racial and economic hierarchies, while also infusing dominant identities with contrary forms of creativity and meaning embedded in the musicians' marginal social positions.
Article
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Venezuela has one of the highest homicide rates in the world as well as the highest rate of killings by state officials in Latin America. This article seeks to interpret the evolution of violence over the last 20 years through studying the militarization of citizen security policies and the rule of law crisis. Crime was no longer framed as a socio-economic issue, so the neutralization of enemies became a priority This has occurred in the context of an increasingly militarized citizen security policy that actively involves the military, the militarization of the police and state promotion of civilian armed groups. The parallel rule of law crisis has removed most of the limits to the process of militarization and has contributed to the high levels of violence. This paper argues that the Venezuelan state currently can be understood as anomic, without clear and consistent rules. Resumen: Crisis del Estado de Derecho, militarización de la seguridad ciudadana y efectos sobre los derechos humanos en Venezuela Venezuela tiene una de las tasas más altas de homicidios en el mundo y la tasa de letalidad policial más alta en América Latina. Este artículo busca interpretar la evolución de la violencia en los últimos 20 años a través del estudio de la militarización de las políticas de seguridad ciudadana y la crisis del estado de derecho. La criminalidad dejó de estar enmarcada como un problema socioeconómico para priorizar la neutralización de enemigos. Esto ha ocurrido en el contexto de una política de seguridad ciudadana militarizada que involucra la participación de los militares, la militarización de la policía y la promoción estatal de grupos armados civiles. La crisis paralela del estado de derecho ha eliminado la mayoría de los límites al proceso de militarización y ha contribuido a los altos niveles de violencia. Se argumenta que el estado venezolano puede ser entendido como anómico, sin reglas claras y consistentes.
Book
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The book explores the experiences of people that suffer from political violence. Tells the stories of two brother, two mothers and twos fathers that lost a family member, who was shot dead by a police officer. Police officers murdering young people is a commune phenomenon in Venezuela, damaging the quality of life of the families and the communities in which the victim lived. Ccs Mi Convive is a non profit organization that specialized in crime prevention through research and intervention.
Article
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RESUMEN Desde las tradiciones de la criminología crítica y los planteamientos de Agamben y Mbembe se intenta hacer unas reflexiones iniciales sobre los operativos policiales, la militarización de la seguridad ciudadana, el uso de la fuerza y el derecho a la vida en la Venezuela post-Chávez. La idea central es que el incremento de la violencia institucional durante las casi dos décadas de gobiernos del chavismo, más que presentar rupturas con los gobiernos anteriores, constituye parte de un continuo proceso de precariedad y deterioro de las instituciones cuya función manifiesta es la reducción y contención de la violencia. Paradójicamente la operatividad de estas instituciones termina potenciando la violencia en beneficio de los actores que coyunturalmente las dirigen. ABSTRACT From the traditions of critical criminology and the approaches of Agamben and Mbembe, I tried to make some initial reflections about police operations, the militarization of citizen security, the use of force and the right to life in post-Chávez Venezuela. The main purpose of this paper is based on the idea that the increase of institutional violence during the almost two decades of chavism governments, more than ruptures with the previous governments, is part of a continuous process of precariousness and deterioration of the institutions of Venezuela. Although the manifest function of the aforementioned institutions.
Article
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RESUMEN Se analizan los operativos policiales como política de seguridad ciudadana, tomando a los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) como objeto de estudio. Se describen los contextos que le sirven de caldo de cultivo, se devela su racionalidad ideológica y discursiva, se evalúa su efectividad en la disminución de la violencia delictiva, sus implicaciones en materia de derechos humanos, así como sus funcionalidades para el ejercicio arbitrario del poder. ABSTRACT The police operations as a policy of citizen security are be analysed, taking the People's Liberation Operations (OLP) as an object of study. The context that serves like a breeding ground is described, the rational ideological and discursive is revealed. The effectiveness in the decrease of the criminal violence is evaluated and the implications in human rights issues, as well as their features for the arbitrary exercise of power.
Article
Why have Central American maras become so violent and organized? How did youth gangs in El Salvador, Guatemala, and Honduras turn into a major threat to security in North America, while in Nicaragua they still remain street bands? What is the key difference in the evolution of the gang phenomena in these Central American countries? Most of the studies on maras in the region have focused on the factors that supposedly lie behind their emergence, such as migration, poverty, social exclusion, a culture of violence, and family disintegration.1 Although some of these explanations help us understand the early development of Central American street gangs, they have failed to elucidate why organizations such as Mara Salvatrucha (MS- 13) and the 18th Street Gang have not taken root within the impoverished and troubled society of Nicaragua. More importantly, those hypotheses also fail to explain why maras have institutionalized and developed into powerful, armed groups. Some authors have pointed out that states themselves have been major players in the growth of maras because governments have not always enacted the right policies and strategies to curb the maras phenomenon. In most of the literature about gangs, and about Central American maras in particular, there is an assumption that the role of the state in the development of gangs is just a matter of successful or failed institutional policies: gangs appear and expand in those countries in which the government fails to enact the appropriate policies and enforce the law. In societies where intelligent policies and strategies effectively enforce the law, the conventional wisdom says, gangs are contained and deactivated. So the task of creating public policies regarding youth crime and gangs is often reduced to attempting to hit on the "right formula" to tackle gangs. In several cases, these assumptions can be deemed correct. A sound policy and an effective law enforcement strategy are indeed conducive to the control of gangs or, at least, to the reduction of their felonies and violence. But this prescription presupposes that the state and its formal institutions of security are in full control of the forces that carry out the rules, plans, and strategies to curb gangs and their violence; it also presupposes that institutions of security operate only within the limits established by the law. In other words, the notion that the problem of gang reproduction and expansion has to do exclusively with the types of implemented policies and the effectiveness of law enforcement implies that the state is represented only by formal institutions that practice law- Abiding behavior. This chapter will refute such notions, based on an examination of the maras phenomenon in Central America. The main argument is that in order to understand why youth gangs have evolved into criminal organizations in El Salvador, Guatemala, and Honduras but not in Nicaragua, we should study the degree to which government attempts to curb gangs involved a significant share of informal measures. Such measures have entailed state actors operating on their own, as well as the use of illegal activities, to suppress and control gang violence. This is not to say that government responses in Central America, particularly in the gang- ridden countries of Honduras, Guatemala, and El Salvador, were all illegal or that top government officials deliberately sought to break the law in their battle against maras. It means that in the institutionally weak and unstable states of Central America, every policy to tackle maras has been accompanied by a significant amount of informal activity that transformed gang behavior in unexpected ways. Behind this proposition lie three theoretical premises and one factual point about gangs in northern Central America. First, gangs in general, and particularly Central American maras, have never been a static phenomenon, and as Joan Moore has pointed out regarding Los Angeles gangs, they have never been allowed to evolve by themselves.2 Therefore it is impossible to understand the current character of Central American gangs without addressing the particular contexts within which they have developed. Second, gangs respond to threats of violence or attacks by increasing group cohesion and strengthening their organization.3 And third, as gangs grow stronger, they integrate what have been called "networks of criminal governance," which contribute to the overall levels of violence.4 As for the reality of gangs, research shows that current maras in Guatemala, El Salvador, and Honduras have become a new expression of organized crime in Central America.5 In this chapter, I argue that the steep transformation of street gangs into maras in Guatemala, El Salvador, and Honduras but not in Nicaragua is largely due to the types of responses wielded by the states, to the extent that these responses allowed or even encouraged actions that reinforced what Elin Ranum calls illegal spheres.6 Gangs transformed themselves in order to deal with the conditions created by state and government policies, and they took advantage of the spaces of illegality and informality opened by those policies. Gangs in Central America ended up more violent and more organized because government responses compelled them to strengthen, as well as provided the opportunities and resources to do it through the areas of illegality and the networks of crime broadened by such policies. The preceding statement does not mean that other factors, in particular the considerable influx of returned migrants and deportees from the United States, have not contributed to the transformation of gangs in Central America, but the impact of migration and deportation has been frequently oversold, and it has diverted attention away from research on the impact of domestic factors, such as state policies and the political economy of violent armed groups. The central subject of this chapter, then, is state responses against gangs and how they have contributed to the transformation of Central American maras. That is why the comparison between Nicaragua and northern Central America is illuminating. Although Nicaragua also has street gangs, they never developed into the power protection rackets they are today in Guatemala, El Salvador, and Honduras.7 This chapter is divided in three sections. The first section briefly describes the policies, laws, and strategies the four Central American governments implemented to tackle the maras. The second part addresses the political economy of the responses: how governments decided on the policies; the political forces that prevailed in the formulation of the responses; and the discourses used to frame the responses. The third part explores the outcomes of the governments' policies, particularly with regard to their effectiveness in curbing gang crime and gang development, the consequences (intended and unintended) that government policies yielded, and how they created conditions that strengthened or weakened gangs. Copyright
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DIVRed Tape presents a major new theory of the state developed by the renowned anthropologist Akhil Gupta. Seeking to understand the chronic and widespread poverty in India, the world's fourth largest economy, Gupta conceives of the relation between the state in India and the poor as one of structural violence. Every year this violence kills between two and three million people, especially women and girls, and lower-caste and indigenous peoples. Yet India's poor are not disenfranchised; they actively participate in the democratic project. Nor is the state indifferent to the plight of the poor; it sponsors many poverty amelioration programs.Gupta conducted ethnographic research among officials charged with coordinating development programs in rural Uttar Pradesh. Drawing on that research, he offers insightful analyses of corruption; the significance of writing and written records; and governmentality, or the expansion of bureaucracies. Those analyses underlie his argument that care is arbitrary in its consequences, and that arbitrariness is systematically produced by the very mechanisms that are meant to ameliorate social suffering. What must be explained is not only why government programs aimed at providing nutrition, employment, housing, healthcare, and education to poor people do not succeed in their objectives, but also why, when they do succeed, they do so unevenly and erratically./div
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This article explicates and extends the analyses put forth by the author in his book, Prisons of Poverty, which argues that the generalised increase of carceral populations in advanced societies is due to the growing use of the penal system as an instrument for managing social insecurity and containing the social disorders created at the bottom of the class structure by neo-liberal policies of economic deregulation and social-welfare retrenchment. It retraces the steps whereby this ‘neo-liberal penality’ was elaborated in the United States and then diffused throughout the world, but contends that European countries are not blindly following the American road to mass imprisonment: Europe's path to the penal state entails the conjoint intensification of both social and penal treatments of poverty and the activation of the policing functions of welfare services leading to a form of ‘social panoptism’. Only the building of a Europe-wide social state can check the spread of the penalisation of poverty and its deleterious social consequences.
Article
This article documents the increasing participation of poor women in social movements in Latin America, focusing on movements centered around human rights and collective consumption issues, such as the cost of living or the provision of public services. It analyzes the factors that have contributed to the increased participation of poor Latin American women in social movements and why they have chosen the state rather than the workplace as the principal arena of confrontation. Although these movements are undertaken in defense of women's traditional domestic role, collective action appears to be contributing to a greater consciousness of gender subordination among Latin American women and to their greater legitimacy in the public sphere.
Article
This essay is about torture and the culture of terror, which for most of us, including myself, are known only through the words of others. Thus my concern is with the mediation of the culture of terror through narration—and with the problems of writing effectively against terror.